Evitar el socialismo para ricos, de Antón Costas en El País de Cataluña

Imaginen que esos banqueros y empresarios que nos proponían desregular toda la economía y sacar al Estado de cualquier actividad que no fuese la de policía y de justicia (la ley y el orden) hubiesen logrado su objetivo. ¿Quién atendería ahora sus angustiadas llamadas de auxilio para que el Estado les rescatase de las situaciones de quiebra?

El Estado regulador ha sido el gran invento del siglo XX. No me refiero al Estado interventor (en nuestro caso, el franquista), sino al llamado Estado keynesiano (en memoria del gran economista liberal John M. Keynes, que propuso soluciones eficaces contra la Gran Depresión de 1929), capaz de estabilizar la economía cuando las cosas vienen mal dadas y de garantizar el bienestar de los ciudadanos. Ese gran invento hay que protegerlo tanto de sus enemigos como de algunos de sus más fervientes partidarios.

¿Debemos utilizar al Estado -es decir, los impuestos de los ciudadanos- para salir al rescate de bancos que en épocas de vacas gordas hicieron elevados beneficios y pagaron astronómicas retribuciones a sus directivos, pero que ahora se ven amenazados de quiebra por la imprudencia, avaricia e incompetencia de esos mismos directivos? Éste es el debate en curso tanto en EE UU como en la Unión Europea y en España.

Es tentador defender que en el pecado llevan la penitencia. O que cada palo aguante su vela. Pero hay razones para no caer en la estupidez de dejarse sacar un ojo si al enemigo le sacan los dos. Una quiebra bancaria generalizada no sólo se llevaría por delante a los imprudentes, sino al conjunto de la economía al provocar una depresión del crédito. De ahí que tenga sentido una cierta nacionalización del riesgo que amenaza de quiebra al sistema financiero. Pero antes de entrar en los detalles de esa nacionalización, veamos de dónde surge el riesgo de depresión.

En los años de dinero barato y abundante, muchas personas y empresas se endeudaron más allá de toda prudencia. La idea era que todo lo que se podía comprar subía, subía y subía, y nunca bajaría. Eso llevó a muchos a comprar todo lo que les financiaban los bancos, sin poner un euro propio, y a muchos otros a endeudarse para especular con activos financieros e inmobiliarios. Vamos, la locura.

Déjenme hacerles una recomendación: acérquense a alguna librería o biblioteca y lean el capítulo De cómo fui protagonista de las locuras de 1929 de la biografía de Groucho Marx. Es la mejor descripción breve que conozco de cómo nos podemos volver locos con la Bolsa y creer que es posible hacerse rico sin trabajar. «Marx, la broma ha terminado», le dijo su asesor de inversiones a Groucho el martes negro del 29, cuando, de repente, Wall Street se hundió y el pánico se extendió como reguero de pólvora.

Ayer como hoy, después de comprar activos con el dinero que no se tiene, siempre llega un momento en que algo hace que la broma se acabe. A partir de ese momento, la gente endeudada intenta vender activos y con lo recaudado reducir su deuda. Pero como todos, llevados del pánico, quieren vender al mismo tiempo, se produce lo que el economista Irving Fisher llamó la «desbandada de vendedores». Esto hace que el remedio sea peor que la enfermedad, porque la caída de precios se intensifica y el riesgo de quiebra es mayor. Además, como los potenciales compradores conocen esa necesidad de vender, esperan a comprar para obtener un precio aún más bajo. Esta inhibición de los compradores hace que los precios se hundan aún más, poniendo a los vendedores en situación de quiebra.

Pero una fuerte y repentina caída de los precios de los activos no sólo arruina a los muy endeudados, sino que puede arrastrar también a los bancos, empresas y personas con un balance saneado. Eso es así porque la caída de precios produce una fuerte pérdida de riqueza en el activo de las economías. Entramos entonces en riesgo de depresión generalizada provocada por la desaparición del crédito bancario y la caída del consumo de los hogares. Eso es lo que ocurrió en 1929 y lo que puede ocurrir ahora.

¿Qué hacer para evitar la depresión? Alguien tiene que actuar como mano visible reguladora, actuar como esos grandes depósitos que existen en el subsuelo de las grandes ciudades como Barcelona para embalsar las aguas pluviales en los momentos de grandes riadas y soltarlas de forma controlada una vez que el temporal amaina.

En este caso, esa labor reguladora la puede hacer el Estado nacionalizando el riesgo de quiebras a través de algún organismo que actúe como comprador de última instancia. Aunque también la podrían realizar grandes inversores privados. De hecho, en estas situaciones surgen buenas oportunidades de negocio. Recuerdo que a Manuel Girona, banquero catalán del siglo pasado, le preguntaron una vez cómo se había hecho rico. «Dándole gusto a la gente», contestó, «es decir, comprando cuando la gente quiere vender y vendiendo cuando quiere comprar».

Pero en este momento, esa función de comprador de último recurso la tiene que hacer el Estado. Hay que hacer algo que evite el riesgo de depresión, pero hay que hacerlo evitando que se utilicen los impuestos de los ciudadanos para salvar patrimonios privados y mantener las elevadas retribuciones de los directivos. Y lo que se haga no puede ser un simple «paréntesis en la economía de mercado», como con fraudulenta inocencia pidió el presidente de la patronal española. Tiene que significar una modificación radical del modelo del sistema financiero desregulado que nos ha conducido a esta crisis.

Pero para juzgar la idoneidad de las fórmulas que finalmente se aprueben hay que esperar a conocer los detalles, porque en los detalles está el demonio. En este caso, el peligro es que nacionalizando los riesgos se haga socialismo para ricos. Es decir, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.

La voluntad inequívoca de querer morir, de Luis Montes Mieza y Fernando Soler Grande en El País

El ordenamiento jurídico sobre eutanasia y suicidio asistido provoca situaciones contradictorias. Urge saber si el derecho de autonomía personal significa realmente decidir por uno mismo hasta dónde quiere llegar

La obsesión que muestra la derecha ideológica en nuestro país por calificar públicamente de asesinatos a la eutanasia y el suicidio asistido, o su insistencia en denominar eutanásico al genocidio nazi, no parecen responder a otra cosa que a una premeditada intención de ofuscar, obstaculizar y, finalmente, impedir el debate racional y sosegado sobre la eutanasia y el derecho ciudadano a una vida y una muerte dignas. Sería necesario admitir un enorme grado de estulticia entre sus filas para considerar como de buena fe ignorar que la voluntad de morir separa radicalmente la eutanasia y el suicidio asistido del asesinato o el genocidio. Es ciertamente deprimente para quienes gozamos aún de cierta capacidad de raciocinio el modo en que el vicesecretario de Comunicación y portavoz del PP, González Pons, presentaba a su parroquia el valiente pronunciamiento del ministro Soria a favor del suicidio asistido achacándole la intención de «liquidar al personal con cargo a la Seguridad Social». Pensábamos inocentemente que semejantes ocurrencias tabernarias eran privativas de los sectores más cavernarios de la sociedad. Oírlas en boca de este conspicuo representante, que parecía querer encarnar la cara amable y educada del principal partido de la oposición, nos hace albergar muy pocas esperanzas de que el debate en que nos encontramos pueda desarrollarse en términos civilizados y de racionalidad.

Por nosotros no ha de quedar, sin embargo; seguimos dispuestos a aportar serenamente a la opinión pública los argumentos que, a nuestro juicio, sustentan la pretensión de que nuestras leyes reconozcan el derecho al suicidio asistido -médicamente asistido- y la eutanasia activa voluntaria (tales adjetivaciones son precisas para evitar el interesado totum revolutum terminológico que algunos tienen interés en mantener).

En primer lugar, y para clarificar el debate, digamos que tanto el suicidio asistido como la eutanasia voluntaria son acciones muy similares. Ambas consisten en la muerte de una persona que no desea seguir viviendo por razón de una enfermedad terminal o por una situación de sufrimiento intolerable, aun no mortal a corto plazo. En ambos casos existe la voluntad inequívoca y libremente expresada de morir. La diferencia reside en que en el suicidio asistido la muerte es auto-administrada por quien desea morir, con la ayuda de otra persona, médico en el caso del suicidio médicamente asistido, que le facilita los fármacos o medios para producirse la muerte. El término eutanasia se emplea cuando, bajo las mismas condiciones, es otra persona, sanitario o no, quien produce directamente la muerte deseada. El adjetivo «voluntaria» sirve para distinguirla de la llamada eutanasia involuntaria en la que alguien administra la muerte a otro por razones altruistas pero sin que exista la expresa voluntad de morir por el interesado.

En nuestra opinión no tiene sentido seguir hablando de eutanasia indirecta ni de eutanasia por omisión o pasiva porque sólo complican el debate y porque, además, ambas conductas están ya despenalizadas en el vigente Código Penal de 1995. Digamos de paso que, aunque algunos se empeñen en presentar como especialmente rechazable el homicidio eutanásico, hasta asimilarlo al genocidio, el Código Penal les desmiente al establecer el carácter eutanásico de un homicidio, como atenuante, sin duda en atención a su carácter altruista.

Clarificados los conceptos, analizaremos algunas contradicciones que se dan en nuestro ordenamiento jurídico actual. Es cierto que el Tribunal Constitucional (STC 120/90, de 27 de junio) negó la existencia de un derecho fundamental al suicidio pero, dado que este pronunciamiento se enmarcó en el ámbito de una huelga de hambre penitenciaria, nada autoriza a pensar que esta negativa sea extensible al derecho de un paciente a terminar con sus sufrimientos por sí mismo o con la ayuda de terceros. Una cosa es el suicidio como único medio para terminar con un sufrimiento, intolerable a juicio de quien lo experimenta y otra el suicidio mediante una huelga de hambre con el fin de extorsionar al Estado.

Desde luego es muy difícil compatibilizar coherentemente la negación del derecho general al suicidio con el derecho concreto del paciente a rechazar la aplicación de un tratamiento, aun cuando ello dé lugar a la muerte, derecho que nos reconoce la Ley 41/2002, conocida como Ley Básica de Autonomía del Paciente. Es muy difícilmente comprensible que se tenga el derecho a decidir la propia muerte mediante la desconexión por un tercero de un respirador (el caso de Inmaculada Echevarría) y no se tenga el de pedir que se le administre a uno un fármaco letal al que tampoco se puede acceder sin ayuda (como Ramón Sampedro). Se podrán emplear cuantos tecnicismos legales se quieran, pero los ciudadanos de a pie no entendemos cómo es posible que en iguales circunstancias de rechazo de la vida, que ambos consideraban como una condena, sólo uno tuviera el derecho legal de conseguirlo. ¿Terminaremos deseando estar atados a una máquina de soporte vital porque será la única forma de poder decidir nuestro final?

La desigualdad con que la actual legislación trata a personas en la misma situación de rechazo vital se amplía en el Código Penal que, en su artículo 143.4, penaliza a quien «causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro». Esta delimitación de los hechos punibles a actos necesarios y directos ha despenalizado de hecho, como hemos dicho, la eutanasia en sus modalidades pasiva e indirecta, protegiendo jurídicamente prácticas de buen hacer médico como la limitación del esfuerzo terapéutico o la sedación del paciente terminal (la protección es, en todo caso, muy relativa: aquí estamos los médicos del Severo Ochoa como prueba) pero al limitarse a los actos necesarios, deja fuera del tipo penal el facilitar un veneno letal a una persona que hubiera podido conseguirlo sin ayuda, mientras que penaliza a quien se lo facilita a un paciente impedido para conseguirlo por sus medios, como Ramón Sampedro. ¿Hay discriminación más injusta e injustificable, precisamente con el más indefenso?

A nuestro juicio, estas disfunciones legales se deben a que no se ha abordado directamente el problema que late en el fondo de esta cuestión trascendental. Hay que definir de una vez por todas si el derecho de autonomía personal significa realmente la capacidad de decidir por uno mismo hasta dónde quiere o no quiere llegar. O si se trata de un derecho tutelado. Si, como ha dicho el ministro Bernat Soria, sólo uno mismo -ni una iglesia ni un partido político- puede decidir sobre su cuerpo y ésta es la opinión de su partido en el poder, el tema se aproxima a su resolución: la ley debe reconocer el derecho a poner fin a la propia vida, por sí mismo o ayudado por otros, cuando estime que lo que resta de ella no merece ser vivida.

Quienes, legítimamente por supuesto, se consideran a sí mismos como meros administradores de la vida, no deben tener temor a ser desalojados de ella contra su voluntad. Para ellos, como para nosotros mismos, exigimos la real universalización de los cuidados paliativos y de la sedación terminal como un derecho cívico que ayude a sobrellevar el final de la vida, pero rechazamos, con igual firmeza, la indecente utilización de los cuidados paliativos como coartada para oponerse a la eutanasia y suicidio asistido. Ni los mejores cuidados paliativos, que desde luego no son los que tenemos, podrán impedir el ejercicio de nuestro derecho a decidir, con absoluta autonomía, el momento desde el cual nuestra vida no es digna de ser vivida.

Para ese trascendental momento, esperamos poder contar con la ayuda de compañeros médicos que, protegidos por la ley, no se pongan por ello en riesgo de persecución.

Luis Montes Mieza y Fernando Soler Grande son médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés.

Desafección, partidos y medios, de Ferran Requejo en La Vanguardia

En la última década han proliferado análisis sobre la creciente distancia que existe entre los ciudadanos y sus gobernantes. Se trata de un fenómeno que afecta a la mayoría de las democracias y que, siguiendo la terminología anglosajona, se ha caracterizado como desafección democrática. El indicador más claro es la creciente abstención que se registra en las elecciones. Pero ni es este el único aspecto, ni tal vez sea el más decisivo. Esta desafección se da al mismo tiempo que una gran adhesión ciudadana a los sistemas democráticos. Ello no es ninguna esquizofrenia. Indica un contraste entre los valores e instituciones y las experiencias prácticas de los gobiernos.

Todo esto no es nuevo, pero sí parece serlo el cariz que toma en estos momentos. Los análisis de política comparada muestran tres tipos de factores que inciden en la desafección. En primer lugar, aquellos que son comunes a todas las democracias, por ejemplo, la percepción de que, tras la globalización actual, los gobiernos no controlan los resortes decisivos de influencia (frente a crisis económicas, problemas ecológicos, etcétera). En segundo lugar, los factores de carácter «local», como la falta de eficiencia de los gobiernos, escándalos de corrupción o un ensimismamiento de la clase política en polémicas de poco alcance. Finalmente, se dan factores que se hallan en una posición intermedia: ni son del todo generales ni están asociados a un sistema político concreto.

Aquí quisiera incidir en dos factores que todos los análisis señalan como relevantes e interrelacionados: la calidad de los partidos políticos y de los medios de comunicación. La calidad interna de cada sector depende de ellos, pero la «imagen» de los políticos y la percepción de la ciudadanía dependen decisivamente de la labor de los medios (escritos y, sobre todo, audiovisuales).

1) Los partidos. La política es una profesión «dura», a la vez que imprescindible y poco valorada socialmente. Es una actividad absorbente y en buena medida ingrata. En el plano individual, sólo el hecho de tener que resistir tanto una presión mediática permanente a caballo de la actualidad, como la competencia dentro y fuera del partido es algo que pocos soportarían. Además, la «colonización del tiempo» que sufren los políticos profesionales es algo casi patológico.

Sin embargo, a escala colectiva, está claro que cualquier partido necesita disponer de buenos profesionales, es decir, de buenos economistas, ingenieros, politólogos, urbanistas, juristas, expertos en energías y ecología, etcétera. Cuando se habla personalmente con líderes políticos su imagen mejora en la mayoría de los casos. Pero un partido es bastante más que los liderazgos de turno. La ciudadanía siempre espera que la práctica totalidad de los cargos sean desempeñados por personas «competentes». A veces he formulado a los dirigentes de algunos partidos la pregunta sobre cómo disponer de buenos profesionales. Es decir, ¿cómo captan talento? En algunos casos, el desconcierto ante dicha pregunta ya suponía la respuesta.

Una posibilidad para hacerlo es establecer el llamado mecanismo de la «puerta giratoria»: captar a destacados profesionales con vocación pública externos al partido, para que se integren en la política ejecutiva por un periodo de tiempo específico, y luego se reintegren a su profesión. Aquí esto se hace poco.

La eficiencia del sistema democrático se resiente, sin más, si en los cargos se premia e incentiva más la fidelidad al partido que la competencia profesional. Los perjudicados somos todos, los partidos, la ciudadanía y el vigor del sistema democrático.

2) Los medios de comunicación. Situados en el epicentro de la información y de la evaluación de la actualidad, los medios constituyen uno de los principales centros de gravedad de las democracias actuales.

Desde los tiempos del primer liberalismo político se sabe que sin unos medios de comunicación libres no se asegura ni un control eficiente del poder ni la protección de los derechos ciudadanos. Pero también en este caso, una cosa es la cantidad y otra la calidad.

Tanto la prensa escrita como la radio y la televisión necesitan proveer informaciones y análisis en un tiempo muy limitado. No es tarea fácil. El riesgo está en caer en una inmediatez superficial, poco propensa a buscar los distintos ángulos de un tema determinado. A veces, las fuentes consultadas, más que parciales, son escasas. También se dan los riesgos de buscar titulares fáciles, basados más en lo que los políticos «dicen» que en lo que «hacen», y de reflejar las ideas a priori que tienen los propios medios sobre países, gobiernos, líderes y partidos. Unos medios de calidad son, entre otras cosas, aquellos que efectúan investigación propia y ofrecen al lector, oyente o espectador resultados comprensibles de esa investigación.

Ciertamente, en nuestro contexto inmediato, hay medios de calidad (escritos y audiovisuales). Pero creo que no utilizan todas las posibilidades de acercar la política a los ciudadanos. ¿Para cuándo un buen programa de televisión sobre democracia que sea comprensible y atractivo? Hoy hay medios técnicos y profesionales que hacen que el proyecto, aun siendo un reto, resulte atrayente.

Es importante que partidos y medios evalúen qué hacen, que contrasten los objetivos propuestos con los resultados alcanzados. La política puede ser a la vez inteligente y apasionante. Y la democracia es siempre un viaje inacabado y un experimento permanente.

FERRAN REQUEJO, catedrático de Ciencia Política de la UPF y autor de ´Las democracias´ (Ariel 2008)

¿Quién pagará por esto?, de Josep M. Paret Planas en La Vanguardia

TRIBUNA

Uno de los últimos episodios de la crisis de las subprime en EE. UU., que ha convulsionado la economía mundial, ha sido el dato de que el FBI había ampliado la investigación por fraude a las entidades hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, el Banco Lehman Brothers y la aseguradora AIG.

El clamor social para buscar culpables en situaciones de crisis de extrema gravedad y el recurso al derecho penal no es algo nuevo. Cabe recordar que los primeros estudios de los sociólogos norteamericanos sobre criminalidad económica y la expresión «delincuencia de cuello blanco» surgieron en la época de la gran depresión de los años treinta que siguió al crash de la Bolsa de Nueva York de 1929.

Una investigación criminal encierra grandes dificultades. La primera, dilucidar lo que son negocios de riesgo que entran dentro de la esfera de lo permitido y negocios fraudulentos, que a su vez pueden ir unidos a la creación de entramados societarios, falsedades y manipulaciones contables. Se trata de una cuestión nada fácil porque, entre otras cosas, la línea que separa operaciones correctas, por un lado, y las temerarias y fraudulentas, por otro, puede ser muy sutil, máxime cuando los parámetros económicos que sirven de referencia pueden variar de un día para otro en un mundo en que todo cambia a gran velocidad. La segunda, la concreción e individualización de responsabilidades penales en el contexto general de un sistema que premia la agresividad económica, sin reparar demasiado en los medios.

No podemos desconocer que el fenómeno es complejo y que, además, ha venido acompañado de otras variables económicas que han agravado la crisis, pero es muy probable que prácticas financieras lícitas coexistan con otras delictivas. Otra cosa será la capacidad de discernir y probar los hechos y su culpabilidad. En cualquier caso y sea cual sea el grado de contribución de factores de cariz delictivo, lo cierto es que la crisis ha adquirido unas proporciones que ni los peores agoreros de los males de la criminalidad económica podían sospechar cuando hablaban de la «reacción en cadena» o del «efecto resaca o espiral» de los delitos económicos.

Un apunte final: si la asunción de la deuda tóxica por parte del Estado va acompañada de la entrada en el capital de las entidades quebradas, podría darse el caso, peculiar, de que la sociedad saneada con dinero del contribuyente respondiera criminalmente con multas de los presuntos delitos, junto a las personas físicas culpables, ya que el sistema penal norteamericano admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aunque el pragmatismo que caracteriza a los norteamericanos puede salvar el escollo, tras las voces críticas contra el plan de salvamento laten también, junto a prejuicios ideológicos, las lógicas suspicacias que provoca cualquier limitación del margen para sancionar a los posibles culpables.

Josep M. Paret Planas. Doctor en Derecho, socio de Cuatrecasas.

Las dificultades legales para disolver un ayuntamiento, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

TRIBUNA LIBRE

Hoy está perfectamente prevista en nuestra legislación la posibilidad de disolver los órganos de las Corporaciones Locales «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales». Así lo determina el artículo 61. 1 de la Ley de Bases del Régimen Local, que incluye un complejo procedimiento, alicatado de garantías, para la adopción de esta medida extrema.

Porque, en efecto, se atribuye la competencia al máximo órgano político-constitucional del Estado, es decir, al Gobierno de la Nación. Este ha de actuar siempre con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, y puede iniciar el procedimiento bien a iniciativa propia, bien a solicitud del Ejecutivo regional. Pero necesita para ultimarlo y poder aprobar la medida el «acuerdo favorable del Senado», en cuyo seno es la Comisión general de las comunidades autónomas la llamada a informar (artículo 56, letra n del actual Reglamento de la Cámara).

Este sistema procede de la regulación de nuestras Administraciones locales aprobada en abril de 1985, pero por ley orgánica de 10 de marzo de 2003, llamada de Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales, se añadió un párrafo (que no tiene carácter orgánico) en el que se concreta un supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, aunque existe la obvia posibilidad de que pueda haber otros. Sería el caso de aquellos «acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».

Se sabe que el mecanismo del artículo 61 ha sido ya empleado por un decreto de abril de 2006 para disolver el Ayuntamiento de Marbella, por haber contravenido éste «de forma sistemática» la legalidad en el otorgamiento de licencias urbanísticas y haber incurrido en otras lindezas que el Decreto desmenuza. Por su parte, el párrafo nuevo, fruto de la reforma de 2003, podría ser hoy aplicable a aquellos ayuntamientos afectados por las sentencias de los Tribunales de justicia que han declarado la ilegalidad de determinados partidos o grupos políticos.

Ahora bien, de acuerdo con los principios generales propios de las actuaciones públicas y con la forma prudente en que el precepto está redactado, es evidente que la actuación del Gobierno habría de respetar, entre otros, el principio de proporcionalidad que, nacido en la jurisprudencia del Tribunal europeo, se halla acogido por los distintos Tribunales constitucionales y administrativos de los países de la Unión. Incidentalmente diré que al mismo, y en referencia al Tribunal Constitucional alemán, ha dedicado un magnífico trabajo Bernhard Schlinck, catedrático de Derecho Público que es muy conocido como escritor y como autor de El lector, una novela apasionante que ha sido leída por miles de personas en todo el mundo y desde luego en España.

Pero sigamos con nuestro asunto. Para decirlo muy resumidamente, nuestros Tribunales, el Constitucional y el Supremo, conectan la proporcionalidad con el valor de la justicia y con los principios de interdicción de la arbitrariedad y del Estado de Derecho. De suerte que, para que se ajuste a los mandatos constitucionales, se necesita que la medida a emplear sea la idónea, es decir, adecuada para el fin pretendido; necesaria, especialmente exigible cuando se trata de limitar derechos fundamentales, lo que obliga a analizar cuidadosamente la posible existencia de alternativas menos aflictivas; en fin, respetuosa con el análisis que en economía se llamaría de coste /beneficio, es decir, que no vaya a producir más desventajas que utilidad. Dicho en lenguaje coloquial, que no pretenda abatir gorriones a cañonazos.

Todas estas cautelas, como se ve exquisitas filigranas, son las que obran en nuestro Ordenamiento para poder disolver, de acuerdo con la legalidad, los órganos democráticamente elegidos de un Ayuntamiento.

Y ahora procede explicar la curiosidad que ofrece nuestra historia reciente y lo hago para posible pasmo de aquellos que contemplan el pasado con la mirada superficial de quien habla de oídas o lee con pereza, cum incuriam, que dirían los clásicos.

Porque en ese pasado, en la Monarquía de la Restauración y en la II República, técnicas similares a la analizada, a saber, las de suspender un Ayuntamiento o desplazar a los alcaldes elegidos era algo habitual, juego de niños, podría decirse. El lector ha leído bien: la II República, esa época que hoy algunos se empeñan en presentar como un compendio afortunado de respeto a las reglas democráticas, hacía y deshacía en las corporaciones locales con maneras de dómine de malas pulgas.

Cuando en 1931 se revisa la obra de la Dictadura de Primo de Rivera (Decreto-Ley de 16 de junio, luego convertido en ley) se deja subsistente el Estatuto municipal de 1924 (de Calvo Sotelo) pero se vuelve en algunas materias a la ley de 1877. En especial, se acogen sus previsiones acerca de la suspensión temporal de alcaldes y ayuntamientos, atribuida a los gobernadores civiles, y con una participación ex post del juez tan débil que en los intentos de reforma de Maura (1907 – 1909) se quiso rectificar tal estado de cosas disponiendo garantías más afinadas. La opción que los gobernantes de 1931 hicieron por la legislación de 1877 constituyó pues una apuesta decidida por un sistema de injerencia gubernativa en la vida de las corporaciones locales que había sido criticado por muchas voces durante la Monarquía alfonsina. El proyecto de Maura y la supresión de estas técnicas de intervención por Primo de Rivera es consecuencia de ello, si bien es verdad que el Dictador no se tomó jamás en serio la obra de Calvo Sotelo y por tanto su contenido fue en la práctica papel mojado.

En el año 1931 no se desconocía pues que el manejo del arma de la suspensión en épocas electorales había sido algo absolutamente habitual e incluso que tenía a veces carácter cómico. Según Gumersindo de Azcárate, buen estudioso del régimen local de la época, un Ayuntamiento fue suspendido en período electoral porque no había ordenado el encendido de todas las luces. En un libro, cuyo autor es Pedro Pérez Díaz, publicado a principios de siglo y dedicado justamente a este tema, puede advertirse la desesperanza del autor cuando escribe que «los derechos políticos son para los amigos, los cuales además no delinquen nunca ni quebrantan el Derecho».

Es decir, se diseñó el cañamazo para que, a lo largo del periodo republicano, en ayuntamientos grandes y pequeños, las suspensiones de alcaldes y su sustitución por personas afines nombradas por los gobernadores fuera constante. Hace poco, en esta misma página, contaba yo mismo el ejemplo curioso de las elecciones para nombrar a los representantes de las regiones en el Tribunal de Garantías constitucionales, momento en el que fue necesario discutir largamente si los corporativos suspendidos -muchos y en todos los territorios- podían o no participar en los comicios.

En fin, al atender la República a la Administración local con una ley específica, en 1935, se autorizó la suspensión gubernativa de alcaldes «cuando la provincia a que pertenezca el término municipal se halle en alguno de los tres estados de prevención, alarma o guerra definidos por la Ley de Orden público». Estados excepcionales que en aquellos años fueron los normales por lo que el recurso a esta medida resultó tan frecuente como son los rebaños de nubes en los cielos.

Hoy, lo hemos visto, la legislación de régimen local es muy respetuosa con los poderes locales elegidos. Justamente por ello, aplicarla no sería sino empuñar la batuta de la legitimidad democrática.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Su último libro es Carl Schmitt-Ernst Forsthoff: coincidencias y confidencias (Marcial Pons, 2008).

© Mundinteractivos, S.A.

Amos del universo, de Pedro G. Cuartango en El Mundo

TIEMPO RECOBRADO

Se suele decir que la prostitución es el oficio más viejo del mundo. Pero hay otro más antiguo: el de predecir el futuro. Los babilonios anticipaban el desenlace de una batalla descifrando las entrañas de una bestia. Los griegos acudían al templo de Apolo en Delfos para consultar al célebre oráculo. La vieja práctica de la adivinación la encarnan hoy los analistas financieros y los expertos bursátiles, que se dedican a predecir cómo va a evolucionar el dólar, el valor de las acciones o los tipos de interés.

A juzgar por la literatura clásica, el oráculo acertaba en un alto número de ocasiones. Predijo la victoria aquea en Troya, la derrota de Jerjes o los éxitos de Alejandro en Asia. Pero los expertos que se afanan en predecir la evolución de la economía tienen un largo historial de fracasos, de suerte que, aplicando la ley de las probabilidades, están incluso por debajo de los aciertos de cualquier profano.

Lehman Brothers, Goldman Sachs, Merrill Lynch y Morgan Stanley se dedicaban a enseñarnos a todos cómo teníamos que invertir nuestro dinero. Lamentablemente los cuatro gigantes han sido sepultados y ya no podrán seguir dandónos esos valiosos consejos que a ellos les han llevado a la ruina.

Esos mismos bancos fueron los que ensalzaron las excelencias de invertir en Enron, WorldCom y muchas de las empresas que han quebrado en estos años tras descubrirse que habían manipulado su contabilidad al sobrevalorar sus activos y ocultar parte de su deuda.

Todos esos fiascos que arruinaron a millones de personas no se produjeron por errores de juicio de los escandalosamente bien pagados ejecutivos de los bancos de inversiones. Se produjeron por la propia lógica con la que operaban estas entidades, que no era otra que la especulación pura y dura para aumentar sus beneficios. Los bancos de inversiones americanos no captaban capital para actividades productivas sino para especular, en muchos casos, en productos de alto riesgo.

Cuando el mercado inmobiliario y Wall Street iban para arriba, estas empresas ganaban dinero con sus labores de intermediación financiera y la emisión de títulos. Cuando el mercado ha evolucionado a la baja, sus ingresos han disminuido, sus activos se han depreciado y, como sucedió en 1929, la pirámide financiera que habían construido se ha derrumbado.

Una gran parte de la responsabilidad de lo ocurrido recae en los ejecutivos de estos bancos, cuyo sueldo estaba vinculado a los beneficios. James Cayne, presidente de Bear Stearns, cobró el año pasado 61 millones de dólares. Richard Fuld, de Lehman, cobró 40. Todos ellos se han hecho multimillonarios.

Y todavía Bush pretende que los americanos se rasquen el bolsillo para pagar los desafueros de estos amos del universo, que siguen disfrutando de lujosos apartamentos en Madison Avenue mientras Henry Paulson, ex presidente de Goldman, es el encargado como responsable del Tesoro de arreglar el desaguisado al que tanto contribuyó.

© Mundinteractivos, S.A.

De clamores en tiempos de silencio, de Luis Arias Argüelles Meres en La Nueva España

Monólogos como cuchillos que conforman toda una sinfonía del dolor. Monólogos cuyos destellos proceden de una palabra elaborada que alcanza la belleza formal con un manejo envidiable de las que entonces fueron llamadas nuevas técnicas narrativas. La miseria de las chabolas madrileñas en tiempos de posguerra. La soledad del científico que investiga en su lucha contra la enfermedad y la muerte. El silencio obligado que impone una dictadura atroz. Estamos hablando de una novela que marcó un antes y un después en la historia de la narrativa contemporánea. Estamos hablando de «Tiempo de silencio»». Estamos hablando de Luis Martín Santos, de un médico y escritor cuya vida se malogró a los 40 años por un accidente de tráfico en Vitoria.

La novela y su autor saltan a la actualidad porque el psiquiatra José Lázaro acaba de obtener el premio «Comillas» 2008 con su libro «Vidas y muertes de Luis Martín-Santos», una biografía del que fuera médico, escritor y militante antifranquista.

Nacido en 1924, pertenece a la misma generación que el poeta Ángel González. Y no sería descabellado considerar que, si cada vez se está reconociendo más la importancia de esa generación en la poesía, acaso no le vayan a la zaga los narradores, como es el caso de Martín Santos. No olvidemos a narradores de la envergadura como Rafael Sánchez Ferlosio y Juan Benet nacerían en 1927.

Tan pronto tuve conocimiento de esta noticia, no pude no recordar el inevitable estremecimiento que suscita el tránsito por la novela de Martín Santos. Como decía antes, las extraordinarias descripciones de las chabolas, los no menos desgarradores monólogos, la mirada lúcida sobre la condición humana, los clamores contra un tiempo en que el silencio era toda una imposición.

La miseria, la soledad, la dictadura. Frente a todo ello, un discurso narrativo que consigue compaginar un estilo depurado con el testimonio de todos esos sufrimientos de los que venimos hablando. Y, cómo no recordarlo, anecdotarios que hicieron época como la parodia que se hace de Ortega y Gasset como conferenciante en esta novela.

«Tiempo de silencio» no sólo es una novela que está merecidamente en la historia de la literatura, sino que también hizo historia en aquel año de 1962 en el que, además de publicarse el libro del que venimos hablando, hubo otro gran acontecimiento literario como fue la obtención por parte del escritor peruano Mario Vargas Llosa del premio «Biblioteca Breve», de la editorial Seix Barral, con su novela «La ciudad y los perros», que da paso al inicio del llamado «boom» de la narrativa hispanoamericana en nuestro país.

Novela puente entre el llamado realismo social y las nuevas técnicas narrativas. Lo primero lo lleva incorporado. Lo segundo lo aporta de forma más que exitosa.

Así pues, que el premio de biografías más prestigioso haya sido concedido a un estudio sobre la vida y obra de Luis Martín Santos es todo un acontecimiento que servirá, sin duda, para una mayor profundización en la figura de uno de nuestros grandes novelistas de la posguerra española.

Clamores en tiempos de silencio. Escribir en España entonces no era sólo llorar, podía suponer también un peregrinaje por las cárceles de un país que se proclamaba la reserva espiritual de Occidente.

Clamores en tiempos de silencio que, con el estudio al que venimos aludiendo, podrán sernos más cercanos y menos ajenos.

¿Otra china en el zapato de los monetarios?, de S. McCoy en El Confidencial

Les recomiendo que echen un vistazo al enlace que les adjunto y que me remite uno de esos lectores que te hacen el artículo sin tú enterarte, Pedro Trevijano. Basado en datos agregados por Cazenove, y recogida por ese imprescindible que empieza a ser el FT Alphaville, consiste básicamente en dos cuadros, ambos de especial interés en los días que corren. Empiezo de abajo arriba, luego verán por qué. Así, el segundo agregado recoge cuál es el porcentaje de vencimientos en 2008/2009 de la deuda viva de los principales bancos europeos. Una clasificación un tanto distorsionada ya que mientras el relativo muchas veces asusta, el absoluto, que determina la capacidad de refinanciación, es por el contrario asequible. Bueno, todo lo asequible que puede ser en el entorno actual. Es más ilustrativo, en mi opinión, el primer compendio. Categoriza las entidades financieras en función de su nivel de deuda sobre recursos propios, esto es: por su apalancamiento. Como novedad recoge el valor que el mercado asocia a ese capital, en sentido amplio. Esto es: toma como referencia, no el dato contable, sino la capitalización bursátil. No es de extrañar que los dos primeros de la lista, y eso antes de la debacle de ayer, sean Hypo Real Estate y Bradford & Bingley, dos de las firmas directa o indirectamente intervenidas el fin de semana. Le siguen muy de cerca otras dos sociedades, Commerzbank y Dexia, que tampoco están viviendo sus mejores días bursátiles. No aparecen en la lista entidades con un modelo de negocio banca asegurador lo que salva de retratarse a ING y la propia Fortis, tal y como servidor lo interpreta. Los dos principales bancos españoles parecen a salvo si bien el riesgo es mayor en el Santander frente a BBVA, no sólo en términos absolutos, sino como consecuencia de los desequilibrios de sus participadas.

Bien, quizá de todas las operaciones de salvamento que se han producido recientemente, y a la espera de las sorpresas que el futuro tenga por bien depararnos, hay que monitorizar una muy pero que muy de cerca. Y es la de la propia Hypo Real Estate que, ante la imposibilidad de conseguir financiación a corto plazo, va a recibir una inyección de 35.000 millones de euros tanto de un pool de entidades privadas alemanas como por parte de su Administración Central, según la información que recojo de Bloomberg. Hasta ahí, la novedad consiste en que el virus de los bancos locos ha cruzado el Atlántico y empieza a afectar a compañías señeras europeas. Pero poco más. Y ya es mucho. Sin embargo, en el caso de Hypo, existe una cautela adicional que hace que su supervivencia sea especialmente importante: es el principal emisor europeo de Pfandbrief, una suerte de covered bonds o bonos cubiertos que figuran en muchas carteras de fondos monetarios alrededor del mundo. Por tanto, si no les suena ese término, como a mi no me sonaba, mejor que se vayan familiarizando con él, por si las moscas. Siento, en un momento como el actual, no ser portador de especiales buenas noticias.

Con objeto de que mi ignorancia no se extienda a todos ustedes, les adjunto un pequeño artículo del Banco Internacional de Pagos de Basilea donde se definen que son esos bonos cubiertos y las garantías implícitas y explícitas que llevan. Básicamente se trata de unos títulos de renta fija, con pago periódico de intereses fijos y amortización al vencimiento, que cuentan con una doble protección: la derivada de su emisor y la propia de los activos que respaldan dichos bonos que, normalmente, participan de la máxima calificación crediticia. Esta dualidad de defensas es, de hecho, lo que ha hecho que su masificación se produjera, esencialmente, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera, allá por agosto del año pasado, entre otros fines, como vía de refinanciación hipotecaria. Sin embargo, como ha ocurrido con otros activos similares, lo que parece el mundo ideal se puede venir abajo si coincide la debilidad del emisor, el deterioro del subyacente (fundamentalmente hipoteca residencial o comercial) y la imposibilidad de gestionar adecuadamente, ante la iliquidez de los distintos mercados especializados, tanto la adecuada calidad de dicho subyacente (rotación interna) como, incluso, la propia permanencia en cartera de los covered bonds (rotación externa) que sufren en sus carnes la falta de profundidad en su negociación, tal y como indica la web especializadab de pago Covered Bond News.

Es verdad que, y lo reconoce así el BIS, la legislación actúa, con carácter general, a favor de los bonos cubiertos al establecer un mecanismo de protección en caso de insolvencias que consiste, básicamente, en la identificación en balance de los activos vinculados al covered bond, que quedan a salvo del proceso concursal o de liquidación hasta su vencimiento. Pero no es menos cierto que, esa garantía teórica a fin de su vida financiera, no impide que, por el camino, haya un desplome en el valor de estos activos como consecuencia de la acertada o no percepción de un riesgo cierto sobre la solvencia de su emisor. Teniendo en cuenta quienes son las contrapartidas que han adquirido mayoritariamente estos títulos, el proceso de ajuste a precios de mercado o mark to market, al que les obliga la regulación, puede traer consigo una auténtica sangría entre sus tenedores. Y provocar pérdidas de consideración en aquellos vehículos de inversión más conservadores que se habían cargado de ellos debido a su calidad crediticia, garantizada de forma dinámica, y a su teórica liquidez. Aunque el informe llega a una conclusión tranquilizadora, “la valoración de los bonos cubiertos ha resistido bien tradicionalmente a las alteraciones tanto de la solvencia del emisor como del valor del colateral subyacente”, la Historia, si algo está demostrando estos días, es que sirve de muy poco fundamento real para predecir lo que está ocurriendo estos días. De hecho, no les quepa duda, se está rescribiendo la Historia. Veremos en qué acaba todo esto.

La dimensión política de la crisis estadounidense, del Editorial en Gara

A pesar de la gravedad de su discurso y la solemnidad con la que George W. Bush anunció el paquete de medidas para rescatar al sistema financiero estadounidense, a pesar del acuerdo logrado in extremis entre Obama y McCain al respecto y a pesar del liderazgo ejercido por la demócrata Nancy Pelosi a la hora llevar la propuesta a la Cámara de Representantes, esta institución rechazó por 228 votos contra 205 el plan de rescate propuesto por el secretario del Tesoro, Henry Paulson, y apadrinado por el propio Bush. Sorprendentemente, fueron los republicanos quieren hundieron el plan (133 votos en contra frente a 65 a favor), aunque una parte importante de la mayoría demócrata en esa cámara también dio la espalda a sus dirigentes (140 apoyaron la medida frente a 95 díscolos). Las consecuencias en los mercados bursátiles no se hicieron esperar y el Dow Jones cerraba con una caída del 6,98%, la mayor en toda su historia.

Más allá de las consecuencias económicas, entre las que cabe destacar que a estas alturas la crisis ha atravesado el Atlántico y se extiende por Europa como una mancha de aceite, manchando entidades y países por todo el continente, las consecuencias políticas de la votación de ayer están por determinar. Las primeras reacciones señalaron que la desbandada en los bloques demócrata y republicano podría afectar a la campaña electoral, especialmente a McCain. Pero las consecuencias a medio plazo son más difíciles de prever.

Ayer mismo la representante demócrata por Ohio, Marcy Kaptur, denunciaba el intento de subvertir el sistema político, subrayaba las presiones ejercidas por las direcciones de ambos partidos a sus representantes para lograr el voto favorable a la propuesta y, sobre todo, señalaba la responsabilidad de esas estructuras en la crisis: «la gente que está promoviendo esta norma son los mismos responsables de la implosión de Wall Street. Ellos fueron fraudulentos entonces; y son fraudulentos ahora». Ese fraude tendrá nuevos episodios en los próximos días. Pero cuestiones como el presupuesto militar, la transparencia financiera o la responsabilidad en la crisis estarán ahora encima de la mesa.

Rusia, ¿país irrelevante?, de Augusto Zamora R. en Rebelión

Público

Hace escasos días, la secretaria de Estado, Condolezza Rice, declaró que Rusia «es cada vez más autoritaria en su propia casa y más agresiva en el exterior», conducta que la llevaría «al aislamiento internacional» y a la «irrelevancia política». Si estas declaraciones las hubiera hecho el representante de algún país periférico serían una anécdota. Si la señora Rice se hubiera referido a un Estado suburbial podrían entenderse. Pero que lo diga la ministra de Exteriores de EEUU refiriéndose a Rusia genera heterogéneos sentimientos y pensamientos, por razones que saltan a la vista.

Respecto a políticas agresivas, desde el fin de la mal llamada Guerra Fría, EEUU ha agredido a tres países: la reducida Yugoslavia de Serbia y Montenegro en 1999, Afganistán desde 2001 e Iraq desde 2005. En 1993 invadió Somalia. En 1994, con Bill Clinton, ocupó Haití y, en 1998, bombardeó una supuesta fábrica de armas químicas en Sudán, que resultó ser una empresa farmacéutica. Su presupuesto militar significa el 50% del gasto militar mundial, destinado a mantener, además de dos guerras, las 737 bases militares que EEUU tiene distribuidas en 130 países, con 250.000 soldados y funcionarios. Con esas cifras no hay base moral y política para hablar de pacifismo, menos todavía para afirmar que las conductas agresivas llevan al aislamiento y a la irrelevancia internacional. Si así fuera, EEUU debería estar aislado y excluido de todo.

Sobre modos autoritarios y derechos humanos, baste recordar que EEUU mantiene cárceles secretas en decenas de países, incluyendo europeos, que ha institucionalizado la tortura y que un preso en Guantánamo puede ser condenado a muerte por un tribunal militar, sin derecho a apelación y sin conocer el expediente. No es, por tanto, el país más indicado para dar lecciones morales al resto del planeta.

En lo que al aislamiento se refiere, Rusia no es Malawi o Nicaragua. Posee 17 millones de kilómetros cuadrados, que se extienden desde Polonia y Finlandia a las islas Aleutianas, en Alaska. Sus aguas van del Báltico a Japón y puede terminar siendo dueña de la mayor parte del tristemente en deshielo continente ártico. Es el país más extenso del mundo, poseedor, además, de riquezas naturales y energéticas casi infinitas, con más de 200 millones de habitantes (dentro y fuera de Rusia) y el mayor arsenal nuclear del mundo. Su desarrollo científico-técnico es notorio en la producción de sistemas bélicos y su capacidad aeroespacial es competitiva y poderosa. Su recuperación como gran potencia es evidente y recursos no le faltarán para mantenerla y fortalecerla. Pretender que un Estado de esas características caerá en la «irrelevancia política» es mostrar un atroz desconocimiento de las realidades de nuestro planeta.

Pero Condolezza Rice pasa por mujer instruida y conocedora de esas realidades. Sus palabras, por tanto, no habrían obedecido al hecho de demostrar menosprecio hacia las potencialidades de Rusia, como gran Estado, sino a otras razones. Más parecerían responder a un sentimiento creciente de impotencia, provocado por el convencimiento íntimo (dejemos las amenazas de la candidata republicana Sara Palin, de guerra con Rusia, como anécdota) de que EEUU poco puede hacer, hoy por hoy, para enfrentar a Moscú. O que lo que puede hacer sería infinitamente peor que renunciar a hacer algo.

Ha expresado recientemente John Gray, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas de Londres, que EEUU «con las instituciones hipotecarias en bancarrota y nacionalizadas, y la inmensa maquina de guerra financiada, en la práctica, mediante préstamos exteriores- está en un profundo declive». Cualquier observador neutral se da cuenta de esta realidad. Conoce, así mismo, que Rusia, China, India y otro puñado de países han creado o están volviendo a crear su propia zona de influencia e intereses, ocupando los espacios que EEUU (y también Occidente) se ve obligado a abandonar. Por tal motivo, el mundo de hoy poco tiene que ver con el que se cerró con la caída del muro de Berlín. La única región del planeta donde siguen considerando a EEUU como potencia total mundial es Europa, como si sus gobiernos y politólogos -con las excepciones de rigor- hubieran quedado en estado político catatónico y fueran incapaces de superar los reflejos condicionados generados durante la Guerra Fría.

Este es el punto central que llama la atención y que debería preocupar. ¿A qué razones, intereses o compromisos obedece el casi ciego seguimiento europeo de las políticas mundiales de una potencia en franco declive, cuando ese declive aconseja, por el contrario, marcar distancia? ¿Qué mecanismos psicológicos operan de forma tan aguda que le impiden a Europa adaptarse a los nuevos tiempos y elaborar su propia política, hacia Rusia y otras zonas, sin la tutela de EEUU? ¿Por qué empeñarse, no sólo en mantener a un fósil de la Guerra Fría como la OTAN, sino en insistir en su expansión hasta las costillas profundas de Rusia? ¿Piensa alguien en Europa, con dos dedos de frente, que Rusia permanecerá impávida, mientras EEUU le coloca misiles y ejércitos hostiles en el borde mismo de sus fronteras?

¿O se trata de algo más profundo, subterráneo, que ancla sus orígenes en las guerras entre occidentales y eslavos? Esclavo es un término que proviene de eslavo, porque eslavos fueron mayoritariamente los esclavos de godos y latinos. A pesar de su creciente poder, Rusia era vista, en los siglos XVII y XVIII, como un país bárbaro. Napoleón quiso acabar con ella y Churchill hizo cuanto estuvo de su mano para que la Alemania de Hitler descargara contra la URSS, no contra Francia, toda su furia militar. Ambos fracasaron estrepitosamente y el país agredido emergió más poderoso y fuerte.

El suicidio de la Unión Soviética fue visto como una ocasión de oro para poner a Rusia definitivamente de rodillas. EEUU avanzó sobre Asia Central y, como OTAN, sobre el Báltico y los Balcanes. Ahora quiere el Cáucaso y Ucrania. Como carreta tirada por caballos ciegos, Europa, de la mano de EEUU, está sentando las bases de nuevas guerras. ¿Hay alguien por ahí que se dé cuenta de eso? ¿Compensará EEUU su declive mundial absorbiendo a Europa y usándola como gallo de pelea? ¿Vamos hacia la batalla final entre los civilizados occidentales y los bárbaros eslavos del norte que rehúsan someterse a EEUU como han hecho los eslavos del sur (salvo Serbia y así le ha ido)?…

Augusto Zamora R. Profesor de Derecho Internacional y RRII en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de Ensayo sobre el subdesarrollo. Latinoamérica, 200 años después, Foca, Madrid, 2008

Nuevos desafíos geopolíticos, de Francis Fukuyama en Clarín

El renovado ejercicio de poder de Rusia y la crisis financiera que golpea a la economía norteamericana aceleran, según principales analistas internacionales, el ingreso en un mundo «post-estadounidense». ¿Cuáles son sus características?

Las democracias deberán convivir con otros sistemas

En 1989 escribí un ensayo titulado ¿El fin de la historia? Allí sostenía que las ideas liberales habían triunfado de manera concluyente al terminar la Guerra Fría. Pero hoy, el dominio estadounidense sobre el sistema mundial está perdiendo pie; Rusia y China se ofrecen como modelos haciendo gala de una combinación de autoritarismo y modernización que presenta un claro desafío a la democracia liberal. Pero, aunque los prepotentes siguen haciendo uso y abuso de su poder, la democracia y el capitalismo no tienen aún verdaderos competidores.

Las analogías históricas fáciles con épocas anteriores tienen dos problemas: presuponen una visión caricaturesca de la política internacional durante estos períodos previos y dan a entender que el «gobierno autoritario» constituye un tipo de régimen claramente definido: uno agresivo en el ámbito exterior, no respetuoso de las libertades en el interior e inevitablemente peligroso para el orden mundial. En realidad, los gobiernos autoritarios de hoy tienen poco en común salvo su falta de instituciones democráticas.

Pocos presentan la combinación de músculos, cohesión e ideas que hace falta para dominar realmente el sistema global, y ninguno de ellos sueña con echar abajo la economía globalizada. Si queremos entender el mundo que se está desplegando frente a nosotros, debemos trazar distinciones claras entre diferentes tipos de autócratas. Hay una gran diferencia entre los que dirigen estados fuertes y coherentes y los que presiden estados débiles, incompetentes o corruptos. Musharraf pudo gobernar Pakistán por casi una década únicamente porque el Ejército paquistaní, su base de apoyo, es la institución con mayor cohesión en un Estado que por lo demás es un caso perdido. Los autócratas de la actualidad también pueden ser sorprendentemente débiles en lo que hace a ideas e ideologías. Pese a recientes avances autoritarios, la democracia liberal sigue siendo la idea más fuerte y atractiva de hoy.

Si los autócratas de hoy están dispuestos a inclinarse ante la democracia, también están ansiosos por rebajarse ante el capitalismo. Es difícil pensar que estemos entrando en una nueva Guerra Fría cuando China y Rusia han aceptado alegremente la mitad capitalista de la sociedad entre capitalismo y democracia.

En lugar de las grandes ideas, a Rusia y China las impulsa el nacionalismo, que asume formas muy diferentes en cada una de ellas. Pero la Rusia de hoy de todos modos es muy diferente de la ex Unión Soviética. A Putin lo han calificado de zar de la época moderna, lo cual está más cerca de la verdad que las erradas comparaciones con Stalin o Hitler. El nacionalismo chino, orgullosamente exhibido en las Olimpíadas, es mucho más complejo. Los chinos quieren que se los respete por haber sacado a cientos de millones de ciudadanos de la pobreza en la anterior generación. Pero aún no sabemos de qué modo se traducirá a la política exterior este orgullo nacional.

Todo esto hace que nuestro mundo sea a la vez más seguro y más peligroso. Es más seguro porque los intereses de las grandes potencias en gran medida están ligados a la economía global, lo que limita su deseo de hacer olas. Pero es más peligroso porque los autócratas capitalistas pueden hacerse mucho más ricos y, por lo tanto, más poderosos que sus antecesores comunistas. Y si bien la racionalidad económica no es más fuerte que la pasión política (como a menudo ocurría en el pasado), la interdependencia del sistema implica que todos se verán afectados. Necesitamos, por eso, un marco conceptual con más matices para entender el mundo no democrático, si no queremos convertirnos en prisioneros de un pasado imaginado. Y tampoco debemos desalentarnos excesivamente con respecto a la fuerza de nuestras ideas, ni siquiera en un mundo «post estadounidense».

Francis Fukuyama, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, EE.UU.

Copyright Clarín y The Washington Post, 2008.

Traducción: Elisa Carnelli.

¿Se acabó el neoliberalismo?, de Emir Sader en La Jornada

El neoliberalismo se constituyó en un nuevo modelo hegemónico en la historia del capitalismo, sucediendo al regulador-keynesiano o de bienestar social, como se quiera llamarlo. Realizó su diagnóstico sobre el agotamiento del modelo anterior y se propuso reorganizar el sistema capitalista en su conjunto, conforme a sus principios liberales reciclados para un nuevo periodo histórico.

Fue un modelo absolutamente hegemónico, que logró extenderse de la forma más universal posible: de Europa Occidental a Estados Unidos; de América Latina a China; de Europa Oriental a África, de Rusia al sudeste asiático. Tuvo crisis precoces –a lo largo de la década de 1990, en México, en el sudeste asiático, Rusia, Brasil, Argentina–, pero se mantuvo hegemónico, sin ningún otro proyecto alternativo que le disputase esa categoría. Suscitó grandes movilizaciones en su contra –como las iniciadas en Seattle, que desembocaron en los Foros Sociales Mundiales–, siguió tropezando, como en la Organización Mundial de Comercio, con el adelgazamiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pero continuó siendo el único modelo globalizado. Después de algún tiempo, la propuesta híbrida de China permitió que surgiera la expresión Consenso de Pekín, en lugar del de Washington, pero girando siempre en torno a las adecuaciones de las políticas de libre comercio.

Las potencias centrales del capitalismo ya habían sido víctimas de la desregulación y del potencial de ataque del capital especulativo, entre ellas Gran Bretaña en los 80, objetivo del megaespeculador George Soros. Pero todo ataque especulativo tenía a Estados Unidos como beneficiario; toda fuga de capitales encontraba a la Bolsa de Nueva York como refugio. Se sabía que ese carnaval especulativo sólo encontraría límite cuando el principal beneficiario de la misma se convirtiera también en víctima. Ese momento llegó.

Las medidas emergentes, como siempre, hieren la doctrina neoliberal, con intervenciones directas y masivas del Estado –como ya había sucedido desde la primera crisis neoliberal de México, en 1994. Pero, ¿significaban el fin del neoliberalismo? ¿Es posible retomar los procesos regulatorios globales –un nuevo Bretton Woods– que frenen estructuralmente la libre circulación de capitales y la reviertan por procesos de desregulación económica, esencia misma del neoliberalismo?

Nada indica que eso sea posible. No existe una lógica racional del sistema capitalista que haga que sus agentes –de grandes corporaciones de estados dominantes– integren una lógica superior del sistema. Ésa es una de sus contradicciones estructurales, entre dominación global y apropiación privada.

La actual se trata de una gran crisis capitalista –se dice que la mayor desde la de 1929– que puede abrir camino para la construcción de un modelo alternativo. Sin embargo, por el momento no se vislumbra en el horizonte ningún modelo que pueda tener ese papel, ni siquiera de manera embrionaria; a lo sumo existen versiones híbridas, como las políticas económicas de China y Brasil. La propia proliferación de gobiernos conservadores, nada innovadores en sus políticas, ubicados en el centro del capitalismo, indica que nada de nuevo puede provenir de ellos en sustitución del modelo agotado.

Todo indica que entre la crisis del modelo precozmente envejecido y las dificultades para el surgimiento de uno nuevo, mediará un periodo más o menos prolongado de inestabilidades, de sucesivas crisis, de turbulencias. Porque lo que se agota no únicamente es un modelo hegemónico, es también la hegemonía política de Estados Unidos –los dos pilares de sustentación del presente periodo político, que sustituyeron al modelo regulador y a la bipolaridad mundial. Y tampoco en este terreno surge en el horizonte una potencia –o un conjunto de ellas– en condiciones de ejercer una nueva hegemonía.

El neoliberalismo no termina, pero se agota, dando paso a un periodo de disputa por alternativas en las que –por el momento– sólo se ven en América Latina aparecer propuestas para su superación. Gana así la región un protagonismo –junto con China– en la proyección del mundo futuro para toda la primera mitad de este siglo, en la disputa entre lo viejo –que se resiste a morir y produce crisis con consecuencias por todos lados–, y el nuevo, que comienza a anunciar el posneoliberalismo, un mundo solidario, desmercantilizado, humanista, del que el Foro Social Mundial de Belem –del 27 de enero al primero de febrero– será una muestra pluralista y vigorosa de alternativas al neoliberalismo.

Traducción: Ruben Montedónico.