Para que todo siga igual, de Ángel Gabilondo en La Vanguardia
Es evidente que no se insiste lo necesario en los mecanismos y procedimientos, en las coartadas, de los expertos en paralizar, en frenar toda iniciativa. Determinadas acciones sólo persiguen perpetuar el actual estado de cosas, «cambiar para que nada cambie», dicen manidamente. Quizá, pero es llamativo que para algunos lo que se propone sea siempre insuficiente, inadecuado, inoportuno. Habría que hacer otra cosa, que no se concreta y que, en su caso, es de tal alcance e importancia que lo que la define es que resulta inviable. Hegel caracteriza así al alma bella,que, entusiasmada por los grandes ideales, no acaba de encontrar ninguna acción que esté a su altura y no hace nada, salvo deshacerse «en una nostálgica tuberculosis».
Necesitamos los grandes planteamientos, las visiones globales, los análisis de alcance, pero no es cuestión de organizar en cada caso un simposio. Cuando hay una propuesta concreta, una posibilidad de hacer, irrumpen los peritos en bloquear. Debería antes resolverse no sé qué otro asunto, o tener en cuenta otros aspectos, o protegerse ante posibles efectos, o esperar a momentos más oportunos. No es la previsión o el cuidado lo que incomoda, sino esa reiterada actitud, en nombre de la realidad, que disfraza de prudencia lo que es temor y consagración del statu quo. No cuestionamos la buena voluntad de quienes desalientan toda iniciativa. No es eso lo que ahora nos ocupa. Supongamos, como un indicio más de nuestra poca picardía, que siempre la tienen. Aun así, y con independencia de su intención, funcionarían como un permanente obstáculo. Ni estimulan, ni incentivan, ni promueven, ni motivan. Hablan, y una nube grisácea lo invade todo. Quizá entonces podríamos proseguir la letanía de denuncias, de lamentos que irrigan desazón. Debería haber sido desde el principio de otro modo, ahora mismo no está bien orientado, de depender de ellos sería mejor, pero no hay manera de construir, de articular, de vertebrar nada sobre sus intervenciones, que adoptan la forma de discursos para desalentar. No es necesario que sean apocalípticos. Basta que constituyan una mezcla indiscriminada de reflexiones y de ocurrencias, aderezadas con casos prácticos, para ofrecerse como supuestamente más realistas.
En muchas ocasiones, los agoreros se limitan a estimular la resignación, la rendición. Lo que se puede hacer se frena en nombre de lo que sería ideal, en nombre, dicen, de lo que debería hacerse. Desconocen el ir paso a paso, poco a poco, sorbo a sorbo. Siempre todo ha de ser de una vez y disfrazan de contundencia su falta de insistencia, persistencia, consistencia, resistencia. Como lo perfecto no está a nuestro alcance, quedémonos como estamos. Dicen ser críticos, pero son conservadores. Comprenden los deseos de los que propician cambios y transformaciones, pero para eso, señalan, no merece la pena. Resulta interesante su aportación como estímulo, como aliciente, como límite, como desafío, y han de tenerse en cuenta, pero no es fácil contar con ellos. De darles la razón, simplemente todo se detendría. Tal vez en caso de ignorarles sería peor, pero de imponerse su supuesto realismo nunca modificaríamos la llamada realidad, por cierto ni insuperable, ni magnífica. Y lo que aún es más decisivo, ni justa. Es tal el alcance y radicalidad de su posición que en definitiva parece ser que no hay nada que hacer, sobre todo si se desea que suceda a la vez, es decir, nunca.
Por eso estimamos tanto la acción seria y rigurosa, el trabajo cuidadoso y continuo, la dedicación permanente y coherente frente a otras modalidades más espectaculares que, en definitiva, con el rostro de la audacia y del arrebato, son formas de entorpecimiento y de vagancia. No debemos ignorar que, en ocasiones, las dificultades no provienen de quienes se oponen radicalmente a los proyectos, sino de quienes diciendo perfilarlos, matizarlos, problematizarlos, reabrirlos, en lugar de procurar un debate desautorizan cualquier iniciativa. Entre otras razones, porque ese necesario cuidado previo se convierte para ellos no en un lugar de paso, sino en un lugar de residencia. Y siempre deberían ser las cosas de otra manera. Y siempre no se ha hecho como cabe hacerse. Y siempre no ha ocurrido lo preciso. Y siempre, siempre, nos quedamos donde estamos. Y en nombre de lo que sería mejor hacer.
Desde la constatación de que en muchos ámbitos es indispensable modificar el actual estado de cosas, no por afán de novedades, sino porque simplemente no están bien, es preciso procurar programar los tiempos, impulsar un espacio en el que quepan los discursos sin necesidad de coincidir. No es aceptable que no demos con el modo de que haya un consorcio de las buenas voluntades, de lo que alguien denominó no la buena voluntad de poder, sino el poder de la buena voluntad. Hemos de lograr que sea además de bienintencionada, eficiente y transformadora. De lo contrario, tantas palabras, tantas reuniones, tantas presentaciones, tanta explicación sin comprensión, sin efectiva conversación, ofrecerían la coartada a quienes se empeñan en la brocha gorda de los argumentos grandilocuentes e ignoran el necesario pincel de los buenos motivos. Sus precauciones, sin pretenderlo, colaborarían también para que todo siga igual.
ÁNGEL GABILONDO, rector de la Universidad Autónoma de Madrid.
La libertad, en vías de extinción, de Timothy Garton Ash en Clarín
Llevo 30 años viajando a lugares que carecen de libertad, desde Alemania Oriental hasta Birmania, y he escrito sobre ellos convencido de que mi país de origen, Gran Bretaña, era uno de los más libres del mundo.
En los últimos años, he abierto los ojos a cómo se están recortando las libertades individuales, la intimidad y los derechos humanos en Gran Bretaña bajo gobiernos del nuevo laborismo que aseguran creer que la libertad es el tema central de la historia británica.
Los alemanes del Este tienen hoy más libertad que los británicos, al menos en cuanto a las leyes y a prácticas administrativas en ámbitos como la vigilancia y la recopilación de datos. Hace 30 años tenían la Stasi. Hoy, Gran Bretaña posee unas leyes sobre vigilancia tan vagas y elásticas que el ayuntamiento de una pequeña ciudad llamada Poole ha podido aprovecharlas para espiar durante dos semanas a una familia erróneamente acusada de haber mentido en un formulario de solicitud de matrícula en un colegio.
Aunque la comparación con la Stasi es irresistible, el hecho de emplear esos métodos no quiere decir todavía que seamos un Estado controlado por una Stasi. El contexto político es muy diferente. Los británicos no vivimos en una dictadura controlada por un partido único. Pero tampoco es «un caso aislado», como protestan siempre los ministros. Casi cada semana aparece una nueva revelación sobre cómo está recortando nuestro gobierno otro pedazo más de nuestra libertad, siempre en nombre de algún bien real o imaginario: la seguridad nacional, la protección frente al crimen, la cohesión comunitaria, la eficacia o nuestra «relación especial» con Estados Unidos. La libertad se queda para el final.
No hay duda de que la lucha contra el terrorismo exige ciertas restricciones. Pero resulta que tenemos más circuitos cerrados, una base de ADN más grande, un Registro Nacional de Identidad más ambicioso (e impracticable), más poderes policiales y más vigilancia del correo electrónico que cualquier otra democracia liberal comparable.
Timothy Garton Ash. HISTORIADOR, UNIVERSIDAD DE OXFORD Y DE STANFORD
Copyright Clarín y Timothy Garton Ash, 2009.
Elecciones y futuro, de Arnaldo Otegi en Gara
En su análisis, que supera abiertamente la clave electoral, Otegi enciende las «luces largas» para constatar que «han dejado fuera del Parlamento en Vascongadas a la izquierda abertzale pero, de ninguna manera, fuera de la lucha por un cambio político y social para el conjunto de Euskal Herria en la senda independentista y socialista». Y en los primeros pasos de ese camino ubica la gran importancia de los votos ilegalizados, «votos de oro», que mañana se depositarán en las urnas como «inversión para construir la esperanza de la mayoría de la sociedad vasca».
Hoy es oficialmente día de reflexión para los ciudadanos de los territorios occidentales de Euskal Herria. Parece que en estas democracias formales la reflexión se ciñe a la elección de una papeleta tras la tormenta de mensajes, skechts y frivolidades de todo tipo y naturaleza que hemos padecido en esta interminable y, vergonzosa, campaña electoral; es decir, parece que nos invitan a reflexionar durante 24 horas -más puede ser peligroso- para luego desconectar hasta la siguiente campaña electoral, donde nuevamente nos vendrán con productos programáticos renovados.
Superando ese esquema formal hay que remarcar algunas variables y referencias que están más allá del resultado electoral y que, por tanto, seguirán siendo asignatura pendiente colectiva de toda la ciudadanía vasca.
En primer lugar estas elecciones están insertas en el pulso político de fondo que Euskal Herria viene manteniendo desde Lizarra-Garazi. Un tránsito entre una fase constitucional-estatutaria agotada y un ciclo político que no termina de abrirse y, por tanto, asentarse con nuevas bases políticas de reconocimiento nacional y respeto a la voluntad popular democrática.
Estos años han sido sinuosos en oportunidades y fracasos para el movimiento abertzale ante la estrategia establecida por el constitucionalismo español para condicionar los contenidos del, por otro lado, irreversible nuevo ciclo político. El PSOE, como el PP, cada cual con sus características, han mantenido planteamientos políticos, jurídicos y represivos tendentes a desgastar el espacio autodeterminista que emana de Lizarra y, muy específicamente, neutralizar el papel de motor del cambio de la izquierda abertzale.
En ese pulso hemos atravesado momentos diferentes -Loiola- siendo evidente el bloqueo instalado en los últimos tiempos en todos los parámetros del conflicto político. Un bloqueo que el constitucionalismo ha ido trabajando para debilitar la correlación de fuerzas de Lizarra insertando al PNV en la estrategia de Estado. Algo que ha conseguido y pretende rubricar con los resultados y consecuencias de las elecciones de mañana domingo.
La campaña electoral ha sido fiel reflejo de ambas cuestiones. Por un lado, el apartheid político contra la izquierda independentista ha tenido un nuevo desarrollo con la anulación de la posibilidad de representación institucional al sector de la sociedad vasca más dinámico y determinante para el cambio político en este país. Una decisión del Estado español que ha tenido una insignificante e hipócrita respuesta de los sectores políticos que tanto reclaman el derecho a decidir y las vías políticas y democráticas. Al contrario, detrás de declaraciones formales se han tirado a por los votos y escaños que la decisión política del Estado les proporciona en un hemiciclo que será renovado con la bandera española en su fachada y con una composición interior trucada por el mencionado apartheid político.
Por otro lado, hemos visto cómo PNV y PSE-EE han hecho una campaña de bajo perfil político y mediatizada por el discurso autonomista y la gestión económica. Dice Ibarretxe que mañana nos jugamos dónde se decide, si en Madrid o en Gasteiz. Una falacia evidente ante la estrategia y posición del Estado con «su» plan y «su» consulta y, ahora mismo, ante la imposición de las reglas de juego de «su» Parlamento. Tenemos la convicción, avalada por la posición del PNV en el proceso de negociación y posteriores acuerdos parlamentarios, de que este partido hace tiempo que inicio la ciaboga de Lizarra encaminándose a un «concierto político» que, en el fondo, es la constitucionalización del nacionalismo, autentica asignatura pendiente del modelo de Estado Español, como alternativa al reconocimiento nacional vasco y sus derechos democráticos en el marco de un estado plurinacional. Esa es la cuestión de fondo que se viene madurando en este contexto de bloqueo político.
En este mismo escenario, EA trata de clonar a la izquierda abertzale y Aralar pone la guinda al pastel intentando aprovechar las condiciones del apartheid para ponerlas, como en Nafarroa, al servicio de la estrategia regionalista de Sabin Etxea.
Así pues, han dejado fuera del Parlamento en Vascongadas a la izquierda abertzale pero, de ninguna manera, fuera de la lucha por un cambio político y social para el conjunto de Euskal Herria en la senda independentista y socialista. El debate político y económico, las condiciones estructurales impuestas por el Gobierno español, nos revelan que, sea cual sea el resultado, estamos ante la continuidad de la estrategia del Estado contra Euskal Herria y ante el peligro de un segundo ciclo autonomista ante la deriva de un PNV preocupado únicamente por la gestión de sus negocios e intereses desde las actuales instituciones.
A pesar de ello, las condiciones para un cambio político siguen estando vigentes en una sociedad vasca que reclama de forma mayoritaria el reconocimiento a su voluntad democrática. Por eso debemos abordar la foto distorsionada y tramposa de mañana con tranquilidad, confianza y perspectiva. La izquierda abertzale viene planteando con insistencia la necesidad de una acumulación y activación de fuerzas soberanistas, independentistas y progresistas como eje determinante en la actual situación de tránsito a la definición de los ingredientes y/o bases de un nuevo ciclo político. Un planteamiento que necesita de maduración y concreción en diseño, contenidos y propuestas táctico-estratégicas. Con esas luces largas puestas, con esa perspectiva y compromiso, aborda la izquierda abertzale este test electoral antidemocrático y, sobre todo, la etapa política que se abrirá inmediatamente después.
Así pues, en la jornada de mañana, por encima de decisiones antidemocráticas, de una campaña de persecución brutal a nuestras ideas y planteamientos o de la permanente ocultación y manipulación mediática, la izquierda abertzale volverá a demostrar la dignidad y compromiso con este pueblo y sus derechos nacionales y sociales articulando un espacio social que nos permita trabajar en los próximos meses por una implementación de esfuerzos y compromisos políticos, sindicales y sociales en aras a configurar un bloque popular por el cambio en términos de soberanía y modelo social. Como hemos repetido en los últimos días, no hay cambio político sin la izquierda abertzale o, dicho de otra forma, sólo desde la iniciativa, fuerza e ilusión de la izquierda abertzale podemos alcanzar un escenario democrático como primer paso para desarrollar nuestra propuesta estratégica.
Por tanto, frente a quienes anteponen sus intereses a los derechos y la dignidad de este pueblo, frente a los que buscan espacio político aprovechándose de la estrategia del Estado español, frente a la estrategia de represión y confrontación del Estado español para mantener un cuadro político pivotado en la negación de nuestra soberanía y la imposición constitucional, mañana, el voto ilegalizado es una inversión, un voto de oro, para construir la esperanza de la mayoría de la sociedad vasca.
La licencia como pretexto, de Francesc de Carreras en La Vanguardia
Noticia política de los últimos días ha sido la dimisión del ministro de Justicia. No hace falta comentar las causas de esta dimisión, ya que son demasiado conocidas, pero una de ellas, seguramente la de menor entidad, es un buen pretexto para reflexionar sobre la actual situación del Estado de las autonomías.
Efectivamente, al ministro le pillaron cazando sin licencia. ¡Caramba! Que un ministro, además un ministro de Justicia, se arriesgue a participar en una cacería sin el permiso correspondiente obviamente constituye una infracción pero sobre todo denota una imprudencia política imperdonable. Pero ahí hay que señalar un matiz. El ministro es un cazador experto y adiestrado, nunca hubiera ido a cazar sin licencia, pero lo que le fallaron fueron sus conocimientos de geografía: la finca por donde andaba persiguiendo venados ya no pertenecía al territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, de cuya administración había obtenido la licencia, sino que estaba situada en la comunidad autónoma de Andalucía. ¡Mecachis!
Según confesión propia, sin darse cuenta, traspasó el linde entre ambas comunidades y no recordó que su licencia de Castilla-La Mancha no tenía validez en Andalucía: un minúsculo error, pero que ha sido la gota que ha desbordado el vaso y, a la postre, le ha costado el cargo.
No me negarán que el asunto es ridículo si no fuera, en realidad, patético. Por supuesto, el ministro ha cometido una ilegalidad, la ley es igual para todos y sobre él debe recaer la sanción administrativa correspondiente. Pero es patético que para poder cazar en toda España se necesiten 17 licencias distintas, una por comunidad autónoma. En otras palabras, acudir a 17 ventanillas y pagar 17 tasas.
No nos entretendremos mucho en formular ciertas consideraciones sobre la caza, que en otro momento podrían ser pertinentes. Pero no me puedo quedar sin decir que nunca he entendido por qué hay tanto afán en suprimir los toros y nadie pretende acabar, por los mismos motivos, con la caza. Al fin y al cabo, disparar contra una indefensa codorniz, un simpático conejo o un altivo y elegante ciervo me parece mucho más cruel que entrar a matar con un fino estoque a un fornido toro que, tras pegarse la gran vidorra desde su nacimiento, está más en igualdad de condiciones con el torero que el delicado animalito del bosque frente a la escopeta del cazador.
Ahora bien, sin ser aficionado a la caza ni a los toros, no soy partidario de prohibirlos mientras algunos sean aficionados a estas actividades. Más perjudicial para la cultura y la moral de un país me parece el apasionamiento por el fútbol, tenido por natural y hasta psicológicamente sano, o los programas de televisión basura, que entendidos en sentido amplio son la mayoría. Pero, por supuesto, no me parecería bien prohibir el fútbol ni suprimir los programas basura. Para aumentar el nivel cultural o mejorar la moral ciudadana, hay que ir más al fondo, al sistema económico, a los valores sociales dominantes, a la educación. Prohibir, prohibir legalmente, lo menos posible, sólo lo indispensable. Aunque hoy la moda sea la contraria.
Pero volvamos a la licencia, a la licencia de caza, nuestro pretexto para hablar del Estado de las autonomías. En efecto, la tendencia general para tratar ese tema son los conceptos grandilocuentes: Catalunya necesita un nuevo Estatut porque es una nación, España se rompe, etcétera, etcétera. Ami parecer, en cambio, nos deberíamos fijar en los problemas aparentemente pequeños pero de trascendencia práctica: por ejemplo, las licencias de caza. Que en cada comunidad tengas que sacar una nueva licencia es aberrante. Las razones para otorgarlas son las mismas, no tienen nada que ver con identidades, reales o supuestas, ni con políticas de caza diversas. Se justifica el plan de Bolonia, con razón, para que los títulos universitarios sean válidos en 46 estados, del Reino Unido hasta Rusia y de Finlandia a Azerbaiyán. En cambio, las comunidades autónomas han sido incapaces hasta ahora de ponerse de acuerdo, mediante un sencillo convenio, para que la licencia de caza que otorgue una comunidad sea válida también en las demás. Impresentable.
Según La Vanguardia de anteayer, representantes de algunas de estas comunidades reunidos en Valladolid manifestaron estar iniciando gestiones para llegar a un acuerdo en esta materia. Magnífico. Por fin. Supongo que para no hacer el ridículo ante la situación que ha revelado la cacería del ministro. Pero ¿cuántas licencias en otras múltiples materias se podrían homogeneizar sin marear innecesariamente al ciudadano haciéndole pasar por trámites lentos y costosos?
El Estado de las autonomías, ami modo de ver un magnífico sistema para organizar territorialmente España, quedará legitimado el día en el que los españoles estén convencidos de que es más barato y eficaz que un Estado centralizado. De momento, las dudas subsisten. Y subsisten porque en lugar de abordar los problemas reales – por ejemplo, las licencias de caza y miles de licencias más con las que se tortura burocráticamente al ciudadano-nos entretenemos en problemas ficticios como la reforma de unos estatutos que, una vez vistos, no son sustancialmente distintos a los anteriores pero que impiden que estos problemas reales se pongan sobre la mesa y se intente solucionarlos.
El Estado existe para servir al ciudadano, no al revés. De ello se olvidan muchas veces nuestros políticos.
FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.
Presentación de «Crónicas del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial», de Javier Ortiz en su Blog
El 18 de febrero de 2009 se celebró en Madrid, en la librería libertaria “Malatesta”, la presentación del libro “CRÓNICAS DEL 6 Y OTROS TRAPOS SUCIOS DE LA CLOACA POLICIAL”, interesantísimo libro del periodista catalán David Fernàndez. Intervino también en el acto (además del autor, claro) Jorge del Cura, destacado luchador contra la tortura. Lo que sigue es el texto que leí.
Hace unos cuantos días, Luis Herrero –ex periodista derechista muy militante, y ahora eurodiputado no menos militante del PP– fue expulsado de Venezuela acusado de estar incumpliendo sus obligaciones como observador internacional en el referéndum convocado por Hugo Chávez. Aún a sabiendas de que un observador internacional tiene como primer y máximo deber ser exactamente eso, observador, y no meter baza dando y quitando razones sobre el acontecimiento que supervisa, no es mi intención meterme hoy en disquisiciones sobre el grado de astucia o de tosquedad política de la decisión del gobierno chavista de expulsarlo del país. A los efectos de este acto de hoy, llamo la atención sólo sobre un punto: Luis Herrero se permitió acusar a Chávez de “dictador”. Y eso me hizo gracia, porque Luis Herrero (o, para ser más exacto, Luis Herrero-Tejedor) es hijo de Fernando Herrero-Tejedor, un personaje que, amén de fiscal en épocas tenebrosas, fue también secretario general del Movimiento, esto es, máximo jefe del partido único que sustentó el régimen de Franco y que le sirvió de brazo político y represor. De modo que, cuando perora sobre dictadores este Luis Herrero de ahora, un individuo que jamás ha renegado del pasado de su padre, ¿qué lo hace: como crítica o como lisonja?
David Fernández, en este Crónica del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial, hace referencia a la ascendencia de Julia García Valdecasas y a la trayectoria fascista de su padre, oprobio que fue de la Universidad de Barcelona. Doña Julia, recientemente fallecida, fue digna sucesora de su progenitor: heredó su alma represora.
El pasado domingo, en una tertulia radiofónica, señalé esa circunstancia y hubo quien me lo reprochó: “Hombre, uno no es responsable de sus antecesores”, me dijo. No lo es, desde luego, salvo que los asuma y les dé continuidad.
Soy muy consciente de ello, porque mi abuelo paterno, policía de pro, fue (aparte de gobernador civil en varias capitales y jefe del servicio de seguridad de Alfonso XIII) uno de los fundadores de la Escuela Superior de Policía, puesto desde el que aleccionó a gente tan caracterizada como Melitón Manzanas.
La diferencia está ahí: tanto Julia García Valdecasas como Luis Herrero se han declarado orgullosos de sus ancestros fascistas. En mi caso, jamás he ocultado que tengo clarísimo que mi abuelo fue una mala persona, un mal bicho, maestro de torturadores. Aspecto éste que quizá explique mi fijación por la lucha contra la tortura, de la que yo mismo he sido víctima. Todo lo cual seguramente explica que hoy esté aquí, ayudando a presentar este libro.
El libro de David Fernández es una joya.
En primer lugar, por la información que proporciona. Admito que, pese a mi interés por la información política en general y por los excesos policiales, en particular, desconocía muchas de las historias de las que David da cumplida razón, empezando por la existencia de ese grupo 6 de la policía en Cataluña, especializado en provocaciones y malos tratos. Para quienes no os dediquéis profesionalmente a estos asuntos y no los tengáis todo el día bajo vuestro punto de mira, la lectura de este libro puede ser un auténtico aldabonazo. Porque muchos hemos aportado el testimonio de historias estremecedoras de lo sucedido durante el franquismo, pero lo que se cuenta aquí forma parte de las cloacas de la llamada democracia: con Suárez, con Calvo-Sotelo (tuvo poco tiempo, pero no lo malgastó), con González, con Aznar y también, desde luego, no os quepa la menor duda, con Rodríguez Zapatero. Porque a los presidentes les pasa como a los hombres: que son todos iguales.
El segundo gran mérito de este libro es su técnica narrativa: va soltando sus misiles en forma de perdigonadas, breves, lanzadas en muy diversas direcciones, pero igual de demoledoras. Al final, es como el disparo de una escopeta de cañones recortados. Lo alcanza todo. O, por decirlo de modo menos truculento: es como un cuadro puntillista, que logra un retrato fiel de la realidad a base de una enorme cantidad de trazos aparentemente aislados.
Tercer mérito, y no el menor: su valentía. No sólo llama a cada cosa por su nombre, sino también a cada quien por su nombre. No tira ninguna piedra para esconder luego la mano. Si lanza una acusación contra alguien, lo señala con el dedo. Y dice por qué.
Cuarto mérito: nos demuestra de manera pormenorizada que el terrorismo de Estado no es sólo, como a veces se piensa, una aberración que montan altos servicios secretos para cometer crímenes muy especiales contra personas tenidas (con razón o sin ella) por peligrosos enemigos del orden constituido, sino que es también una actividad sistemática y rutinaria, destinada a amedrentar a toda la población potencialmente rebelde y a servir de válvula de escape a las ansias de prepotencia de unas fuerzas represoras entrenadas para serlo.
Ante este libro soy incapaz de mostrarme neutral, porque me pilla muy de dentro. Me coge por las entrañas. No sólo por la ingente cantidad de brutalidades y arbitrariedades policiales que relata, sino por el telón de fondo de pasotismo que revela. Es demasiada la gente que quiere que la Policía (la que sea: todas las policías) se las arregle para que la vida no le importune todavía más, sea como sea y a costa de lo que sea.
David pone algunos ejemplos muy ilustrativos. Yo he recordado, leyéndolo, una secuencia de La Batalla de Argel, la estremecedora y en tantos sentidos inquietante película de Gillo Pontecorvo, en la que el coronel Mathieu, cabeza de la represión contra el Frente de Liberación Nacional argelino, pregunta, cuando se le pide que hable de los métodos represivos que utilizan las fuerzas armadas francesas, qué es lo que quiere la mayoría, si que le resuelvan los problemas o si discutir sobre cómo se los resuelven. En la España actual, e incluso en la Cataluña actual, y también en la Euskadi actual, hay demasiada gente que no quiere discutir sobre métodos. Lo que quiere es que les quiten los conflictos (y a los conflictivos) de encima. Y si es por las buenas, bueno, y si es por las malas, pues se mira para otro lado, y ya está. No podría haber una cúspide estatal tan perversa si no hubiera una base social tan degradada.
Todos los terrorismos de Estado son, en realidad, el mismo terrorismo. David Fernàndez cita casos de los más diversos géneros. También podría hacerlo mucha otra gente. Hace escasos días, alguien descerrajó con habilidad la puerta del piso de un periodista amigo mío que está haciendo un trabajo de investigación que afecta a altos cargos de la Comunidad de Madrid. Quienes entraron en su casa registraron sus papeles e inspeccionaron su ordenador. No lo mataron, ni le conectaron electrodos en los testículos: es otra variante del multifacético terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado de baja intensidad, podría llamarse.
Yo tengo una casa en Alicante muy cerca de donde un cazador dominguero encontró en 1985 los cadáveres de Lasa y Zabala, presuntos miembros de ETA que fueron enterrados en cal viva. El Mundo sacó la noticia. Eran otros tiempos y por entonces yo era subdirector de ese periódico. Poco después del macabro hallazgo, me encontré con que alguien había entrado en mi casa de la campiña alicantina y se había dedicado a hurgar todos mis papeles. Quienes fueran hicieron un trabajo limpio: incluso barrieron cuidadosamente los restos del ventanal que rompieron para entrar. Toda la papelería estaba revuelta, pero no robaron nada, y menos de valor (ni siquiera policial, porque yo no tenía nada que ver con la investigación periodística del caso).
Son casos de terrorismo de Estado de baja intensidad. Pero estos dos que he citado por lo menos tienen algo que ver con lo que podrían considerarse “cuestiones de Estado”. Hay muchísimas más que se refieren a asuntos en los que ni el Estado, ni el Gobierno, ni la respectiva Comunidad Autónoma se juega nada de mayor trascendencia, salvo la fijación del sacrosanto “principio de autoridad”: aquí mando yo, la Ley soy yo, se hace lo que yo diga y al que lo ponga en duda le parto la cara. Y no hace falta que lo ordene ningún general: basta con que sea un sargento o un cabo.
En la época en la que Julia García-Valdecasas estuvo al frente de las fuerzas represivas en Cataluña, se produjeron del orden de 700 detenciones relacionadas con actos de motivación política y social. Según cálculos presentados en Barcelona en un seminario que se realizó en 2005, en la década anterior la cifra de detenidos fue de 2.000 personas, en números redondos.
Excuso decir que muy pocas de esas detenciones se han traducido en sentencias judiciales condenatorias. En caso contrario, Cataluña tendría más presos políticos que Euskadi.
Pero, a fin de cuentas, ¿qué es un preso político, o un preso social? Lo que está en cuestión no es lo que ha hecho o dejado de hacer el uno o el otro, sino la lógica aplastante que se les aplica a todos. Leo en el libro de David un par de apuntes. El primero se llama “Economía de mercado” y dice:
«Condena de 600 euros a un policía español por matar a un joven que huía con un coche robado. Condena de 240 euros a una inmobiliaria por dos meses de mobbing (sin agua ni luz) en la calle Verdi de Gracia.
25 euros de multa a un concejal de la Plataforma per Catalunya por Intentar quemar una mezquIta.
¿El que la hace la paga?
20.000 euros por quemar un cajero automático. Y 18 años de cárcel. La mitad para el asesino del joven militante antirracista Guillem Agulló.
En el mundo del capitalismo maduro son más importantes las cosas que las personas. Y si la cosa es un cajero automático, prepárate.
La economía antirrepresiva. Tirando bajo, a nosotros nos sale que entre procuradores, fianzas, abogado y procesos dilatados, la broma no ha bajado de 600.000 euros. 100 millones de pesetas.»
Y David escribe a continuación, bajo el título “Regla de tres”:
«Somos un país pequeño. Y por eso proyectamos la represión al Estado. Y hacemos números, prospecciones. Si los niveles de conflicto social y represión hubieran sido los mismos en todo el Estado español en este ciclo de luchas, ¿qué radiografía obtendríamos? Es ucrónico y utópico, pero estas serían las cuentas: 16.000 detenciones entre 1995 y 2005. 420 agentes dedicados únicamente a los movimientos sociales. 160 encarcelamientos. 40 presos. 8 suicidios. 56 infiltrados descubiertos.
Es otra manera de visualizar y proyectar una etapa. Y las conclusiones son bastante fértiles. Por elocuentes. ¿No tiene toda la pinta de una moderna guerra de baja intensidad contra la disidencia política y social?»
Hasta aquí la cita. Y la subrayo con mi respuesta: por supuesto que es una guerra contra la disidencia, pero su intensidad es más baja o más alta, en unos u otros periodos de la Historia, según sea la intensidad de la propia disidencia. Ellos están siempre dispuestos a todo. Todo depende de lo peligrosos que se muestren los que tienen enfrente.
Voy terminando. Pero no quisiera hacerlo sin referirme a uno de los asuntos que cita David cuando se refiere a la recurrente tendencia de los poderes constituidos a la utilización de agentes provocadores y de infiltrados. Él habla de un individuo al que llama Ángel Grandes Herreros, un policía que se hizo pasar primero por okupa y antimilitarista, que luego se las dio de solidario con Chiapas y viajó un par de veces a México, que pasó más tarde por Euskadi y se mezcló con la kale borroka y se vino finalmente a Madrid, donde se le perdió el rastro de manera bastante enigmática después de que su novia muriera de un tiro de bala. Mi mujer suele decir que el mundo es un pañuelo de mocos verdes, y eso me hizo recordar que una compañera suya de colegio, Maika Pérez, murió de un tiro que salió de la pistola de su novio, policía, que había estado en Barcelona, que viajó un par de veces a México, que luego pasó por Euskadi y que acabó en Madrid. El individuo, de nombre de pila Ángel, aunque con apellidos distintos, fue llamado a declarar ante el juez, pero se cuenta que lo que declaró es que sabía demasiadas cosas sobre la lucha antiterrorista y que, si empezaba a largar, podía resultar bastante comprometido para muchos peces gordos.
Lo único indiscutible es que la causa por la muerte de Maika Pérez duerme el sueño de los injustos.
Felipe González dijo en cierta ocasión, con el telón de fondo de los GAL, que al Estado también se le defiende desde las cloacas. Mi criterio, reforzado por el libro de David Fernàndez, es que al Estado se le defiende sobre todo desde las cloacas.
¿Quién es marroquí?, de Abdellah Taia en El País
Tras incluirlos en el programa de su próxima edición, el prestigioso Festival de Cartagena acaba de excluir a Nadia Yasín, hija del jeque Yasín, líder del movimiento islamista Al Adl wal Ihsan, y a Ali Lmrabet, periodista exiliado en España. Ninguno de los dos participará, pues, en los debates sobre Marruecos y su producción literaria e intelectual que tendrán lugar en tal ocasión. Como respuesta a tan inaceptable e incomprensible censura, Lola López Mondéjar, organizadora de los debates, ha dimitido del festival. Si escribo este texto es para apoyar su decisión y para anunciar mi retirada del Festival de Cartagena.
Lo menos que puedo decir es que estoy furioso. Y perplejo. Nunca hubiera creído posible semejante censura en un país democrático. Claro que 2009 es oficialmente el año de Marruecos en España. Pero de ahí a que un gran festival como el de Cartagena ceda a las presiones… ¿Y de quién, exactamente? ¿De las autoridades marroquíes? ¿De la Embajada de Marruecos en Madrid? ¿Y por qué?
En su defensa, el director del festival declaró la semana pasada en EL PAÍS que yo, Abdellah Taia, de 35 años, escritor y primer marroquí en asumir públicamente su homosexualidad, participaría según lo previsto y hablaría libremente de todo, incluyendo mi sexualidad.
¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que el homosexual marroquí es bienvenido en España, pero no una mujer perteneciente a un movimiento islamista ni un periodista que ha tenido grandes problemas con las autoridades marroquíes? No puedo aceptarlo. No puedo dejar que me manejen así. No quiero que me concedan la palabra en detrimento de otros marroquíes. Si hablé de mi homosexualidad en Marruecos fue por una necesidad interior (y no necesité autorización ni bendición alguna). Fue, antes que nada, un combate por el acceso a la individualidad, y no solamente por mí.
Lo que echamos terriblemente de menos en Marruecos y nos impide avanzar, liberarnos, son, entre otras cosas, los debates contradictorios. Me refiero a los reales, no a esos debates para la galería que pretenden dar una falsa imagen de progreso y modernidad. Desgraciadamente, pese al excelente trabajo de algunos medios de comunicación (Tel Quel, Le Journal Hebdo, determinadas emisoras de radio, etcétera), este tipo de debate, cuando lo hay, no llega a todos los marroquíes. Y la decisión del Festival de Cartagena no va a contribuir a cambiar las cosas. Por otra parte, se trata de una decisión extraña. Nadia Yasín y Ali Lmrabet se expresan regularmente en los diarios marroquíes. ¿Por qué apartarlos ahora? Misterio. ¿Son menos marroquíes que yo? ¿Menos fashion, tal vez? ¿Más «peligrosos»?
En Marruecos no es fácil tomar la palabra. Sé de lo que hablo. Crecí en Salé, frente a Rabat, la capital, en una familia pobre y en la sumisión y el aislamiento totales. Era como si Marruecos tampoco me perteneciese a mí. Como si la sociedad marroquí no existiese. Nunca me enseñaron a hablar. Me dijeron que me callase: en eso consistía la buena educación. Día tras día, año tras año, me repetían que las paredes tienen oídos. Que nosotros somos los pobres. Eternamente. Me transmitieron una visión demasiado simplista de la religión. El verdadero credo era el miedo. Miedo para toda la vida. Miedo para no salir nunca de la miseria ni de la ignorancia. Ese miedo que paraliza, mata y te prepara para la autodestrucción o el extremismo.
En Marruecos hablar es un lujo. Aquellos que pueden, tienen la responsabilidad de hacerlo por los demás, la responsabilidad de denunciar, de abrir el debate. Sorprender, provocar… Sólo así se puede cambiar el mundo y obtener derechos; ser dueño de uno mismo por fin.
En Marruecos oía a menudo cómo anatemizaban a éste o aquél por una supuesta traición al país y a sus ideales. Solía oír este tipo de frases: «No es marroquí. Nunca lo fue y nunca lo será». Hoy se oyen también, y cada vez más, frases como ésta: «No es musulmán, no es un buen musulmán». ¿Un impío, entonces? Desgraciadamente, ciertos intelectuales y artistas profieren también estas peligrosas negaciones que desvían la atención de los verdaderos problemas y no ayudan al marroquí a levantarse para gritar, para existir.
En mayo de 2007 oí esos mismos juicios escandalosos referidos a dos hermanos que cometieron un doble atentado suicida en Casablanca. Tras vagar durante casi dos días por las calles, saltaron por los aires no muy lejos del consulado norteamericano. No mataron a nadie. Sólo a sí mismos. En el colmo de la desesperanza en la que vive desde hace demasiado tiempo la juventud marroquí. Fue un grito desde el corazón, desde las tripas. Un llamamiento a la sociedad marroquí. No fue escuchado. Seguramente estimamos que no era culpa ni responsabilidad nuestra. Normal: esos dos hermanos «no eran marroquíes». ¿Verdad?
¿Quién lo es entonces?
Abdellah Taia es escritor marroquí.
Traducción de José Luis Sánchez-Silva.
¿Laicidad contra laicismo?, de José María Martín Patino en El País
La declaración colectiva del episcopado francés de 1996 puede ser considerada como la carta magna de la laicidad en el seno de la Iglesia católica. Allí se renuncia a la imposición y se adopta la proposición.
Me figuro que los inventores del sufijo ismo no pensaron en la descalificación, sino en las actitudes o movimientos innovadores: «puritanismo», «modernismo», «nacionalismo», «socialismo»… Y ya sabemos que los innovadores corren el riesgo de equivocarse. No me parece justo empobrecer la carga semántica del fonema «laicismo».
Del laicismo, el diccionario de la RAE se limita a decir: «doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa». Los que arrasaban conventos y asesinaban a curas y monjas estaban ebrios de venganza, pero no pueden presentarse como prototipos de laicismo. Los presidentes de las tres iglesias cristianas de Francia se referían, no hace mucho, al laicismo de la primera mitad del siglo pasado con la expresión más exacta de laïcité de combat. Algún prelado español debe estar más informado y se refiere al laicismo como «la laicidad a la francesa». Por este camino se va en busca de las diferencias y se termina inevitablemente en la confrontación.
Creo que es imposible llegar a la solución de los problemas si nos dedicamos a abultar de manera habitual sus relieves más conflictivos. No es éste el procedimiento de solucionar y menos arrancar de raíz los conflictos sociales. Contribuimos a convertirlos en insolubles y, lo que es peor, en males nacionales.
Dentro de la Iglesia católica, Pío XII, dirigiéndose a un grupo de italianos de la región de las Marcas el 23 de marzo de 1958, se refirió a lo que él llamaba «legítima y sana laicidad del Estado». En Francia, a pesar del Concordato de 1801 no aparece el término laïcité, ni figura ni forma parte de los ideales republicanos hasta después de la guerra de 1870. La Tercera República aprobó entre 1880 y 1905 un verdadero arsenal de leyes laicas sin emplear una sola vez el término laicidad. Todavía en las vísperas de la guerra de 1914, figuraba como neologismo y hasta final de siglo no fue admitido en la Enciclopedia Universalis (vol. 9, Paris, 1980, col. 743-747). Las autoridades lingüísticas son más severas que el pueblo en la aceptación de neologismos. Tampoco el abstracto «laicidad» figura en la última edición de nuestro diccionario de la RAE.
La jerarquía católica, en general, no puede negar la fuerte evolución semántica del término laicidad. Basta comparar el juicio que hacía San Pío X en la encíclica Vehementer nos (6, febrero 1906), dos meses y medio más tarde de la Ley de Separación votada en el Parlamento francés por la izquierda republicana. El Pontífice decía textualmente: «Es una tesis absolutamente falsa y un error pernicioso afirmar que sea necesario separar al Estado de la Iglesia». Porque, en opinión de San Pío X, injuria a Dios, fundador de la sociedad humana, el que niega el orden sobrenatural, limitando el horizonte del Estado al fin de la prosperidad pública. Pervierte el orden establecido por Dios que exige la concordia armoniosa entre la sociedad religiosa y la civil.
La historia de dos siglos, a la vez tempestuosa y apasionada, demostró que la laicidad puede convivir con las religiones en un régimen pacífico y abierto. El ralliement (acercamiento) de León XIII culminó en la carta colectiva de la Conferencia Episcopal Francesa en diciembre de 1996: Proposer la foi dans la société actuelle (Proponer la fe en la sociedad actual). La insistencia del verbo «proponer» en vez del antiguo «imponer» fue típica de Juan Pablo II. Los medios, y aun el mismo estilo verbal, le hacen malas pasadas a la predicación de los católicos. No todos los medios de exponer sintonizan con el Evangelio.
Los franceses, en todo el documento al que estamos aludiendo, se tomaron muy en serio el verbo «proponer». De ahí la importancia trascendental y la eficacia social que consiguió esta Declaración Colectiva de la Conferencia Episcopal francesa a partir de 1996. Hay que leerla toda, pero aquí nos tenemos que conformar con dos cortos párrafos:
«La separación de la Iglesia y del Estado, después de un siglo de experiencia, puede verse como una solución institucional que, permitiendo de manera efectiva distinguir lo que concierne a Dios y lo que concierne al César, ofrece a los católicos de Francia la posibilidad de ser actores leales a la sociedad».
«Afirmar esto,» prosigue el documento, «equivale a reconocer el carácter positivo de la laicidad, no tal como ella fue en sus orígenes, cuando se presentaba como una ideología conquistadora y anticatólica, sino tal como ella ha llegado a ser después de un siglo de evoluciones culturales y políticas: un marco institucional, y, al mismo tiempo, una actitud del espíritu que ayuda a reconocer la realidad del hecho religioso, especialmente del hecho religioso cristiano, en la historia de la sociedad francesa».
Importa decir que este comportamiento del episcopado francés fue propuesto como ejemplar por el papa Juan Pablo II, el 11 de febrero de 2005, cuando la Iglesia de Francia se disponía a celebrar el primer centenario de la Ley de Separación. En mi opinión, estamos ante la Carta Magna de la Laicidad en la Iglesia Católica y es lástima que no podamos recorrer y analizar detalladamente todas sus líneas. El Papa había recibido a todos y cada uno de los obispos franceses en la visita ad limina de 2004, víspera del primer centenario de la Ley de Separación.
«A través de vuestras informaciones personales», dijo Juan Pablo II, «he participado de vuestras preocupaciones y alegrías de pastores y en ellas habéis manifestado las relaciones positivas que mantenéis con los responsables de la sociedad civil. Aquella Ley fue un acontecimiento doloroso y traumático para la Iglesia de Francia. Regulaba la manera de vivir en Francia el principio de laicidad, y, en este marco, no mantenía más que la libertad de culto, relegando al mismo tiempo el hecho religioso a la esfera de lo privado… Sin embargo, desde 1920 el Gobierno francés ha reconocido, en cierto modo, el lugar del hecho religioso en la vida social».
«Deben considerarse», prosiguió el pontífice, «los esfuerzos realizados por las dos partes para mantener el diálogo. Entre otros nuevos avances en las relaciones de la Iglesia con el Estado francés se ha llegado en estos últimos años a la creación de un diálogo al más alto nivel, abriendo el camino, por una parte, a la reglamentación de las cuestiones pendientes o de dificultades que puedan presentarse en distintos dominios y, por otra, a la realización de algunas colaboraciones en la vida social enfocadas al bien común».
Entre los rasgos más sobresalientes de la aplicación del principio de laicidad, el Papa señaló el siguiente: «Debido a vuestra misión, estáis llamados a intervenir regularmente en el debate público sobre los grandes temas de la sociedad».
La laicidad del Estado que ahora se invoca en todo momento, que ocupa muchas páginas de la prensa y que divide a la opinión pública, es, según Emile Poulat, «una idea sencilla, una historia larga y una realidad muy complicada». Aun el mismo Immanuel Kant renunciaría a escribir la «crítica de la laicidad pura». Es fruto de un proceso histórico, de una aventura intelectual y política, una manera de concebir el papel y el sitio de la religión en el espacio público de una sociedad moderna.
En las democracias europeas se dictan leyes como las nuestras sobre la enseñanza, sobre la vida prenatal y sobre la unión conyugal. Y los episcopados de esas naciones proponen públicamente la misma doctrina de la Iglesia. Si exceptuamos la pintoresca intervención de Berlusconi a propósito de la joven Englaro, cuesta encontrar protestas de políticos cuando las Conferencias Episcopales se pronuncian sobre alguna ley. ¿Será cosa del énfasis o del tono amenazante de nuestra jerarquía española? La verdad más evangélica puede degradarse con la utilización de medios menos evangélicos. ¿O será verdad, como sospecha Edgar Morin, que nuestro «laicismo» ha caído en el trou noir del dogmatismo progresista?
José María Martín Patino es presidente de la Fundación Encuentro.
Las sentencias interpretativas, de Francesc de Carreras en La Vanguardia
A la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Catalunya, todas las opiniones parecen coincidir en que se emitirá una sentencia que, fundamentalmente, será interpretativa.
Parece, además, bastante razonable que así sea. Ahora bien, ¿qué es una sentencia interpretativa? Veamos.
El TC, entre otras funciones, enjuicia leyes desde el punto de vista de su adecuación a la Constitución, es decir, en caso de ser contrarias a la Carta Magna las declara nulas y en caso de no serlo las declara válidas. Para ello debe contrastar el texto constitucional y el precepto cuestionado de la ley al objeto de sacar las consecuencias pertinentes. Ello exige un proceso que debe acabar con una sentencia.
Las sentencias del TC se componen de tres partes: los antecedentes, los fundamentos jurídicos y el fallo. En los antecedentes se describe el problema planteado y se resumen las argumentaciones que alegan las partes en conflicto.
En los fundamentos jurídicos, el TC expone las razones de su posición, basadas en la interpretación de las normas que se contrastan y en las argumentaciones jurídicas pertinentes. Esta interpretación y argumentación no puede ser de cualquier tipo, sino que debe estar acreditada como habitual en el razonamiento jurídico, es decir, debe ser aceptada por la llamada comunidad de juristas. Asimismo, aunque el TC no está estrictamente vinculado por sentencias anteriores, en caso de modificar sus criterios debe argumentarlos de manera convincente con el fin de dejar claro que no ha cometido una arbitrariedad o, lo que es lo mismo, que ha tratado de forma desigual casos idénticos debido a razones que no son justificables por su función de guardián de la Constitución.
Finalmente, en el fallo, el TC debe pronunciarse de manera concisa sobre las conclusiones a las que ha llegado como resultado de los argumentos expuestos en los fundamentos y declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que se le somete a juicio. Una buena sentencia es aquella en que los argumentos contenidos en los fundamentos son consistentes y el fallo es el resultado natural al que se ha llegado tras la exposición de estos argumentos.
Ahora bien, un principio interpretativo comúnmente empleado por la jurisdicción constitucional es el de conservación de las leyes. Las leyes son un producto de los parlamentos, órganos legitimados directamente por el voto popular, y por ello merecedoras de un especial respeto. De ello se deduce que el TC debe declarar en sus sentencias la inconstitucionalidad de una norma sólo en el caso de que no exista posibilidad alguna de que en cualquiera de sus posibles interpretaciones sea conforme a la Constitución. Ello implica que los preceptos de una ley pueden ser objeto de interpretaciones diversas.
Efectivamente, las leyes están compuestas de palabras que cobran significado mediante las reglas de la sintaxis. Ahora bien, los enunciados de las normas no tienen la precisión de las fórmulas matemáticas. Dos más dos, en la matemática euclidiana, siempre serán cuatro y, por tanto, cuatro más cuatro siempre serán ocho. Esta fría y certera lógica no es tan exacta, ni mucho menos, en las expresiones gramaticales ni tampoco en las artísticas. Una novela, una poesía, un cuadro o una escultura se interpretan de maneras distintas. El derecho se expresa mediante el lenguaje, no mediante fórmulas matemáticas, y, por ello, en derecho, las conclusiones no se «demuestran» -como en matemáticas-, sino que se «argumentan» mediante razones fundadas -como en la crítica literaria o artística-, razones que deben ser lo más convincentes posibles pero que pueden dar lugar a dudas y legítimas discrepancias. Por ello las sentencias son, en muchos casos, discutibles.
Pues bien, el TC puede considerar que la norma que se le somete a juicio puede ser interpretada de diversas maneras; en algunas de estas interpretaciones puede resultar contraria a la Constitución y en otras no. Como consecuencia de ello, el TC puede declarar que sólo es válido el precepto cuestionado si es interpretado en un determinado sentido o que es inconstitucional interpretarlo dándole un sentido distinto. Cuando esto se argumenta en los fundamentos y es recogido en el fallo, nos hallamos ante una sentencia interpretativa.
Planteemos una última cuestión. Las sentencias interpretativas ¿consideran, en el fondo, que la norma interpretada es adecuada a la Constitución o, por el contrario, dan a entender que la norma es inconstitucional? La respuesta a esta pregunta inevitablemente debe ser matizada y siempre formulada tras examinar un caso concreto. En definitiva, la respuesta depende de determinar hasta qué punto se desvirtúa el contenido que el legislador había querido dar a la norma cuestionada. En general, puede decirse que este tipo de sentencias aceptan «formalmente» la constitucionalidad de la ley pero «sustancialmente» la vienen a declarar -por lo menos en parte- inconstitucional, sobre todo si la amputan en aquello que es considerado esencial, es decir, si la sentencia interpretativa formalmente salva el precepto -debido al principio de conservación de la ley- pero, en realidad, desactiva en buena parte sus efectos.
Cuando nos preguntamos si el TC declarará inconstitucional o no el Estatut de Catalunya -se entiende, los preceptos impugnados- hay que tener en cuenta todos estos matices para responder a lo que nos estamos preguntando.
FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.
Contaminando la vida social de Euskal Herria, en el Editorial en Gara
Ese era, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el efecto que tendría la presencia de la izquierda abertzale en los comicios del 1 de marzo: «contaminar la vida social» vasca. Atendiendo a ese argumento, que muestra la visión antropológica y sociológica que sostienen las autoridades y los tribunales españoles respecto a la realidad vasca, pero que no aporta la más mínima base jurídica a un proceso de ilegalización de partidos y proyectos políticos como el que está en marcha en el Estado español, el juez Baltasar Garzón decidió anoche suspender oficialmente las actividades de la plataforma electoral Demokrazia 3 Milioi (D3M) y el partido político Askatasuna. Asimismo, ordenó que la Consejería de Interior de Lakua y la Jefatura Superior de Policía de Iruñea supervisen el cumplimiento del veto establecido. También aquí dejan claro que su visión sobre la realidad vasca supera a menudo los límites que ellos mismos establecen.
En una primera y somera lectura del auto llama la atención, además de la utilización de una lógica que se adapta siempre al objetivo confeso o a la conclusión buscada de antemano, las referencias a la jurisprudencia que en este terreno han establecido los tribunales europeos. Por un lado, no parece que compararse con Turquía -una reconocida potencia mundial en la salvaguarda de los derechos políticos, civiles y, en general, humanos- sea la mejor estrategia para evitar las críticas de los organismos internacionales. Por otro, se utiliza esa jurisprudencia a la inversa, utilizando la excepción para convertirla en norma. No cabe duda que los últimos informes internacionales no han surtido el efecto buscado por sus autores, pero han obligado a equilibrios retóricos por parte de los tribunales españoles que darán qué hablar en esas otras instancias.
Con autos como éste la judicatura española no sólo contamina gravemente la vida social, sino que pretende desfigurar la realidad y los parámetros reales del conflicto vasco. Es de prever que antes, durante y después de las elecciones esa realidad y esos parámetros se impondrán.
¿Cómo se forman las mayorías?, de Adela Cortina en El País
«La regla de la mayoría es tan absurda como sus detractores le acusan de serlo». Así empieza un célebre texto de John Dewey, que continúa aclarando: «Lo que importa es cómo una mayoría llega a serlo». Y, a mi juicio, caben al menos tres caminos: el debate sereno y la discusión pública bien argumentada, la agregación de intereses individuales y grupales o, pura y llanamente, la manipulación de los sentimientos. En el primer caso estamos ante una democracia deliberativa, en el segundo, ante una democracia agregativa, y en el tercero, ante lo que podríamos llamar la democracia emotiva, en la que reina el arte de la manipulación.
Claro que en la vida real las tres se dan de algún modo mezcladas, pero también es cierto que una de esas dimensiones puede imponerse a las restantes hasta el punto de imprimirles su sello.
Creo que llevaba razón Dewey. La democracia representativa no es el gobierno del pueblo, en ningún lugar de la tierra gobierna el pueblo. Es más bien, como se ha dicho, el gobierno querido por el pueblo, y ni siquiera eso: es el gobierno querido por la mayoría del pueblo, incluso por la minoría cuando los partidos en el poder no tienen mayoría absoluta. Cómo se forma esa mayoría cuyos representantes pactan con las minorías es un gran problema.
Puede hacerse por agregación de los intereses de los votantes. Los partidos políticos compiten por sus votos tratando de sacar a la luz cuáles pueden ser los intereses de los distintos sectores y les aseguran que van a satisfacerlos. Las gentes sopesan bien las diferentes ofertas, las estudian y optan por las que les parecen mejores para ellas. El deliberacionista critica esta forma de actuar porque la considera equivocada de plano. No nacemos ya con intereses que después agregamos, sino que los intereses se forman socialmente, ni es auténtica democracia aquella en que las gentes buscan su interés particular, como si no fuera posible forjarse una voluntad común mediante la deliberación y el intercambio de argumentos. Esto es lo propio de un pueblo, de un demos, el poder decir «sí, nosotros queremos», y sin él no hay democracia posible.
Sólo que el deliberacionista suele ser estadounidense y contar con el suelo de un patriotismo indiscutible con el que no contamos otros, con un sentido del «nosotros», ligado a valores universales, que impregnaba el discurso de Obama. Aquí no hay nosotros que valga, y cuando lo hay, es contra otros.
Pero tampoco es muy seguro que estemos forjando una democracia agregativa inteligente, tampoco es muy seguro que las gentes estemos mostrando el caletre necesario para sopesar qué nos interesa, para estudiar las propuestas y pedir responsabilidades cuando no se cumplen. Estamos más bien en manos de quien nos sepa manipular.
Como el colesterol, que puede ser malo o bueno, hay una buena retórica y una mala. La primera trata de conocer los sentimientos de los interlocutores para que puedan entender el mensaje que se les quiere transmitir y por qué les beneficia. El mensaje, claro está, ha de ser bueno para ellos. Si no se logra la sintonía, si no se alcanza la comunicación, entonces el buen mensaje no llega. La mala retórica, por su parte, trata también de conocer los sentimientos de los interlocutores, pero para intentar colocarles el producto que interesa al retórico sin que se den ni cuenta, aunque se produzca con ello un daño irreparable. Es todo un arte el de la mala retórica, que en román paladino puede y debe llamarse manipulación.
En él tienen un papel clave los medios de comunicación con sólo destacar unos sucesos u otros, con sólo subrayar unas frases y callar otras.
Que un país sumido en una brutal crisis económica, con un índice de paro que es el sufrimiento cotidiano de personas concretas y de familias enteras, al que se amenaza con excluirle de la zona euro, tenga como portada en los diarios, como primera plana, el fallo del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía es, a mi juicio, un síntoma pésimo, el de un país que no tiene pueblo, sino masa, dispuesta a seguir bailando a cualquier flautista embaucador.
Algunos hemos venido diciendo desde hace tiempo que EpC no va a forjar ciudadanos comprometidos ni detritus sociales, que el asunto son los manuales y quién imparte la asignatura, y sobre todo que el problema de la educación no se reduce a enseñar el uso del preservativo, que es lo que al parecer les importa a representantes visibles de los dos grandes partidos. Cuando la educación en su conjunto es deplorable y los alumnos llegan a la Universidad con un nivel cada vez más bajo.
Hay muchas tareas pendientes para la construcción de una democracia: crear partidos democráticos, capaces de contagiar a la sociedad democracia y pluralismo, poner trabas al gobierno de las minorías, quitar fuerza a los aparatos de los partidos, promover una ciudadanía activa. Pero la más importante consiste, a mi juicio, en formar mayorías cultivando pueblo y no masa.
Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, directora de la Fundación ÉTNOR y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
La desconfianza, de Francesc de Carreras en La Vanguardia
Más allá de que parece haber motivos políticos interesados en procesar a determinadas personas cercanas al PP, precisamente en este momento preelectoral, vinculadas a un sumario que se inició hace ya mucho tiempo sobre unos hechos aún más antiguos, más allá de la mala imagen que supone para la imparcialidad del poder judicial la participación del juez instructor y el ministro de Justicia en una misma cacería el pasado fin de semana, más allá de que nada está demostrado y que la corrupción puede darse aún en las mejores familias, más allá de todo eso, el PP tiene desde que perdió las elecciones en el 2004 unos problemas pendientes que no ha sabido resolver y hasta que no lo haga, digan lo que digan los sondeos de opinión, no podrá recuperar la confianza de una mayoría de los ciudadanos y estar en condiciones de alcanzar la presidencia del Gobierno.
¿Cuáles son esos problemas? Amimodo de ver son dos: el encarnizado enfrentamiento interno y el no haber sabido plantear una alternativa al Gobierno Zapatero. Lo primero se resuelve con autoridad y lo segundo con inteligencia, pero ni la una ni la otra aparecen.
A pesar de escenificar la unidad en el Congreso de julio pasado, la desunión en el PP se manifiesta día a día en los periódicos, en la radio y en la televisión. Noes que Rajoy diga una cosa y Esperanza Aguirre diga otra, no. Sus diferencias no las exhiben en público. Pero los suyos, perfectamente identificados en los medios de comunicación, muestran a través de ellos, día a día, sus discrepancias, se lanzan mutuamente feroces o irónicas invectivas que ponen en entredicho la autoridad de Rajoy en el partido y, en consecuencia, su falta de credibilidad en la sociedad y su liderazgo político. El espectáculo suscita de todo menos confianza.
Por otro lado, pese al notable cambio de estilo respecto de la legislatura anterior – De Cospedal y Sáenz de Santamaría no son, ciertamente, Acebes y Zaplana-,sigue el PP sin plantear alternativa al Gobierno. Todo ello a pesar de que Zapatero se halla en sus horas más bajas, dando palos de ciego para hacer frente a la crisis que ya nos están empezando a costar muy caros, con un Solbes que más parece un invitado del Consejo de Ministros que el vicepresidente encargado de dirigir la política económica. Pues bien, ante este desolador panorama de un Gobierno sin rumbo, Rajoy ha repetido muchas veces que no está de acuerdo con las medidas económicas de Zapatero, pero no ha dicho todavía cuáles son las que tomaría su partido en caso de gobernar.
Espías, dossiers y chanchullos, procesos y cacerías, todo para ver quién desgasta a quién con el solo objetivo de ganar unas próximas elecciones autonómicas. Mientras, aumenta el paro, se angustian los trabajadores y cierran las empresas. Los políticos van por un lado, la desconfiada sociedad por otro.
Reggio's Weblog 
leave a comment