Eluana: derechos frente a despotismo, de Margarita Boladeras en El País
Berlusconi y la Iglesia se han aliado para violar tanto los deseos de una paciente y su familia como las decisiones de los tribunales italianos. Querían mantener indefinidamente un estado vegetativo irreversible
El día 9 de febrero, a las 20.10 horas, murió en la clínica La Quiete, de Udine, Eluana Englaro, la italiana de 38 años que estaba en estado vegetativo irreversible desde 1992, cuando sufrió un accidente de tráfico. Esta dramática situación ha llegado al extremo de la mayor injusticia y crueldad por la actuación de algunos médicos y fiscales, así como por un Gobierno que ha desafiado los derechos de los ciudadanos y las sentencias judiciales, para proclamarse protector de los dogmas de una Iglesia, hasta el punto de intentar legislar de forma inconstitucional. El pulso entre el Gobierno italiano y los jueces ha alcanzado niveles tan grotescos como dolorosos para la sociedad de aquel país.
Durante los últimos 11 años, el padre de Eluana venía reclamando el derecho de su hija a rechazar un tratamiento médico que no podía aportar ninguna mejora y que era fútil. En estas situaciones aparece el poder actual de la medicina y sus flaquezas: puede mantener la vida vegetativa de una persona durante años, algo impensable en otras épocas, pero es incapaz de restablecer la vida psíquica y personal, y algunos grupos confesionales se resisten a admitir que la obstinación terapéutica es mala praxis médica.
Ella no podía hablar, pero su familia sabía que no hubiera querido permanecer en esta situación. Como tutor, el padre podía reivindicar la voluntad de Eluana y tomar la decisión de interrumpir la hidratación y la alimentación artificial, pero las denuncias de médicos y fiscales lo impidieron. Once años de pleitos y debate público; todo lo contrario del respeto a la intimidad y a la autonomía personal.
Por fin, en 2007, los jueces determinaron que Beppino Englaro, como tutor, tenía el derecho de aceptar o rechazar los tratamientos propuestos, a pesar de que «actualmente hay una carencia legislativa que proporcione las indicaciones en casos de petición de suspensión de tratamientos médicos por parte de los tutores de personas en coma y sin esperanzas de mejoría» (Tribunal de Apelación de Milán). En 2008, la Audiencia de Milán falló a favor de la interrupción de la hidratación y la alimentación artificial.
Cuando parecía que se habían aclarado las cuestiones fundamentales del caso, es decir, que, por el principio ético y constitucional de respeto a su autonomía y a su dignidad, toda persona tiene el derecho de aceptar o rechazar los tratamientos médicos que se le proponen -por sí misma si es capaz y, si no lo es, a través de su representante legal-, la fiscalía de nuevo recurrió la sentencia porque consideraba que no se había comprobado con suficiente objetividad la irreversibilidad del estado vegetativo persistente. En noviembre de 2008, el Tribunal Supremo italiano zanjó esta cuestión, amparando la petición de la familia Englaro.
En lugar de permitir un desenlace discreto, respetando la intimidad y el dolor de estas personas, una vez más los políticos de la derecha manipuladora y despótica entraron a saco, instrumentalizando el caso y masacrando los sentimientos y las convicciones más personales de la familia Englaro y de todos los que piensan como ellos, en aras de la defensa de una forma de entender la vida que no tiene respaldo constitucional ni ético racional. Han llegado a prohibir las actuaciones autorizadas por los jueces en los centros sanitarios públicos y a amenazar a los posibles colaboradores. Muchos hemos contemplado estupefactos, indignados y tristes cómo se tergiversan los hechos y los argumentos para imponer el control del Gobierno sobre el dominio de la vida y de la muerte, en contra de los derechos ciudadanos.
El punto culminante de las medidas del Gobierno de Berlusconi ha sido su intento de promulgar una ley para prohibir la muerte de Eluana, y ello no ha creado más que confusión, crispación y temor. ¡Hasta el presidente de la República Italiana la ha calificado de inconstitucional! No podía ser de otra manera, pues la judicatura había aclarado suficientemente las cuestiones de principios fundamentales. Giorgio Napolitano ha declarado: «El monopolio de la solidaridad y la autoridad moral no es patrimonio de nadie. Tampoco el fin de la vida».
Esta apuesta tan decidida del Gobierno italiano de Berlusconi indica la dureza que están dispuestos a emplear los que se oponen a la ética racional. Hace siglos que el poder político y el dogma religioso se apoyan para tener el dominio de la vida y la muerte de las personas. Dicen que defienden la vida humana, pero no respetan los derechos humanos ni la legislación europea sobre el derecho a la autonomía del paciente y el consentimiento informado.
El señor Englaro ha manifestado: «Espero que su historia sirva para que la gente entienda que la medicina debe pensar mil veces antes de crear situaciones que no existen en la naturaleza. Eso es de locos. La vida es vida, la muerte es muerte. Blanco o negro. Las personas vivas son capaces de entender y decidir por sí mismas. Yo he pedido por caridad que dejen morir a mi hija Eluana. La condena a vivir sin límites es peor que la condena a muerte. En la familia, los tres habíamos dejado clara nuestra posición. Lo hablamos muchas veces. Vida, muerte, libertad, dignidad. Somos tres purasangre de la libertad. No necesitamos escuchar letanías. Ni culturales, ni religiosas, ni políticas».
Esta libertad que reclama la familia Englaro es lo que el actual Gobierno paternalista y demagógico de Italia no está dispuesto a tolerar. Quiere mantener la vida vegetativa irreversible pero no respeta la integridad de la vida física, psíquica y moral, ni la dignidad de cada persona de acuerdo con sus convicciones.
¿Cuántos años necesitará Italia para tener una legislación acorde con los derechos fundamentales de las personas en este ámbito, que impida las intromisiones partidistas y sectarias?
En España la situación es clara para los casos de interrupción del tratamiento médico. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, reconoce el derecho de los pacientes y de sus tutores a solicitar la interrupción de un tratamiento médico. Inmaculada Echevarría, de Granada, se acogió a esta norma; el dictamen que elaboró la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía reconoció que «el ordenamiento aplicable permite que cualquier paciente que padezca una enfermedad irreversible y mortal pueda tomar una decisión como la que ha adoptado doña I. E. […] Se trata de una petición amparada por el derecho a rehusar el tratamiento y su derecho a vivir dignamente». El fin de Inmaculada, igual que el de Eluana, no debe calificarse de eutanasia, sino de suspensión de un tratamiento médico.
Con todo, nuestro país también ha sufrido la irresponsabilidad política en casos tan graves como el de Leganés, que ha tenido consecuencias negativas en la administración de la sedación terminal a los enfermos y en la seguridad de los profesionales que deben tratarlos.
Queda mucho trabajo que hacer para lograr claridad de ideas en todos los que tienen responsabilidades en estas cuestiones y en las personas en general. El debate público es importante y debería ayudarnos a superar la manipulación que algunos sectores pretenden. La preservación del verdadero sentido de la vida y de la dignidad humanas dependen de ello, así como la evitación de mucho sufrimiento innecesario.
Margarita Boladeras es catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Barcelona. Su último libro publicado es El derecho a no sufrir (Los Libros del Lince).
¡Feliz año, reumáticos…!, de Lorenzo Cordero en La Voz de Asturias
El ojo del tigre
Se cuenta que Jimmy Carter, cuando se sentó por primera vez en el sillón del Despacho Oval en la Casa Blanca, les dijo a los presentes: No soy más que un hombre como todo el mundo… Ser un hombre como los demás es lo más normal que le puede suceder a un ser humano en este mundo. Sin embargo, reconocerlo -si no con humildad, sí por lo menos con sinceridad- ya no lo es tanto. Desde hace muchos años, tantos como los que uno disfruta de la ventaja de ser autónomo como individuo pensante, no he conocido a nadie en este país que haya tenido la gallardía de reconocerlo, como hizo Jimmy Carter, en el momento de sentarse por encima de todos los demás. Que yo recuerde, antes de que la dictadura fuera reconvertida en una democracia inorgánica, todos aquellos que, por una u otra circunstancia -generalmente, digital- flotaban en las alturas orgánicas del sistema (desde el Municipio, el Sindicato. o el Gobierno Civil y la Jefatura Provincial del Movimiento), en esta antigua provincia tales personajes se consideraban a sí mismos políticos hiperrepresentativos: superaban al hombre común; eran la fuente clara de la que manaba la opinión pública fundamentada; representaban la autoritas como si se tratara de un oficio divino.
Transcurrido todo el tiempo que quisieron darse los superhombres de aquel régimen determinado por la Divina Providencia, para asumir la responsabilidad de transmudar la dictadura en una democracia, y cuando ésta fue impartida urbi et orbe desde el sillón más elevado de las antiguas Cortes, los nuevos políticos, que sucedieron a los anteriores, continuaron siendo hiperrepresentativos. Es decir, se olvidaron de que provenían la base social sobre la que se supone que reposa la democracia popular (la del pueblo, no la del PP…), e ignoraron que su elevada posición jerárquica en la sociedad se la debían a quienes desde el subsuelo de la democracia -que es el estrato más viejo en donde se encuentran los electores -les habían votado para que los gobiernen y no para que los dominen. Es decir: simplemente para gobernar; no para hiperrepresentar…
Lamentablemente, Asturias es uno de los más viejos ejemplos de esa hiperrepresentatividad. Ya lo fue cuando a quienes se les había requerido para prestar sus servicios a la sociedad, bajo la constante tutela del dictador; entonces, los elegidos digitalmente se comportaban ya como si fueran los dueños del sistema. En aquel tiempo, España estaba a merced de los efectos mecánico-políticos del sagrado Movimiento continuo. Después, cuando ya había cesado el Movimiento se puso en marcha otro de nueva factura mecánica: el de la Monarquía pendular democrática; el cual abarca desde la socialdemocracia moderna, hasta la derechocracia clásica. O sea, desde el PS(O)E hasta el PP. Con lo cual, el país siguió funcionando exactamente igual que había funcionado hasta entonces: a base de personajes hiperrepresentativos. Los asturianos de a pie -supongo que como los demás españoles- están sometidos a los desahogos del arte burocrático que de manera magistral dominan quienes los hiperrepresentan, y el artificio político de los que piensan por ellos. Unos y otros son los mismos. Es muy difícil distinguir entre la porción de sinceridad que inspira a estos superpolíticos y la parte de hipocresía que los empuja para que actúen como lo hacen. No olvidemos que la hipocresía es una parte importante del talento del actor: es el arte de saber fingir.
Al parecer Asturias es en este momento una de las más vulnerables regiones de la etérea Unión Europea, por el envejecimiento de su población. Desde que la democracia es el régimen que nos identifica con el resto del mundo continental, las encuestas han sustituido a las ideologías. Dicen que Asturias ocupa el número 12 entre las regiones más debilitadas de Europa, porque su población la componen mayoritariamente viejos. Hace cuarenta años, el problema era otro: la distribución de la renta per cápita nos había hundido desde el lugar ocho, que ocupábamos en el mediterráneo de las provincias españolas, hasta el 19. Pero ahora la historia es otra. Y lo que les interesa a quienes teatralizan la vida político-social asturiana es demostrar que los viejos son una carga pesadísima y amenazan con hundir la región.
Cada vez es más clara la consigna que nos llega desde las alturas: hay que echarle una mano a la sanidad pública. Lo cual no quiere decir que la mano haya que echársela al cuello de sus burócratas hiperrepresentativos, sino al bolsillo de los viejos… Que son los que se benefician con la gratuidad universal del sistema de salud público. Dicho de otra manera: hay que renunciar a una de las conquistas sociales que le costó a la clase obrera sangre, sudor y lágrimas desde hace más de un siglo. Ahora, intentan convencer de que hay que pagar para que la sanidad pública siga funcionando, y el negocio privado de la misma sea más negocio…
Esto te lo van diciendo poquito a poco, desde la distancia majestuosa que les separa de la plebe que les vota cada cuatro años. Ahora, en Asturias, ya no es la industria pública la que agota el modelo socioeconómico de la región. Son los asturianos viejos, con su achaques crónicos. Son los abueletes de nietos que han nacido en Madrid, en Barcelona… O en Londres. Porque sus jóvenes papás tuvieron que buscarse la manera e vivir decentemente de su profesión lejos de esta región. Es verdad que podrían haber intentado vivir de la política, pero en este oficio -solicitadísimo- hay overbooking. También predominan los viejos…
Si hace medio siglo, los hiperrepresentativos de esta débil región se hubieran dedicado a aprovechar los recursos económicos existentes para modernizar sus históricas estructuras industriales, en vez de afanarse en liquidarlas a precios de saldo -hubo un momento en el que los asturianos temieron que los socialdemócratas regalaran Ensidesa a los franceses. No es broma-; a lo mejor ahora los viejos no pesaban tanto en la balanza de los burócratas de la política sanitaria. Pero, entonces como ahora, les importó un comino el asunto. En fin, feliz año nuevo, reumáticos…
Lorenzo Cordero. Periodista.
La ‘o’ con un canuto, de David Torres en El Mundo
A DIESTRA Y SINIESTRA
Uno ha hecho la carrera de Filología pero no ha sido hasta ayer que, gracias al Ministerio de Sanidad, se ha enterado de una figura retórica con nombre de enfermedad degenerativa. El lipograma vocálico (recurso poético particularmente idiota que consiste en la formación de palabras que contienen una sola vocal) es el esqueleto que sostiene el hip hop con el que Bernat Soria advierte a los chavales que se encasqueten el condón antes de pasar a mayores.
La vocal elegida ha sido la o, letra cuya grafía es la descripción de un hoyo y cuya pronunciación supone un convite a la felación. Si uno pronuncia una o cuidadosamente se queda con cara de muñeca hinchable. La o es una letra gorda, la señorona de las vocales, y su evidente redondez evoca lo que precisamente se trataba de evitar: el bombo, el follón. Aparte de estos motivos subliminales, la canción ha sido muy criticada pero hay que admitir que, una vez oída, resulta perfecta no tanto para fomentar el uso de anticonceptivos como para predicar la abstinencia total. A cualquiera que la oiga no se le levanta en tres días.
No sabemos cuántos euros de esos 2.200.000 que se ha gastado el Ministerio en la promoción de semejante castaña han ido destinados al engorde y cría del compositor, pero todo lo que pasase de dos hostias bien dadas sería un dispendio y un disparate. Hace falta valor para que ahora venga un tío barbudo con la gorra enroscada a tornillo y diga que encima se la han fusilado los tíos del Ministerio, como si la castaña en cuestión fuese el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler.
El planteamiento, no obstante, es curioso porque permite una profunda indagación sobre los mecanismos de la producción artística. O dicho de otro modo: ¿se puede plagiar una boñiga? Ya sabemos que el hip hop, como su nombre indica, no es música, sino gimnasia de colutorio y grito de ánimo circense, pero ¿puede haber en el mundo dos letristas tan cerriles y tan inasequibles a la armonía como para que ambos se refieran a la ceremonia nupcial con la misma expresión rematadamente imbécil y monárquica de «yo no corono rollos»? Más aun: ¿cómo se puede perpetrar un lipograma vocálico con la letra o y esquivar reiteradamente adjetivos como «sordo», «bobo» o «tonto’l bolo», cuando tan a mano los tenían?
El rapero Nach (tan ingenioso que hasta se ha decapitado la o del nombre) anuncia que va a denunciar el robo ante la SGAE, lo cual da la exacta medida de furor reivindicativo del rap en general y del rapero Nach en particular. La agencia contratada por el Ministerio ha contraatacado iniciando una demanda contra el lipogramador vocálico y asegurando que son muy capaces de lipogramar una boñiga ellos solos. Que ni siquiera les hace falta el canuto.
© Mundinteractivos, S.A.
Caca, de Ruth Toledano en El País de Madrid
Ah, qué tontería y aburrimiento hablar de caca pudiendo hacerlo de tantas otras cosas más divertidas, interesantes y necesarias. Y no digamos de las innecesarias. Pero hay un tipo de personas a quienes su fobia a los perros parece perseguirles por las calles en forma de una profusión de cacas caninas que los demás no vemos. (Qué suerte formar parte de quienes tienen fobias más altas). Según el grado de afección de esa fobia, la persecución puede alcanzar dimensiones asesinas: hay gente que vive obsesionada por toparse con una de esas cacas que creen invaden la ciudad. Suele tratarse, por cierto, de la misma gente que jamás se ha pronunciado contra el maltrato a los animales. Donde haya buena caca en la que fijarse que se quiten la crueldad y el sufrimiento ajeno.
Luego hay otro tipo de personas que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sacan tajada hasta de donde ya no hay hueso que roer. Por lo que parece, una de ellas es Ana Botella, delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, quien, muy en su papel, hoy dice que «el planeta está al servicio del ser humano porque el ser humano es el centro», así como ayer lanzó una nueva ordenanza de Limpieza y Gestión de los Residuos según la cual no recoger la caca del perro puede suponer una multa de entre 90 y 1.500 euros. Mi visión del mundo es muy distinta a la de esta señora antropecentrista, pues no sólo descreo de la existencia de un mundo dividido en centro y, consecuentemente, en periferia, sino que considero que el ser humano es un aspecto más de un universo del que todo forma parte, incluida la caca. Así que, en fin, como la cosa va de caca, adelante, hablemos de caca. Yendo por delante que soy una persona casi normal y que el hecho de no recoger la caca del perro me parece muy mal (por dos razones: una, que es una guarrada; y otra, que sirve de excusa a los que detestan a los perros). Veamos, pues, las montañas de caca que nos rodean.
Para empezar, en el municipio de Madrid puede resultar más caro no recoger la caca de un perro que maltratarlo o abandonarlo. Los procesos que se ven obligados a seguir los protectores de los perros maltratados y abandonados para que los culpables sean castigados son interminables, caros y dificultosos, para finalmente, en la mayoría de los casos, lograr una multa o una condena casi simbólica. Y eso sí que «perjudica la imagen de la ciudad», como dice esta señora del centro. Del mundo. Eso sí que es caca. De la moral. Caca es el estado en que se encuentran las perreras municipales, los medios de que disponen, los métodos que utilizan, el destino de los pobres animales que van a caer en sus redes.
Caca es la dejadez, el ninguneo, la falta de apoyo, el desprecio con el que conviven las asociaciones protectoras, los albergues en donde tienen la suerte de dar con sus huesos los miles de perros y gatos apaleados, quemados, atropellados, despellejados. Suerte de no sacrificados y de que los voluntarios ignorados por las instituciones, también abandonados, dediquen su tiempo, su dinero y su ánimo a fomentar y conseguir una adopción. Caca es no poder llevar suelta a mi perrita (de nombre Poca; de raza chihuahua; 1.200 gramos de peso) por el Retiro, a riesgo de ser perseguida, amenazada y multada por motoristas uniformados que rompen nuestra armonía. Caca es que las mejores personas, las que derrochan bondad, las que defienden a quienes no pueden hacerlo, las que cuidan de los más débiles, sean tratados por ello como delincuentes. Sí, hay que retirar la caca del perro de la vía pública, pero también (antes incluso, ¿no?) hay que retirar palabras que ensucian mucho, como que sea necesario el ensañamiento para que la ley considere maltratado a un animal.
Para seguir, dice esta señora de centro que las cacas de los perros «suponen un riesgo enorme para la salud de las personas». Un riesgo mucho mayor, según alguien que sabe tanto del planeta y del ser humano, que aquellos niveles de dióxido de carbono que superan en mucho los niveles permitidos por la UE pero que ella denomina «polvo africano». Caca es que la sanidad se privatice (ya, ya sé que no es cosa de ustedes, que es cosa de la señora de los calcetines, que ustedes nunca lo harían -qué raro que sean de la misma cuerda-) y la gente esté en los pasillos de los hospitales públicos. Caca es que se eliminen los árboles, bancos y zonas de recreo de las plazas para hacer de ellas unas pistas de cemento donde ni siquiera se puede pasear plácidamente con un perro. Caca que el Ayuntamiento no proteja a los gatos del Retiro y del Botánico. Apesta, desde luego, pero a caca insensible y recaudatoria.
Copago y buena salud, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
Estoy absolutamente a favor de la implantación de un sistema de copago sanitario moderado, tanto en la atención primaria y hospitalaria pública, como en el gasto farmacéutico. Pero también creo que en ningún caso debería ser defendido como medida para paliar la crisis, aunque circunstancialmente sirviera para ello. El copago de los servicios públicos – los sanitarios y todos los demás- debería ser simplemente una medida al servicio de la buena educación sanitaria de los ciudadanos y, en definitiva, de nuestra propia salud.
En primer lugar, el copago tiene una función autorreguladora que favorece la racionalización del uso de los servicios sanitarios. No hacen falta grandes estudios científicos para argumentarlo, aunque sean necesarios para medirlo con exactitud. Basta llegarse hasta una consulta pública y hacer una hora de cola para descubrir que mezcladas con las personas verdaderamente necesitadas de atención, se encuentran un sinfín de gentes que acuden al médico como entretenimiento. El simple pago de una tasa, por pequeña que fuere, supondría un alivio en las colas y una mejor atención médica. En este caso, el copago apenas tendría ningún efecto en el ahorro de la factura sanitaria pública, pero mejoraría la calidad asistencial.
Por otra parte, el copago, junto a una factura detallada del conjunto del gasto efectuado en cada servicio médico, debería producir un aumento de la conciencia de lo que cuesta este tipo de atención. Nos hemos acostumbrado al uso – y abuso- de sistemas carísimos de diagnóstico y los exigimos para cualquier nimiedad. No se trata de dejar a nadie sin atención, por supuesto, pero lo que no es razonable es este camino alocado que, a más calidad y mejor asistencia, lleva a más insatisfacción y quejas. Tal como podemos consultar los precios aproximados de los distintos modelos de automóviles o de los nuevos televisores de pantalla plana, sería deseable que también pudiéramos saber con facilidad los costes de las intervenciones quirúrgicas más habituales, del gasto anual que supone atender a un enfermo crónico con diabetes o del precio que se acaba pagando por una conducta irresponsable como ciertas formas de agresión auditiva propias de algunas actividades de ocio.
Tan importante como los anteriores objetivos, el copago serviría para favorecer conductas más responsables en la medida que frenaría la automedicación y forzaría a desarrollar una cultura sanitaria individual y familiar apta para dar respuesta a aquellas enfermedades más habituales que, en la mayoría de los casos, no necesitan atención médica profesionalizada. Saber distinguir un resfriado común, no alarmarse ante una ligera subida de la temperatura o atender adecuadamente una indigestión, por solo recordar algunas de las indisposiciones que treinta o cuarenta años atrás todo el mundo sabía cómo solucionar, debería volver a ser un patrimonio ciudadano a favor de una mayor autonomía y responsabilidad personal.
No me cabe ninguna duda de que estos cambios también podrían suponer un cierto ahorro y, en cualquier caso, un mejor uso del gasto actual. Pero me parece un error justificar el copago como una medida para tiempos de crisis, ya que sugiere al contribuyente que, con tal decisión, el sistema va a ser o menos generoso o más injusto. Nada de eso tendría por qué ser cierto. El copago debería prever las exclusiones justificadas de esta obligación y asegurar, precisamente, que contribuye a una mejor redistribución de la renta, justo lo que ahora no ocurre. En realidad, una correcta aplicación del copago llevaría a lo contrario: a un sistema sanitario más eficiente y a una mayor calidad de atención y, en este sentido, a un sistema realmente más generoso y a un modelo más justo para todos. Y por si existiera alguna duda, para tomar ejemplo sólo hace falta ver cómo funcionan los sistemas sanitarios europeos de los países más avanzados en prestaciones sociales (véase La Vanguardia del 24 de octubre).
Sí, ya sabemos que los responsables políticos no parecen estar por la labor. En Catalunya, la tímida propuesta de copago se refiere tan sólo a la factura farmacéutica, que es justo sobre lo que el Govern no tiene competencia. Y el Gobierno central, que podría, ya ha dicho que no. Quizás se piense que no sería popular. Y, ciertamente, planteado como una medida para apretarse el cinturón, no lo va a ser. Lamentablemente, llegamos tarde: el copago debería haberse aplicado en los momentos de menor apuro económico. En cualquier caso, se trata de un asunto de tanta importancia – nos jugamos el futuro de nuestro sistema de previsión- que quizás debería plantearse como resultado de un pacto político nacional. Y, por supuesto, debería ser anunciado y comprometido en los propios programas electorales. Hay que aplicarlo bien, pero no tengo la menor duda de que el día que un dirigente político se atreva a decir la verdad a la gente, por dura que esta sea, sobre el negro futuro de la Seguridad Social si sigue tal como ahora está, que sea capaz de poner remedio al desorden y el abuso sanitario – por otra parte, conocido por la mayoría-, y que pida una mayor corresponsabilidad de cada uno de nosotros en nuestra propia salud, se va a ganar la confianza de todos.
¿De quién son los valores?, de Pilar Rahola en La Vanguardia
Analizado en superficie, parece simple. La izquierda, que es muy buena, quiere legislar derechos civiles pendientes, y la derecha, que es muy mala, se opone, como es costumbre, amparada en la cruz y el tradicionalismo. Unos aseguran que lo suyo es la ética, y los otros se protegen bajo el paraguas de la moral. Y así, como si fuera una improvisada tómbola de ideas, aparecen en el panorama temas de enorme calado, cuyo debate merecería más profundidad, menos retórica y mucha menos demagogia. Personalmente estoy a favor de mejorar la ley sobre el aborto, que me parece, actualmente, un auténtico desaguisado, cuyos agujeros negros permiten muchas tropelías. Y también estoy convencida de que el derecho a una muerte digna necesita una buena ley que lo ampare. No estoy tan de acuerdo en el momento elegido, ya que me parece más una decisión táctica, para marear la dañada perdiz de la economía, que la asunción de un compromiso político. Abrir la manzana de la eutanasia y del aborto justo cuando la gente acaba de volver del verano y se encuentra con la dura realidad de sus bolsillos no me parece muy decente. Puede que sea una estricta cuestión de prioridades por mi parte, pero lo es: no hay mayor prioridad que atajar la crisis que sufren los ciudadanos. Sin embargo, con lo que estoy radicalmente en contra es con el planteamiento del debate, como si fuera una simple y descarnada elección, fácilmente resoluble en términos de maniqueísmo ideológico. Es decir, los de izquierdas a un lado, los de derechas al otro, y la legión de despistados, como Dios, en todas partes y en ninguna. Y así, mordaza en ristre, todos a tener posición simple en la enorme complejidad de estos debates delicados. Como si fueran departamentos estancos, como si los valores de una sociedad fueran propiedad de uno u otro partido, como si las consignas hubieran ganado, definitivamente, su batalla contra las ideas. Como si la ideología al uso resolviera, cual receta milagrosa, todos los enigmas. ¿Dónde está el catecismo, me pregunto, de la buena Mafalda? Lo siento, pero disiento. Primero, porque ni la izquierda es tan buena, ni la derecha tan mala, ni viceversa, ni los límites ideológicos pueden definir estos temas transversales que calan hondo en los principios de cada cual. Hay votantes del PSOE que no están de acuerdo con el aborto o la eutanasia, y hay votantes fieles del PP que consideran necesaria su legalidad. Tampoco se trata de una cuestión religiosa, sino aún más profunda, vinculada al sistema de valores que cada cual edifica para ir por el mundo. Además, siendo temas complejos, no se pueden merendar con un simple «esto es de izquierdas». O peor aún, los otros están en contra «porque son de derechas». Esta actitud, que niega el debate, frivoliza de tal forma la resolución de los problemas, que anula toda su complejidad. El derecho a debatir la complejidad de los problemas más hondos está en la esencia misma de la libertad, hasta el punto de que una no existe sin la otra. Por ello, cuando veo a Zapatero subido a la poltrona del mitin, zarandeando a los que están en contra del aborto o la eutanasia, como si fueran trogloditas habitaran en el inhóspito territorio del oscurantismo, me siento realmente incómoda. Porque no abre ningún debate sano. Al contrario, anula el derecho a debatir. Incluso, pues, participando de las propuestas que se plantean, no puedo participar de esta especie de aquelarre de aquellos que no están tan alegremente imbuidos de la verdad socialista. Y darle en el cogote a la Iglesia, eso ya es de manual. Cada vez que Zapatero tiene un serio problema de gestión -como es el caso-, pone en la diana a la Iglesia, porque machacar a la Iglesia siempre distrae al personal. Y, además, sale gratis.
¿De quién son los valores que definen una sociedad?, me pregunto en el titular. De todos, y ahí está el quid de la cuestión, que ningún partido puede patrimonializar dichos valores, como si suya fuera la verdad sobre la vida y la muerte. Como si, en realidad, se tratara de verdades absolutas. Realmente, ¿son debates tan ideológicos, tan simples? ¿Entonces, por qué habitan en la transversalidad? Si queremos hacer un serio favor a la salud democrática de nuestras sociedades, y tenemos el sano objetivo de construir una sociedad más justa, no podemos reducir a la miseria de una consigna programática lo que es un profundo debate sobre nuestra identidad social. La eutanasia es un claro ejemplo que no puede resumirse con el banal y maniqueo «progres a favor» y «fachas en contra», propio de un estúpido pingpong dialéctico. Primero, porque el tema es muy complejo, segundo, porque hay motivos en contra que son sensatos, tercero, porque hay motivos a favor que son frívolos, y cuarto, porque las sociedades maduras debaten con madurez sus complejidades, sus retos y sus miedos. De ahí que aún más importante que el aborto o la eutanasia, es la capacidad de debatir profundamente sobre ello. Negar el debate, repartir cartas de naturaleza progresista y enviar a galeras a todos los que no tienen el tema claro es una perversión de la democracia. Porque niega el mayor de sus tesoros: el derecho a la duda.
La quiebra de la sanidad en Asturias tiene muchos sumandos, de Juan Vega en su Blog
Mapa en el que se aprecia la impresionante operación inmobiliaria que motivó el traslado del HUCA y la consiguiente quiebra de la sanidad asturiana
El modelo de control social implantado por el poder político, con el impulso a la creación de grupos de profesionales especializados, como los de la ecología, que se adueñan de estados de opinión colectivos, reduciendo las reivindicaciones medioambientales a estrechos círculos y capillas que preñan de ideología sectaria y excluyente el anhelo colectivo de un mundo más limpio, sano y seguro, también se materializa en la profesionalización de otras correas de transmisión de la partitocracia, como son por ejemplo, los representantes de los consumidores y usuarios. En el fondo ninguna novedad.
Es un interesante mecanismo de manipulación, que maneja muy bien la izquierda, y que habitualmente utiliza, no sólo para controlar a la sociedad, sino que también le resulta muy útil para machacar a la derecha, y así evitar el efecto salutífero de la alternancia política. Aquí en Asturias, no hay problema, porque la derecha ya trabaja para la izquierda, con lo que en nuestro caso eso ni se plantea.
Hace ya mucho que este invento de ingeniería social se aplicó en masa al control de las asociaciones de vecinos, tan activas en la Transición, que fueron ocupándose progresivamente por “activistas” que excluyeron inmediatamente a los ciudadanos sin prejuicios retribuibles, de la noble labor de ejercer de freno de los abusos de la clase política, para convertirse en actores secundarios del sistema, algo que en el caso concreto de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón -por poner un caso clamoroso-, llegó incluso a materializar la creación de todo un entramado de promoción pública de vivienda, mediante cooperativas ligadas directamente a empresas que generan financiación para los partidos políticos, casos de los que hemos detectado ejemplos clamorosos que se encontraban ocultos por un velo de “servicio público”.
Cuando descubrimos el entramado del Grupo Progea, nos encontramos con una nueva especie de sinvergüenzas, que hasta entonces nos resultaba inconcebible, que llenaban los bolsillos a costa del sueño de tantos ciudadanos por contar con una vivienda digna, que públicamente presentan su depredadora tarea, como un acto de servicio a los “más desfavorecidos”.
Pero hay mucho más.
Resultaría prolijo, cuando no asombroso, hacer un repaso al sórdido mundo de las “onegés”, en donde se produjo un desembarco similar al de la ecología, los consumidores y los vecinos, para desplazar a los religiosos y religiosas, que tradicionalmente se habían ocupado de gestionar el sentimiento cristiano de la “caridad”, para transformarlo en el negocio profesional de la “solidaridad”.
Del misionero pasamos al “oenegero”.
Si nos adentramos críticamente en la farsa de la “cultura”, la tarea de denuncia de todo tipo de saltimbanquis dedicados a la organización de “performances”, “environements”, “teatro dentro del teatro”, “música atonal”, “escultura informal”, “literatura del absurdo”, “poesía automática”, y otras fantasías no menos subvencionables que las ecológicas, las del consumo o las “solidarias”, se podría generar un paro tan atroz en los países occidentales, que caeríamos en la cuenta de que estamos hablando de una auténtica reconversión del negocio de sobrevivir, en una sociedad en la que el “activismo” ha sustituido a la religión, como mecanismo de acceso a un empleo, e incluso, en algunos casos, a la riqueza, con todo su corolario de fanatismo e irracionalidad, que hace innecesario justificar nada, con tal de que haya palabras con las que definir estas nuevas formas de buscarse la vida.
Desde que el mundo es mundo hubo hechiceros que amenazaron con los más terribles castigos a quienes cuestionasen la trascendencia de la superchería hecha profesión.
Al que denuncia este perverso mecanismo se le llama “hijoputa”, aquí en las Áreas Tribales de Paquistan, y ya está. Ya no hay nada más que hablar.
Se trata, al final, de un mecanismo generalizado en un mundo en el que se han derrumbado las ideologías, los espacios vacíos se llenan y la militancia revolucionaria cedió su espacio a los nuevos hechiceros; por eso estas nuevas profesiones se asocian históricamente a la izquierda, y por eso también, su actividad deja un poso de frustración y fracaso, cuando no de estafa pura y dura.
De ahí esa brutal marea de tartufismo desvergonzado, que alienta la creación de empresas ideológicas que explotan los sentimientos más nobles de la gente, para crear una casta burocrática de nuevos chamanes que nada explican, porque nada tienen que explicar, dado que lo inexplicable no tiene explicaciones.
Lo mejor, en tan gruesa marejada, es ir a los ejemplos concretos, que tenemos tan cercanos, para ver su desarrollo en asunto tan serio para todo el mundo, como es el de la salud.
¿Dónde están ahora los “consumidores y los usuarios” para exigir que se aclaren las cuentas de las operaciones inmobiliarias desarrolladas al calor del imparable movimiento especulativo, impulsadas desde la administración con los más absurdos pretextos, siempre revestidos con la retórica de la “solidaridad” y defendidas públicamente con la seriedad del burro?
Un colectivo “de izquierdes”, la Plataforma por un Hospital Necesario, se constituyó en su día, con la insana misión de hundir las cuentas públicas del Principado de Asturias, justificando el derribo del Hospital Psiquiátrico de la Cadellada, para construir sobre sus ruinas un nuevo hospital, con el pretexto de que donde está el que todavía hoy presta sus servicios, había un colapso de las comunicaciones, que los edificios estaban viejos, y que no se podían arreglar, como se hizo en tantos otros sitios donde predominó la razón y el sentido común, sobre la codicia de quienes en Asturias impulsaron esta locura.
A nadie parecía importarle entonces la segura quiebra económica que se produciría inevitablemente a causa de tan desquiciada operación. La prueba de su culpabilidad es su actual silencio, que contrasta con la elocuencia de entonces.
Derribada La Cadellada, y una vez construído el nuevo hospital, estos colectivos “de izquierdes” justificaban que se derribase a su vez todo el complejo sanitario de El Cristo, para que allí se especulase también lo que hiciese falta, sin tener en cuenta que el mercado inmobiliario se saturaría, lo que haría finalmente inviable la operación. Hace mucho ya que los profesionales “de izquierdes” no se asustan ante la especulación. Es un fenómeno natural, siempre y cuando los que tienen que cobrar, cobren su propio cachín.
La quiebra orquestada desde la Cadellada no se va a poder financiar con las “plusvalías” de El Cristo, porque en El Cristo no va a haber plusvalías, porque ya no hay ciudadanos a los que vaciar los bolsillos con estas atroces operaciones. Todos estamos endeudados mucho más allá de los límites que podemos soportar, con lo que no hay compradores para más pisos.
Se acabó. Fin. The End.
Naturalmente, quienes hicieron desde el poder todas esas atroces cuentas, con el impagable auxilio de sus propagandistas “plataformados”, en ningún momento imputan a la quiebra que se está fraguando, los costes de urbanización y comunicaciones del enorme solar generado al lado del nuevo hospital, en el que se encuentran implicadas poderosas empresas -esas no son ni “de izquierdes” ni “de dereches”- que, una vez expropiados los terrenos, y con los costosísimos enlaces que comunicarán la zona en marcha, no se van a resignar a sufrir a su vez una quiebra en sus propias cuentas, ante el derrumbamiento del mercado inmobiliario, por lo que aún sacarán mucho más dinero de todo lo que se ha despilfarrado y malversado hasta el momento, para financiar la conversión de todo lo que allí se construya en “viviendas sociales”, y así evitar la ruina de tan loca operación.
Nuevamente la “solidaridad”, servirá como retórica eficaz para consolidar el latrocinio descarado. Más dinero público a sumar a la magnífica operación del nuevo hospital de La Cadellada. Una vez más salvaremos a los promotores de otra quiebra, invocando el “auxilio social”.
Pero mientras este camino hacia el infierno presupuestario sigue su curso, empiezan a llegar malas noticias. Se acabó la pasta. Madrid no va a dar más, sino menos. Hay crisis económica. Ya no se vende un piso y encima hemos aprobado el Estatuto de Cataluña, y los “de izquierdes” ya llegamos al orgasmo de apoyar a la vez a los que se quieren quedar con más dinero en Cataluña y a los que desde fuera de Cataluña quieren que Cataluña no se quede con ese dinero, como es el caso del no va más de la esquizofrenia ideológica, el simpar Gaspar Llamazares.
Es el momento de preguntarse, invocando el incunable de Vladimir Ilich Ulianov, Lenin: ¿qué hacer?
¿Avanzaremos resignados hacia la catástrofe del sistema sanitario público y contemplaremos felices como se privatiza la sanidad, mientras se habilitan nuevos fondos para financiar los pisos de La Cadellada y El Cristo como “viviendas sociales” mientras a los ciudadanos se niegan las medicinas? ¿Seremos capaces de acptar que se eche la culpa de esta catástrofe a los sueldos de los trabajadores de la sanidad? ¿Asistiremos a un suicido colectivo de los grupos de profesionales “de izquierdes” que han justificado e impulsado este catastrófico estado de cosas?
El caso es que aquí hay necesidades perentorias, y los ciudadanos, que nada saben de la soterrada labor de toda esta caterva, tendrán que defenderse, ante el colapso de los pilares sobre los que se asienta el sistema público que cuida de nuestra salud, nuestra educación, y de las situaciones sociales y familiares de más perentoria solución.
En la Cadellada hay muchas promociones, aparte de Prados de la Vega
La Sanidad catalana, en quiebra técnica, de Alberto Camps en El Confidencial
El Instituto Catalán de la Salud (ICS) se encuentra en una situación de quiebra técnica, que empeorará a consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La resolución obliga a la Generalitat a pagar una cantidad estimada entre setenta y cien millones de euros.
La sentencia, del pasado julio, anula la jubilación anticipada obligatoria impuesta por la Generalitat a unos setecientos médicos, de entre 65 y 70 años no cumplidos. Como la ejecución puede durar años, muchos de los afectados pueden fallecer sin percibir lo que les corresponde, a pesar de la sentencia judicial firme. Fuentes jurídicas informaron a El Confidencial del coste económico indicado, dato hasta ahora desconocido, a pagar por un ICS sin dinero y una Generalitat económicamente disfuncional.
«La sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña siempre nos había dado la razón», señala Lluis Bertrán, jefe los servicios jurídicos del ICS, «pero en enero hubo una sentencia en la sala contencioso administrativa que nos fue desfavorable y que achacaba defectos de forma al plan de jubilación. En julio hubo otra sentencia que anulaba todo el plan por idénticas razones. Hemos interpuesto un recurso de casación contra dicha sentencia ante el Tribunal Supremo. Será el TS ahora quien tenga la última palabra».
El ICS es el organismo de seguridad social de la Generalitat. También es la mayor empresa pública de Cataluña y la que da trabajo a un mayor número de empleados, unos 38.000. Atiende anualmente a 5,5 millones de personas. Ello representa el 83% de los servicios sanitarios catalanes.
El fallo judicial invalida una decisión política que paradójicamente fue acordada para reducir gastos. En efecto, se jubiló de manera forzosa a médicos con complementos de antigüedad que les permitían tener unos sueldos promedio de unos 3.800 euros. Al ser jubilados, pasaban a percibir una pensión de unos 2.300 euros.
Esta diferencia entre salario y jubilación fue la única razón real de la medida tomada por la Generalitat. Esperaba poder contratar facultativos noveles y ahorrarse pagar la antigüedad. Hoy en Cataluña están por cubrir muchas plazas de médico de la sanidad pública, por falta de facultativos. Por tanto, habría setecientas plazas vacantes más, acentuándose el ya brutal empeoramiento de los servicios. En Cataluña no sólo hay listas de espera, sino también listas en las que se espera para que llegue el día de poder entrar en la lista de espera oficial. De esta manera se puede falsear la realidad, al olvidar la lista de espera inicial y oficiosa, declarando lo que no es cierto.
Emigración de médicos a Valencia y Zaragoza
Hay varias razones por las cuales las plazas vacantes no son solicitadas por médicos del resto de España. En Cataluña, los sueldos base de los facultativos son los más bajos de todo el Estado. Ello produce una continua emigración de médicos. En casos es muy notable, como la de Tarragona a Valencia y la de Lérida a Zaragoza. Otra razón consiste en que la Generalidad exige el nivel C, es decir el superior, de conocimiento –escrito y hablado– del catalán. Obliga a pasar un examen que no es nada fácil.
Esta exigencia también es requerida a los médicos de lengua catalana, que pueden haber hablado catalán desde la infancia, pero sin haberlo tener ningún título, como era la norma bajo el franquismo. Un director de un servicio de un hospital público de Barcelona, que toda su vida ha usado preferentemente y muy correctamente esta lengua, manifestó a El Confidencial que “ni tan sólo estoy atento a si se produce una baja de mi nivel en otro hospital público catalán, porque si así fuese debería presentarme a un examen de nivel C de lengua catalana.
Me daría vergüenza tener que examinarme de mi lengua materna, que domino desde niño y que uso todos los días”. La fuente es mayor de 60 años y con una gran trayectoria profesional. Habla un catalán impecable.
Curiosamente, la Generalitat acaba de acordar la contratación de médicos extranjeros – básicamente de la antigua Europa comunista, de Latinoamérica y del Norte de África – a los cuales no se les requerirá ningún conocimiento formal del catalán ni (increíble, pero cierto) del castellano. Ya existen, en la sanidad pública catalana, médicos extranjeros que siempre van acompañados de una persona que les sirve de traductor.
La razón real y determinante de esta última barbaridad consiste en que estos médicos extranjeros, contratados por la seguridad social de la Generalidad, percibirán salarios muy inferiores a los facultativos que gozan de la condición de funcionario o de interino.
¿Por qué la salud es de pago en EE UU?, de Vicenç Navarro en El País
Grandes empresas médicas y farmacéuticas financian las campañas electorales en la gran potencia. Es lo que impide que se realice una reforma sustancial que universalice un sistema público de sanidad
El proceso de las primarias de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos que termina este agosto ha sido presentado por gran número de comentaristas que escriben en las páginas de opinión de medios de información españoles como un indicador de la vitalidad, madurez y calidad democrática de aquel país. Ni que decir tiene que tal proceso ofrece muchas enseñanzas positivas que explican que se haya convertido en un punto de referencia internacional. Varios partidos en España y en Europa han introducido prácticas de gobierno interno claramente inspiradas en las primarias de los partidos mayoritarios estadounidenses.
Ahora bien, en el análisis de aquella experiencia de Estados Unidos hay dos hechos que no reciben suficiente atención crítica. Uno es que el sistema electoral no es proporcional, sino mayoritario. Es decir, el número de escaños que se asignan a un partido no es proporcional al número de votos que recibe. El sistema electoral favorece el bipartidismo, el cual requiere unas primarias que permitan conocer la fuerza de las distintas sensibilidades existentes en cada partido. En un sistema proporcional, tales sensibilidades probablemente serían partidos políticos.
El otro hecho que merece subrayarse y que disminuye la calidad democrática de las primarias (y de cualquier proceso electoral en Estados Unidos) es la financiación primordialmente privada del proceso. Los candidatos requieren grandes cantidades de dinero para tener acceso a los medios de información, de los cuales los medios televisivos son los más importantes. Las televisiones, todas ellas privadas, venden su espacio al mejor postor, sin límites y sin estar sujetas a ningún tipo de regulación en cuanto al contenido, al espacio o al tiempo de exposición.
Así, antes de comenzar la campaña de las primarias del Partido Demócrata, los dos candidatos más importantes, Barack Obama y Hillary Clinton, tenían ya recogidos más de 100 millones de dólares que provenían en gran parte de empresas financieras (como la banca y las compañías de seguros), empresas comerciales (como cadenas de supermercados), empresas manufactureras (como la industria farmacéutica), asociaciones profesionales (como la Asociación Médica Americana) y otros intereses económicos y profesionales (conocidos todos ellos en el lenguaje popular como componentes de lo que se llama en Estados Unidos la Corporate Class). Tales fondos proceden también de aportaciones de personas que pertenecen sobre todo al 40% de renta superior del país. Esta privatización en la financiación del sistema electoral discrimina a aquellos candidatos -en su mayoría voces críticas del sistema económico y político, con sensibilidad de izquierdas o centro-izquierda, tales como Kucinich y Edwards- que no pudieron conseguir fondos de la Corporate Class, y por lo tanto tienen muchas menos posibilidades de acceder al público.
Esta privatización del sistema electoral tiene enormes repercusiones en la configuración de las políticas públicas de los candidatos, incluidas las políticas que configuran el escasamente desarrollado Estado de bienestar. Un ejemplo de ello es la sanidad. El hecho de que los candidatos más importantes en las primarias de ambos partidos recibieran fondos de las compañías de seguros sanitarios privados (525.188 dólares Hillary Clinton, 414.863 Barack Obama y 274.729 John McCain), explica que ninguno de ellos haya propuesto una financiación pública del sistema sanitario que se caracteriza por una financiación privada gestionada por tales compañías de seguros. El aseguramiento privado es la forma más común de financiación de la atención sanitaria y se realiza bien mediante las aportaciones de los empleadores y de los empleados de las empresas a las compañías de seguros (que contratan la provisión de servicios con las instituciones sanitarias mayoritariamente privadas) o bien individualmente, siendo en este último caso difícil conseguir tal aseguramiento cuando la persona tiene una enfermedad crónica. El Gobierno Federal financia el aseguramiento sanitario de los ancianos, cubriendo cerca del 50% de sus gastos sanitarios.
Tal sistema es enormemente costoso. Estados Unidos se gasta un 16% del PIB en sanidad, calculándose que alcanzará el 20% en 10 años. Como contraste, España se gasta el 5,8% del PIB en sanidad pública, ofreciendo cobertura sanitaria completa a todos sus ciudadanos, y garantizando el derecho humano de tener acceso a los servicios sanitarios en tiempo de necesidad, un derecho no existente en aquel país.
Cuarenta y siete millones de habitantes no tienen ninguna cobertura sanitaria y no son suficientemente pobres para beneficiarse del programa federal Medicaid, un programa para personas pobres que es financiado conjuntamente con los Estados, y que atiende a menos del 20% de la población que se llama «indigente médica» (es decir, que no pueden pagar sus facturas médicas), porcentaje que varía de Estado a Estado, pues son los Estados los que definen el nivel de indigencia médica. Según el doctor David Himmelstein, profesor de Health Policy de la Universidad de Harvard, más de 100.000 personas mueren al año por no poder tener acceso a los servicios sanitarios por causas económicas. Esta dificultad para pagar las pólizas de seguros, copagos y facturas médicas es un problema generalizado y alcanza dimensiones de gran dramatismo humano: el 48% de las personas con una enfermedad terminal expresó en una encuesta reciente que estaba preocupado de cómo ellas o sus familiares pagarían sus facturas médicas. La imposibilidad de pagar las facturas médicas es la primera causa de bancarrota de las familias estadounidenses.
No hay duda de que Estados Unidos tiene excelentes centros médicos y la calidad del personal sanitario es elevada. Pero la inseguridad que crea en la población tal sistema de aseguramiento y financiación privada, su gran carestía y su enorme ineficiencia (el 28% del gasto sanitario total lo absorbe la Administración del sistema) es la causa del gran descontento de la población hacia la organización y financiación del sistema sanitario. El 69% de la población está insatisfecha con la financiación de la atención sanitaria (la población estadounidense es la población de la OCDE que está más descontenta con su sistema sanitario), lo cual explica que la reforma sanitaria se haya convertido en uno de los temas más importantes en las campañas de las primarias y presidenciales (para mayor detalle de las propuestas de los candidatos, ver www.vnavarro.org, sección Estados Unidos).
En respuesta a esta insatisfacción, los candidatos están proponiendo políticas públicas que respondan a esta demanda de cambio. En realidad, el 62% de la población desea que el Gobierno Federal garantice el derecho de acceso a los servicios sanitarios a través de una financiación pública, tal como existe en la gran mayoría de países de la UE-15. Pero ninguno de los candidatos está haciendo propuestas que permitan alcanzar tal deseo. Y ello se debe a la enorme influencia que los grupos económicos, financieros y profesionales que dominan el sector tienen en la vida política, como consecuencia de la privatización del sistema electoral. Una influencia de la que la mayoría de la población es consciente y que explica la animadversión que gran parte de la población tiene hacia la clase política (un 74% de la población señala que el Congreso de Estados Unidos no representa sus intereses).
De ahí que todos los candidatos, Obama, Clinton e incluso McCain, se tuvieran que presentar durante las primarias como anti Washington (el centro de la clase política) y anti Corporate Class, siendo Barack Obama el que más se ha beneficiado de este sentimiento popular al haber estado en Washington sólo un par de años y haber expresado su oposición a la intervención en Irak cuando Washington apoyó tal medida. Ahora bien, es altamente improbable que en caso de salir presidente (hecho que favorezco), universalice el derecho de acceso a la sanidad por parte de la población, tal como en la práctica ocurre en España y en la mayoría de países de la UE-15. En realidad, una reforma sustancial de la sanidad y de otros servicios del Estado de bienestar estadounidense no tendrá lugar a no ser que haya un cambio muy profundo del sistema electoral.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, España, y profesor de Políticas Públicas y Sociales en la Johns Hopkins University, Estados Unidos.
Cuando llega el calor, de Francesc de Carreras en La Vanguardia
Estos últimos días la Conselleria de Salut de la Generalitat ha repartido unos abanicos, de cuidado diseño, informando de los riesgos del calor veraniego. Nada más oportuno en estas fechas.
Intento describirles el contenido de estos abanicos. En una de sus caras figura una recomendación genérica en catalán -no sé si hay edición en castellano, aunque me extrañaría, a menos que también hubiera una versión en inglés- que nos aconseja «huir del calor en verano». Sabio consejo. Además, en letra pequeña, se indican algunos peligros del exceso de calor y de la necesidad de acudir, en caso de fiebres, náuseas, pérdidas de conocimiento y otros males a los servicios sanitarios. Advertidos estamos.
En el reverso del abanico están las tres recomendaciones fundamentales: buscar la sombra en la calle, mantener fresca la casa y beber mucha agua. Realmente se trata de ingeniosos consejos que nunca se nos habían ocurrido: siempre íbamos por las aceras de sol sudando la gota gorda sin pensar que en la sombra hacía menos calor, nunca bajábamos las persianas cuando les daba aquel horrible sol de tarde y nos absteníamos durante todo el verano de beber agua. La Generalitat nos ha abierto los ojos: a partir de ahora los veranos serán más frescos aunque haga mucho calor.
Pero estas tres ideas fundamentales de tipo general se detallan con medidas más concretas que hasta ahora tampoco se nos habían ocurrido. Se nos recomienda que bebamos también zumos de frutas, no bebidas alcohólicas: por tanto, no más cervezas, ni gin-tónics, ni tinto de verano. Además, también gracias al abanico, nos enteramos de que hay que evitar salir a la calle al mediodía, cuando aprieta la calor, ponernos una gorra o un sombrero para prevenir las insolaciones, ir vestido con ropa ligera. Abstenerse, por tanto, de jerséis de lana y otra ropa de invierno. Por último, la Generalitat nos aconseja bajar las persianas cuando el sol dé en nuestras ventanas y refrescar el ambiente con ventiladores o aire acondicionado. No obstante, en el supuesto de que no dispongamos de este último artefacto, se sugiere en el abanico que pasemos, como mínimo, dos horas al día – ni un minuto menos- en lugares climatizados como son los centros comerciales, los casals (?) o los cines. Como seguramente, gracias a la efectividad de estos consejos, estos lugares estarán abarrotados durante todo el verano, yo les recomiendo que no acudan a ellos, ya que las aglomeraciones, además de calor, dan agobio, y como la Conselleria de Salut no ha repartido todavía un abanico para hacer frente al agobio, aún no sabemos cómo combatirlo.
Ignoramos si para confeccionar estos abanicos se encargó un informe externo, una parte de aquel paquete que costó 32 millones de euros al contribuyente. En cambio sí sabemos, según una encuesta oficial reciente, que el descontento con los políticos va en aumento. No nos extraña.
Sanidad y ladrillos, de Moncho Alpuente en El País de Madrid
Un banco es un lugar en el que te prestan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Este impecable axioma de la ley de Murphy me viene a la cabeza mientras leo un dossier preparado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) sobre los nuevos hospitales y los nuevos convenios sanitarios de la Comunidad. El Gobierno del PP -informan- ha aprobado introducir la gestión privada en todos los hospitales y centros sanitarios públicos. Los enfermos ya no serán pacientes, aunque necesitarán grandes dosis de esa virtud heroica, sino clientes, y ya se sabe que para las empresas privadas hay clientes que no se quieren ver ni en radiografía; enfermos crónicos y personas mayores generan más gastos que beneficios, y los beneficios son la única razón de ser de estas empresas. El paraguas de la sanidad pública ya estaba agujereado, aunque muchos de sus agujeros habían sido creados o ampliados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, para vender, y vendernos, al mejor postor, su nuevo modelo sanitario.
En la cabecera del informe de la CAS figura el falso cartel de una falsa película titulada Piratas de la Sanidad Pública, protagonizada por Esperanza Aguirre, que aparece acompañada por el renegado Lamela y el constructor Florentino Pérez. Cambios de última hora sustituyeron a Lamela, el que tomó al abordaje el Severo Ochoa, por Güemes, mucho más fotogénico. La presencia del galáctico Pérez no es gratuita; nada sale gratis cuando se trata con estos tiburones de aguas cálidas. Al olor de la sangre, estos escualos, a la desbandada por la explosión de la burbuja del ladrillo, se ceban ahora en la depauperada salud pública, construyen hospitales y los gestionan con indisimulado afán de lucro. Están en su derecho, derecho que les concedió la ley estatal 15/97, votada por todos los grupos parlamentarios salvo IU y BNG. El pasado 21 de mayo, Izquierda Unida presentó ante la mesa del Congreso una proposición de ley que impediría la cesión de centros y servicios sanitarios a empresas con ánimo de lucro. Pero los zorros ya están a cargo del gallinero y se resistirán a ser desalojados.
Sabedores de que el cazadero inmobiliario que esquilmaban a conciencia, mala conciencia, estaba a punto de agotarse, los babélicos constructores de imperios de hormigón cambiaron ladrillos por enfermos y urbanizaciones por hospitales, y se supone que tratarán el nuevo negocio con la misma sensibilidad con la que trataron el anterior, una sensibilidad de cemento armado. Empresas como Dragados, Sacyr, Acciona, Begar-Ploder, FCC-C Madrid, Hispánica o Apax Partners edifican nuevos hospitales y gestionan los antiguos. En Aranjuez, Coslada, Vallecas, Arganda, Coslada, Valdemoro, Parla o Majadahonda, la Comunidad de Madrid ha hipotecado, con una auténtica hipoteca basura, la salud de los madrileños durante los próximos 30 años. Durante ese tiempo, los madrileños pagaremos el alquiler de los hospitales privados, privados de camas, de pruebas diagnósticas que vayan más allá del saque usted la lengua y hasta de papel higiénico. Si está usted buscando una oportunidad para morirse en Madrid, hágalo ahora, después le resultará mucho más incómodo, caro y doloroso. Sigo leyendo el dossier de la CAS y me corrijo: en el caso de pacientes privados o de otras áreas, no se limitará el acceso a pruebas diagnósticas o intervenciones, sino todo lo contrario, con el fin de aumentar los beneficios.
Las camas han vuelto a los pasillos del hospital público La Paz, titulaba este diario ayer. Con el nuevo modelo sanitario madrileño, las camas desaparecerán probablemente de los pasillos, y de las habitaciones, también, pero se supone que las de los pasillos las quitarán antes cuando reduzcan, como está previsto, el número de camas por habitante para optimizar el servicio. Una optimización perfecta era la que mostraba la película Cuando el destino nos alcance. En el filme, a los ancianos que se presentaban como candidatos a la muerte voluntaria les ofrecían un placentero viaje virtual de despedida antes de reciclar sus cuerpos en proteínas para alimentar a una humanidad desnutrida y famélica. Sólo una minoría de privilegiados, la de los gestores del sistema, vivía en mejores condiciones. Pero al menos, en el filme, la que gestionaba la muerte y el reciclado era una empresa pública.
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