Reggio’s Weblog

Financiación y cultura federal, de Juan José Solozabal en El País

Posted in Derechos, Economía, Política by reggio on 19 agosto, 2008

No caracteriza a los Estados compuestos, se trate del sistema federal o hablemos de nuestro Estado de las autonomías, la ausencia de problemas, incluso podríamos decir que los mismos les son consustanciales. Son sin duda formas políticas difíciles, alejadas del simplismo del Estado unitario, en el que las unidades administrativas que lo integran se limitan a llevar a efecto decisiones tomadas desde el centro.

En el Estado federal se impone en cambio la necesidad de acuerdos y su adopción es consecuencia de fatigosas negociaciones entre el Estado común y los elementos territoriales, exigiéndose una disposición en todas las partes, para la cesión y la transigencia, esto es, flexibilidad y diálogo. A esta sensibilidad política superior, más sofisticada, solemos llamarla cultura federal y en resumidas cuentas coincide con la aspiración a que ni las instituciones territoriales ni el Estado común olviden en su actividad los intereses respectivos y su integración en la misma unidad política.

En este contexto extraña un poco la sobreactuación o los tintes en que se escenifica la disputa sobre la financiación catalana. Tal vez no se corresponde con la cultura federal a que aludíamos la presentación dramática, casi existencial, llamando a rebato a todas las fuerzas políticas de la Comunidad, de dicha cuestión de las finanzas, importante, pero respecto de la que cabe, supongo, la discrepancia. En el sistema federal no hay lugar para la presentación de los conflictos de modo “agónico”, como si fueran expresión de choques identitarios o nacionalistas, pues lo normal es, como decíamos, la diferencia, no la coincidencia o el acuerdo de partida.

De manera que hay que pedir al Gobierno catalán de José Montilla que repase sus convicciones federales y que no descomponga el gesto. Habrá que negociar, presentar las propias razones, que sin duda son muchas, integrarlas con las que aleguen los demás, tal vez no tan sólidas ni fundadas, pero que cierto peso tendrán. Todas las razones, también las nuestras, suelen ser algo débiles, a las que, como decía Camus, “les falta algo”. Lo importante es no perderlas, por ejemplo, a través de una defensa desaforada o exagerada.

Pero la escenificación algo desafortunada de esta crisis tiene que ver, también, con otros dos problemas, que trascienden el olvido federal de los socialistas catalanes. El primero se refiere a la inserción de mecanismos confederales en nuestro Estado autonómico, sobre todo a partir de las nuevas reformas estatutarias. Conviene decir que tales expedientes, comenzando por el más obvio de los mismos, que es el bilateralismo en las relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Estado, tienen sentido especialmente en el campo político, pero deben ser integrados en lo posible, como constitutivos de una fase previa, en la actuación de mecanismos multilaterales, hablemos de las Conferencias sectoriales o el Senado, que son los instrumentos básicos de articulación del Estado autonómico.

Es muy importante conservar las estructuras institucionales que dan operatividad al sistema autonómico, conteniendo en su justa dimensión sus elementos centrífugos.

El Estado autonómico no puede convertirse, sin arriesgarse a la atrofia, en un sistema incapaz, si no es a través de largos vericuetos y la repetición de negociaciones sin cuento con cada uno de sus integrantes, de adoptar las decisiones que toda unidad política requiere.

En último lugar, pero en una dimensión más profunda, lo que la actual crisis pone de manifiesto es la deplorable ausencia, a estas alturas, de una sentencia sobre el Estatuto catalán.

Los sistemas compuestos requieren precisamente para resolver la conflictividad en que se mueven de reglas fijas establecidas de antemano que determinen el espacio competencial al que tanto el centro como los Estados o Comunidades Autónomas han de atenerse.

Ese canon constitucional no existe en toda su plenitud hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva sobre el Estatuto recurrido. Sería bueno que esta posición la asumiesen todos y que se actuase con la debida prudencia entretanto.

Ocurre por ejemplo que no sabemos qué sentido constitucional puede tener una cláusula estatutaria que impone una fecha para la consecución de un acuerdo sobre el sistema de financiación, aunque en materia de plazos el reproche habría de extenderse a algún otro supuesto, que no es el catalán, por ejemplo, en relación con la caducidad de trasvases.

Convendría saber que la Constitución, por contra, no exige siempre la eficacia inmediata de sus disposiciones, que condiciona a la actuación del legislador, que incluso puede no producirse.

Además, estamos hablando de un precepto estatutario, la Disposición final primera a que nos referimos, que no se limita a exigir del Estado una actitud de respeto en relación con su contenido, lo cual sin duda es plenamente constitucional, sino, más discutiblemente en una norma como es el Estatuto, cuyo sentido es la organización del autogobierno propio, la obligación de determinada conducta, consistente en alcanzar un acuerdo sobre los criterios de financiación en la Comisión mixta Estado-Generalitat correspondiente.

En cualquier caso el nuevo Estatuto catalán, al menos, requiere una lectura que lo incorpore con toda claridad en el orden constitucional, orden que como recordó oportunamente Pedro Solbes, está integrado también por los Estatutos de autonomía, pero presidido por la Constitución.

Esta lectura constitucional del Estatuto, explícita y clara, es la que esperamos del Tribunal en su correspondiente sentencia y que, en este momento del conflicto de la financiación catalana, echamos de menos.

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional UAM.

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Amigos, jueces y escorpiones, de Pablo Salvador Coderch en El País

Posted in Derechos, Política by reggio on 19 agosto, 2008

La independencia judicial funciona mejor en Estados Unidos que en España. Allí las instituciones son más fuertes, el cargo de magistrado del Supremo es vitalicio y no hay amiguismo que valga

El mejor de mis amigos” puede ser una máxima tolerable para la formación de un gobierno o de un tribunal. “Mi mejor amigo” jamás lo es. Uno concibe que quien manda y ejerce consecuentemente su poder designando jueces o magistrados no vaya a buscar candidatos entre los amigos de sus adversarios, pero es insufrible limitar la búsqueda a un círculo tan estrecho como el trazado únicamente por la intensidad de la amistad, sin parar mientes en ninguna otra cualidad.

Pero estas cosas ocurren: en Estados Unidos de América, la Administración Bush intentó, en 2005, nombrar a una abogada, muy amiga y leal servidora del propio presidente, Harriet Miers, como magistrada del Tribunal Supremo federal; pero el Senado, que debía confirmar el nombramiento, dejó muy claro que no lo iba a hacer y Miers se retiró.

En la actualidad, siete de los nueve miembros de aquel Tribunal fueron nombrados por presidentes republicanos, lo cual haría de esperar una línea de decisiones muy escorada del lado conservador. Pero la magia del buen diseño institucional ha impedido que la Administración Bush cuente con mayorías garantizadas en el máximo órgano judicial del país. Y es que la gente es más o menos amiga, pero sobre todo, no suele ser tonta ni indecente y como allí el cargo es vitalicio, una vez alguien medianamente dotado lo ocupa, vuela por su cuenta y puede alcanzar una cabal independencia de juicio. Así, un magistrado como David H. Souter (1939), nombrado en 1990 por Bush padre y confirmado en el Senado contra el voto de senadores de rancio liberalismo, como Ted Kennedy y John Kerry, decepcionó a sus padrinos y se convirtió en el adalid de las causas más genuinamente progresistas. La independencia existe. Otro caso similar de nuestros días es el del magistrado Anthony Kennedy (1936), nombrado en 1988 por Reagan y que suele emitir el voto decisivo (swing vote), moderado y sensato, en un Tribunal, dividido formalmente entre cuatro conservadores y cuatro liberales.

Kennedy ha sido ponente de uno de los casos de este año judicial, Boumedienne contra Bush, decidido en junio, una sentencia que ha devuelto la fe en la independencia de la Justicia, la única cualidad que me interesa resaltar hoy en un juez. Este pleito es el cuarto que ha resuelto el Tribunal sobre los “combatientes enemigos”, prisioneros en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo -territorio cubano cedido a perpetuidad a los Estados Unidos tras la Guerra con España-. La cuestión planteada ante el Tribunal era “si unos extranjeros aprehendidos y detenidos en países lejanos durante un tiempo de amenazas serias para la seguridad de la Nación, tenían derecho al privilegio constitucional del Hábeas corpus, es decir, el derecho a ser puestos a disposición de la autoridad judicial y bajo su tutela”.

Kennedy respondió afirmativamente y dio el voto de la mayoría a sus cuatro colegas, quienes pensaban que, hasta los talibanes de Al Qaeda, si están retenidos en territorio sobre el cual Estados Unidos ejerce soberanía de hecho, tienen derecho a ver revisada su situación por un juez independiente. Guantánamo, escribió, no es ningún limbo jurídico, ningún territorio ajeno a toda legalidad: Cuba retiene una soberanía puramente simbólica sobre la Bahía de Guantánamo y si allí rige algún derecho, éste ha de ser el norteamericano. Pero entonces, la Constitución, que atribuye al presidente y al Congreso el poder de ocupar un territorio o el de abandonarlo, no les otorga el decidir qué parte de la Constitución misma es aplicable allí y cuál no lo es, a gusto del ocupante.

En respuesta a un caso anterior, el Congreso, en 2005, había establecido unos “Tribunales de revisión del estatus de combatiente” (Combattant Status Review Tribunals, CSRT) para los detenidos en Guantánamo, pero Kennedy sostiene que estos tribunales no tienen de tales mucho más que el nombre: no permiten al acusado elegir su propio abogado -de hecho ni siquiera tiene abogado, sino un “representante personal” nombrado por sus acusadores-; no le autorizan tampoco a presentar ni a rebatir testimonios, pues la acusación puede sustanciarse con testimonios de segunda mano -pseudotestigos que no vieron u oyeron los hechos que basan la imputación, sino que sólo oyeron decir a alguien que el acusado es enemigo-; en apelación, no se le permite revisar pruebas distintas de las presentadas en la primera instancia; no se da acceso al acusado a información clasificada. No hay, en suma, revisión judicial independiente, sino simple certificación de lo ya resuelto. Pero un juez no es ningún funcionario; ni una actuación judicial, un procedimiento administrativo sumario.

El riesgo de error es, vistos su probabilidad y el daño resultante, demasiado grande: en algunos casos, los detenidos han estado presos durante seis años sin supervisión judicial y el gobierno no ha presentado pruebas suficientes que justifiquen la exclusión del Hábeas corpus. Si el Congreso, es decir, el legislador quiere suspender, por razones de seguridad nacional, el privilegio de la puesta a disposición judicial de una clase de detenidos deberá, concluye Kennedy, debatirlo expresamente y aprobarlo así en una ley formal.

Los cuatro magistrados discrepantes pusieron el dedo en la llaga del liberalismo legalista de Kennedy: “la muy peligrosa misión asignada a nuestras tropas [en Irak y Afganistán] es combatir a los terroristas, no entregar citaciones judiciales”, escribió, punzante, John Roberts, presidente del Tribunal, añadiendo: “No sé de ni un solo caso en el cual a ningún detenido en la situación de los recurrentes le haya sido suministrada información clasificada de ningún tipo”.

Un poco más abajo, tronaba su disenso enojado el juez Scalia, el magistrado más sólidamente conservador y epigramático del Tribunal: “hoy, por primera vez en nuestra historia, este tribunal confiere un derecho constitucional a enemigos extranjeros, detenidos en el extranjero por nuestras fuerzas armadas durante una guerra. (…) Al menos 30 de los prisioneros de Guantánamo luego liberados han vuelto al campo de batalla y algunos de ellos han conseguido continuar con sus atrocidades contra civiles inocentes. (…) De entre los más de 400.000 prisioneros internados en suelo americano durante la Segunda Guerra Mundial, ni uno solo vio su detención validada por un juez federal. (…) Esta nación vivirá para arrepentirse de lo que el Tribunal ha hecho hoy”, concluye Scalia, para cerrar con un seco “Disiento” -sin añadir el adverbio al uso, “respetuosamente”-. Deja así muy claro que, en este caso, la colegialidad histórica entre magistrados vivos y muertos se ha roto. El clima recuerda la descripción vívida del Tribunal que diera uno de sus miembros más conspicuos, Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-1935): “Nueve escorpiones en una botella”. Lamentable.

En nuestro país, sus instituciones son mucho menos fuertes que en Estados Unidos: aquí, suele bastar con ganar las elecciones generales con cierta holgura para asegurarse, además del control del gobierno, el del Parlamento, mucha mano en el poder judicial y bastante en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el zarandeo de que ha sido objeto el Tribunal Constitucional español durante los últimos años, la parálisis de un organismo institucionalmente mediocre, como es el Consejo General del Poder Judicial, el abuso de la legislación simbólica y la crispación verbal de la vida política sugieren que debemos prestar casi todo el apoyo del mundo al consenso en pro de la regeneración de la independencia judicial. En esto, como en casi todo en política, hay dos posiciones extremas: los mejores de entre los conservadores piensan con razones de peso que los jueces deben ser algo así como árbitros, ciegos a los colores de los jugadores, ajenos a sus intenciones y atentos únicamente a su juego. Los mejores de entre los progresistas suelen sostener que la judicatura no es más que otra arena en la cual se dirimen los valores y cuestiones de la Justicia y que el juez es una especie de adelantado, de emprendedor legal. En medio, acaso, nos situamos la mayoría de los ciudadanos, quienes caemos en la simpleza de ansiar que los jueces apliquen la ley si es clara, decidan con humanidad y sentido común si no lo es y que, al hacerlo, se olviden de su mejor amigo.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil.

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Guerra en Georgia, de Pascal Boniface en La Vanguardia

Posted in Internacional, Política by reggio on 19 agosto, 2008

La mayoría de comentarios de los medios de comunicación occidentales sobre el conflicto que opone Georgia a Rusia a propósito de Osetia del Sur dibujan un enfrentamiento desigual entre una gran potencia y un pequeño país democrático que merece una respuesta solidaria.

Las cosas son seguramente un poco más complicadas, más allá de la valoración del carácter del régimen georgiano.

Si bien es verdad que desde hace tres o cuatro años se asiste a un regreso con brío de Rusia a la escena internacional y Moscú emplea crecientemente un lenguaje de fuerza, es realmente Georgia la que tomó la iniciativa de desencadenar las hostilidades lanzando un ataque contra los separatistas osetios el mismo día de la apertura de los Juegos Olímpicos.

El presidente Saakashvili ha cometido un grave error de análisis. Ciertamente se las ha arreglado para consolidar su poder interno galvanizando la unión nacional. Sin embargo, ¿esperaba que Moscú no reaccionara? ¿Confiaba en que en caso contrario contaría con un respaldo firme de sus aliados occidentales, con Estados Unidos a la cabeza? ¿Quería obligar a Washington a actuar a su pesar aprovechando los últimos meses de la presencia de George W. Bush en la Casa Blanca?

No era menester ser un gran experto para saber que el Kremlin no se sentiría suficientemente impresionado por la tregua olímpica como para permitir que las fuerzas georgianas reconquistaran Osetia: habría sido una enorme confesión de debilidad que el nuevo presidente Medvedev no podía ni quería permitirse. Rusia había lanzado advertencias suficientemente numerosas como para disipar cualquier ilusión o espejismo. La correlación de fuerzas militares se inclina indiscutiblemente en favor de Moscú, sabiamente consciente de que en el peor de los casos los países occidentales respaldarán moralmente a Tiflis pero evitarán cuidadosamente involucrarse directamente en el plano militar, postura que les enfrentaría a Rusia.

Lo más previsible, en consecuencia, es que el control directo de Rusia o bien por aliados interpuestos sobre Osetia o sobre la otra región separatista georgiana Abjasia se reforzará especialmente. Cabe preguntarse si el gesto irreflexivo del presidente Saakashvili anuncia el final de las esperanzas de ver restablecida la soberanía georgiana en estos territorios. Los países occidentales alegarán indudablemente la necesidad de respetar la integridad territorial de Georgia. Pero, aparte de que no disponen de instrumento específico alguno para imponerla a Rusia, esta última cuidará de recordar en todo momento que tal principio no se juzgó sacrosanto en el caso de Serbia cuando la mayoría de ellos reconocieron la independencia de Kosovo.

Georgia puede asimismo ir arrinconando su sueño de ser admitida en el seno de la OTAN. Desde luego, podrá afirmar que la amenaza rusa que invoca desde hace mucho tiempo para justificar el ingreso en la Alianza Atlántica ha resultado ser muy tangible. Sin embargo, mediante su iniciativa el presidente georgiano no ha incrementado indudablemente los deseos de algunos países miembros de la Alianza de admitir en su seno a un país capaz de desencadenar un conflicto armado con Rusia.

La guerra ha regresado aparatosamente a Europa. No obstante, y aunque lo peor no debe descartarse nunca, este conflicto debería poder solucionarse a través de una mediación internacional plausiblemente en términos mucho más próximos a los deseados por Moscú que por Tiflis. Los rusos no han desdeñado la oportunidad de mostrar a las claras que su declive estratégico de los años noventa (mientras asistían impotentes a las sucesivas ampliaciones de la OTAN y a la guerra de Kosovo) ha terminado. Ya no están a la defensiva en ese plano estratégico y rechazan los razonamientos morales que califican de geometría variable de los occidentales.

PASCAL BONIFACE, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París.

Traducción: José María Puig de la Bellacasa

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Mis amigos eslovenos, de Joan Puigcercós i Boixassa en La Vanguardia

Posted in Derechos, Política by reggio on 19 agosto, 2008

TRIBUNA

He vuelto a Eslovenia dieciséis años después. Estuve en 1991 cuando declaró su independencia y un año después en plena constitución y desarrollo del nuevo Estado. Recuerdo que, en aquel momento, mis amistades eslovenas mostraban una mezcla de indiferencia e incertidumbre sobre el proceso. Hoy, pasada casi una generación, admiten que fue la mejor solución. Eslovenia no sólo accedió a la UE con buena nota -tuvo la presidencia de turno antes que Francia-, sino que se ha situado en el grupo de los que más crecen. Mis amigos asumen que al final el debate es más racional que simbólico, la soberanía de las decisiones de cada uno, frente al simbolismo de lo identitario. Desde Liubliana, y con el prisma racional que los eslovenos aplicaron en su proceso de independencia, uno no puede dejar de ver con desasosiego el debate en que catalanes y españoles nos estamos enzarzando con la financiación y el desarrollo estatutario. Desasosiego y desapego porque cuando hablamos de financiación, hablamos de cifras, inversiones, balanzas fiscales, déficit fiscal, fondos de suficiencia, recaudación… y podría seguir hasta aburrir. Un debate racional y cuantificable. Lejos de cuando discutimos sobre identidad, derechos históricos o lengua. Así fue con el Estatut y parece que el Gobierno y los partidos españoles se empeñan otra vez en situar el debate en estas coordenadas. Un debate racional sobre lo que valen todas las competencias que en estos últimos años el Estado ha generalizado a todas las comunidades autónomas, como por ejemplo la sanidad, no puede ser tratado por determinados voceros del nacionalismo español como una afrenta a la democracia y a la equidad. ¿Por qué tanta tensión?

Pues porque cada vez que todos los partidos catalanes (esta vez parece que va en serio y si falla ya les advierto que no será por ERC) se ponen de acuerdo y se arrastra favorablemente a la sociedad civil organizada, en Madrid lo interpretan como una laminación de su soberanía. A este debate se suma un nuevo elemento, el cambio de postura de los socialistas catalanes, que han optado por asumir sus responsabilidades de gobierno por encima de su relación con el PSOE. Al final la reacción amenazadora de una persona racional como es la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, sólo se explica porque en el fondo, por muy crematístico y materialista que parezca, estamos hablando de soberanía, fiscal en este caso, pero soberanía al fin y al cabo. Como decían algunos de mis amigos eslovenos, que en su momento vivieron con frialdad más germánica que eslava su proceso de independencia, se ha acabado aquello de que “Belgrado hacía la ley, Zagreb la interpretaba y Liubliana la pagaba”, ¿les suena? Sustituyan las capitales balcánicas por este orden y verán: Madrid, Sevilla y Barcelona. Se trata de soberanía aunque sea sólo fiscal. De ahí el recelo y la campaña que truena y tronará más en otoño.

Joan Puigcercós i Boixassa. Presidente de Esquerra Republicana de Catalunya.

Derrotar a ETA, de Ignacio Cosidó en El Mundo

Posted in Derechos, Política by reggio on 19 agosto, 2008

TRIBUNA LIBRE

La banda terrorista volvió a sembrar el miedo el domingo con tres bombas en Málaga. Para acabar con nuestra peor lacra, el autor pide el esfuerzo de toda la sociedad

La derrota de ETA es la gran asignatura pendiente de la democracia española. En los últimos cuatro años hemos perdido una oportunidad histórica para superar este desafío. Si en la pasada legislatura el Gobierno de Zapatero hubiera aumentado la presión policial, política y social contra los terroristas, en vez de optar por el atajo de una negociación con los asesinos, es muy probable que ETA se encontrara hoy al borde mismo de su extinción, si no completamente extinguida. En cualquier caso, tras el fracaso de ese proceso negociador tenemos ahora una nueva oportunidad para consumar la anhelada victoria de la democracia sobre el terror.

Es cierto que ETA, como ha hecho siempre, aprovechó su falsa tregua para rearmarse y reorganizarse, mientras el Gobierno nos aseguraba la inequívoca voluntad de paz de los terroristas. Es verdad que los asesinos utilizan ahora el fracaso de esa negociación política como una coartada ante sus fieles para seguir matando y sembrando el terror, como volvieron a hacer este domingo con las tres bombas de Málaga. Lamentablemente, ETA salió de aquel proceso con una renovada voluntad y capacidad de hacer daño, y habiendo recuperado espacios de poder en las instituciones vascas que facilitan su acción criminal.

Es más, el atentado contra la Casa-cuartel de Legutiano supuso un salto en la carrera criminal de la banda terrorista. Hacía casi una década que ETA no realizaba un atentado de esta naturaleza, una acción que nos retrotrae a las páginas más negras del largo historial asesino de la banda. El objetivo, parcialmente frustrado, de los terroristas era provocar una masacre en la que podían haber muerto familias enteras de guardias civiles. Y, por desgracia, eso es lo que ETA va a seguir intentando, como se desprende de sus últimos comunicados o de su campaña veraniega, sembrando de artefactos explosivos numerosas playas de nuestro litoral.

Pero nada de esto significa que ETA no pueda ser derrotada. La eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en los últimos meses han protagonizado importantes operaciones contra la banda, ha debilitado enormemente la estructura criminal de la organización. La cada vez más intensa cooperación de Francia hace que los terroristas tengan crecientes problemas en su tradicional retaguardia, aunque las últimas informaciones señalen que pueden haber encontrado otros países más lejanos donde cobijarse y adiestrarse. Hay una condena unánime del terrorismo de ETA por parte de los partidos democráticos y de la sociedad española en su conjunto, como puso de manifiesto la reacción al último asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel.

Lograr la derrota de ETA exige, sin embargo, recuperar la determinación política de derrotarla, movilizar a la sociedad en torno a ese objetivo, volver a situar a las víctimas del terrorismo a la vanguardia de esa movilización, expulsar cuanto antes a los terroristas y sus cómplices de todas las instituciones democráticas y fortalecer el Estado de Derecho para combatir aún con mayor eficacia esta amenaza.

La primera condición para lograr la derrota de ETA es que los terroristas pierdan toda esperanza de poder alcanzar ventaja alguna por su acción criminal. Para ello es imprescindible cercenar definitivamente cualquier posibilidad de negociación con los asesinos. Porque mientras ETA exista, cualquier negociación será un chantaje inadmisible en términos democráticos, y si ya ha sido derrotada, la negociación resulta entonces innecesaria.

Tras el fracaso de su negociación, el Gobierno ha comenzado esta nueva legislatura proclamando ahora que busca la derrota de la banda. Sin embargo, el líder de su partido en el País Vasco, Patxi López, sigue defendiendo de forma persistente la fórmula de «un final dialogado de la violencia». El ministro del Interior no quiso contradecirlo en el Congreso de los Diputados, a pesar de que yo mismo le insté dos veces a hacerlo. El Gobierno se niega, además, a reconocer que su proceso de negociación de la pasada legislatura constituya error alguno, lo que implícitamente significa que en circunstancias similares volvería a actuar igual.

Hay también un déficit de credibilidad en los actores que deben protagonizar este cambio de política. ¿Cómo es posible que pueda tener la confianza de los ciudadanos como principal responsable de la lucha contra ETA el mismo ministro que negoció con la banda? ¿Cómo es posible que pueda garantizar que se exigirá la más estricta aplicación de la ley el mismo fiscal general que pedía adaptar la ley al proceso de negociación con los asesinos? Y, ¿cómo es posible confiar en que la Justicia estará en buenas manos cuando su ministro es el mismo que decía que se ilegalizaría o no a los cómplices políticos de los terroristas según conviniera a la jugada? La posibilidad de una negociación alimenta sin duda la esperanza de los terroristas de alcanzar sus objetivos. Resulta por tanto imprescindible que el Gobierno rectifique su política de apaciguamiento con mayor claridad y que los hechos respalden sus palabras.

Un segundo requerimiento para la derrota del terrorismo es la unidad política, una unidad que sólo puede lograrse en la medida que exista previamente un objetivo común. El problema es que no todos los partidos en España comparten el objetivo de la derrota de ETA, aunque todos deseen el final de ETA. Así, los partidos nacionalistas desean la desaparición de ETA como organización terrorista, pero no quieren ver derrotados los objetivos políticos que persigue la banda a través de su acción criminal porque algunos de esos objetivos les son comunes.

Por su parte, el PSOE está tratando de buscar un espacio intermedio entre quienes buscamos la derrota policial y judicial de ETA y quienes consideran que es necesaria una nueva negociación política que dé solución al conflicto político del que el terrorismo sería consecuencia y no causa. El problema es que ese espacio intermedio no existe en realidad. Zapatero tendrá que decidir en algún momento si prefiere mantenerse unido al PP para lograr la derrota -para lo que le volvió a tender la mano Mariano Rajoy en su encuentro de finales de julio en La Moncloa- u opta por un final dialogado, con el apoyo de otros partidos minoritarios.

Tan importante como la unidad política es la movilización social. La presión política y social sobre los terroristas sólo puede sostenerse sobre la base de una sociedad con una firme determinación de victoria y que mantenga su cohesión y su capacidad de movilización democrática como mejor antídoto ante la amenaza del terror. Esta movilización es incompatible con la estrategia de ocultar o ignorar el terrorismo que tanto practicó el nacionalismo vasco en el pasado y el propio Zapatero durante su proceso de negociación.

En esta movilización es esencial el papel de las víctimas, como vanguardia en nuestra lucha por la libertad. La división generada entre ellas y las ofensas que recibieron durante los últimos cuatro años fueron, sin duda, las consecuencias más tristes del fallido proceso de negociación con ETA. Es imprescindible que el Gobierno recupere la confianza plena de las víctimas en su política antiterrorista y que todos trabajemos por defender su dignidad como el mayor tesoro de nuestra joven democracia. La nueva Ley de atención integral a las víctimas, comprometida desde la legislatura anterior, debería ser un buen punto de partida para lograr este objetivo.

El paso más urgente para derrotar a ETA es, sin embargo, expulsar a los representantes políticos de los terroristas de las instituciones democráticas del País Vasco, donde jamás debieron haber regresado. Es imposible que la democracia pueda vencer al terror si dejamos que los asesinos utilicen las propias instituciones democráticas al servicio de sus fines criminales y totalitarios. Soy consciente de la dificultad que tiene expulsar ahora a los cómplices políticos de los asesinos del Parlamento Vasco y de los ayuntamientos de Euskadi y Navarra -de hecho, advertimos reiteradamente al Gobierno y al Fiscal General de su falta de diligencia para haberlo impedido-, pero ahora debemos utilizar hasta el último recurso de nuestro Estado de Derecho para que quienes pretenden asesinarnos no puedan hacerlo al menos con nuestros impuestos.

Es el momento para la derrota definitiva de ETA. Y para ello tenemos que recuperar el tiempo perdido en los últimos cuatro años. En ese camino, el Partido Popular no sólo tiene la voluntad de acompañar lealmente al Gobierno, sino de tirar de él en el caso de que le flaqueen las fuerzas.

Ignacio Cosidó es diputado y portavoz de Interior del Partido Popular.

© Mundinteractivos, S.A.

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Nadal, orgullo de ser español, de Luis María Anson en El Mundo

Posted in General by reggio on 19 agosto, 2008

CANELA FINA

Con lágrimas en los ojos, envuelto en la bandera de España, junto a Su Majestad la Reina, Rafael Nadal declaraba ante las cámaras de Televisión Española, cuyos profesionales, por cierto, están haciendo un excepcional trabajo en Pekín:

– En los torneos del gran slam o los master series es una satisfacción vencer como español. Pero en los Juegos Olímpicos he representado a España y he ganado para mi país una medalla de oro. Eso es una doble satisfacción.

Sin patrioterismos, sin memeces, sin aldeanismos nacionalistas, Rafael Nadal ha expresado con sencillez el sentimiento profundo que le embargaba a él y con él a todos los españoles. Bueno, a todos no, habrá que exceptuar a Carod-Rovira y a otros dirigentes del mismo pelaje que deseaban la victoria del chileno, al que Nadal, por cierto, hizo cachizas. A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère. No, estas palabras no están escritas por Manuel Fraga Iribarne ni por Alfonso Ussía, sino por Voltaire. Para todos los bien nacidos la patria es querida. Porque, como afirmó Cánovas del Castillo en el Congreso de los Diputados, «con la patria se está, con razón y sin razón, en todas las ocasiones y en todos los momentos de la vida, como se está con el padre, con la madre, con la familia, con todo aquello que es el complemento de nuestra personalidad».

La frontera entre el patriotismo y el patrioterismo es muy delgada. Todo lo que en mí suscita admiración y emoción ante el discreto patriotismo de Rafael Nadal me produciría repugnancia si hubiera caído en el patrioterismo. El campeón español ha dicho las palabras justas en el momento preciso y contuvo la emoción cuando sobre el himno nacional se izaba la bandera roja y gualda. Todo un ejemplo frente a los rebuznos de ciertos nacionalistas de palabra tórpida y casposa escritura.

El partido comunista sigue mandando en China pero sobre un sistema agriamente capitalista. Los dirigentes amarillos saben que los éxitos en el deporte robustecen la unidad nacional y contribuyen al prestigio exterior. Han preparado los Juegos Olímpicos de forma magistral, convirtiéndose deportivamente en la primera nación del mundo.

En España, el plan ADO, que puso en marcha Ferrer Salat y que nos proporcionó el gran éxito de Barcelona 92, se ha cuarteado demasiado y convendría, pensando en los Juegos Olímpicos de Madrid, restaurarlo y potenciarlo. En el deporte se gana a veces por suerte, en ocasiones gracias al esfuerzo individual. Pero, en conjunto, la potencia deportiva de una nación deriva de estrategias a medio y largo plazo bien financiadas y mantenidas.

La Reina junto a Rafael Nadal simbolizaba el domingo el sentimiento de orgullo del pueblo español por la victoria en un deporte, que es tal vez el más difícil del mundo. Piscinas olímpicas sólo existen en contadas ciudades. Hasta en los pueblos más pequeños y en todos los continentes hay pistas de tenis. La competencia en este deporte es feroz y Wimbledon, junto al Tour de Francia y la carrera de los 100 metros en los Juegos Olímpicos, tal vez sea la máxima prueba deportiva del mundo. Nadal ha encendido el esplendor en la hierba de Wimbledon con la antorcha olímpica de Pekín para escribir por España y para España una de las grandes gestas del deporte español. Y ha culminado la hazaña sin perder la sencillez, con su simpática cara de pillete de barrio, con su drive de azogue perpetuo, sin adornarse con las plumas del pavo real, sin abandonar esos absurdos pantalones de gótico tardío, medio bombachos y medio arrecogíos, con su cerebro siempre en ascuas, con su juego tenaz y eficacísimo que convirtió al gran jugador chileno en un cajetilla. Hodierno, en fin, Rafael Nadal es el jugador número uno del mundo y, además, un deportista querido por todos en España. Un ejemplo, como dijo la Reina, para las generaciones nuevas que brincan ya impacientes en las entrañas de la nación.

Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.

© Mundinteractivos, S.A.

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¿Solución? ¡La reacción!, de Javier Ortiz en Público

Posted in Economía by reggio on 19 agosto, 2008

Existen diversos modos de hacerse pasar por experto economista.

Uno, bastante socorrido, consiste en guardar silencio contemplando con una sonrisa condescendiente a los que hablan. El silencio altivo es un arma demoledora. Mucha gente lo interpreta automáticamente como muestra evidente de superioridad. Piensa que el experto en asuntos económicos ha decidido que el debate (el que sea) no está a su altura y que polemizar con ignorantes es una lastimosa pérdida de tiempo. Que los oye, más que los escucha, porque es una persona educada, pero que renuncia a echar margaritas a los cerdos.

Otro método que cabe utilizar para que la opinión pública tome a alguien por muy sabio y experto en los arcanos de la economía es que el postulante (siempre sin alterarse y hablando en voz baja, como si pusiera un especial empeño en no apabullar a los demás con el peso abrumador de su sapiencia) desconsidere por sistema los argumentos de sus oponentes y no responda jamás a ninguna objeción. Ésta es una variedad retorcida de la táctica del silencio, que suele ser utilizada combinadamente con otra de mero atrezzo: el aspirante a experto va mal peinado, lleva la corbata floja y viste con desaliño, para que todo el mundo comprenda que a él las cosas materiales le dan igual, enfrascado como está en resolver los problemas clave de la Humanidad.

Tengo catalogado otro sistema más de dar el pego, al que se adhieren como lapas los líderes empresariales y políticos de derechas. Consiste en responder siempre lo mismo, sean tiempos de bonanza o de crisis, llueva o escampe, suba o baje el petróleo: la solución es siempre abaratar el despido, recortar los derechos de la gente trabajadora, dulcificar los impuestos de las rentas más altas, moderar los salarios, favorecer la expulsión de la población inmigrante, aminorar el gasto social y la inversión pública…

Son el negativo cutre de los rebeldes de los 60, a los que daba igual qué problema se planteara, porque su receta era siempre la misma: “¡La solución, la revolución!”. Éstos llevan décadas clamando siempre lo mismo: “¡La solución, la reacción!” Admitámosles un mérito: son más constantes.

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Apalancados en la desconfianza, de José María de la Viña en El Confidencial

Posted in Economía by reggio on 19 agosto, 2008

EL JUEGO DE LA CODICIA (III)
José María de la Viña*

El estudio de la época que nos ocupa, aparte del placer que puede producir, creo que puede permitir sacar ciertos paralelismos interesantes con la situación actual.

Las compras apalancadas. Yendo al pasado más reciente, el concurso de acreedores más importante ocurrido en España hasta el momento, de una conocida inmobiliaria, lo más sorprendente es que en la lista de acreedores aparezcan prácticamente todas las instituciones financieras más importantes. Todas otorgaron créditos a una operación hiperapalancada que solo podía funcionar con una revaloración continua de activos. ¿Ni uno solo de los Comités de riesgos de los bancos y cajas se percató de él cuando cualquier financiero de medio pelo lo habría detectado? ¿Ninguno hizo un análisis de sensibilidad? The Crowd, que dicen los anglosajones.

Al menos las consecuencias se quedan en los balances de los bancos y cajas. Les costará a sus accionistas. En la crisis descrita en los dos capítulos anteriores, para esas prácticas, se utilizaban los bonos basura. Por algo los llamaban así. Nadie engañó a nadie. En los años 80, la financiación de las compras apalancadas se producía mediante bonos, y la de las hipotecas se quedaba en el propio balance de las entidades. En los tiempos actuales, curiosamente, ocurre al contrario. En España las compras apalancadas, así como las hipotecas subestandard (parece ser que aquí no hay hipotecas subprime, la morosidad aumenta sola) las aguantan los balances de los bancos y cajas. Pero en el resto de Europa y EE.UU los riesgos de las hipotecas subprime las soportan los bonos, aparcados en muchos casos en vehículos especiales, SIVs o Conduits en la terminología anglosajona.

En esta crisis, sin embargo, las entidades, tanto las que vendieron los bonos como las que otorgaron la calificación crediticia, han defraudado profundamente la confianza depositada en ellas. Aunque la mayoría de los compradores de bonos o intermediarios, sean bancos o fondos de inversión, se convirtieran en cómplices al no hacer su propio análisis o ‘due diligence’, pese a que también cobraron unos jugosos honorarios. Desde el momento en que han fallado en su trabajo las agencias de calificación de riesgo, ¿a quién se le ocurre dar la misma clasificación o rating, la codiciada AAA, a hipotecas dudosas, aunque estuviesen empaquetadas con deuda de mejor calidad, que a la deuda de países como Alemania, EE.UU. o incluso España? ¿O de empresas como Nestle, o Pfizer, el Olimpo de la solvencia empresarial? Desde el momento que esas empresas venden confianza y clasificación de riesgos, y que el cliente, el que paga, es el que recibe el rating, el sistema está viciado en origen. ¿Recuerdan el asunto de las auditoras, la desaparición de Arthur Andersen y Enron durante los tiempos de la última burbuja? Estoy convencido que las autoridades financieras, tanto europeas como americanas, están trabajando afanosamente para resolverlo.

En la España actual, lo más trágico es que los comités de riesgos, los mismos que han otorgado créditos e hipotecas imprudentes, en este momento parece ser que están pidiendo garantías exageradas a la economía productiva, al resto de la sociedad, para seguir concediendo préstamos. Como sigan por esa vía contribuirán a empeorar la crisis, perdonen, ya he mencionado varias veces la palabra maldita, así como perjudicarán todavía más a las instituciones para las que trabajan. ¿Tan difícil es encontrar el equilibrio, el término medio, allí donde habita la virtud? ¿Tan poco profesionales fueron hace un año por una falta de celo, como lo pueden estar siendo ahora por exceso de él? The Crowd.

Lo que pienso que diferencia fundamentalmente aquella época de los momentos que estamos viviendo es la crisis de confianza creada, que ha desembocado en una crisis de liquidez, y como sigamos así en una parálisis económica.

Esta falta de confianza está haciendo que el dinero se esconda, no fluya, y pueda a llegar a asfixiar al sistema. Y en los casos de EE.UU. y España, que necesitan importar capitales debido a su descontrolado déficit exterior el problema es mayor. EE.UU. lo está viviendo con un dólar por los suelos. A cambio tiene una economía más flexible e históricamente ha podido ser capaz de reaccionar más rápidamente. Pero ¿España? ¿Qué mecanismos tiene? ¿No debería empezar por ganarse la confianza perdida en los países de nuestro entorno financiero? La falta de confianza se paga, y muy cara, en forma de diferenciales más elevados.

Para resolver el desaguisado deberían, en primer lugar, hacer su trabajo los bancos y cajas, a ser unos profesionales de los riesgos de verdad, que la euforia crediticia no se torne en un cerrojazo dramático, que la codicia no se convierta en miedo, que encuentren la virtud, que se ganen el sueldo. ¿Por tercera vez The Crowd?

Es mucho más peligrosa una falta de confianza que de solvencia. La última solo cuesta dinero. La primera puede hundir el sistema.

De momento, estamos lejos de los costes de la crisis americana de los 80. Dependerá de nuestras acciones futuras. La historia todavía no se ha escrito.

PD.: modestamente sugeriría, especialmente a los profesionales bancarios y autoridades financieras que no lo hayan hecho ya, que leyesen y extrajesen conclusiones de la interesante página web de la mencionada FDIC, cuyo link adjunto. Los ciudadanos les tomarán la lección.

José María de la Viña Molleda es ingeniero Naval y M.B.A. por el I.E., además de profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Cataluña, cada vez más cerca de una gran coalición entre PSC y CiU que acabe con el Tripartito, de Alfons Quintà en El Confidencial

Posted in Economía, Política by reggio on 19 agosto, 2008

Dirigentes del PSC y de CDC coinciden en señalar que nunca antes como ahora se había dado, en el interior de ambas formaciones, un sentimiento tan fuerte a favor de la ruptura del actual gobierno tripartito catalán. Tal es así que uno y otro consideran abiertamente la posibilidad de una coalición de gobierno en la Generalitat, al estilo de las ‘Grosse Koalition’ tan frecuentes en Alemania.

Dirigentes de ambas formaciones usaron argumentos comparables en pro de un entendimiento escorado hacia el centro. Cuadros de CDC y del PSC efectuaron valoraciones idénticas. No se trata, pues, sólo de una operación concebida en las alturas, sino también de corresponder a una necesidad sentida por las dos militancias y por ambos electorados.

Dentro del PSC es imposible hallar una sola voz que defienda la continuidad del Tripartito. A la vez, en el seno de CDC y aún más en el de su aliado Unión Democrática, hay un rechazo frontal a la posibildad de una alternativa nacionalista, a partir de un pacto de CiU con Esquerra.

“Desde nuestro reciente congreso –afirmó una fuente de CDC–, las posiciones de Felip Puig (secretario de organización de CDC) a favor de aliarnos con ERC han perdido fuerza. ERC ha continuado yendo hacia todos los radicalismos, aderezados con enfrentamientos internos, mientras el PSC se ha acercado a nuestras posiciones. Asimismo, el PP ha iniciado un viraje que también debería afectar a nuestras, hasta ahora, malas relaciones”.

La fuente de CDC precisó que “el Rajoy de hoy no es el Aznar de ayer y Alicia Sánchez Camacho (presidenta del PP catalán) tiene un discurso mejor que el de sus predecesores. Nuestro esquema ideal seria un gobierno de coalición con el PSC que no estuviese enfrentado al PP. Cataluña es hoy la parte del Estado donde los maximalismos de ultraizquierda han llegado a las mayores cotas de ridículo, con declaraciones “antisistema”, apoyo expreso a los “ocupas” y visiones delirantes en política internacional. Ahora quisiéramos encarnar el retorno a la serenidad, que es lo que caracterizó a Cataluña, en otros tiempos”.

Un director general de la Generalitat con años de carné socialista manifiesta a El Confidencial que “desde que surgió el Tripartito, a finales del 2003, siempre he creído que hubiese sido preferible un entendimiento con CiU, pero me lo callaba. Aquella posición es ahora la de todos, creo que también la de Zapatero, que si continúa por el camino por el que está yendo llegará a una gran derrota electoral, en toda España.”

“La nueva ley de enseñanza presentada por la Generalitat – recordó la fuente socialista – ha tenido que ser pactada entre bastidores entre el PSC i CiU, con la oposición de nuestros dos teóricos socios de gobierno, Iniciativa y Esquerra. Si no consagramos un nuevo marco parlamentario catalán, corremos el riesgo de superar los desastres de los últimos meses obras AVE, aeropuerto, sanidad, educación, etcétera.”

Complicada cohabitación entre Montilla y Mas

La fuente añadió que “me consta que CiU, y en especial Duran Lleida, desea un entendimiento. Ahora se añade el llamamiento de José Blanco a que Convergencia vote los Presupuestos. Con el Estatuto catalán ya hubo un acuerdo entre Zapatero y Artur Mas que representó para el PSC una pérdida de expectativa de voto. Ahora deberíamos tener más coraje, en un momento en que nuestros socios independentistas y de extrema izquierda muestran una gran pérdida de voto en las encuestas.”

Como en todo paisaje hay un nubarrón. Consiste en ver si CiU tendrá, como en el pasado y como hoy indican las encuestas, más escaños autonómicos que el PSC. En este caso, no se ve qué papel personal podría jugar Montilla. Si la situación diese un vuelco, la mismo le ocurriría a Mas. Todas les fuentes creen que si en un momento preciso las encuestas dan ventaja a Montilla, éste no dudará ni un segundo en convocar elecciones.

Una fuente cercana a Montilla vaticinó que, en todo caso, el presidente catalán “está dispuesto a buscar los votos hacia el centro, en el terreno de CiU, como si las elecciones pudiesen ser mañana mismo. No se trata de que haya asumido posiciones de centro, sino que ha constado que por la vía radical del Tripartito no se va a ninguna parte. En esto no cambiará.”

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El reflejo de Kosovo en Georgia, de Alberto Piris en Estrella Digital

Posted in Internacional, Política by reggio on 19 agosto, 2008

Para empezar a poner las cosas en su justo punto en cualquier análisis del conflicto ruso-georgiano, es conveniente cerrar los ojos ante algunos de los principales medios de comunicación y buscar la realidad de lo ocurrido, por difícil que esto pueda parecer. Que no lo es tanto, desde el momento en que a través de Internet se pueden obtener valiosos testimonios de lo que allí ocurre minuto a minuto, si se es capaz de filtrar lo que de propaganda bélica puedan éstos contener.

Así, por ejemplo, el por otra parte prestigioso diario International Herald Tribune aludió a la “ofensiva rusa contra Georgia” como causa iniciadora del actual conflicto, ocultando que fue el gobierno de Tiflis el que lo desencadenó -eligiendo el cuándo, cómo y dónde- al invadir Osetia del Sur el pasado 7 de agosto, y ocupar y destruir parcialmente, por la fuerza de las armas, su capital Tsijinvali, iniciando la primera ola de limpieza étnica y de población civil expulsada de sus hogares.

La contraofensiva rusa se inició un día después y con ella se desencadenó otra limpieza étnica de signo contrario. Se atacó tanto por tierra en Osetia del Sur y zonas próximas, como por aire contra instalaciones militares y nudos de comunicaciones en el interior de Georgia. Podrá esta acción ser tenida por desproporcionada o cruel (incluso por quienes no ven crueldad ni desproporción en la invasión angloamericana de Iraq) y hasta hay quien la aprovecha para traer a colación al “oso ruso” o afirmar que “la verdadera faz de la violencia rusa ha quedado al descubierto”, desfogando así sus fobias personales, pero lo que no puede hacerse es invertir el orden de los acontecimientos para apoyar argumentos falsos.

Así que el interrogante inicial que es necesario plantearse es por qué el presidente georgiano decidió emprender una acción militar agresiva que, sin duda alguna, sabía que traería serias consecuencias a su país, en primer lugar, a la región caucásica, después, y a la comunidad internacional, acto seguido. El tiempo irá desvelando esta incógnita, no solo atribuible a la volatilidad de un presidente a todas luces inmaduro para las responsabilidades que sobre él recaen, por muy democráticamente que haya sido elegido. Deberían producir escalofríos en el Cuartel General de la OTAN sus últimas declaraciones afirmando que la invasión rusa se ha producido por la negativa de la Alianza a admitir a Georgia como nuevo miembro. La OTAN convertida en último salvavidas para dirigentes irresponsables en regiones de alta conflictividad augura un futuro muy agitado para sus miembros.

También sería conveniente averiguar hasta qué punto el Alto Mando ruso en la zona estaba informado de las intenciones georgianas. La rapidez de la respuesta militar induce a sospechar que existían unidades del ejército ruso próximas a la frontera entre las dos Osetias y listas para actuar. ¿Participó Rusia en una trampa en la que cayó el irreflexivo presidente georgiano? También el tiempo lo aclarará a no mucho tardar.

El principal problema de hoy es alcanzar un acuerdo que silencie las armas. No parece tarea fácil. Y no lo es porque este conflicto es un reflejo especular del que enfrentó a Serbia y a la comunidad internacional en relación con la provincia secesionista de Kosovo. Abjasia y Osetia del Sur son, en relación con el Gobierno de Tiflis, el eco de lo que para Belgrado supuso la independencia de Kosovo, aunque Albania y Rusia no desempeñen en ambos casos análogo papel. Se trata de dos territorios, oficialmente georgianos, cuyos pueblos no se sienten parte de esa nación y aspiran a la independencia o a una vinculación más estrecha con Rusia. De hecho, vienen gozando de una autonomía de facto que en los años noventa obtuvieron por la fuerza de las armas, enfrentados a las tropas enviadas por Tiflis para subyugarlos.

La fórmula que usó EEUU, con apoyo de varios Estados europeos, para impulsar la independencia de Kosovo ante la oposición de Moscú, es ahora utilizada por Rusia en Georgia. En febrero pasado escribí en estas páginas que una consecuencia de la secesión kosovar sería que “Rusia podría apoyar a los independentistas de los dos territorios georgianos que aspiran a depender de Moscú mientras en Tiflis se sueña con la OTAN y con el apoyo inmediato de EEUU. El conflicto está servido”. Y ha tardado poco tiempo en estallar.

Europa está cogida entre dos fuegos. Se ve forzada a abrirse camino entre las políticas que se adoptan en Washington y Moscú -ninguna de las cuales suele responder directamente a sus intereses- y asiste, con lamentable frecuencia de modo pasivo, al enfrentamiento entre los intereses de Rusia y EEUU. Si la canciller alemana regaña a Medvedev por la invasión de Georgia, Washington aprovecha para oficializar el despliegue de unos inútiles “misiles antiterroristas” en Polonia -a sabiendas que esto aumenta la presión sobre Moscú- y Sarkozy se adorna con los laureles de unos acuerdos de paz a los que no se ven más posibilidades de éxito que a las fracasadas conversaciones de Annápolis del pasado noviembre. Europa sigue sin una voz única. ¿No será porque todavía sus ciudadanos no están lo suficientemente atemorizados como para desear ser gobernados por un “comandante en jefe”, enérgico e iluminado por la divinidad, como sucede al otro lado del Atlántico Norte?

Alberto Piris. General de Artillería en la Reserva.

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Un debate algo trucado, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 19 agosto, 2008

El pretendido debate sobre qué hacer frente a la crisis económica tiene algo de truco, en relativa medida porque las dos partes tienen y les falta razón. Aciertan quienes reprochan al Gobierno cierta dejadez ante la situación real, pero también lo hacen los que ponen de manifiesto la falta de propuestas alternativas, por ejemplo desde el principal partido de la oposición.

Existe bastante consenso a la hora de considerar que el Ejecutivo debería hacer algo más que acumular gestos, por lo demás bastante confusos, e insistir en que mantendrá por encima de todo el gasto social. Escasean, sin embargo, las respuestas concretas a la pregunta sencilla: ¿qué puede o debería hacer? De hecho, ni siquiera se valora esa constante referencia al gasto social, con el mensaje de que nadie va a quedar abandonado a su suerte en estos momentos difíciles… aunque no es del todo seguro que siempre ni para todos vaya a ser verdad.

La pasividad gubernamental, sea más o menos apreciada con justeza, está teniendo como contrapunto la timidez, los escrúpulos o la pereza de la oposición. El Partido Popular tiene en sus filas y a su alcance personas de probada solvencia y capacidad para formular propuestas alternativas al carrusel de medidas y mensajes que el Gabinete socialista está lanzando en los últimos meses. Sólo que no las atiende o las mantiene escondidas… a saber por qué. ¿Teme perder votos si recomienda lo que la economía española de verdad necesita? ¿Le preocupa caer en las encuestas si habla con mayor sinceridad?

Entre lo que nadie está diciendo figura que los compromisos de gasto social que el Gobierno está acumulando y asegurando mantener por encima de todo desembocarán en un déficit creciente de las cuentas públicas, con los efectos negativos ya conocidos, dado que no se percibe por ninguna parte un esfuerzo de ahorro en otras partidas para compensar.

Del lado socialista parece persistir el convencimiento de que la crisis ha venido inducida por factores externos y que éstos se acabarán invirtiendo a tiempo: es decir, permitiendo una recuperación de la economía española al menos un año antes de la próxima cita electoral de 2012.

Los populares, por su parte, apuestan por un deterioro más acelerado y más profundo de la coyuntura a corto y medio plazo, que comporte un desgaste paralelo de las expectativas electorales de los socialistas y provoque su derrota en próximos comicios, incluso descartando un hipotético adelanto electoral.

La verdad es que unos y otros recuerdan a esos malos delanteros de fútbol que siempre se colocan tras el defensa, esperando que falle para marcar gol.

La visión gubernamental pasa por alto algunas evidencias: aunque no toda, una parte de la crisis es consecuencia de problemas domésticos y, por otro lado, una deficiente gestión de la etapa de dificultades puede lastrar las capacidades de sumarse a la recuperación internacional, llegue cuando llegue.

La oposición, por su parte, aparentemente abonada al lema “cuanto peor, mejor”, dejando de lado otras consideraciones, ¿ha pensado el tipo de coyuntura que le puede tocar gestionar en 2012, si es que llega a materializarse el escenario en que confía para volver a gobernar?

ebadia@hotmail.com

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Cambiemos el rumbo de Europa, de Igor Urrutikoetxea en Gara

Posted in Derechos, Economía, Laboral, Libertades, Política by reggio on 19 agosto, 2008

Durante estos últimos meses hemos sido testigos de importantes sucesos que nos demuestran hacia qué modelo de «construcción europea» nos llevan los mandatarios de los 27 estados miembros. Una Europa que, en lugar de profundizar en logros sociales, de fomentar las libertades individuales y colectivas, se está cimentando sobre un progresivo recorte de libertades políticas, sobre la merma de los derechos individuales y sobre la regresión en aspectos sociales y condiciones laborales.

Tras el rechazo expresado en las urnas a mediados de 2005 al Tratado de la Unión Europea por parte de Francia y Holanda, los Gobiernos de los 27 estados miembros se volcaron en negociar un nuevo texto, nuevamente a espaldas de la ciudadanía, que ha dado como fruto el nuevo Tratado de Lisboa. Un Tratado de Reforma que mantiene los mismos objetivos que el anterior, ya que está diseñado al dictado de las multinacionales y de los estados: ignora la realidad de los pueblos sin estado que somos parte de Europa, profundiza en el sometimiento de los servicios públicos a las leyes del mercado, garantiza la libre competencia y la libertad de movimientos del capital y ahonda en la precarización laboral.

En esta ocasión, además, a fin de evitar contratiempos como los de hace tres años, los gobernantes han decidido ratificarlo en los parlamentos de los países miembros, sin someterlo al refrendo de la ciudadanía. Había una única excepción: Irlanda. Éste ha sido el único estado de la UE donde su ciudadanía ha podido opinar y el 53,4% de quienes acudieron a las urnas votaron en contra del modelo de Europa que pretenden imponernos. Hay que subrayar en este sentido la firme oposición, expresada en las calles en los días previos, de grandes segmentos de la clase trabajadora, de los pescadores y los pequeños agricultores, y ello pese a que todos los partidos del arco parlamentario irlandés (salvo el Sinn Féin), todo el empresariado y el Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU) pidieron el voto favorable.

Tras el «no» irlandés al Tratado, una vez más, la falsa careta de demócratas se les ha caído a quienes dirigen los hilos de la UE, ya que a pesar de que el Tratado prevé que no puede entrar en vigor si no es ratificado por todos los estados miembros, han decidido seguir adelante con los procesos de ratificación. Para cambiar la situación creada por el rechazo irlandés se están barajando tres opciones, a cada cual más cuestionable desde un punto de vista democrático: 1) Renegociar el Tratado de Lisboa, harto complicado; 2) Realizar un nuevo referéndum en Irlanda para que triunfe el «sí», lo cual dejaría en evidencia a gobernantes irlandeses y europeos; 3) Lograr la ratificación de los parlamentos de los 26 estados miembros, aislando a Irlanda, a fin de presionarla.

Lo expuesto demuestra la falacia que se esconde tras el concepto de «democracia» que blanden dirigentes como Durao Barroso o Sarkozy, dado que sólo aceptan la opinión de las gentes que conforman Europa si sirve para legitimar su proyecto, económico, social y político, ninguneándola en caso contrario.

La mal llamada «Directiva de Retorno» aprobada el 18 de junio por el Parlamento Europeo supone un grave atentado contra los derechos civiles y las libertades individuales. La citada directiva, que deberá ser traspuesta al ordenamiento jurídico de cada uno de los estados miembros en un plazo de dos años, prevé la detención por mera «orden administrativa» de los inmigrantes «sin papeles», incluidos los menores de edad, y su reclusión en «centros de internamiento especiales» o, en su caso, en módulos especiales de las cárceles durante un periodo de hasta 18 meses, mientras se tramita su expulsión. Asimismo, se castiga doblemente a los inmigrantes afectados, porque además de privarles de libertad y de expulsarles, se prohíbe su regreso a territorio europeo durante 5 años. No se especifica cuál será la financiación para construir los «centros de internamientos especiales» a los que se refiere la normativa, lo cual hace pensar que serán recluidos en cárceles al uso.

Esta directiva criminaliza y convierte en delito el hecho de venir a Europa a trabajar huyendo de la miseria, y las personas inmigrantes dejan de tener las mínimas garantías jurídicas que deben asistir a todo ser humano. Esta directiva no es un hecho aislado, porque se viene a sumar a otra serie de medidas de flagrante vulneración de derechos que están llevando a cabo algunos gobiernos como el italiano, donde además de arengar a la «caza de los sin papeles» desde las instancias del poder, se apuesta por estigmatizar y criminalizar a determinadas minorías. Claro ejemplo de ello es la intención de crear ficheros policiales sobre las personas de etnia gitana por parte del Gobierno de Berlusconi. Por desgracia, podemos afirmar que la xenofobia y el racismo están asentándose en el poder en Europa, con el peligro que ello supone.

Pero que nadie se llame a engaño: este recorte de libertades que hoy afecta a inmigrantes y romaníes en Europa es un primer paso, que pueden extender en adelante a otros sectores de la población, según criterios de oportunidad política. Por tanto, afecta a toda la ciudadanía, y todos y todas deberíamos hacerle frente.

Un último, pero no menos importante ejemplo de recorte de derechos que nos retrotrae a finales del s. XIX es la puerta que han abierto los ministros de trabajo de la UE de cara a implantar la jornada de 65 horas semanales. Esta medida fue apoyada por el Gobierno francés, y el Gobierno español, en lugar de rechazarla, se abstuvo. Así, se ha abierto el trámite por el que durante los próximos meses debe ser aprobada o rechazada por el Parlamento Europeo.

Esta medida supone, entre otras cosas, un flagrante ataque a la negociación colectiva, porque la posibilidad de ampliar la jornada a las 65 horas semanales se deja en manos de «acuerdos individuales» entre empresario y trabajador, acuerdos que podrían llegar a vulnerar lo establecido en un convenio o pacto colectivo. Además, los mandatarios de la UE mienten cuando dicen que los acuerdos serán voluntarios, porque a nadie se le escapa que el empresariado hará uso del chantaje y la coerción hacia las y los trabajadores más vulnerables, que son quienes padecen diariamente la precariedad, con el objetivo de que acepten estas jornadas laborales abusivas, bajo amenaza de despido si se oponen a las mismas. Asimismo, la conciliación de la vida laboral y familiar, con jornadas semanales de 60 o 65 horas se convierte en una utopía.

No obstante, la citada directiva es una medida más que viene a ahondar en un mercado de trabajo cada vez más precario, debido a las políticas antiobreras que se están llevando a cabo en Europa. Una Europa en la que empresarios sin escrúpulos pueden mantener sueldos de miseria (700 euros), que son los que perciben muchas de las trabajadoras de la empresa Indusal en Arrigorriaga, aunque el sistema salarial se base en la discriminación de género, porque algunas cobran por un trabajo similar al de los hombres 300 euros menos por el mero hecho de ser mujeres. Estas trabajadoras llevan más de un mes de huelga sin que las instituciones públicas (Gobierno Vasco, Emakunde, etc.) hagan nada por solucionar este conflicto, salvo enviar a la Ertzaintza a reprimir a las trabajadoras.

Una Europa en la que es legal que ante el uso del legítimo derecho de huelga, como al que han recurrido los trabajadores de Fagor Mastercook en Polonia, que cobran salarios muy por debajo de la media de su país, la Dirección de la empresa amenace con deslocalizar la misma a Ucrania o Rusia con el único objetivo de sacar mayores réditos a la explotación descarada de la mano de obra.

Son ejemplos reales y que nos tocan más cerca de lo que a menudo creemos. Por eso, es necesario también que la clase trabajadora de Europa responda a estas agresiones que se están dando en todos los ámbitos, que las organizaciones sindicales y la izquierda del viejo continente seamos capaces de articular medidas de respuesta y rechazo efectivas ante las mencionadas directivas, antes de que la involución en las condiciones políticas, sociales y laborales llegue a unos parámetros inasumibles y sin precedentes en nuestro continente. Es más necesario que nunca contraponer a esa Europa de los estados y del capital que nos están imponiendo día a día, mediante la movilización y la lucha, una Europa en la que pueblos como Euskal Herria cuenten con voz propia; una Europa de las gentes trabajadoras y de las clases populares. En definitiva, una Europa donde los seres humanos y su bienestar primen sobre la acumulación capitalista y el beneficio en bolsa. Justo lo contrario de lo que sucede hoy día. Sólo así podremos parar esta locura reaccionaria y ultraliberal.

Igor Urrutikoetxea. Secretario de Relaciones Internacionales de LAB.

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