Reggio’s Weblog

La ingravidez de la ley, de Francisco J. Laporta en El País

Posted in Derechos, Justicia by reggio on 2 marzo, 2009

Ya se empieza a mirar con incredulidad esa suerte de voluntarismo que exhiben las autoridades ante cualquier atropello de que se tiene noticia, sea un acto de terror, un episodio de corrupción urbanística, un desastre de tráfico o un caso de malos tratos a la mujer. Para todas las calamidades tienen la misma respuesta: sobre los responsables -repiten una y otra vez- caerá todo “el peso de la ley”. Lo que sucede es que de unos años a esta parte la ley está perdiendo peso sin que los principales interesados en mantenerla en forma parezcan preocupados por ello. Y al paso que va terminará por pesar tan poco que pueda ser considerada una entidad ingrávida.

Cuando uno es gobernante y esgrime todo el peso de la ley no está expresando sentimientos. Eso vale para el universo simbólico del poder, pero si no va acompañado de una panoplia eficaz de medios, acaba en un puro brindis al sol. Una cosa es anunciar leyes, amenazar con ellas, proyectarlas y publicarlas en la Gaceta, y otra muy distinta aplicarlas. Hace ya muchos siglos que resuena la voz sabia de Sófocles: no des órdenes que no puedas hacer cumplir. Pues bien, parecemos estar asistiendo a un incremento de prescripciones legales y admoniciones públicas que tienen algo de baladronadas jurídicas, porque no van a poder hacerse cumplir. El problema es serio, porque el cumplimiento espontáneo de la ley, que es producto de la deferencia ciudadana hacia su letra, está empezando a debilitarse a la vista de tanta frustración. Las promesas que se hacen en el mundo simbólico de la publicidad jurídica resultan fallidas en la vida cotidiana de la aplicación de la ley. Y la gente está empezando a desconfiar.

Lo más paradójico de semejante situación es que ha sido producida por la incuria de quienes tienen necesidad de la ley para llevar adelante sus programas. En efecto, todos los partidos políticos, cualquiera que sea su esfera de acción (estatal o regional), aspiran a ganar el favor de los electores con el objetivo de transformar su programa y sus ideas en normas jurídicas, en leyes. Y la paradoja es que al condescender con el estado lamentable en que se encuentra la legislación como herramienta de gobierno, están castrando sus propias posibilidades de actuar. La alternancia en el gobierno no ha servido en este punto para nada. Siempre se detecta la misma incoherencia moral: cuando se está en la oposición se demandan medidas sobre el proceder legislativo que nunca se aprueban cuando se está en el Gobierno. Todos los grupos parlamentarios exigen con gesto severo cosas que no hacen cuando gobiernan. En las Cortes Generales se prefieren las escenas de desacuerdos y broncas, cuanto más sonadas mejor, porque con ellas

se excita la sinrazón del ciudadano, que es lo que la política-espectáculo persigue. Nadie se ocupa de mejorar la elaboración de las leyes ni de hacer más efectiva su aplicación porque eso no hace ruido, lleva tiempo y demanda raciocinio. El resultado es que el poder de legislar reside en dos Cámaras que carecen de los indispensables medios y resortes técnicos para hacer las cosas bien. Sí, en España se legisla rematadamente mal. Tras más de 15 años ocupándome de la ley y su impacto social creo poder afirmar que se está tornando poco a poco una herramienta normativa testimonial e inútil. Y lo que pueda pasar cuando, ante el anuncio de una nueva ley, la gente empiece a encogerse de hombros, es algo cuya gravedad es difícil de exagerar.

Tomemos, si no, como ejemplo un característico paquete de leyes del Gobierno actual: las relativas a la violencia de género, la persecución de conductores imprudentes, la ayuda a la dependencia, o la erradicación del tabaquismo. Son políticas generalmente aceptadas, aprobadas además con amplios consensos. Si se hicieran realidad en la vida cotidiana, supondrían un importante avance en las condiciones de vida de los españoles. Pero no acaban de hacerse realidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ha habido que formularlas como leyes, y las leyes son en España un vehículo torpe y lento de afectar la realidad. Sus deficiencias técnicas y las enormes carencias de los órganos que han de aplicarlas hacen de ellas mandatos normativos que operan muchas veces en el vacío.

En el proceso de elaboración de las leyes aparecen siempre demagogias, presiones, ideas encontradas, intereses en conflicto, problemas de encaje en el ordenamiento, condicionamientos formales y materiales, y muchos otros inconvenientes. Pero por eso mismo es preciso reconducir en algún momento ese proceso hacia alguna institución solvente que ponga orden en el proyecto y trate de salvar las dificultades. Nosotros, lamento decirlo, carecemos de esa institución. Porque las Cortes Generales no se ocupan de tales cosas. Y por eso aparecen en la Gaceta esos engendros deformes que ha dado en alumbrar nuestro proceso legislativo. Leyes puramente simbólicas, contradictorias muchas veces, imposibles de aplicar otras, carentes de apoyo económico con frecuencia, meros deseos tantas otras, y así hasta decir basta. No exagero. Juristas de todas las convicciones están ya hartos de denunciarlo. Y tampoco atañe a este o aquel Gobierno. Todos ellos parecen pugnar por caer más y más en las politiquerías cotidianas en lugar de cultivar la altura de miras necesaria para acometer una política seria sobre los instrumentos fundamentales de la gobernación.

Y luego viene la segunda parte. Una vez que la ley está en la pacienzuda Gaceta hay que aplicarla. Y aquí simulamos habernos caído súbitamente del guindo. De pronto ha hecho eclosión en la prensa lo que todo el mundo sabía pero nadie quería saber: el lamentable estado de nuestra justicia como organización institucional. Miles de causas sin ejecutar por aquí, descoordinaciones elementales por allí, ignorancia de los más elementales criterios de organización institucional, dilaciones de años en cualquier procedimiento, ineficacia palmaria de las leyes aprobadas, episodios de sectarismo judicial, escandalosas anécdotas sobre pérdida de causas, rebelión de los cuerpos judiciales, sobrecarga insoportable de jueces y funcionarios, y una interminable lista de averías y goteras (metafóricas y reales).

Desde que se aprobó la Constitución con sus exigentes parámetros jurídicos hemos estado practicando la falacia del nirvana: pensar al legislador y al Gobierno como actores importantes pero corruptibles, dispuestos a traspasar límites, a ceder a tentaciones. A su lado, por fortuna, estaba la judicatura, a la que se encomendaba toda garantía, todo control jurídico, toda vigilancia de los valores constitucionales. Nadie estaba ya al arbitrio de ningún poder porque allí estaban los jueces. Entre unos poderes viciosos y unos jueces puros, capaces, trabajando sin límites de tiempo e información, y adornados con todas las virtudes del gran jurisconsulto, ¿quién iba a dudar? Pero resulta que eso era el nirvana; la realidad es otra que nadie, ni siquiera su famoso órgano de gobierno, ha abordado con seriedad. No es que nos salga súbitamente al paso ahora; ya estaba ahí hace demasiados años (hace ¡ocho! nada menos la llamé aquí La cuestión de Estado (EL PAÍS, 21/2/2001). Y revela su cruda verdad: una justicia administrada por juzgadores desbordados, sin apoyo económico, sometidos -sí- al imperio de la ley, pero de una ley muchas veces endeble, hueca, sin peso, ingrávida. Sin duda, un problema de Estado, pero ¿dónde están los estadistas?

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

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‘Guantánamo, my friend’, de Antonio Lucas en El Mundo

Posted in Derechos, Internacional, Política by reggio on 28 febrero, 2009

RIO ARRIBA

Tan sólo quedan los vapores de la orgía, pero aún está Guantánamo echando humo, aún siguen las jaulas llenas de presuntos terroristas, de tipos a los que hace cinco años les precintaron el hocico, los ojos y las orejas para que alcanzaran sin prisa el karma de la locura. Esta cárcel es una abadía de la infamia. No se me ocurre nada mejor para dar forma a la idea de un territorio esculpido por la paciencia del odio donde no existe más derecho que el de la tortura.

Suena viejo decir que le debemos a Bush el descrédito de haber bajado con él este peldaño de la Historia en beneficio de su guerra privada contra Irak. Suena viejo, pero resulta cierto.Y permítanme, antes de que lo olvide, cumplimentar con una negrita a Aznar por lo que indirectamente le toca. Pero a lo que íbamos: ahora hay que desmantelar ese túmulo de gente viva, de zombis con los nervios raídos, de encapuchados cuyo drama ha reducido (sin saberlo) la Declaración de Derechos Humanos, las luchas civiles por la dignidad y la Constitución de EEUU a papel higiénico.Hay que reincorporar toda esta carne picada al cauce de lo legal.Y ese viaje de vuelta necesita cómplices para amortiguar un atropello impulsado por el mismo fanatismo con el que otros reventaron aviones contra las Torres Gemelas.

Y ahora es donde entra en juego Zapatero a través de Moratinos.O al revés, ya no los distingo. España se ha ofrecido a acoger a los presos de Guantánamo y a darles cuartelillo mientras se les busca una salida o un disimulo. Parece que nos beneficiaremos cínicamente de esta caridad que en el fondo no nos hace más compasivos, sino un poco más coautores. Uno sospecha que también hay algo de licenciatura en felaciones hacia el Gobierno de Obama, como si quisiéramos enjugar alguna culpa y ponernos por fin a buenas con el señorito.

Zapatero es un sociata con gestos muy raros. Diría que pertenece al recuelo de una izquierda a tiempo parcial, baja en calorías, muy descargada de ideas y algo asimétrica. Igual tiene un ministro del Interior que arenga batidas de la Policía contra los inmigrantes en la puerta del Metro, que tiene un titular de Exteriores que va a buscar una excursión de inmigrantes desahuciados para darles una cobertura legal que no nos corresponde ni sabemos si aquí tienen. Gran Bretaña, Holanda y Canadá pasan de pringarse en este chapapote. Ellos no propiciaron este limbo salvaje. Nosotros tampoco, pero tenemos una forma muy extravagante de entender las relaciones internacionales. Casi un complejo que nos hace perder el escrúpulo. Y lo mismo pedimos prestada una silla de enea para la cumbre del G-20 que nos traemos cuarto y mitad de reo para darle manta y sopa de la cárcel. Así nos va.

© Mundinteractivos, S.A.

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La libertad, en vías de extinción, de Timothy Garton Ash en Clarín

Posted in Derechos, Libertades, Política by reggio on 28 febrero, 2009

Llevo 30 años viajando a lugares que carecen de libertad, desde Alemania Oriental hasta Birmania, y he escrito sobre ellos convencido de que mi país de origen, Gran Bretaña, era uno de los más libres del mundo.

En los últimos años, he abierto los ojos a cómo se están recortando las libertades individuales, la intimidad y los derechos humanos en Gran Bretaña bajo gobiernos del nuevo laborismo que aseguran creer que la libertad es el tema central de la historia británica.

Los alemanes del Este tienen hoy más libertad que los británicos, al menos en cuanto a las leyes y a prácticas administrativas en ámbitos como la vigilancia y la recopilación de datos. Hace 30 años tenían la Stasi. Hoy, Gran Bretaña posee unas leyes sobre vigilancia tan vagas y elásticas que el ayuntamiento de una pequeña ciudad llamada Poole ha podido aprovecharlas para espiar durante dos semanas a una familia erróneamente acusada de haber mentido en un formulario de solicitud de matrícula en un colegio.

Aunque la comparación con la Stasi es irresistible, el hecho de emplear esos métodos no quiere decir todavía que seamos un Estado controlado por una Stasi. El contexto político es muy diferente. Los británicos no vivimos en una dictadura controlada por un partido único. Pero tampoco es “un caso aislado”, como protestan siempre los ministros. Casi cada semana aparece una nueva revelación sobre cómo está recortando nuestro gobierno otro pedazo más de nuestra libertad, siempre en nombre de algún bien real o imaginario: la seguridad nacional, la protección frente al crimen, la cohesión comunitaria, la eficacia o nuestra “relación especial” con Estados Unidos. La libertad se queda para el final.

No hay duda de que la lucha contra el terrorismo exige ciertas restricciones. Pero resulta que tenemos más circuitos cerrados, una base de ADN más grande, un Registro Nacional de Identidad más ambicioso (e impracticable), más poderes policiales y más vigilancia del correo electrónico que cualquier otra democracia liberal comparable.

Timothy Garton Ash. HISTORIADOR, UNIVERSIDAD DE OXFORD Y DE STANFORD

Copyright Clarín y Timothy Garton Ash, 2009.

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Elecciones y futuro, de Arnaldo Otegi en Gara

Posted in Derechos, Justicia, Libertades, Política by reggio on 28 febrero, 2009

En su análisis, que supera abiertamente la clave electoral, Otegi enciende las «luces largas» para constatar que «han dejado fuera del Parlamento en Vascongadas a la izquierda abertzale pero, de ninguna manera, fuera de la lucha por un cambio político y social para el conjunto de Euskal Herria en la senda independentista y socialista». Y en los primeros pasos de ese camino ubica la gran importancia de los votos ilegalizados, «votos de oro», que mañana se depositarán en las urnas como «inversión para construir la esperanza de la mayoría de la sociedad vasca».

Hoy es oficialmente día de reflexión para los ciudadanos de los territorios occidentales de Euskal Herria. Parece que en estas democracias formales la reflexión se ciñe a la elección de una papeleta tras la tormenta de mensajes, skechts y frivolidades de todo tipo y naturaleza que hemos padecido en esta interminable y, vergonzosa, campaña electoral; es decir, parece que nos invitan a reflexionar durante 24 horas -más puede ser peligroso- para luego desconectar hasta la siguiente campaña electoral, donde nuevamente nos vendrán con productos programáticos renovados.

Superando ese esquema formal hay que remarcar algunas variables y referencias que están más allá del resultado electoral y que, por tanto, seguirán siendo asignatura pendiente colectiva de toda la ciudadanía vasca.

En primer lugar estas elecciones están insertas en el pulso político de fondo que Euskal Herria viene manteniendo desde Lizarra-Garazi. Un tránsito entre una fase constitucional-estatutaria agotada y un ciclo político que no termina de abrirse y, por tanto, asentarse con nuevas bases políticas de reconocimiento nacional y respeto a la voluntad popular democrática.

Estos años han sido sinuosos en oportunidades y fracasos para el movimiento abertzale ante la estrategia establecida por el constitucionalismo español para condicionar los contenidos del, por otro lado, irreversible nuevo ciclo político. El PSOE, como el PP, cada cual con sus características, han mantenido planteamientos políticos, jurídicos y represivos tendentes a desgastar el espacio autodeterminista que emana de Lizarra y, muy específicamente, neutralizar el papel de motor del cambio de la izquierda abertzale.

En ese pulso hemos atravesado momentos diferentes -Loiola- siendo evidente el bloqueo instalado en los últimos tiempos en todos los parámetros del conflicto político. Un bloqueo que el constitucionalismo ha ido trabajando para debilitar la correlación de fuerzas de Lizarra insertando al PNV en la estrategia de Estado. Algo que ha conseguido y pretende rubricar con los resultados y consecuencias de las elecciones de mañana domingo.

La campaña electoral ha sido fiel reflejo de ambas cuestiones. Por un lado, el apartheid político contra la izquierda independentista ha tenido un nuevo desarrollo con la anulación de la posibilidad de representación institucional al sector de la sociedad vasca más dinámico y determinante para el cambio político en este país. Una decisión del Estado español que ha tenido una insignificante e hipócrita respuesta de los sectores políticos que tanto reclaman el derecho a decidir y las vías políticas y democráticas. Al contrario, detrás de declaraciones formales se han tirado a por los votos y escaños que la decisión política del Estado les proporciona en un hemiciclo que será renovado con la bandera española en su fachada y con una composición interior trucada por el mencionado apartheid político.

Por otro lado, hemos visto cómo PNV y PSE-EE han hecho una campaña de bajo perfil político y mediatizada por el discurso autonomista y la gestión económica. Dice Ibarretxe que mañana nos jugamos dónde se decide, si en Madrid o en Gasteiz. Una falacia evidente ante la estrategia y posición del Estado con «su» plan y «su» consulta y, ahora mismo, ante la imposición de las reglas de juego de «su» Parlamento. Tenemos la convicción, avalada por la posición del PNV en el proceso de negociación y posteriores acuerdos parlamentarios, de que este partido hace tiempo que inicio la ciaboga de Lizarra encaminándose a un «concierto político» que, en el fondo, es la constitucionalización del nacionalismo, autentica asignatura pendiente del modelo de Estado Español, como alternativa al reconocimiento nacional vasco y sus derechos democráticos en el marco de un estado plurinacional. Esa es la cuestión de fondo que se viene madurando en este contexto de bloqueo político.

En este mismo escenario, EA trata de clonar a la izquierda abertzale y Aralar pone la guinda al pastel intentando aprovechar las condiciones del apartheid para ponerlas, como en Nafarroa, al servicio de la estrategia regionalista de Sabin Etxea.

Así pues, han dejado fuera del Parlamento en Vascongadas a la izquierda abertzale pero, de ninguna manera, fuera de la lucha por un cambio político y social para el conjunto de Euskal Herria en la senda independentista y socialista. El debate político y económico, las condiciones estructurales impuestas por el Gobierno español, nos revelan que, sea cual sea el resultado, estamos ante la continuidad de la estrategia del Estado contra Euskal Herria y ante el peligro de un segundo ciclo autonomista ante la deriva de un PNV preocupado únicamente por la gestión de sus negocios e intereses desde las actuales instituciones.

A pesar de ello, las condiciones para un cambio político siguen estando vigentes en una sociedad vasca que reclama de forma mayoritaria el reconocimiento a su voluntad democrática. Por eso debemos abordar la foto distorsionada y tramposa de mañana con tranquilidad, confianza y perspectiva. La izquierda abertzale viene planteando con insistencia la necesidad de una acumulación y activación de fuerzas soberanistas, independentistas y progresistas como eje determinante en la actual situación de tránsito a la definición de los ingredientes y/o bases de un nuevo ciclo político. Un planteamiento que necesita de maduración y concreción en diseño, contenidos y propuestas táctico-estratégicas. Con esas luces largas puestas, con esa perspectiva y compromiso, aborda la izquierda abertzale este test electoral antidemocrático y, sobre todo, la etapa política que se abrirá inmediatamente después.

Así pues, en la jornada de mañana, por encima de decisiones antidemocráticas, de una campaña de persecución brutal a nuestras ideas y planteamientos o de la permanente ocultación y manipulación mediática, la izquierda abertzale volverá a demostrar la dignidad y compromiso con este pueblo y sus derechos nacionales y sociales articulando un espacio social que nos permita trabajar en los próximos meses por una implementación de esfuerzos y compromisos políticos, sindicales y sociales en aras a configurar un bloque popular por el cambio en términos de soberanía y modelo social. Como hemos repetido en los últimos días, no hay cambio político sin la izquierda abertzale o, dicho de otra forma, sólo desde la iniciativa, fuerza e ilusión de la izquierda abertzale podemos alcanzar un escenario democrático como primer paso para desarrollar nuestra propuesta estratégica.

Por tanto, frente a quienes anteponen sus intereses a los derechos y la dignidad de este pueblo, frente a los que buscan espacio político aprovechándose de la estrategia del Estado español, frente a la estrategia de represión y confrontación del Estado español para mantener un cuadro político pivotado en la negación de nuestra soberanía y la imposición constitucional, mañana, el voto ilegalizado es una inversión, un voto de oro, para construir la esperanza de la mayoría de la sociedad vasca.

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Los salarios con inflación cero, de Primo González en Estrella Digital

Posted in Derechos, Economía, Laboral by reggio on 27 febrero, 2009

Hoy viernes se conocerá el IPC adelantado que cada mes, en la última jornada laborable, facilita el Instituto Nacional de Estadística, como anticipo que el próximo 12 de marzo se convertirá en definitivo. El INE suele afinar bastante y lo que es provisional suele acabar siendo casi siempre definitivo. El mes de enero sorprendió con un descenso de la tasa anual de inflación hasta el 0,8%, la más baja desde el mes de junio del año 1969, es decir, 40 años atrás. En febrero pueden haberse producido algunos cambios sustanciales, pero es casi seguro que la tasa de inflación, es decir, la variación interanual, se mantendrá moderada.

Resulta sorprendente que la economía española haya encadenado tres meses consecutivos de caída de los precios, es decir, tres meses en los que la variación mensual respecto al mes anterior ha sido negativa. Empezó en noviembre, con descenso del 0,4%, siguió en diciembre, con un retroceso del 0,5% y ha culminado en enero, con un descenso mensual del 1,2%, lo que ha situado la variación interanual en el 0,8%.

La caída de los precios tiene buena parte de su explicación en el descenso abrupto y rápido de los precios del petróleo, que ha permitido reconducir la tasa de inflación desde el 5,3% del pasado mes de julio, cuando teníamos el precio del petróleo por encima de los 145 dólares por barril, hasta el 0,8% de enero, con un petróleo en torno a los 50 dólares por barril. Pero, con ser importante este impacto, la moderación de la inflación obedece sobre todo al freno de la demanda interna. El espectáculo de las rebajas en el mes de enero ha sido todo un indicativo de las dificultades de venta por las que atraviesan prácticamente todos los sectores de la economía española. No hay producto e incluso servicio que se salve de las rebajas, con mayor o menor intensidad.

En el mundo inmobiliario, el impacto de los precios posiblemente esté aún muy lejos de dejarse sentir, aunque al menos han dejado de aumentar de forma casi siempre acelerada. Se empiezan a ver recortes de cierta consideración pero el mercado español está siendo, de momento, el más reacciona de toda Europa a las bajadas de tipos, según encuestas supranacionales. Es muy probable que la demanda de vivienda se reanime cuando los precios adquieran unos niveles más acordes con la realidad, que implica posiblemente dar marcha atrás y volver a precios de dos o incluso cuatro años atrás.

Hay, en suma, un ambiente de rebajas que previsiblemente se va a prolongar algo más que de costumbre y que en el mes de febrero ha estado más vigente y con mayor intensidad que nunca en años atrás, lo que invita a esperar un nivel de inflación bastante aceptable en estos meses iniciales del año. Es, en todo caso, una experiencia a la que no estamos acostumbrados los españoles y mucho menos los que negocian los convenios y las alzas salariales cada año.

¿Tiene sentido que, en este entorno, las remuneraciones de los funcionarios, que no tienen riesgo de perder el empleo como sucede en el sector privado, hayan aumentado en los Presupuestos de 2009 en torno al 3,85%, aumento integrado por un 2% de la masa salarial y el resto por complementos? ¿Cuántos trabajadores en el sector privado van a poder decir este año -si logran mantener el empleo- que verán sus salarios incrementados en casi un 4%? Los altos cargos de la Administración no se beneficiarán de aumentos salariales este año, según decisión adoptada en el momento de elaboración de los Presupuestos. Ha sido una decisión sensata y ejemplarizante. En el sector privado, desde principios de mes estamos viendo anuncios incluso más drásticos, de rebajas de los salarios en los ámbitos directivos, en algunos casos del 10% y en otros incluso más. No es lo mismo una congelación o un recorte salarial en un alto directivo empresarial o bancario que en un trabajador de base, pero está bien que las actitudes testimoniales vayan en la dirección correcta. Los salarios de los trabajadores de base o medios tienen, no obstante, un importante efecto global, ya que la masa salarial es la que contribuye a formar los costes de producción de las empresas y del conjunto de la economía.

Este año, el tira y afloja será complejo y la negociación salarial está inevitablemente orientada a la baja. Las referencias con las que pueden orientarse de los trabajadores del sector privado invitan claramente a la moderación, ya que con una economía en baja, los recortes de costes acaban inevitablemente en recortes de empleo, en especial si no existe un compromiso claro de contención salarial o de corresponsabilidad ante la crisis. Hay empresas en las que estos compromisos se están alcanzando de forma bastante aceptable y son posiblemente el único camino para tratar de minimizar el coste social de la crisis.

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La licencia como pretexto, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Derechos, Justicia, Libertades, Política by reggio on 26 febrero, 2009

Noticia política de los últimos días ha sido la dimisión del ministro de Justicia. No hace falta comentar las causas de esta dimisión, ya que son demasiado conocidas, pero una de ellas, seguramente la de menor entidad, es un buen pretexto para reflexionar sobre la actual situación del Estado de las autonomías.

Efectivamente, al ministro le pillaron cazando sin licencia. ¡Caramba! Que un ministro, además un ministro de Justicia, se arriesgue a participar en una cacería sin el permiso correspondiente obviamente constituye una infracción pero sobre todo denota una imprudencia política imperdonable. Pero ahí hay que señalar un matiz. El ministro es un cazador experto y adiestrado, nunca hubiera ido a cazar sin licencia, pero lo que le fallaron fueron sus conocimientos de geografía: la finca por donde andaba persiguiendo venados ya no pertenecía al territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, de cuya administración había obtenido la licencia, sino que estaba situada en la comunidad autónoma de Andalucía. ¡Mecachis!

Según confesión propia, sin darse cuenta, traspasó el linde entre ambas comunidades y no recordó que su licencia de Castilla-La Mancha no tenía validez en Andalucía: un minúsculo error, pero que ha sido la gota que ha desbordado el vaso y, a la postre, le ha costado el cargo.

No me negarán que el asunto es ridículo si no fuera, en realidad, patético. Por supuesto, el ministro ha cometido una ilegalidad, la ley es igual para todos y sobre él debe recaer la sanción administrativa correspondiente. Pero es patético que para poder cazar en toda España se necesiten 17 licencias distintas, una por comunidad autónoma. En otras palabras, acudir a 17 ventanillas y pagar 17 tasas.

No nos entretendremos mucho en formular ciertas consideraciones sobre la caza, que en otro momento podrían ser pertinentes. Pero no me puedo quedar sin decir que nunca he entendido por qué hay tanto afán en suprimir los toros y nadie pretende acabar, por los mismos motivos, con la caza. Al fin y al cabo, disparar contra una indefensa codorniz, un simpático conejo o un altivo y elegante ciervo me parece mucho más cruel que entrar a matar con un fino estoque a un fornido toro que, tras pegarse la gran vidorra desde su nacimiento, está más en igualdad de condiciones con el torero que el delicado animalito del bosque frente a la escopeta del cazador.

Ahora bien, sin ser aficionado a la caza ni a los toros, no soy partidario de prohibirlos mientras algunos sean aficionados a estas actividades. Más perjudicial para la cultura y la moral de un país me parece el apasionamiento por el fútbol, tenido por natural y hasta psicológicamente sano, o los programas de televisión basura, que entendidos en sentido amplio son la mayoría. Pero, por supuesto, no me parecería bien prohibir el fútbol ni suprimir los programas basura. Para aumentar el nivel cultural o mejorar la moral ciudadana, hay que ir más al fondo, al sistema económico, a los valores sociales dominantes, a la educación. Prohibir, prohibir legalmente, lo menos posible, sólo lo indispensable. Aunque hoy la moda sea la contraria.

Pero volvamos a la licencia, a la licencia de caza, nuestro pretexto para hablar del Estado de las autonomías. En efecto, la tendencia general para tratar ese tema son los conceptos grandilocuentes: Catalunya necesita un nuevo Estatut porque es una nación, España se rompe, etcétera, etcétera. Ami parecer, en cambio, nos deberíamos fijar en los problemas aparentemente pequeños pero de trascendencia práctica: por ejemplo, las licencias de caza. Que en cada comunidad tengas que sacar una nueva licencia es aberrante. Las razones para otorgarlas son las mismas, no tienen nada que ver con identidades, reales o supuestas, ni con políticas de caza diversas. Se justifica el plan de Bolonia, con razón, para que los títulos universitarios sean válidos en 46 estados, del Reino Unido hasta Rusia y de Finlandia a Azerbaiyán. En cambio, las comunidades autónomas han sido incapaces hasta ahora de ponerse de acuerdo, mediante un sencillo convenio, para que la licencia de caza que otorgue una comunidad sea válida también en las demás. Impresentable.

Según La Vanguardia de anteayer, representantes de algunas de estas comunidades reunidos en Valladolid manifestaron estar iniciando gestiones para llegar a un acuerdo en esta materia. Magnífico. Por fin. Supongo que para no hacer el ridículo ante la situación que ha revelado la cacería del ministro. Pero ¿cuántas licencias en otras múltiples materias se podrían homogeneizar sin marear innecesariamente al ciudadano haciéndole pasar por trámites lentos y costosos?

El Estado de las autonomías, ami modo de ver un magnífico sistema para organizar territorialmente España, quedará legitimado el día en el que los españoles estén convencidos de que es más barato y eficaz que un Estado centralizado. De momento, las dudas subsisten. Y subsisten porque en lugar de abordar los problemas reales – por ejemplo, las licencias de caza y miles de licencias más con las que se tortura burocráticamente al ciudadano-nos entretenemos en problemas ficticios como la reforma de unos estatutos que, una vez vistos, no son sustancialmente distintos a los anteriores pero que impiden que estos problemas reales se pongan sobre la mesa y se intente solucionarlos.

El Estado existe para servir al ciudadano, no al revés. De ello se olvidan muchas veces nuestros políticos.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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Panorama de derechos humanos, de Ferran Requejo en La Vanguardia

Posted in Derechos, Internacional, Justicia by reggio on 26 febrero, 2009

La situación de los derechos humanos sigue mostrando un panorama desolador en buena parte de los estados del planeta. Ello supone un incumplimiento grave de la Declaración Universal de la ONU de 1948. Que el tema sea muy conocido no lo transforma en menos grave. Pero buena parte de las democracias liberales también presentan incumplimientos concretos en la protección de dichos derechos. De los últimos informes independientes pueden presentarse los casos de RD Congo y España como ejemplos de ambos tipos de incumplimiento.

La realidad actual del Congo es dramática. Y como casi todo lo que se refiere al continente africano su presencia en los medios de comunicación es mucho menor que lo que sugiere la gravedad de los hechos. Ni las instituciones del Estado ni las de carácter internacional han logrado controlar los enfrentamientos entre grupos armados. El ejército parece estar sumido en el caos, especialmente en el este del país. Hasta el punto de que el Gobierno se apoya en milicias que se enfrentan militarmente al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) de Laurent Nkunda, el cual se presenta como protector de la comunidad tutsi frente a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), de composición hutu. Así, el genocidio ruandés de 1994 resuena hoy en el Congo oriental. La población civil se halla a merced de unos grupos armados que se disputan la hegemonía y el control de recursos naturales. El mandato teórico de la ONU es claro: ordena a las fuerzas de mantenimiento de la paz que usen todo medio necesario para proteger a la población civil y a las organizaciones humanitarias. Pero ni esto ni el teórico e incumplido embargo de armas establecido hace unos años impiden la desprotección de la población. Las cifras del conflicto son atroces: cinco millones de muertos en la última década; existencia de entre 3.000 y 7.000 niños soldados; más de un millón de desplazados sólo en el este; multitud (no cuantificada) de casos de violencia sexual a mujeres y niñas…

El Congo actual ejemplifica la necesidad de contar con unas instituciones internacionales que garanticen la seguridad personal y un mínimo de derechos a la población. Yhay bastantes más casos en el mundo de impunidad total ante violaciones de derechos (véase el Informe 2008 de Amnistía Internacional).

Los países desarrollados no se enfrentan a situaciones de este dramatismo. Sin embargo, la práctica de los derechos humanos resulta claramente mejorable también en el mundo de las democracias. En el ámbito internacional se firman documentos, pero son los estados quienes deben ponerlos en práctica. Y es en el paso de la retórica gubernamental a la acción cuando se comprueban los agujeros en la calidad de los liderazgos democráticos.

En relación con el caso español, es obvio que se ha avanzado en los últimos años, pero son varias las organizaciones internacionales que vienen denunciando casos continuados de tortura, denegaciones de asilo decididas sin condiciones procesales adecuadas, o falta de tutela efectiva de derechos en relación con personas inmigrantes. En diciembre del 2008 el Gobierno español aprobó un plan de derechos humanos (www. mpr. es/ Documentos/ planddhh. htm). Es un documento que incluye hasta 172 medidas. Un objetivo es la lucha contra la xenofobia y el racismo. Es un paso en la buena dirección, pero habrá que ver cómo se traduce en la práctica para que, por ejemplo, los interrogatorios de los detenidos sean más transparentes o que no se repitan casos como el de los vuelos secretos o el de deportaciones sin garantías. También para que cesen las prácticas de tortura cuya existencia vienen denunciando desde hace años diversas organizaciones humanitarias, y para que no escape a una protección eficaz la violencia contra mujeres inmigrantes. Si una denuncia puede convertirse en un expediente de expulsión es obvio que se desincentiva que se produzcan. Y siguen dándose islas de impunidad al no existir investigaciones independientes. La mera presentación de un informe anual en el Parlamento corre el riesgo de convertirse en un ritual retórico más. Un punto clave para el éxito del plan es que se establezcan evaluaciones externas. Si se quiere que haya un avance significativo en la protección de los derechos humanos, la evaluación debe ser externa e independiente de las administraciones. Las evaluaciones internas o mixtas siempre despiertan un halo de sospecha al ser las instituciones del Estado a la vez juez y parte.

En el ámbito de las democracias se deben refinar los mecanismos de información y de control de la situación de los derechos humanos, con participación de organizaciones de la sociedad civil. En el ámbito internacional, los dirigentes de las principales potencias mundiales son hoy moral y políticamente responsables de que no se esté avanzando hacia una reforma de las instituciones internacionales que sea capaz de garantizar la seguridad y una protección de los derechos humanos. Se precisa un liderazgo político que galvanice un multilateralismo con incidencia práctica en los asuntos mundiales. Este debiera ser un punto fundamental en la agenda exterior de la nueva Administración norteamericana con apoyo de la UE. La geoestrategia relacionada con los derechos humanos también debiera plantearse hoy en términos globales.

FERRAN REQUEJO, catedrático de Ciencia Política en la UPF y autor de ´Las democracias´ (Ariel 2008).

requejo@upf.edu

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Este no es lugar para los presos de Guantánamo, de José Luis Sanz Arribas en El Mundo

Posted in Derechos, Internacional, Justicia by reggio on 26 febrero, 2009

TRIBUNA: DERECHO

El autor denuncia que no se pueden pagar facturas políticas asumiendo una transacción tan denigrante. Una vez en España, asegura, tendrían que ser puestos en libertad en virtud de nuestro ordenamiento jurídico

La reciente y tan triunfalmente aireada entrevista entre la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, nos trae la inquietante noticia de que el Gobierno, a modo de penitencia por anteriores pecados sedentes, estaría dispuesto a asumir el compromiso de recibir en España un indeterminado número de los presos recluidos desde hace años en Guantánamo, y que los norteamericanos parecen querer ahora traspasar a aquellos aliados que, como en el caso de España, quieren hacer méritos.

Como es bien sabido, todos estos presos de Guantánamo se encuentran detenidos en condiciones inhumanas en aquella cárcel vergonzosa y vergonzante a partir de los atentados del 11-S con la etiqueta de presuntos terroristas, sin tener ni tan siquiera la esperanza de un juicio justo por un tribunal imparcial y con las debidas garantías, ya que los pocos que hasta ahora han sido enjuiciados lo han sido por tribunales militares de excepción, más tarde declarados ilegales por el Tribunal Supremo, y que finalmente han sido suspendidos y vetados por el propio presidente Barack Obama en la primera decisión tomada tras el juramento de su cargo.

Parece que ahora Estados Unidos quiere repartir y endosar a otros esta mercancía peligrosa y el jefe de la diplomacia española ha hecho pública su disposición a asumir tan denigrante compromiso «siempre y cuando las condiciones jurídicas para ello sean aceptables».Esas «condiciones jurídicas aceptables» ni existen ni pueden ser asumidas conforme al ordenamiento jurídico español.

El derecho fundamental a la libertad que tiene cualquier persona, consagrado por el artículo 27 de la Constitución Española, admite, como lógica excepción, la privación de la misma por mandato o decisión judicial y conforme a una estricta regulación legal, que es especialmente exigente en el caso de la prisión preventiva, es decir, la que se decreta como medida de aseguramiento antes del juicio, por más que ello implique la paradoja de que a alguien se le encarcele para saber si hay que encarcelarle.

Esa regulación legal de la prisión preventiva exige, en primer lugar, la existencia de un procedimiento abierto y en marcha contra la persona a la que se prive de libertad y, en segundo término, la existencia de unos plazos legales máximos, transcurridos los cuales la situación de prisión provisional no puede ser mantenida.

Por lo tanto, la posibilidad de que los denominados presos de Guantánamo pudieran seguir siéndolo en España implicaría la necesidad de que los tribunales españoles (y más concretamente los Juzgados Centrales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) abrieran un proceso que soportara y sirviera de marco a la medida cautelar del mantenimiento de la prisión provisional.

Como bien sabemos por las muy notorias y a veces extravagantes causas incoadas por nuestros jueces estrella, y en razón del denominado principio de jurisdicción universal aplicable a determinados delitos -entre los que se encuentra el terrorismo- y que tienen su soporte legal en el artículo 23.4 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, la jurisdicción española sería competente para enjuiciar hechos cometidos fuera del territorio nacional, cualquiera que sea la nacionalidad de sus autores o de las víctimas.Pero para que eso ocurra se tiene que dar una condición, en razón del principio non bis in idem, y es que otra jurisdicción no tenga ya abierto un proceso sobre los mismos hechos, como es el caso de los presos de Guantánamo.

Es cierto que en el ordenamiento jurídico español existe la figura de la inhibición, que consiste en que un juzgado o tribunal que esté conociendo de una causa, por propia decisión o a requerimiento de otro, o por resolución de su superior jerárquico en caso de un conflicto competencial entre ambos, decline esa competencia para continuar con el enjuiciamiento en otro órgano jurisdiccional, y ello siempre en razón de la concurrencia de alguna circunstancia personal (por ejemplo, en el caso de aforados) o de índole territorial.

¿Cómo podría entenderse, justificarse o aplicarse tal principio, sin que chirriaran los más elementales engranajes jurídicos, para que los tribunales españoles pasaran a asumir la competencia de las causas abiertas en Estados Unidos respecto de los presos de Guantánamo? ¿Qué razones jurídicas válidas -no de mero compadreo político- podrían aducirse para que, de golpe y sobrevenidamente, la jurisdicción norteamericana decidiera declinar su competencia para enjuiciar estos procesos a favor de los tribunales españoles, y que éstos decidieran aceptarla?

Pero es que, aun cuando ello fuera posible, es claro que la forzada solución de ese problema jurídico (respecto del que también la Fiscalía del Estado tendría mucho que decir) ocasionaría correlativamente un conflicto político por la necesidad de tener que poner de inmediato en libertad a aquellos presos que recibiéramos, y a los que desde el mismo momento en que pisaran suelo español les serían aplicables todos los derechos y garantías de nuestro ordenamiento jurídico, y entre ellos la imposibilidad de mantener la prisión preventiva más allá del plazo máximo establecido por Ley.

estos plazos, fijados por el artículo 504 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, establecen, incluso para los delitos más graves y aplicando la prórroga correspondiente, un máximo de cuatro años para cuyo cómputo, necesaria y obligatoriamente, habría de tenerse en cuenta el tiempo del que ya vinieran privados de libertad por la causa que la jurisdicción española asumiera continuar (no iniciar ex novo). Dadas las fechas desde las que vienen manteniéndose estos encarcelamientos de Guantánamo, ello implicaría que los presos que se entregaran a España, tan pronto como se constatara que han cumplido ese plazo máximo legal de detención preventiva, dejarían de serlo y tendrían que ser puestos en libertad en nuestro territorio. ¿Es esto lo que se pretende o desea?

Antes de asumir compromisos tan delicados y transacciones tan denigrantes sobre esa peculiar mercancía humana, y dado que no es posible ni admisible que España se limite a ofrecer una mera función de almacenamiento o de alquiler del servicio de custodia de presos de otros países, parece imprescindible que todas las instancias jurisdiccionales y políticas implicadas se detengan a considerar que el ordenamiento jurídico español no puede acoger ni digerir una operación de esta índole.

Nuestros arrepentidos y conversos gobernantes, rendidos al culto del dios Obama, parecen asumir que tienen una factura pendiente con los Estados Unidos de América. Pero tendrán que pensar otro modo de pagarla.

José Luis Sanz Arribas es abogado y miembro de la Sociedad Internacional de Criminología.

© Mundinteractivos, S.A.

La adopción de la vía diplomática, de Hans Blix en El Mundo

Posted in Derechos, Energia, Internacional, Política by reggio on 26 febrero, 2009

ANALISIS

¿Deberíamos preocuparnos? El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha informado de que el plan de enriquecimiento de uranio de los iraníes sigue adelante, aunque quizás a un ritmo más lento. Irán no está dando respuesta a preguntas planteadas por los servicios de Inteligencia occidentales.

El OIEA no es capaz de excluir la posibilidad de que el programa iraní tenga una vertiente militar. En consecuencia, sí debería haber preocupación, pero hay más razones incluso para sentirse alarmados de que [el plan] se haya llevado adelante durante años y años bien a la vista de todo el mundo y sin embargo no se haya abordado con una acción diplomática eficaz.

Las exigencias de que Irán debería aceptar más inspecciones no tienen ningún sentido. Las inspecciones no se hacen para ayudar a Irán a que demuestre que no tiene intención de fabricar armas sino con la esperanza de encontrar pruebas convincentes que incriminen a los iraníes. Sin embargo, si no se encuentran esas pruebas, se dirá, y con razón, que aunque hoy no se haya comprobado su intención de pasar a la fase de fabricación de una bomba Irán podría cambiar de opinión el año que viene.

El punto clave de la cuestión no está en las intenciones de Irán sino en su desarrollo de la capacidad de enriquecimiento de uranio a escala industrial. Una vez que esta capacidad exista, sea en Irán, en Egipto, en Turquía o en Indonesia, al país en cuestión le quedará menos tiempo para conseguir la bomba si quiere fabricarla.Cuanto más lejos estén de obtener esta capacidad países situados en zonas confictivas, mejor.

Se han perdido unos años preciosos en planteamientos ineficaces.Los norteamericanos, siempre empeñados en decir a los demás lo que tienen que hacer, y los europeos han exigido a Irán que suspendiera su programa de enriquecimiento de uranio mucho antes de reconocer que estuvieran dispuestos a entablar negociaciones directas con los iraníes.

Como Irán ha continuado desarrollando su programa, sencillamente, es Europa, no Irán, la que está impaciente por que haya negociaciones.Inteligentemente, el Gobierno de Obama está proclamando que está dispuesto a mantener conversaciones directas con Irán. Es mucho lo que está en juego. No conseguir disuadir a Irán de que abandone el enriquecimiento de uranio a escala industrial podría tener consecuencias peligrosas. ¿Se dejará disuadir Irán?

En los años 80, cuando Sadam Husein hizo que Irak empezara a recorrer el camino hacia las armas nucleares (e Israel bombardeó el reactor de investigación de Osirak), no cabe duda de que Irán podría haber reivindicado que tenía poderosas razones para desarrollar un programa nuclear con una opción armamentística. Sin embargo, tras las derrotas de Irak en 1991 y 2003, Irán ya no puede considerar el país vecino como una amenaza nuclear.

Tampoco tiene que temer un ataque nuclear de ningún otro vecino, ni siquiera de Israel. En estas circunstancias, podría haber sido contraproducente que el Gobierno de Bush amenazara a Irán con que no descartaba ninguna de las opciones que había sobre la mesa y con el envío de portaaviones al Golfo Pérsico.

El equipo de Obama haría mejor adoptando la línea emprendida por Estados Unidos en las conversaciones con Corea del Norte y ofreciendo, como parte de un acuerdo sobre la cuestión nuclear, garantías frente a ataques del exterior y frente a actividades subversivas en el interior de Irán.

Es más, Estados Unidos no han mantenido relaciones diplomáticas con Irán desde 1979. Parece probable que la perspectiva del restablecimiento de relaciones y de una plaza en los foros a escala regional significaría para Irán un mayor incentivo de cara a alcanzar un acuerdo en materia nuclear que las declaraciones del equipo de Bush en el sentido de que «Irán debe demostrar un buen comportamiento».En el caso de Corea del Norte, se le han ofrecido relaciones diplomáticas tanto con Estados Unidos como con Japón como parte de un acuerdo en materia nuclear. No resulta comprensible por qué las cosas habrían de ser más difíciles en el caso de Irán.

Irán ha invertido recursos y prestigio en su programa de enriquecimiento de uranio. ¿Va a poder abandonarlo ahora? Bueno, no sería el primer país del mundo que cierra plantas nucleares. Según el tratado de no proliferación nuclear, existe el derecho a enriquecer uranio pero no hay ninguna obligación de hacer efectivo ese derecho.

Irán debe sopesar los costes y los beneficios. Debe ser consciente de que comprar combustible de uranio sería menos gravoso que producirlo y que renunciar a su producción le sería compensado con garantías sólidas de aprovisionamiento de ese combustible a escala internacional. Por último, debe ser consciente de que el enriquecimiento de uranio en Irán podría inducir a otros países de Oriente Próximo a llevar a cabo el enriquecimiento de uranio.

Hans Blix fue el jefe de la inspección de armas de destrucción masiva conducida por la ONU en Irak en el año 2003

© Mundinteractivos, S.A.

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La caza, de María Toledano en Rebelión

Posted in Derechos, Justicia, Política by reggio on 26 febrero, 2009

Es más fácil cazar moscas con miel que con vinagre

El señor Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia, ha dimitido. Es decir, a Fernández, el fiscal prosperado, le han echado a gorrazos del Ministerio de Justicia. Llegar ministro de un gobierno progresista, míticos gobiernos de ZP, y que te echen así, haciendo el ridículo entre bestezuelas muertas, sangre derramada y cuernos retorcidos de venado, debe ser asunto delicado, triste, casi un discreto drama personal. Me imagino a su suegra, si la tiene, la pobre, el Señor Todopoderoso la conserve muchos años, la carita de estuco que se le habrá quedado. A Mariano Fernández Bermejo, que es de natural bravucón y malencarado, hombre firme y determinado de izquierdas (sic), le han puesto de patitas en la calle, con cajas destempladas y un rumor de siemprevivas que invade las cartucheras, por irse de cacería, una montería se decía en otros tiempos, con colegas y amigos del mismo jaez, intrépidos cazadores, gentes todas responsables y de intachable reputación. Fernández es el cazador cazado, cazado in fraganti, guárdate de los fotógrafos y de los conocidos con cámara de fotos, haciendo eso que en la noble nación española -y en algunos sectores de la vida civil- está tan mal visto: el franquista.

Esto de hacer el franquista, con perdón, es costumbre que se debe adquirir por el uso y frecuentación prolongada del poder, de todos los poderes. Será algo así como los pertinaces hongos que brotan en los zapatos de la gauche -si la suela es mala y suele ocurrir- de tanto andar por moquetas y recepciones de lujo y oropel. Recuerdo así, sin pensar mucho, a nuestro señorito González, don Felipe, surcando las aguas en el Azor, la embarcación del Generalísmo, la misma que el pequeño caudillo asesino llenaba de atunes y peces espada a los que tanta devoción religiosa tenía. La diferencia, señor Mariano, es que a don González, “queremos un hijo tuyo”, se le perdonaba y se le perdona todo, sabido es, tanto por sus méritos -que alguno tendrá, aunque una los ignore- como por su arrolladora gracia sevillana, españolísima y olé, mientras que a usted, de natural malencarado y bravucón, repito, y con una huelga de jueces en la recámara -el año que acomete la reforma de la carrera judicial y aumenta el presupuesto-, no le perdonan ni una. Siendo de Arenas de San Pedro, Ávila, y habiendo nacido en 1948, IX año triunfal, ya debería estar usted curado de espanto, trampas y cartuchos. ¿Cómo se puede ir de cacería, siendo Ministro de Justicia de PSOE, cuando tenemos presente La escopeta nacional de Berlanga y Azcona? Poco importa el resto de los cazadores, sus acompañantes; poco importa si había jueces u otras destacadas personalidades civiles y/o militares. El mero hecho de salir de montería, con la que está cayendo y lo que significa en el imaginario colectivo, merece el despido. A nadie le importa, señor Mariano, si los disparos se produjeron en Jaén y si tenía o no licencia actualizada; poco importa, señor Mariano, si la broma (con el reparador “taco” incluido) costó mil euros o dos billones. La cuestión es otra. La caza mayor, ex ministro socialista Bermejo, no está bien vista por millones de personas que han sufrido la dictadura y han visto a Franco, sus parientes, consejeros y amigos, con un pie en el hocico de un animal abatido. Para redondear el circo campestre sólo hubiera faltado, como en la película, un maduro empresario catalán, con su amante, tratando de vender porteros automáticos. La historia vuelve, más que nunca, como farsa. Farsa y esperpento. Y Mitrofán sin enterarse.

Con tres complicadas elecciones a las puertas, el presidente Rodríguez Zapatero, ha aceptado -los eufemismos más vivos que nunca- la dimisión del Ministro de Justicia, Fernández Bermejo. Los asesores de Moncloa, los mismos que contemplaron atónitos la fotografía, han hecho sus interesados cálculos. Mejor ahora, cuanto antes, aguantemos el chaparrón y en una semana se habrá pasado. No les falta razón a los cualificados miembros del ala oeste de la Moncloa. El tiempo juega a su favor: este suceso pasará pronto, sin duda, resta fuerza al discurso crítico del PP (inmerso en sus cuestiones de espías, corruptelas, gominas y demás) y la prensa, necesitada de carne fresca cada día, atenderá, en breve, otros asuntos. Los analistas tendrán razón pero permitirán, espero, que nos quedemos con este magnífico suceso para la posteridad, para contar y contar a nuestros nietos. Hay cosas que, pese al paso del tiempo, seguiremos recordando cada vez que surja la ocasión, toque disfrutar con recuerdos cínicos y tengamos ganas de reír. Ay, Mariano, Mariano, y todo este entuerto por pegar unos tiros al alba.

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La nueva frontera del Estado de bienestar, de Gregorio Rodríguez Cabrero en El País

Posted in Derechos, Economía, Política by reggio on 25 febrero, 2009

La ley de la dependencia, que empezó a aplicarse en otoño de 2007, constituye un cambio radical en el modelo de protección social. Pero todavía debe superar numerosos problemas institucionales, financieros y de gestión

La ley de la dependencia, aprobada a finales de 2006, representa un nuevo umbral histórico en el desarrollo de los derechos sociales y en la consolidación del Estado de bienestar en España.

Hay que destacar el gran potencial social y político que el nuevo sistema de protección social supone para las personas que padecen distintas situaciones de dependencia. Es prematuro evaluar esta ley a sólo dos años de su inicio (en realidad su aplicación se inicia en el otoño de 2007), pero parece obligado señalar algunos de sus problemas de cara a su mejor desarrollo futuro.

En primer lugar, el sistema español se incardina en el Modelo Social Europeo con el que converge en sus objetivos de cobertura universal, apoyo al cuidador informal, calidad de la atención y sostenibilidad. Con esta ley España forma parte del pequeño club de países de la UE con un derecho social garantizado en materia de dependencia.

El nuevo sistema protector en España tiene como objetivo proteger un riesgo considerado hasta hace poco como un asunto privado y casi exclusivo de las familias, pero que venían, aún vienen, desempeñando sobre todo las mujeres. El modelo creado amplía la malla protectora, sin menoscabo de la función familiar de los cuidados informales. La ley proporciona cobertura en todas las edades y a un amplio campo de discapacidades que limitan la autonomía como, por ejemplo, la enfermedad mental. En conjunto, el sistema de dependencia supone un potencial ingente en cuanto a tres aspectos complementarios entre sí: mejora de la calidad de vida, generación de empleo y refuerzo de la cohesión social.

En segundo lugar, el nuevo sistema protector afronta problemas institucionales, financieros y de gestión que deben ser valorados en su justa medida. El esfuerzo de cobertura realizado en apenas un año y medio es un éxito incuestionable si tenemos en cuenta que, a fecha 1 de enero de 2009, el número de personas con un dictamen de dependencia era de 595.754 y el de beneficiarias ascendía a 445.615 (de las que 369.408 sufren dependencia severa). El esfuerzo normativo, organizativo y financiero puesto en marcha por la Administración General del Estado, las CC AA y los ayuntamientos es notable, si bien existen diferencias entre autonomías en el ritmo de aplicación, difícilmente justificable.

Entre los problemas actuales de su aplicación caben destacar tres: a) Un cierto déficit institucional, en parte consecuencia de un sistema competencial complejo en esta materia que exige la máxima lealtad institucional de todas las comunidades autónomas en el seno de un Estado cuasi-federal asimétrico; b) una alteración parcial de las previsiones financieras y de beneficiarios del Libro Blanco de 2005 respecto a la ley debido a la extensión por ley de la población objeto de cobertura y a problemas subsanables en la aplicación del baremo de valoración; y c) finalmente, una desviación aparente, entre las previsiones de la ley y la realidad en cuanto al tipo de prestaciones. La ley establece la prioridad de los servicios y, sin embargo, en la puesta en práctica parece que la opción predominante son las prestaciones económicas, lo que en parte se explica por las preferencias legítimas de los afectados y familiares, por problemas de una oferta aún insuficiente de servicios, a pesar de su fuerte crecimiento en los últimos años y, seguramente, por problemas de depuración de la información.

Estos problemas, resultado en parte de un sistema complejo y en despegue, son superables a medio plazo, si se refuerza su dimensión institucional, financiera y prestacional con el concurso activo del Consejo Territorial, institución clave para el buen gobierno del sistema.

En el plano “institucional” es necesario reforzar el papel de la Administración General del Estado en cuanto a coordinación, particularmente la centralización y coordinación de la información para garantizar transparencia, el apoyo técnico al Consejo Territorial y el desarrollo de la alta inspección del Estado. Debería valorarse en qué medida la Seguridad Social, con competencias en la materia, debe implicarse más en un sistema que históricamente nació en su seno. Generar confianza institucional en el seno del Consejo Territorial del Estado, es crucial para el éxito del nuevo sistema en todas y cada una de las comunidades autónomas. La “voz” de los Consejos Consultivos, organizaciones sociales y de personas afectadas debe hacerse audible. Reforzar el papel institucional de los ayuntamientos es crucial en cuanto “puerta de entrada” en el sistema y responsables de los servicios sociales básicos; su proximidad hace posible una ciudadanía social cercana. Todo ello sin dejar de mencionar la necesaria coordinación del sistema sanitario y los servicios sociales. Finalmente, la acción correctora de la Administración General del Estado y del conjunto del Estado a través del Consejo Territorial, de las desigualdades territoriales, de clase y de género, debe ser un eje central en la nueva política social.

En el plano “financiero” la transparencia de información es una exigencia con el fin de conocer el esfuerzo común y de cada comunidad autónoma. Igualmente es necesario cada año estimar el coste real del sistema en base a los beneficiarios potenciales y la diversidad de prestaciones económicas y de servicios. Reforzar el nivel mínimo de financiación debe ser un objetivo central en la agenda política y la situación actual de crisis debe verse como una gran oportunidad para impulsar un gasto público que genera protección, justicia y empleo. Sumar en los próximos años un 1% del PIB al gasto actual (en torno al 0,5) es un objetivo factible para nuestro nivel de desarrollo y sus efectos en la calidad de vida y el empleo compensan ampliamente el esfuerzo adicional.

En cuanto al “nivel acordado” de financiación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas caben cambios en la forma actual (convertir los convenios anuales en plurianuales evita muchos costes políticos) pero, sobre todo, en el fondo transformando este nivel en un sistema de inversión que amplíe la escasa oferta de servicios sociales. Un mayor compromiso financiero y de coordinación efectiva de la Administración General del Estado deben ser garantías necesarias para hacer sostenible un sistema de calidad y para reforzar su legitimidad ante los ciudadanos en general y las personas afectadas en particular.

En lo referente al sistema de prestaciones y su gestión existe un extenso campo de actuaciones previstas por la ley. Así, los órganos de valoración deben reforzarse para garantizar su eficacia e igualdad en la aplicación; no hay mucho que inventar con la experiencia acumulada de la Seguridad Social. La gestión mixta de los servicios debe garantizar la calidad evitando el empleo precario; los servicios de calidad requieren empleos de calidad. La creación de empleo en este campo es una excepción positiva a la crisis actual del mercado de trabajo. El sistema sanitario debe implicarse a fondo. Resulta llamativo que las prestaciones sociosanitarias, previstas en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, apenas se estén aplicando teniendo en cuenta la estrecha relación entre dependencia y enfermedades crónicas y morbilidad.

En suma, el desarrollo de la ley de la dependencia exige esfuerzos ampliados para que efectivamente sea una ley de Estado que contribuya al desarrollo de un nuevo derecho social que mejora la vida de las personas en situación de dependencia. Ello implica garantizar el acceso universal al nuevo sistema así como la suficiencia y calidad de servicios y prestaciones; en este objetivo es preciso reforzar la acción de la Administración General del Estado en coordinación, apoyo técnico y financiero a las comunidades autónomas, alta inspección y políticas correctoras de las desigualdades territoriales, de clase y de género existentes en este ámbito. La prevención de la discapacidad es una inversión social de futuro que requiere investigación y desarrollo. Por último, no es retórico afirmar que el éxito del sistema de autonomía y dependencia supone al mismo tiempo contribuir a ampliar nuestros derechos sociales y el conjunto del Estado de bienestar.

Gregorio Rodríguez Cabrero es catedrático de Sociología en la Universidad de Alcalá.

La conciencia laxa de los objetores, de Javier Pradera en El País

Posted in Derechos, Política, Religión by reggio on 25 febrero, 2009

La semana pasada se publicaron en su integridad las sentencias dictadas el 11 de febrero por el Pleno de la Sala III del Supremo sobre la aceptación por el Tribunal Superior de Andalucía y la desestimación por el Tribunal Superior de Asturias (en tres ocasiones) de las peticiones de objeción de conciencia contra la materia Educación para la Ciudadanía (EpC) y los Derechos Humanos, Educación Ético-Cívica y Filosofía y Ciudadanía presentadas por padres de alumnos. La lectura de esas cuatro resoluciones pone de manifiesto la dudosa buena fe y la falta de honradez intelectual de la campaña lanzada por la Conferencia Episcopal y por el PP contra la incorporación a los planes de estudio de esas asignaturas obligatorias, utilizando además a los escolares, a sus padres y a sus profesores como carne de trinchera.

Esa ofensiva forma parte de una estrategia general de la Jerarquía Eclesiástica y de la derecha conservadora para exigir al Estado aconfesional de la Constitución de 1978 que subordine la moral de toda la sociedad española a los mandamientos religiosos obedecidos sólo por una parte de la ciudadanía. Durante el franquismo, el Concordato con la Santa Sede aseguró con siete candados la servidumbre de las costumbres y de la enseñanza a la doctrina vaticana. Las zonas de autonomía conquistadas tras el restablecimiento de la democracia en los ámbitos de la libertad sexual, divorcio, control de la natalidad, interrupción voluntaria del embarazo y matrimonio homosexual han encontrado la feroz resistencia de la Conferencia Episcopal. El terreno de la educación (en los aspectos financieros y de contenidos) ha sido también escenario de batallas campales de una Iglesia católica que se resiste a perder su antiguo y rentable monopolio educativo.

Pero una sociedad democrática que descansa sobre el pluralismo necesita un espacio ético común subyacente a los idearios sectoriales de los ciudadanos. Los derechos humanos garantizados por la Constitución expresan los valores que sirven de sustrato moral al sistema político. La beligerante actitud de la jerarquía eclesiástica contra esa ética compartida, independiente de la religión y subyacente a los derechos fundamentales, está en el trasfondo de la consigna dada a los padres de familia (que corrió como reguero de pólvora) para plantear la objeción de conciencia. Las sentencias dictadas por el Supremo cierran el camino a los casos aún pendientes de juicio. La objeción de conciencia ahora rechazada invocaba los artículos 16.1 (que ampara la libertad ideológica) y 27. 3 de la Constitución (que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones). Según las sentencias, la nueva materia es ajustada a derecho: su obligatoriedad es un deber jurídico válido. La Constitución no otorga a la objeción de conciencia ante un deber jurídico la condición de derecho fundamental de alcance general; sólo la menciona a propósito del servicio militar. El reconocimiento de esa dispensa en el campo educativo es inexistente. Y los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos se hallan limitados por los derechos del Estado sobre la materia amparados por los parágrafos 2 y 5 del artículo 27 de la Constitución.

Una pléyade de periodistas y tertulianos chistosos de profesión pretenden desacreditar la disciplina mediante chuscos paralelismos con el anterior régimen. Siempre obediente a sus asesores mediáticos, Esperanza Aguirre también descalificó EpC como versión socialista de la Formación del Espíritu Nacional franquista. Los objetores asturianos consideran los contenidos de la asignatura como adoctrinamiento ideológico propio de “los regímenes fascistas o marxistas-leninistas”. Y quienes impusieron bajo el franquismo la obligatoriedad de la enseñanza de religión y defienden ahora la catequesis católica como asignatura del mismo rango que las matemáticas culpan a la nueva disciplina de tratar de imbuir en el alumnado los falsos valores del relativismo, el positivismo y la ideología de género. Sucede, sin embargo, que EpC, incorporada en 2007 a los planes de estudio, no es una herencia del franquismo -con el que convivió simbióticamente la Iglesia católica- sino una innovación pedagógica de los sistemas democráticos, patrocinada por la Recomendación de 2002 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y por la Recomendación Conjunta del Parlamento de Europa y del Consejo de la UE de 2006.

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