Reggio’s Weblog

Cambios regionales, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Posted in Política by reggio on 3 marzo, 2009

En los feudos oligárquicos de Vasconia y Galicia, el orquestado ruido de las urnas autonómicas ha puesto en sordina la noble voz del silencio. Como sucede en el resto de España, ante cada convocatoria electoral, la oligarquía de partidos estatales, pregonada por los medios informativos, propaga el temor de que el silencio de la inteligencia política y de la conciencia moral, expresado con la abstención voluntaria, pueda ser escuchado por la buena fe infantil de quienes, sin ganas de dejar el mundo de las ilusiones y entrar en el de la realidad, creen estar viviendo en una democracia donde el voto individual elige la representación política de la sociedad en el Estado.

Que esto lo crea el vulgo adoctrinado por la propaganda oficial, como en las votaciones franquistas, puede ser comprendido, aunque en modo alguno disculpado, como si en un hermoso día de sol se creyera que llueve porque así lo anuncia el parte meteorológico. Que esto lo difundan los partidos de la oligarquía y sus medios de comunicación no puede ser comprendido sin acudir a los fines fraudulentos que los motivan. Los comprendemos como a los crímenes pasionales. Pero que esta grosera deformación de la realidad, que esta mentira contra lo que percibe el sentido común y la evidencia de lo que sale de las urnas, se dicte en aulas profesorales y libros de texto, eso no puede comprenderse, a no ser que profesores y escritores sean unos cínicos vividores que han renunciado al ejercicio de la mente y de la conciencia a cambio de un salario garantizado. La abstención no crecerá más de un tercio mientras los votantes perciban que, en unas elecciones legislativas, en realidad se elige el gobierno de un partido o de una coalición de partidos. O sea, a la antidemocrática inseparación de poderes, sin representación de los electores ni de la sociedad civil.

Esto es lo que ha sucedido en Galicia, donde la mayoría de los votantes ha querido que, sin ser representados por diputados personales ni por nadie, -los partidos estatales sólo se representan a sí mismos en esta Monarquía de Partidos- no obstante cambie el gobierno gallego, volviendo a la tradición fraguista, para que todo siga igual que durante el franquismo en las cuestiones regionales que había sido trastocado por la coalición del socialismo con el nacionalismo gallego. Según Jellineck, el resultado habría sido reaccionario. En cambio, la elección entre partidos estatales ha sido progresista en el País Vasco. La reacción, encarnada en el nacionalismo regional, sucumbe ante los votos al socialismo y nacionalismo central. Distinto es que, a falta de mayoría absoluta, los pactos partidistas de gobierno lleven a término la coalición del vasconacionalismo con la españolía socialista, bajo la dirección del mismo o de distinto lehendakari, o al experimento de una coalición de socialismo y nacionalismo españoles.

Problemas enlazados, de Antonio García-Trevijano en El Diario español de la República Constitucional

Posted in Justicia, Política by reggio on 27 febrero, 2009

Dos temas ocupan la atención de los medios informativos y no porque sean nuevos, insólitos o extraños a esta Monarquía de los Partidos. A primera vista parece que no guardan relación entre si, que no tienen la misma causa, que obedecen a motivos diferentes. Pero bien examinados se descubre pronto que los dos problemas tienen la misma fuente de procedencia, el mismo vicio institucional. Nos referimos a la agitación de los jueces, no acallados con el nombramiento de un nuevo ministro de Justicia, y al continuo afloramiento de la corrupción en todos los partidos estatales, que no cesa de manifestarse desde los primeros años de la Transición, tanto en los centrales como en los autonómicos o municipales.

Las mentes superficiales, acomodadas a la situación y conformadas por el tiempo transcurrido sin afrontar siquiera el examen de la naturaleza de estas anomalías, las atribuyen a los inevitables factores subjetivos que se derivan de la escasez de medios para el desempeño honorable de la función judicial o para cubrir las necesidades financieras de las campañas electorales de los partidos. El vulgo cree que son males perennes e incorregibles del egoísmo anclado en la naturaleza humana. La mentalidad que no disculpa el crimen individual motivado por la pobreza, es la misma que considera normal el maltrato de los jueces por el Gobierno y el robo de dinero público por todos los partidos. Se entiende bien que los patrones de la Monarquía, o sea, los partidos constitucionales, se indignen tanto con la rebelión judicial y tan poco con su propia corrupción. Pero fallan en su misión todos los medios de comunicación, sin excepción, que después de treinta años de vigencia del problema, siguen alejándose de su análisis y, por tanto, de la solución. A los medios informativos, verdadero sostén del Régimen, les aterroriza la crítica destructiva. Siendo así que, tanto en la física como en la moral, sólo se construye destruyendo lo necesario para construir.

No es el caso de este singular DIARIO. Porque sabe la solución, y el modo inteligente de llegar a ella, será implacable en la tarea de destrucción de la causa del problema. Este subsistirá mientras no haya separación de poderes en el Estado; mientras el poder judicial, con presupuesto autónomo, no sea elegido por los actores jurídicos en el proceso de la justicia legal; mientras las campañas electorales no sean gratuitas; mientras la prensa sea más fiel al Estado que leal a la sociedad. Esto no es quimera ni sueño de los buenos deseos. Está construido en la ciencia de la República Constitucional.

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“La libertad construye lo nuevo, el consenso mantiene la vieja incoherencia.”

Dimisión inmune, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Posted in Justicia, Política by reggio on 25 febrero, 2009

La dimisión del Ministro de Justicia, Sr. Bermejo, no es por sí misma un acto de responsabilidad política ni de coherencia personal. Pues horas antes aseguraba al Parlamento que no dimitiría. La causa de su dimisión, que no viene de su conciencia, ha de ser atribuida al Jefe de Gobierno. Se trata de una destitución encubierta con la hipocresía de la dimisión. En todo caso, las consecuencias para los gobernados son las mismas: ignorancia de lo que sucede en el interior Gobierno y seguridad de que la idea de algún tipo de responsabilidad de los gobernantes es un concepto inocuo o utópico en el Estado de partidos. Cosa que no debe extrañar pues incluso la teoría liberal no ha desarrollado las ideas de Benjamín Constant, sobre la responsabilidad política inherente a toda dimisión ministerial. Que no es, como se cree, el final de un entuerto, sino el comienzo de una responsabilidad.

Para saber de lo que hablamos hay que distinguir entre los distintos tipos de cese, en un cargo gubernamental, llamados dimisión, pues no todos han de tener las mismas consecuencias. Están exentos de responsabilidad los tipos de dimisión coherente, o sea, la motivada por lealtad a la causa ideal que se aceptó con el cargo, y la ocasionada por impotencia ante la tarea asumida. En ambos casos, la responsabilidad política recae exclusivamente sobre un Presidente de Gobierno desleal a los ideales que conjuntaron el ministerio o falto de discernimiento en la elección de un incapaz. La dimisión inaudita, la que pondría la lealtad a la causa antes que la fidelidad al jefe, ni siquiera es concebible en la partitocracia. La dimisión amparada en la inmunidad de la falta o delito cometido, solo tendría algún atisbo de nobleza personal si el dimitido admitiera su culpa y solicitara el perdón de los gobernados.

La dimisión-destitución del Señor Bermejo, carente de dignidad personal, no ha sido ejemplar y no lo exime de la obligación de responder ante la sociedad, por los graves daños políticos ocasionados a la corporación judicial; y ante los Tribunales, por sospecha o indicios de connivencia con el Juez doliente de ansiedad en el proceso penal contra dirigentes del PP, así como por los daños materiales causados al patrimonio cinegético del Estado, cazando sin licencia de armas, con juez, fiscal y policía, en un coto reservado para autoridades extranjeras. Este último aspecto no es baladí. Basta recordar la importancia histórica que tuvieron crueles condenas de cazadores sorprendidos en “cotos Reales”, recordadas en la gran literatura como jalones del difícil camino de los jueces a la independencia judicial.

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“Sin responsabilidad exigible, el dimisionario dimite como persona.”

Chulería Zapatero-Botín, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Posted in Economía, Política by reggio on 23 febrero, 2009

La Transacción hizo de la jactancia norma de conducta de los poderosos. Era previsible. Para Aristóteles, son jactanciosos “los que se atribuyen más cosas de las que poseen o fingen saber lo que no saben”. La jurisprudencia romana añadió el alarde de títulos de legitimidad que no se tienen. Nuestro Diccionario reduce la jactancia a una de sus connotaciones, la alabanza presuntuosa de si mismo. Silencia su característica esencial. Que no es la presunción ni la vanagloria, sino el alarde de poder derivado de una ficción de fuerza. El lenguaje popular, más acertado que el académico, identifica la jactancia con la chulería. Así lo vio La Boéthie, con su tipificación de los chulos del tirano. El dictador no necesita ser jactancioso. Le basta ejercer la fuerza que realmente tiene. A su muerte, surge la necesidad de simular una fuerza ficticia en el conjunto de sus sucesores, para evitar que la sociedad se hago cargo del Estado. Los medios de comunicación crean y mantienen la ficción. El Estado se reparte entre los jactanciosos chulos del Estado y del Consenso. Del Rey abajo, nadie se libera de la necesidad de chulería.

La tuvo Juan Carlos, alardeando de una legitimidad dinástica que no tenía. La tuvo Suárez, presumiendo de ser un constructor del Estado al que sólo sabía destruir. La tuvo otra vez Juan Carlos, atribuyéndose lo contrario de lo que hizo en la motivación del 23-F. La tuvo Felipe González, ignorando la huelga nacional contra su prepotencia. La tuvo el Tribunal Supremo, no estigmatizando al gobierno de crímenes y corrupción. La tuvo el chulesco Aznar de las Azores. La tuvo Polanco, chuleando de su pulso vencedor de toda resistencia institucional. La tienen y exhiben al unísono el dúo Zapatero-Botín, simbólico de la oligarquía político-financiera. La doctrina Botín, derogatoria de la acción popular contra delincuentes poderosos, ha dado paso a la jactancia de Gobierno y Banco de Santander sobre la mejor banca del mundo, inmune ante la crisis de las finanzas internacionales, pero engañada por las elementales estafas de Lehman y Madoff. Ahora no puede devolver el dinero a los inversores en Banif. En realidad, el poder de los partidos, dentro y fuera del Estado, está basado en la jactancia de lo que no son ni tienen. La comedia del “como si”, en las partitocracias europeas, se ha dramatizado, en Italia y España, con el cinismo de Berlusconi y la lisa mendacidad de Zapatero. Pensé que Aristóteles se equivocaba al situar la veracidad en el término medio entre la hipocresía y la jactancia. Zapatero lo confirma. La hipocresía, tan lejana de la verdad como la jactancia, se hermana con ésta en el mentiroso Estado de partidos y Banqueros.

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“La mayor chulería: hacerse pasar, pobres hombres, por hombres de Estado.”

Tras el paro, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Posted in Derechos, Justicia, Laboral by reggio on 20 febrero, 2009

Tres cuartas partes de los encuestados aprueban el paro judicial. Los factores de poder político en el Estado, incluidos los medios de comunicación del PSOE, lo condenan. Son señales inequívocas de que el movimiento judicial simpatiza con la sociedad y perturba las entrañas del Régimen. Seria iluso creer que la judicatura conoce y quiere las últimas consecuencias del conato de independencia iniciado. No tiene conciencia de su fuerza para transformar en poder estatal, independiente de partidos, gobiernos y parlamentos, su actual condición de potestad jurisdiccional subordinada. Pero ha dado ya un paso al frente para adquirirla. Ahora sabe quienes son sus radicales enemigos, sus potenciales amigos y sus lazos sociales con los profesionales del derecho. Contra lo pensado por Carl Schmitt y Mao Tsé Tung, este conocimiento elemental sólo constituye la sabiduría de la preconciencia política. El paso a la conciencia de poder independiente lo dará empujada por los acontecimientos que se avecinan.

Aunque la unidad interna sea un objetivo deseable, sería un grave error intentarla con la unificación de las Asociaciones, como pide “Foro Judicial Independiente”. Lo decisivo es la unidad de acción táctica en una estrategia común. Y “Jueces para la Democracia”, además de vocación al rol traicionero de última hora –como PSOE y PC ante la ruptura democrática de la dictadura-, nunca se enrolará en lo que otros inicien. Más importante que la unificación es la unidad de vocabulario inequívoco, que indique con precisión las diferencias sustantivas con el usado por los enemigos y adversarios. Las pancartas del 18-F, por ejemplo, llamaban servicio público a la función judicial. Lo cual indica que aún no saben los jueces cual es la base conceptual de su derecho a la independencia, concebida como poder judicial y no como potestad jurisdiccional. En esta confusión ideológica, en esta falsedad terminológica se basa el engaño constitucional de llamar irrisoriamente poder judicial a la potestad jurisdiccional que tienen individualmente todos los juzgadores. La quieren rebajar a mero servicio público los que, no obstante la dependencia de todo lo servicial, se han pronunciado contra el paro. Si fuera ya un poder independiente seria vacuo su derecho de huelga. También se deben emplear en sentido propio las voces paro y huelga. Ésta es una reivindicación colectiva mediante la resistencia a trabajar hasta obtener satisfacción total o parcial de la misma, mientras que aquél es una protesta colectiva como primera prueba de fuerza de la impotencia. La idea de servicio público envilece la función judicial.

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“Huelga con fecha de caducidad, paro presuntuoso.”

Parabién regio, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Posted in Justicia, Política by reggio on 18 febrero, 2009

Contra la opinión de toda la prensa de papel, este Diario ha venido defendiendo el derecho de jueces y magistrados, conforme al artículo 395 de la LOPJ, a realizar reuniones públicas sin carácter judicial, con la finalidad de cumplimentar al Rey, ante la vejación por el poder de lo que se administra en Su nombre. El periódico “El País” llegó a calificar de “tretas” las reuniones de los jueces para preparar la jornada del 18-F. Y éstos, acostumbrados a juzgar alegaciones opuestas, no tienen imaginación para encontrar la base jurídica de su derecho a una jornada de censura al Gobierno, en forma de paro colectivo o de huelga. Saben que no tienen prohibida la huelga y que ni siquiera es falta leve ausentarse un día de su sede. Pero, sin ser buenos abogados, no percibieron las facultades que les otorga ese precepto 395 para reunirse entre ellos, a fin de preparar un gran acto colectivo de cumplimentación o parabién al Rey, si consideran, como todos los justiciables, que la Justicia administrada en Su nombre, está siendo denigrada y humillada por los poderes del Estado. Para quienes toman en serio la Constitución, y nadie más obligado a ello que los Tribunales, el menoscabo y desprecio de lo que se administra en nombre del Rey redundan en menoscabo y desprecio del Rey.

Defender la dignidad de lo que se administra en nombre del Rey equivale a defender la dignidad del propio Rey. Especialmente, cuando los demás bienes o servicios que se administran en Su nombre, como los de índole patrimonial o de representación, están dotados de los medios más modernos y sofisticados, sin preocupaciones presupuestarias por su coste. En las antiguas monarquías el prestigio y la dignidad del Rey se medían por la grandiosidad de sus embajadas y la calidad de su moneda. Suprimida la leva, ningún servicio Real puede equipararse en importancia social al que desempeña la Justicia administrada en nombre del Rey. Y ninguno ha sido tan menospreciado y envilecido como el de esta Justicia regia. Los partidos estatales, los gobiernos y parlamentos de la Transición, sin excepción, han preterido las necesidades materiales de la función judicial, del mismo modo que en las grandes mansiones y palacios se posterga el bienestar del servicio doméstico. Las togas y puñetas de los Magistrados, como las libreas de los lacayos de la nobleza, tapan con ostentación exterior las miserables condiciones de su trabajo íntimo.

El humor y la ironía no están en este alegato, sino en el art. 395. A los jueces y magistrados les está prohibido dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos felicitaciones o censuras, “a no ser aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey”. Y la palabra “aquellas” incluye la censura a los poderes cuando ésta implica por necesidad lógica un parabién regio. Paro judicial, pues, para cumplimentar al Rey.

Potestad arbitrista, de Antonio García-Trevijano en El Diario español de la República Constitucional

Posted in Política by reggio on 16 febrero, 2009

El lenguaje diferencia el significado de los vocablos poder y potestad en las relaciones humanas. El primero expresa cualquier relación de dominio, transitorio o permanente, de una o varias personas sobre otra u otras. El segundo indica la facultad de decidir o de obrar dentro de una determinada jurisdicción. El diccionario yerra al definir poder y potestad como si fueran sinónimos. Es poder lo que establece el dominio, es potestad lo que lo mantiene. Puede existir poder sin potestad, pero no potestad sin poder. Se cree que existen tres poderes estatales, pese a que las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales dejaron de ser poderes al hacerse potestades jurisdiccionales en el Estado de partidos. Tipo de poder político creado en el siglo XV, con la diferencia de que Cosme de Médicis, dueño del Estado, estaba fuera de él, mientras que ahora quienes designan las potestades ejecutiva, legislativa y judicial son los partidos estatales. Debemos distinguir, por eso, entre el poder constituyente, exclusivo de los partidos, y las tres potestades que instituye separadamente por la diversidad de sus funciones. No hay soporte distinto en las potestades de gobernar, legislar y juzgar, pues las tres se subordinan al partido dominante en cada juego electoral de la oligarquía de partidos. La no separación en origen de esas potestades muestra la inexistencia de poderes sustantivos -extraídos de la sociedad- en el Estado de Partidos.

Sin conocer la diferencia entre potestades y poderes no se comprende por qué este tipo de Estado ha durado tanto y entra ahora en crisis. La causa no puede ser la habitual corrupción e incompetencia de los partidos estatales, como tampoco la depresión económica de una sociedad civil que carece de autonomía política. Se han experimentado crisis de gobierno y del sistema electoral, pero no crisis de este Estado. Aparece ésta, con el reparto de recursos no fundado en redistribución de la renta, cuando la arbitrariedad del poder partidista se traslada a la potestad ejecutiva del Gobierno. El poder puede ser arbitrario sin destruirse. Pero la potestad se aniquila con la introducción del arbitrismo en las autoridades estatales. La arbitrariedad en la distribución de recursos ha originado la huelga de la potestad judicial. El arbitrismo de la ayuda financiera del Estado a las entidades causantes de una crisis económica que pauperiza a la sociedad, abre vías inéditas a una jornada de protesta nacional que, en nombre de la Libertad política, erradique el arbitrismo estatal mediante la conversión de las potestades de partido en poderes separados de un Estado constitucional.

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“La potestad de discriminar alienta lo que se debe recriminar o incriminar.”

Crisis de Estado, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Posted in Justicia, Laboral by reggio on 13 febrero, 2009

El paro judicial del 18-F, con más trascendencia política que la de una reivindicación corporativa, rebasa los límites de una crisis de Gobierno y abre la puerta a una crisis de Estado. Por ella entrarán los factores políticos potenciados o generados por la gravedad de una crisis económica que el corrupto e incompetente Estado de partidos no podrá superar. Los síntomas son inequívocos. Las crisis de Estado se detectan cuando se descompone el principio de autoridad en todas las instituciones estatales y paraestatales. Empieza a verse en esta partitocracia terminal. La crisis estatal no se resolverá hasta que la sociedad instituya, con la Libertad política constituyente, nuevas autoridades democráticas en el Estado. La desconfianza política en las autoridades del Estado de Partidos es mayor que las padecidas por el sistema financiero y los medios de comunicación.

El fenómeno más visible, la magnitud de la desobediencia de los Juzgados y Tribunales a la autoridad judicial del CGPJ, desmorona la quimera de que existía un poder judicial independiente y patentiza la inexistencia de poder judicial alguno. Los fenómenos más soterrados, la desautorización del Banco de España de la política laboral del Gobierno, la falta de autoridad gubernamental para inducir a las entidades financieras a canalizar el dinero público hacia el crédito privado, la dependencia del Estatuto Catalán, aprobado en referéndum popular, de un tribunal político, el TC, aflorarán masivamente a la escena conflictiva con el auge del paro y el aumento de los cierres empresariales, junto a las manifestaciones airadas de los sectores afectados. La asociación patronal y los sindicatos estatales no tienen autoridad para frenar la acción directa de los desesperados que pierden su empresa o su empleo. El encierro de pequeños empresarios en las sucursales bancarias, que les niegan los créditos para capital circulante que antes les concedían, presagia lo negro por venir y el drama por vivir.

Entre lo visible y lo soterrado, sobresale el deterioro escandaloso de lo que fundamenta la estabilidad de la oligarquía política en el Estado de Partidos. La ruptura de relaciones del partido estatal de oposición formal al gobierno, con el Ministro de Justicia y la Fiscalía General, implica la entrada en una fase de desequilibrio inestable en todas las instituciones estatales, que pueden terminar políticamente “incendiadas”, como teme el ministro. En la sesión parlamentaria sobre la crisis económica, se ha visto como el estabilizador consenso partidista ha quedado reducido a la condena de la huelga judicial.

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“En lo que teme el Estado de Partidos está la esperanza de la sociedad civil.”

CGPJ metajurídico, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Posted in Justicia, Laboral by reggio on 11 febrero, 2009

No es consejo lo que manda, no es general lo que particulariza, no es poder lo que obedece, no es judicial lo que normativiza. El Consejo General del Poder Judicial, obedeciendo al Ministro de Justicia, y decretando que no hay particular derecho de huelga para jueces y magistrados, les manda que acudan a sus puestos de trabajo el día 18 próximo. La unanimidad de sus vocales traduce la unanimidad de los partidos estatales que los nombraron. La prohibición de la huelga, sin estar expresamente prohibida en la CE ni en la ley Orgánica, vulnera un principio general del mundo jurídico. La decisión de “no tener por anunciada la convocatoria de huelga”, vulnera el principio de la irretroactividad del mundo físico. La dicción de que no hay “cobertura legal para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces”, y de que “rechaza el ejercicio del derecho de huelga de los jueces en este país porque no hay base normativa para el desarrollo de este ejercicio”, al independizar el derecho respecto de la cobertura legal o base normativa de su ejercicio, vulnera el principio de no contradicción en el mundo lógico. La distinción entre ejercicio del derecho y desarrollo de este ejercicio vulnera el principio de identidad del ser en el mundo ontológico. Con esas cuatro vulneraciones, el CGPJ se yergue sobre normas naturales, humanas, divinas y gramaticales, para mantenerse agachado, a cuatro patas, bajo la anomia del gobierno de “este país”, que no osa llamar España.

Una veintena de vocales entiende la Ley, en materia de huelga de jueces, de modo opuesto a como la interpretan cuatro mil titulares de Juzgados y Tribunales, representados en veintiuna asambleas y en las asociaciones profesionales, pues la diferencia entre ellas no afecta al derecho de huelga, que todas reconocen, sino al día en que debe ejercitarse en concreto. Si el CGPJ creyera de verdad que él tiene la razón legal, contra cuatro mil juzgadores equivocados, que no saben verla ni encontrarla, lo congruente sería suspenderles del ejercicio de la carrera judicial, aunque siguieran con derecho a ella, tal como hace con el derecho de huelga, y sustituirlos en dicho ejercicio, aunque no en la carrera, con cuatro mil parados, cuya posibilidad no fue excluida por el Presidente del Gobierno en su famosa respuesta a la camionera, Sra. Alba. Y para colmo de tal simulacro de autoridad, la desobediencia a esta prohibición no es sancionable, o sea, no es prohibición. El art. 419.4 de la LOPJ considera falta leve la ausencia injustificada y continuada a la sede del órgano judicial por más de un día natural. El paro del 18-F ni siquiera sería falta leve.

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“Mejor tener a un dictador por amo que a cualquier autoridad subordinada.”

Cargarnos de razón, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la Republica Constitucional

Posted in Justicia, Laboral by reggio on 7 febrero, 2009

El portavoz de la asociación judicial “Francisco de Vitoria”, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Don Lorenzo del Río, ha dimitido de su función al considerarse desautorizado por la mayoría de sus compañeros en el comité de dirección, que votaron a favor de adelantar la huelga judicial al 18-F, cambiando la decisión inicial de convertirla en un día de protesta colectiva, y aplazar la huelga al 26 de junio, para estar cargados de razón. Este excelentísimo señor desconoce, como casi todos los pagados de sí mismos, que perder o ganar una moción, por el resultado de una votación en el seno de una asociación democrática, no desautoriza a los cargos directivos de la misma, sea cual sea el sentido de sus votos, y los obliga a seguir respetando y defendiendo, desde sus puestos, el nuevo criterio de la Asociación, a no ser que opongan contra el mismo objeción de conciencia. Lo cual no es el caso de un señor que dimite porque la mayoría de asociados no ha querido esperar a “cargarnos de razón”, para que la unidad judicial, ante la huelga, se fragüe cuando fracase, si es que fracasa, la negociación abierta y todavía no cerrada por el Gobierno.

Como en toda frase hecha, el tópico de cargarse de razón o de razones para legitimar una acción excepcional o definitiva contra quienes niegan nuestro derecho, o nos ofenden por sistema, no solo es falsa en la idea que expresa, pues contradice el principio universal de la razón suficiente (Leibniz), sino que además oculta la pasión de cobardía en que se basa ese dicho popular. Para constatar la bajeza de su procedencia, basta con observar el hecho social de que la espera de nuevas humillaciones, para poder actuar cargados de razón, no tiene lugar cuando se trata de contrariar a un inferior.

En boca de los jueces y magistrados que se oponen a la huelga del 18-F, la frase cargarnos de razón quiere decir que, para ellos, no es suficiente tener de su lado la razón de la independencia judicial y el orgullo de la dignidad de su función. Necesitan que el poder político colme el vaso de su probada paciencia -otra frase hecha para justificar la cobardía-, con contrariedades menores, sin saber que una gota más de miseria añadida, a treinta años de podredumbre judicial, no podrá rebosar la ilimitada capacidad del vaso de la servidumbre voluntaria. De las doce razones que tenía el párroco de una iglesia sin campanario, para justificar que no repicaran las campanas en la visita del obispo, sobraban las once restantes. Para la huelga de un poder judicial, sin poder colectivo independiente, sobran las demás razones.

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“Sin Libertad política, la paciencia es prosaica y la impaciencia, sublime.”

Sinrazones judiciales, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la Republica Constitucional

Posted in Justicia, Política by reggio on 4 febrero, 2009

El paro judicial convocado para una sola jornada, 18-F, hecho insólito en la historia de la judicatura española, pone una vez más al descubierto la cínica insolencia del Gobierno, la ilegal y contradictoria doctrina del CGPJ, el soberbio engreimiento de la “Asociación Profesional de Magistrados” (APM) y el aristocratismo vertical de “Jueces para la Democracia”. La falta de criterio objetivo, y el desconocimiento del derecho, se extienden a toda la sociedad mediática, donde nadie analiza y denuncia las cuatro sinrazones oficiales u oficiosas que pretenden deslegitimar ese legítimo paro.

Es cinismo descarado que el Ministro de Justicia, siguiendo el oportunismo legislativo de una Transición que reprime en lugar de prevenir, anuncie una ley prohibitiva de la huelga judicial, para invalidar ¡por razones futuras de “legis ferenda”! la ya convocada. Es anticonstitucional que el CGPJ afirme la ilegalidad del paro ¡de un solo día! porque vulnera o merma el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando tal derecho está exclusivamente concebido para el justiciable individual, ante un fallo violador de sus derechos procesales. Y es suicida su relativismo jurídico, que condiciona ese derecho constitucional a la buena voluntad del poder político, alegando que no es momento de hacer huelga cuando hay diálogo abierto con el Gobierno. Lo cual presupone que si esa divina puerta estuviera cerrada, la huelga no vulneraría la Constitución, y sería legítima.

La ilusa APM acusa a las dos asociaciones partidarias de la huelga del 18-F de “repudiar la unidad judicial”, con “desprecio” de todos los jueces y magistrados (nostalgia del corporativismo franquista), y de “defraudar” a los españoles que dieron crédito al mensaje conjunto de las asociaciones, ya que un cambio de posición “deslegitima” al colectivo judicial ante una ciudadanía que le exige particular serenidad de ánimo. ¿Se puede ser más tonto? Los españoles no creen ya en nada. Temen sin motivo de temor, esperan sin esperanza y votan sin elegir, porque el cambio de posición, la renegación de sí mismo, ha sido ley suprema de la Transición. Sin independencia del colectivo judicial, no hay otra particular serenidad de ánimo que la de abyección ante el poder. Lo raro es que la mayoría de ese colectivo haya comprendido que, en esta oligarquía de partidos, nada justo se otorga y todo ha de conquistarse. El verticalismo sindical de “Jueces para la Democracia”, de ideología orgánica, condena a los que renuncian a defender la carrera judicial en el exclusivo seno de las asociaciones.

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“Sin democracia, las instituciones depravan más que el miedo y el vicio.”

Suprema inconsciencia, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Posted in Derechos, Educación, Justicia, Libertades, Política by reggio on 30 enero, 2009

Aunque el diccionario académico confunda la conciencia moral con la consciencia mental, y no admita, en consecuencia, que inconciencia sea una voz tan correcta como inconsciencia, el TS estaba obligado a saber con exactitud lo que significa “objeción de conciencia”, contra la “Educación para la Ciudadanía”, antes de emitir un fallo contrario a que los padres de familia puedan oponerse, por exclusivas razones de conciencia moral, a que sus hijos menores sean conscientemente adoctrinados, por una asignatura obligatoria, en una determinada ideología política, como sin duda lo es la que sostiene a esta Monarquía de Partidos. Esa legítima objeción contra la formación en los centros de enseñanza de un ejército de súbditos, sin libertad de pensamiento ni de elección, tiene fundamentos aún más sólidos que los admitidos contra el servicio militar y que los no reconocidos contra la obligación de participar en las mesas electorales. Pero el espíritu del franquismo continúa inspirando al alto tribunal de la inconsciencia política.

La Sala cree que el adoctrinamiento se puede evitar recurriendo, en vía contencioso-administrativa, contra cada texto de la asignatura. Incurre así en tres tipos de inconsciencia mental. 1. Ignorar que lo fundamental, en la instrucción de los menores, son los maestros o profesores. 2. No saber que todos los textos de educación para la ciudadanía, salvo que sean elementales normas de urbanidad, son tan forzosamente ideológicos y adoctrinadores como los de educación política en la dictadura. 3. Confundir la objeción católica a recibir doctrina socialdemócrata, en colegios privados religiosos, con el derecho de los padres a que sus hijos sean instruidos en materia política, con libertad de pensamiento y de juicio externo, para que lleguen a ser ciudadanos conscientes, y no meros súbditos adultos, que aceptan ser tratados políticamente como menores de edad.

La instrucción pública debe procurar a los menores claro discernimiento entre votación a listas de partido o elección de representantes personales; entre partitocracia o democracia; entre justicia en nombre del Rey, dependiente de los partidos, o ejercida en nombre de la Ley, independiente del poder ejecutivo; entre libertad política para todos o exclusiva de los partidos estatales; entre sindicatos estatales o de la sociedad civil; entre Estado centralizado o dividido en Autonomías; entre decisión por consenso o por mayoría. En resumen, entre libertad y servidumbre voluntaria.

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“La conciencia de sí mismo, primera conquista de la inconsciencia, es el último grado de la sabiduría que pretende traspasar el umbral del misterio.”