La reducción de empleo y sus consecuencias en los resultados: un análisis de las empresas españolas, de Fernando Muñoz y Mª José Sánchez
Nuevo documento de Estudios de Progreso, de la Fundación Alternativas (Pere Portabella Rafols, Presidente y Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias, Vicepresidente)
Los programas de reducción de plantilla suponen medidas encaminadas, esencialmente, a hacer frente a situaciones de crisis y deterioro financiero. Con ellos se pretende una mejora en los resultados económicos de las compañías. Se piensa, por ejemplo, que la empresa estaría en una mejor disposición para reducir costes, centrarse en los negocios que representen una mayor fuente de ingresos o ser más flexible gracias a la eliminación de puestos de trabajo innecesarios. Sin embargo, al mismo tiempo, estos previsibles efectos positivos pueden verse mermados o incluso no llegar a materializarse en ningún caso. Varios son los factores que potencialmente contribuirían a ello: el coste de las indemnizaciones por despido, las actitudes y reacciones de los “supervivientes” a los ajustes de personal (insatisfacción laboral, estrés, falta de motivación, resentimiento, etc.) o la pérdida de trabajadores cualificados. Bajo estas circunstancias, las reducciones de la fuerza laboral, lejos de aumentar la rentabilidad empresarial, tendrían una repercusión indeseada sobre ella.
Esta investigación, usando la encuesta de estrategias empresariales (ESEE) del Ministerio de Ciencia e Innovación, analiza esta cuestión. La evidencia obtenida muestra que la opción de recortar la fuerza de trabajo no presenta un impacto significativo sobre la rentabilidad empresarial a corto plazo. Sin embargo, dicho resultado no se sostiene cuando se considera un período de tiempo de mayor duración: a largo plazo, recortar personal causa un detrimento en la rentabilidad de la compañía.
Límites al Estado de Inopia, de Fernando Suárez en El Confidencial
A finales del siglo XIX, Otto von Bismarck puso la primera piedra del Estado del Bienestar contemporáneo: un esquema de prestaciones públicas destinadas a reducir la desigualdad, fomentar la integración social y mitigar la pobreza según estructuras de dependencia intergeneracional y solidaridad. Camino de cumplir 70 años, el Beveridge Report sentó a su vez las bases de los modernos sistemas de seguridad y protección sociales, según tres principios esenciales que, en plena Segunda Guerra Mundial, resultaban críticos.
El primero quedaba resumido en la frase un momento revolucionario de la historia mundial es tiempo de revoluciones, no de parches. El segundo cimentaba la política de progreso social como una batalla contra cinco gigantes: necesidad, enfermedad, ignorancia, miseria y ociosidad. Por último, criterios de reciprocidad. El esfuerzo debía ser fruto de la cooperación entre el Estado y el individuo. Cobertura a cambio de servicio y contribución, evitando ahogar el incentivo, la oportunidad y la responsabilidad individual. Permitir margen de maniobra y estímulos suficientes para la acción voluntaria orientada a mejorar la propia situación personal y familiar. Amparo sin provocar desidia.
Pero los tiempos cambian, nuevo collar. Don Carnal utiliza maschera dello speziale apareciendo como Estado del Bienestar democrático y solidario cuando, en realidad, es la coartada de la partitocracia absolutista. Bajo la careta se esconde, ya saben, una monstruosa estructura burocrática multinivel, siempre dispuesta a engordar a cambio de más servidores, bienes y servicios de dudosa necesidad, difícil financiación y peor administración. Su insaciable apetito recaudatorio, proporcional a su creciente tamaño, debe ser convenientemente alimentado por prudentes ahorradores, inversores de talentos, emprendedores, justos comerciantes y obreros de la honestidad profesional, para así dotar de bicocas y prebendas al resto de paniaguados del sistema.
Necesidad, ignorancia y ociosidad han sido finalmente combatidas con sobreprotección, condescendencia infinita y desmantelamiento de la formación integral en principios y deberes, a todos los niveles. Asesinada la Parábola de los Talentos, quien los entierra obtiene igual o mejor premio que quien los arriesga. Aventada la meritocracia basada en el binomio esfuerzo-recompensa, nada se niega, reprensión inexistente, impunidad. La cultura de la subvención y el subsidio han creado una relación patológica de dependencia trufada de conflictos de intereses. Clientelismo político y pesebrismo público. Imposible adelgazar. Indolencia conformista, hedonismo compulsivo y picaresca autóctona para una sociedad decadente donde la convivencia pende del fino hilo de la improvisación, la dejación de funciones, las corruptelas y el ande yo caliente. Tenemos lo que nos merecemos, sí, fiel reflejo de nuestra sociedad.
Evolución del Panem et circenses hacia la Cultura del bienestar y el ocio. Atrás quedan sombrías fórmulas totalitarias de turismo de masas por trabajar con alegría o merecidos recreos en Butlins sudados de esfuerzo. Fuera límites, éxito sin mérito. La vie en rose. Oportunidad única del Estado benefactor para someter cuales súbditos a sus ciudadanos mediante la gestión del equilibrio de los tercios sociales: una parte apoya y se beneficia, otra se opone y padece, y la última, abonada al NS/NC, se adapta a lo que le echen. Demasiadas cigarras para tan pocas y tan explotadas hormigas. Esperanzas fundadas en que la reversión del tercio acomodaticio se escore hacia el hormiguero antes de que éste sea abandonado por sus exhaustos moradores.
El Bien Político no tiene sustitutivo perfecto, partitocracia o caos, nos dicen. Mensaje que cala y se retroalimenta mediante proselitismo mediático, dádivas y caramelos. Proteger el mercado político con barreras de entrada consistentes en desplazamientos hacia la derecha de la curva de costes mediante publicidad institucional y propaganda. Impedir la competencia de nuevos participantes que tendrían que realizar ingentes inversiones para atraer la atención ciudadana y así posicionar su imagen de marca. Costes unitarios prohibitivos en términos de votos. El pastel es demasiado goloso para ser com-partido. Al ciudadano no le quedan más alternativas que apechugar o rebelarse. Ambas salen caras.
Henos aquí porque hace tiempo otorgamos carta de naturaleza e impunidad para invalidar las restricciones que impedían conquistar Jauja. Cautiva y desarmada, desbarre non stop. Tomar conciencia de la letra pequeña, del coste real de ser sometidos en nuestro nombre y por nuestra propia mano, supone llegar tarde para cuidarse de lo que uno desea. Programas de contención del descontento social basados, curiosamente, en apretar la soga y el cinturón a los contribuyentes en lugar de contener el despilfarro, las gollerías y las cacerías con pólvora del rey. En épocas de vacas famélicas el apetito confiscatorio se dispara y, como no se puede sacar de donde no hay, se aprietan tuercas y se exprimen los bolsillos ciudadanos.
El ejercicio del poder coactivo del Estado del Bienestar pasa por enterrar literalmente a los ciudadanos, reconvertidos en serviles súbditos, bajo una ingente y absurda montaña de regulaciones y leyes ininteligibles de inexcusable cumplimiento, salvo para aquella casta de privilegiados inmunes, gozosos de impunidad. Ley del embudo. Una vez fijado el corpus normativo, vía libre para inundar el sistema financiero con instrumentos de pago basados en papel, tinta y confianza prestada, orientados a la mutua liquidación de tributos y contribuciones.
El dinero fiduciario es un activo para el agente privado, pero no un pasivo del emisor, dada la inconvertibilidad del papel moneda salvo en papel moneda, generando una solvencia asimétrica entre ellos. La aceptación del agente privado de recibir pago en dinero fiduciario constituye una liquidación definitiva entre las partes, sin que aquél pueda reclamar nada más. Interesante, Dr. Buiter. Dada la dependencia intergeneracional del sistema, las ronchas que el maná de Papá Estado va dejando en herencia, y que deben ser sucesivamente amortizadas, cada vez pesan más, volviéndose imposibles de atender. ¿Deuda perpetua…?
John Horsley Palmer, Gobernador del BoE (1830-1833), escribiría: si el papel moneda fuese desacreditado por cualquier convulsión política interna, entonces sólo podría ser defendido por el poder del Gobierno y, en tales momentos, el deber de los Ministros de la Corona se convierte en asumir la responsabilidad de mantener el crédito público. Para aliviar el descrédito comercial, el organismo emisor debería estar suficientemente formado como para poder brindar protección. Llegamos mal y tarde, me temo. Nos hemos pasado varios pueblos y a las nuevas generaciones no se les ha enseñado a frenar, siempre a tope.
Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Límites. De su ausencia, corríjanme si me equivoco, brota el origen de nuestras cuitas. Hora de despertar del aletargamiento y de acotar el Estado de Inopia. Tal vez haya que hundir antes de reflotar. Unas pocas normas sensatas, accesibles y orientadas al bien común; una administración ligera de equipaje, eficiente y al servicio de sus ciudadanos; una efectiva separación de poderes; un sistema electoral de representación justa y directa; mecanismos de control, escrutinio y sanción de las actuaciones públicas, con exigencia automática de responsabilidades y sin resquicios para la impunidad. Extirpación quirúrgica del dollar standard, haciendo borrón y cuenta nueva con el remanente. Begin the Beguine. Un sistema financiero internacional que no asuma como lógicas e irremediables la sucesión de burbujas y sumideros, más o menos globalizados, que roban prosperidad a generaciones enteras, encadenando miserias para acreditar las cuentas del Gran Capitán. I have a dream today.
Los salarios con inflación cero, de Primo González en Estrella Digital
Hoy viernes se conocerá el IPC adelantado que cada mes, en la última jornada laborable, facilita el Instituto Nacional de Estadística, como anticipo que el próximo 12 de marzo se convertirá en definitivo. El INE suele afinar bastante y lo que es provisional suele acabar siendo casi siempre definitivo. El mes de enero sorprendió con un descenso de la tasa anual de inflación hasta el 0,8%, la más baja desde el mes de junio del año 1969, es decir, 40 años atrás. En febrero pueden haberse producido algunos cambios sustanciales, pero es casi seguro que la tasa de inflación, es decir, la variación interanual, se mantendrá moderada.
Resulta sorprendente que la economía española haya encadenado tres meses consecutivos de caída de los precios, es decir, tres meses en los que la variación mensual respecto al mes anterior ha sido negativa. Empezó en noviembre, con descenso del 0,4%, siguió en diciembre, con un retroceso del 0,5% y ha culminado en enero, con un descenso mensual del 1,2%, lo que ha situado la variación interanual en el 0,8%.
La caída de los precios tiene buena parte de su explicación en el descenso abrupto y rápido de los precios del petróleo, que ha permitido reconducir la tasa de inflación desde el 5,3% del pasado mes de julio, cuando teníamos el precio del petróleo por encima de los 145 dólares por barril, hasta el 0,8% de enero, con un petróleo en torno a los 50 dólares por barril. Pero, con ser importante este impacto, la moderación de la inflación obedece sobre todo al freno de la demanda interna. El espectáculo de las rebajas en el mes de enero ha sido todo un indicativo de las dificultades de venta por las que atraviesan prácticamente todos los sectores de la economía española. No hay producto e incluso servicio que se salve de las rebajas, con mayor o menor intensidad.
En el mundo inmobiliario, el impacto de los precios posiblemente esté aún muy lejos de dejarse sentir, aunque al menos han dejado de aumentar de forma casi siempre acelerada. Se empiezan a ver recortes de cierta consideración pero el mercado español está siendo, de momento, el más reacciona de toda Europa a las bajadas de tipos, según encuestas supranacionales. Es muy probable que la demanda de vivienda se reanime cuando los precios adquieran unos niveles más acordes con la realidad, que implica posiblemente dar marcha atrás y volver a precios de dos o incluso cuatro años atrás.
Hay, en suma, un ambiente de rebajas que previsiblemente se va a prolongar algo más que de costumbre y que en el mes de febrero ha estado más vigente y con mayor intensidad que nunca en años atrás, lo que invita a esperar un nivel de inflación bastante aceptable en estos meses iniciales del año. Es, en todo caso, una experiencia a la que no estamos acostumbrados los españoles y mucho menos los que negocian los convenios y las alzas salariales cada año.
¿Tiene sentido que, en este entorno, las remuneraciones de los funcionarios, que no tienen riesgo de perder el empleo como sucede en el sector privado, hayan aumentado en los Presupuestos de 2009 en torno al 3,85%, aumento integrado por un 2% de la masa salarial y el resto por complementos? ¿Cuántos trabajadores en el sector privado van a poder decir este año -si logran mantener el empleo- que verán sus salarios incrementados en casi un 4%? Los altos cargos de la Administración no se beneficiarán de aumentos salariales este año, según decisión adoptada en el momento de elaboración de los Presupuestos. Ha sido una decisión sensata y ejemplarizante. En el sector privado, desde principios de mes estamos viendo anuncios incluso más drásticos, de rebajas de los salarios en los ámbitos directivos, en algunos casos del 10% y en otros incluso más. No es lo mismo una congelación o un recorte salarial en un alto directivo empresarial o bancario que en un trabajador de base, pero está bien que las actitudes testimoniales vayan en la dirección correcta. Los salarios de los trabajadores de base o medios tienen, no obstante, un importante efecto global, ya que la masa salarial es la que contribuye a formar los costes de producción de las empresas y del conjunto de la economía.
Este año, el tira y afloja será complejo y la negociación salarial está inevitablemente orientada a la baja. Las referencias con las que pueden orientarse de los trabajadores del sector privado invitan claramente a la moderación, ya que con una economía en baja, los recortes de costes acaban inevitablemente en recortes de empleo, en especial si no existe un compromiso claro de contención salarial o de corresponsabilidad ante la crisis. Hay empresas en las que estos compromisos se están alcanzando de forma bastante aceptable y son posiblemente el único camino para tratar de minimizar el coste social de la crisis.
La banca y el desempleo, de Vicenç Navarro en Rebelión
Ha sido una constante en la historia de nuestra democracia que cuando el desempleo aumenta en España la comunidad bancaria, dirigida por el Banco de España, lo atribuye siempre a las supuestas rigideces del mercado de trabajo, consecuencia del excesivo proteccionismo promovido por los sindicatos.
De ahí que fuera predecible que al aumentar el desempleo en España (mayor que en cualquier otro país de la Unión Europea) haya habido una respuesta del gobernador del Banco de España, el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez (conocido por su pensamiento económico liberal) que ha centrado sus recetas de cómo resolver la crisis de empleo en la necesidad de flexibilizar todavía más el mercado de trabajo. Estas declaraciones han contrastado con un silencio ensordecedor sobre la enorme responsabilidad que la banca ha tenido en la crisis financiera y económica del país, causa mayor del elevado desempleo. Veamos los datos.
Durante la década y media siguiente a la Transición, dos de los hechos que llamaban más la atención eran el elevado precio del dinero que prestaba la Banca (uno de los más altos en la Comunidad Europea), y la exhuberancia de sus beneficios (la tasa de beneficios netos de la Banca española fue casi tres veces mayor que la tasa de beneficios netos de la Banca francesa, casi el doble que la Banca alemana, más de cuatro veces que la Banca belga, casi el doble de la Banca italiana, casi tres veces mayor que la Banca holandesa y casi el doble de la Banca británica (ver “La Economía Política de la Banca Española” en Navarro, V., Globalización Económica, Poder Político y Estado del Bienestar”. Ariel Económica. 2000). Tales beneficios no se basaban en su mayor eficiencia, sino en un comportamiento oligopolístico, resultado de unas políticas del Estado altamente proteccionistas de la banca española, la cual se opuso exitosamente a la apertura del sector bancario al capital extranjero. Como consecuencia de ello, el coste de pedir el dinero a la banca por parte del empresariado español era el más elevado de Europa. El empresariado de la manufactura en España tenía que pagar casi el doble que el empresario de la manufactura en EE.UU., y más del doble que el empresariado japonés. Ello explica, en parte, las enormes dificultades que experimentó la manufactura, con la consiguiente destrucción de empleo y elevado crecimiento del desempleo. Este fue uno de los orígenes de la desindustrialización de España y del establecimiento de una economía especulativa basada en el matrimonio banca-industria inmobiliaria. Como bien dijo entonces el Finantial Times (15 marzo 1991), “Durante los años expansivos de la economía española, se vio un gran crecimiento en las inversiones financieras que en su mayor parte derivaron hacia actividades de tipo especulativo –principalmente hipotecario- en lugar del incremente del tejido productivo”. No podía haberse escrito más claro. Estas políticas fueron bendecidas por el Banco de España con la aprobación de los sucesivos gobiernos españoles. Este complejo banca-inmobiliarias y empresas constructoras han sido el eje del crecimiento económico de España desde entonces.
El mundo empresarial de la manufactura y de los servicios intentó compensar la enorme carestía del dinero prestado por la Banca mediante la reducción de los salarios, intento exitoso puesto que el crecimiento anual real salarial por persona trabajadora creció durante aquel periodo sólo un 1,8% comparado con el promedio de la UE-15, que fue de 5,2%.
El elevado coste del dinero implicaba también una peseta sobrevalorada que dificultaba las exportaciones españolas. El origen de la elevada negatividad de la balanza del comercio exterior se basa precisamente en aquel hecho. La entrada de España en la zona euro ha eliminado esta situación, pero tal entrada se ha realizado (en la década de los años noventa) de manera beneficiosa a la banca y a costa de un gran sacrificio de la población asalariada y de un considerable subdesarrollo de nuestro estado del bienestar. Como he demostrado en otro lugar (“El Subdesarrollo Social de España: causas y consecuencias. Anagrama. 2006), la reducción del déficit del presupuesto del Estado (exigido por el Pacto de Estabilidad), se hizo a costa de que los recursos que durante los años ochenta iban a corregir el enorme retraso del gasto público social de España se gastaran en los años noventa en reducir el déficit del presupuesto del Estado de manera tal que cuando las cuentas del Estado se equilibraron (para alcanzar incluso más tarde un superávit), el déficit social de España, medido por la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 (el grupo de países de desarrollo económico más semejante al nuestro) había aumentado considerablemente. Esto quiere decir que nosotros gastamos cada vez menos (en términos proporcionales) en nuestras escuelas, en nuestros servicios sanitarios, en nuestra vivienda social y en nuestras pensiones que el promedio de países de la UE-15. La integración monetaria se hizo a costa de nuestro estado del bienestar. Y también a costa de una reducción de la masa salarial (porcentaje que las rentas del trabajo representan de toda la renta nacional). Ello ha ido acompañado de un incremento exuberante de las rentas del capital, y muy en especial de las rentas de la Banca, la cual continúa siendo una de las que muestran beneficios mayores en el mundo. Ahora bien, la burbuja inmobiliaria (estimulada por el comportamiento especulativo del complejo banca-inmobiliaria) explotó. La mitad del desempleo creado se debe al colapso de la construcción sostenido por aquel complejo. Es más, el pánico creado en la Banca ha determinado también la dificultad de conseguir crédito, causa mayor de la recesión y de la destrucción de empleo, atribuida por el Gobernador del Banco de España (como era de esperar) a una inexistente rigidez del mercado laboral.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.
Tras el paro, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional
Tres cuartas partes de los encuestados aprueban el paro judicial. Los factores de poder político en el Estado, incluidos los medios de comunicación del PSOE, lo condenan. Son señales inequívocas de que el movimiento judicial simpatiza con la sociedad y perturba las entrañas del Régimen. Seria iluso creer que la judicatura conoce y quiere las últimas consecuencias del conato de independencia iniciado. No tiene conciencia de su fuerza para transformar en poder estatal, independiente de partidos, gobiernos y parlamentos, su actual condición de potestad jurisdiccional subordinada. Pero ha dado ya un paso al frente para adquirirla. Ahora sabe quienes son sus radicales enemigos, sus potenciales amigos y sus lazos sociales con los profesionales del derecho. Contra lo pensado por Carl Schmitt y Mao Tsé Tung, este conocimiento elemental sólo constituye la sabiduría de la preconciencia política. El paso a la conciencia de poder independiente lo dará empujada por los acontecimientos que se avecinan.
Aunque la unidad interna sea un objetivo deseable, sería un grave error intentarla con la unificación de las Asociaciones, como pide “Foro Judicial Independiente”. Lo decisivo es la unidad de acción táctica en una estrategia común. Y “Jueces para la Democracia”, además de vocación al rol traicionero de última hora –como PSOE y PC ante la ruptura democrática de la dictadura-, nunca se enrolará en lo que otros inicien. Más importante que la unificación es la unidad de vocabulario inequívoco, que indique con precisión las diferencias sustantivas con el usado por los enemigos y adversarios. Las pancartas del 18-F, por ejemplo, llamaban servicio público a la función judicial. Lo cual indica que aún no saben los jueces cual es la base conceptual de su derecho a la independencia, concebida como poder judicial y no como potestad jurisdiccional. En esta confusión ideológica, en esta falsedad terminológica se basa el engaño constitucional de llamar irrisoriamente poder judicial a la potestad jurisdiccional que tienen individualmente todos los juzgadores. La quieren rebajar a mero servicio público los que, no obstante la dependencia de todo lo servicial, se han pronunciado contra el paro. Si fuera ya un poder independiente seria vacuo su derecho de huelga. También se deben emplear en sentido propio las voces paro y huelga. Ésta es una reivindicación colectiva mediante la resistencia a trabajar hasta obtener satisfacción total o parcial de la misma, mientras que aquél es una protesta colectiva como primera prueba de fuerza de la impotencia. La idea de servicio público envilece la función judicial.
florilegio
“Huelga con fecha de caducidad, paro presuntuoso.”
El anclaje constitucional, de Julia López López en La Vanguardia
DEBATE: Jueces y huelga
Dentro del debate que ha provocado la convocatoria de huelga hecha por los jueces son, en mi opinión, tres niveles los que habría que diferenciar para evitar que un debate desordenado y acalorado acabe acallando la voz constitucional. Se trataría básicamente de contestar a tres preguntas. La primera de ellas, si los jueces son titulares, junto con el resto de los trabajadores, de un derecho de huelga; la segunda, si ese derecho – en el caso de contestar afirmativamente la primera cuestión-es ilimitado; y la tercera afectaría a la efectividad de la huelga en el contexto en el que se produce. Las respuestas forman un conjunto interactivo que es imprescindible tener presente.
Respecto a la primera cuestión, la respuesta, en mi opinión, no ofrece ninguna duda desde el punto de vista constitucional. El derecho de huelga de los jueces les deriva del artículo 28.2 del texto constitucional, que reconoce un derecho de huelga a los trabajadores, término este donde, desde luego, hay que incluir a los jueces. La estructura del artículo 28 CE permite diferenciar dos derechos fundamentales, el de libertad sindical (artículo 28.1 CE) y el de huelga. Por el fuerte anclaje constitucional del derecho de huelga de los jueces como trabajadores, no es posible irradiar, de la prohibición del derecho de libertad sindical que este grupo tiene, la prohibición también del derecho de huelga. Se trata de una huelga sobre condiciones de trabajo; así, las referentes al salario o a la conciliación de la vida familiar y laboral son ejemplos claros en esta línea. Como contexto, datos de mi trabajo me permiten afirmar que de 1991 al 2007 el Tribunal Supremo ha pasado, en promedio anual, a dictar sentencias sobre salario base del 7,25 al 93,83 (véase Un lado oculto de la flexibilidad salarial: el incremento de la judicialización,Bomarzo, 2008).
Sentadas estas bases constitucionales, nos encontramos delante de servicios de inaplazable necesidad y, por tanto, dentro de la razonabilidad y proporcionalidad, la fijación de unos servicios mínimos se impone. El éxito o no de la convocatoria dará y quitará razones, pero no en términos de titularidad, sino de oportunidad. Ya se ha conseguido un objetivo: que se conozca la dimensión del conflicto y que se movilice al empleador en la resolución. A mí me ha ayudado para entender mirar El grito,de Edvard Munch, no sé si les servirá a otros.
JULIA LÓPEZ LÓPEZ, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPF.
Los jueces, esos privilegiados, de José Carlos Orga en El Mundo
LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA: En primera persona
Aquélla fue la primera vez que Epi no salió a recibirme. Cuando entré en casa abrió los ojos, me miró ofendido y siguió durmiendo.Entonces era prácticamente un cachorro, 12 meses tendría, pero llevaba 23 horas esperándome y eso es demasiado para cualquiera, por muy Labrador adorable que seas.
Era el 1 de enero de 2001 y yo era el juez de guardia de Cervera (Lérida). Le había hecho el favor a mi compañera de Tremp (también Lérida, pero no muy cerca de Cervera) de sustituirla en Nochevieja y aquello se había desbordado. Tras brindar con la familia para recibir el nuevo año, sonó el teléfono de guardia y no dejó de hacerlo hasta casi el día siguiente. Trescientos kilómetros de lado a lado, tres levantamientos de cadáver, un habeas corpus y una agresión sexual a una mujer que al día siguiente volvía a su Alemania natal, por lo que había que recibirle declaración con intérprete y de urgencia. Todo ello me había dejado exhausto, pero ávido de contarle todo a mi mujer. Ella me esperaba despierta, ya sola puesto que su familia había vuelto a Zaragoza y, tan embarazada como atenta, me escuchó todo lo que quise contarle.Cuando acabé, me dijo: «¿Y cuánto te pagan por hacer la guardia de Tremp?». «Nada», le dije. «¿ Y por la tuya?». «Pues ya lo sabes, 2.000 pesetas por día, 14.000 por toda la semana». «Ya, bueno, lo importante es que has tratado bien a esa mujer». «Claro, eso es lo importante. Si yo no voy, tendría que haber contado lo de la violación varias veces, al médico, a la policía, al juez, y mañana se iba a Alemania. Así, con una vez vale, ya está hecho y ella más tranquila, dentro de lo que cabe. Y el violador, en la cárcel».
«Eso es lo importante», dijimos.
Han pasado ocho años. Epi sigue creyendo que cada vez que salgo de casa me lo voy a llevar. Eso ya no es tan importante para mí; tengo cuatro hijos pequeños y hay prioridades. Pero cuando los niños se duermen y Epi ya ha salido por la tarde, a veces vuelvo al despacho a las nueve de la noche y lo último que veo antes de cerrar la puerta de casa son sus ojos, esa mirada del Labrador, y cada vez me cuesta más irme.
Hace poco me volvió a pasar. Era miércoles y el día anterior había acabado la guardia. Ahora soy magistrado, que es como juez pero más viejo. Y estoy en Logroño. Pero si en Cervera hacía guardia una semana cada dos, ahora la hago cada tres. Y si hace ocho años me pagaban 14.000 pesetas limpias, ahora cobro 200 euros por toda la semana; tampoco he mejorado tanto. La guardia del juez, ya saben, 24 horas diarias disponible durante siete días, tomando constantemente decisiones críticas sobre la vida, la libertad, el patrimonio y la protección de las personas, hasta acabar agotado.
Aquella guardia había sido de las peores. Hasta 30 juicios rápidos, detenidos mañana y tarde, muchos días sin parar más que una hora para comer, todo el fin de semana resolviendo órdenes de protección por violencia contra la mujer; 250 atestados, denuncias o partes médicos para resolver al día, pues entre ellos puede haber noticia de menores o ancianos maltratados, o mujeres en peligro. En fin, mucho trabajo y todo puede ser crítico y urgente. Culminé la guardia con lo que se llama su octavo día, el martes, con 28 juicios de faltas celebrados sin pausa y a velocidad de vértigo, que conllevaron 28 sentencias pendientes -no suspendimos ni uno- para que yo las dictara. Voy a tres sentencias por hora, y como ya el miércoles tenía declaraciones de alguno de los más de 5.000 asuntos que cada año entran en mi juzgado, las tengo que redactar por la noche, sacrificada labor a la que me dirigía ese miércoles por la noche a mi despacho.
Por la calle me crucé con María, la juez del 3, que ahora estaba ella de guardia y todavía no había comido. Iba corriendo a casa para ver a su hija antes de que se acostara, por lo que nos despedimos más que rápido. No creo que llegara porque vive un poquito más lejos del juzgado que yo.
Cuando regresé del juzgado, los niños y mi mujer ya dormían.Puse la tele y había un programa donde explicaban lo vagos que éramos los jueces.
Me puse los walkman. Por aquel entonces estaba redescubriendo las delicias del Pequeño de Bunbury, pero estaba enfadado y necesitaba algo más fuerte. Tuve que volver a Héroes: «Este es mi sitio y ésta es mi espina » atronaban cuando le dije a Epi: «Vamos a la calle», y se le alegraron los ojos.
«Esto también es lo importante», pensé.
José Carlos Orga. Magistrado
© Mundinteractivos, S.A.
Encarecimiento del despido, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital
Más temible que la propia crisis económica es contemplar cómo hay quien en nuestro país se enroca en las posiciones que han conducido a ella. Este es el caso del actual gobernador del Banco de España, hasta hace poco secretario de Estado de Hacienda y en los diez primeros años del felipismo secretario de Estado de Economía y Comercio.
Hay que reconocer que Fernández Ordóñez ha cambiado poco o nada sus planteamientos en los últimos veinticinco años. Ello tiene su cara y su cruz. Su cara, es un hombre de convicciones; nadie le podrá acusar de ser un converso al neoliberalismo económico. Su cruz, la actual crisis económica está demostrando lo errado que estaba, y continuar anclado en los dogmas de antaño linda con la demencia, a menos que sea por intereses como los que animan a la CEOE, lo que sinceramente no creo que sea el caso de Fernández Ordóñez.
El gobernador del Banco de España comienza aseverando que las indemnizaciones por despido van de los 20 a los 45 días por año trabajado. No es cierto. Los que tal afirman olvidan que una tercera parte de los contratos (los temporales) carecen de indemnización. Tampoco gozan de ella los despedidos por causas disciplinarias, aquellos que un tribunal juzga justificados bien por un rendimiento deficiente del trabajador bien por cualquier otra falta.
Veinte días de salario por año prestado de servicio tienen como indemnización los trabajadores despedidos por las llamadas causas objetivas, graves dificultades de la empresa, ya sean de tipo tecnológico o económico. Por último, nos encontramos con aquellos llamados improcedentes, los que en puridad no deberían existir, puesto que no responden a razones ni objetivas ni subjetivas, excepto el capricho o la voluntad del empleador. En teoría, la indemnización es la equivalente al salario de 45 días por año de antigüedad; digo que en teoría porque, a partir de aprobar lo que malamente se denominó plan de fomento del empleo indefinido, los contratos firmados a su amparo tienen sólo derecho a una indemnización de 33 días por año. Pues bien, es esta modalidad de despido, la caprichosa, la que se pretende abaratar proponiendo una indemnización de 20 días por año, igualando todas las extinciones de la relación laboral, tanto las justificadas como las que no lo son.
El secretario general de la UGT afirma que lo que se intenta con esta propuesta es aprobar el despido libre, pero lo cierto es que éste, excepto para los delegados sindicales, existe ya en España desde hace muchos años. Nada impide que un empresario despida al trabajador que quiera. Lo que se pretende es que el despido, además de ser libre, sea gratuito.
Fernández Ordóñez se fija en un hecho innegable, la velocidad enorme con que el desempleo comenzó a crecer en España nada más comenzar la crisis, y que ha situado a nuestro país a la cabeza de Europa. De esa anomalía concluye que nuestro mercado de trabajo está enfermo y que necesita cura, por la vía de desregularlo aún más y de abaratar el despido, y para ilustrar su argumento nos ofrece el ejemplo de dos países en los que, según dice, la indemnización por despido es muy reducida y la tasa de paro también. No entiendo cómo un hombre aparentemente inteligente como Fernández Ordóñez puede incurrir en tales simplificaciones. De la coincidencia en el tiempo o en un sujeto de dos fenómenos, de ninguna manera se puede concluir que uno es la causa del otro y menos cuál es la causa y cuál el efecto. Seguir tal procedimiento nos podría conducir a las inferencias más descabelladas. En esto se distingue una mentalidad mágica de otra científica.
Una de las aberraciones del neoliberalismo económico es creer que los mercados están cerrados en sí mismos y que la causa de los problemas que, por ejemplo, puede tener el mercado de trabajo se encuentra en el propio mercado de trabajo y no en otras áreas de la economía, en el sector productivo o incluso en el mercado financiero. Las comparaciones internacionales deben realizarse con mucho tiento, puesto que son numerosas las variables que intervienen. La causa de las reducidas tasas de paro de Austria y Suiza hay que buscarla tal vez muy lejos del propio mercado laboral, en otras áreas económicas; y la baja indemnización por despido, lejos de ser la causa, es quizás la consecuencia. Cuando la tasa de paro es tan baja y el trabajador despedido encuentra inmediatamente empleo no se precisa que la indemnización sea cuantiosa.
Pero no hay por qué negar que nuestro mercado laboral tiene graves defectos, aunque precisamente en la dirección contraria a la que apunta el gobernador del Banco de España. Es el exceso de flexibilidad y de desregulación el que permite que la crisis se traslade inmediatamente al mercado de trabajo, y que el ajuste recaiga de forma fulminante sobre los trabajadores. Con toda seguridad, si el despido fuese más caro, en especial en lo que hace referencia a los contratos temporales, la tasa de desempleo sería inferior. Pensar lo contrario no sólo va contra las leyes económicas, sino contra el sentido común.
Fernández Ordóñez afirma que “deberíamos estar todos de acuerdo en que la mejor protección contra el desempleo no es la que se preocupa del subsidio del parado, sino la que consigue que la mayoría no pierda el trabajo”. Pues no, señor gobernador, no estamos de acuerdo. Volvemos a emplear el argumento tan profusamente utilizado en otros tiempos de la caña y el pez. “Mejor que dar un pez es enseñar a pescar”. El problema es que no siempre es posible enseñar a pescar, al menos con la rapidez que necesita el que está muriéndose de hambre.
Pero es que, además, en estos momentos la medida más eficaz para que la mayoría no pierda el puesto de trabajo es preocuparse por la prestación de desempleo. Fernández Ordóñez debería apartar por un momento la vista de la oferta económica para fijarla en el lado de la demanda, actitud que reviste especial importancia en esta crisis que es de demanda. Debería olvidar por un instante la microeconomía para adentrarse en la macroeconomía y comprender que lo que aparentemente es bueno para una empresa considerada en solitario termina siendo fatal si se generaliza para todas ellas y para la economía en su conjunto. Lo que ahora precisan las empresas es demanda y es en la reducción del consumo donde se encuentra el talón de Aquiles. En la actualidad, el dinero público mejor empleado es el que se destina a los parados, cuya propensión a consumir estará próxima a la unidad.
Incrementar la prestación por desempleo y permitir que los parados continúen consumiendo no es sólo una exigencia del Estado social, sino el mejor instrumento para impedir que otros trabajadores sean arrojados al paro.
La mano pública y el mercado, de Federico Durán López en Cinco Días
En las últimas décadas, tras la caída de los diversos muros, físicos e ideológicos, parecía definitivamente asentada en las economías desarrolladas la idea de la superioridad del mercado, tanto en términos de eficiencia como de justicia, como mecanismo distribuidor y asignador de recursos. A pesar de los fallos todavía existentes en su funcionamiento, ningún otro sistema, y menos que ninguno el de la planificación estatal de la economía, podía garantizar mejor el desarrollo, la prosperidad económica y el bienestar de la población.
La prevalencia del mercado no significa, sin embargo, la desaparición, o la reducción a su mínima expresión, del papel del Estado. Al contrario, el desarrollo europeo y el éxito de su modelo de bienestar social, lo que hemos conocido como Estado del bienestar, responde a una precisa combinación entre Estado y mercado. A éste le correspondía la asignación y distribución de recursos; al primero, la corrección de ineficiencias y de desigualdades excesivas, procediendo, mediante la política fiscal, a una redistribución de las riquezas, y, por medio de la Seguridad Social, a garantizar a toda la población la tutela frente al infortunio y frente a situaciones de necesidad, permitiendo así, por una y otra vía, la vigencia del principio de solidaridad.
Las distintas opciones políticas podían poner el acento en uno u otro de estos polos, Estado y mercado, pero sin llegar a cuestionar, en lo fundamental, los principios de funcionamiento del sistema.
Por supuesto, a todo ello ha de añadirse la labor ordenadora, y de control y de supervisión, para garantizar el respeto de las reglas del juego, confiada a diversas instituciones públicas (bancos centrales, entidades supervisoras de los mercados de valores, instrumentos de defensa de la competencia, etcétera), tanto más eficientes cuanto más independientes.
La crisis financiera que tan violentamente nos ha estallado ha puesto de manifiesto, en todos los países, por una parte, fallos clamorosos de regulación, y sobre todo en las labores de control y de vigilancia, y por otra, la fragilidad de empresas y de sectores productivos hasta ahora considerados pilares sólidos del sistema. Lo primero exige un reforzamiento de los mecanismos reguladores y supervisores en el que el peligro a conjurar es el de la sobreactuación. Lo segundo ha llevado a una intervención pública en la economía que, saludada con alborozo por viejos estatalistas irredentos, corre el riesgo de retrotraernos a etapas ya superadas. A esto último me quiero referir.
Que en una situación de emergencia pueda producirse una aportación de capital público a determinadas empresas, sobre todo para garantizar la solvencia de la banca comercial y el buen funcionamiento del sistema financiero y crediticio, no puede llevarnos a restablecer un sector público de la economía del que tan trabajosamente nos habíamos liberado.
En el caso español, precisamente, uno de los secretos de nuestro particular milagro económico había estado, sin duda, en la apertura de la economía y en la creciente liberalización de la misma. El proceso de privatización, no enteramente culminado y no siempre bien entendido, jugó en ello un papel determinante.
Bien es verdad que se trata de un proceso no exento de paradojas ni de contradicciones (la vuelta a la mano pública, en algunos casos, además, extranjera, de empresas públicas privatizadas es quizás el ejemplo más llamativo), en el que, además, nuestro particular Estado de las autonomías ha permitido, en una versión a la inversa del mito de Penélope, que lo que destejía el Estado durante el día lo volvieran a tejer, al menos en parte, las comunidades autónomas por la noche.
Pero sería enormemente pernicioso que las voces añorantes de la banca pública y de las empresas públicas prevalecieran, y nos encontráramos otra vez al Estado, central o autonómico, vendiendo coches o vendiendo lencería (como dijo muy gráficamente el entonces ministro de Economía cuando la privatización de Galerías Preciados: ¿qué hace el Estado vendiendo lencería?).
Cuando la intervención pública se centra, además, en compañías ineficientes, que operan en mercados donde otras empresas privadas compiten y sobreviven, dicha intervención carece completamente de fundamentación y no puede justificarse por motivos políticos o sociales.
Pensemos en el caso del transporte aéreo. En un mercado cada vez más globalizado e interdependiente, en el que sólo sobrevivirán las grandes alianzas, y en el que la competencia es cada vez más despiadada, no tiene sentido obligar a empresas privadas a competir con otras soportadas públicamente y, en ocasiones, con una visión del mercado condicionada políticamente. ¿Qué sentido tiene que una compañía ejemplarmente privatizada, como Iberia, que ha logrado brillantemente sobrevivir en el mundo del negocio aeronáutico, cada vez más difícil y complejo, o que nuevas compañías, como la resultante de la fusión entre Vueling y Clickair, basada también en la apuesta y en la asunción de riesgos de sus accionistas, deban competir con empresas salvadas y sostenidas con apoyos públicos?
Y no es éste un tema que afecte sólo a la garantía de la libre competencia, o a la exigencia de un uso racional de los recursos públicos. En mercados abiertos y competitivos, garantizada una adecuada regulación y supervisión de los mismos, tanto más intensa cuanto más entren en juego intereses públicos (en el caso del transporte aéreo, la seguridad), la mano pública empresarial no debe intervenir. El final de una de las últimas grandes compañías de bandera, Alitalia, debe ser suficientemente ilustrativo de lo ilusorio de la pretensión de mantener una empresa pública sometida a una lógica distinta de la que el funcionamiento del mercado requiere.
Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues.
Dónde poner el foco de atención, de Joaquín Estefanía en El País
Las últimas cifras sobre la economía europea aumentan la preocupación: la situación de la Unión Europea (UE) es peor que la de EE UU, epicentro de la crisis financiera. En el último trimestre de 2008, la actividad económica de los Veintisiete retrocedió un 1,5%, frente al 1% de la americana. Especialmente inquietantes son los datos de Alemania, la locomotora europea, que decreció un 2,1%. Y a pesar de lo que se cree, el comportamiento de la economía española (-1%), siendo lastimoso, es el menos malo de las cinco grandes naciones de la zona.
En la intervención que Zapatero realizó la semana pasada en la Asociación de Periodistas Europeos para presentar los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010, subrayó el esfuerzo coordinado de la UE para lanzar un estímulo de unos 200.000 millones de euros (el 1,5% del PIB comunitario) con el fin de detener los peores efectos de la crisis. El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha evaluado el conjunto del esfuerzo fiscal comunitario en 600.000 millones de euros en dos años (plan de estímulo, más aplicación de los estabilizadores automáticos, más la recapitalización de bancos en dificultades), lo que supone el 4,5% del PIB de la zona.
La recesión se concreta en el aumento del desempleo. Hay una discusión latente sobre las razones de que el paro haya aumentado mucho más en España (la tasa más alta de la OCDE) que en otros países con similares problemas: en qué grado se debe a que aquí sigue aumentando la población activa o si hay que echar la culpa a la rigidez laboral (que en parte desmiente el proceso de destrucción de puestos de trabajo: las empresas ajustan con rapidez sus plantillas a las nuevas necesidades de producción).
Es en este contexto en el que hay que enmarcar la polémica surgida por las palabras del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO). El debate, en esencia, contiene cuatro cuestiones sucesivas. Primero, por qué el gobernador guarda un silencio sepulcral sobre la situación financiera y no contribuye a la discusión sobre si el crédito está llegando a las empresas y los ciudadanos particulares. ¿Es o no excesiva su cautela? Segundo, por qué abordó la reforma laboral, que no parece corresponderle entre los objetivos de su cargo; seguramente piensa que el desempleo sí forma parte de su negocio, ya que un millón de nuevos parados es potencialmente un millón de nuevos morosos, lo que puede debilitar la solvencia de las entidades financieras.
Tercero, qué dijo concretamente. De la lectura de su discurso no se desprende que pidiese de modo directo un abaratamiento de despido (“creo que es un error plantear el debate exclusivamente en el abaratamiento del despido y pienso que sólo podremos avanzar si se centra en encontrar las fórmulas que nos permitan aumentar la productividad, reducir las cifras de desempleo y mejorar los salarios de los trabajadores”), sino el estudio de experiencias como la danesa (4,1% de tasa de paro) o la austriaca (3,8%). En Dinamarca han optado por mejorar de modo sustancial el pago periódico (la prestación pública) a cambio de suprimir la indemnización privada por desempleo. En Austria, las empresas constituyen un fondo individual para cada uno de los trabajadores, que se pone a su disposición en caso de perder el empleo en esa empresa como forma de complementar la prestación por desempleo que recibe el Estado; cuando el trabajador encuentra empleo en otra empresa se lleva la parte no consumida del fondo, que vuelve a ser engrosada con las aportaciones de la nueva empresa. Al final de su vida laboral, el fondo disponible constituye una fuente adicional de recursos para la jubilación. Se puede estar tajantemente en desacuerdo con el gobernador, pero sobre lo que dijo, no sobre un cliché de ello.
Cuarta y última cuestión: ¿es el momento de abordar una reforma laboral cuando el problema central ha sido otro? ¿Tiene sentido desviar el foco de atención hacia la flexiseguridad (flexibilidad para las empresas y seguridad para el trabajador) en una coyuntura en la que lo que se discute es quiénes son los responsables del crash financiero, los salarios de los altos ejecutivos y la ausencia de eficacia de los organismos reguladores en los abusos? ¿Es oportuno o es sospechoso?
Crisis de Estado, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional
El paro judicial del 18-F, con más trascendencia política que la de una reivindicación corporativa, rebasa los límites de una crisis de Gobierno y abre la puerta a una crisis de Estado. Por ella entrarán los factores políticos potenciados o generados por la gravedad de una crisis económica que el corrupto e incompetente Estado de partidos no podrá superar. Los síntomas son inequívocos. Las crisis de Estado se detectan cuando se descompone el principio de autoridad en todas las instituciones estatales y paraestatales. Empieza a verse en esta partitocracia terminal. La crisis estatal no se resolverá hasta que la sociedad instituya, con la Libertad política constituyente, nuevas autoridades democráticas en el Estado. La desconfianza política en las autoridades del Estado de Partidos es mayor que las padecidas por el sistema financiero y los medios de comunicación.
El fenómeno más visible, la magnitud de la desobediencia de los Juzgados y Tribunales a la autoridad judicial del CGPJ, desmorona la quimera de que existía un poder judicial independiente y patentiza la inexistencia de poder judicial alguno. Los fenómenos más soterrados, la desautorización del Banco de España de la política laboral del Gobierno, la falta de autoridad gubernamental para inducir a las entidades financieras a canalizar el dinero público hacia el crédito privado, la dependencia del Estatuto Catalán, aprobado en referéndum popular, de un tribunal político, el TC, aflorarán masivamente a la escena conflictiva con el auge del paro y el aumento de los cierres empresariales, junto a las manifestaciones airadas de los sectores afectados. La asociación patronal y los sindicatos estatales no tienen autoridad para frenar la acción directa de los desesperados que pierden su empresa o su empleo. El encierro de pequeños empresarios en las sucursales bancarias, que les niegan los créditos para capital circulante que antes les concedían, presagia lo negro por venir y el drama por vivir.
Entre lo visible y lo soterrado, sobresale el deterioro escandaloso de lo que fundamenta la estabilidad de la oligarquía política en el Estado de Partidos. La ruptura de relaciones del partido estatal de oposición formal al gobierno, con el Ministro de Justicia y la Fiscalía General, implica la entrada en una fase de desequilibrio inestable en todas las instituciones estatales, que pueden terminar políticamente “incendiadas”, como teme el ministro. En la sesión parlamentaria sobre la crisis económica, se ha visto como el estabilizador consenso partidista ha quedado reducido a la condena de la huelga judicial.
florilegio
“En lo que teme el Estado de Partidos está la esperanza de la sociedad civil.”
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