Déme su dinero, pero no me controle, de Antón Costas en El País de Cataluña

Imagine la siguiente escena. Un amigo cuya empresa está en riesgo por una gestión imprudente o negligente le viene a ver para pedir que le ayude a recapitalizar la empresa y evitar su quiebra. Hasta aquí la cosa es normal.

Usted valora la posibilidad de hacerlo, debido a que considera que, por motivos de interés general, es importante mantener la empresa, pero a cambio quiere controlar cómo se va a usar su dinero. Esto también parece normal.

Pero, entonces, escucha estupefacto como su amigo le dice que lo que él quiere es su dinero, pero no que controle sus decisiones ni su salario, ni mucho menos que le sustituya. Y para más inri le da una razón ofensiva: no quiere que usted entre en el consejo de administración porque le considera un mal gestor. Y se lo dice él, que es el causante del desaguisado.

En resumen, aunque está dispuesto a ayudar, a riesgo de sufrir un perjuicio económico, lo que obtiene a cambio es burla y maltrato. Dicho en forma de nuestro refranero, «cornut i pagar el beure».

Ésta no es una escena imaginaria. Es lo que está ocurriendo estos meses. Algunos banqueros y analistas están pidiendo a gritos que los gobiernos inyecten dinero público en bancos en riesgo de quiebra por mala gestión. Pero rechazan que los poderes públicos puedan intervenir para controlar que ese dinero de los ciudadanos se utilice para recapitalizar el banco y hacer volver el crédito a las empresas y las familias, y no para beneficio de sus propios gestores.

El argumento que utilizan para rechazar ese control es que el sector público es un mal gestor. Y lo dicen aquellos que, con su conducta financiera negligente o poco prudente durante los años de vacas gordas, han puesto en riesgo los ahorros de los depositantes y el dinero de los accionistas.

La presunción de que el sector privado es en todos los casos un gestor eficiente y que el sector público es, por el contrario, siempre malo no está avalada ni por la teoría económica ni mucho menos por la evidencia histórica y cotidiana.

En el caso del sistema financiero, la historia de los dos últimos siglos da muestras de una sorprendente incapacidad de los banqueros para evitar las situaciones de crisis y quiebras. Tanto que economistas solventes como es el caso de Minsky, discípulo de J. M. Keynes, e historiadores reconocidos como Charles P. Kindlerbeger hablan de la intrínseca naturaleza inestable de la banca. En este sentido, es ilustrativo leer alguno de los trabajos de este último autor publicados en castellano sobre Las crisis bancarias, o el más conocido de Manías, pánicos y cracks.

Esa incapacidad para hacer una gestión prudente se puso especialmente de manifiesto en las crisis bancarias de los años 1930 y 1980. Y lo está siendo también ahora en la crisis de 2008.

Aunque los jóvenes directivos de la banca no lo sepan, la crisis financiera de la década de 1980 se llevó por delante un tercio de la banca española de la época. Fue el buen hacer del sector público, apoyado en una buena pila de dinero de los contribuyentes, el que consiguió mantener a flote el conjunto del sistema y rescatar a algunos de los bancos que habían naufragado por mala gestión privada.

Por cierto, la mayor solidez que hasta ahora ha mostrado el sistema bancario español ante la contaminación de las hipotecas basura y de otros activos financieros de alto riesgo y mala calidad no se debe a la mayor bondad de nuestros banqueros, sino a las lecciones que las autoridades sacaron de aquel cataclismo. Para minimizar que volviese a ocurrir, el Banco de España, a la cabeza del cual estaba el malogrado Mariano Rubio, impuso una regulación más estricta de las prácticas bancarias. Ese control público fue en su día contestado airadamente por los banqueros, pero hoy es visto como tabla de salvación en la crisis actual, al menos hasta ahora, y es la que el grupo de expertos del G-20 sugiere para la banca internacional.

Este éxito, al menos en términos comparados, de la regulación española ofrece una lección sobre la que volveremos en otra ocasión: el error de confundir la defensa del libre mercado con los mercados desregulados.

La banca es un servicio público esencial en una economía moderna. Y como tal hay que preservarla. Como decía mi buen amigo Juan José Ruiz Gómez en un artículo publicado en este diario, «sin bancos no hay paraíso» (17-02-09). Pero la banca no son los banqueros. No los deberíamos considerar como los héroes del capitalismo. La historia nos dice que en muchos casos son más bien depredadores que creadores de riqueza. Leer hoy el relato de las causas de las quiebras bancarias que en la década de 1930 hicieron el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), organismo que tuvo que lidiar con los bancos quebrados, como la Federal Reserve Board de Estados Unidos es un correctivo para el descaro de algunos banqueros que vienen a decir «déme su dinero, pero no me controle».

Hemos de salvar la banca de los banqueros negligentes. Y la hemos de salvar porque el coste para toda la sociedad de no hacerlo es mayor que el coste del rescate. El temor a ser acusado de socializador no debería impedir hacer lo que hay que hacer. Pero, por otro lado, lo que no es admisible es que se pretenda utilizar masivamente el dinero de los contribuyentes pero que no se admita su control.

El reto para las autoridades es encontrar los mecanismos que permitan salvar a los bancos con el menor coste para los contribuyentes. Pero eso requiere, en cualquier caso, el control público de los bancos intervenidos. Otra cosa es dejadez de responsabilidad en el uso del dinero público.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.

Colapso bursátil. España no puede mirar hacia otro lado, de S. McCoy en El Confidencial

¿Qué es lo que está provocando la caída salvaje de los mercados de acciones en este terrible comienzo de marzo?

Primero, la constatación efectiva por parte de los inversores de la dimensión real de la crisis, que se manifiesta con mayor virulencia en las economías más transparentes y flexibles, como puede ser el caso de Japón y Estados Unidos (miren este impagable post, que certifica lo que señaló Warren Buffett este fin de semana: que la economía del país está “en ruinas”; sí es el mismo Buffett que decía en septiembre buy, buy, buy), y en las más dependientes del flujo de capital extranjero, caso de algunas naciones antes-llamadas-emergentes que ahora dejaran de merecer tal calificación.

Segundo, el temor a que la actuación de los gobiernos haya sido precipitada, improvisada y poco efectiva y a que su munición empiece a escasear cuando es más necesaria que nunca; prueba de ello serían las noticias que sobre Citigroup (conversión de acciones preferentes en ordinarias) o AIG (nueva inyección de liquidez) hemos conocido a lo largo de esta semana, la dimisión del Consejero Delegado de Freddie Mac o las dudas a la eficacia real del Plan de Obama.

Tercero, el miedo a que lo que queda por aflorar en los balances bancarios sea, al menos, similar a lo ya conocido lo que implicaría que nos encontramos a mitad de camino del saneamiento financiero: entidades que negaban la mayor, como HSBC, han tenido que pasar por el aro de la ampliación de capital mientras que periodistas tan poco sospechosas como Gillian Tett de FT advierte sobre lo que está por venir en el campo de los CDOs.

Cuarto, los propios datos empresariales con sus recortes de estimaciones y dividendos, los mayores en la historia moderna de las finanzas. La prensa norteamericana se ha quedado conmocionada por el primer recorte del pago a sus accionistas de General Electric desde 1938. De depresión a ¿depresión? y tiro porque me toca.

Quinto, el efecto apalancamiento con nuevas aperturas de posiciones cortas por determinados operadores del mercado y cierre precipitado, o más bien desesperado, de determinadas apuestas financiadas, como consecuencia del cierre del grifo del crédito. Curioso ver cómo la caída del valor de las carteras, sobre el mismo nivel de financiación, obliga a la liquidación forzada, o la contemporización momentánea, en gigantes como la propia PIMCO. Ya se sabe, consejos vendo y para mí no tengo.

Sexto, el propio pánico de los inversores que dispara la volatilidad incluso en las opciones a más largo plazo, como recogía ayer este interesante artículo de Bloomberg que hace una extrapolación a mi juicio errónea de lo que cabe esperar de los mercados en los dos próximos años a partir del precio de unos productos derivados cuyas fluctuaciones son notables en el tiempo.

Así podríamos seguir hasta que la yema de los dedos se nos quedara en carne viva de tanto teclear. Cada uno de ustedes estoy convencido que podría añadir otras tantas causas a las ya señaladas. Pero no es la finalidad última de este post de hoy.  Lo importante es saber qué lecciones se pueden aprender de lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras y no repetir los errores intramuros, que aún hay un hálito de esperanza al que aferrarse.

¿Cuáles son las principales lecciones que, de todo lo anterior, podemos extraer?

Primera, no estamos mejor que nadie. El ritmo más lento de deterioro de nuestra economía frente al de otras naciones, paro aparte, se debe precisamente a su falta de cintura. Unas rigideces interiores que provocarán una ralentización más pausada que en otras naciones más flexibles y abiertas pero igualmente una más tardía recuperación si las cosas siguen como hasta ahora. Reformar estructuralmente es aprovechar como país la crisis para limpiar nuestras ineficiencias y posicionarnos de cara al despertar futuro, cuando éste se produzca. No hay motivo para la complacencia del tuerto en el reino de los ciegos. Aprovechemos la oportunidad.

Segunda, las prisas son malas consejeras. No se pide al gobierno que haga sino que haga bien. En el enloquecido mundo actual muchas autoridades han desligado su acción de la eficacia que le es exigible y, por tanto, han condenado a sus ciudadanos a una serie de iniciativas sin pies ni cabeza de imposible concreción con el único afán de dar la sensación de que están aun habiendo renunciado a lo que son o deberían ser. Dice Solbes que hemos agotado el saldo. No va más. Bueno, pues hagamos una gestión eficiente de lo que tenemos y enmarquemos todas las actuaciones dentro de una serie de iniciativas generales que cuenten con el mayor consenso posible. No puede ser que un gobierno se dedique sin desmayo a tomar decisiones tácticas sin haber reflexionado sobre su estrategia a seguir. Administrar recursos abundantes es fácil. La escasez agudiza el ingenio. A pensar tocan.

Tercero, la confianza se pierde muy rápidamente pero su recuperación es un proceso mucho más lento que pasa necesariamente por la transparencia, esto es: por un conocimiento exhaustivo de lo que sucede. La banca española carece de titulizaciones en cuantía similar a las que han causado sucesivos quebrantos en la banca internacional. Pero tiene un subprime propio que es el crédito promotor. Los parches terminan reventando cuando la presión aumenta, como hemos visto en Estados Unidos. La solución ha de ser global y el modelo sueco sigue siendo la referencia. No es momento de fusiones parciales consensuadas políticamente sino de un análisis del sistema financiero español en su totalidad, liquidación de las firmas inviables, transferencia de recursos y reforzamiento de las entidades solventes. Desde la perspectiva de la confianza, es un proceso doloroso pero que beneficia a todos.

Cuarto y último, el entramado empresarial español debe hacer valer su fortaleza acumulada a lo largo de los últimos años, su diversificación internacional y su posición privilegiada en determinados mercados y sectores. Servidor cree firmemente en la higiene derivada de cualquier crisis, que provoca la supervivencia de los que tienen mayor capacidad de adaptación que no tienen por qué necesariamente ser los más fuertes. Se trata de un proceso en el que las condiciones que determinan su éxito o su fracaso ya no son nacionales ni regionales, sino globales. Es momento de que esa perspectiva, que está en el carnet de identidad de las principales compañías nacionales, se traslade al conjunto de las sociedades mercantiles de este país. Piensa global, actúa local. Ten en cuenta el mundo en que vives y aprovéchate de él.

Reforma de la Financiación Autonómica, de Manuel Conthe en su Blog en Expansión

09:48 02-03-2009

[Resumen del debate en el Consejo Asesor del 19-2-09]

El Consejo Asesor de Expansión-Actualidad Económica contó con la presencia del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, D. Carlos Ocaña, quien expuso los rasgos esenciales del nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común (es decir, todas menos País Vasco y Navarra) que el Gobierno propuso a éstas el pasado 30 de diciembre.

La negociación final sobre dicha propuesta se reanudará previsiblemente en marzo, una vez concluyan las elecciones autonómicas en Galicia. El acuerdo deberá aprobarse (preferiblemente con un consenso lo más amplio posible) en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que, presidido por el Vicepresidente Económico  y Ministro de Economía y Hacienda, incluye a todas las Comunidades Autónomas.

Tras la detallada exposición del Secretario de Estado, el debate entre los miembros del Consejo dejó entrever puntos de vista dispares, sin que este resumen pueda aspirar a reflejar con fidelidad el punto de vista mayoritario de todos ellos.

Situación de partida

En el año 2006, el conjunto de las 15 Comunidades Autónomas de régimen común dispusieron de unos recursos totales de 110.030 millones de euros, que se distribuyeron entre Comunidades de acuerdo con los criterios pactados en 2001. El origen de esos recursos fue el siguiente:

		Importe (millones euros)	%
Tributos estatales cedidos íntegramente y recaudados por CCAA	Transmisiones y Actos Jurídicos	17.960	16,3
	Sucesiones y Donaciones	2.549	2,3
	Juego	2.717	2,5
	Total	23.226	21,1
Tributos propios de las CCAA (ej. Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos)		4.610	4,2
Tributos compartidos con Estado (IRPF, IVA e Impuestos Especiales)		49.783	45,2
Transferencias del Estado (Fondo de Suficiencia y Garantía de Financiación Sanitaria)		32.411	29,5
Total		110.030	100

En términos de gasto, España es hoy un país muy descentralizado. Del gasto total de las Administraciones Públicas, el gasto de las Comunidades Autónomas representó en 2007 el 35,9% del total, por delante de la Seguridad Social (28,7%), Administración Central del Estado (22%) y Corporaciones Locales (13,4%).

Razones de la reforma

Las razones que llevaron al Gobierno central a proponer en 2007 una reforma del Sistema de Financiación Autonómica de las Comunidades de régimen común fueron esencialmente las siguientes:

–       Las significativas diferencias a partir de 1999, como resultado de la asimétrica distribución geográfica de los flujos de inmigración, en el crecimiento de la población de las distintas Comunidades, que no eran explícitamente tomadas en cuenta por el Sistema vigente -aprobado en 2001-. En consecuencia, y pese a que el Sistema ha proporcionado crecimientos de los recursos muy superiores a los incrementos registrados por la población y el PIB, han surgido reclamaciones de quienes consideraban insuficientes tales recursos para atender la prestación de servicios a la población en aquellas Comunidades con mayor crecimiento demográfico.

–       Las carencias del sistema a la hora de incentivar la corresponsabilidad basada en la autonomía de las Comunidades.

–       El debate político derivado de la reforma de varios Estatutos de Autonomía.

–       Las limitaciones técnicas del vigente modelo (especialmente, la falta de ajuste automático a las variaciones de población y las ¿modulaciones¿ -es decir, recursos específicos atribuidos de forma discrecional a  algunas Comunidades-).

Cambios esenciales

La «Propuesta base para un Acuerdo» que el Gobierno hizo a las Comunidades el pasado 30 de diciembre introduce los siguientes cambios respecto al modelo vigente:

1. Se eleva el porcentaje de cesión de los tributos estatales compartidos: del 33 % al 50% (IRPF), del 35% al 50% (IVA) y del 40 % al 58% (Impuestos Especiales).

Ese aumento del porcentaje de cesión de tributos irá acompañada, sin embargo, de una reducción de las transferencias del Estado, que bajo el nuevo modelo se reducirán del 30% al 10% de los recursos totales del Sistema de financiación.

2. Con cargo a los recursos del Sistema, se segrega un llamado «Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales» que se distribuirá entre las 15 Comunidades de acuerdo con su «población ajustada».

Este Fondo tiene como objetivo otorgar a cada una de las Comunidades los recursos precisos para que presten a sus ciudadanos, en plena igualdad de condiciones, los llamados «servicios públicos fundamentales». Entre ellos se incluyen, sin duda, la educación, la sanidad y los servicios sociales, conceptos todos mencionados como «esenciales» en el artículo 206.3 del Estatuto de Cataluña. A juicio del Gobierno y de otras Comunidades ese concepto incluiría también otros servicios transferidos, como por ejemplo la justicia.

Para sortear, no obstante, posibles discrepancias interpretativas entre Comunidades sobre qué servicios deben considerarse «fundamentales», la propuesta sustituye el difícil criterio de estimar el coste de prestación de los servicios y sigue un criterio cuantitativo: prevé que la dotación de recursos al Fondo de Garantía sea cierto porcentaje fijo -previsiblemente, el 80%-  de los ingresos tributarios del Sistema.

El reparto de los recursos de este Fondo entre Comunidades se actualizará cada año, de acuerdo con la «población ajustada» de cada una de ellas. Para calcular esa variable, se partirá de la población de derecho en cada Comunidad, introduciéndose ciertos ajustes en función de ciertas variables, que influyen sobre el coste de prestación de los servicios fundamentales:

–       Superficie territorial de la Comunidad

–       Dispersión territorial de su población

–       Insularidad

–       Porcentaje de población mayor de 65 años (que influye sobre servicios sociales)

–       Porcentaje de población menor de 18 (que influye sobre gasto en educación)

–       Distribución por tramos edades de la población (que influye sobre gasto sanitario).

3. Se crea un «Fondo de Suficiencia Global», con cargo al cual

–       Se financiarán el resto de competencias transferidas (es decir, los servicios públicos no fundamentales );

–       Se garantizará que en el año base ninguna Comunidad reciba un nivel de recursos inferior al recibido según el modelo anterior. Con ello se cumple el llamado «principio de respeto del statu quo«, que ha venido observándose en todas las reformas previas.

Este Fondo atiende al hecho de que las competencias transferidas a las Comunidades, además de los servicios fundamentales, incluyen otros gastos (obras públicas, vivienda, regulación, administración, instituciones políticas, etc.) que deben ser también financiados.

El Fondo de Suficiencia complementa los tributos cedidos no incluidos en el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y se nutrirá de transferencias del Estado, cuyo importe se actualizará anualmente según la variación del índice de los llamados «Ingresos Tributarios del Estado» (ITE).

Su distribución entre Comunidades se efectuará de forma individualizada, con el fin de asegurar que, entre el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, los recursos tributarios que no forman parte del anterior, y este Fondo, todas las Comunidades reciben los mismos recursos que hubieran recibido con el anterior sistema. Además de para garantizar el statu quo,  se dotará a este Fondo de recursos adicionales destinados a fortalecer la capacidad de las Comunidades para atender los servicios del Estado de Bienestar, teniendo en cuenta factores como el nivel y crecimiento de su población ajustada o de su población dependiente.

4. Se crean unos llamados «Fondos de Convergencia», que se nutrirán exclusivamente de transferencias del Estado. Serán dos:

–       «Fondo de Competitividad»: Tendrá por objetivo reducir las diferencias entre Comunidades de financiación por habitante que resulte de la aplicación de los criterios de reparto anteriormente descritos.

–        «Fondo de Cooperación»: Tendrá por objetivo dotar de más recursos a las Comunidades de menor renta por habitante .

Para suavizar el esfuerzo presupuestario del Estado, el importe de sus transferencias al Fondo de Suficiencia y a los Fondos de Convergencia se aproximará progresivamente, en un plazo de 3 años, el nivel que se pacte en el Acuerdo final.

La Propuesta presentada por el Gobierno propone, para reforzar aún más la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, que se aumente la capacidad de las Comunidades para modificar, dentro de su ámbito territorial, ciertos aspectos de los tributos compartidos, como, en el caso del IRPF

·      El mínimo personal y familiar exento.

·      Las deducciones de la cuota por adquisición o alquiler de vivienda

·      La escala autonómica del Impuesto

Esa capacidad normativa no ha podido hacerse extensiva al IVA aplicado en la fase minorista a los no empresarios ni profesionales, porque la Comisión Europea considera su ejercicio incompatible con las Directivas comunitarias que regulan el tributo.

Tras la exposición del Secretario de Estado, el debate entre los miembros del Consejo Asesor dejó traslucir opiniones muy diversas, que se centraron en las siguientes cuestiones:

Oportunidad y necesidad de la reforma

Algunos miembros cuestionaron la necesidad del proceso de reforma, que atribuyeron en exclusiva a la exigencia por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña de una mejora en la financiación obtenida. Recordaron que hasta el ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha cuestionado públicamente, tras el inicio de la crisis económica, si el momento elegido había sido oportuno. En contra de ese punto de vista se adujo, sin embargo, que la reforma aspira a rectificar ciertos defectos estructurales en el modelo vigente, que son ajenos a la situación coyuntural de la economía. Otros también la atribuyeron a la necesidad de corregir el creciente déficit que el aumento de la población ha causado en la provisión de servicios como la sanidad y la educación en muchas Comunidades.

A juicio de algunos, una vez iniciada la reforma, debiera haberse aprovechado para abordar otras cuestiones conexas, tales como:

–       La introducción de incentivos a la eficiencia en el gasto público;

–       El reforzamiento del «Pacto de Estabilidad interno», esto es, de los mecanismos para facilitar el cumplimiento por España de las reglas de disciplina presupuestaria establecidas en el Tratado para los miembros del euro. Como manifestación de una insuficiente «lealtad institucional», se señaló que algunas Comunidades Autónomas son remisas a proporcionar al Estado la información contable precisa para que éste la traslade a los organismos internacionales.

–       La reforma del sistema de financiación de las Corporaciones Locales. El aumento del porcentaje de IRPF, IVA e Impuestos Especiales cedido a las Comunidades impedirá que el Estado pueda utilizar fórmulas de cesión parcial a favor de los Ayuntamientos.

Efecto sobre el déficit presupuestario

Se señaló que la nueva reforma entrañará que la Administración Central del Estado pierda recursos en beneficio de las Comunidades Autónomas, sin que en esta ocasión esa transferencia de recursos venga motivada por la transferencia de nuevas competencias, un proceso concluido en 2001. Otros recordaron, sin embargo, que a pesar de que no haya existido nuevo traspaso de competencias, el aumento del coste inherente al desempeño de las ya asumidas (por ejemplo, las derivadas de la nueva  Ley de Dependencia) justifica ese aumento neto de financiación a favor de las Comunidades.

Algunos sostuvieron que esa transferencia neta de recursos desde el Estado a las Comunidades no aumentará el déficit presupuestario del conjunto de las Administraciones Públicas -el relevante a efectos del procedimiento de «déficit excesivo» en la Unión Europea-, puesto que el aumento del déficit del Estado se verá compensado por un menor déficit de las Comunidades, siempre y cuando éstas sigan prestando sus servicios al mismo nivel de calidad. En la medida en que la calidad aumente -y esto es posible e incluso necesario en la sanidad y la educación-, el déficit consolidado podría aumentar. No obstante,  si ese aumento de calidad en la prestación de algunos servicios fuera socialmente considerado necesario, la forma de contrarrestar el posible aumento del déficit consolidado sería subiendo los impuestos. A fin de que el déficit consolidado no aumente es previsible, además, que el Acuerdo final contenga una cláusula que formule como objetivo ese principio.

Pero la opinión dominante fue que el aumento de financiación a las Comunidades entrañará casi seguro un concomitante aumento del gasto de éstas para mejorar los servicios prestados (p.ej. en materia de dependencia, gastos que ahora no llevan a cabo por limitaciones financieras), lo que, en ausencia de una paralela reducción de gastos de la Administración Central, producirá inevitablemente un aumento del déficit  presupuestario agregado.

Debilitamiento del Estado central

Algunos señalaron que la reforma parece un paso más en el proceso histórico de «despiezamiento» del Estado central a favor de las Comunidades Autónomas, cuya estructura administrativa tiene mayores problemas de «clientelismo» y de falta de un funcionariado de alto nivel (p.ej. Cuerpos especiales) que la del Estado. La Administración Central parece haber aceptado sin discusión las supuestas virtudes del aumento de peso de las Comunidades, muchas de las cuales aspiran a un régimen de concierto similar al de Navarra o del País Vasco, sin parangón en otros Estados federales. Esa argumentación fue rechazada de plano por otros, que recordaron que la propia Constitución Española configura España como un Estado de las Autonomías y consideraron no demostrado que la calidad del funcionariado estatal sea mayor que la del autonómico. La reforma contribuirá a fortalecer la cohesión e igualdad de trato de todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, e incorporará por primera vez una garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales gestionados por las Comunidades.

El presidente del Consejo Asesor, Manuel Conthe, defendió a título individual la conveniencia de mantener el Impuestos de Sucesiones (una vez elevados significativamente los mínimos exentos) y preguntó si, especialmente tras la caída de ingresos provocada por la crisis económica, se había debatido un posible acuerdo que limitara el desafortunado proceso de «desfiscalización competitiva» sobre ese tributo que, iniciado por algunas Comunidades, ha terminado generalizándose. El Secretario de Estado respondió que la fijación de un nivel mínimo del impuesto nunca se puso sobre la mesa de negociaciones, ni está ya en la agenda política, al menos durante esta Legislatura.

Corresponsabilidad fiscal

La opinión dominante, si no unánime, fue que han fracasado rotundamente los esfuerzos para que el ciudadano atribuya al gasto de las Comunidades Autónomas parte de la presión tributaria que soporta: los ciudadanos perciben los grandes tributos (IRPF, IVA…) como tributos exclusivamente estatales, sin que las referencias a las Comunidades en los formularios de la declaración anual del IRPF hayan alterado esa percepción. Es dudoso, pues, que el aumento de los porcentajes de cesión de tales impuestos sea percibido como un aumento de la responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos. Se señaló que esa percepción habría sido distinta si, en su día, el Estado hubiera aprobado una drástica reducción de los tipos impositivos del IRPF, seguida luego de la aprobación de otras Leyes que, sobre la misma base imponible, hubieran establecido los tipos de imposición autonómica.

Discrecionalidad excesiva

Aunque la necesidad de reforma del sistema vigente se fundamentó en parte en el deseo de superar el carácter discrecional y ad hoc de las  «modulaciones» en el reparto de recursos entre Comunidades, se señaló que la Propuesta del Gobierno ha terminado incurriendo en el mismo defecto: con la excepción del Fondo de Garantía, los demás Fondos se repartirán según criterios que pudieran ser pronto puestos en tela de juicio y, en consecuencia, no resultar perdurables. En particular, se señaló que:

–       Hubiera sido posible fundamentar el reparto del Fondo de Suficiencia Global y el de Competitividad en índices objetivos: la aplicación de tales índices habría dado resultados muy similares a los pactados (incluidos el respeto al statu quo y la disminución de la dispersión en la financiación por habitante), pero habría dado bases más sólidas y menos arbitrarias a los cálculos y habría permitido basar la evolución temporal de los recursos en la variación de los criterios objetivos que los determinan en el año base.

–       El Fondo de Cooperación no responde al objetivo de financiación de las competencias que tienen asumidas las Comunidades, sino a un objetivo de desarrollo regional, que está ya atribuido el Fondo de Compensación Interterritorial, que está fuera del Sistema de Financiación.

–       Para algunos, el Fondo de Competitividad, al proporcionar financiación a  Comunidades ricas, tiene cierto parentesco lejanos con el célebre «cheque británico» en la Unión Europea, lo que podría entrañar dificultades en su aceptación política. Ese parangón fue, sin embargo, considerado equivocado por otros.

–       Los Fondos de Cooperación y de Competitividad recuerdan a las antiguas variables de reparto de recursos según la pobreza relativa y el esfuerzo fiscal, que nunca fueron generalmente aceptadas y que con el tiempo acabaron prácticamente desapareciendo.

Oscuridad y falta de transparencia

Algunos miembros subrayaron la oscuridad y complejidad del modelo propuesto: si no es fácil de entender por muchos miembros del Consejo Asesor, será difícil que pueda ser entendido por los ciudadanos y sus representantes políticos  Se indicó, no obstante, que el nuevo sistema no es más complejo y oscuro que los anteriores.

Parte de la complejidad puede deberse, sin duda, a la necesidad de que el Acuerdo final concite el mayor apoyo posible de las 15 Comunidades y del Estado, lo que ha exigido la activa y excepcional participación del Presidente del Gobierno. Pero también contribuye a la oscuridad de la Propuesta el abuso de una terminología poco esclarecedora.

Esa falta de claridad, unida al carácter ad hoc de muchos de sus mecanismos, hace prever que el nuevo sistema pueda ser objeto de debate político continuo.

Perfeccionamiento técnico

El Consejo Asesor no tuvo tiempo para debatir otras cuestiones que, muy  técnicas, tienen un gran impacto sobre los resultados del modelo de financiación. Se citaron, en particular, dos:

–       La definición y aptitud del índice de Ingresos Tributarios del Estado (ITE) utilizado para actualizar el importe de las aportaciones del Estado al Fondo de Suficiencia y la conveniencia de sustituirlo por otro que mantenga a lo largo del tiempo la equidad horizontal y vertical del Sistema.

–        La falta de actualización del concepto de «recaudación normativa» (esto es, la que se atribuye teóricamente a cada tributo cedido, en condiciones estándar de tipos impositivos y base imponible), cada vez más alejado de la recaudación real.

A juicio de algunos, para asegurar la estabilidad y perdurabilidad del nuevo modelo, y con independencia de que en esta ocasión no se posible reformarlos,  sería aconsejable crear un Comité de Expertos que, en un plazo prudencial (por ejemplo, un año),  haga propuestas concretas sobre ambas cuestiones, que volverían a ser sometidas a la aprobación del Consejo de Política Financiera y Fiscal.

Gobierno y capitalismo, de León Bendesky en La Jornada

Hace apenas un par de años, Alan Greenspan, el ex presidente de la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, era considerado un verdadero gurú de las finanzas internacionales. Literalmente un gurú: se le llamaba el Maestro y aparecía casi como un guía espiritual del cada vez más nutrido grupo de hombres y mujeres exitosos y confiados, una nueva aristocracia económica de los bancos y casas de inversión que se dedicaba a las transacciones con dinero, acciones, bonos, coberturas y, sobre todo, instrumentos derivados de deuda.

Se le reconocía prácticamente como un jefe espiritual en sus recurrentes comparecencias ante el Congreso en Washington o en el santuario del Foro económico de Davos. Estuvo en el cargo 18 años (de agosto de 1987 a enero de 2006) y bajo las órdenes de cuatro presidentes de aquel país.

Las declaraciones públicas de Greenspan tenían una resonancia enorme, lo mismo pasaba con las resoluciones que de modo periódico emite el Comité de Mercado Abierto de la Fed que decide sobre los niveles de referencia de las tasas de interés. Pero incluso algún mero comentario informal tenía un efecto extraordinario en los movimientos de los mercados en todo el mundo. Era el jefe de la globalización financiera.

Como responsable de la política monetaria estadunidense contribuyó a definir el carácter de los ciclos económicos mediante la determinación de los precios y las cantidades del crédito. En los años 90 forjó una era de expansión que acabó en 2001 y junto con decisiones muy controvertidas de pública del gobierno contribuyó a crear la enorme burbuja de especulación en el mercado hipotecario que empezó a reventar en 2006 y es una de las fuentes de la actual crisis.

Fue, por supuesto, un defensor a ultranza de la menor regulación de los mercados financieros, bajo la premisa de que ellos mismos tenderían a autorregularse en función de los riesgos del crédito. Hace poco tuvo que reconocer que había subestimado grandemente la capacidad de control que tienen los mercados en épocas de expansión desaforada como la que generó su política de baja tasas de interés. Demasiado tarde para un mea culpa.

Ahora, ante la profunda crisis bancaria, el mismo Greenspan ha dicho que puede ser necesario nacionalizar temporalmente algunos bancos para facilitar una rápida y ordenada restructuración. Entiendo que una vez en cien años esto es lo que se debe hacer. Cuando menos no pierde la arrogancia.

La papa caliente pasó a manos de Ben Bernanke, su sucesor, y desde entonces se ha puesto al descubierto la enorme fragilidad que puede crear una política monetaria sustentada en visiones erróneas del funcionamiento de la economía, sobre todo en dos cuestiones esenciales; primero, los procesos productivos y las corrientes de inversión asociadas y, segundo, los mercados de trabajo. Para decirlo de otra forma, si los flujos financieros se disocian de la creación de riqueza se tiende a la crisis. Ahora la política monetaria se ha hecho irrelevante y los banqueros centrales han perdido su estrella de gestores de la economía. Sólo queda la política fiscal como forma decisiva de intervención gubernamental en la economía.

Y no sólo estamos ante una crisis en curso, con caídas en picada de la producción y el empleo, con aumentos bárbaros en los niveles de endeudamiento y congelamiento de los créditos. Estamos frente a casos cada vez más sonados de ineficacia y negligencia de las agencias estatales responsables de regular y supervisar los mercados, y de enorme fraudes como los de Madoff y Stanford, y sabrá cuáles más. Ante abusos de los banqueros acostumbrados a la ausencia de límites y de responsabilidades y de rendición de cuentas.

Ahora hay puristas que siguen cuestionando si el gobierno debe intervenir en los mercados y en las instituciones financieras, si tiene que apoyar a la gente para conservar sus casas y sus empleos. Si es que Obama debe administrar un presupuesto enorme para tratar de echar a andar de nuevo la economía. Ésas son pamplinas para crear excesos, de una u otra forma, y para arreglarlos el capitalismo necesita irremediablemente del gobierno.

El departamento de Comercio señaló hace un par de días que la tasa anual de crecimiento del PIB en Estados Unidos en el cuarto trimestre de 2008 fue menos 6.2 por ciento y se estima que en el primer trimestre de este año sea menos 3.8 por ciento. Así el presupuesto de Obama para el año fiscal 2010 es del orden de 3.6 billones de dólares, con un déficit no registrado en seis décadas, lo que aumenta enormemente la deuda pública y que deberá ser compensado con menores gastos bélicos y más impuestos a los estratos de mayores ingresos. Por supuesto que el desenvolvimiento de la deuda dependerá del comportamiento de la actividad económica y sobre el cual hay una gran incertidumbre.

Ahora, el problema es de un sobrendeudamiento exagerado y una necesidad de desapalancar las posiciones de los deudores y de los bancos, lo que sigue deprimiendo los precios y aumentando los costos y las cargas fiscales de todos los gobiernos. No es posible aferrarse mediante la fe y como muchos proponen a San John Keynes y sus teorías sobre la promoción de la demanda y los efectos multiplicadores del gasto. Es cierto que es más sensato que muchos economistas que han estado de moda demasiado tiempo. En este caso la intervención pública es de distinta naturaleza y más decisiva y, además, indispensable.

Churchill dijo que los estadunidenses siempre hacen lo correcto, pero sólo después de haber agotado todas las otras alternativas. Quién sabe si seguirá siendo cierto, pero ahora se requiere una gran restructuración de la economía y la sociedad en Estados Unidos para enfrentar esta fuerte recesión que aún está a medio camino.

Un nuevo código ético para el capitalismo, de Ángel Cabrera Izquierdo en El País

Ha llegado el momento de que la dirección de empresas adopte su propio «juramento hipocrático empresarial». Se trata de definir los derechos y las responsabilidades del directivo frente a la sociedad

Sería presuntuoso tratar de atribuir a las escuelas de negocio toda la culpa de la catástrofe económica mundial que estamos viviendo. Pero sería aún peor no hacer una reflexión crítica y reconocer cómo han podido contribuir al desastre perpetuando una visión equivocada y dañina de la empresa.

Según un barómetro anual de la firma de comunicación Edelman, la confianza en la empresa y los directivos ha caído a niveles inauditos en todo el mundo. El 62% de los encuestados se fía menos de la empresa hoy que hace un año, y en Europa y Estados Unidos menos del 40% se fía de las empresas. En España, tan sólo el 20% dice confiar en los directivos, y aún menos lo hace en Estados Unidos, la meca del libre mercado.

El propio presidente Obama no dudó en señalar durante su toma de posesión «la irresponsabilidad y la avaricia de algunos» como una de las causas de la crisis. Más recientemente se ha referido con disgusto a la «avaricia y arrogancia en Wall Street» y ha llegado a calificar de «vergonzoso» el que instituciones financieras que se mantienen a flote gracias a las ayudas del contribuyente sigan repartiendo miles de millones de dólares entre sus directivos.

Algunos de mis colegas se sienten ofendidos por lo que consideran una burda e injusta generalización. El que hayamos encontrado unas cuantas manzanas malas, dicen, no significa que toda la cesta esté podrida. Por cada ejemplo de directivo perverso, avaro o incompetente podemos encontrar muchos más casos de directivos responsables, dedicados al servicio a sus clientes, la protección de los intereses de sus accionistas, el pago de sus impuestos y el trato digno de sus empleados. Pero eso poco importa ahora. Lo que sabemos a ciencia cierta es que el número de directivos irresponsables fue suficiente para tumbar el sistema financiero global y generar un daño económico que va a resultar muy difícil de reparar. También sabemos que la mayoría de esos directivos salieron en su día de las mejores escuelas de negocios del mundo.

Con frecuencia oigo en círculos académicos que nuestra responsabilidad no es enseñar valores, sino enseñar herramientas de gestión. Según este argumento, los valores se adquieren en la infancia a través de la familia, los amigos o la iglesia, y la universidad no es ni el sitio ni el momento para tratar de alterarlos. Sin embargo, estudios llevados a cabo por el Instituto Aspen demuestran que el paso por una escuela de negocios tiene un impacto profundo en los valores y las actitudes de los graduados hacia la empresa. Lo que no está claro es si los valores que estamos transmitiendo son los correctos.

Durante años, nuestras aulas han estado dominadas por una visión economicista y simplista de la empresa que ha contribuido a afianzar un sistema de valores inadecuados e incluso perversos. Bajo epígrafes como la teoría de los costes de transacción, el análisis de las cinco fuerzas o la teoría de la agencia se describe la empresa como un artilugio financiero cuyo fin último es la generación de beneficio económico, y la estrategia empresarial como un juego de mesa donde uno se enfrenta no sólo a la competencia, sino también a clientes y proveedores. El directivo se describe como un agente económico oportunista y egoísta que debe ser controlado mediante incentivos ingeniosos (la zanahoria atada a un palo) que alineen sus intereses personales con los del accionista. Todas estas herramientas y teorías se fundamentan en una máxima indiscutida e indiscutible: el interés del accionista ha de primar por encima de todo, ya que, se supone, es quien asume la mayor parte del riesgo.

No nos debe extrañar ahora que algunos consejos de administración establecieran incentivos desproporcionados a sus directivos, ni que estos directivos, consiguientemente, hicieran lo que estuviera en su mano para embolsarse el premio, incluso si ello conllevara tomar decisiones que sabían que eran dañinas para sus clientes y creaban un riesgo público de consecuencias incalculables. Los accionistas se beneficiaron como esperaban. Al menos hasta que se terminó la fiesta. Ahora millones de trabajadores han perdido sus empleos y los contribuyentes se han quedado a barrer los platos rotos soportando una deuda pública de miles de millones de euros que tardarán décadas en pagar. No sé si alguien aún se cree la indiscutible idea de que el accionista es quien asume la mayor parte del riesgo en la actividad empresarial.

Es esperanzador ver cómo una nueva generación de académicos está desarrollando nuevas teorías y modelos que incorporan visiones más sofisticadas del comportamiento humano, la organización de empresas y el papel de la empresa en la sociedad. Teorías acerca del compromiso o la justicia organizacional, teorías basadas en la confianza, el conocimiento o el capital social comienzan a abrirse hueco gradualmente. Sin embargo, aún no hemos conseguido aglutinar estos conceptos bajo un marco que reconozca las responsabilidades profesionales de servicio a la sociedad del directivo.

Otras disciplinas profesionales, como la medicina o el derecho, han asumido desde hace tiempo la necesidad de incluir en los programas de formación no sólo conocimientos y habilidades técnicas específicas, sino también una serie de valores y patrones de conducta que subrayen el beneficio a la sociedad y limiten los daños potenciales. Ha llegado el momento de que la dirección de empresas también adopte su propio código deontológico (un «juramento hipocrático empresarial») que defina los derechos y responsabilidades del directivo de cara a la sociedad.

Para empezar, dicho código debe articular las múltiples formas en las que la empresa crea riqueza para la sociedad (no sólo retorno financiero para los inversores, sino también empleo, valor a clientes y proveedores, nuevas tecnologías, etcétera). También debe reflejar como responsabilidad central del directivo el balance de los intereses de diferentes grupos y la aplicación de fórmulas que creen valor de manera simultánea y no exclusiva.

Como cualquier otro código profesional, el directivo debe comprometerse a no anteponer el interés personal al interés de la empresa y mucho menos al de la sociedad a la que sirve en última instancia. Esto implica que ha de conocer y respetar no sólo las leyes que le competen, sino también las normas y valores universales en torno a los derechos humanos, los derechos laborales y el respeto al medioambiente encapsulados en códigos internacionales como el Pacto Global de Naciones Unidas.

De manera más específica, el código de conducta debe establecer la obligación del directivo de crear un clima de integridad, transparencia y ética en su organización y de actuar como ejemplo de esos valores. Esto debe incluir la generación de informes contables y de resultados que reflejen fielmente la capacidad de la empresa de crear valor así como los riesgos asumidos por sus inversores, empleados, proveedores y clientes. Finalmente, el código debe establecer un compromiso con el aprendizaje continuo y una obligación de buscar opiniones de terceros en áreas en las que no se cuente con los conocimientos necesarios.

El que no tengamos aún sistemas de certificación de directivos (como existen en la medicina o el derecho) no debe ser excusa para retrasar o evitar la creación de este nuevo código de conducta y su introducción en las aulas. Hace cuatro años, la escuela de negocios que yo dirijo hizo precisamente eso, estableciendo un juramento de conducta profesional que ha pasado a formar parte de nuestros programas y de las ceremonias académicas de graduación. A pesar de los pronósticos agoreros, el cambio en nuestra cultura académica que resultó de esta iniciativa me hace ser optimista en cuanto al papel que un código de esta naturaleza puede llegar a tener si lo conseguimos introducir en todo el mundo. El Foro Económico Mundial tomó nota en Davos y ha creado un grupo de trabajo para estudiar esta posibilidad.

Si hay algo positivo en esta crisis es la oportunidad que nos ofrece de transformar lo que no funciona y sentar las bases de un sistema de mercado más eficaz, más eficiente y más justo. Aprovechemos el momento.

Ángel Cabrera Izquierdo es rector de Thunderbird en Arizona y fue encargado por Naciones Unidas de coordinar la redacción de los Principios de Educación Empresarial Responsable.

Por dónde pasa la solución a esta crisis, de S. McCoy en El Confidencial

El día, hace exactamente una semana. Escenario, un Colegio Mayor en lo que podríamos llamar el Distrito Universitario de Madrid. ¿Audiencia?, la mayoría de sus residentes. El ponente, quien esto les escribe. Temática, por qué me encanta esta crisis y similares. Formato similar a Tengo una pregunta para usted, salvando las distancias. Charla de salón, más bien. Trato de tú. El resultado, ni idea; siempre salgo de estos sitios pensando que he hablado demasiado lo que incrementa sustancialmente las posibilidades de decir tonterías. En el aire queda una cuestión demoledora de uno de los sufridos asistentes al evento: McCoy, ¿de verdad crees que el gobierno puede hacer algo? Más allá de la respuesta de aliño que entonces por mi parte se terció, en mi mente un come come que ha ido creciendo a lo largo de estos siete días. Ahora creo que tengo una réplica más acertada. Que el oyente, si es lector, disculpe mi tardanza.

Primera consideración. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti sino lo que tú puedes hacer por tu nación. La cita es de John F. Kennedy y ha sido rescatada por Obama en sus pronunciamientos más recientes al sufrido ciudadano estadounidense. No esperes, actúa. Inventa, descubre, emprende, lucha. Muchos de ustedes me han oído hablar de la Generación Cuéntame, aquella que fue la verdadera madre de la Transición y del marco democrático en el que hoy, con mayor o menor contento, se desarrolla nuestra vida política. Gente anónima que trabajó denodadamente el presente sabiendo que a través de él se construía el futuro. Que no temieron las secuelas de la crisis del petróleo, ni la incertidumbre del cambio de régimen. Que velaron por sus padres, procurando lo mejor para sus hijos. Sin horario y sin calendario. Y que ahora miran para atrás preguntándose qué España hemos consentido entre todos durante estos años de bonanza. Qué suerte de estado asistencial han dejado finalmente como herencia a unos hijos capaces de preguntar sin rubor qué puede hacer Papá Administración por él.

No es momento de mirar hacia afuera sino de preguntarse cómo poner en marcha todo lo que cada uno lleva dentro. La Generación Cuéntame, excepciones contadas aparte, hizo de la renuncia y el sacrificio los cimientos necesarios para consolidar no sólo el bienestar personal sino el colectivo. Aprendiendo a ceder, cuando había que hacerlo, emergió una sociedad nueva que creía en sí misma, en la oportunidad que se le presentaba y que caminaba codo con codo para lograrlo, sin mirar a derecha e izquierda esperando a un Godot que sabía no iba a llegar. Si entonces el reto era fundamentalmente político, ahora es económico. ¿Qué importa la diferencia? Pese al déficit educacional patrio, somos en términos absolutos probablemente la sociedad más preparada que nunca en España haya habido. ¿A qué estamos esperando? La capacidad requiere para su puesta en marcha únicamente de voluntad, ese gigante dormido que hay que despertar. Y no es un trabajo que se pueda delegar en nadie. La podredumbre de la clase política, nacida para medrar, la inhabilita a tal fin. Lo que no hagamos cada uno de nosotros, no lo va  a hacer nadie. Denlo por sentado.

Segunda consideración. El gobierno ha de tutelar este proceso. ¿En qué consiste dicha función? En primer lugar en establecer cauces para el entendimiento y no para la confrontación entre todos los ciudadanos de este país como ocurriera hace más de treinta años. Exactamente lo contrario a lo que ha acontecido en los cuatro primeros años de legislatura. En segundo término, gestionar para el ciudadano y no para el voto, esto es: gobernar. Recuperar la vocación de servicio que debería ser inherente al ejercicio de la función pública. No podemos hacer buena la cita de Tocqueville según la cual en los regímenes aristocráticos los ricos acceden al poder poniendo en riesgo su riqueza mientras que en los democráticos los pobres acuden al calor del estado para enriquecerse. Miren la composición de los primeros gobiernos de la democracia. La política es la gestión de los asuntos de la ciudadanía. No puede ser endogámica, por definición. Bueno, poder puede, pero no debe. Salvo que se lo consintamos, claro está.

Tercero, no poner trabas a la libre iniciativa ciudadana sino fijar los mecanismos para que la misma se desarrolle a través de actuaciones administrativas, fiscales o financieras oportunas en tiempo y forma. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pues bien, ese mismo grado de diligencia debida y firmeza cabe esperar de unos gobernantes sobre los que todos, nos guste o no, hacemos una delegación, en muchos casos inconsciente, de autoridad. No sé por qué se me viene a la cabeza el sector financiero en este momento, la verdad. Cuarto, hacer un uso eficiente de los recursos de la nación, empleándolos en aquellas finalidades que, salvaguardando los fundamentos del estado del bienestar, permitan generar riqueza para las generaciones futuras. Hablamos no sólo de educación, innovación y similares sino de erradicar el pesebrismo que se deriva de prácticas consolidadas como determinados subsidios agrarios, por poner sólo un ejemplo, o de evitar el oportunismo que nace de actuaciones sin ton ni son, carentes del más mínimo grado de análisis del problema que pretenden solventar. Regalar euros a tutti plen, vincular plantes automovilísticos a la concesión de créditos cuando precisamente es lo que no hay o recortar gastos superfluos de la Administración para destinar los recursos liberados a subsidios de desempleo, no parecen el mejor camino si me permiten mi opinión.

Por tanto, querido amigo, la respuesta a tu pregunta de hace ahora una semana llega completa con un poquito de retraso. Siento de veras la tardanza. Pero el aire de frustración que de tus palabras se derivaba requería de algo un poquito más reflexivo de lo que entonces pude comentarte, esbozos que, de un modo u otro,  también van recogidos en estas líneas. Ahora, es tu turno. Como bien sabes, lo importante en esta vida no es caer, sino levantarse. Pero sólo tropieza el que emprende un camino. A ti que estás sentado en tu sillón, atento o distraído te reclamo, te aliento a que lo hagas. Cuando uno persigue su destino lo peor que le puede ocurrir es que no lo encuentre. No creo que haya mucha diferencia respecto a la situación actual de muchos de los que ahora leen este post. Y el viaje, eso sí lo puedo garantizar, merece con creces la pena: aprender de los errores, disfrutar de las conquistas, tener siempre una meta. Y saber que, al menos, se ha intentado vivir la vida, aprehendiendo cada uno de sus minutos. Que no es poco en los tiempos que corren. Buena semana a todos y en especial a los residentes del C.M. Moncloa de Madrid.

Los bancos venden preferentes en sus oficinas un 70% más caras de lo que valen en mercado, de Eduardo Segovia en El Confidencial

Si usted entra en una oficina bancaria cualquier día de estos, raro es que le den una hipoteca (salvo para las casas que ha adquirido la entidad para frenar la morosidad) y más aún un crédito empresarial (a no ser que usted acepte un 14% de interés y aportar todo tipo de garantías). Pero lo que seguro que le van a ofrecer es comprar unas estupendas participaciones preferentes (o bonos subordinados) de la entidad. La oferta a primera vista es muy atractiva: se trata de instrumentos de deuda totalmente seguros que pagan un interés muy superior al Euribor -que acabó febrero en el 2,1%, puesto que rentan entre el 5% y el 6% anual.

Sin embargo, estos cupones son ridículos comparados con los que piden los grandes inversores por estos títulos, por encima del 15% en muchos casos. Lo cual supone que el valor real de las preferentes que están colocando numerosas entidades en su red -y más que piensan hacerlo- puede ser hasta un 70% inferior al que tienen que pagar los clientes particulares por estos productos. Dicho de otra forma: si un cliente quiere vender ahora las preferentes que le han colocado en su oficina, perderá de golpe el 70% de su dinero.

Lo que se olvidan de mencionar en las sucursales son tres pequeños detalles que restan bastante atractivo a esta inversión y explican que los inversores institucionales exijan unos intereses tan elevados para comprar las preferentes. El primero es que estos bonos no sólo pagan intereses si la entidad tiene beneficios, porque no son exactamente deuda, sino los famosos híbridos de deuda y capital. Luego si su banco o caja no gana dinero en 2009 -cosa que sucederá en un buen número de entidades-, usted no recibirá esa rentabilidad.

El segundo detalle es que se trata de deuda perpetua, es decir, que el cliente no podrá rescatar fácilmente. Normalmente, el banco o caja tiene la opción de rescatar esa deuda a los cinco o 10 años, pero no tiene obligación de hacerlo; históricamente había un compromiso implícito de que se iba a ejercer esa opción, pero Deutsche Bank rompió la baraja al no rescatar una emisión en diciembre, y posteriormente le han imitado otras entidades como el Sabadell. De hecho, ahora el mercado toma como hipótesis más probable que no se va a rescatar ninguna de estas emisiones.

Bonos que cotizan al 25% de su valor

Finalmente, el tercer elemento es el más importante de todos y se deriva directamente del segundo: si una cosa que cotizaba en mercado como un bono a cinco o 10 años se considera de golpe un bono perpetuo que nunca vence, es lógico que su valor se hunda, como así ha ocurrido con todos estos instrumentos. Como es sabido, cuando el precio de un bono cae, su rentabilidad sube, puesto que se mueven de forma inversa. Y como el desplome ha sido de tal calibre, las rentabilidades se han disparado a niveles superiores al 15% en muchos casos.

Pongamos algunos ejemplos concretos. BBVA colocó en diciembre 1.000 millones de euros en preferentes entre los clientes de su red con un cupón inicial del 6,5%; pues bien, una emisión similar con vencimiento teórico en 2016 tiene una rentabilidad actual en mercado del 14,41%, puesto que cotiza al 32,12% de su valor inicial, según datos de Bloomberg. Otro ejemplo: Popular está colocando en la actualidad hasta 600 millones en preferentes al 6,75% los primeros años, mientras que activos similares de la entidad con vencimiento en 2017 pagan un 18,67% en mercado, puesto que su precio se ha desplomado hasta el 24,73% del valor inicial.

La cosa es más grave todavía si tenemos en cuenta que las preferentes que se han hundido en mercado tienen una cláusula llamada step-up, que es una especie de penalización: si la entidad no rescata los bonos en el plazo en que se suponía que iba a hacerlo, tiene que subir el interés que paga a los inversores (con penalización y todo, en estos momentos les sale mejor no rescatar los que están venciendo ahora, de ahí que no lo hagan). Es decir, si las emisiones que han comprado los particulares españoles no son rescatadas, seguirán cobrando lo mismo al día siguiente. Y peor aún: estas emisiones no son acumulativas, es decir, si un año no pagan intereses porque la entidad no gana dinero, ese pago no se acumula para el siguiente como suele ser habitual en estos instrumentos.

Un nuevo escándalo de la banca española

«Es un verdadero escándalo, los bancos y cajas están colocando a las viejecitas unos productos que en realidad valen hasta un 75% menos del precio que están pagando… ¿Dónde está la CNMV?«, se queja un experto en este mercado. Otro añade que «esta situación es la que explica que los bancos se hayan lanzado a colocar estos instrumentos entre los particulares, porque ahora mismo tendrían que pagar un coste estratosférico para colocarlos en los mercados mayoristas. Ya se sabe que el particular se lo traga todo».

Esta situación enlaza directamente con los escándalos que hemos vivido en los últimos meses -Lehman, Madoff y fondos inmobiliarios-, puesto que todos ellos tienen detrás unas prácticas comerciales bastante cuestionables, independientemente de que se trata de casos muy diferentes entre sí y de que las responsabilidades no tienen nada que ver en cada uno. Las emisiones de preferentes actuales indican que la banca española mantiene el modelo de colocar en la red lo que le conviene a la entidad y no al cliente, y amenazan con provocar en el futuro un escándalo como los tres citados.

Como explicó en su día El Confidencial, las preferentes y subordinadas son híbridos, es decir, instrumentos de deuda (bonos) pero que computan como parte del capital de los bancos. Se trata de algo contradictorio a priori, puesto que los fondos propios se componen tradicionalmente sólo de acciones, reservas y beneficios no distribuidos. Sin embargo, desde hace años el Banco de España admite los híbridos para que las entidades españolas no estén en desventaja frente a las de otros países donde son muy populares, a pesar de que tienen fecha de reembolso (si bien ésta es teórica, como hemos dicho), no son aportados por los accionistas sino por los acreedores y cobran un cupón anual independientemente de si el banco tiene beneficios o pérdidas (aunque eso tampoco se cumple en las preferentes colocadas en la red).

Diez razones de la crisis internacional, de Mario Rapoport en Página 12

La actual crisis internacional dejó de ser un simple accidente; se parece más bien a un tren que descarrila en el curso de una loca carrera hacia un destino incierto. El problema es que ese tren tiene innumerables vagones donde está enganchado todo el mundo. Trataremos de resumir ese descarrilamiento en diez puntos, algunos más claros que otros. Si ya no cabe duda de que esta crisis es la más profunda del sistema desde los años ’30, muchos de los análisis que se hacen sobre ella no alcanzan a percibir aún la complejidad del fenómeno.

UNO

En primer lugar, salvando las distancias tecnológicas, los mecanismos que la desataron, aunque más sofisticados, no son muy novedosos respecto de los que funcionaron en la crisis de 1929, con la que tiene más similitud de lo que se cree. Sí lo es, en cambio, el efecto de esa tecnología en su propagación y difusión, potenciado por el grado de transnacionalización de las firmas. Hasta no hace mucho los sostenedores de la globalización financiera hablaban del rol crucial de la informática y de las comunicaciones en el progreso de la economía mundial: ahora constatan que estas innovaciones se han vuelto en contra. Ayudada por ellas, la velocidad de los acontecimientos, en esta marcha inversa hacia el desastre, parece imparable.

DOS

La segunda cuestión tiene que ver con el largo plazo. Desde los años ’70 el mundo ha vivido de crisis en crisis, con origen en el centro o en la periferia pero que no nos han abandonado nunca. Constituye un mecanismo de olas sucesivas del cual esta última resulta la culminación. Podemos enumerar algunos de los principales momentos críticos desde aquella época: la crisis monetaria en EE.UU. y la ruptura del patrón oro en 1971; el alza de los precios del petróleo en 1973 y 1979; la crisis de la deuda externa latinoamericana en 1982; el crac bursátil de Wall Street en 1987; las crisis de las cajas de ahorro estadounidenses en 1989; el crac japonés en 1990. Luego vienen las crisis periféricas de fin de siglo: la mexicana (1994), la del sudeste asiático (1997), la rusa (1998) y la brasileña (1999). Y a partir del nuevo siglo otro encadenamiento: el derrumbe de las punto.com en el 2000; las crisis en Turquía y en la Argentina (2001); la quiebras de Enron y World Com (2001 y 2002); las repercusiones financieras del atentando a las Torres Gemelas y de la invasión a Irak. Para culminar con la actual crisis de las subprime, que estalla en 2007 y a la cual se suman en 2008 las caídas de Lehman Brothers, las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG, más las de unos cuantos bancos europeos y norteamericanos. Interesado en el largo plazo un reciente artículo del New York Times vuelve a mencionar, para horror de los neoclásicos, los ciclos Kondratieff.

TRES

Está en discusión cuál es el huevo o la gallina. ¿Son el predominio del sector financiero sobre el real, las burbujas especulativas y, finalmente, el crac bursátil, las causas principales de la recesión subsiguiente? ¿O debemos dar vuelta los términos de la ecuación? ¿No habrá sido la reducción de la rentabilidad de los sectores productivos, sobre todo en EE.UU. y Europa, lo que llevó a un proceso de especulación financiera para compensar la caída en la economía real?

CUATRO

Los incrementos de la productividad, gracias a las nuevas tecnologías, y el notable ensanchamiento de las desigualdades de ingresos a nivel mundial han producido una indudable crisis de sobreproducción, la que se ha pretendido resolver, en especial en Washington, con el creciente endeudamiento del Estado en los sectores externo y fiscal (en su mayor parte por gastos militares) y el sobreendeudamiento de las familias americanas, financiados con el poder del dólar y los excedentes de China y otros países emergentes.

CINCO

La paradoja de este financiamiento es que se parece mucho al que originó la deuda externa de América latina. En aquel momento el reciclaje de petrodólares y eurodólares contribuyó a las “bicicletas” financieras, al endeudamiento de Estados y empresas y a la fuga de capitales, sin aportar mayormente inversiones productivas. Ahora, el financiamiento a los EE.UU. y otros países desarrollados por parte de las economías emergentes creó burbujas inmobiliarias, valorización de productos “tóxicos” y una crisis financiera formidable. Ese financiamiento no tuvo tampoco destinos útiles o productivos.

SEIS

La desregulación financiera y la ausencia de un prestamista de última instancia a nivel internacional fueron consideradas como una de las causas principales de la crisis de 1929. Bretton Woods permitió crear un esquema monetario y financiero internacional para regular el sistema, quedando muy en claro que los movimientos de capitales debían controlarse por su carácter desestabilizador. No obstante, a partir de los años ’60, esos mismos organismos se dedicaron a predicar la desregulación financiera, la libertad absoluta de los movimientos de capital y una mínima intervención de los Estados. Jugaron contra los propósitos y fines que habían llevado a su misma creación. Con esta crisis parece que se descree nuevamente de los mercados autorregulados y se vuelve a soluciones como las de los ’30: la intervención de los Estados y el proteccionismo.

SIETE

El temor del fantasma inflacionario comienza a borrarse a favor de una nueva realidad; la deflación y la desocupación como elementos significativos de la crisis. Esto implica retomar los principios del pensamiento keynesiano. La gente piensa que es mejor ahorrar que consumir o invertir (o no tiene poder adquisitivo para ninguna de las dos cosas) y esto deriva en un estancamiento productivo que se alimenta a sí mismo.

OCHO

La crisis alimentaria, el aumento del precio de los commodities, (aunque ahora hayan descendido) y el deterioro del medio ambiente constituyen elementos que confluyen con la crisis financiera y la agravan.

NUEVE

Una de las debilidades mayores del actual sistema monetario es la existencia de una divisa clave como el dólar, cuya emisión y fluctuaciones sólo atienden los intereses de los Estados Unidos y el juego competitivo con las monedas de otras potencias, como el euro, el yen y el yuan. Si en los años ’70 el abandono del patrón cambio oro le dio a EE.UU. un alivio y le permitió endeudarse con su propia emisión de dinero y bonos del Tesoro, actualmente la situación no es la misma. Entonces la economía norteamericana podía respaldar sus déficit financieros porque el mercado interior aún era sólido y su inversión externa y comercio exterior ocupaban una plaza importante en el mundo. Pero esa inversión se derrumbó y el déficit comercial alcanzó magnitudes nunca vistas, mientras que el mercado interno ya no tiene la pujanza de antaño ni desde la oferta, donde existen grandes industrias que requieren cambios de fondo, ni desde la demanda, con una población cuyos ingresos se achicaron al tiempo que su endeudamiento crecía.

DIEZ

El fracaso del sistema financiero y bancario internacional, la ausencia de límites operatorios para la banca de inversión, los paraísos fiscales, el lavado de dinero, son razones determinantes de la crisis. Antes de salvar indiscriminadamente a los bancos quebrados, habría que reestructurar la arquitectura financiera internacional, ayudar a las verdaderas víctimas –ahorristas, desocupados, propietarios de inmuebles, pequeñas y medianas empresas–, y sostener políticas productivas y creadoras de empleo. El mundo globalizado se transformó en un gran corralito del que va a ser imposible escapar con las recetas perimidas del pasado reciente.

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Del error al horror del capitalismo, de José Antonio Rojas Nieto en La Jornada

Un dato para recordar. En los últimos setenta y nueve años, es decir de 1930 a 2008, la economía estadunidense sólo registró crecimientos negativos en su producto anual durante 16 años. Los otros 63 años creció. Pero en los últimos 18 años sólo cayó en uno, en 1991. Si desciende –como seguramente lo hará en todo este año 2009– sería el segundo en 19 años. Es cierto –como lo han anotado diversos analistas– que el nivel del crecimiento anual estadunidense tiende a ser menor. Pero lo cierto es que ha seguido creciendo. No lo hará en 2009. Hay nuevos datos de la marcha económica de nuestros vecinos que tienden a confirmarlo.

En el cuarto trimestre del año la economía estadunidense cayó más de lo anunciado de manera preliminar hace unas semanas. Menos 6.2 por ciento, en lugar de menos 3.8 por ciento. Esto significa que la cifra anual revisada para 2008 es de apenas 1.1 por ciento de crecimiento en su producto interno bruto. Y que la expectativa de descenso para este 2009 es más pronunciada. Ya se menciona una terrible cifra de menos 3 por ciento. En términos de dólares actuales, representa una pérdida equivalente a 428 mil millones. Muy dura. Realmente dura realidad.

Para imaginar lo que representa esto sólo pensemos que se aproximan a cerca de la mitad del producto de México. Complementemos el panorama con algunos datos más. En enero, la capacidad utilizada de la industria alcanzó el segundo valor más bajo que registra su estadística, con información desde 1967. Y es que el bajísimo nivel de 72 por ciento de utilización de la capacidad industrial total del mes pasado sólo ha sido superado por el de algunos meses del invierno de 1982-1983, en que se registraron niveles cercanos a 70 por ciento. Nuca fueron más bajos. Por eso se alcanzan ya niveles históricos de retracción industrial pues, además, esta caída todavía se ve acompañada por una capacidad industrial instalada creciente, lamentablemente y por las inercias propias del absurdo, aunque, efectivamente, a tasas ya más bajas. En enero creció 1.3 por ciento respecto de enero de 2008. Aunque –también hay que decirlo– por primera vez en muchos años su nivel ya no es mayor al del mes anterior. Pero su inercia creciente continúa. Un gran problema de las economías capitalistas es, precisamente, esta inercia. Presiona violentamente la rentabilidad. Máxime cuando hay retracción de la producción. Y es que durante un buen tiempo, se siguen acumulando activos a pesar de que baje –incluso muy drásticamente, como ahora– su utilización y, en consecuencia, su nivel de producción.

¿Qué pasó en enero con esta producción? Una vez más cayó La tasa respecto de enero de 2008 es de menos 10 por ciento. Y el nivel ya alcanza el de principios de 2004, que a su vez y por la crisis de 2001 y 2002, era el mismo de inicios del año 2000. En buen romance significa que la producción industrial está al nivel de hace nueve años. Ni más ni menos. Pero la tasa de caída no se veía desde los primeros meses de 1975. Nivel de hace nueve años y dinamismo de hace 33 años, pudiéramos decir.

Si nos vamos al derrumbe –no lo podemos llamar de otra manera– de la producción de bienes duraderos (de nuevo, automóviles, aparatos electrodomésticos, aires acondicionados, equipo de oficina, equipo de fotografía, de televisión y de cine, artículos deportivos, entre otros) el nivel de enero llega al de hace poco más de 15 años. Y su tasa de crecimiento ya ha descendido a números negativos no vistos desde la Guerra de Corea a principios de los años 50.

Estos tres números mensuales fríos dan idea del panorama desolador. Evidentemente, el nivel de satisfacción o de confianza de la población también ha descendido drásticamente. Según el de la Universidad de Michigan ya se alcanza la pérdida de confianza de principios de los 80, hace casi 30 años. Aunque la llegada de Obama ha frenado su descenso. De nuevo algo sobre nosotros, con exportaciones derrumbadas…derrumbadísimas…no sólo petroleras, sino manufactureras…. Esta dramática situación de los vecinos hace pensar a algunos analistas nuestros en una caída de nuestro producto en 2009, de menos 3 o menos 4 por ciento. Y no falta quienes vean ya niveles de caída mayores al de 1995, que fue de poco más de 6 por ciento. Sólo que entonces se atribuyó al error de diciembre. Hoy no hay más error que el mismísimo capitalismo, convertido hoy en horror social. Sin duda.

Crítica del método, de Jordi Sevilla en Mercados en El Mundo

LUCES LARGAS

La manera en la que los gobiernos del mundo conducen la lucha contra la crisis económica les está reforzando como poderes autónomos, alejados de los mecanismos tradicionales de control democrático.Tenemos entre manos una crisis de gran complejidad que afecta a muchos sectores, a muchos países, a muchas personas y carecemos de una estructura democrática de poder mundial con la que hacerle frente.

La ausencia de un gobierno democrático mundial obliga a utilizar ese remedo que hemos dado en llamar gobernanza. Mediante estructuras informales, como la del G-20, cuya próxima reunión tendrá lugar en Londres este lunes, se juntan representantes de unos pocos gobiernos nacionales autoelegidos por su poder, en forma de potencia económica aparente, sin excluir a algunos de países claramente no democráticos ni a otros con sistemas manifiestamente mejorables.

Si la estructura y los mecanismos de toma de decisiones en organismos internacionales consolidados por el tiempo, como la ONU o el FMI, son ya claramente distantes de los principios democráticos occidentales (separación de poderes y una persona, un voto), los nuevos esquemas de coordinación informal pero efectiva de las cosas reproducen un sistema de toma de decisiones elitista, feudal y censitario.

Este tipo de gobernanza, aun siendo mejor que el caos de los mercados incontrolados y siendo preferible estar dentro que fuera, es inferior a un gobierno democrático, tanto desde el punto de vista moral como, también, de la eficacia. La crisis del automóvil, por ejemplo, tiene causas y efectos mundiales, pero estamos intentando buscar soluciones parciales desde cada uno de los países por separado, pues los mercados son globales pero los estados no.

El resultado de este método de coordinación en forma de un club que tiene reservado el derecho de admisión podrá ser positivo desde el punto de vista de la gestión técnica de las cosas, pero deficiente, necesariamente, desde la gestión política, de política democrática, de la misma.

Por tanto, si teníamos el problema de una globalización económica no sometida a reglas y controles, se suma ahora un profundo déficit democrático en el gobierno de esta crisis mundial y, si me apuran, grandes deficiencias, también, en su gobernanza que, como hemos visto, es algo distinto.

En democracia, la forma es parte consustancial del fondo. Cómo hacer las cosas define al sistema democrático mucho más que las cosas que se hacen. El procedimiento mediante el cual se aprueban las políticas es tan importante como el contenido material de éstas. Porque la clave del asunto radica, precisamente, en asumir y dejar constancia permanente de dos cosas fundamentales: nadie tiene por sí solo toda la verdad y los seres humanos somos capaces de discutir y alcanzar acuerdos razonados.

En política democrática no hablamos de cuestiones técnicas que deban decidir los expertos a espaldas de los ciudadanos, sino de decisiones que impactan en las condiciones de vida y en las creencias de muchos. Por eso hay que informar, debatir, consultar con la gente, hacer pedagogía, intentar convencerla con argumentos a favor de un determinado curso de acción. De otro modo, se debilita el valor supremo de la democracia como el mejor procedimiento para resolver conflictos con gran repercusión social.

No aminora este problema el hecho de que la mayoría de miembros asistentes al club de los poderosos sean democracias que tendrán que pasar por sus parlamentos una parte importante de las decisiones acordadas allí. Y no lo hace porque en las últimas décadas da la impresión de que no sólo no hemos sido capaces de democratizar la gobernanza mundial, sino que estamos trasladando parte de los defectos de ésta a la manera nacional de gobernar -incluso en países democráticos- mediante dos fenómenos que debilitan la esencia misma de la democracia. En primer lugar, la sustitución de la critica a las políticas por la descalificación de los políticos.En segundo lugar, la personalización excesiva en líderes, más o menos carismáticos y televisivos, en quienes depositamos toda la confianza y el poder, eludiendo nuestras responsabilidades ciudadanas con la res publica, incluso en la faceta de control adecuado.

Estos dos hechos, aplicados al ámbito de la gestión nacional de la crisis económica, se traducen en que apenas hay debate en torno a propuestas alternativas, a la vez que se desanima la participación pública en la búsqueda de soluciones. Así, las medidas adoptadas por los gobiernos, sea en el ámbito nacional o mediante la coordinación intergubernamental, son iniciativas unilaterales que surgen de ellos mismos y que no han sido discutidas previamente con publicidad y participación de colectivos, con lo que se desincentiva la corresponsabilidad pública.

Una crisis económica de esta magnitud no es una cuestión que deba resolverse de espaldas a la gente. Las medidas a adoptar son política de alto nivel, porque buscan repartir socialmente los esfuerzos, sacrificios y recompensas, abriendo opciones de futuro entre las que la sociedad debe elegir. Pero, en lugar de movilizar la energía colectiva llamando al debate público, a la participación social, al pacto político, dejamos el protagonismo exclusivo en manos de los gobiernos que, a menudo, como en Francia, menosprecian el significado de las protestas sociales que van creciendo conforme se agudiza la crisis.

No he sido capaz de encontrar las razones por las que el paquete de ayuda aprobado por la administración de Obama no ha contado más que con tres votos republicanos cuando se parece más a las soluciones ofrecidas por Bush que a las primeras propuestas demócratas.Sólo hay una: que las peleas entre partidos les ha parecido a éstos más importantes que el futuro de su país, siguiendo un esquema maniqueo según el cual uno tiene todas las virtudes y su adversario, todos los defectos.

El resultado es que, ni a escala internacional ni nacional, las medidas de lucha contra la crisis y a favor de un nuevo orden económico están sirviendo para reforzar y profundizar en una democracia participativa, sino más bien, todo lo contrario. Con ello, nos debilitamos todos. Es un error, espero que de método y no de concepción.

jordi.sevilla@diputado.congreso.es

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Los bancos ‘zombis’, de Luis de Guindos en Mercados en El Mundo

APUNTES ECONOMICOS

La expresión bancos zombis proviene de la década perdida de Japón durante los 90. Se trataba de bancos con enormes pérdidas en su activo, superiores a sus recursos propios, y por tanto insolventes, lo que les impedía realizar sus operaciones habituales. La oposición social dificultaba su recapitalización y rescate por parte del Gobierno con dinero de los contribuyentes, mientras que por otro lado existía un rechazo institucional a su nacionalización.

De este modo, la economía japonesa convivió durante 10 años con unas instituciones bancarias que no realizaban su función principal, dar crédito, y que simultáneamente impedían que los impulsos monetarios del Banco de Japón se trasladaran a las familias y empresas. Esta situación alargó y profundizó la crisis japonesa, que sólo empezó a resolverse gracias al fuerte tirón experimentado por las exportaciones a China con la llegada del nuevo siglo.

En las últimas semanas hemos visto una reaparición de las tensiones en los mercados crediticios y un ajuste importante en los precios de las acciones de los bancos en todo el mundo. Parece como si los temores que surgieron después de la caída de Lehman se reprodujeran con renovada intensidad. La evidencia de estas tensiones es especialmente visible en los Credit Default Swaps (CDS) -el coste de protección frente a impagos- de los bancos. ¿Cómo es posible que los CDS de los bancos se amplíen a pesar de los programas de rescate de los gobiernos? La respuesta es muy simple: el deterioro de los CDS de los propios países, que se han visto afectados por los programas de estímulo fiscal y de rescate financiero, cuyo coste necesariamente tendrá que ser cubierto con emisiones adicionales e ingentes de deuda pública. Como no podía ser de otro modo, el CDS de los bancos se encuentra íntimamente ligado al del gobierno que los rescata o garantiza.

El empeoramiento de la situación proviene de la percepción de que el tamaño de las pérdidas por activos tóxicos crece exponencialmente como consecuencia de la recesión mundial. En concreto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) eleva las pérdidas originadas por activos en EEUU hasta los 2,2 billones de dólares, frente a una estimación de 1,4 billones de hace sólo unos meses. La suerte para los bancos americanos es que la mitad de estos activos se encuentran en balances bancarios fuera de los Estados Unidos.Sin embargo, la extensión de la recesión en el resto del mundo está contaminando numerosos activos extranjeros que se encuentran en los balances de los bancos americanos, en una especie de infección global. En esta situación, no resulta extraño que el valor de mercado de los bancos americanos haya caído por debajo de los 400.000 millones de dólares y que se hable de la necesidad de acabar nacionalizando los dos buques insignia de la banca en EEUU, el Citi y el Bank of America.

Un nuevo frente se ha abierto con bastante virulencia: la extensión de la crisis a los países emergentes, muy especialmente a las economía del centro y el este de Europa. En los últimos días hemos visto un desplome importante de sus monedas ante los desequilibrios de estos países, especialmente la existencia de un elevado déficit externo y una alta dependencia de la financiación internacional.En concreto, en los tres últimos años estos países han triplicado su financiación bancaria del exterior, superando los 1,6 billones de dólares. Se trata de una crisis clásica parecida a la que tuvo lugar a finales de los 90 o en 1994 con la crisis del tequila en México. En estos momentos, tres países de la zona -Hungría, Letonia y Ucrania- ya han acordado una financiación de emergencia con el FMI, mientras que Serbia está en conversaciones y Rumanía ha señalado su voluntad de iniciarlas.

Como casi siempre ocurre en este tipo de crisis, la situación de los países no es idéntica, aunque por desgracia los mercados no discriminan en exceso. En el caso de los países del Este, aparte de Letonia, la peor situación la tienen Bulgaria y Hungría, que cuentan con un porcentaje de deuda externa que excede el 100% de su PIB, lo que supera ampliamente los ratios de los países asiáticos al inicio de la crisis de finales de los 90.

Por el lado de los prestamistas, seguramente el país más afectado es Austria, cuya exposición a la zona excede el 70% de su PIB, seguido por Suecia con un 30%. Sin embargo, más allá de lo que son los flujos de capital, la recesión que va a vivir la zona golpeará especialmente a Alemania, que es el principal exportador a estos países.

De cualquier modo, y esto es lo más relevante, la exposición de los bancos europeos a la totalidad de los países emergentes va más allá de los 3,3 billones de euros, una cifra que supera en más de siete veces la de los bancos de Estados Unidos, lo cual nos hace especialmente sensibles a una crisis en estas economías.Esta preocupación se encuentra, sin duda, detrás de la reciente debilidad del euro en los mercados de divisas.

Por último, otro factor que ha impactado negativamente en la percepción de la salud de los bancos ha sido la reacción negativa de los mercados al plan del nuevo secretario del Tesoro americano, Tim Geithner, que se ha hecho público hace unas semanas. A pesar de que incrementa los recursos de su antecesor, el famoso TARP de Paulson, mediante la creación de un nuevo fondo destinado a adquirir titulizaciones de préstamos y la ampliación de las facilidades crediticias de la Reserva Federal, se considera que no aborda el problema de solvencia de los bancos americanos, al mantener el importe de dinero público para inyecciones de capital y no aclarar suficientemente los detalles del nuevo fondo público-privado de compra de activos tóxicos. En definitiva, se piensa que los bancos americanos seguirán sin funcionar, actuando como zombis en terminología japonesa. El problema es que pueden contagiar al resto de la economía, al igual que ocurrió en Japón.Además, ahora, por desgracia, no podemos contar con el tirón de la economía china para sacarnos de la crisis.

luisdeguindos@hotmail.com

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La tercera oleada, de Joaquín Estefanía en Domingo en El País

Abrumados por la intensidad de la crisis financiera, se corre el riesgo de no fijar suficientemente la atención en otras tendencias que se manifiestan en los sectores industriales y de servicios. Por ejemplo, en algunas de las antiguas empresas públicas que fueron privatizadas y que ahora, una década después, han caído en manos del capital extranjero (público o privado) o pueden estar a punto de hacerlo.

Las empresas que a mitad de los años ochenta formaron Repsol (y que pertenecían al Instituto Nacional de Hidrocarburos), Iberia o Endesa fueron un día las joyas de la Corona, la herencia de la abuela, parte de lo que más valor tenía del antiguo sector público empresarial español. Hasta ahora ha habido dos oleadas privatizadoras: la primera, parcial e instrumental, puesta en marcha por los Gobiernos de Felipe González, tuvo como objetivo limitar el déficit público y atender a las necesidades generadas por la creación del Estado del bienestar español. La segunda, iniciada a partir de 1996, la protagonizaron los Gabinetes de Aznar, fue una privatización casi absoluta, motivada -lo dicen los programas electorales y los libros firmados por el entonces presidente del Gobierno- por criterios ideológicos.

La era Zapatero puede ser testigo de la tercera oleada: aquella en la que las antiguas empresas públicas pasan, en parte o en su totalidad, a manos del capital exterior. Hace unos meses se informó, en fases sucesivas, del interés de dos empresas rusas -Gazprom y Lukoil- por quedarse con el porcentaje que Sacyr tiene en Repsol, con lo que, de haberse concretado la operación, el capital ruso se habría quedado con el porcentaje de referencia de esta última, en un sector estratégico como el de la energía. En el mismo territorio, la eléctrica pública italiana (Enel) acaba de tomar casi la totalidad de Endesa. ¡Tanta guerra de OPA y contra-OPA para tan sorprendente resultado! Y en el ámbito del transporte aéreo, con abundantes picos de sierra en la negociación, desde el pasado mes de julio se trata otra vez de la fusión de Iberia y British Airways, después de que en el pasado la británica considerase la adquisición de la antigua compañía de bandera española.

Conocido el argumento de quienes se resignan al cambio de modelo de propiedad, basado en que se trata de empresas privadas -lo importante no es de quién es una empresa, sino que dé buenos servicios a sus clientes-, ojalá no llegue el momento en el que por mor de cualquier incidencia (por ejemplo, una crisis energética que demuestre la fragilidad y dependencia de europeos y españoles de las fuentes de abastecimiento externas), recordemos con nostalgia lo que un día tuvimos y de lo que nos desprendimos. Como, por ejemplo, ha ocurrido ahora, cuando al no funcionar el circuito del crédito y el descuento de los bancos a las empresas y particulares, hemos mirado a la Caja Postal de Ahorros y al resto de la banca pública, que también se privatizó.