Reggio’s Weblog

La ingravidez de la ley, de Francisco J. Laporta en El País

Posted in Derechos, Justicia by reggio on 2 marzo, 2009

Ya se empieza a mirar con incredulidad esa suerte de voluntarismo que exhiben las autoridades ante cualquier atropello de que se tiene noticia, sea un acto de terror, un episodio de corrupción urbanística, un desastre de tráfico o un caso de malos tratos a la mujer. Para todas las calamidades tienen la misma respuesta: sobre los responsables -repiten una y otra vez- caerá todo “el peso de la ley”. Lo que sucede es que de unos años a esta parte la ley está perdiendo peso sin que los principales interesados en mantenerla en forma parezcan preocupados por ello. Y al paso que va terminará por pesar tan poco que pueda ser considerada una entidad ingrávida.

Cuando uno es gobernante y esgrime todo el peso de la ley no está expresando sentimientos. Eso vale para el universo simbólico del poder, pero si no va acompañado de una panoplia eficaz de medios, acaba en un puro brindis al sol. Una cosa es anunciar leyes, amenazar con ellas, proyectarlas y publicarlas en la Gaceta, y otra muy distinta aplicarlas. Hace ya muchos siglos que resuena la voz sabia de Sófocles: no des órdenes que no puedas hacer cumplir. Pues bien, parecemos estar asistiendo a un incremento de prescripciones legales y admoniciones públicas que tienen algo de baladronadas jurídicas, porque no van a poder hacerse cumplir. El problema es serio, porque el cumplimiento espontáneo de la ley, que es producto de la deferencia ciudadana hacia su letra, está empezando a debilitarse a la vista de tanta frustración. Las promesas que se hacen en el mundo simbólico de la publicidad jurídica resultan fallidas en la vida cotidiana de la aplicación de la ley. Y la gente está empezando a desconfiar.

Lo más paradójico de semejante situación es que ha sido producida por la incuria de quienes tienen necesidad de la ley para llevar adelante sus programas. En efecto, todos los partidos políticos, cualquiera que sea su esfera de acción (estatal o regional), aspiran a ganar el favor de los electores con el objetivo de transformar su programa y sus ideas en normas jurídicas, en leyes. Y la paradoja es que al condescender con el estado lamentable en que se encuentra la legislación como herramienta de gobierno, están castrando sus propias posibilidades de actuar. La alternancia en el gobierno no ha servido en este punto para nada. Siempre se detecta la misma incoherencia moral: cuando se está en la oposición se demandan medidas sobre el proceder legislativo que nunca se aprueban cuando se está en el Gobierno. Todos los grupos parlamentarios exigen con gesto severo cosas que no hacen cuando gobiernan. En las Cortes Generales se prefieren las escenas de desacuerdos y broncas, cuanto más sonadas mejor, porque con ellas

se excita la sinrazón del ciudadano, que es lo que la política-espectáculo persigue. Nadie se ocupa de mejorar la elaboración de las leyes ni de hacer más efectiva su aplicación porque eso no hace ruido, lleva tiempo y demanda raciocinio. El resultado es que el poder de legislar reside en dos Cámaras que carecen de los indispensables medios y resortes técnicos para hacer las cosas bien. Sí, en España se legisla rematadamente mal. Tras más de 15 años ocupándome de la ley y su impacto social creo poder afirmar que se está tornando poco a poco una herramienta normativa testimonial e inútil. Y lo que pueda pasar cuando, ante el anuncio de una nueva ley, la gente empiece a encogerse de hombros, es algo cuya gravedad es difícil de exagerar.

Tomemos, si no, como ejemplo un característico paquete de leyes del Gobierno actual: las relativas a la violencia de género, la persecución de conductores imprudentes, la ayuda a la dependencia, o la erradicación del tabaquismo. Son políticas generalmente aceptadas, aprobadas además con amplios consensos. Si se hicieran realidad en la vida cotidiana, supondrían un importante avance en las condiciones de vida de los españoles. Pero no acaban de hacerse realidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ha habido que formularlas como leyes, y las leyes son en España un vehículo torpe y lento de afectar la realidad. Sus deficiencias técnicas y las enormes carencias de los órganos que han de aplicarlas hacen de ellas mandatos normativos que operan muchas veces en el vacío.

En el proceso de elaboración de las leyes aparecen siempre demagogias, presiones, ideas encontradas, intereses en conflicto, problemas de encaje en el ordenamiento, condicionamientos formales y materiales, y muchos otros inconvenientes. Pero por eso mismo es preciso reconducir en algún momento ese proceso hacia alguna institución solvente que ponga orden en el proyecto y trate de salvar las dificultades. Nosotros, lamento decirlo, carecemos de esa institución. Porque las Cortes Generales no se ocupan de tales cosas. Y por eso aparecen en la Gaceta esos engendros deformes que ha dado en alumbrar nuestro proceso legislativo. Leyes puramente simbólicas, contradictorias muchas veces, imposibles de aplicar otras, carentes de apoyo económico con frecuencia, meros deseos tantas otras, y así hasta decir basta. No exagero. Juristas de todas las convicciones están ya hartos de denunciarlo. Y tampoco atañe a este o aquel Gobierno. Todos ellos parecen pugnar por caer más y más en las politiquerías cotidianas en lugar de cultivar la altura de miras necesaria para acometer una política seria sobre los instrumentos fundamentales de la gobernación.

Y luego viene la segunda parte. Una vez que la ley está en la pacienzuda Gaceta hay que aplicarla. Y aquí simulamos habernos caído súbitamente del guindo. De pronto ha hecho eclosión en la prensa lo que todo el mundo sabía pero nadie quería saber: el lamentable estado de nuestra justicia como organización institucional. Miles de causas sin ejecutar por aquí, descoordinaciones elementales por allí, ignorancia de los más elementales criterios de organización institucional, dilaciones de años en cualquier procedimiento, ineficacia palmaria de las leyes aprobadas, episodios de sectarismo judicial, escandalosas anécdotas sobre pérdida de causas, rebelión de los cuerpos judiciales, sobrecarga insoportable de jueces y funcionarios, y una interminable lista de averías y goteras (metafóricas y reales).

Desde que se aprobó la Constitución con sus exigentes parámetros jurídicos hemos estado practicando la falacia del nirvana: pensar al legislador y al Gobierno como actores importantes pero corruptibles, dispuestos a traspasar límites, a ceder a tentaciones. A su lado, por fortuna, estaba la judicatura, a la que se encomendaba toda garantía, todo control jurídico, toda vigilancia de los valores constitucionales. Nadie estaba ya al arbitrio de ningún poder porque allí estaban los jueces. Entre unos poderes viciosos y unos jueces puros, capaces, trabajando sin límites de tiempo e información, y adornados con todas las virtudes del gran jurisconsulto, ¿quién iba a dudar? Pero resulta que eso era el nirvana; la realidad es otra que nadie, ni siquiera su famoso órgano de gobierno, ha abordado con seriedad. No es que nos salga súbitamente al paso ahora; ya estaba ahí hace demasiados años (hace ¡ocho! nada menos la llamé aquí La cuestión de Estado (EL PAÍS, 21/2/2001). Y revela su cruda verdad: una justicia administrada por juzgadores desbordados, sin apoyo económico, sometidos -sí- al imperio de la ley, pero de una ley muchas veces endeble, hueca, sin peso, ingrávida. Sin duda, un problema de Estado, pero ¿dónde están los estadistas?

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Anuncios
Tagged with:

Elecciones y futuro, de Arnaldo Otegi en Gara

Posted in Derechos, Justicia, Libertades, Política by reggio on 28 febrero, 2009

En su análisis, que supera abiertamente la clave electoral, Otegi enciende las «luces largas» para constatar que «han dejado fuera del Parlamento en Vascongadas a la izquierda abertzale pero, de ninguna manera, fuera de la lucha por un cambio político y social para el conjunto de Euskal Herria en la senda independentista y socialista». Y en los primeros pasos de ese camino ubica la gran importancia de los votos ilegalizados, «votos de oro», que mañana se depositarán en las urnas como «inversión para construir la esperanza de la mayoría de la sociedad vasca».

Hoy es oficialmente día de reflexión para los ciudadanos de los territorios occidentales de Euskal Herria. Parece que en estas democracias formales la reflexión se ciñe a la elección de una papeleta tras la tormenta de mensajes, skechts y frivolidades de todo tipo y naturaleza que hemos padecido en esta interminable y, vergonzosa, campaña electoral; es decir, parece que nos invitan a reflexionar durante 24 horas -más puede ser peligroso- para luego desconectar hasta la siguiente campaña electoral, donde nuevamente nos vendrán con productos programáticos renovados.

Superando ese esquema formal hay que remarcar algunas variables y referencias que están más allá del resultado electoral y que, por tanto, seguirán siendo asignatura pendiente colectiva de toda la ciudadanía vasca.

En primer lugar estas elecciones están insertas en el pulso político de fondo que Euskal Herria viene manteniendo desde Lizarra-Garazi. Un tránsito entre una fase constitucional-estatutaria agotada y un ciclo político que no termina de abrirse y, por tanto, asentarse con nuevas bases políticas de reconocimiento nacional y respeto a la voluntad popular democrática.

Estos años han sido sinuosos en oportunidades y fracasos para el movimiento abertzale ante la estrategia establecida por el constitucionalismo español para condicionar los contenidos del, por otro lado, irreversible nuevo ciclo político. El PSOE, como el PP, cada cual con sus características, han mantenido planteamientos políticos, jurídicos y represivos tendentes a desgastar el espacio autodeterminista que emana de Lizarra y, muy específicamente, neutralizar el papel de motor del cambio de la izquierda abertzale.

En ese pulso hemos atravesado momentos diferentes -Loiola- siendo evidente el bloqueo instalado en los últimos tiempos en todos los parámetros del conflicto político. Un bloqueo que el constitucionalismo ha ido trabajando para debilitar la correlación de fuerzas de Lizarra insertando al PNV en la estrategia de Estado. Algo que ha conseguido y pretende rubricar con los resultados y consecuencias de las elecciones de mañana domingo.

La campaña electoral ha sido fiel reflejo de ambas cuestiones. Por un lado, el apartheid político contra la izquierda independentista ha tenido un nuevo desarrollo con la anulación de la posibilidad de representación institucional al sector de la sociedad vasca más dinámico y determinante para el cambio político en este país. Una decisión del Estado español que ha tenido una insignificante e hipócrita respuesta de los sectores políticos que tanto reclaman el derecho a decidir y las vías políticas y democráticas. Al contrario, detrás de declaraciones formales se han tirado a por los votos y escaños que la decisión política del Estado les proporciona en un hemiciclo que será renovado con la bandera española en su fachada y con una composición interior trucada por el mencionado apartheid político.

Por otro lado, hemos visto cómo PNV y PSE-EE han hecho una campaña de bajo perfil político y mediatizada por el discurso autonomista y la gestión económica. Dice Ibarretxe que mañana nos jugamos dónde se decide, si en Madrid o en Gasteiz. Una falacia evidente ante la estrategia y posición del Estado con «su» plan y «su» consulta y, ahora mismo, ante la imposición de las reglas de juego de «su» Parlamento. Tenemos la convicción, avalada por la posición del PNV en el proceso de negociación y posteriores acuerdos parlamentarios, de que este partido hace tiempo que inicio la ciaboga de Lizarra encaminándose a un «concierto político» que, en el fondo, es la constitucionalización del nacionalismo, autentica asignatura pendiente del modelo de Estado Español, como alternativa al reconocimiento nacional vasco y sus derechos democráticos en el marco de un estado plurinacional. Esa es la cuestión de fondo que se viene madurando en este contexto de bloqueo político.

En este mismo escenario, EA trata de clonar a la izquierda abertzale y Aralar pone la guinda al pastel intentando aprovechar las condiciones del apartheid para ponerlas, como en Nafarroa, al servicio de la estrategia regionalista de Sabin Etxea.

Así pues, han dejado fuera del Parlamento en Vascongadas a la izquierda abertzale pero, de ninguna manera, fuera de la lucha por un cambio político y social para el conjunto de Euskal Herria en la senda independentista y socialista. El debate político y económico, las condiciones estructurales impuestas por el Gobierno español, nos revelan que, sea cual sea el resultado, estamos ante la continuidad de la estrategia del Estado contra Euskal Herria y ante el peligro de un segundo ciclo autonomista ante la deriva de un PNV preocupado únicamente por la gestión de sus negocios e intereses desde las actuales instituciones.

A pesar de ello, las condiciones para un cambio político siguen estando vigentes en una sociedad vasca que reclama de forma mayoritaria el reconocimiento a su voluntad democrática. Por eso debemos abordar la foto distorsionada y tramposa de mañana con tranquilidad, confianza y perspectiva. La izquierda abertzale viene planteando con insistencia la necesidad de una acumulación y activación de fuerzas soberanistas, independentistas y progresistas como eje determinante en la actual situación de tránsito a la definición de los ingredientes y/o bases de un nuevo ciclo político. Un planteamiento que necesita de maduración y concreción en diseño, contenidos y propuestas táctico-estratégicas. Con esas luces largas puestas, con esa perspectiva y compromiso, aborda la izquierda abertzale este test electoral antidemocrático y, sobre todo, la etapa política que se abrirá inmediatamente después.

Así pues, en la jornada de mañana, por encima de decisiones antidemocráticas, de una campaña de persecución brutal a nuestras ideas y planteamientos o de la permanente ocultación y manipulación mediática, la izquierda abertzale volverá a demostrar la dignidad y compromiso con este pueblo y sus derechos nacionales y sociales articulando un espacio social que nos permita trabajar en los próximos meses por una implementación de esfuerzos y compromisos políticos, sindicales y sociales en aras a configurar un bloque popular por el cambio en términos de soberanía y modelo social. Como hemos repetido en los últimos días, no hay cambio político sin la izquierda abertzale o, dicho de otra forma, sólo desde la iniciativa, fuerza e ilusión de la izquierda abertzale podemos alcanzar un escenario democrático como primer paso para desarrollar nuestra propuesta estratégica.

Por tanto, frente a quienes anteponen sus intereses a los derechos y la dignidad de este pueblo, frente a los que buscan espacio político aprovechándose de la estrategia del Estado español, frente a la estrategia de represión y confrontación del Estado español para mantener un cuadro político pivotado en la negación de nuestra soberanía y la imposición constitucional, mañana, el voto ilegalizado es una inversión, un voto de oro, para construir la esperanza de la mayoría de la sociedad vasca.

Tagged with:

Límites al Estado de Inopia, de Fernando Suárez en El Confidencial

Posted in Economía, Justicia, Laboral, Política by reggio on 27 febrero, 2009

A finales del siglo XIX, Otto von Bismarck puso la primera piedra del Estado del Bienestar contemporáneo: un esquema de prestaciones públicas destinadas a reducir la desigualdad, fomentar la integración social y mitigar la pobreza según estructuras de dependencia intergeneracional y solidaridad. Camino de cumplir 70 años, el Beveridge Report sentó a su vez las bases de los modernos sistemas de seguridad y protección sociales, según tres principios esenciales que, en plena Segunda Guerra Mundial, resultaban críticos.

El primero quedaba resumido en la frase un momento revolucionario de la historia mundial es tiempo de revoluciones, no de parches. El segundo cimentaba la política de progreso social como una batalla contra cinco gigantes: necesidad, enfermedad, ignorancia, miseria y ociosidad. Por último, criterios de reciprocidad. El esfuerzo debía ser fruto de la cooperación entre el Estado y el individuo. Cobertura a cambio de servicio y contribución, evitando ahogar el incentivo, la oportunidad y la responsabilidad individual. Permitir margen de maniobra y estímulos suficientes para la acción voluntaria orientada a mejorar la propia situación personal y familiar. Amparo sin provocar desidia.

Pero los tiempos cambian, nuevo collar. Don Carnal utiliza maschera dello speziale apareciendo como Estado del Bienestar democrático y solidario cuando, en realidad, es la coartada de la partitocracia absolutista. Bajo la careta se esconde, ya saben, una monstruosa estructura burocrática multinivel, siempre dispuesta a engordar a cambio de más servidores, bienes y servicios de dudosa necesidad, difícil financiación y peor administración. Su insaciable apetito recaudatorio, proporcional a su creciente tamaño, debe ser convenientemente alimentado por prudentes ahorradores, inversores de talentos, emprendedores, justos comerciantes y obreros de la honestidad profesional, para así dotar de bicocas y prebendas al resto de paniaguados del sistema.

Necesidad, ignorancia y ociosidad han sido finalmente combatidas con sobreprotección, condescendencia infinita y desmantelamiento de la formación integral en principios y deberes, a todos los niveles. Asesinada la Parábola de los Talentos, quien los entierra obtiene igual o mejor premio que quien los arriesga. Aventada la meritocracia basada en el binomio esfuerzo-recompensa, nada se niega, reprensión inexistente, impunidad. La cultura de la subvención y el subsidio han creado una relación patológica de dependencia trufada de conflictos de intereses. Clientelismo político y pesebrismo público. Imposible adelgazar. Indolencia conformista, hedonismo compulsivo y picaresca autóctona para una sociedad decadente donde la convivencia pende del fino hilo de la improvisación, la dejación de funciones, las corruptelas y el ande yo caliente. Tenemos lo que nos merecemos, sí, fiel reflejo de nuestra sociedad.

Evolución del Panem et circenses hacia la Cultura del bienestar y el ocio. Atrás quedan sombrías fórmulas totalitarias de turismo de masas por trabajar con alegría o merecidos recreos en Butlins sudados de esfuerzo. Fuera límites, éxito sin mérito. La vie en rose. Oportunidad única del Estado benefactor para someter cuales súbditos a sus ciudadanos mediante la gestión del equilibrio de los tercios sociales: una parte apoya y se beneficia, otra se opone y padece,  y la última, abonada al NS/NC, se adapta a lo que le echen. Demasiadas cigarras para tan pocas y tan explotadas hormigas. Esperanzas fundadas en que la reversión del tercio acomodaticio se escore hacia el hormiguero antes de que éste sea abandonado por sus exhaustos moradores.

El Bien Político no tiene sustitutivo perfecto, partitocracia o caos, nos dicen. Mensaje que cala y se retroalimenta mediante proselitismo mediático, dádivas y caramelos. Proteger el mercado político con barreras de entrada consistentes en desplazamientos hacia la derecha de la curva de costes mediante publicidad institucional y propaganda. Impedir la competencia de nuevos participantes que tendrían que realizar ingentes inversiones para atraer la atención ciudadana y así posicionar su imagen de marca. Costes unitarios prohibitivos en términos de votos. El pastel es demasiado goloso para ser com-partido. Al ciudadano no le quedan más alternativas que apechugar o rebelarse. Ambas salen caras.

Henos aquí porque hace tiempo otorgamos carta de naturaleza e impunidad para invalidar las restricciones que impedían conquistar Jauja. Cautiva y desarmada, desbarre non stop. Tomar conciencia de la letra pequeña, del coste real de ser sometidos en nuestro nombre y por nuestra propia mano, supone llegar tarde para cuidarse de lo que uno desea. Programas de contención del descontento social basados, curiosamente, en apretar la soga y el cinturón a los contribuyentes en lugar de contener el despilfarro, las gollerías y las cacerías con pólvora del rey. En épocas de vacas famélicas el apetito confiscatorio se dispara y, como no se puede sacar de donde no hay, se aprietan tuercas y se exprimen los bolsillos ciudadanos.

El ejercicio del poder coactivo del Estado del Bienestar pasa por enterrar literalmente a los ciudadanos, reconvertidos en serviles súbditos, bajo una ingente y absurda montaña de regulaciones y leyes ininteligibles de inexcusable cumplimiento, salvo para aquella casta de privilegiados inmunes, gozosos de impunidad. Ley del embudo. Una vez fijado el corpus normativo, vía libre para inundar el sistema financiero con instrumentos de pago basados en papel, tinta y confianza prestada, orientados a la mutua liquidación de tributos y contribuciones.

El dinero fiduciario es un activo para el agente privado, pero no un pasivo del emisor, dada la inconvertibilidad del papel moneda salvo en papel moneda, generando una solvencia asimétrica entre ellos. La aceptación del agente privado de recibir pago en dinero fiduciario constituye una liquidación definitiva entre las partes, sin que aquél pueda reclamar nada más. Interesante, Dr. Buiter. Dada la dependencia intergeneracional del sistema, las ronchas que el maná de Papá Estado va dejando en herencia, y que deben ser sucesivamente amortizadas, cada vez pesan más, volviéndose imposibles de atender. ¿Deuda perpetua…?

John Horsley Palmer, Gobernador del BoE (1830-1833), escribiría: si el papel moneda fuese desacreditado por cualquier convulsión política interna, entonces sólo podría ser defendido por el poder del Gobierno y, en tales momentos, el deber de los Ministros de la Corona se convierte en asumir la responsabilidad de mantener el crédito público. Para aliviar el descrédito comercial, el organismo emisor debería estar suficientemente formado como para poder brindar protección. Llegamos mal y tarde, me temo. Nos hemos pasado varios pueblos y a las nuevas generaciones no se les ha enseñado a frenar, siempre a tope.

Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Límites. De su ausencia, corríjanme si me equivoco, brota el origen de nuestras cuitas. Hora de despertar del aletargamiento y de acotar el Estado de Inopia. Tal vez haya que hundir antes de reflotar. Unas pocas normas sensatas, accesibles y orientadas al bien común; una administración ligera de equipaje, eficiente y al servicio de sus ciudadanos; una efectiva separación de poderes; un sistema electoral de representación justa y directa; mecanismos de control, escrutinio y sanción de las actuaciones públicas, con exigencia automática de responsabilidades y sin resquicios para la impunidad. Extirpación quirúrgica del dollar standard, haciendo borrón y cuenta nueva con el remanente. Begin the Beguine. Un sistema financiero internacional que no asuma como lógicas e irremediables la sucesión de burbujas y sumideros, más o menos globalizados, que roban prosperidad a generaciones enteras, encadenando miserias para acreditar las cuentas del Gran Capitán. I have a dream today.

Problemas enlazados, de Antonio García-Trevijano en El Diario español de la República Constitucional

Posted in Justicia, Política by reggio on 27 febrero, 2009

Dos temas ocupan la atención de los medios informativos y no porque sean nuevos, insólitos o extraños a esta Monarquía de los Partidos. A primera vista parece que no guardan relación entre si, que no tienen la misma causa, que obedecen a motivos diferentes. Pero bien examinados se descubre pronto que los dos problemas tienen la misma fuente de procedencia, el mismo vicio institucional. Nos referimos a la agitación de los jueces, no acallados con el nombramiento de un nuevo ministro de Justicia, y al continuo afloramiento de la corrupción en todos los partidos estatales, que no cesa de manifestarse desde los primeros años de la Transición, tanto en los centrales como en los autonómicos o municipales.

Las mentes superficiales, acomodadas a la situación y conformadas por el tiempo transcurrido sin afrontar siquiera el examen de la naturaleza de estas anomalías, las atribuyen a los inevitables factores subjetivos que se derivan de la escasez de medios para el desempeño honorable de la función judicial o para cubrir las necesidades financieras de las campañas electorales de los partidos. El vulgo cree que son males perennes e incorregibles del egoísmo anclado en la naturaleza humana. La mentalidad que no disculpa el crimen individual motivado por la pobreza, es la misma que considera normal el maltrato de los jueces por el Gobierno y el robo de dinero público por todos los partidos. Se entiende bien que los patrones de la Monarquía, o sea, los partidos constitucionales, se indignen tanto con la rebelión judicial y tan poco con su propia corrupción. Pero fallan en su misión todos los medios de comunicación, sin excepción, que después de treinta años de vigencia del problema, siguen alejándose de su análisis y, por tanto, de la solución. A los medios informativos, verdadero sostén del Régimen, les aterroriza la crítica destructiva. Siendo así que, tanto en la física como en la moral, sólo se construye destruyendo lo necesario para construir.

No es el caso de este singular DIARIO. Porque sabe la solución, y el modo inteligente de llegar a ella, será implacable en la tarea de destrucción de la causa del problema. Este subsistirá mientras no haya separación de poderes en el Estado; mientras el poder judicial, con presupuesto autónomo, no sea elegido por los actores jurídicos en el proceso de la justicia legal; mientras las campañas electorales no sean gratuitas; mientras la prensa sea más fiel al Estado que leal a la sociedad. Esto no es quimera ni sueño de los buenos deseos. Está construido en la ciencia de la República Constitucional.

florilegio

“La libertad construye lo nuevo, el consenso mantiene la vieja incoherencia.”

La licencia como pretexto, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Derechos, Justicia, Libertades, Política by reggio on 26 febrero, 2009

Noticia política de los últimos días ha sido la dimisión del ministro de Justicia. No hace falta comentar las causas de esta dimisión, ya que son demasiado conocidas, pero una de ellas, seguramente la de menor entidad, es un buen pretexto para reflexionar sobre la actual situación del Estado de las autonomías.

Efectivamente, al ministro le pillaron cazando sin licencia. ¡Caramba! Que un ministro, además un ministro de Justicia, se arriesgue a participar en una cacería sin el permiso correspondiente obviamente constituye una infracción pero sobre todo denota una imprudencia política imperdonable. Pero ahí hay que señalar un matiz. El ministro es un cazador experto y adiestrado, nunca hubiera ido a cazar sin licencia, pero lo que le fallaron fueron sus conocimientos de geografía: la finca por donde andaba persiguiendo venados ya no pertenecía al territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, de cuya administración había obtenido la licencia, sino que estaba situada en la comunidad autónoma de Andalucía. ¡Mecachis!

Según confesión propia, sin darse cuenta, traspasó el linde entre ambas comunidades y no recordó que su licencia de Castilla-La Mancha no tenía validez en Andalucía: un minúsculo error, pero que ha sido la gota que ha desbordado el vaso y, a la postre, le ha costado el cargo.

No me negarán que el asunto es ridículo si no fuera, en realidad, patético. Por supuesto, el ministro ha cometido una ilegalidad, la ley es igual para todos y sobre él debe recaer la sanción administrativa correspondiente. Pero es patético que para poder cazar en toda España se necesiten 17 licencias distintas, una por comunidad autónoma. En otras palabras, acudir a 17 ventanillas y pagar 17 tasas.

No nos entretendremos mucho en formular ciertas consideraciones sobre la caza, que en otro momento podrían ser pertinentes. Pero no me puedo quedar sin decir que nunca he entendido por qué hay tanto afán en suprimir los toros y nadie pretende acabar, por los mismos motivos, con la caza. Al fin y al cabo, disparar contra una indefensa codorniz, un simpático conejo o un altivo y elegante ciervo me parece mucho más cruel que entrar a matar con un fino estoque a un fornido toro que, tras pegarse la gran vidorra desde su nacimiento, está más en igualdad de condiciones con el torero que el delicado animalito del bosque frente a la escopeta del cazador.

Ahora bien, sin ser aficionado a la caza ni a los toros, no soy partidario de prohibirlos mientras algunos sean aficionados a estas actividades. Más perjudicial para la cultura y la moral de un país me parece el apasionamiento por el fútbol, tenido por natural y hasta psicológicamente sano, o los programas de televisión basura, que entendidos en sentido amplio son la mayoría. Pero, por supuesto, no me parecería bien prohibir el fútbol ni suprimir los programas basura. Para aumentar el nivel cultural o mejorar la moral ciudadana, hay que ir más al fondo, al sistema económico, a los valores sociales dominantes, a la educación. Prohibir, prohibir legalmente, lo menos posible, sólo lo indispensable. Aunque hoy la moda sea la contraria.

Pero volvamos a la licencia, a la licencia de caza, nuestro pretexto para hablar del Estado de las autonomías. En efecto, la tendencia general para tratar ese tema son los conceptos grandilocuentes: Catalunya necesita un nuevo Estatut porque es una nación, España se rompe, etcétera, etcétera. Ami parecer, en cambio, nos deberíamos fijar en los problemas aparentemente pequeños pero de trascendencia práctica: por ejemplo, las licencias de caza. Que en cada comunidad tengas que sacar una nueva licencia es aberrante. Las razones para otorgarlas son las mismas, no tienen nada que ver con identidades, reales o supuestas, ni con políticas de caza diversas. Se justifica el plan de Bolonia, con razón, para que los títulos universitarios sean válidos en 46 estados, del Reino Unido hasta Rusia y de Finlandia a Azerbaiyán. En cambio, las comunidades autónomas han sido incapaces hasta ahora de ponerse de acuerdo, mediante un sencillo convenio, para que la licencia de caza que otorgue una comunidad sea válida también en las demás. Impresentable.

Según La Vanguardia de anteayer, representantes de algunas de estas comunidades reunidos en Valladolid manifestaron estar iniciando gestiones para llegar a un acuerdo en esta materia. Magnífico. Por fin. Supongo que para no hacer el ridículo ante la situación que ha revelado la cacería del ministro. Pero ¿cuántas licencias en otras múltiples materias se podrían homogeneizar sin marear innecesariamente al ciudadano haciéndole pasar por trámites lentos y costosos?

El Estado de las autonomías, ami modo de ver un magnífico sistema para organizar territorialmente España, quedará legitimado el día en el que los españoles estén convencidos de que es más barato y eficaz que un Estado centralizado. De momento, las dudas subsisten. Y subsisten porque en lugar de abordar los problemas reales – por ejemplo, las licencias de caza y miles de licencias más con las que se tortura burocráticamente al ciudadano-nos entretenemos en problemas ficticios como la reforma de unos estatutos que, una vez vistos, no son sustancialmente distintos a los anteriores pero que impiden que estos problemas reales se pongan sobre la mesa y se intente solucionarlos.

El Estado existe para servir al ciudadano, no al revés. De ello se olvidan muchas veces nuestros políticos.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Tagged with:

Panorama de derechos humanos, de Ferran Requejo en La Vanguardia

Posted in Derechos, Internacional, Justicia by reggio on 26 febrero, 2009

La situación de los derechos humanos sigue mostrando un panorama desolador en buena parte de los estados del planeta. Ello supone un incumplimiento grave de la Declaración Universal de la ONU de 1948. Que el tema sea muy conocido no lo transforma en menos grave. Pero buena parte de las democracias liberales también presentan incumplimientos concretos en la protección de dichos derechos. De los últimos informes independientes pueden presentarse los casos de RD Congo y España como ejemplos de ambos tipos de incumplimiento.

La realidad actual del Congo es dramática. Y como casi todo lo que se refiere al continente africano su presencia en los medios de comunicación es mucho menor que lo que sugiere la gravedad de los hechos. Ni las instituciones del Estado ni las de carácter internacional han logrado controlar los enfrentamientos entre grupos armados. El ejército parece estar sumido en el caos, especialmente en el este del país. Hasta el punto de que el Gobierno se apoya en milicias que se enfrentan militarmente al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) de Laurent Nkunda, el cual se presenta como protector de la comunidad tutsi frente a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), de composición hutu. Así, el genocidio ruandés de 1994 resuena hoy en el Congo oriental. La población civil se halla a merced de unos grupos armados que se disputan la hegemonía y el control de recursos naturales. El mandato teórico de la ONU es claro: ordena a las fuerzas de mantenimiento de la paz que usen todo medio necesario para proteger a la población civil y a las organizaciones humanitarias. Pero ni esto ni el teórico e incumplido embargo de armas establecido hace unos años impiden la desprotección de la población. Las cifras del conflicto son atroces: cinco millones de muertos en la última década; existencia de entre 3.000 y 7.000 niños soldados; más de un millón de desplazados sólo en el este; multitud (no cuantificada) de casos de violencia sexual a mujeres y niñas…

El Congo actual ejemplifica la necesidad de contar con unas instituciones internacionales que garanticen la seguridad personal y un mínimo de derechos a la población. Yhay bastantes más casos en el mundo de impunidad total ante violaciones de derechos (véase el Informe 2008 de Amnistía Internacional).

Los países desarrollados no se enfrentan a situaciones de este dramatismo. Sin embargo, la práctica de los derechos humanos resulta claramente mejorable también en el mundo de las democracias. En el ámbito internacional se firman documentos, pero son los estados quienes deben ponerlos en práctica. Y es en el paso de la retórica gubernamental a la acción cuando se comprueban los agujeros en la calidad de los liderazgos democráticos.

En relación con el caso español, es obvio que se ha avanzado en los últimos años, pero son varias las organizaciones internacionales que vienen denunciando casos continuados de tortura, denegaciones de asilo decididas sin condiciones procesales adecuadas, o falta de tutela efectiva de derechos en relación con personas inmigrantes. En diciembre del 2008 el Gobierno español aprobó un plan de derechos humanos (www. mpr. es/ Documentos/ planddhh. htm). Es un documento que incluye hasta 172 medidas. Un objetivo es la lucha contra la xenofobia y el racismo. Es un paso en la buena dirección, pero habrá que ver cómo se traduce en la práctica para que, por ejemplo, los interrogatorios de los detenidos sean más transparentes o que no se repitan casos como el de los vuelos secretos o el de deportaciones sin garantías. También para que cesen las prácticas de tortura cuya existencia vienen denunciando desde hace años diversas organizaciones humanitarias, y para que no escape a una protección eficaz la violencia contra mujeres inmigrantes. Si una denuncia puede convertirse en un expediente de expulsión es obvio que se desincentiva que se produzcan. Y siguen dándose islas de impunidad al no existir investigaciones independientes. La mera presentación de un informe anual en el Parlamento corre el riesgo de convertirse en un ritual retórico más. Un punto clave para el éxito del plan es que se establezcan evaluaciones externas. Si se quiere que haya un avance significativo en la protección de los derechos humanos, la evaluación debe ser externa e independiente de las administraciones. Las evaluaciones internas o mixtas siempre despiertan un halo de sospecha al ser las instituciones del Estado a la vez juez y parte.

En el ámbito de las democracias se deben refinar los mecanismos de información y de control de la situación de los derechos humanos, con participación de organizaciones de la sociedad civil. En el ámbito internacional, los dirigentes de las principales potencias mundiales son hoy moral y políticamente responsables de que no se esté avanzando hacia una reforma de las instituciones internacionales que sea capaz de garantizar la seguridad y una protección de los derechos humanos. Se precisa un liderazgo político que galvanice un multilateralismo con incidencia práctica en los asuntos mundiales. Este debiera ser un punto fundamental en la agenda exterior de la nueva Administración norteamericana con apoyo de la UE. La geoestrategia relacionada con los derechos humanos también debiera plantearse hoy en términos globales.

FERRAN REQUEJO, catedrático de Ciencia Política en la UPF y autor de ´Las democracias´ (Ariel 2008).

requejo@upf.edu

Tagged with:

Este no es lugar para los presos de Guantánamo, de José Luis Sanz Arribas en El Mundo

Posted in Derechos, Internacional, Justicia by reggio on 26 febrero, 2009

TRIBUNA: DERECHO

El autor denuncia que no se pueden pagar facturas políticas asumiendo una transacción tan denigrante. Una vez en España, asegura, tendrían que ser puestos en libertad en virtud de nuestro ordenamiento jurídico

La reciente y tan triunfalmente aireada entrevista entre la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, nos trae la inquietante noticia de que el Gobierno, a modo de penitencia por anteriores pecados sedentes, estaría dispuesto a asumir el compromiso de recibir en España un indeterminado número de los presos recluidos desde hace años en Guantánamo, y que los norteamericanos parecen querer ahora traspasar a aquellos aliados que, como en el caso de España, quieren hacer méritos.

Como es bien sabido, todos estos presos de Guantánamo se encuentran detenidos en condiciones inhumanas en aquella cárcel vergonzosa y vergonzante a partir de los atentados del 11-S con la etiqueta de presuntos terroristas, sin tener ni tan siquiera la esperanza de un juicio justo por un tribunal imparcial y con las debidas garantías, ya que los pocos que hasta ahora han sido enjuiciados lo han sido por tribunales militares de excepción, más tarde declarados ilegales por el Tribunal Supremo, y que finalmente han sido suspendidos y vetados por el propio presidente Barack Obama en la primera decisión tomada tras el juramento de su cargo.

Parece que ahora Estados Unidos quiere repartir y endosar a otros esta mercancía peligrosa y el jefe de la diplomacia española ha hecho pública su disposición a asumir tan denigrante compromiso «siempre y cuando las condiciones jurídicas para ello sean aceptables».Esas «condiciones jurídicas aceptables» ni existen ni pueden ser asumidas conforme al ordenamiento jurídico español.

El derecho fundamental a la libertad que tiene cualquier persona, consagrado por el artículo 27 de la Constitución Española, admite, como lógica excepción, la privación de la misma por mandato o decisión judicial y conforme a una estricta regulación legal, que es especialmente exigente en el caso de la prisión preventiva, es decir, la que se decreta como medida de aseguramiento antes del juicio, por más que ello implique la paradoja de que a alguien se le encarcele para saber si hay que encarcelarle.

Esa regulación legal de la prisión preventiva exige, en primer lugar, la existencia de un procedimiento abierto y en marcha contra la persona a la que se prive de libertad y, en segundo término, la existencia de unos plazos legales máximos, transcurridos los cuales la situación de prisión provisional no puede ser mantenida.

Por lo tanto, la posibilidad de que los denominados presos de Guantánamo pudieran seguir siéndolo en España implicaría la necesidad de que los tribunales españoles (y más concretamente los Juzgados Centrales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) abrieran un proceso que soportara y sirviera de marco a la medida cautelar del mantenimiento de la prisión provisional.

Como bien sabemos por las muy notorias y a veces extravagantes causas incoadas por nuestros jueces estrella, y en razón del denominado principio de jurisdicción universal aplicable a determinados delitos -entre los que se encuentra el terrorismo- y que tienen su soporte legal en el artículo 23.4 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, la jurisdicción española sería competente para enjuiciar hechos cometidos fuera del territorio nacional, cualquiera que sea la nacionalidad de sus autores o de las víctimas.Pero para que eso ocurra se tiene que dar una condición, en razón del principio non bis in idem, y es que otra jurisdicción no tenga ya abierto un proceso sobre los mismos hechos, como es el caso de los presos de Guantánamo.

Es cierto que en el ordenamiento jurídico español existe la figura de la inhibición, que consiste en que un juzgado o tribunal que esté conociendo de una causa, por propia decisión o a requerimiento de otro, o por resolución de su superior jerárquico en caso de un conflicto competencial entre ambos, decline esa competencia para continuar con el enjuiciamiento en otro órgano jurisdiccional, y ello siempre en razón de la concurrencia de alguna circunstancia personal (por ejemplo, en el caso de aforados) o de índole territorial.

¿Cómo podría entenderse, justificarse o aplicarse tal principio, sin que chirriaran los más elementales engranajes jurídicos, para que los tribunales españoles pasaran a asumir la competencia de las causas abiertas en Estados Unidos respecto de los presos de Guantánamo? ¿Qué razones jurídicas válidas -no de mero compadreo político- podrían aducirse para que, de golpe y sobrevenidamente, la jurisdicción norteamericana decidiera declinar su competencia para enjuiciar estos procesos a favor de los tribunales españoles, y que éstos decidieran aceptarla?

Pero es que, aun cuando ello fuera posible, es claro que la forzada solución de ese problema jurídico (respecto del que también la Fiscalía del Estado tendría mucho que decir) ocasionaría correlativamente un conflicto político por la necesidad de tener que poner de inmediato en libertad a aquellos presos que recibiéramos, y a los que desde el mismo momento en que pisaran suelo español les serían aplicables todos los derechos y garantías de nuestro ordenamiento jurídico, y entre ellos la imposibilidad de mantener la prisión preventiva más allá del plazo máximo establecido por Ley.

estos plazos, fijados por el artículo 504 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, establecen, incluso para los delitos más graves y aplicando la prórroga correspondiente, un máximo de cuatro años para cuyo cómputo, necesaria y obligatoriamente, habría de tenerse en cuenta el tiempo del que ya vinieran privados de libertad por la causa que la jurisdicción española asumiera continuar (no iniciar ex novo). Dadas las fechas desde las que vienen manteniéndose estos encarcelamientos de Guantánamo, ello implicaría que los presos que se entregaran a España, tan pronto como se constatara que han cumplido ese plazo máximo legal de detención preventiva, dejarían de serlo y tendrían que ser puestos en libertad en nuestro territorio. ¿Es esto lo que se pretende o desea?

Antes de asumir compromisos tan delicados y transacciones tan denigrantes sobre esa peculiar mercancía humana, y dado que no es posible ni admisible que España se limite a ofrecer una mera función de almacenamiento o de alquiler del servicio de custodia de presos de otros países, parece imprescindible que todas las instancias jurisdiccionales y políticas implicadas se detengan a considerar que el ordenamiento jurídico español no puede acoger ni digerir una operación de esta índole.

Nuestros arrepentidos y conversos gobernantes, rendidos al culto del dios Obama, parecen asumir que tienen una factura pendiente con los Estados Unidos de América. Pero tendrán que pensar otro modo de pagarla.

José Luis Sanz Arribas es abogado y miembro de la Sociedad Internacional de Criminología.

© Mundinteractivos, S.A.

La caza, de María Toledano en Rebelión

Posted in Derechos, Justicia, Política by reggio on 26 febrero, 2009

Es más fácil cazar moscas con miel que con vinagre

El señor Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia, ha dimitido. Es decir, a Fernández, el fiscal prosperado, le han echado a gorrazos del Ministerio de Justicia. Llegar ministro de un gobierno progresista, míticos gobiernos de ZP, y que te echen así, haciendo el ridículo entre bestezuelas muertas, sangre derramada y cuernos retorcidos de venado, debe ser asunto delicado, triste, casi un discreto drama personal. Me imagino a su suegra, si la tiene, la pobre, el Señor Todopoderoso la conserve muchos años, la carita de estuco que se le habrá quedado. A Mariano Fernández Bermejo, que es de natural bravucón y malencarado, hombre firme y determinado de izquierdas (sic), le han puesto de patitas en la calle, con cajas destempladas y un rumor de siemprevivas que invade las cartucheras, por irse de cacería, una montería se decía en otros tiempos, con colegas y amigos del mismo jaez, intrépidos cazadores, gentes todas responsables y de intachable reputación. Fernández es el cazador cazado, cazado in fraganti, guárdate de los fotógrafos y de los conocidos con cámara de fotos, haciendo eso que en la noble nación española -y en algunos sectores de la vida civil- está tan mal visto: el franquista.

Esto de hacer el franquista, con perdón, es costumbre que se debe adquirir por el uso y frecuentación prolongada del poder, de todos los poderes. Será algo así como los pertinaces hongos que brotan en los zapatos de la gauche -si la suela es mala y suele ocurrir- de tanto andar por moquetas y recepciones de lujo y oropel. Recuerdo así, sin pensar mucho, a nuestro señorito González, don Felipe, surcando las aguas en el Azor, la embarcación del Generalísmo, la misma que el pequeño caudillo asesino llenaba de atunes y peces espada a los que tanta devoción religiosa tenía. La diferencia, señor Mariano, es que a don González, “queremos un hijo tuyo”, se le perdonaba y se le perdona todo, sabido es, tanto por sus méritos -que alguno tendrá, aunque una los ignore- como por su arrolladora gracia sevillana, españolísima y olé, mientras que a usted, de natural malencarado y bravucón, repito, y con una huelga de jueces en la recámara -el año que acomete la reforma de la carrera judicial y aumenta el presupuesto-, no le perdonan ni una. Siendo de Arenas de San Pedro, Ávila, y habiendo nacido en 1948, IX año triunfal, ya debería estar usted curado de espanto, trampas y cartuchos. ¿Cómo se puede ir de cacería, siendo Ministro de Justicia de PSOE, cuando tenemos presente La escopeta nacional de Berlanga y Azcona? Poco importa el resto de los cazadores, sus acompañantes; poco importa si había jueces u otras destacadas personalidades civiles y/o militares. El mero hecho de salir de montería, con la que está cayendo y lo que significa en el imaginario colectivo, merece el despido. A nadie le importa, señor Mariano, si los disparos se produjeron en Jaén y si tenía o no licencia actualizada; poco importa, señor Mariano, si la broma (con el reparador “taco” incluido) costó mil euros o dos billones. La cuestión es otra. La caza mayor, ex ministro socialista Bermejo, no está bien vista por millones de personas que han sufrido la dictadura y han visto a Franco, sus parientes, consejeros y amigos, con un pie en el hocico de un animal abatido. Para redondear el circo campestre sólo hubiera faltado, como en la película, un maduro empresario catalán, con su amante, tratando de vender porteros automáticos. La historia vuelve, más que nunca, como farsa. Farsa y esperpento. Y Mitrofán sin enterarse.

Con tres complicadas elecciones a las puertas, el presidente Rodríguez Zapatero, ha aceptado -los eufemismos más vivos que nunca- la dimisión del Ministro de Justicia, Fernández Bermejo. Los asesores de Moncloa, los mismos que contemplaron atónitos la fotografía, han hecho sus interesados cálculos. Mejor ahora, cuanto antes, aguantemos el chaparrón y en una semana se habrá pasado. No les falta razón a los cualificados miembros del ala oeste de la Moncloa. El tiempo juega a su favor: este suceso pasará pronto, sin duda, resta fuerza al discurso crítico del PP (inmerso en sus cuestiones de espías, corruptelas, gominas y demás) y la prensa, necesitada de carne fresca cada día, atenderá, en breve, otros asuntos. Los analistas tendrán razón pero permitirán, espero, que nos quedemos con este magnífico suceso para la posteridad, para contar y contar a nuestros nietos. Hay cosas que, pese al paso del tiempo, seguiremos recordando cada vez que surja la ocasión, toque disfrutar con recuerdos cínicos y tengamos ganas de reír. Ay, Mariano, Mariano, y todo este entuerto por pegar unos tiros al alba.

Tagged with:

Dimisión inmune, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Posted in Justicia, Política by reggio on 25 febrero, 2009

La dimisión del Ministro de Justicia, Sr. Bermejo, no es por sí misma un acto de responsabilidad política ni de coherencia personal. Pues horas antes aseguraba al Parlamento que no dimitiría. La causa de su dimisión, que no viene de su conciencia, ha de ser atribuida al Jefe de Gobierno. Se trata de una destitución encubierta con la hipocresía de la dimisión. En todo caso, las consecuencias para los gobernados son las mismas: ignorancia de lo que sucede en el interior Gobierno y seguridad de que la idea de algún tipo de responsabilidad de los gobernantes es un concepto inocuo o utópico en el Estado de partidos. Cosa que no debe extrañar pues incluso la teoría liberal no ha desarrollado las ideas de Benjamín Constant, sobre la responsabilidad política inherente a toda dimisión ministerial. Que no es, como se cree, el final de un entuerto, sino el comienzo de una responsabilidad.

Para saber de lo que hablamos hay que distinguir entre los distintos tipos de cese, en un cargo gubernamental, llamados dimisión, pues no todos han de tener las mismas consecuencias. Están exentos de responsabilidad los tipos de dimisión coherente, o sea, la motivada por lealtad a la causa ideal que se aceptó con el cargo, y la ocasionada por impotencia ante la tarea asumida. En ambos casos, la responsabilidad política recae exclusivamente sobre un Presidente de Gobierno desleal a los ideales que conjuntaron el ministerio o falto de discernimiento en la elección de un incapaz. La dimisión inaudita, la que pondría la lealtad a la causa antes que la fidelidad al jefe, ni siquiera es concebible en la partitocracia. La dimisión amparada en la inmunidad de la falta o delito cometido, solo tendría algún atisbo de nobleza personal si el dimitido admitiera su culpa y solicitara el perdón de los gobernados.

La dimisión-destitución del Señor Bermejo, carente de dignidad personal, no ha sido ejemplar y no lo exime de la obligación de responder ante la sociedad, por los graves daños políticos ocasionados a la corporación judicial; y ante los Tribunales, por sospecha o indicios de connivencia con el Juez doliente de ansiedad en el proceso penal contra dirigentes del PP, así como por los daños materiales causados al patrimonio cinegético del Estado, cazando sin licencia de armas, con juez, fiscal y policía, en un coto reservado para autoridades extranjeras. Este último aspecto no es baladí. Basta recordar la importancia histórica que tuvieron crueles condenas de cazadores sorprendidos en “cotos Reales”, recordadas en la gran literatura como jalones del difícil camino de los jueces a la independencia judicial.

florilegio

“Sin responsabilidad exigible, el dimisionario dimite como persona.”

Presentación de «Crónicas del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial», de Javier Ortiz en su Blog

Posted in Derechos, Justicia, Libertades, Política by reggio on 24 febrero, 2009

El 18 de febrero de 2009 se celebró en Madrid, en la librería libertaria “Malatesta”,  la presentación del libro “CRÓNICAS DEL 6 Y OTROS TRAPOS SUCIOS DE LA CLOACA POLICIAL”, interesantísimo libro del periodista catalán David Fernàndez. Intervino también en el acto (además del autor, claro) Jorge del Cura, destacado luchador contra la tortura. Lo que sigue es el texto que leí.

Hace unos cuantos días, Luis Herrero –ex periodista derechista muy militante, y ahora eurodiputado no menos militante del PP– fue expulsado de Venezuela acusado de estar incumpliendo sus obligaciones como observador internacional en el referéndum convocado por Hugo Chávez. Aún a sabiendas de que un observador internacional tiene como primer y máximo deber ser exactamente eso, observador, y no meter baza dando y quitando razones sobre el acontecimiento que supervisa, no es mi intención meterme hoy en disquisiciones sobre el grado de astucia o de tosquedad política de la decisión del gobierno chavista de expulsarlo del país. A los efectos de este acto de hoy, llamo la atención sólo sobre un punto: Luis Herrero se permitió acusar a Chávez de “dictador”. Y eso me hizo gracia, porque Luis Herrero (o, para ser más exacto, Luis Herrero-Tejedor) es hijo de Fernando Herrero-Tejedor, un personaje que, amén de fiscal en épocas tenebrosas, fue también secretario general del Movimiento, esto es, máximo jefe del partido único que sustentó el régimen de Franco y que le sirvió de brazo político y represor. De modo que, cuando perora sobre dictadores este Luis Herrero de ahora, un individuo que jamás ha renegado del pasado de su padre, ¿qué lo hace: como crítica o como lisonja?

David Fernández, en este Crónica del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial, hace referencia a la  ascendencia de Julia García Valdecasas y a la trayectoria fascista de su padre, oprobio que fue de la Universidad de Barcelona. Doña Julia, recientemente fallecida, fue digna sucesora de su progenitor: heredó su alma represora.

El pasado domingo, en una tertulia radiofónica, señalé esa circunstancia y hubo quien me lo reprochó: “Hombre, uno no es responsable de sus antecesores”, me dijo. No lo es, desde luego, salvo que los asuma y les dé continuidad.

Soy muy consciente de ello, porque mi abuelo paterno, policía de pro, fue (aparte de gobernador civil en varias capitales y jefe del servicio de seguridad de Alfonso XIII) uno de los fundadores de la Escuela Superior de Policía, puesto desde el que aleccionó a gente tan caracterizada como Melitón Manzanas.

La diferencia está ahí: tanto Julia García Valdecasas como Luis Herrero se han declarado orgullosos de sus ancestros fascistas. En mi caso, jamás he ocultado que tengo clarísimo que mi abuelo fue una mala persona, un mal bicho, maestro de torturadores. Aspecto éste que quizá explique mi fijación por la lucha contra la tortura, de la que yo mismo he sido víctima. Todo lo cual seguramente explica que hoy esté aquí, ayudando a presentar este libro.

El libro de David Fernández es una joya.

En primer lugar, por la información que proporciona. Admito que, pese a mi interés por la información política en general y por los excesos policiales, en particular, desconocía muchas de las historias de las que David da cumplida razón, empezando por la existencia de ese grupo 6 de la policía en Cataluña, especializado en provocaciones y malos tratos. Para quienes no os dediquéis profesionalmente a estos asuntos y no los tengáis todo el día bajo vuestro punto de mira, la lectura de este libro puede ser un auténtico aldabonazo. Porque muchos hemos aportado el testimonio de historias estremecedoras de lo sucedido durante el franquismo, pero lo que se cuenta aquí forma parte de las cloacas de la llamada democracia: con Suárez, con Calvo-Sotelo (tuvo poco tiempo, pero no lo malgastó), con González, con Aznar y también, desde luego, no os quepa la menor duda, con Rodríguez Zapatero. Porque a los presidentes les pasa como a los hombres: que son todos iguales.

El segundo gran mérito de este libro es su técnica narrativa: va soltando sus misiles en forma de perdigonadas, breves, lanzadas en muy diversas direcciones, pero igual de demoledoras. Al final, es como el disparo de una escopeta de cañones recortados. Lo alcanza todo. O, por decirlo de modo menos truculento: es como un cuadro puntillista, que logra un retrato fiel de la realidad a base de una enorme cantidad de trazos aparentemente aislados.

Tercer mérito, y no el menor: su valentía. No sólo llama a cada cosa por su nombre, sino también a cada quien por su nombre. No tira ninguna piedra para esconder luego la mano.  Si lanza una acusación contra alguien, lo señala con el dedo. Y dice por qué.

Cuarto mérito: nos demuestra de manera pormenorizada que el terrorismo de Estado no es sólo, como a veces se piensa, una aberración que montan altos servicios secretos para cometer crímenes muy especiales contra personas tenidas (con razón o sin ella) por peligrosos enemigos del orden constituido, sino que es también una actividad sistemática y rutinaria, destinada a amedrentar a toda la población potencialmente rebelde y a servir de válvula de escape a las ansias de prepotencia de unas fuerzas represoras entrenadas para serlo.

Ante este libro soy incapaz de mostrarme neutral, porque me pilla muy de dentro. Me coge por las entrañas. No sólo por la ingente cantidad de brutalidades y arbitrariedades policiales que relata, sino por el telón de fondo de pasotismo que revela. Es demasiada la gente que quiere que la Policía (la que sea: todas las policías) se las arregle para que la vida no le importune todavía más, sea como sea y a costa de lo que sea.

David pone algunos ejemplos muy ilustrativos. Yo he recordado, leyéndolo, una secuencia de La Batalla de Argel, la estremecedora y en tantos sentidos inquietante película de Gillo Pontecorvo, en la que el coronel Mathieu, cabeza de la represión contra el Frente de Liberación Nacional argelino, pregunta, cuando se le pide que hable de los métodos represivos que utilizan las fuerzas armadas francesas, qué es lo que quiere la mayoría, si que le resuelvan los problemas o si discutir sobre cómo se los resuelven. En la España actual, e incluso en la Cataluña actual, y también en la Euskadi actual, hay demasiada gente que no quiere discutir sobre métodos. Lo que quiere es que les quiten los conflictos (y a los conflictivos) de encima. Y si es por las buenas, bueno, y si es por las malas, pues se mira para otro lado, y ya está. No podría haber una cúspide estatal tan perversa si no hubiera una base social tan degradada.

Todos los terrorismos de Estado son, en realidad, el mismo terrorismo. David Fernàndez cita casos de los más diversos géneros. También podría hacerlo mucha otra gente. Hace escasos días, alguien descerrajó con habilidad la puerta del piso de un periodista amigo mío que está haciendo un trabajo de investigación que afecta a altos cargos de la Comunidad de Madrid. Quienes entraron en su casa registraron sus papeles e inspeccionaron su ordenador. No lo mataron, ni le conectaron electrodos en los testículos: es otra variante del multifacético terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado de baja intensidad, podría llamarse.

Yo tengo una casa en Alicante muy cerca de donde un cazador dominguero encontró en 1985 los cadáveres de Lasa y Zabala, presuntos miembros de ETA que fueron enterrados en cal viva. El Mundo sacó la noticia. Eran otros tiempos y por entonces yo era subdirector de ese periódico. Poco después del macabro hallazgo, me encontré con que alguien había entrado en mi casa de la campiña alicantina y se había dedicado a hurgar todos mis papeles. Quienes fueran hicieron un trabajo limpio: incluso barrieron cuidadosamente los restos del ventanal que rompieron para entrar. Toda la papelería estaba revuelta, pero no robaron nada, y menos de valor (ni siquiera policial, porque yo no tenía nada que ver con la investigación periodística del caso).

Son casos de terrorismo de Estado de baja intensidad. Pero estos dos que he citado por lo menos tienen algo que ver con lo que podrían considerarse “cuestiones de Estado”. Hay muchísimas más que se refieren a asuntos en los que ni el Estado, ni el Gobierno, ni la respectiva Comunidad Autónoma se juega nada de mayor trascendencia, salvo la fijación del sacrosanto “principio de autoridad”: aquí mando yo, la Ley soy yo, se hace lo que yo diga y al que lo ponga en duda le parto la cara. Y no hace falta que lo ordene ningún general: basta con que sea un sargento o un cabo.

En la época en la que Julia García-Valdecasas estuvo al frente de las fuerzas represivas en Cataluña, se produjeron del orden de 700 detenciones relacionadas con actos de motivación política y social. Según cálculos presentados en Barcelona en un seminario que se realizó en 2005, en la década anterior la cifra de detenidos fue de 2.000 personas, en números redondos.

Excuso decir que muy pocas de esas detenciones se han traducido en sentencias judiciales condenatorias. En caso contrario, Cataluña tendría más presos políticos que Euskadi.

Pero, a fin de cuentas, ¿qué es un preso político, o un preso social? Lo que está en cuestión no es lo que ha hecho o dejado de hacer el uno o el otro, sino la lógica aplastante que se les aplica a todos. Leo en el libro de David un par de apuntes. El primero se llama “Economía de mercado” y dice:

«Condena de 600 euros a un policía español por matar a un joven que huía con un coche robado. Condena de 240 euros a una inmobiliaria por dos meses de mobbing (sin agua ni luz) en la calle Verdi de Gracia.

25 euros de multa a un concejal de la Plataforma per Catalunya por Intentar quemar una mezquIta.

¿El que la hace la paga?

20.000 euros por quemar un cajero automático. Y 18 años de cárcel. La mitad para el asesino del joven militante antirracista Guillem Agulló.

En el mundo del capitalismo maduro son más importantes las cosas que las personas. Y si la cosa es un cajero automático, prepárate.

La economía antirrepresiva. Tirando bajo, a nosotros nos sale que entre procuradores, fianzas, abogado y procesos dilatados, la broma no ha bajado de 600.000 euros. 100 millones de pesetas.»

Y David escribe a continuación, bajo el título “Regla de tres”:

«Somos un país pequeño. Y por eso proyectamos la represión al Estado. Y hacemos números, prospecciones. Si los niveles de conflicto social y represión hubieran sido los mismos en todo el Estado español en este ciclo de luchas, ¿qué radiografía obtendríamos? Es ucrónico y utópico, pero estas serían las cuentas: 16.000 detenciones entre 1995 y 2005. 420 agentes dedicados únicamente a los movimientos sociales. 160 encarcelamientos. 40 presos. 8 suicidios. 56 infiltrados descubiertos.

Es otra manera de visualizar y proyectar una etapa. Y las conclusiones son bastante fértiles. Por elocuentes. ¿No tiene toda la pinta de una moderna guerra de baja intensidad contra la disidencia política y social?»

Hasta aquí la cita. Y la subrayo con mi respuesta: por supuesto que es una guerra contra la disidencia, pero su intensidad es más baja o más alta, en unos u otros periodos de la Historia, según sea la intensidad de la propia disidencia. Ellos están siempre dispuestos a todo. Todo depende de lo peligrosos que se muestren los que tienen enfrente.

Voy terminando. Pero no quisiera hacerlo sin referirme a uno de los asuntos que cita David cuando se refiere a la recurrente tendencia de los poderes constituidos a la utilización de agentes provocadores y de infiltrados. Él habla de un individuo al que llama Ángel Grandes Herreros, un policía que se hizo pasar primero por okupa y antimilitarista, que luego se las dio de solidario con Chiapas y viajó un par de veces a México, que pasó más tarde por Euskadi y se mezcló con la kale borroka y se vino finalmente a Madrid, donde se le perdió el rastro de manera bastante enigmática después de que su novia muriera de un tiro de bala. Mi mujer suele decir que el mundo es un pañuelo de mocos verdes, y eso me hizo recordar que una compañera suya de colegio, Maika Pérez, murió de un tiro que salió de la pistola de su novio, policía, que había estado en Barcelona, que viajó un par de veces a México, que luego pasó por Euskadi y que acabó en Madrid. El individuo, de nombre de pila Ángel, aunque con apellidos distintos, fue llamado a declarar ante el juez, pero se cuenta que lo que declaró es que sabía demasiadas cosas sobre la lucha antiterrorista y que, si empezaba a largar, podía resultar bastante comprometido para muchos peces gordos.

Lo único indiscutible es que la causa por la muerte de Maika Pérez duerme el sueño de los injustos.

Felipe González dijo en cierta ocasión, con el telón de fondo de los GAL, que al Estado también se le defiende desde las cloacas. Mi criterio, reforzado por el libro de David Fernàndez, es que al Estado se le defiende sobre todo desde las cloacas.

Tagged with:

Legislar en caliente, de Justino Sinova en El Mundo

Posted in Derechos, Justicia, Política by reggio on 20 febrero, 2009

EL REVES DE LA TRAMA

Eso de que no se puede legislar en caliente es una excusa que ha tenido éxito. Debió de decirlo alguien que quiso evitar un compromiso. Se usa ahora para no atender la petición de los padres de Marta del Castillo, que piden cadena perpetua para asesinos como el que acabó con la vida de su hija. Pero el fiscal ministro Fernández Bermejo está dispuesto a prohibir por ley el derecho de huelga a los jueces, lo cual no sólo es legislar en caliente, sino quemándose las manos y las puñetas de la toga, pues lo anunció mientras la huelga triunfaba. O sea, que se puede legislar en caliente cuando les interesa a quienes tienen la sartén por el mango y no se puede cuando les incomoda el asunto, aunque el clamor popular -como la demanda de cadena perpetua para asesinos y otros delincuentes salvajes- sea cada vez más extenso y desesperado.

La respuesta de Bermejo a la huelga de los jueces, que en gran parte es resultado de su incapacidad personal para negociar, es propia de un gobernante autoritario. Es lo que podría esperarse, por ejemplo, de un ministro del venezolano Chávez, en veloz carrera hacia la dictadura personalista, pero no de un ministro de una democracia. En todo caso, si Bermejo piensa que los jueces no pueden hacer huelga, tendría que haber planteado esa ley mucho antes y no como represalia contra los que le han dejado en evidencia.Aunque lo que debía haber hecho es dialogar para llegar a un acuerdo con los jueces, que se quejan justamente de la escandalosa falta de medios con que el Gobierno condena a la Administración de Justicia. Pero Bermejo no dialoga, sino que muestra una bulliciosa tendencia a la imposición y a dejar que le resbalen asun-tos que, cada uno por separado, bastarían para inhabilitarle. Que esto ocurra en el Gobierno del campeón del diálogo dice mucho de Zapatero, cuyas promesas quedan en agua de borrajas con rapidez pasmosa. El otro día, un estudiante americano en España con beca Erasmus, votante y admirador de Barack Obama, me decía que Zapatero le recuerda a George Bush por sus mentiras. No le recuerda a Obama, que es a quien quiere parecerse e imitar. ¡Válganos el cielo! Tanto esfuerzo para esto. Pero es lo que hay: promesas incumplidas, diálogo inexistente, talante -con la lata que dio con el talante- perdido si es que alguna vez lo hubo.

Si Bermejo quiere prohibir a los jueces el derecho de huelga va a encontrar una resistencia aún mayor, pues la mayoría de ellos piensa que sí les corresponde y se lo demostrarán con un paro más contundente en junio como siga empeñado en su suicida obsesión de cazador empedernido -no sólo de gamos- y no es antes destituido por Zapatero, tan contaminado ya por las aventuras de su ministro. Pero más le valdría a Bermejo preparar una reforma del Código Penal que incluya la cadena perpetua para determinados delitos, una pena plenamente constitucional con la salvedad oportuna de la revisión para condenados reinsertables. Legislen en caliente, en frío, en seco o con lluvia, pero legislen para resolver problemas, no para crearlos. Y si hace mucho calor, serénense y cumplan con su deber, que es servir a esa sociedad, en la que deberían pensar más y utilizar menos.

© Mundinteractivos, S.A.

Tagged with:

El juez y el furtivo, de Santiago González en El Mundo

Posted in Justicia, Política by reggio on 20 febrero, 2009

A CONTRAPELO

No tuvo Rajoy su momento más preciso al calificar de «derecho de pernada» las actividades del ministro como cazador furtivo.Hombre, no. Ha cazado con enchufe y gratis en una finca del Estado.Ha perpetrado el hecho cinegético en Andalucía sin la preceptiva licencia de la Federación autonómica. Ha compartido monterías con el juez que instruye una causa contra sus enemigos. Esto es, en el mejor de los casos, imprudencia grave y burla del Código de Buen Gobierno, aprobado el 18 de febrero de 2005 por el Consejo de Ministros y Ministras, con gran contento de unos y de otras.En el peor, sería un delito de prevaricación. Pero derecho de pernada, no. No parece que el ministro tenga otros planes para cérvidos y jabalíes que dispararlos y dar sus cabezas a los taxidermistas.

Lo mismo que el juez Garzón. Los dirigentes del PP deberían asociarse con muflones y cerdos salvajes para solicitar la declaración de especie protegida en Medio Ambiente frente al implacable dúo de milicia que forman el juez insomne y el ministro hirsuto.O al menos que se decrete la veda durante la campaña electoral.

La Fiscalía Anticorrupción tiene tajo por delante. Al caso Gürtel habría que sumar los asuntos dormidos de corrupción en las instituciones gobernadas por la izquierda. Pero debería encargarse la instrucción a jueces vegetarianos. Sólo hay algo más dañino para la democracia que la corrupción de los partidos, si la hubiera: la prevaricación de los poderes del Estado, si se diese. ¿Y dice usted que el presidente de la Comunidad Valenciana está implicado porque una imputada dice en una grabación que a Camps lo sobornaron comprándole unos trajes en Milano? Sí que debe de estar la cosa mal para que la corrupción haya vuelto a la economía de trueque. Tres docenas de trajes para que el presidente se haga el longuis y autorice los contratos. A pocos días más que conserven la competencia el juez y su diario de cabecera, acabaremos viendo más aforados pringados con vales para restaurantes, bonos para el economato o, como el legendario documento expedido por el Comité de Milicias y Defensa de Toledo el 21 de septiembre de 1936: «Vale por seis porvos con la Lola para las milicias. No se puede transferir».

En el hemiciclo, medio ruedo ibérico, la bancada socialista gritaba «¡torero, torero!» a Bermejo, después de la faena a los populares.Seguramente, los entusiastas están contra la estética de la caza y del toreo, cosas de la sensibilidad socialdemócrata. Una cosa es el asesinato de la mamá de Bambi o del toro en la plaza en tarde de sol y moscas, y otra muy distinta, el arte de la lidia al partido de la oposición. Lo característico del progresismo realmente existente es el don de la alteridad, la mística del vivo sin vivir en mí. Por eso llamaban «¡torero!» al cazador en el tendido de las antitaurinas. Por eso acuñó él aquella soberbia frase «tuvimos que luchar contra los padres y ahora nos toca luchar contra los hijos». Cuando los pardillos del PP pierdan los complejos, podrán responderle a gritos: «¡Tu padre!», pero no con ánimo imprecatorio, sino simplemente para refrescarle la memoria.

© Mundinteractivos, S.A.

Tagged with: