La reducción de empleo y sus consecuencias en los resultados: un análisis de las empresas españolas, de Fernando Muñoz y Mª José Sánchez

Nuevo documento de Estudios de Progreso, de la Fundación Alternativas (Pere Portabella Rafols, Presidente y Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias, Vicepresidente)

Los programas de reducción de plantilla suponen medidas encaminadas, esencialmente, a hacer frente a situaciones de crisis y deterioro financiero. Con ellos se pretende una mejora en los resultados económicos de las compañías. Se piensa, por ejemplo, que la empresa estaría en una mejor disposición para reducir costes, centrarse en los negocios que representen una mayor fuente de ingresos o ser más flexible gracias a la eliminación de puestos de trabajo innecesarios. Sin embargo, al mismo tiempo, estos previsibles efectos positivos pueden verse mermados o incluso no llegar a materializarse en ningún caso. Varios son los factores que potencialmente contribuirían a ello: el coste de las indemnizaciones por despido, las actitudes y reacciones de los “supervivientes” a los ajustes de personal (insatisfacción laboral, estrés, falta de motivación, resentimiento, etc.) o la pérdida de trabajadores cualificados. Bajo estas circunstancias, las reducciones de la fuerza laboral, lejos de aumentar la rentabilidad empresarial, tendrían una repercusión indeseada sobre ella.

Esta investigación, usando la encuesta de estrategias empresariales (ESEE) del Ministerio de Ciencia e Innovación, analiza esta cuestión. La evidencia obtenida muestra que la opción de recortar la fuerza de trabajo no presenta un impacto significativo sobre la rentabilidad empresarial a corto plazo. Sin embargo, dicho resultado no se sostiene cuando se considera un período de tiempo de mayor duración: a largo plazo, recortar personal causa un detrimento en la rentabilidad de la compañía.

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Discurso de Barack H. Obama ante Sesión Conjunta del Congreso, del Martes 24 de febrero de 2009, en la Revista de la Embajada de Los Estados Unidos de América en Bogota

Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, Sr. Vicepresidente, miembros del Congreso:

Estoy aquí esta noche no sólo para dirigirme a las distinguidas damas y caballeros en este gran recinto, sino para hablar directa y francamente con los hombres y mujeres que nos trajeron aquí.

Sé que para muchos estadounidenses que nos observan en este momento, el estado de nuestra economía es una inquietud mayor que todas las demás. Y con toda razón. Si no han sido afectados personalmente por esta recesión, probablemente conocen a alguien que ha sido afectado: un amigo, un vecino, un miembro de su familia. No necesitan escuchar otra lista de datos para saber que nuestra economía se encuentra en crisis, porque la viven todos los días. Es la preocupación con la que se despiertan y motivo de desvelo de noche. Es el empleo que pensaron que tendrían hasta jubilarse, pero que ahora han perdido; el negocio con el que soñaron y que ahora pende de un hilo; la carta de aceptación a la universidad que su hijo tuvo que volver a guardar en el sobre. El impacto de esta recesión es real y está por todas partes.

Pero a pesar de que nuestra economía se haya debilitado y nuestra confianza se vea afectada; a pesar de que estamos viviendo en tiempos difíciles e inciertos, esta noche quiero que todo estadounidense sepa lo siguiente:

Reconstruiremos, nos recuperaremos, y Estados Unidos saldrá de esto más fuerte que nunca.

El peso de esta crisis no determinará el destino de esta nación. Las respuestas a nuestros problemas no están fuera de nuestro alcance. Están en nuestros laboratorios y universidades; en nuestros campos y nuestras fábricas; en la imaginación de nuestros empresarios y el orgullo del pueblo más trabajador en la faz de la Tierra. Aún poseemos a manos llenas las cualidades que han hecho de Estados Unidos la mayor fuerza de progreso y prosperidad en la historia de la humanidad. Lo que se requiere ahora es que este país se una, que encaremos audazmente los desafíos que enfrentamos y asumamos la responsabilidad por nuestro futuro una vez más.

Ahora, si somos francos con nosotros mismos, admitiremos que durante demasiado tiempo, no siempre hemos cumplido con estas responsabilidades, ya sea como gobierno o como pueblo. Digo esto no para designar culpables ni mirar hacia atrás, sino porque sólo al comprender cómo llegamos a este momento podremos salir de este aprieto.

El hecho es que nuestra economía no comenzó a deteriorarse de la noche a la mañana. Tampoco se iniciaron todos nuestros problemas cuando el mercado de vivienda colapsó o la bolsa de valores se desplomó. Sabemos desde hace décadas que nuestra supervivencia depende de encontrar nuevas fuentes de energía. Sin embargo, importamos más petróleo ahora que nunca antes. El costo del cuidado de salud devora más y más de nuestros ahorros todos los años, sin embargo continuamos retrasando reformas. Nuestros niños competirán por empleos en una economía mundial para la cual demasiadas de nuestras escuelas no los preparan. Y aunque todos estos desafíos continuaron sin solución, logramos gastar más dinero y acumular más deudas, tanto como personas y como gobierno, que nunca antes.

En otras palabras, hemos vivido una era en la que demasiado a menudo, las ganancias a corto plazo eran apreciadas más que la prosperidad a largo plazo; en la que no miramos más allá del próximo pago, el próximo trimestre o las próximas elecciones. Un superávit se convirtió en excusa para transferir riqueza a los acaudalados en vez de una oportunidad de invertir en nuestro futuro. Se desmanteló la reglamentación a favor de utilidades rápidas y a costa de un mercado saludable. Sabiendo que no estaban a su alcance, las personas compraron casas de bancos y prestamistas que, de cualquier manera, querían colocar esos malos préstamos. Y mientras tanto, se pospusieron debates cruciales y decisiones difíciles hasta otro momento, otro día.

Bueno, ha llegado el día del ajuste de cuentas, y éste es el momento de hacernos cargo de nuestro futuro.

Éste es el momento de actuar de forma audaz y sensata, no sólo para reactivar esta economía, sino para sentar nuevas bases para una prosperidad perdurable. Éste es el momento de impulsar la generación de empleo, reactivar los préstamos e invertir en sectores como el de energía, cuidado de salud y educación, que harán que nuestra economía crezca, incluso a la vez que tomamos las difíciles decisiones de reducir nuestro déficit. Ése es el propósito de mi plan económico, y de eso me gustaría hablarles esta noche.

Es un plan que comienza con el empleo.

Tan pronto asumí el cargo, le pedí a este Congreso que para el Día del Presidente, tuviera listo un plan que volviera a poner a la gente a trabajar y que le pusiera dinero en el bolsillo. No porque creo en aumentar la burocracia. No creo en eso. No porque no me importe la deuda masiva que hemos heredado. Sí me importa. Hice un llamado a la acción porque no hacerlo hubiera significado perder más empleos y hubiera causado más dificultades. De hecho, no actuar habría empeorado nuestro déficit a largo plazo al asegurar poco crecimiento económico durante años. Por eso fue que presioné para actuar rápidamente. Y esta noche, me siento agradecido porque este Congreso hizo su trabajo, y me complace decirles que la Ley para la Recuperación y Reinversión en Estados Unidos ya fue promulgada.

En los próximos dos años, este plan preservará o creará 3.5 millones de empleos. Más de 90% de estos puestos de trabajo estarán en el sector privado: empleos para reconstruir carreteras y puentes, para fabricar turbinas de viento y paneles solares, para tender banda ancha y expandir el sistema de transporte público.

Debido a este plan, hay maestros que ahora pueden conservar sus puestos y educar a nuestros hijos. Los profesionales de la salud pueden seguir cuidando de los enfermos. Esta noche, 57 oficiales de policía pueden seguir patrullando las calles de Mineápolis, porque su departamento estaba a punto de despedirlos, y este plan lo evitó.

Debido a este plan, 95% de las familias trabajadores en Estados Unidos recibirán un recorte tributario… un recorte tributario que verán en sus talones de pago desde el 1º de abril.

Debido a este plan, las familias que tienen dificultades para cubrir los costos de la educación superior recibirán un crédito tributario de $2,500 para los cuatro años de universidad. Y los estadounidenses que han perdido su empleo en esta recesión podrán recibir una extensión en los beneficios por desempleo y cobertura para cuidados de salud que los ayudará a resistir esta tormenta.

Sé que hay algunos en este recinto y otros que nos ven desde sus hogares que no creen que este plan funcione. Y entiendo ese escepticismo. Aquí en Washington, hemos visto lo rápido que las buenas intenciones se vuelven promesas incumplidas y despilfarro. Y un plan a esta escala implica enorme responsabilidad y la necesidad de hacerlo correctamente.

Por eso le pedí al Vicepresidente Biden que encabezara un esfuerzo de supervisión estricta sin precedente, porque a Joe no se le escapa una. Y les he dicho a todos y cada uno de los miembros de mi gabinete, así como a los alcaldes y gobernadores de todo el país, que a mí y al pueblo estadounidense nos tendrán que rendir cuentas por cada dólar que gasten. Y he designado a un Inspector General de comprobada capacidad y dinamismo para identificar todos los casos de despilfarro y fraude. Y hemos creado una nueva página web llamada recovery.gov para que todos los estadounidenses puedan saber cómo y dónde se gasta su dinero.

Por lo tanto, el plan de recuperación que aprobamos es el primer paso para lograr que nuestra economía vuelva a encaminarse. Pero es sólo el primer paso. Porque incluso si no cometemos ningún error al administrar este plan, no habrá una recuperación real a menos que solucionemos la crisis de crédito que ha debilitado seriamente a nuestro sistema financiero.

Y esta noche quiero hablarles simple y sinceramente sobre este tema, porque todo estadounidense debe saber que eso afecta directamente su bienestar y el de su familia. También quiero que sepan que el dinero que han depositado en los bancos de todo el país está a salvo, que su seguro no está en peligro y que pueden confiar en que nuestro sistema financiero continuará funcionando. Esto no debe ser causa de preocupación alguna.

Lo que nos inquieta es que si no reanudamos los préstamos en este país, nuestro plan de recuperación estará destinado a fallar sin siquiera haber empezado.

Vean, el flujo de crédito es lo que le da vida a nuestra economía. La capacidad de conseguir un préstamo determina la posibilidad de financiar todo, desde una casa hasta un auto y los estudios universitarios; es la manera en que las tiendas renuevan su inventario, las granjas compran equipo y las empresas pagan sus planillas.

Pero el crédito ya no fluye como debería. Demasiados préstamos impagos resultantes de la crisis hipotecaria han afectado los balances contables de demasiados bancos. Con tanta deuda y tan poca confianza, ahora estos bancos temen prestar más dinero a familias, empresas y a otros bancos. Cuando no hay préstamos, las familias no pueden comprar casas ni autos. Entonces las empresas se ven forzadas a hacer despidos. Luego nuestra economía sufre aun más, y hay menos crédito disponible.

Por eso, este gobierno está actuando rápida y enérgicamente para romper este ciclo destructivo, restaurar la confianza y reanudar los préstamos.

Lo haremos de varias maneras. En primer lugar, crearemos un nuevo fondo de préstamos que representa el mayor esfuerzo jamás creado a fin de ayudar a proporcionar financiamiento para vehículos, estudios universitarios, préstamos a pequeñas empresas para los consumidores y empresarios que hacen que esta economía funcione.

En segundo lugar, he propuesto un plan de vivienda que ayudará a las familias responsables pero en peligro de una ejecución hipotecaria a reducir sus pagos mensuales y refinanciar sus préstamos hipotecarios. Es un plan que no ayudará a especuladores ni a ese vecino en su misma cuadra que compró una casa totalmente fuera de su alcance, pero sí ayudará a millones de estadounidenses que están teniendo dificultades debido a la devaluación inmobiliaria… estadounidenses que ahora podrán aprovechar tasas de interés más bajas que este plan ya ha ayudado a establecer. De hecho, la familia promedio que refinancie hoy puede ahorrar casi $2000 al año en su hipoteca.

En tercer lugar, actuaremos con toda la fuerza del gobierno federal para asegurar que los principales bancos de los que dependen los estadounidenses tengan suficiente confianza y suficiente dinero para otorgar préstamos incluso en tiempos más difíciles. Y cuando nos enteremos de que uno de los principales bancos tiene serios problemas, les pediremos cuentas a los responsables, los obligaremos a hacer los ajustes necesarios, les proporcionaremos apoyo para sanear sus balances contables y aseguraremos la continuidad de una institución sólida y viable que pueda beneficiar a nuestra gente y a nuestra economía.

Comprendo bien que Wall Street preferiría un enfoque que les diera a los bancos dinero para rescatarlos sin imponerles condiciones, sin pedirle a nadie que rinda cuentas por sus irresponsables decisiones. Pero un enfoque así no resolvería el problema. Y nuestro objetivo es hacer que pronto llegue el día en que volvamos a otorgar préstamos al pueblo estadounidense y a las empresas estadounidenses, lo cual acabará con esta crisis de una vez por todas.

Tengo la intención de pedirles a estos bancos que rindan cuentas de toda la ayuda que reciban, y esta vez, deberán demostrar claramente cómo se usan los dólares de los contribuyentes a fin de generar más préstamos para el contribuyente estadounidense. Esta vez, los directores generales no podrán usar el dinero de los contribuyentes para engrosar sus talones de pago ni comprar costosas cortinas o desaparecer en un avión privado. Eso no volverá a suceder.

Sin embargo, este plan requerirá recursos significativos del gobierno federal, y sí, probablemente más de lo que ya hemos destinado para esto. Pero aunque el costo va a ser alto, les puedo asegurar que el costo de la inacción sería mucho mayor, porque podría tener como consecuencia una economía débil no sólo por meses o años, sino tal vez por una década. Eso sería peor que nuestro déficit, peor para las empresas, peor para el pueblo y peor para la siguiente generación. Y me resisto a permitir que eso pase.

Y comprendo que cuando el gobierno pasado le pidió ayuda al Congreso para que proporcionara ayuda a los bancos en dificultades, tanto los demócratas como los republicanos estaban furiosos por el mal manejo y lo que ocurrió a continuación. Los contribuyentes estadounidenses sintieron lo mismo. Y yo también.

Así que sé lo poco popular que es ayudar a los bancos en este momento, especialmente porque sus malas decisiones causaron, en parte, que todos los estadounidenses se vieran afectados. Les aseguro que lo entiendo.

Pero también sé que en épocas de crisis, no podemos darnos el lujo de gobernar con ira o hacer concesiones a la politiquería del momento. Mi trabajo, nuestro trabajo, es resolver el problema. Nuestro trabajo es gobernar con sentido de responsabilidad. No voy a gastar ni un centavo con el objetivo de recompensar a ejecutivos de Wall Street, pero haré todo lo que sea necesario para ayudar a la pequeña empresa que no puede pagar a sus trabajadores o a la familia que ha ahorrado, pero que todavía no puede conseguir un préstamo hipotecario.

De eso se trata. No se trata de ayudar a los bancos; se trata de ayudar a la gente. Cuando haya crédito disponible nuevamente, las familias jóvenes finalmente podrán comprar una nueva vivienda. Y luego alguna compañía contratará empleados para construirla. Y luego esos trabajadores tendrán dinero para gastar, y si también pueden conseguir un préstamo, tal vez, finalmente, se podrán comprar un auto o abrir su propio negocio. Los inversionistas volverán al mercado y las familias estadounidenses verán que ya tienen fondos suficientes para la jubilación. Y poco a poco, la confianza retornará, y nuestra economía se recuperará.

Así que le pedí a este Congreso que me apoyara para hacer todo lo que fuera necesario. Porque no podemos abandonar a nuestra nación a un destino de recesión continua. Y para asegurar que una crisis de esta magnitud no vuelva a suceder, le he pedido al Congreso que apruebe rápidamente una ley que finalmente reforme nuestro obsoleto sistema regulatorio. Es hora de poner en vigor normas nuevas, estrictas y razonables para que nuestro mercado financiero recompense el dinamismo y la innovación, y que sancione los atajos y los abusos.

El plan para la recuperación y el plan para la estabilidad financiera son los pasos inmediatos que estamos dando para reactivar nuestra economía a corto plazo. Pero la única manera de restaurar plenamente la solidez económica de Estados Unidos es hacer las inversiones a largo plazo que generarán nuevos empleos, estimularán nuevas industrias y promoverán un renovado ímpetu para competir con el resto del mundo. La única manera de que este siglo sea otro siglo de liderazgo para Estados Unidos es que finalmente le hagamos frente al precio que pagamos por nuestra dependencia de petróleo y al alto costo de los cuidados de salud; al hecho de que las escuelas no estén preparando a nuestros hijos y la montaña de deuda que van a heredar. Ésa es nuestra responsabilidad.

En los próximos días, presentaré un presupuesto ante el Congreso. Con demasiada frecuencia, hemos visto estos documentos como simples números en un papel o una lista detallada de programas. Veo este documento de forma diferente. Lo veo como una visión para Estados Unidos: un plan de acción para nuestro futuro.

Mi presupuesto no trata de resolver todo problema ni abordar cada tema. Refleja la dura realidad que hemos heredado: un déficit de un billón de dólares, una crisis financiera y una recesión costosa.

Dada la situación, todos en este recinto –demócratas y republicanos– tendrán que sacrificar algunas prioridades loables para las cuales no hay dinero. Y también me incluyo.

Pero eso no significa que podemos darnos el lujo de ignorar nuestros desafíos a largo plazo. Rechazo el punto de vista que dice que nuestros problemas simplemente se resolverán por sí solos, que el gobierno no tiene función alguna en sentar las bases de nuestra prosperidad común.

Porque la historia dice lo contrario. La historia nos recuerda que en toda ocasión de conmoción y trasformación económica, esta nación ha respondido con medidas audaces y grandes ideas. En plena guerra civil, instalamos vías férreas de costa a costa, las cuales fomentaron el comercio y la industria. De la agitación de la Revolución Industrial salió un sistema de escuelas secundarias públicas que preparó a nuestros ciudadanos para una nueva era. Tras la guerra y depresión, el GI Bill [ley para la educación de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial] envió a una generación a la universidad y creó la clase media más numerosa de la historia. Y una lucha difusa por la libertad tuvo como resultado un país de carreteras, un estadounidense en la luna y una explosión de tecnología que sigue transformando a nuestro planeta.

En ninguno de los casos el gobierno sustituyó a la empresa privada; fue un catalizador de la empresa privada. Creó las condiciones para que miles de empresarios y nuevas empresas se adaptaran y prosperaran.

Somos una nación que siempre ha visto oportunidades en medio del peligro y ha logrado sacar provecho y salir airosa de experiencias terribles. Ahora debemos volver a ser esa nación. Es por eso que el presupuesto que estoy presentando, incluso al recortar programas que no necesitamos, invertirá en tres sectores que son absolutamente cruciales para nuestro futuro económico: energía, cuidados de salud y educación.

Comienzo con la energía.

Sabemos que el país que aproveche el poder de la energía renovable y no contaminante será el líder del siglo XXI. Sin embargo, es la China la que ha lanzado el mayor esfuerzo en la historia para hacer que su economía sea eficiente en términos energéticos. Nosotros inventamos la tecnología solar, pero estamos rezagados en su producción con respecto a países como Alemania y el Japón. Nuevos vehículos eléctricos híbridos salen de nuestras cadenas de montaje, pero operarán con baterías hechas en Corea.

Pues, no acepto un futuro en el que los empleos y las industrias del futuro se originen al otro lado de nuestras fronteras, y sé que ustedes tampoco. Es hora de que Estados Unidos vuelva a ser líder.

Gracias a nuestro plan para la recuperación, aumentaremos al doble el suministro de energía renovable de esta nación en los próximos tres años. También hemos hecho la mayor inversión en fondos para la investigación de base en la historia de Estados Unidos, una inversión que propiciará no sólo nuevos descubrimientos en el sector de energía, sino avances en la medicina, ciencias y tecnología.

Pronto tenderemos miles de millas de cables eléctricos que podrán llevar nueva energía a ciudades y pueblos en todo el país. Y pondremos a los estadounidenses a trabajar haciendo más eficientes nuestros edificios y casas para que podamos ahorrar miles de millones de dólares en nuestras cuentas de energía.

Pero para transformar realmente nuestra economía, para resguardar nuestra seguridad y salvar a nuestro planeta de los estragos del cambio climático, es necesario que a fin de cuentas hagamos de la energía renovable y no contaminante el tipo lucrativo de energía. Por lo tanto, le pido a este Congreso que me remita legislación que imponga un límite basado en el mercado para la contaminación derivada del carbono y que impulse la producción de más energía renovable en Estados Unidos. Y a fin de apoyar esa innovación, invertiremos 15,000 millones de dólares al año para desarrollar tecnología como la energía eólica y la energía solar; biocombustibles avanzados, carbón no contaminante y más autos y camiones de consumo eficiente de combustible, construidos aquí mismo en Estados Unidos.

En cuanto a nuestro sector automovilístico, todos reconocen que años de malas decisiones y una recesión mundial han llevado a nuestros fabricantes de autos al borde del abismo. No debemos protegerlos de sus propias prácticas malas, ni lo haremos. Pero nos hemos comprometido con el objetivo de un sector automotor reequipado y reinventado que pueda competir y ganar. Millones de empleos dependen de ello. Muchísimas comunidades dependen de ello. Y creo que la nación que inventó el automóvil no puede abandonarlo.

Nada de esto sucederá sin un precio ni será fácil. Pero éste es Estados Unidos. No hacemos lo que es fácil. Hacemos lo que es necesario para hacer que este país avance.

Por esa misma razón, debemos también abordar el agobiante costo del cuidado de salud.

Se trata de un costo que ahora causa una bancarrota en Estados Unidos cada treinta segundos. Para fines de año, podría causar que 1.5 millones de estadounidenses pierdan su casa. En los últimos ocho años, las primas han aumentado cuatro veces más que los salarios. Y en cada uno de esos ocho años, un millón adicional de estadounidenses perdió su seguro médico. Es una de las principales razones por las que las pequeñas empresas cierran sus puertas y las corporaciones mandan empleos al extranjero. Y es uno de los rubros más costosos y de más rápido crecimiento en nuestro presupuesto.

Dado todo esto, ya no podemos darnos el lujo de posponer la reforma del cuidado de salud.

En tan sólo los últimos treinta días, hemos hecho más que en la última década por hacer que avance la causa de la reforma del cuidado de salud. A pocos días del inicio de sesiones, este Congreso aprobó una ley para otorgar y proteger el seguro médico de once millones de niños estadounidenses cuyos padres trabajan a tiempo completo. Nuestro plan para la recuperación invertirá en historias médicas electrónicas y nueva tecnología que disminuirá errores, reducirá los costos, asegurará la confidencialidad y salvará vidas. Lanzará un nuevo esfuerzo por buscar la cura del cáncer, una enfermedad que ha afectado la vida de casi todos los estadounidenses en nuestros tiempos. Y hace la mayor inversión en cuidado preventivo en la historia, porque ésa es una de las mejores maneras de mantener a nuestro pueblo sano y nuestros costos bajo control.

Este presupuesto lleva estas reformas un paso adelante. Incluye un histórico compromiso con la reforma integral del cuidado de salud; una cuota inicial siguiendo el principio de que debemos tener cuidado de salud económico y de calidad para todo estadounidense. Es un compromiso que se paga en parte por medidas eficientes que esperamos desde hace tiempo. Y es un paso que debemos dar si esperamos reducir nuestro déficit en los próximos años.

Ahora, habrá muchas opiniones e ideas diferentes sobre cómo lograr la reforma, y es por eso que estoy congregando a personas de negocios y trabajadores, médicos y proveedores de salud, demócratas y republicanos, para que comiencen a trabajar la próxima semana en este asunto.

No soy un iluso. Sé que no será un proceso fácil. Será difícil. Pero también sé que casi un siglo después de que Teddy Roosevelt propusiera las primeras reformas, el costo de nuestro cuidado de salud ha agobiado nuestra economía y la conciencia de nuestra nación durante demasiado tiempo. Entonces, que no quepa duda alguna: la reforma del cuidado de salud no puede esperar, no debe esperar, ni esperará un año más.

El tercer desafío que debemos abordar es la urgente necesidad de extender la promesa de la educación en Estados Unidos.

En una economía mundial en la que la destreza más valiosa que se puede vender son los conocimientos propios, una buena educación ya no es simplemente una forma de acceder a las oportunidades; es un prerrequisito.

En este momento, dos tercios de las ocupaciones de más rápido crecimiento requieren más que un diploma de secundaria. Sin embargo, poco más de la mitad de nuestros ciudadanos tiene ese nivel de educación. Entre los países industrializados, tenemos una de las más altas tasas de estudiantes que no terminan la escuela secundaria. Y la mitad de los estudiantes que comienzan sus estudios universitarios no los terminan.

Ésta es una receta para el declive económico, porque sabemos que los países que enseñan mejor que nosotros hoy en día nos superarán el día de mañana. Es por eso que será un objetivo de este gobierno asegurar que todo niño tenga acceso a una educación completa y competitiva, desde el día que nazca hasta el día que inicie una carrera.

Ya hemos hecho una inversión histórica en la educación por medio del plan para la recuperación económica. Hemos ampliado considerablemente la educación inicial y continuaremos mejorando su calidad, porque sabemos que el aprendizaje más formativo tiene lugar en esos primeros años de vida. Hemos puesto los estudios universitarios al alcance de casi siete millones de estudiantes adicionales. Y hemos proporcionado los recursos necesarios para evitar dolorosos recortes y despidos de maestros que detendrían el progreso de nuestros niños.

Pero sabemos que nuestras escuelas no sólo necesitan más recursos. Necesitan más reformas. Es por eso que este presupuesto crea nuevos incentivos para el desempeño de los maestros; vías para ascender y recompensas para el éxito. Invertiremos en programas innovadores que ya están ayudando a las escuelas a cumplir con altos estándares y disminuir las diferencias en el rendimiento. Y aumentaremos nuestro compromiso con las escuelas públicas independientes (charter schools).

Es nuestra responsabilidad como legisladores y educadores hacer que este sistema funcione. Pero es la responsabilidad de cada ciudadano participar en él. Y entonces, esta noche, le pido a todo estadounidense que se comprometa por lo menos a un año o más de educación superior o capacitación laboral. Esto puede ser en una institución comunitaria de enseñanza superior o una universidad de cuatro años; capacitación vocacional o pasantía. Pero independientemente de la capacitación, todo estadounidense deberá contar con algo más que el diploma de la secundaria. Y abandonar la escuela secundaria ya no es una opción. No es solamente darse por vencido, es fallarle al país, y este país necesita y valora el talento de todo estadounidense. Es por eso que proporcionaremos la ayuda necesaria para que concluyan sus estudios universitarios y logren un nuevo objetivo: para el 2020, Estados Unidos volverá a tener la más alta tasa mundial de personas con grado universitario.

Sé que el precio de las matrículas es más alto que nunca, por lo que si están dispuestos a ofrecerse de voluntarios en sus vecindarios y hacer aportes a su comunidad o ponerse al servicio de su país, nos aseguraremos de que pueda pagar una educación universitaria. Y para alentar un espíritu renovado de servicio nacional para esta generación y las futuras, le pido a este Congreso que me remita la legislación respaldada por ambos partidos que tiene el nombre del senador Orrin Hatch, como también el de un estadounidense que nunca ha dejado de preguntar qué puede hacer por su país: el senador Edward Kennedy.

Esta política educativa les abrirá las puertas a nuestros hijos. Pero depende de nosotros el asegurarnos de que pasen por ellas. A fin de cuentas, no existe programa ni política que pueda sustituir a una madre o un padre que vaya a las reuniones con los maestros o que ayude con los deberes después de la cena o que apague el televisor, guarde los videojuegos y le lea a sus hijos. Les hablo no sólo como Presidente, sino como padre cuando les digo que la responsabilidad por la educación de nuestros hijos debe comenzar en casa.

Tenemos, por supuesto, otra responsabilidad con nuestros hijos. Y ésa es la responsabilidad de asegurarnos de que no hereden una deuda que no puedan pagar. Con el déficit que nosotros heredamos, el costo de la crisis que enfrentamos y los desafíos a largo plazo que debemos afrontar, nunca ha sido más importante asegurar que a medida que nuestra economía se recupere, hagamos lo necesario para reducir este déficit.

Es un orgullo para mí que aprobáramos el plan para la recuperación sin asignaciones para proyectos particulares (earmarks), y deseo que se apruebe un presupuesto el próximo año que asegure que cada dólar gastado refleje sólo nuestras más importantes prioridades nacionales.

Ayer tuve una cumbre fiscal en la que prometí reducir el déficit a la mitad para fines de mi primer periodo como Presidente. Mi gobierno también comenzó a analizar el presupuesto federal rubro por rubro para eliminar los programas ineficientes y que desperdician dinero. Como se pueden imaginar, éste es un proceso que tomará tiempo. Pero estamos comenzando con las partidas más grandes. Ya hemos identificado ahorros por dos billones de dólares en la próxima década.

En este presupuesto, acabaremos con programas educativos que no funcionan y con pagos directos a agroempresas grandes que no los necesitan. Eliminaremos los contratos otorgados sin licitación que han malgastado miles de millones en Irak, y reformaremos nuestro presupuesto de defensa para que no paguemos por armamento de la época de la Guerra Fría que no usamos. Eliminaremos el despilfarro, fraude y abuso en nuestro programa de Medicare que no mejore la salud de las personas mayores, y devolveremos un sentido de equidad y equilibrio a nuestro código tributario acabando por fin con los recortes tributarios a corporaciones que envían nuestros empleos al extranjero.

Para rescatar a nuestros niños de un futuro con endeudamiento, también acabaremos con los recortes tributarios del 2% más acaudalado entre los estadounidenses. Pero permítanme ser perfectamente claro, porque sé que escucharán las mismas afirmaciones de siempre que dicen que acabar con esos recortes significa un aumento masivo en los impuestos del pueblo estadounidense: si su familia gana menos de $250,000 al año, sus impuestos no aumentarán ni diez centavos. Les repito: ni diez centavos. De hecho, el plan para la recuperación otorga un recorte tributario –correcto, un recorte tributario– para 95% de las familias trabajadoras. Y esos cheques están en camino.

A fin de mantener nuestro bienestar fiscal a largo plazo, también debemos abordar los costos en aumento de Medicare y el Seguro Social. La reforma integral del cuidado de salud es la mejor manera de afianzar el Medicare para el futuro. Y también debemos dar inicio a la conversación sobre maneras de hacer lo mismo con el Seguro Social y a la vez, crear cuentas de ahorro universales y libres de impuestos para todos los estadounidenses.

Finalmente, ya que también padecemos de una falta de confianza, me he comprometido a restaurar un sentido de honradez y responsabilidad en nuestro presupuesto. Es por eso que este presupuesto mira diez años hacia el futuro y da cuenta de gastos que se omitían conforme a las viejas normas, y por primera vez, eso incluye el costo total de luchar en Irak y Afganistán. Durante siete años, la nuestra ha sido una nación en guerra. Dejaremos de esconder su precio.

Estamos examinando detenidamente nuestra política en ambas guerras, y pronto anunciaré un camino a seguir en Irak que deje a Irak en manos de su pueblo y acabe con esta guerra de forma responsable.

Y con nuestros amigos y aliados, dictaremos una nueva estrategia integral para Afganistán y Pakistán a fin de vencer a Al Qaida y combatir el extremismo. Porque no permitiré que los terroristas confabulen contra el pueblo estadounidense desde refugios al otro lado del mundo.

Mientras nos reunimos esta noche, nuestros hombres y mujeres de uniforme hacen guardia en el extranjero y otros más se alistan para su movilización. A todos y cada uno de ellos, y a las familias que sobrellevan la carga silenciosa de su ausencia, los estadounidenses se unen para enviarles un mensaje: respetamos su servicio, nos inspiran sus sacrificios, y cuentan con nuestro apoyo inquebrantable. Para aliviar la carga de nuestras fuerzas armadas, mi presupuesto aumenta el número de soldados e infantes de Marina. Y a fin de cumplir con nuestras sagradas obligaciones para con quienes están en el servicio, aumentaremos su paga y les otorgaremos a nuestros veteranos la expansión del cuidado de salud y los beneficios que se merecen.

Para derrotar al extremismo, debemos también estar alerta y respaldar los valores que nuestras tropas defienden, porque no existe fuerza más poderosa en el mundo que el ejemplo de Estados Unidos. Es por eso que he ordenado que se cierre el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, y procuraremos que se lleve ante la justicia, de forma rápida y segura, a los terroristas capturados, porque vivir conforme a nuestros valores no nos hace más débiles; nos da mayor seguridad y nos da mayor fuerza. Y es por eso que puedo pararme aquí esta noche y decir, sin excepciones ni evasivas, que Estados Unidos no tortura.

En nuestras palabras y acciones, estamos mostrándole al mundo que se ha iniciado una nueva era de participación, pues sabemos que Estados Unidos no puede hacerle frente solo a las amenazas de este siglo, pero el mundo no puede afrontarlas sin Estados Unidos. No podemos eludir la mesa de negociación ni ignorar a los enemigos o las fuerzas que podrían causarnos daño. En vez, se nos llama a proseguir con el sentido de confianza y franqueza que exige la seriedad de los tiempos.

Para procurar el progreso hacia una paz segura y perdurable entre Israel y sus vecinos, hemos designado a un enviado para apoyar nuestros esfuerzos. Para hacerle frente a los desafíos del siglo XXI –desde el terrorismo hasta la proliferación nuclear; desde las enfermedades pandémicas hasta las amenazas cibernéticas y la pobreza agobiante– afianzaremos viejas alianzas, forjaremos nuevas y usaremos todos los elementos de nuestro poder nacional.

Y para responder a una crisis económica que es mundial en su alcance, estamos colaborando con los países del G-20 a fin de restaurar la confianza en nuestro sistema financiero, evitar la posibilidad de un aumento en el proteccionismo y estimular la demanda de productos estadounidenses en mercados de todo el mundo; porque el mundo depende de que tengamos una economía sólida, así como nuestra economía depende de la solidez de la internacional.

Ahora que nos encontramos en un momento decisivo de la historia, los ojos de todas las personas en todas las naciones se posan en nosotros una vez más, y nos observan para ver qué hacemos en este momento; aguardan nuestra dirección.

Los que estamos aquí reunidos esta noche hemos sido escogidos para gobernar en tiempos extraordinarios. Es una gran carga, pero también un gran privilegio que se ha confiado a pocas generaciones de estadounidenses; porque en nuestras manos recae la capacidad de influir en nuestro mundo para bien o para mal.

Sé que es fácil perder de vista este hecho, caer en el cinismo y en la duda, dejarnos consumir por lo mezquino y lo trivial.

Pero en mi vida, también he aprendido que la esperanza se encuentra en lugares poco probables; que la inspiración proviene no de quienes son más poderosos o célebres, sino de los sueños y las aspiraciones de los estadounidenses que no tienen nada de comunes y corrientes.

Pienso en Leonard Abess, el presidente de un banco en Miami quien, según se reportó, vendió su parte de su compañía, recibió una bonificación de $60 millones y se la dio a todas las 399 personas que trabajaron para él y a otras 72 que solían hacerlo. No se lo dijo a nadie, pero cuando un diario local lo averiguó, simplemente dijo, ”Conozco a algunas de esas personas desde que tengo 7 años. No me pareció correcto que sólo yo recibiera el dinero”.

Pienso en Greensburg, Kansas, un pueblo que fue destruido totalmente por un tornado, pero que está siendo reconstruido por sus residentes, en un ejemplo global de cómo toda una comunidad puede funcionar con energía no contaminante, cómo ésta puede llevar empleos y actividad comercial a un lugar donde alguna vez yacían rumas de ladrillos y escombros. “La tragedia fue terrible”, dijo uno de los hombres que ayudó en la reconstrucción. “Pero la gente de acá sabe que también les brindó una oportunidad increíble”.

Y pienso en Ty’Sheoma Bethea, la niñita de esa escuela que visité en Dillon, Carolina del Sur, un lugar donde los techos gotean, la pintura se pela de las paredes y tienen que dejar de enseñar seis veces al día porque el tren pasa a toda velocidad cerca de su aula. Le dijeron que su escuela no tiene esperanza, pero el otro día después de clases fue a la biblioteca pública y les escribió una carta a las personas sentadas en este recinto. Incluso le pidió dinero a su director para comprar una estampilla. La carta nos pide ayuda y dice, “Somos simplemente estudiantes tratando de ser abogados, médicos, congresistas como ustedes y algún día, presidentes, para que podamos producir un cambio no sólo en el estado de Carolina del Sur sino también en el mundo. No somos de los que se dan por vencidos”.

No somos de los que se dan por vencidos.

Estas palabras y estos casos nos dicen algo sobre el espíritu de las personas que nos trajeron aquí. Nos dicen que incluso en los momentos más duros, en medio de las circunstancias más difíciles, existe una generosidad, una adaptabilidad, una decencia y una determinación que perseveran; una voluntad de asumir responsabilidad por nuestro futuro y por la posteridad.

Su determinación debe ser nuestra inspiración. Sus inquietudes deben ser nuestra causa. Y debemos mostrarles a ellos y a todo nuestro pueblo que estamos a la altura de la tarea ante nosotros.

Sé que hasta ahora no hemos estado de acuerdo en todo, y no hay duda de que en el futuro habrá ocasiones en las que discreparemos. Pero también sé que todo estadounidense sentado aquí esta noche ama a este país y quiere que tenga éxito. Ése debe ser el punto de partida para cada debate que tengamos en los próximos meses y el punto de retorno cuando concluyan dichos debates. Ésa es la base sobre la cual el pueblo estadounidense espera que encontremos terreno común.

Y si lo hacemos, si nos unimos y sacamos a este país de la profundidad de esta crisis; si hacemos que nuestra gente vuelva a trabajar y volvemos a poner en marcha el motor de nuestra prosperidad; si enfrentamos los desafíos de nuestros tiempos y hacemos un llamado a ese espíritu perdurable de un estadounidense que no se da por vencido, entonces algún día, dentro de muchos años, nuestros hijos podrán decirles a sus hijos que éste fue el momento en que hicimos, en palabras que están talladas en este recinto, “algo digno de ser recordado”. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos de América.

http://spanish.bogota.usembassy.gov/pr_16_250209.html

Límites al Estado de Inopia, de Fernando Suárez en El Confidencial

A finales del siglo XIX, Otto von Bismarck puso la primera piedra del Estado del Bienestar contemporáneo: un esquema de prestaciones públicas destinadas a reducir la desigualdad, fomentar la integración social y mitigar la pobreza según estructuras de dependencia intergeneracional y solidaridad. Camino de cumplir 70 años, el Beveridge Report sentó a su vez las bases de los modernos sistemas de seguridad y protección sociales, según tres principios esenciales que, en plena Segunda Guerra Mundial, resultaban críticos.

El primero quedaba resumido en la frase un momento revolucionario de la historia mundial es tiempo de revoluciones, no de parches. El segundo cimentaba la política de progreso social como una batalla contra cinco gigantes: necesidad, enfermedad, ignorancia, miseria y ociosidad. Por último, criterios de reciprocidad. El esfuerzo debía ser fruto de la cooperación entre el Estado y el individuo. Cobertura a cambio de servicio y contribución, evitando ahogar el incentivo, la oportunidad y la responsabilidad individual. Permitir margen de maniobra y estímulos suficientes para la acción voluntaria orientada a mejorar la propia situación personal y familiar. Amparo sin provocar desidia.

Pero los tiempos cambian, nuevo collar. Don Carnal utiliza maschera dello speziale apareciendo como Estado del Bienestar democrático y solidario cuando, en realidad, es la coartada de la partitocracia absolutista. Bajo la careta se esconde, ya saben, una monstruosa estructura burocrática multinivel, siempre dispuesta a engordar a cambio de más servidores, bienes y servicios de dudosa necesidad, difícil financiación y peor administración. Su insaciable apetito recaudatorio, proporcional a su creciente tamaño, debe ser convenientemente alimentado por prudentes ahorradores, inversores de talentos, emprendedores, justos comerciantes y obreros de la honestidad profesional, para así dotar de bicocas y prebendas al resto de paniaguados del sistema.

Necesidad, ignorancia y ociosidad han sido finalmente combatidas con sobreprotección, condescendencia infinita y desmantelamiento de la formación integral en principios y deberes, a todos los niveles. Asesinada la Parábola de los Talentos, quien los entierra obtiene igual o mejor premio que quien los arriesga. Aventada la meritocracia basada en el binomio esfuerzo-recompensa, nada se niega, reprensión inexistente, impunidad. La cultura de la subvención y el subsidio han creado una relación patológica de dependencia trufada de conflictos de intereses. Clientelismo político y pesebrismo público. Imposible adelgazar. Indolencia conformista, hedonismo compulsivo y picaresca autóctona para una sociedad decadente donde la convivencia pende del fino hilo de la improvisación, la dejación de funciones, las corruptelas y el ande yo caliente. Tenemos lo que nos merecemos, sí, fiel reflejo de nuestra sociedad.

Evolución del Panem et circenses hacia la Cultura del bienestar y el ocio. Atrás quedan sombrías fórmulas totalitarias de turismo de masas por trabajar con alegría o merecidos recreos en Butlins sudados de esfuerzo. Fuera límites, éxito sin mérito. La vie en rose. Oportunidad única del Estado benefactor para someter cuales súbditos a sus ciudadanos mediante la gestión del equilibrio de los tercios sociales: una parte apoya y se beneficia, otra se opone y padece,  y la última, abonada al NS/NC, se adapta a lo que le echen. Demasiadas cigarras para tan pocas y tan explotadas hormigas. Esperanzas fundadas en que la reversión del tercio acomodaticio se escore hacia el hormiguero antes de que éste sea abandonado por sus exhaustos moradores.

El Bien Político no tiene sustitutivo perfecto, partitocracia o caos, nos dicen. Mensaje que cala y se retroalimenta mediante proselitismo mediático, dádivas y caramelos. Proteger el mercado político con barreras de entrada consistentes en desplazamientos hacia la derecha de la curva de costes mediante publicidad institucional y propaganda. Impedir la competencia de nuevos participantes que tendrían que realizar ingentes inversiones para atraer la atención ciudadana y así posicionar su imagen de marca. Costes unitarios prohibitivos en términos de votos. El pastel es demasiado goloso para ser com-partido. Al ciudadano no le quedan más alternativas que apechugar o rebelarse. Ambas salen caras.

Henos aquí porque hace tiempo otorgamos carta de naturaleza e impunidad para invalidar las restricciones que impedían conquistar Jauja. Cautiva y desarmada, desbarre non stop. Tomar conciencia de la letra pequeña, del coste real de ser sometidos en nuestro nombre y por nuestra propia mano, supone llegar tarde para cuidarse de lo que uno desea. Programas de contención del descontento social basados, curiosamente, en apretar la soga y el cinturón a los contribuyentes en lugar de contener el despilfarro, las gollerías y las cacerías con pólvora del rey. En épocas de vacas famélicas el apetito confiscatorio se dispara y, como no se puede sacar de donde no hay, se aprietan tuercas y se exprimen los bolsillos ciudadanos.

El ejercicio del poder coactivo del Estado del Bienestar pasa por enterrar literalmente a los ciudadanos, reconvertidos en serviles súbditos, bajo una ingente y absurda montaña de regulaciones y leyes ininteligibles de inexcusable cumplimiento, salvo para aquella casta de privilegiados inmunes, gozosos de impunidad. Ley del embudo. Una vez fijado el corpus normativo, vía libre para inundar el sistema financiero con instrumentos de pago basados en papel, tinta y confianza prestada, orientados a la mutua liquidación de tributos y contribuciones.

El dinero fiduciario es un activo para el agente privado, pero no un pasivo del emisor, dada la inconvertibilidad del papel moneda salvo en papel moneda, generando una solvencia asimétrica entre ellos. La aceptación del agente privado de recibir pago en dinero fiduciario constituye una liquidación definitiva entre las partes, sin que aquél pueda reclamar nada más. Interesante, Dr. Buiter. Dada la dependencia intergeneracional del sistema, las ronchas que el maná de Papá Estado va dejando en herencia, y que deben ser sucesivamente amortizadas, cada vez pesan más, volviéndose imposibles de atender. ¿Deuda perpetua…?

John Horsley Palmer, Gobernador del BoE (1830-1833), escribiría: si el papel moneda fuese desacreditado por cualquier convulsión política interna, entonces sólo podría ser defendido por el poder del Gobierno y, en tales momentos, el deber de los Ministros de la Corona se convierte en asumir la responsabilidad de mantener el crédito público. Para aliviar el descrédito comercial, el organismo emisor debería estar suficientemente formado como para poder brindar protección. Llegamos mal y tarde, me temo. Nos hemos pasado varios pueblos y a las nuevas generaciones no se les ha enseñado a frenar, siempre a tope.

Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Límites. De su ausencia, corríjanme si me equivoco, brota el origen de nuestras cuitas. Hora de despertar del aletargamiento y de acotar el Estado de Inopia. Tal vez haya que hundir antes de reflotar. Unas pocas normas sensatas, accesibles y orientadas al bien común; una administración ligera de equipaje, eficiente y al servicio de sus ciudadanos; una efectiva separación de poderes; un sistema electoral de representación justa y directa; mecanismos de control, escrutinio y sanción de las actuaciones públicas, con exigencia automática de responsabilidades y sin resquicios para la impunidad. Extirpación quirúrgica del dollar standard, haciendo borrón y cuenta nueva con el remanente. Begin the Beguine. Un sistema financiero internacional que no asuma como lógicas e irremediables la sucesión de burbujas y sumideros, más o menos globalizados, que roban prosperidad a generaciones enteras, encadenando miserias para acreditar las cuentas del Gran Capitán. I have a dream today.

Los salarios con inflación cero, de Primo González en Estrella Digital

Hoy viernes se conocerá el IPC adelantado que cada mes, en la última jornada laborable, facilita el Instituto Nacional de Estadística, como anticipo que el próximo 12 de marzo se convertirá en definitivo. El INE suele afinar bastante y lo que es provisional suele acabar siendo casi siempre definitivo. El mes de enero sorprendió con un descenso de la tasa anual de inflación hasta el 0,8%, la más baja desde el mes de junio del año 1969, es decir, 40 años atrás. En febrero pueden haberse producido algunos cambios sustanciales, pero es casi seguro que la tasa de inflación, es decir, la variación interanual, se mantendrá moderada.

Resulta sorprendente que la economía española haya encadenado tres meses consecutivos de caída de los precios, es decir, tres meses en los que la variación mensual respecto al mes anterior ha sido negativa. Empezó en noviembre, con descenso del 0,4%, siguió en diciembre, con un retroceso del 0,5% y ha culminado en enero, con un descenso mensual del 1,2%, lo que ha situado la variación interanual en el 0,8%.

La caída de los precios tiene buena parte de su explicación en el descenso abrupto y rápido de los precios del petróleo, que ha permitido reconducir la tasa de inflación desde el 5,3% del pasado mes de julio, cuando teníamos el precio del petróleo por encima de los 145 dólares por barril, hasta el 0,8% de enero, con un petróleo en torno a los 50 dólares por barril. Pero, con ser importante este impacto, la moderación de la inflación obedece sobre todo al freno de la demanda interna. El espectáculo de las rebajas en el mes de enero ha sido todo un indicativo de las dificultades de venta por las que atraviesan prácticamente todos los sectores de la economía española. No hay producto e incluso servicio que se salve de las rebajas, con mayor o menor intensidad.

En el mundo inmobiliario, el impacto de los precios posiblemente esté aún muy lejos de dejarse sentir, aunque al menos han dejado de aumentar de forma casi siempre acelerada. Se empiezan a ver recortes de cierta consideración pero el mercado español está siendo, de momento, el más reacciona de toda Europa a las bajadas de tipos, según encuestas supranacionales. Es muy probable que la demanda de vivienda se reanime cuando los precios adquieran unos niveles más acordes con la realidad, que implica posiblemente dar marcha atrás y volver a precios de dos o incluso cuatro años atrás.

Hay, en suma, un ambiente de rebajas que previsiblemente se va a prolongar algo más que de costumbre y que en el mes de febrero ha estado más vigente y con mayor intensidad que nunca en años atrás, lo que invita a esperar un nivel de inflación bastante aceptable en estos meses iniciales del año. Es, en todo caso, una experiencia a la que no estamos acostumbrados los españoles y mucho menos los que negocian los convenios y las alzas salariales cada año.

¿Tiene sentido que, en este entorno, las remuneraciones de los funcionarios, que no tienen riesgo de perder el empleo como sucede en el sector privado, hayan aumentado en los Presupuestos de 2009 en torno al 3,85%, aumento integrado por un 2% de la masa salarial y el resto por complementos? ¿Cuántos trabajadores en el sector privado van a poder decir este año -si logran mantener el empleo- que verán sus salarios incrementados en casi un 4%? Los altos cargos de la Administración no se beneficiarán de aumentos salariales este año, según decisión adoptada en el momento de elaboración de los Presupuestos. Ha sido una decisión sensata y ejemplarizante. En el sector privado, desde principios de mes estamos viendo anuncios incluso más drásticos, de rebajas de los salarios en los ámbitos directivos, en algunos casos del 10% y en otros incluso más. No es lo mismo una congelación o un recorte salarial en un alto directivo empresarial o bancario que en un trabajador de base, pero está bien que las actitudes testimoniales vayan en la dirección correcta. Los salarios de los trabajadores de base o medios tienen, no obstante, un importante efecto global, ya que la masa salarial es la que contribuye a formar los costes de producción de las empresas y del conjunto de la economía.

Este año, el tira y afloja será complejo y la negociación salarial está inevitablemente orientada a la baja. Las referencias con las que pueden orientarse de los trabajadores del sector privado invitan claramente a la moderación, ya que con una economía en baja, los recortes de costes acaban inevitablemente en recortes de empleo, en especial si no existe un compromiso claro de contención salarial o de corresponsabilidad ante la crisis. Hay empresas en las que estos compromisos se están alcanzando de forma bastante aceptable y son posiblemente el único camino para tratar de minimizar el coste social de la crisis.

La banca y el desempleo, de Vicenç Navarro en Rebelión

Ha sido una constante en la historia de nuestra democracia que cuando el desempleo aumenta en España la comunidad bancaria, dirigida por el Banco de España, lo atribuye siempre a las supuestas rigideces del mercado de trabajo, consecuencia del excesivo proteccionismo promovido por los sindicatos.

De ahí que fuera predecible que al aumentar el desempleo en España (mayor que en cualquier otro país de la Unión Europea) haya habido una respuesta del gobernador del Banco de España, el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez (conocido por su pensamiento económico liberal) que ha centrado sus recetas de cómo resolver la crisis de empleo en la necesidad de flexibilizar todavía más el mercado de trabajo. Estas declaraciones han contrastado con un silencio ensordecedor sobre la enorme responsabilidad que la banca ha tenido en la crisis financiera y económica del país, causa mayor del elevado desempleo. Veamos los datos.

Durante la década y media siguiente a la Transición, dos de los hechos que llamaban más la atención eran el elevado precio del dinero que prestaba la Banca (uno de los más altos en la Comunidad Europea), y la exhuberancia de sus beneficios (la tasa de beneficios netos de la Banca española fue casi tres veces mayor que la tasa de beneficios netos de la Banca francesa, casi el doble que la Banca alemana, más de cuatro veces que la Banca belga, casi el doble de la Banca italiana, casi tres veces mayor que la Banca holandesa y casi el doble de la Banca británica (ver “La Economía Política de la Banca Española” en Navarro, V., Globalización Económica, Poder Político y Estado del Bienestar”. Ariel Económica. 2000). Tales beneficios no se basaban en su mayor eficiencia, sino en un comportamiento oligopolístico, resultado de unas políticas del Estado altamente proteccionistas de la banca española, la cual se opuso exitosamente a la apertura del sector bancario al capital extranjero. Como consecuencia de ello, el coste de pedir el dinero a la banca por parte del empresariado español era el más elevado de Europa. El empresariado de la manufactura en España tenía que pagar casi el doble que el empresario de la manufactura en EE.UU., y más del doble que el empresariado japonés. Ello explica, en parte, las enormes dificultades que experimentó la manufactura, con la consiguiente destrucción de empleo y elevado crecimiento del desempleo. Este fue uno de los orígenes de la desindustrialización de España y del establecimiento de una economía especulativa basada en el matrimonio banca-industria inmobiliaria. Como bien dijo entonces el Finantial Times (15 marzo 1991), “Durante los años expansivos de la economía española, se vio un gran crecimiento en las inversiones financieras que en su mayor parte derivaron hacia actividades de tipo especulativo –principalmente hipotecario- en lugar del incremente del tejido productivo”. No podía haberse escrito más claro. Estas políticas fueron bendecidas por el Banco de España con la aprobación de los sucesivos gobiernos españoles. Este complejo banca-inmobiliarias y empresas constructoras han sido el eje del crecimiento económico de España desde entonces.

El mundo empresarial de la manufactura y de los servicios intentó compensar la enorme carestía del dinero prestado por la Banca mediante la reducción de los salarios, intento exitoso puesto que el crecimiento anual real salarial por persona trabajadora creció durante aquel periodo sólo un 1,8% comparado con el promedio de la UE-15, que fue de 5,2%.

El elevado coste del dinero implicaba también una peseta sobrevalorada que dificultaba las exportaciones españolas. El origen de la elevada negatividad de la balanza del comercio exterior se basa precisamente en aquel hecho. La entrada de España en la zona euro ha eliminado esta situación, pero tal entrada se ha realizado (en la década de los años noventa) de manera beneficiosa a la banca y a costa de un gran sacrificio de la población asalariada y de un considerable subdesarrollo de nuestro estado del bienestar. Como he demostrado en otro lugar (“El Subdesarrollo Social de España: causas y consecuencias. Anagrama. 2006), la reducción del déficit del presupuesto del Estado (exigido por el Pacto de Estabilidad), se hizo a costa de que los recursos que durante los años ochenta iban a corregir el enorme retraso del gasto público social de España se gastaran en los años noventa en reducir el déficit del presupuesto del Estado de manera tal que cuando las cuentas del Estado se equilibraron (para alcanzar incluso más tarde un superávit), el déficit social de España, medido por la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 (el grupo de países de desarrollo económico más semejante al nuestro) había aumentado considerablemente. Esto quiere decir que nosotros gastamos cada vez menos (en términos proporcionales) en nuestras escuelas, en nuestros servicios sanitarios, en nuestra vivienda social y en nuestras pensiones que el promedio de países de la UE-15. La integración monetaria se hizo a costa de nuestro estado del bienestar. Y también a costa de una reducción de la masa salarial (porcentaje que las rentas del trabajo representan de toda la renta nacional). Ello ha ido acompañado de un incremento exuberante de las rentas del capital, y muy en especial de las rentas de la Banca, la cual continúa siendo una de las que muestran beneficios mayores en el mundo. Ahora bien, la burbuja inmobiliaria (estimulada por el comportamiento especulativo del complejo banca-inmobiliaria) explotó. La mitad del desempleo creado se debe al colapso de la construcción sostenido por aquel complejo. Es más, el pánico creado en la Banca ha determinado también la dificultad de conseguir crédito, causa mayor de la recesión y de la destrucción de empleo, atribuida por el Gobernador del Banco de España (como era de esperar) a una inexistente rigidez del mercado laboral.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.

Tras el paro, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Tres cuartas partes de los encuestados aprueban el paro judicial. Los factores de poder político en el Estado, incluidos los medios de comunicación del PSOE, lo condenan. Son señales inequívocas de que el movimiento judicial simpatiza con la sociedad y perturba las entrañas del Régimen. Seria iluso creer que la judicatura conoce y quiere las últimas consecuencias del conato de independencia iniciado. No tiene conciencia de su fuerza para transformar en poder estatal, independiente de partidos, gobiernos y parlamentos, su actual condición de potestad jurisdiccional subordinada. Pero ha dado ya un paso al frente para adquirirla. Ahora sabe quienes son sus radicales enemigos, sus potenciales amigos y sus lazos sociales con los profesionales del derecho. Contra lo pensado por Carl Schmitt y Mao Tsé Tung, este conocimiento elemental sólo constituye la sabiduría de la preconciencia política. El paso a la conciencia de poder independiente lo dará empujada por los acontecimientos que se avecinan.

Aunque la unidad interna sea un objetivo deseable, sería un grave error intentarla con la unificación de las Asociaciones, como pide “Foro Judicial Independiente”. Lo decisivo es la unidad de acción táctica en una estrategia común. Y “Jueces para la Democracia”, además de vocación al rol traicionero de última hora –como PSOE y PC ante la ruptura democrática de la dictadura-, nunca se enrolará en lo que otros inicien. Más importante que la unificación es la unidad de vocabulario inequívoco, que indique con precisión las diferencias sustantivas con el usado por los enemigos y adversarios. Las pancartas del 18-F, por ejemplo, llamaban servicio público a la función judicial. Lo cual indica que aún no saben los jueces cual es la base conceptual de su derecho a la independencia, concebida como poder judicial y no como potestad jurisdiccional. En esta confusión ideológica, en esta falsedad terminológica se basa el engaño constitucional de llamar irrisoriamente poder judicial a la potestad jurisdiccional que tienen individualmente todos los juzgadores. La quieren rebajar a mero servicio público los que, no obstante la dependencia de todo lo servicial, se han pronunciado contra el paro. Si fuera ya un poder independiente seria vacuo su derecho de huelga. También se deben emplear en sentido propio las voces paro y huelga. Ésta es una reivindicación colectiva mediante la resistencia a trabajar hasta obtener satisfacción total o parcial de la misma, mientras que aquél es una protesta colectiva como primera prueba de fuerza de la impotencia. La idea de servicio público envilece la función judicial.

florilegio

“Huelga con fecha de caducidad, paro presuntuoso.”

El anclaje constitucional, de Julia López López en La Vanguardia

DEBATE: Jueces y huelga

Dentro del debate que ha provocado la convocatoria de huelga hecha por los jueces son, en mi opinión, tres niveles los que habría que diferenciar para evitar que un debate desordenado y acalorado acabe acallando la voz constitucional. Se trataría básicamente de contestar a tres preguntas. La primera de ellas, si los jueces son titulares, junto con el resto de los trabajadores, de un derecho de huelga; la segunda, si ese derecho – en el caso de contestar afirmativamente la primera cuestión-es ilimitado; y la tercera afectaría a la efectividad de la huelga en el contexto en el que se produce. Las respuestas forman un conjunto interactivo que es imprescindible tener presente.

Respecto a la primera cuestión, la respuesta, en mi opinión, no ofrece ninguna duda desde el punto de vista constitucional. El derecho de huelga de los jueces les deriva del artículo 28.2 del texto constitucional, que reconoce un derecho de huelga a los trabajadores, término este donde, desde luego, hay que incluir a los jueces. La estructura del artículo 28 CE permite diferenciar dos derechos fundamentales, el de libertad sindical (artículo 28.1 CE) y el de huelga. Por el fuerte anclaje constitucional del derecho de huelga de los jueces como trabajadores, no es posible irradiar, de la prohibición del derecho de libertad sindical que este grupo tiene, la prohibición también del derecho de huelga. Se trata de una huelga sobre condiciones de trabajo; así, las referentes al salario o a la conciliación de la vida familiar y laboral son ejemplos claros en esta línea. Como contexto, datos de mi trabajo me permiten afirmar que de 1991 al 2007 el Tribunal Supremo ha pasado, en promedio anual, a dictar sentencias sobre salario base del 7,25 al 93,83 (véase Un lado oculto de la flexibilidad salarial: el incremento de la judicialización,Bomarzo, 2008).

Sentadas estas bases constitucionales, nos encontramos delante de servicios de inaplazable necesidad y, por tanto, dentro de la razonabilidad y proporcionalidad, la fijación de unos servicios mínimos se impone. El éxito o no de la convocatoria dará y quitará razones, pero no en términos de titularidad, sino de oportunidad. Ya se ha conseguido un objetivo: que se conozca la dimensión del conflicto y que se movilice al empleador en la resolución. A mí me ha ayudado para entender mirar El grito,de Edvard Munch, no sé si les servirá a otros.

JULIA LÓPEZ LÓPEZ, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPF.

Los jueces, esos privilegiados, de José Carlos Orga en El Mundo

LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA: En primera persona

Aquélla fue la primera vez que Epi no salió a recibirme. Cuando entré en casa abrió los ojos, me miró ofendido y siguió durmiendo.Entonces era prácticamente un cachorro, 12 meses tendría, pero llevaba 23 horas esperándome y eso es demasiado para cualquiera, por muy Labrador adorable que seas.

Era el 1 de enero de 2001 y yo era el juez de guardia de Cervera (Lérida). Le había hecho el favor a mi compañera de Tremp (también Lérida, pero no muy cerca de Cervera) de sustituirla en Nochevieja y aquello se había desbordado. Tras brindar con la familia para recibir el nuevo año, sonó el teléfono de guardia y no dejó de hacerlo hasta casi el día siguiente. Trescientos kilómetros de lado a lado, tres levantamientos de cadáver, un habeas corpus y una agresión sexual a una mujer que al día siguiente volvía a su Alemania natal, por lo que había que recibirle declaración con intérprete y de urgencia. Todo ello me había dejado exhausto, pero ávido de contarle todo a mi mujer. Ella me esperaba despierta, ya sola puesto que su familia había vuelto a Zaragoza y, tan embarazada como atenta, me escuchó todo lo que quise contarle.Cuando acabé, me dijo: «¿Y cuánto te pagan por hacer la guardia de Tremp?». «Nada», le dije. «¿ Y por la tuya?». «Pues ya lo sabes, 2.000 pesetas por día, 14.000 por toda la semana». «Ya, bueno, lo importante es que has tratado bien a esa mujer». «Claro, eso es lo importante. Si yo no voy, tendría que haber contado lo de la violación varias veces, al médico, a la policía, al juez, y mañana se iba a Alemania. Así, con una vez vale, ya está hecho y ella más tranquila, dentro de lo que cabe. Y el violador, en la cárcel».

«Eso es lo importante», dijimos.

Han pasado ocho años. Epi sigue creyendo que cada vez que salgo de casa me lo voy a llevar. Eso ya no es tan importante para mí; tengo cuatro hijos pequeños y hay prioridades. Pero cuando los niños se duermen y Epi ya ha salido por la tarde, a veces vuelvo al despacho a las nueve de la noche y lo último que veo antes de cerrar la puerta de casa son sus ojos, esa mirada del Labrador, y cada vez me cuesta más irme.

Hace poco me volvió a pasar. Era miércoles y el día anterior había acabado la guardia. Ahora soy magistrado, que es como juez pero más viejo. Y estoy en Logroño. Pero si en Cervera hacía guardia una semana cada dos, ahora la hago cada tres. Y si hace ocho años me pagaban 14.000 pesetas limpias, ahora cobro 200 euros por toda la semana; tampoco he mejorado tanto. La guardia del juez, ya saben, 24 horas diarias disponible durante siete días, tomando constantemente decisiones críticas sobre la vida, la libertad, el patrimonio y la protección de las personas, hasta acabar agotado.

Aquella guardia había sido de las peores. Hasta 30 juicios rápidos, detenidos mañana y tarde, muchos días sin parar más que una hora para comer, todo el fin de semana resolviendo órdenes de protección por violencia contra la mujer; 250 atestados, denuncias o partes médicos para resolver al día, pues entre ellos puede haber noticia de menores o ancianos maltratados, o mujeres en peligro. En fin, mucho trabajo y todo puede ser crítico y urgente. Culminé la guardia con lo que se llama su octavo día, el martes, con 28 juicios de faltas celebrados sin pausa y a velocidad de vértigo, que conllevaron 28 sentencias pendientes -no suspendimos ni uno- para que yo las dictara. Voy a tres sentencias por hora, y como ya el miércoles tenía declaraciones de alguno de los más de 5.000 asuntos que cada año entran en mi juzgado, las tengo que redactar por la noche, sacrificada labor a la que me dirigía ese miércoles por la noche a mi despacho.

Por la calle me crucé con María, la juez del 3, que ahora estaba ella de guardia y todavía no había comido. Iba corriendo a casa para ver a su hija antes de que se acostara, por lo que nos despedimos más que rápido. No creo que llegara porque vive un poquito más lejos del juzgado que yo.

Cuando regresé del juzgado, los niños y mi mujer ya dormían.Puse la tele y había un programa donde explicaban lo vagos que éramos los jueces.

Me puse los walkman. Por aquel entonces estaba redescubriendo las delicias del Pequeño de Bunbury, pero estaba enfadado y necesitaba algo más fuerte. Tuve que volver a Héroes: «Este es mi sitio y ésta es mi espina » atronaban cuando le dije a Epi: «Vamos a la calle», y se le alegraron los ojos.

«Esto también es lo importante», pensé.

José Carlos Orga. Magistrado

© Mundinteractivos, S.A.

Encarecimiento del despido, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Más temible que la propia crisis económica es contemplar cómo hay quien en nuestro país se enroca en las posiciones que han conducido a ella. Este es el caso del actual gobernador del Banco de España, hasta hace poco secretario de Estado de Hacienda y en los diez primeros años del felipismo secretario de Estado de Economía y Comercio.

Hay que reconocer que Fernández Ordóñez ha cambiado poco o nada sus planteamientos en los últimos veinticinco años. Ello tiene su cara y su cruz. Su cara, es un hombre de convicciones; nadie le podrá acusar de ser un converso al neoliberalismo económico. Su cruz, la actual crisis económica está demostrando lo errado que estaba, y continuar anclado en los dogmas de antaño linda con la demencia, a menos que sea por intereses como los que animan a la CEOE, lo que sinceramente no creo que sea el caso de Fernández Ordóñez.

El gobernador del Banco de España comienza aseverando que las indemnizaciones por despido van de los 20 a los 45 días por año trabajado. No es cierto. Los que tal afirman olvidan que una tercera parte de los contratos (los temporales) carecen de indemnización. Tampoco gozan de ella los despedidos por causas disciplinarias, aquellos que un tribunal juzga justificados bien por un rendimiento deficiente del trabajador bien por cualquier otra falta.

Veinte días de salario por año prestado de servicio tienen como indemnización los trabajadores despedidos por las llamadas causas objetivas, graves dificultades de la empresa, ya sean de tipo tecnológico o económico. Por último, nos encontramos con aquellos llamados improcedentes, los que en puridad no deberían existir, puesto que no responden a razones ni objetivas ni subjetivas, excepto el capricho o la voluntad del empleador. En teoría, la indemnización es la equivalente al salario de 45 días por año de antigüedad; digo que en teoría porque, a partir de aprobar lo que malamente se denominó plan de fomento del empleo indefinido, los contratos firmados a su amparo tienen sólo derecho a una indemnización de 33 días por año. Pues bien, es esta modalidad de despido, la caprichosa, la que se pretende abaratar proponiendo una indemnización de 20 días por año, igualando todas las extinciones de la relación laboral, tanto las justificadas como las que no lo son.

El secretario general de la UGT afirma que lo que se intenta con esta propuesta es aprobar el despido libre, pero lo cierto es que éste, excepto para los delegados sindicales, existe ya en España desde hace muchos años. Nada impide que un empresario despida al trabajador que quiera. Lo que se pretende es que el despido, además de ser libre, sea gratuito.

Fernández Ordóñez se fija en un hecho innegable, la velocidad enorme con que el desempleo comenzó a crecer en España nada más comenzar la crisis, y que ha situado a nuestro país a la cabeza de Europa. De esa anomalía concluye que nuestro mercado de trabajo está enfermo y que necesita cura, por la vía de desregularlo aún más y de abaratar el despido, y para ilustrar su argumento nos ofrece el ejemplo de dos países en los que, según dice, la indemnización por despido es muy reducida y la tasa de paro también. No entiendo cómo un hombre aparentemente inteligente como Fernández Ordóñez puede incurrir en tales simplificaciones. De la coincidencia en el tiempo o en un sujeto de dos fenómenos, de ninguna manera se puede concluir que uno es la causa del otro y menos cuál es la causa y cuál el efecto. Seguir tal procedimiento nos podría conducir a las inferencias más descabelladas. En esto se distingue una mentalidad mágica de otra científica.

Una de las aberraciones del neoliberalismo económico es creer que los mercados están cerrados en sí mismos y que la causa de los problemas que, por ejemplo, puede tener el mercado de trabajo se encuentra en el propio mercado de trabajo y no en otras áreas de la economía, en el sector productivo o incluso en el mercado financiero. Las comparaciones internacionales deben realizarse con mucho tiento, puesto que son numerosas las variables que intervienen. La causa de las reducidas tasas de paro de Austria y Suiza hay que buscarla tal vez muy lejos del propio mercado laboral, en otras áreas económicas; y la baja indemnización por despido, lejos de ser la causa, es quizás la consecuencia. Cuando la tasa de paro es tan baja y el trabajador despedido encuentra inmediatamente empleo no se precisa que la indemnización sea cuantiosa.

Pero no hay por qué negar que nuestro mercado laboral tiene graves defectos, aunque precisamente en la dirección contraria a la que apunta el gobernador del Banco de España. Es el exceso de flexibilidad y de desregulación el que permite que la crisis se traslade inmediatamente al mercado de trabajo, y que el ajuste recaiga de forma fulminante sobre los trabajadores. Con toda seguridad, si el despido fuese más caro, en especial en lo que hace referencia a los contratos temporales, la tasa de desempleo sería inferior. Pensar lo contrario no sólo va contra las leyes económicas, sino contra el sentido común.

Fernández Ordóñez afirma que “deberíamos estar todos de acuerdo en que la mejor protección contra el desempleo no es la que se preocupa del subsidio del parado, sino la que consigue que la mayoría no pierda el trabajo”. Pues no, señor gobernador, no estamos de acuerdo. Volvemos a emplear el argumento tan profusamente utilizado en otros tiempos de la caña y el pez. “Mejor que dar un pez es enseñar a pescar”. El problema es que no siempre es posible enseñar a pescar, al menos con la rapidez que necesita el que está muriéndose de hambre.

Pero es que, además, en estos momentos la medida más eficaz para que la mayoría no pierda el puesto de trabajo es preocuparse por la prestación de desempleo. Fernández Ordóñez debería apartar por un momento la vista de la oferta económica para fijarla en el lado de la demanda, actitud que reviste especial importancia en esta crisis que es de demanda. Debería olvidar por un instante la microeconomía para adentrarse en la macroeconomía y comprender que lo que aparentemente es bueno para una empresa considerada en solitario termina siendo fatal si se generaliza para todas ellas y para la economía en su conjunto. Lo que ahora precisan las empresas es demanda y es en la reducción del consumo donde se encuentra el talón de Aquiles. En la actualidad, el dinero público mejor empleado es el que se destina a los parados, cuya propensión a consumir estará próxima a la unidad.

Incrementar la prestación por desempleo y permitir que los parados continúen consumiendo no es sólo una exigencia del Estado social, sino el mejor instrumento para impedir que otros trabajadores sean arrojados al paro.

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La mano pública y el mercado, de Federico Durán López en Cinco Días

En las últimas décadas, tras la caída de los diversos muros, físicos e ideológicos, parecía definitivamente asentada en las economías desarrolladas la idea de la superioridad del mercado, tanto en términos de eficiencia como de justicia, como mecanismo distribuidor y asignador de recursos. A pesar de los fallos todavía existentes en su funcionamiento, ningún otro sistema, y menos que ninguno el de la planificación estatal de la economía, podía garantizar mejor el desarrollo, la prosperidad económica y el bienestar de la población.

La prevalencia del mercado no significa, sin embargo, la desaparición, o la reducción a su mínima expresión, del papel del Estado. Al contrario, el desarrollo europeo y el éxito de su modelo de bienestar social, lo que hemos conocido como Estado del bienestar, responde a una precisa combinación entre Estado y mercado. A éste le correspondía la asignación y distribución de recursos; al primero, la corrección de ineficiencias y de desigualdades excesivas, procediendo, mediante la política fiscal, a una redistribución de las riquezas, y, por medio de la Seguridad Social, a garantizar a toda la población la tutela frente al infortunio y frente a situaciones de necesidad, permitiendo así, por una y otra vía, la vigencia del principio de solidaridad.

Las distintas opciones políticas podían poner el acento en uno u otro de estos polos, Estado y mercado, pero sin llegar a cuestionar, en lo fundamental, los principios de funcionamiento del sistema.

Por supuesto, a todo ello ha de añadirse la labor ordenadora, y de control y de supervisión, para garantizar el respeto de las reglas del juego, confiada a diversas instituciones públicas (bancos centrales, entidades supervisoras de los mercados de valores, instrumentos de defensa de la competencia, etcétera), tanto más eficientes cuanto más independientes.

La crisis financiera que tan violentamente nos ha estallado ha puesto de manifiesto, en todos los países, por una parte, fallos clamorosos de regulación, y sobre todo en las labores de control y de vigilancia, y por otra, la fragilidad de empresas y de sectores productivos hasta ahora considerados pilares sólidos del sistema. Lo primero exige un reforzamiento de los mecanismos reguladores y supervisores en el que el peligro a conjurar es el de la sobreactuación. Lo segundo ha llevado a una intervención pública en la economía que, saludada con alborozo por viejos estatalistas irredentos, corre el riesgo de retrotraernos a etapas ya superadas. A esto último me quiero referir.

Que en una situación de emergencia pueda producirse una aportación de capital público a determinadas empresas, sobre todo para garantizar la solvencia de la banca comercial y el buen funcionamiento del sistema financiero y crediticio, no puede llevarnos a restablecer un sector público de la economía del que tan trabajosamente nos habíamos liberado.

En el caso español, precisamente, uno de los secretos de nuestro particular milagro económico había estado, sin duda, en la apertura de la economía y en la creciente liberalización de la misma. El proceso de privatización, no enteramente culminado y no siempre bien entendido, jugó en ello un papel determinante.

Bien es verdad que se trata de un proceso no exento de paradojas ni de contradicciones (la vuelta a la mano pública, en algunos casos, además, extranjera, de empresas públicas privatizadas es quizás el ejemplo más llamativo), en el que, además, nuestro particular Estado de las autonomías ha permitido, en una versión a la inversa del mito de Penélope, que lo que destejía el Estado durante el día lo volvieran a tejer, al menos en parte, las comunidades autónomas por la noche.

Pero sería enormemente pernicioso que las voces añorantes de la banca pública y de las empresas públicas prevalecieran, y nos encontráramos otra vez al Estado, central o autonómico, vendiendo coches o vendiendo lencería (como dijo muy gráficamente el entonces ministro de Economía cuando la privatización de Galerías Preciados: ¿qué hace el Estado vendiendo lencería?).

Cuando la intervención pública se centra, además, en compañías ineficientes, que operan en mercados donde otras empresas privadas compiten y sobreviven, dicha intervención carece completamente de fundamentación y no puede justificarse por motivos políticos o sociales.

Pensemos en el caso del transporte aéreo. En un mercado cada vez más globalizado e interdependiente, en el que sólo sobrevivirán las grandes alianzas, y en el que la competencia es cada vez más despiadada, no tiene sentido obligar a empresas privadas a competir con otras soportadas públicamente y, en ocasiones, con una visión del mercado condicionada políticamente. ¿Qué sentido tiene que una compañía ejemplarmente privatizada, como Iberia, que ha logrado brillantemente sobrevivir en el mundo del negocio aeronáutico, cada vez más difícil y complejo, o que nuevas compañías, como la resultante de la fusión entre Vueling y Clickair, basada también en la apuesta y en la asunción de riesgos de sus accionistas, deban competir con empresas salvadas y sostenidas con apoyos públicos?

Y no es éste un tema que afecte sólo a la garantía de la libre competencia, o a la exigencia de un uso racional de los recursos públicos. En mercados abiertos y competitivos, garantizada una adecuada regulación y supervisión de los mismos, tanto más intensa cuanto más entren en juego intereses públicos (en el caso del transporte aéreo, la seguridad), la mano pública empresarial no debe intervenir. El final de una de las últimas grandes compañías de bandera, Alitalia, debe ser suficientemente ilustrativo de lo ilusorio de la pretensión de mantener una empresa pública sometida a una lógica distinta de la que el funcionamiento del mercado requiere.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues.

Dónde poner el foco de atención, de Joaquín Estefanía en El País

Las últimas cifras sobre la economía europea aumentan la preocupación: la situación de la Unión Europea (UE) es peor que la de EE UU, epicentro de la crisis financiera. En el último trimestre de 2008, la actividad económica de los Veintisiete retrocedió un 1,5%, frente al 1% de la americana. Especialmente inquietantes son los datos de Alemania, la locomotora europea, que decreció un 2,1%. Y a pesar de lo que se cree, el comportamiento de la economía española (-1%), siendo lastimoso, es el menos malo de las cinco grandes naciones de la zona.

En la intervención que Zapatero realizó la semana pasada en la Asociación de Periodistas Europeos para presentar los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010, subrayó el esfuerzo coordinado de la UE para lanzar un estímulo de unos 200.000 millones de euros (el 1,5% del PIB comunitario) con el fin de detener los peores efectos de la crisis. El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha evaluado el conjunto del esfuerzo fiscal comunitario en 600.000 millones de euros en dos años (plan de estímulo, más aplicación de los estabilizadores automáticos, más la recapitalización de bancos en dificultades), lo que supone el 4,5% del PIB de la zona.

La recesión se concreta en el aumento del desempleo. Hay una discusión latente sobre las razones de que el paro haya aumentado mucho más en España (la tasa más alta de la OCDE) que en otros países con similares problemas: en qué grado se debe a que aquí sigue aumentando la población activa o si hay que echar la culpa a la rigidez laboral (que en parte desmiente el proceso de destrucción de puestos de trabajo: las empresas ajustan con rapidez sus plantillas a las nuevas necesidades de producción).

Es en este contexto en el que hay que enmarcar la polémica surgida por las palabras del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO). El debate, en esencia, contiene cuatro cuestiones sucesivas. Primero, por qué el gobernador guarda un silencio sepulcral sobre la situación financiera y no contribuye a la discusión sobre si el crédito está llegando a las empresas y los ciudadanos particulares. ¿Es o no excesiva su cautela? Segundo, por qué abordó la reforma laboral, que no parece corresponderle entre los objetivos de su cargo; seguramente piensa que el desempleo sí forma parte de su negocio, ya que un millón de nuevos parados es potencialmente un millón de nuevos morosos, lo que puede debilitar la solvencia de las entidades financieras.

Tercero, qué dijo concretamente. De la lectura de su discurso no se desprende que pidiese de modo directo un abaratamiento de despido (“creo que es un error plantear el debate exclusivamente en el abaratamiento del despido y pienso que sólo podremos avanzar si se centra en encontrar las fórmulas que nos permitan aumentar la productividad, reducir las cifras de desempleo y mejorar los salarios de los trabajadores”), sino el estudio de experiencias como la danesa (4,1% de tasa de paro) o la austriaca (3,8%). En Dinamarca han optado por mejorar de modo sustancial el pago periódico (la prestación pública) a cambio de suprimir la indemnización privada por desempleo. En Austria, las empresas constituyen un fondo individual para cada uno de los trabajadores, que se pone a su disposición en caso de perder el empleo en esa empresa como forma de complementar la prestación por desempleo que recibe el Estado; cuando el trabajador encuentra empleo en otra empresa se lleva la parte no consumida del fondo, que vuelve a ser engrosada con las aportaciones de la nueva empresa. Al final de su vida laboral, el fondo disponible constituye una fuente adicional de recursos para la jubilación. Se puede estar tajantemente en desacuerdo con el gobernador, pero sobre lo que dijo, no sobre un cliché de ello.

Cuarta y última cuestión: ¿es el momento de abordar una reforma laboral cuando el problema central ha sido otro? ¿Tiene sentido desviar el foco de atención hacia la flexiseguridad (flexibilidad para las empresas y seguridad para el trabajador) en una coyuntura en la que lo que se discute es quiénes son los responsables del crash financiero, los salarios de los altos ejecutivos y la ausencia de eficacia de los organismos reguladores en los abusos? ¿Es oportuno o es sospechoso?

Crisis de Estado, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

El paro judicial del 18-F, con más trascendencia política que la de una reivindicación corporativa, rebasa los límites de una crisis de Gobierno y abre la puerta a una crisis de Estado. Por ella entrarán los factores políticos potenciados o generados por la gravedad de una crisis económica que el corrupto e incompetente Estado de partidos no podrá superar. Los síntomas son inequívocos. Las crisis de Estado se detectan cuando se descompone el principio de autoridad en todas las instituciones estatales y paraestatales. Empieza a verse en esta partitocracia terminal. La crisis estatal no se resolverá hasta que la sociedad instituya, con la Libertad política constituyente, nuevas autoridades democráticas en el Estado. La desconfianza política en las autoridades del Estado de Partidos es mayor que las padecidas por el sistema financiero y los medios de comunicación.

El fenómeno más visible, la magnitud de la desobediencia de los Juzgados y Tribunales a la autoridad judicial del CGPJ, desmorona la quimera de que existía un poder judicial independiente y patentiza la inexistencia de poder judicial alguno. Los fenómenos más soterrados, la desautorización del Banco de España de la política laboral del Gobierno, la falta de autoridad gubernamental para inducir a las entidades financieras a canalizar el dinero público hacia el crédito privado, la dependencia del Estatuto Catalán, aprobado en referéndum popular, de un tribunal político, el TC, aflorarán masivamente a la escena conflictiva con el auge del paro y el aumento de los cierres empresariales, junto a las manifestaciones airadas de los sectores afectados. La asociación patronal y los sindicatos estatales no tienen autoridad para frenar la acción directa de los desesperados que pierden su empresa o su empleo. El encierro de pequeños empresarios en las sucursales bancarias, que les niegan los créditos para capital circulante que antes les concedían, presagia lo negro por venir y el drama por vivir.

Entre lo visible y lo soterrado, sobresale el deterioro escandaloso de lo que fundamenta la estabilidad de la oligarquía política en el Estado de Partidos. La ruptura de relaciones del partido estatal de oposición formal al gobierno, con el Ministro de Justicia y la Fiscalía General, implica la entrada en una fase de desequilibrio inestable en todas las instituciones estatales, que pueden terminar políticamente “incendiadas”, como teme el ministro. En la sesión parlamentaria sobre la crisis económica, se ha visto como el estabilizador consenso partidista ha quedado reducido a la condena de la huelga judicial.

florilegio

“En lo que teme el Estado de Partidos está la esperanza de la sociedad civil.”