Reggio’s Weblog

Rebajas fiscales peligrosas, de Ignacio Zubiri en El País

Posted in Economía, Política by reggio on 31 enero, 2008

En los últimos años en España se ha producido una reducción tanto del IRPF como del Impuesto de Sociedades. A esto, se añade la próxima eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio. El proceso de reducciones fiscales parece que no ha finalizado, ya que con motivo de la campaña electoral los partidos mayoritarios se han embarcado en una especie de subasta de ofertas a los contribuyentes-electores. Ante esto, quizá convenga plantearse cuál es la causa de estos recortes tributarios y, más importante, cuáles son los costes de estos recortes en términos de prestaciones públicas y equidad del sistema fiscal.

De entrada, hay que señalar que las reducciones fiscales no se pueden justificar porque los impuestos o el gasto público en España sean elevados. Los impuestos están entre los más bajos de los países avanzados de la UE e incluso varios de los nuevos miembros como Bulgaria o Hungría tienen impuestos más altos. Como reflejo de esto, España gasta mucho menos en casi todas las actividades públicas que la mayoría de los países avanzados de la UE. Además, las deficiencias son evidentes en casi todas las áreas: Sanidad (atención precaria, listas de espera, prestaciones no cubiertas), Educación (fracaso escolar elevado, resultados educativos mediocres en comparaciones internacionales, no gratuidad libros), Justicia (retrasos en la resolución de juicios), Obras Públicas, etcétera.

En este contexto, se puede pensar que los recortes fiscales revelan que los niveles de gasto, aunque bajos, se consideran adecuados por la mayor parte de la población. Por ello, la sociedad ha preferido utilizar los ingresos que ha generado la buena coyuntura económica reciente en reducir los impuestos, en vez de en aumentar el gasto. Esto es dudoso, porque los recortes fiscales nunca se presentan como limitaciones al gasto, sino como estímulos económicos que permitirán mantener o aumentar el gasto. De esta forma, los recortes fiscales se convierten en ofertas electorales irrechazables: se bajan impuestos y se mantienen (o aumentan) prestaciones.

La realidad es muy distinta. Para empezar, contrariamente a lo que a veces se afirma, ni las reducciones fiscales son inevitables por la globalización ni, mucho menos, generan incentivos de tal magnitud que permiten mantener la recaudación y, por extensión, las prestaciones públicas. En cuanto a la globalización, sus implicaciones fiscales están ampliamente sobreestimadas debido, en buena medida, a la actuación de ciertos grupos de presión. Dentro de unos amplios márgenes, para la mayoría de las empresas los impuestos son un factor de segundo orden a la hora de tomar decisionesde ubicación y tienen efectos menores en su competitividad. En el caso del capital financiero, el capital de los residentes se puede gravar de forma razonable si se aplican las normativas y mecanismos de control adecuados.

El argumento lafferiano de recortes fiscales que aumentan la recaudación es una especie de leyenda urbana. Todo el mundo habla de ello, pero nadie lo ha visto (y menos probado empíricamente). Se puede pensar que la evolución reciente en España de impuestos (reducción de tipos) y recaudación (aumento, como porcentaje del PIB) es una evidencia de que es posible bajar impuestos sin merma de prestaciones públicas. Pero no es así. Los recortes de los últimos años se han producido en un contexto de crecimiento económico que por sí solo generaba aumentos de la recaudación. Lo único que han hecho los recortes es que la recaudación crezca menos de lo que lo hubiera hecho sin reducción fiscal. Pero la renta y el empleo son los mismos que habría habido sin la reducción de impuestos. Si en los ciclos expansivos, los recortes fiscales no aumentan la recaudación, lo hacen mucho menos en los ciclos recesivos. En realidad, no hay un solo país donde se hayan reducido los impuestos en época de recesión o estancamientos y haya aumentado la recaudación. No hay forma de escapar de una realidad: si se reducen los impuestos habrá menos recursos para financiar el gasto público.

Hay quien puede defender que un recorte fiscal no es malo en sí mismo. Después de todo, lo único que hace es devolver dinero a los contribuyentes en vez de usarlo con fines públicos. Esto es admisible, pero quien argumente así debe ser consciente de que, estos recortes evitan mejorar unas prestaciones públicas que, como ya se ha señalado, son bajas. Además estos no aumentos del gasto perjudican más a las rentas bajas que, por otro lado, son quienes se benefician menos de unos recortes fiscales que son regresivos.

Las reducciones fiscales tienen también implicaciones de medio plazo. Por un lado, ante cualquier estancamiento de la economía, los recortes de tipos realizados en los años de bonanza se traducirán en reducciones significativas de recaudación, lo que pondrá en peligro las prestaciones públicas. Por otro lado, los recortes fiscales actuales, evitan que se tomen hoy medidas necesarias para preparar el envejecimiento de la población (dotar adecuadamente un fondo de reserva, avanzar en la construcción de residencias, etcétera). Más aún, cuando el gasto aumente, el sistema fiscal será incapaz de producir los recursos necesarios.

Se puede argumentar que esto da igual, ya que cuando sean necesarios más ingresos se aumentarán los impuestos. Sin embargo, hay varios problemas. Primero, políticamente es mucho más sencillo bajar los impuestos que subirlos, con lo que es poco probable que, cuando sea necesario, los impuestos aumenten tan rápidamente como lo exigirán las necesidades de gasto. Más aún, si es en época de recesión los aumentos fiscales pueden agravarla. Segundo, es difícil que se vuelva a refiscalizar las rentas del capital, con lo que los nuevos impuestos recaerán sobre los trabajadores o sobre el consumo. En ambos casos se resentirá la equidad del sistema.

En suma, los recortes fiscales actuales han reducido la equidad del sistema fiscal y han impedido mejorar unas prestaciones públicas que adolecen de bastantes limitaciones y dotarse de gastos necesarios para afrontar el envejecimiento de la población. Además, cualquier recesión y el mismo envejecimiento obligarán a unos aumentos de impuestos que, por su coste político, pueden no realizarse.

Ignacio Zubiri es catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco.

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La nueva alianza de la derecha y el altar, de Josep Ramoneda en El País

Posted in Política, Religión by reggio on 31 enero, 2008

Son inefables, pretenden la exclusiva de la verdad y entienden que la legitimidad emana de Dios y no de los hombres. Estas tres características hacen incompatibles las religiones con las bases del sistema democrático

1. El 20 de diciembre de 2007 Nicolas Sarkozy pronunció un discurso en Roma, en el Palacio de San Juan de Letrán. “Un hombre que cree” -dijo el presidente francés- “es un hombre que espera. Y es del interés de la República que muchos de sus hombres y de sus mujeres esperen”. Sarkozy parecía dar la razón a aquellos que piensan que la religión se justifica por su utilidad, por su habilidad para preparar a los ciudadanos para asumir resignadamente los avatares y las pruebas a que les somete un mundo paradójico. Pero el presidente iba más lejos: “una moral laica corre siempre el riesgo de agotarse cuando no está adosada a una esperanza que colme la aspiración al infinito”. Y remató el ataque a la cultura laica con estas palabras: “En la transmisión de los valores y en el aprendizaje de la diferencia entre el bien y el mal, el maestro no podrá reemplazar nunca al cura o al pastor, aun siendo importante que se les acerque, porque siempre le faltará la radicalidad del sacrificio de su vida y el carisma de un compromiso conducido por la esperanza”. Sarkozy disparaba directamente contra la institución esencial de la laicidad republicana: la escuela. Si hubiera realmente una izquierda en Francia, como ha escrito Regis Debray “esta injuria habría sacado a un millón de ciudadanos a la calle”. Pocos días después, el 14 de enero, en un contexto muy diferente, en Riad, ante el Consejo Consultivo de Arabia Saudí, volvía a reiterar su apuesta por la restauración religiosa. He aquí un viejo programa retomado como novedad por las derechas europeas: el gobierno gobernando a su aire y las iglesias calmando las ansias de esperanza de los ciudadanos.

El 13 de septiembre de 2006, el Papa Benedicto XVI pronunció un importante discurso en la Universidad de Ratisbona. Ratzinger convocaba a las religiones del libro -también al Islam- a ocupar el vacío dejado por las ideologías modernas en la escena pública, a aprovechar estos tiempos de incertidumbre y de cambio, para volver al protagonismo político. Y lo hacia poniendo como ejemplo a seguir a la Iglesia católica que había sido capaz de aunar fe y razón: “La razón y la fe”, decía, “se vuelven a encontrar unidas de un modo nuevo, si superamos la limitación autodecretada de la razón a lo que se puede verificar con la experimentación y la abrimos nuevamente con toda su amplitud”. La señal fue interpretada como una orden por la jerarquía eclesiástica de algunos países, la española, por ejemplo, que se vio legitimada en la cruzada callejera que había emprendido contra el Gobierno, en colaboración con el Partido Popular.

2. ¿Se puede hablar de un retorno de la religión en las sociedades secularizadas del Primer Mundo? ¿Estamos ante un fenómeno pasajero o ante un cambio de fondo, como si la cruzada del presidente Bush encontrara eco en Europa? Probablemente, estamos ante uno de los epifenómenos del proceso de globalización. Al hacerse el mundo mucho más pequeño, porque las ideas, las mercancías, los dineros y, en parte, las personas se desplazan con mucha más facilidad de un lado a otro, la competencia en el mercado de las almas se ha hecho extremadamente dura. En el pasado, las principales religiones gozaban de un régimen de monopolio en sus territorios propios. Ahora, cada vez será más difícil defender la exclusiva sobre una nación o sobre un espacio supranacional. La Iglesia católica se ve desafiada en su propia casa por religiones protestantes cada vez más fuertes en recursos y capacidad expansiva y por diferentes familias del Islam, que ha vuelto a las tierras de las que fue expulsado. Pero también por las sectas, por las religiones a la carta, por las iglesias fast-food, por los productos de espiritualidad manufacturados con sello de oriente, e incluso por la literatura de autoayuda que ofrece alpiste emocional a una ciudadanía en pérdida de referencias. El mercado se ha hecho muy competitivo y hay que defender la parroquia sin demasiados miramientos.

La debilitación de las ideologías clásicas, el triunfo del poder económico como fuente de normatividad social y referencia de comportamiento, y la sensación de inseguridad y riesgo que sienten muchos ciudadanos que ven que el suelo se mueve y los referentes adquiridos se desdibujan, es un cultivo muy abonado para que la religiosidad vuelva a asomar la cabeza en sociedades que parecían destinadas a la laicidad para siempre.

En fin, la conversión de la lucha antiterrorista en conflicto de civilizaciones ha retornado a las religiones todo su protagonismo. El concepto de civilización otorga a la religión el carácter de elemento identitario determinante. No conozco civilización, dijo Sarkozy en Riad, “que no tenga raíces religiosas”. Un intento, incomprensiblemente asumido por los bien intencionados promotores de la alianza de civilizaciones, de volver a roturar el mundo conforme a los monopolios religiosos.

Lo que sorprende es que esta reaparición de lo religioso ocurre cuando -como escribe el propio Marcel Gauchet- “por primera vez nuestra comprensión temporal de nosotros mismos -hablo de la comprensión espontánea, cotidiana, práctica- está realmente sustraída a la inmemorial estructuración religiosa del tiempo”. Y la laicidad parecía -y en parte es- un valor adquirido en las sociedades avanzadas.

3. España salió a finales de los setenta de un régimen que tenía en el nacional-catolicismo su principal fuerza ideológica. Franco había confiado a los obispos la tarea de adoctrinamiento ciudadano. Desde los sesenta, la hegemonía ideológica se fue agrietando. Durante la transición la Iglesia sufriría la penalización por su alianza con el régimen franquista. Y ya no se recuperaría. La ley del divorcio fue la primera gran batalla perdida por la jerarquía eclesiástica. Desde entonces han ido encadenando derrotas hasta llegar al matrimonio homosexual y a la asignatura de la Educación para la Ciudadanía. Pero han conservado los dineros. Hoy España es una sociedad plenamente secularizada en que la Iglesia pierde autoridad e influencia, a pesar de su alianza con el PP. Y, sin embargo, el Estado, oficialmente aconfesional, sigue protegiendo a la Iglesia católica, incapaz de financiarse por sí misma, tratándola con privilegios económicos y legales. España no ha alcanzado todavía la fase del Estado laico, por el temor de Dios -y de los electores católicos- que sufren los gobernantes ante una Iglesia que ha tenido funciones estructurantes en la sociedad española y quiere seguir teniéndolas, a pesar de que la secularización se ha impuesto a gran velocidad, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. El ataque al laicismo por parte de la alianza entre la derecha y la Iglesia ha llegado antes de que el Estado laico exista.

¿Qué es un país laico? Un Estado en que las iglesias no puedan determinar la acción del poder político, pero en las que el poder político no pueda intervenir sobre las iglesias, salvo en el caso en que éstas desafíen a la ley con el delito. Y, por supuesto, nunca en cuestiones de teología y principios doctrinales.

Las religiones son inefables -se sitúan fuera de toda posibilidad crítica-. Las religiones pretenden tener la exclusiva de la verdad e imponérsela a todos los hombres. “¿Qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza?”, es una pregunta imperativa que el Papa Ratzinger hace en la encíclica Spe Salvi. Las religiones entienden que la legitimidad del poder emana de Dios y no de los hombres. Estas tres características las hacen incompatibles con las bases del sistema democrático. Por eso deben mantenerse al margen de las decisiones políticas. La coartada religiosa no es argumento para saltarse las leyes democráticas. Y, sin embargo, el Estado democrático tiene la libertad de expresión y de creencia como principio fundamental. Por eso, no debe intervenir sobre las ideas religiosas. Esta clara división de papeles es la que quiere confundir en Europa una nueva santa alianza de la derecha y el altar.

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Sedación, de Carmen Rigalt en El Mundo

Posted in Sanidad by reggio on 31 enero, 2008

ZOOM

La muerte es un hecho biológico. Un trámite. Exhalas el último suspiro y ya estás en el otro barrio. Ese minuto de transición ha generado tanta literatura, tanto arte, tanto de todo, que la humanidad se resiste a simplificarlo. Si dejaran elegir, todo el mundo elegiría morir cómodamente, rodeado de una cohorte de familiares que se muerden las lágrimas y rezan palabras cariñosas para retrasar el momento definitivo. Incomprensiblemente, la muerte es más activa que la vida. Contiene más protagonismo, más enjundia. Hasta en los pueblos remotos, donde sobrevivir es una heroicidad, a los muertos no les faltan tortas de maíz y aguardiente sobre la tumba.

Dicen los médicos: el servicio de urgencias de un hospital no es el mejor sitio para morir. Tienen razón. Pero esa máxima se queda mínima a la hora de la verdad. En el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Madrid había camas destinadas a enfermos terminales. Y a lo mejor todavía las hay. Al margen de que allí pasara lo que pasó, o lo que no pasó, la situación es irregular. Eso deberían saberlo los responsables políticos (la Consejería de Salud), que son quienes han favorecido la irregularidad. Morirse será un trámite, pero agonizar es una putada. Si un servicio de urgencias es un ecosistema agresivo para cualquier paciente, para un moribundo, mucho más. Morir deja entonces de ser un trámite para convertirse en una acción mantenida. Una tortura in extremis. Desde su responsabilidad política, el ex consejero Lamela lo consintió. No enterarse, o enterarse mal por el procedimiento de mirar hacia otro lado, es una forma de consentirlo. Con todo, tal circunstancia sería lo de menos ya que la responsabilidad política no se identifica con la responsabilidad moral, y el señor Lamela seguramente es un gran defensor de la vida. Sin embargo, se dejó engatusar y denunció el caso. «Sedación masiva», dijeron entonces. El doctor Montes fue presentado a la opinión pública como un doctor Muerte disfrazado de ángel exterminador cuyo trabajo consistía en limpiar de enfermos terminales su servicio sin que se enteraran los compañeros, las enfermeras o la farmacia del hospital. Suena un poco raro.

Sospecha, que algo queda. El auto judicial de la Audiencia Provincial de Madrid elimina la calificación de «malas prácticas» que pesaba sobre el servicio del doctor Montes, pero no libera de sospechas. La sospecha es un territorio fronterizo entre la certeza y el temor, el desencanto y la duda. Uno gobierna en sus convicciones, pero no en sus sospechas. Como paciente, reivindico la sedación, y no sólo para vivir, también para morir. Si ante el parto me desearon una horita corta, ante la muerte, que me deseen un minuto rápido. Y si algún día, estando en las últimas, me aparcan en un servicio de urgencias, que no se lo piensen dos veces: que me seden, porfa.

© Mundinteractivos, S.A.

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Poder político y medios privados, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Derechos, Medios, Política by reggio on 31 enero, 2008

La semana pasada (véase La Vanguardia del 24 de enero) poníamos en duda la utilidad de los medios audiovisuales de carácter público para una información objetiva y para el libre debate de las ideas, elementos ambos imprescindibles en una democracia. Razonábamos que no parecía convincente la existencia de medios públicos en radio y televisión, financiados con impuestos de los ciudadanos y en una dudosa libre competencia con las emisoras privadas, cuando se venía demostrando que estos medios no suelen ser otra cosa que meros instrumentos al servicio del gobierno de turno. Ahora bien, tampoco los medios de comunicación audiovisuales de carácter privado están exentos de coacciones políticas ilegítimas. Veamos.Hoy en día, los grupos empresariales de comunicación abarcan los tres grandes sectores mediáticos, prensa, radio y televisión, además grupos editoriales y, hoy en día, los productos que sirve internet, en especial los diarios digitales.

Esta concentración no es mala en sí ya que, en la actualidad, la buena información necesita grupos económicamente poderosos. Sin embargo, es evidente que estos grupos mediáticos tienen mucho poder ya que ejercen una gran influencia. Por tanto, hay que tomar medidas para garantizar su independencia.

La independencia tiene una doble vertiente: por un lado, independencia de los poderes públicos y, por otro, de los poderes económicos privados. Dos son los principales medios a través de los cuales los poderes públicos influyen en los medios privados de comunicación.

En primer lugar, a través de las autorizaciones administrativas para la apertura de nuevas emisoras o de la utilización de las ondas para radio y televisión. Los continuos cambios técnicos hacen que las empresas privadas siempre estén pendientes de nuevas concesiones por parte de la Administración. La utilización que las autoridades políticas han hecho de este poder ha tenido siempre – gobierne quien gobierne- un marcado carácter político. Pensemos en concesiones televisivas recientes. Pero podemos ir más atrás, tanto en el ámbito del Estado como de las comunidades autónomas. Los medios privados con intereses en prensa, radio y televisión deben comportarse debidamente a menos de ser penalizados por el poder político en el momento de obtener una nueva autorización administrativa.

En segundo lugar, el poder político subvenciona directamente a los grupos privados de comunicación mediante la aplicación de reglamentos administrativos que, en muchos casos, ofrecen al poder una amplísima discrecionalidad, mediante la cual premia a los sumisos y castiga a los críticos. Pero también existen las subvenciones indirectas o encubiertas mediante la llamada publicidad institucional – en la mayoría de los casos simple propaganda política- de las distintas administraciones, especialmente intensa en los periodos preelectorales. Otorgar más páginas de publicidad, o más spots radiofónicos o televisivos, a un medio u otro, es la manera de ejercer un control democráticamente indebido por parte de los poderes públicos a los grupos mediáticos.

¿Cómo puede solucionarse el problema?

Obviamente no es fácil, aunque no resultaría difícil mejorar la presente situación. Para ello habría que constituir unos consejos reguladores independientes de los poderes públicos con poderes para autorizar las concesiones administrativas. La cuestión, como es obvio, es quién nombra a los componentes de estos consejos: ahí está el meollo de la cuestión y ninguna solución es perfecta.

Probablemente lo más coherente sería que fueran designados por los parlamentos pero que no reprodujeran la correlación de fuerzas existentes en sus bancos. Pluralidad no es representación. Pues bien, podrían ser plurales pero no representativos de la fuerza parlamentaria de cada partido. Para ello, quizás una solución sería que los grupos parlamentarios, sea cual fuere su fuerza numérica, designaran a un miembro del consejo entre personas profesionalmente reconocidas y con talante independiente por periodos que no coincidieran con las legislaturas, renovables por tercios y aprobados por mayorías cualificadas. La función de estos consejos reguladores sería otorgar todo tipo de autorizaciones y concesiones con la máxima independencia, así como aplicar el reparto de la publicidad institucional conforme a una regulación estricta de la misma. Las subvenciones, quizás ahora justificadas por la competencia desleal de los medios públicos, deberían desaparecer tras haberse suprimido estos medios del campo de la televisión comercial y convencional.

Sean estas u otras la soluciones, el problema actual es grave. La democracia no son sólo elecciones, es también debate libre, plural y razonado para que los ciudadanos puedan formarse un criterio propio y así votar de acuerdo con sus ideas e intereses. Sin opinión pública libre no hay instituciones políticas democráticas. Pero el libre juego entre empresas privadas de comunicación tampoco garantiza una opinión pública libre. Por su decisiva función democrática, estas empresas y la competencia entre las mismas deberían estar sometidas a reglas. Otro día seguiremos con el tema.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

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El dinero público, de Javier Ortiz en Público

Posted in Política by reggio on 31 enero, 2008

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que el Gobierno va a encargarse de que EHAK y ANV, los dos partidos en trance de ilegalización (o de suspensión, o de supresión electoral), “no reciban ni una sola peseta más de dinero público”.

El ministro incurre en varios errores de concepto (y no me refiero a su mención de las pesetas, carentes ya de curso legal: eso es una manera de hablar, sin más).

El primer error está en el propio concepto de “dinero público”.  Rubalcaba habla del “dinero público” como si fuera patrimonio del Estado. Pero lo cierto es que el Estado no tiene ningún dinero que sea estrictamente suyo. Se dedica a administrar el nuestro: el de los contribuyentes. Hubo un tiempo, antes de que privatizara todas las empresas públicas productivas para quedarse sólo con las moribundas y aplicarles diversas modalidades de eutanasia (sin que Esperanza Aguirre dijera nada, por cierto), es posible que generara algún ingreso propio. Pero ya no. El Estado gestiona el dinero que los demás ponemos en sus manos. En consecuencia, debe administrarlo ateniéndose a la voluntad de aquellos que le han dado ese dinero para que lo gestione conforme a la ley.

El Estado no da ningún dinero a los partidos políticos. La ley prevé que una parte del dinero que los contribuyentes cotizan a las arcas públicas en forma de impuestos se destine al sostenimiento de los grupos políticos en proporción precisa al apoyo electoral que reciben.

Hasta ahora, los dineros que EHAK y ANV han recibido de las administraciones públicas de uno u otro modo no son sino el reflejo de los votos que han recolectado en las urnas. (De los que han podido recolectar, porque, como es bien sabido, no han tenido muchas facilidades para presentarse a las elecciones).

Por decirlo de una manera todavía más gráfica: han recibido el dinero que sus propios electores han querido darles, porque son los partidos de su preferencia y tienen derecho a respaldar económicamente a los partidos que les peta.

Piense en ello el propio Rubalcaba. ¿De qué cobraba él, cuando era diputado, sino del dinero apoquinado por los votantes del PSOE? Pues los demás, lo mismo.

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¿Y la ley electoral?, de Luis Racionero en Estrella Digital

Posted in Derechos, Política by reggio on 31 enero, 2008

A pesar de que las promesas electorales están para incumplirlas, como dijo el bueno de Tierno o el tierno Galván, hay una cuestión que ni se promete: la nueva ley electoral.

Ni Carod-Rovira —sobre todo él— la quiere. Algún partido debería proponerla, ya que todos están de acuerdo en la injusticia de que decidan los que tienen pocos votos.

Dándole vueltas a esta paradoja se me ocurre una hipótesis: a los partidos les interesa el poder, no la política. Para ellos lo más importante es mandar: los cargos, puestos, prebendas y luego que unas minorías impongan la política al país, eso les importa menos. Si no es así, ¿qué esperan a modificar la ley electoral?

Se dirá que esta ley actual fue acordada para que no se alzara un Chávez en la incipiente democracia española y eso funcionó, aunque alguno flirteó con Venezuela. Pero los tiempos han cambiado, la democracia española ya no es bananera —es del kiwi— y nos podemos permitir el riesgo de tener una ley como en Francia, con una segunda vuelta de modo que el que gobierne, además de tener los sueldos y prebendas, tenga la mayoría constante para decidir qué políticas se implementan en el país.

Otro aspecto a mejorar es el de las listas, porque si bien no estamos en manos de “chavezes”, en cambio estamos poseídos por tres o cuatro partidos que monopolizan la actividad democrática. Llevo tiempo pensando y escribiendo que los partidos ya no existen porque no hay ideologías: somos todos de centro, de ese sistema mixto que inventó el genial Keynes a base de suavizar la competencia del mercado con la solidaridad del Welfare State. Somos todos votantes de este sistema mixto capitalista–socialista que no se altera gane el partido que gane. Si ya no tienen sentido los partidos, porque somos todos de centro en ese sistema mixto (menos los 5% extremos de cada lado), la lógica es votar a personas, no partidos.

Por ejemplo, que se pueda llamar al PP un partido de extrema derecha, cuando representa a diez millones de ciudadanos que no son de extrema derecha, es una avería que se debería reparar como primera prioridad, a base de personas, gestos y formas liberales de conducta.

Es un desperdicio que sus oponentes le puedan llamar al PP partido de extrema derecha. Eso no es bueno para la democracia. ¿Y la ley electoral, quién la prometerá?, conviene recordarlo.

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El Banco de España sigue sin fiarse e intensifica las inspecciones a bancos y cajas, de Carlos Ribagorda en El Confidencial

Posted in Economía by reggio on 31 enero, 2008

A vueltas con los riesgos que han asumido las cajas de ahorro en el sector inmobiliario, el Banco de España ha intensificado de nuevo las inspecciones a estas entidades para conocer de primera mano las inversiones que tiene cada una ellas en el temido sector del ladrillo.Según fuentes no oficiales del Banco de España, los inspectores de este organismo han realizado ya una primera batida por todas las entidades, tanto bancos como cajas de ahorro, grandes o pequeñas. “Se ha estado haciendo en las últimas semanas esa inspección general a todas las entidades, al margen de las inspecciones que se llaman ordinarias, es decir, aquéllas que son rutinarias y que en el caso de los grandes bancos y cajas son permanentes, con personal en la propio entidad”, explican.

Finalizado ese proceso, ahora el organismo que dirige Miguel Angel Fernández Ordóñez ha iniciado una segunda ronda entre las entidades que más riesgos han asumido o que no han detallado toda la información requerida. Dos de esas entidades son la valenciana Bancaja y la Caja Castilla-La Mancha.

Bancaja es uno de los acreedores de la inmobiliaria Llanera, que está en suspensión de pagos, y tiene intereses en otras inmobiliarias. En cuanto a Caja Castilla-La Mancha, la entidad manchega es una de las más expuestas al sector inmobiliario con participaciones en Colonial, Astroc o Metrovacesa. Ambas entidades han reconocido las inspecciones aunque las han calificado de “rutinarias”.

“No son rutinarias”, asegura una fuente no oficial del Banco. “Se han hecho inspecciones a todas y ahora se están repitiendo a algunas entidades y eso es porque se quiere ampliar la información o se quiere revisar algo concreto”, explica esta fuente. “El Banco de España está preocupado por esta situación y, lógicamente, le interesa mucho más tener vigilada a una gran entidad como Bancaja que a una más pequeña como Caja Castilla-La Mancha”, asegura.

Suelo, promociones, hipotecas

Ni que decir tiene que estas inspecciones quieren constatar la cartera de suelo de las cajas de ahorro, las sociedades conjuntas, si las tiene, con promotores locales y la cantidad y calidad de las hipotecas concedidas. Como ha advertido el Banco de España ya en algunas ocasiones, y ha recogido este diario, el 70% de los créditos concedidos por las cajas han sido a agentes económicos (empresas o familias) relacionados con el negocio inmobiliario.

Otras fuentes no oficiales del Banco han asegurado a este diario que la determinación del organismo en este asunto es total y que, “finalizados los análisis, las entidades que veamos que están muy expuestas o que tienen muchos riesgos, pues se les obligará a vender parte de sus activos o de sus inversiones en empresas cotizadas”. Fuentes oficiales del Banco han declinado hacer declaraciones.

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¿Crisis, recesión o depresión en la economía mundial?, de Macrino Suárez en La Nueva España

Posted in Economía by reggio on 31 enero, 2008

La crisis financiera desencadenada por la caída brutal de las bolsas mundiales el pasado día 21 no sólo es la más importante de los últimos 30 años, sino que tiene una característica específica que la diferencia de las anteriores.

En efecto, aquéllas o procedían de paises emergentes (Tailandia, México, Argentina, Brasil) o fueron provocadas por hechos ajenos al sistema económico financiero (guerras de Irak y de Afganistán, burbuja tecnológica en internet).

Sin embargo, la actual tiene como origen el núcleo central del sistema económico capitalista: el sistema financiero de EE UU; aquéllas no afectaron a la economía real del sistema y fueron superadas: eso sí, con los costes sociales y humanos consiguientes soportados por las poblaciones locales.

La de ahora implica ya directa y gravemente a la economía de EE UU, que representa el 30% de la actividad económica mundial. La crisis ya apuntó en agosto de 2007, con el problema de las hipotecas basura, y no mereció la debida atención de las autoridades financieras norteamericanas. Esto, añadido a las causas estructurales bien conocidas del deterioro constante del sistema financiero norteamericano: déficits fiscal y exterior cada vez más insostenibles, no podía dejar de tener repercusiones negativas sobre la economía real.

Así empezaron a aflorar, como consecuencia de los problemas financieros, síntomas de crisis económica: desaceleración del crecimiento del PIB (menos del 1%), inflación (4,1%), caída del consumo y del ahorro, frenazo en la creación de empleo (18.000 nuevos contratos en diciembre contra 115.000 en noviembre), aumento de la burbuja crediticia, no sólo por los bajos tipos de interés, sino también por el efecto multiplicador de liquidez disponible por la proliferación de instrumentos financieros (derivados y bonos cubriendo el riesgo bancario) y crisis inmobiliaria: las ventas de viviendas cayeron en un 27% en 2007. En diciembre la recesión ya parecía clara. Pero fue precisamente el anuncio de que la Ambac Assurance, una de las aseguradoras más importantes del país, y compradora de bonos bancarios sobre las hipotecas basura, bajaba en su índice de solvencia, lo que desencadenó la hecatombe bursátil del 21 de enero. Los inversores y los mercados interpretaron esta descalificación como la posibilidad de que no pudieran las aseguradoras atender los riesgos asumidos. El peligro de un efecto dominó en el conjunto de las aseguradoras aparecía como posible.

Ante esta situación el ajuste era irremediable. Estaba en juego el paso de la economía norteamericana de un inicio de recesión a la confirmación de este proceso que llevaría a una depresión abierta con consecuencias gravísimas para el sistema económico capitalista.

Ante la crudeza de los hechos, la Reserva Federal y el Gobierno reaccionan tarde e insuficientemente inyectando liquidez con un descenso de los tipos de interés excepcional (de 75 puntos) y con ayudas fiscales a los consumidores (plan Bush). Dirigidas esencialmente a calmar a los mercados, su tardía (da la impresión que esta situación los cogió por sorpresa, lo que es poco creíble) dificulta sus posibilidades de compensación de los efectos combinados del deterioro de la economía real, del desplome del mercado inmobiliario, de la propagación de la crisis de las hipotecas basura a otras entidades financieras (aseguradoras compradoras de bonos) y de la multiplicación de otros instrumentos (principalmente los derivados) que alimenta negativamente el proceso.

Pero para la evolución de la economía mundial es mucho más decisivo disponer de un diagnóstico cierto del estado de salud del sistema financiero norteamericano que las medidas propuestas. El plan Bush no tiene credibilidad como instrumento de estímulo de la actividad económica porque además de desconocerse su asignación detallada ni tampoco su plan de aplicación, no incluye ninguna medida de mejora de los problemas estructurales de la economía norteamericana.

Sus problemas de fondo siguen sin resolver: a) necesidad urgente de una transparencia total sobre las instituciones financieras implicadas (banca y aseguradoras ) sobre la cuantía del compromiso asumido, y b) saneamiento de su economía real y de su sistema financiero. Mientras esto no se lleve a cabo, la desconfianza sobre la solvencia de la primera potencia económica del mundo seguirá minando al sistema capitalista.

¿Cómo puede afectar esta situación al resto de las economías? En pleno escenario de integración financiera global, si a finales del trimestre actual las instituciones financieras norteamericanas presentan unas cuentas claras, se superará la crisis financiera y se neutralizará por el momento la recesión. Eso sí, con el dinero público, lo que confirma una vez más que los mercados dejados a su libre albedrío son incapaces de autorregularse por sí mismos.

Sólo el relanzamiento de la economía norteamericana como consecuencia de un saneamiento drástico puede evitar la recesión. Parece evidente que la economía norteamericana padece de un exceso de gastos que no puede equilibrar con su propio ahorro y que la financiación de sus déficits (exterior y fiscal) acudiendo a los capitales exteriores será cada vez más difícil, salvo si acude a los fondos soberanos de países emergentes que coartarían su libertad de acción política. Entre estos gastos improductivos destacan los que ocasiona su esfuerzo militar que la República Imperial usa para mantener su liderazgo mundial y para abastecerse de petróleo y materias primas baratas, en la más pura tradición de la política de las cañoneras, en aras de que el objetivo de «business» es el «business» (Milton Friedman) y que las consecuencias humanas y sociales no son un problema económico.

Y si la crisis se traduce en depresión, ¿a quién afectara? Parece evidente que esta vez no afectará a los países emergentes, sino a los países europeos. En efecto, América Latina dispone de petróleo y materias primas que verán su precio aumentar; los países asiáticos y los del Golfo Pérsico que disponen de enormes fondos soberanos no serían afectados.

Otra cosa sería lo que pudiera pasar en los países europeos. La dependencia energética por un lado y la interdependencia de la economía norteamericana por el otro harían que fuesen los más perjudicados. En primer lugar aquellos en los que la burbuja inmobiliaria no ha pinchado todavía: el Reino Unido (donde las ventas de vivienda llevan ya cuatro trimestres en baja), Irlanda y España, donde todavía no se sabe si sus bancos están implicados o no en la compra de hipotecas basura y cuyo modelo de crecimiento basado en el sector inmobiliario y en el consumo interno no es fiable y viene acompañado por una inflación galopante que le hace perder competitividad y por un sistema productivo que no es sólido. Francia, donde el asunto Société Générale puede que sea sólo la punta visible del iceberg, también podría sufrir consecuencias negativas, aunque dispone de una estructura económica más sólida.

El problema clave sigue siendo la exagerada financiarización de la economía que sigue primando al sector financiero y dejando de lado a la economía real. Hoy en día los mercados bursátiles valorizan más a una empresa no por su comportamiento económico, sino por el valor que tienen sus acciones, y éste depende más de sus inversiones financieras que de su situación económica. Basta con echarle una ojeada a las cotizaciones de la Bolsa española para comprobar, por ejemplo, que ciertas empresas eléctricas con un funcionamiento que deja mucho que desear y en algunos casos catastrófico ven sus acciones subir porque empresas constructoras o inmobiliarias compran sus acciones porque desconfían de la evolución futura de su sector. Y esto con qué fin ¿construir postes eléctricos u obtener pingües superbeneficios?

En el fondo, se está volviendo al eterno problema de la economía: ¿cómo articular el binomio de las dos variables fundamentales: acumulación-repartición? Teniendo únicamente como objetivo el crecimiento constante de los superbeneficios, acompañado del deterioro del poder adquisitivo de los asalariados ( La parte de los salarios en la renta nacional de EE UU es actualmente igual a la de 1929, y en la UE ha bajado hasta el 58%). ¿No es escandaloso el crecimiento en progresión geométrica de los superbeneficios de las entidades financieras al lado del deterioro alarmante del poder adquisitivo de los salarios y de las dificultades de las pymes que se limitan a funcionar dentro de la economía real? ¿No estaremos en una fase de transición para encontrar nuevas fórmulas de vinculación entre acumulación y repartición?

¿No es de un cinismo radical seguir propugnando la desreglamentación total de los mercados financieros y pedir, no obstante, la intervención del Estado para sacarlos de las hecatombes que ellos mismos provocan, con el dinero de los contribuyentes que a finales de cuenta son siempre los que realmente soportan las consecuencias?

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Fiscalidad de campaña, del Editorial de El País

Posted in Economía, Política by reggio on 30 enero, 2008

Debatir el destino del superávit resulta obligado; el recorte electoralista de los ingresos, no.

La economía se ha convertido en el eje de la precampaña electoral, algo que, aparentemente, podría interpretarse como un ejercicio de responsabilidad por parte de los partidos. Pero es en la imparable escalada de promesas con importantes consecuencias fiscales donde se advierte que, en realidad, se está imponiendo una práctica cada vez más frecuente en tiempo de elecciones: la tentación de emplear los recursos públicos en función de intereses a corto plazo. La subasta ha empezado. Y con un objetivo tan miope que, en realidad, so capa de aliviar la falta de liquidez o estimular el consumo se dirige simplemente a obtener votos.

Con un Estado de bienestar todavía insuficiente, tanto en calidad como en servicios, y un inestable panorama económico internacional, el sistema impositivo no debería convertirse en un instrumento al servicio de las estrategias electorales. Entre otras razones, porque como un bumerán, pueden volverse contra quienes las organizan. Comienza a detectarse un cierto hartazgo ciudadano por el uso abusivo de las promesas, que vienen a sustituir a programas e idearios, en favor de una especie de cesta de Navidad para contentar electores. Sobran, en este sentido, promesas más o menos improvisadas a cuarto para las doce que dan por descontado el mantenimiento del superávit de las cuentas públicas en los próximos ejercicios. Y falta, en cambio, la exposición de políticas razonadas y de largo alcance dirigidas a contrarrestar los efectos previsibles de la desaceleración.

El Partido Socialista ha anunciado que devolverá a los contribuyentes 400 euros en la cuota del IRPF si gana las elecciones, una medida que costará 5.000 millones al Estado. Entra dentro de las decisiones ortodoxas el que, ante la posibilidad de una ralentización del crecimiento, se alivie la presión fiscal para estimular la economía. Pero no está demostrado que estas rebajas fiscales, que en cierta proporción fluirán hacia el consumo, vayan a producir un estímulo en la demanda que se traduzca en un mayor crecimiento económico, como el PSOE parece dar por descontado. La cantidad anunciada deja prácticamente libres de impuestos a los mileuristas. Cuando las deducciones fiscales se producen directamente sobre la cuota, como es este caso, benefician proporcionalmente más a quienes tienen menos ingresos. En general, si algo bueno se puede predicar de la medida es que tiene un coste tasado, al contrario que la del PP, que nadie sabe cuánto costará ni cómo se aplicará. Probablemente, ni siquiera sus promotores.

Los compromisos de gasto anunciados por el PSOE desde el inicio de la precampaña, inmediatamente igualados y hasta superados por el Partido Popular, están hurtando a los ciudadanos una reflexión rigurosa acerca del destino del superávit. Los años de bonanza que ha vivido España pueden no surtir todos sus efectos si, en lugar de aplicar el superávit a paliar carencias estructurales, se dirige a financiar medidas de visibilidad inmediata, pero de corto recorrido. Centrar la otra parte de la campaña en un muestrario de ofertas para reducir los ingresos públicos y no en el destino del gasto, como están haciendo PSOE y PP, puede comprometer el papel redistributivo del Estado y prueba la ligereza con la que se está tratando el sistema fiscal.

Ni siquiera la eficacia electoral de estas medidas está comprobada: las ofertas fiscales que realiza un partido con posibilidades de formar Gobierno arrastran al otro, estableciendo una puja que puede acabar difuminando sus respectivos perfiles ante los electores. En cualquier caso, no sin un grave coste institucional: al final, el único mensaje que extraen los ciudadanos es que pagan muchos impuestos y, además, innecesarios.

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Para qué sirve un partido político, de Miquel Caminal en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 30 enero, 2008

Ya estamos en precampaña electoral. Mejor dicho, la campaña electoral ha subido el volumen porque los partidos políticos siempre están de campaña electoral. No hay día sin mensaje electoral. Para un ciudadano común ha de ser complicada la distinción entre tiempo político sin campaña electoral, tiempo político de precampaña y, finalmente, el periodo de campaña electoral establecido por ley. Los partidos políticos viven para las elecciones y de las elecciones.

El poder relativo de cada partido lo da la representación institucional. A mayor representación en los ayuntamientos y en los parlamentos más juego político y más capacidad para influir. El partido político que consigue mayor representación institucional obtiene normalmente la joya de la democracia de partidos, que es el gobierno. No siempre, como muy bien sabe Artur Mas. Depende del sistema de gobierno establecido por el ordenamiento constitucional y del mismo proceso político. Las democracias mayoritarias favorecen a los partidos con mayor porcentaje electoral en su representación institucional y en su acceso al gobierno; las democracias de consenso respetan más el resultado electoral de cada partido y su representación proporcional en los parlamentos, lo que normalmente hace necesaria la formación de gobiernos de coalición. Esto es lo que sucede en la actualidad en Cataluña, donde el sistema electoral es muy proporcional si se compara con el español, que es tan poco proporcional que incluso se puede calificar de mayoritario. Que le pregunten a Gaspar Llamazares cuánto le cuesta cada diputado a IU con relación al PSOE o al PP. La distribución de escaños por circunscripción le cambia la cara a la fórmula de Hont, que se hace mayoritaria en Soria y Segovia, por ejemplo, y se mantiene proporcional en Madrid y Barcelona.

En todo caso, los partidos políticos son empresas o maquinarias electorales a la conquista del voto. El impacto mediático es esencial. Hay partidos con menos escrúpulos que otros. En este aspecto destaca el Partido Popular, al instrumentalizar el terrorismo como arma arrojadiza y siempre dispuesto a la bronca y a la manipulación política cuando se queda sin argumentos. También sobresale en otro aspecto que afecta en mayor o menor grado a todos los partidos políticos: la falta de democracia interna. ¿Quién ha elegido a Manuel Pizarro número 2 por Madrid? En las democracias liberales los plutócratas se esconden normalmente del primer plano político. El Partido Popular hace lo contrario, los pone en el escaparate. También la actual dirección del Partido Popular se ha lanzado hacia un brutal electoralismo anticatalán. Me pregunto si esto responde a un cálculo electoral con la demente idea de que en España vende lo que perjudica a Cataluña. En este caso, y en la hipótesis que creo improbable y deseo imposible de ganar el Partido Popular, los ciudadanos de Cataluña deberían pensar seriamente si les conviene la unión con España bajo mando popular. Porque un partido minoritario en Cataluña, que predica un discurso sistemáticamente anticatalán, carece de legitimidad democrática para mandar y gobernar Cataluña desde Madrid.

El Partido Popular es, por tanto, punto y aparte. Todo es extremo y autoritario en este partido político. Ahora bien, la transformación de los partidos en maquinarias electorales, la falta de democracia interna en la aprobación de las listas electorales, la demagogia en las propuestas programáticas, el clientelismo electoral, la opacidad en la financiación de las campañas, la banalización del discurso político y la pérdida de prestigio de los mismos candidatos son un fenómeno general, que afecta en mayor o menor grado a todos los partidos políticos. El debate y la participación política son cada vez menores dentro de los partidos aunque esto sea una contradicción. Toda organización tiende a la oligarquización, decía Michels, en una interrelación entre jerarquía y burocracia organizativas. La política y la democracia se degradan cuando los partidos ejercen la partitocracia. Un ejemplo es el reparto de cargos públicos anteponiendo sumisión a talento, lo que crea complicidades y dependencias en otros mundos profesionales e intelectuales. Y pone en duda la independencia de determinadas instituciones públicas, desde el Tribunal Constitucional al consejo de gobierno de TV-3 y Catalunya Ràdio.

¿Para qué sirve un partido político? La Constitución española de 1978 hace una presentación complaciente en su artículo 6: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Es una definición que no evita la derivación electoralista de los partidos. Éstos se han acostumbrado a dirigirse a la sociedad desde arriba, desde los cargos y poderes públicos, olvidando el origen de su legitimidad. En alguna medida esto crea una clase o corporación política que tiene intereses propios como colectivo funcionarial y profesional. Y esto también reduce o anula en lo fundamental la real contraposición de proyectos políticos entre las principales opciones de gobierno. Pero si los partidos realmente existentes en los poderes públicos viven del Estado y para el Estado, habrá que reinventar el partido político como partido cívico, como formación política que surge de la ciudadanía y reside en la ciudadanía.

Miquel Caminal es profesor de Ciencia Política de la UB.

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Seis escenarios de futuro (y Hegel), de Ferran Requejo en La Vanguardia

Posted in Política by reggio on 30 enero, 2008

¿Cuál es el futuro más conveniente del Estado de las autonomías para solucionar el tema del reconocimiento y acomodación de la pluralidad nacional del Estado? ¿Puede el Estado evolucionar hacia dicho objetivo? Se trata de dos preguntas distintas. Para situar las dos respuestas, pueden describirse hasta seis escenarios posibles del desarrollo del Estado autonómico. La cuestión básica e irresuelta de fondo es la de cómo estructurar las realidades nacionales de Catalunya y del País Vasco desde su propia especificidad en la democracia española. Una cuestión en la que el modelo actual sigue fracasando estrepitosamente.

1) Escenario involutivo. Descartamos la posibilidad de una involución hacia un Estado centralizado. La involución consistiría en una reforma constitucional pactada por PP y PSOE para cerrar el modelo autonómico, reforzando aún más al poder central, sus instituciones y sus procesos de decisión. Previsiblemente, sería un escenario de agudización de los conflictos territoriales que alejaría la perspectiva de estabilidad.

2) Escenario de continuidad autonómica. Las cosas seguirían más o menos como están, tanto en autogobierno como en prácticas institucionales. Se mantendrían los déficits de protección jurídica de las autonomías en el Tribunal Constitucional (TC), basados en las ambigüedades constitucionales y el sistema de nombramiento de magistrados del propio TC. Las comunidades autónomas seguirían sin poder hacer políticas diferenciadas en la práctica totalidad de sus competencias (educación, sanidad, servicios sociales, investigación, función pública, universidades, régimen local, etcétera). El carácter plurinacional del Estado seguiría sin reconocerse constitucionalmente. Podría revisarse el sistema de financiación, siguiendo las pautas uniformistas del actual (manteniéndose el trato diferenciado del País Vasco y Navarra). También podría reformarse el Senado (otro fiasco constitucional) en un sentido simplemente autonómico.

3) Escenario federal clásico (uninacional). Se trataría de desarrollar el Estado autonómico a partir de las premisas del federalismo clásico. Ello supondría algunas reformas constitucionales (federalización del Senado y del poder judicial, funciones de las comunidades autónomas en la UE, federalismo fiscal con reglas claras y publicidad de las balanzas fiscales…). En el ámbito de las competencias: ruptura de las ambigüedades constitucionales que favorecen al poder central. Seguiría ausente el reconocimiento de la plurinacionalidad, con déficits en los ámbitos simbólico, económico e internacional. Pero se ganaría en claridad, probablemente en estabilidad, y se reforzarían la descentralización y las garantías jurídicas de las minorías (precarias en los escenarios anteriores).

4) Escenario federal plurinacional. Se reconocería constitucionalmente el carácter plurinacional del Estado, con autogobiernos diferenciados en Catalunya y País Vasco. Dicha especificidad se aplicaría a cinco ámbitos: simbólico, institucional, competencial, económico-fiscal e internacional. Se trataría de lograr un friendly state,un Estado amable con las minorías nacionales. La participación de estas últimas en las instituciones del Estado (Parlamento central, TC…) incluiría procedimientos liberales de protección de las minorías frente a la versión colectiva de la tiranía de la mayoría (derechos de veto, timbres de alarma, procedimientos de opting in y opting out…).

5) Escenario del partenariado (o soberanía-asociación). A diferencia de los escenarios anteriores, que implican acuerdos de carácter federal, aquí el proceso dependería únicamente de la voluntad de los ciudadanos de las naciones minoritarias, estableciéndose acuerdos de carácter confederal con el Estado sólo en materias concretas (defensa, pasaporte, algunas cuestiones de política exterior y tributación, etcétera). La regulación de estos acuerdos sería parecida a la establecida en algunos estados asociados o federaciones de la política comparada.

6) Escenario de la secesión. Aquí la ruptura con el Estado y el nivel de autogobierno serían máximos, dentro del esquema de soberanías compartidas de la UE. Una acomodación liberal-democrática estable del pluralismo nacional del Estado sólo resulta posible en los tres últimos escenarios. En los escenarios segundo y, sobre todo, tercero, podrían darse algunos avances en autogobierno y un marco institucional más amable con las minorías nacionales. Pero la previsible falta de regulación de la plurinacionalidad en los ámbitos simbólico, económico e internacional impediría un solución con vocación de futuro.

En este tema no ha habido aún ningún presidente de Gobierno español que pueda calificarse de estadista. La falta de cultura federal y plurinacional de los dos partidos mayoritarios, que impide avanzar hacia el cuarto escenario indicado, está haciendo que las posiciones independentistas en Catalunya y el País Vasco sean cada vez más racionales y más razonables. El siglo XXI será un siglo de reforzamiento de las minorías nacionales en las democracias (de lo que Hegel llamaba la “autodeterminación en la interdependencia”), sea a partir de su acomodación en estados plurinacionales, sea a partir de procesos de partenariado o secesionistas cuando lo anterior no es posible.
F. REQUEJO, catedrático de Ciencia Política de la UPF y autor de ´Federalismo plurinacional y pluralismo de valores´

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Mitos, ritos y campañas electorales, de Pedro G. Cuartango en El Mundo

Posted in Política by reggio on 30 enero, 2008

TIEMPO RECOBRADO

Muchas tribus primitivas practicaban el potlach, ritual en el que se destruía o se regalaba parte de la riqueza de una familia para demostrar su poder.

El potlach ha sido analizado por los antropólogos como un vestigio, pero la realidad es que este atavismo sigue estando presente en ciertas prácticas humanas en las sociedades avanzadas. Por ejemplo, en las bodas y bautizos donde hay parejas que tiran la casa por la ventana, como gráficamente indica la expresión.

Una de las actividades donde subsisten residuos del potlach es en la política y, más concretamente, en las campañas electorales. Basta leer los trabajos de Bronislaw Malinovski sobre las islas de la Melanesia para comprender la similitud de ciertos rituales de poder entre las tribus mal llamadas primitivas y nuestra sociedad.

Pero no quiero desviarme de la cuestión esencial, que es que las campañas electorales se han convertido en ritos iniciáticos para seducir al votante, muy parecidos a los que utilizaban los jefes de las tribus del Pacífico.

Ahí esta el regalo de 400 euros de Zapatero a los contribuyentes, que se asemeja más a los obsequios del brujo a los miembros del clan que a las prácticas de Romero Robledo a las que aludía ayer Luis María Anson.

El viejo cacique malagueño daba un duro por voto, lo cual no dejaba de ser una mera transacción. Zapatero hace, en cambio, una exhibición pública de su poder, al igual que los chamanes de las tribus primitivas.

Y es que, desde hace muchos años, las campañas han dejado de desarrollarse en términos políticos para plantearse en claves puramente irracionales y mitológicas. En este sentido, Malinovski y Freud podrían ayudarnos a entender lo que sucede en los periodos electorales mucho más que cualquier sociólogo o analista político.

Nadie cree ya que las elecciones puedan dilucidarse en base a programas políticos, porque éstos son irrelevantes e intercambiables. Ahí están Zapatero y Rajoy compitiendo en rebajas del IRPF, el Impuesto de Sociedades y otros.

El electorado vota, en buena medida, en términos de liderazgo, lo que equivale a decir de sentimentalidad. Se vota al más elocuente, al más fotogénico, al que nos dice lo que queremos escuchar o al que manipula mejor nuestras frustraciones más íntimas. Pero jamás se vota una idea.

Esto lo sabe Zapatero mucho mejor que Rajoy y, por eso, siempre ha practicado una política de guiños, apelando a la complicidad de su tribu. De eso se trata en última instancia: de seducir, no de persuadir.

La política se ha convertido en un espectáculo circense en el que las ideas hacen bostezar al espectador.

© Mundinteractivos, S.A.

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