Financiación: dónde estamos, adónde vamos, de Artur Mas i Gavarró en La Vanguardia

Hoy se cumple el plazo que establece el Estatut para concretar el modelo de financiación que debe regir para Catalunya en los próximos años. O mejor dicho, vista la falta de concreción del modelo, deberíamos constatar que hoy se incumple dicho plazo. Curiosa paradoja: el Estado, que es el que dicta las leyes -también el Estatut, que es una ley orgánica de las Cortes Generales- es el primero en incumplirlas. Bonito ejemplo para la ciudadanía, que cuando incumple un plazo legal se ve sometida a todo tipo de sanciones. Sin embargo, lo que me parece más irritante es que además nadie pida disculpas. Para el ciudadano que no cumple, todo el peso de la ley; para el Estado que no cumple, la ley no cuenta. Y como colofón, nadie pide perdón. El Estado queda como alguien sin autoridad moral para exigir a los demás lo que él mismo relativiza.

Alguien puede aducir que más que el plazo lo que cuenta es si finalmente se obtiene un buen acuerdo o no; hay que recordar, no obstante, que en democracia resulta sustancial que la forma no se contraponga con el fondo. En las sociedades democráticas, la forma también es el fondo. Mal empezamos si en un tema tan trascendente como la financiación fallan las formas tan lamentablemente.

Catalunya tiene el derecho y el deber de exigir que se cumpla el Estatut. Sin titubeos, y sin regateos. El Estatut es fruto de un pacto entre el Parlament y las Cortes, con el refrendo de los catalanes. Como todo pacto, es consecuencia de una negociación difícil. Ahora estamos en la fase de la aplicación de lo pactado, y de ninguna manera podemos aceptar desandar el camino que a duras penas ya andamos. CiU también tiene el derecho y el deber de ser exigente con la financiación, por nuestra triple condición de formación catalanista, de primera fuerza en el Parlament y de haber asumido la principal carga de la negociación del Estatut, aun estando en la oposición. Pero que nadie confunda exigencia con intransigencia: CiU debe ser exigente en las formas y en los contenidos, pero no intransigente para dificultar un buen acuerdo.

Ahí llegamos al meollo de la cuestión: ¿qué significa un buen acuerdo? La respuesta se me antoja evidente: el que cumpla con el cien por cien de lo que establece el Estatut. No pedimos más, aunque quisiéramos más y no lo escondemos; pero no podemos aceptar menos, aunque sabemos que el Gobierno socialista quiere darnos menos.

A mi entender, un buen acuerdo significa lo siguiente, como mínimo. Primero, que Catalunya reduzca su más que abultado y finalmente reconocido déficit fiscal. Segundo, que Catalunya no pierda posiciones en el ranking de riqueza per cápita después de su aportación solidaria al resto del sistema autonómico. El que más gana, más paga, pero no a costa de acabar teniendo menos que el que recibe. Es la diferencia entre solidaridad y expolio. Tercero, que Catalunya acuerde su financiación con el Gobierno central de modo estrictamente bilateral, es decir, dejando de lado el café para todos.Cuarto, que Catalunya disponga de una amplia capacidad para modificar la mayoría de los impuestos sin tener que pasar por las Cortes. Y, por último, que Catalunya pueda participar en pie de igualdad con el Gobierno central en la gestión de los impuestos que se pagan en Catalunya.

Todo esto lo permite el Estatut d´Autonomia. Cualquier acuerdo que no resuelva bien estos puntos debe ser rechazado y combatido. El Partido Socialista votó el Estatut: que lo cumpla. Y si no quería o no podía cumplirlo, no debería haberlo votado.

Cuando los catalanes reclamamos una parte del dinero que nosotros mismos producimos nos hacemos antipáticos. Se nos presenta sistemáticamente como a unos críos caprichosos, quejicas, avariciosos e insolidarios. «Siempre están pidiendo» o «se lo quieren llevar todo» son chascarrillos que todos hemos oído. Ocurre que a veces, obsesionados por quedar bien, nos dejamos impresionar por estos tópicos y acabamos agachando la cabeza para regocijo de nuestros interlocutores de más allá del Ebro. Recomiendo que en las próximas semanas nos pongamos una buena protección, para evitar que los rayos centralistas nos dañen la piel en el momento en que deberemos plantar cara para defender aquello que nos corresponde.

Una reflexión final. El Govern de la Generalitat debe evitar la tentación fácil de un acuerdo que le permita atender simplemente las urgencias financieras de su maltrecho presupuesto. No tendría ningún sentido haber pasado por todo este calvario de reforma para acabar teniendo un modelo de financiación que simplemente asegure la supervivencia de la Generalitat. La nueva financiación debe asegurar el progreso y la modernización del país, y ayudar a situar a Catalunya en la punta de lanza de las economías y sociedades europeas.

El actual tripartito tiene algo que nunca tuvieron los gobiernos de Jordi Pujol: una oposición, CiU, que cuando se reclama aquello que justamente nos corresponde no nos dedicamos a acusar al Govern de victimistas, sino que nos ponemos a su lado -o un paso por delante- para reforzar las posiciones catalanas. Esta unidad vale su peso en oro, siempre que sepamos no solamente dónde estamos, sino también adónde vamos; que seamos capaces no sólo de rechazar la financiación que nos proponen desde Madrid, sino de fijar nuestras prioridades y aspiraciones. Es urgente pasar del «no a Madrid» al «sí a Catalunya» en materia de financiación, explicando lo que queremos, no lo que rechazamos. Hasta hoy, lamentablemente, no ha sido posible, a pesar de los muchos esfuerzos de CiU en esta dirección.

Como colofón, un apunte final: creo que a estas alturas el tripartito y CiU deberían haber acordado el no a los presupuestos del Estado si no hay un buen acuerdo de financiación. Si el president José Montilla se decide a anunciarlo también tendrá nuestro apoyo, que hará la unidad más efectiva y la fuerza de Catalunya más real.

ARTUR MAS I GAVARRÓ, presidente de CiU.