Reggio’s Weblog

Euskadi y algo más, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Política by reggio on 3 marzo, 2009

La estricta matemática parlamentaria sugiere, tras los resultados electorales del pasado domingo, la formación del primer gobierno no nacionalista en Euskadi desde 1979… ¿o no?

De entrada, vuelve a ponerse sobre la mesa la procedencia o no de considerar la candidatura a presidir el gobierno del cabeza de la lista más votada; una tesis que ha discurrido lo suficientemente quebrantada como para que esgrimirla suene a inútil intento de autoconsolación. Dicho lo cual, tampoco se puede pasar por alto que unas sumas son más fáciles que otras ni la incidencia que los pactos en la comunidad autónoma pueden tener en un Congreso de los Diputados en que ningún partido ostenta la mayoría absoluta. Y resta todavía un tercer factor a tener en cuenta: las difíciles relaciones que, en términos generales, mantienen PSOE y PP y sus respectivas expectativas cara a los próximos comicios europeos del mes de junio, librados en distrito único a nivel estatal.

Yendo por partes, a nadie escapa que el Gobierno que encabeza Rodríguez Zapatero necesita mantener un horizonte de alianzas parlamentarias que refuercen su exigua mayoría. Cabe preguntarse, por tanto, hasta qué punto puede permitirse una ruptura con los nacionalistas vascos, añadida a las relaciones cada vez más difíciles que mantiene con Convergencia i Unió. Lo que, a su vez, conduciría a considerar la posibilidad de una reedición del pacto PNV-PSE para formar ejecutivo en Vitoria, aunque ello acarrease con casi asegurada probabilidad la sustitución de Ibarretxe como lehendakari; algo que, por cierto, quizás no desagradara del todo a sectores del propio PNV.

No es ningún secreto que una parte relevante de la dirección socialista, incluido el propio Rodríguez Zapatero, apuesta por una colaboración más estrecha con el nacionalismo moderado, a modo de fórmula idónea para reforzar el perfil centralista e inmoderado del PP en los territorios con mayor sensibilidad autonomista. Son notorios la incomodidad que causa el tripartito que gobierna Cataluña y el diseño de gobierno socioconvergente por el que apostaba Moncloa tras las elecciones posteriores a la revisión del Estatut. Un escenario que se encargó de frustrar el líder catalán, José Montilla, nada inclinado a ceder a Artur Mas -lista más votada- la presidencia de la Generalitat. ¿Es equiparable el escenario abierto en Euskadi?

La otra hipótesis manejada desde la noche electoral, bien es verdad que con carácter relativamente mayoritario, sitúa al socialista Patxi López al frente del ejecutivo vasco. Requeriría, como es lógico, el apoyo de los 13 parlamentarios del PP y acaso del único representante de UPyD, dependiendo del desenlace final del recuento del voto inmigrante en Álava, que bien podría sumar un nuevo escaño al PSE, en detrimento de EA. Ahora bien, ¿cómo materializar ese apoyo? Cabe pensar en un gobierno de coalición PSE-PP o un acuerdo de legislatura, dando apoyo a un gabinete socialista monocolor. Seguramente es pronto para inclinarse hacia una u otra opción, pero la expectativa de un ejecutivo estrictamente minoritario que, entre otras cosas, estaría llamado a convivir con tres diputaciones de mayoría nacionalista, sugiere un riesgo de inestabilidad que podría acabar haciendo efímera la experiencia.

Lo resultante en Euskadi no será en absoluto neutral en términos de política estatal. Privar al PNV de poder gubernamental en Vitoria resta potenciales apoyos al gobierno socialista en el Congreso de los Diputados y obliga, bien a tejer alianzas más estrechas -¿estables?- con los nacionalistas de CiU, bien a pergeñar algún tipo de pacto de Estado para los asuntos más vidriosos con el PP.

Lo primero tiene que superar el escollo de Cataluña, donde CiU fue el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas, pero se vio privado del poder como consecuencia de la alianza entre PSC, ERC e IU. Lo segundo choca con las revitalizadas aspiraciones del PP de vencer con holgura en los comicios europeos del próximo junio y las dificultades de obtener algo a cambio de su apoyo al Ejecutivo socialista.

Sin perjuicio de todo ello, valdría la pena reflexionar sobre la evidente oportunidad que tienen los dos grandes partidos de colocar la excepcionalidad por encima de sus aspiraciones partidistas. La situación en Euskadi lleva siéndolo desde hace más de tres décadas. La economía lo es desde hace más de un año. ¿Suficiente para que dejen de únicamente pelearse, día sí, día también?

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Dos elecciones con aires de cambio, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Política by reggio on 2 marzo, 2009

El análisis más fino de los resultados electorales en Galicia y Euskadi permitirá más interpretaciones que las apresuradas cuando una mínima parte de los votos está todavía pendiente de computar, pero lo ya conocido sugiere algunos mensajes que considerar. Uno, bastante claro, es que se han mantenido e incluso reforzado ligeramente los índices de participación; un dato que tiene distinta lectura en una y otra Autonomía, pero en todo caso positiva.

Las autonómicas vascas han sido las primeras en las que el mundo más radical (HB y derivados) no concurría con listas propias, sino patrocinando una mezcla de voto nulo y abstención. La suma de ambos efectos es difícil, pero en todo caso da la sensación de que queda por debajo del apoyo tradicional prestado a las tesis próximas al mundo etarra. A lo que cabe añadir el significado atribuible al notable ascenso de la alternativa que encarna Aralar.

El mapa parlamentario en Vitoria va resultar, en todo caso, algo más complicado que el mantenido durante los cuatro últimos años, con expectativas, la verdad es que no fáciles, de sustituir tres décadas de gobierno bajo la batuta del Partido Nacionalista Vasco (PNV), a partir de un hipotético pacto entre socialistas (PSE) y conservadores (PP), aunque tampoco se pueda ni deba descartar la reedición de un ejecutivo PNV-PSE; una hipótesis que es probable llevaría aparejado un cambio de orientación política, lejos de la doctrina inherente al Plan Ibarretxe, incluso ¿con otro lehendakari nacionalista? Sin olvidar que las tres diputaciones forales van a seguir en manos nacionalistas al menos dos años, con todo lo que eso significa en esos territorios.

La lectura del resultado de los comicios gallegos parece más clara, sin perjuicio de una mayor profundización posterior. El electorado se ha decantado de forma bastante apreciable por rechazar la corta experiencia de Gobierno bipartito, una única legislatura, devolviendo la mayoría absoluta al PP. No sería demasiado exacto decir que se ha producido un vuelco respecto de los comicios del 2004, dado que entonces apenas siete mil votos privaron a los conservadores del escaño 38 necesario para mantenerse en el poder, aunque sí es cierto que esta vez la ventaja ha sido bastante más apreciable que la obtenida entonces por PSG y BNG para gobernar.

Más allá de las respectivas interpretación y trascendencia en clave autonómica, está la que pueda atribuirse a escala estatal. En este aspecto, no cabe duda que va a suponer un balón de oxígeno para el PP, en uno de sus momentos más complicados de los últimos años, y en particular para el por muchos discutido liderazgo de Mariano Rajoy. Claramente por la victoria en Galicia y algo menos por la capacidad de resistencia mostrada en Euskadi, con un adquirido papel de potencial árbitro para determinar o no la ubicación del primer no nacionalista al frente del Ejecutivo de Vitoria desde 1979.

Para los socialistas, en cambio, queda la dualidad agridulce de ostentar una posibilidad de ganar el poder en el Gobierno vasco y haber fracasado en su intento de sumar una segunda legislatura al frente de la Xunta.

A modo de apunte final de este repaso apresurado cabe preguntarse en qué medida pueda haber incidido la crisis económica en las tendencias manifestadas de voto en las dos Comunidades. Será probablemente asunto para una ulterior interpretación.

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Los absolutos son malos para las crisis, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 23 febrero, 2009

Las afirmaciones contundentes, los juicios grandilocuentes y las verdades con pretensión de absolutas casi nunca convienen, pero son peores en etapas de crisis como la actual. Como rara vez se cumplen, quienes se abonan a ellas sólo consiguen ver mermada su credibilidad. Y es que en tiempos como los que toca vivir abunda más la incertidumbre que las certezas, sea cual sea el aspecto que se quiera considerar.

Cada semana se añaden nuevos calificativos a la crisis: financiera, de liquidez, de demanda, de modelo de crecimiento, crediticia, de confianza… pero se cita poco una que pudiera estar resultando más trascendente: de credibilidad.

Una prueba palpable es la reacción de los mercados a las medidas que desde los gobiernos se van instrumentando; incluidas las hasta hace poco esperanzadas del presidente Obama. Lo mismo se puede decir respecto de los pronósticos, sean de alcance del deterioro o de horizonte de recuperación.

Valgan en lo que valgan las encuestas, el sentimiento más extendido es que las autoridades no tienen idea de lo que está pasando, cómo combatirlo y cuánto puede durar. Desgraciadamente, se atisba compartido por los ciudadanos, las empresas, los asalariados, los empresarios… es decir, la sensación es general.

Frente a esa realidad, los dirigentes políticos siguen manteniendo posturas en apariencia firmes, aferrados a ideas y principios que se intuye puedan ser tan potencialmente inválidos como los demás. Un exponente doméstico es la rotundidad con la que Gobierno, oposición y sindicatos se niegan a siquiera discutir eventuales cambios en el vigente marco rector del mercado laboral.

Nadie puede negar que el empleo se está orientando en España hacia situaciones de emergencia: un listón que nadie puede situar exactamente, pero que sin duda existe y al que la realidad se está aproximando, semana a semana, mes a mes. ¿Está en los 4,5 millones de desocupados? ¿En 5 millones? ¿En 6 millones? A saber.

Desde otro enfoque del problema, la mayoría lleva años llenándose la boca con descalificaciones del modelo de crecimiento basado en el ladrillo, patrocinando su urgente sustitución por otro, más equiparable al que luce el resto de las principales economías de la eurozona. Sólo que, aun teniendo razón teórica, la cosa se suele quedar ahí.

Reducir el peso del sector maldito quiere decir, entre otras cosas, pasar de sus recientes niveles de empleo (13-14 por ciento de la población ocupada) a poco más o menos la mitad, que es la cifra promedio en la Unión Europea; es decir, que algo más de un millón de personas dejen de trabajar en esas actividades y que, para no caer indefinidamente en las listas del paro, deberán recolocarse en otros sectores o actividades.

Decirlo es más fácil que hacerlo, porque al menos son necesarias dos premisas: de una parte, que surja suficiente número de emprendedores e inversiones para absorber ese volumen de capital humano; de otra, tanto o más importante, que los trabajadores liberados tengan o adquieran la formación o capacitación debidas para el nuevo desempeño. Y a nadie escapa que, en ambos aspectos, es y será siempre relevante el modelo de normativa laboral vigente.

Lo reprobable es que, pese a hablar tanto de sustituir el modelo de crecimiento, no se haya dado un solo paso para facilitar esa transición, ni antes de que la crisis se agravara ni desde que sus efectos más dramáticos se han comenzado a materializar. Y todavía peor se aprecian la tozudez, cerrazón y empecinamiento de todos, comenzando por el Gobierno, en sentarse a discutir y analizar lo que de verdad está pasando para que España ostente el desagradable récord de ser el país de la eurozona con peor comportamiento del empleo, incluso en épocas de auge, en las que el número de parados nunca bajó de los 2 millones.

La economía no es ni probablemente pretende ser una ciencia perfecta, pero algunas leyes de su funcionamiento llevan tiempo establecidas. Una de ellas es que, en la situación actual, el ajuste sólo puede venir por vía de unas ganancias espectaculares de productividad, una rebaja de los salarios reales o un ajuste drástico del empleo. Querer salir de la crisis sin que ocurra ninguna de esas tres cosas es una utopía, y patrocinarlo, una irresponsabilidad.

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Inquietudes que vienen de fuera, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 5 febrero, 2009

La inestabilidad social que ha empezado a manifestarse en algunos países de la Unión Europea, por ejemplo Reino Unido y Francia, transmite inquietud por aquí. Se tiene por lógico y potencial detonante la pésima evolución del empleo, con más intuición que certeza sobre lo que verdaderamente pueda llegar a ocurrir.

Las sociedades británica y francesa no han reaccionado de la misma manera, pero ambas se han convulsionado a causa de la crisis que se está manifestando por doquier. La primera ha puesto énfasis en la presencia de trabajadores extranjeros que estarían privando de puestos de trabajo a los británicos de toda la vida; la segunda, en cambio, trata como otras veces de anteponer su protesta y movilización a la amenaza de recortes sociales o cambios en el statu quo de algún colectivo. En el fondo, una y otra divergen sensiblemente de la doctrina y la política de su respectivo Gobierno.

No es fácil determinar en qué medida sucesos más o menos similares se pueden llegar a declarar aquí. Sin duda, las circunstancias son distintas, pero no tanto como para no tomar en consideración las similitudes que existen: las hay.

Más de uno se ha puesto a hurgar en memoria y hemeroteca para rescatar lo que ocurrió en anteriores crisis, pero seguramente le servirá para poco, porque las cosas son bastante distintas, algunas para bien y acaso otras para no tan bien.

Algún recuerdo puede quedar, sin embargo, de los tiempos en los que más de uno pronosticaba que si la economía española llegaba al millón de parados se produciría un estallido social. Más adelante, el sombrío pronóstico se amplió a dos millones y, ahora mismo, es sabido que su número rebasa ampliamente los tres, camino de los cuatro millones, a no tardar. Sólo que el precedente se debe manejar con cuidado, evitando caer en lecturas erradas.

Sea mejor o peor, una diferencia apreciable respecto de anteriores crisis es que la destrucción de empleo se está produciendo de forma transversal. Esto es, afectando a la práctica totalidad de sectores y territorios, sin colectivos que sufran particular o masivamente el problema, pero al mismo tiempo sin que ninguno se esté librando del todo. Lo que signifique está por ver.

Probablemente, el alarmismo es inconveniente: está de más. Pero tampoco se puede pasar por alto que, conforme se siga destruyendo empleo, aumentarán los riesgos de desestructuración social. De ahí que sea cada vez más urgente proveer medios para que cese la sangría de ocupados que se va acumulando mes tras mes.

Una de las cosas que no se debería pasar por alto son las limitaciones que tiene el sistema de protección. No sólo temporal, puesto que el derecho a percibir prestaciones no es indefinido, sino muy especialmente porque no pasa de ser un paliativo, pero en modo alguno un remedio y mucho menos una solución. Querer trabajar y no poder hacerlo genera también frustraciones de todo tipo, que antes o después pueden acabar colocando a la persona afectada al margen del mercado laboral.

Sería poco menos que ingenuo ignorar lo que coyunturas de ese tipo proporcionan a los inclinados a la utilización oportunista, sesgada y exaltada de la situación. La demagogia suele ser fácil, pero más a menudo de lo que se piensa toma una dinámica difícil, cuando no imposible de gestionar.

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En cierto modo, volver a empezar, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía, Internacional, Política by reggio on 21 enero, 2009

Cualquiera animado por un deseo de originalidad se habrá topado con una falta de adjetivos para calificar el primer día de Barack Obama como 44º presidente de Estados Unidos. No se recuerdan referentes próximos para buena parte de las circunstancias que han rodeado este relevo al frente de la Casa Blanca: crisis económica profunda, de alcance mundial, y el país sumido en dos guerras de acusado deterioro e incierto desenlace, en Iraq y Afganistán. Tampoco hay precedentes en grado de expectativas y, en consecuencia, expectación.

Bastante se ha enfatizado ya sobre los riesgos asociados a ese cúmulo de expectativas suscitado desde noviembre hasta ayer. El tiempo dirá si el alcance del cambio presumido se acerca o no a lo esperado, pero los peligros propios de la impaciencia estuvieron de alguna manera jalonando los escasos veinte minutos de su primer discurso en las afueras del Capitolio, entremezclando la magnitud de los problemas y los propósitos de ir abordando uno tras otro los retos que su cuatrienio tiene por delante, pidiendo tiempo, esfuerzo compartido y participación.

Seguramente era inevitable situar la crisis económica como eje central. Está sin duda en el ánimo esencial de los estadounidenses y el presidente Obama eligió la apelación a una recuperación de los viejos valores, los fundamentos esenciales de la sociedad y la filosofía de los padres fundadores como receta de fondo para encarar los problemas y perseguir su superación.

Quizá más de uno haya recibido con cierta sorpresa esa suerte de apuesta por volver a empezar. Desde que la profundidad de la crisis se hizo patente, ha sido abundante la búsqueda de referencias que, a modo de antecedente, sirvieran para interpretar lo que está pasando, determinar cómo salir del lío y sobre todo cuánto puede durar.

El antecedente más socorrido ha sido sin duda 1929, aunque sin ir mucho más allá en lo que históricamente parece admitido que acabó desembocando la Gran Depresión. Pero hay que admitir que el paralelismo presenta no pocas lagunas: cuesta asimilar dos crisis tan separadas en escenario y contexto. Simplificadamente, no hay más remedio que tomar en consideración, entre otras muchas cosas, algo tan diferenciador como la intercomunicación en tiempo real que posibilitan las nuevas tecnologías y en particular internet.

Probablemente, la conexión popular de las palabras del nuevo mandatario haya que buscarla en su expresada convicción de que ha sido el abandono de los grandes valores y principios la causa esencial de lo actual. No en vano, el grueso de la sociedad asiste escandalizado al espectáculo de quiebras latentes, salvadas o eludidas a base de verter fondos presupuestarios, desde el recuerdo de la ostentación prepotente de quienes hoy reclaman auxilio estatal, prácticamente en paralelo a la percepción de un multimillonario bonus como recompensa a su gestión.

Decirlo es, sin duda, más fácil que corregirlo, pero todo es empezar. Si algo parece claro a estas alturas es que lo actuado hasta hoy frente a la crisis ha servido apenas para salir del paso y evitar derrumbes, pero van a hacer falta propuestas y acciones audaces para sentar las bases de una verdadera superación. ¿Será volver a las esencias la fórmula para salir de ésta? Lo sea o no, una mayoría espera que Obama la encuentre, más pronto que tarde. El tiempo dirá.

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Previsiones bajo sospecha, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 19 enero, 2009

Ha costado, pero el Gobierno ha dado el paso de aterrizar en la realidad: sus estimaciones de que la economía se contraerá del orden del 1,6 por ciento en el 2009, el desempleo se acercará a los 4 millones y el déficit presupuestario rondará el 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Todo se acerca bastante a lo previsto desde hace dos o tres meses por organismos internacionales y la mayoría de estudiosos y analistas del ámbito privado, que han debido arrostrar por ello profusas descalificaciones y críticas del Ejecutivo, los socialistas y su entorno. Lo malo es que los precedentes inducen efectos poco adecuados para afrontar la situación.

El empecinamiento mantenido durante prácticamente todo el 2008, negando la gravedad de la situación, primero, y atemperándola, después, es inevitable que haya de jugar claramente en contra de la credibilidad de las previsiones difundidas tras el Consejo de Ministros del pasado viernes. En ello se incluyen, lógicamente, los Presupuestos para el presente ejercicio, aprobados por el Parlamento hace menos de treinta días, cuyas líneas esenciales se han reconocido inválidas antes de concluir el mes de enero.

La resultante política -léase electoral- es opinable y se medirá sucesivamente en las próximas convocatorias a las urnas, hasta culminar en la renovación de Congreso y Senado, que tiene como límite la primavera del 2012, pero existen otras repercusiones más inmediatas y de mayor alcance que vale la pena considerar.

Es presumible el escepticismo con que más de uno ha recibido las nuevas previsiones económicas del equipo gubernamental. Lo malo es que vaya más o menos acompañado de la convicción, o al menos la sospecha de que la difusión de esas poco halagüeñas cifras se ha producido porque las cosas están todavía mucho peor.

Ni siquiera hace falta que sea verdad: que muchos lo crean puede ser suficiente para que los datos finales resulten ser más desfavorables, teniendo en cuenta que el ingrediente psicológico, si se prefiere anímico, ante las coyunturas críticas actúa de forma determinante, tanto para profundizar en las caídas como a la hora de propiciar un anticipo de la recuperación.

En definitiva, el Gobierno sigue sin cumplir sus tareas con probidad. Es cierto que comparte con muchos otros -¿la mayoría?- la aplicación de medidas que no trascienden lo paliativo y apenas propician ni preparan un escenario de recuperación. Lo malo es que tampoco está acertando en algo tan necesario como generar un poco de confianza; antes al contrario, ni siquiera es capaz de unificar mensajes de evaluación y pronóstico sobre lo que está pasando y lo qué prevé que va a durar. Y no debería servirle de consuelo, mucho menos como excusa, el lamentable discurso que esgrime el Partido Popular, en tanto que principal grupo de oposición.

Alguien, en el Ejecutivo, debería tomar conciencia de que no basta con expresar optimismo congénito, asegurando que el país saldrá de ésta… sin añadir nada creíble de cómo y cuándo conseguirá salir.

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Remedios que inquietan, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 15 enero, 2009

Dentro del desconcierto generalizado sobre el alcance y la resolución de la crisis que no cesa empieza a plantearse la duda de si algunos de los remedios que se están aplicando acabarán siendo gérmenes de una nueva enfermedad, acaso más grave que la actual. Dos aspectos inquietan sobre otros: la renovada laxitud de la política monetaria, con los tipos de interés volviendo a tasas negativas en términos reales, y el fuerte crecimiento de los déficits presupuestarios.

Abaratar el dinero se admite como receta imprescindible para evitar caídas más pronunciadas de la actividad y, a ser posible, propiciar cuanto antes la ansiada recuperación. Hay amplio acuerdo sobre este punto, pero no evita la inquietud, mejor el temor, a que se pueda estar generando lo que algunos llaman el síndrome del drogadicto: si el dinero fácil y el crédito indiscriminado han sido las sustancias tóxicas que han propiciado la catástrofe, ¿tiene sentido seguir suministrando lo mismo al mercado? ¿No se estará exacerbando la adicción y haciendo más difícil el desenganche?

De otra parte, sin casi nadie que lo discuta, se va afianzando la convicción de que disparar el déficit público es la única opción posible dados los tiempos que corren. El vicepresidente Solbes acaba de admitir que el descuadre de las cuentas públicas en el 2009 va a ser sensiblemente superior al registrado el pasado año: algo por encima del 3 por ciento en términos de Producto Interior Bruto (PIB). No deja de ser llamativo que el responsable económico del Ejecutivo admita que los Presupuestos aprobados hace menos de un mes por el Parlamento no se van a cumplir.

Cualquiera sabe que el déficit no es neutral. En realidad, no existe: la diferencia entre ingresos y gastos públicos se cubre mediante emisiones de deuda que, como es lógico, hay que retribuir durante años y finalmente devolver. Desde el Gobierno y su entorno se repite con harta frecuencia que España dispone de margen para contraer nueva financiación, dado que su ratio de deuda pública está por debajo del 50 por ciento del PIB, entre los más reducidos de la Unión Europea (UE). Lo que ya no se cuantifica es cuántos puntos porcentuales integran ese margen ni se menciona qué puede suponer hacia el futuro sumarlos a excesiva velocidad.

Por obvio que sea, a veces parece olvidado que toda deuda debe pagarse: para empezar, los intereses; al final, devolviendo el principal. Significa, pues, que la que se contrae ahora proyecta obligaciones de gasto sobre presupuestos futuros, limitando otras partidas y actuando como factor de retroalimentación del déficit, año tras año. Ahí está, sin ir más lejos, el recuerdo de lo ocurrido en la primera parte de la década de los años 80 del pasado siglo, cuando la deuda pública estaba situada entre veinte y treinta puntos por encima de la actual en relación al PIB.

Otro factor a tener en cuenta es que una creciente apelación del Tesoro a los mercados financieros detrae recursos del sistema, restando opciones de crédito a los agentes privados. Y que, de una u otra forma, la cotización otorgada a las emisiones de deuda pública acaba contaminando el coste de los préstamos contraídos por las empresas y particulares del país. Ahora mismo, la deuda española discurre del orden de 100 puntos básicos por encima del bono alemán, en medio de rumores sobre posibles rebajas de calificación como la difundida hace pocos días por Standard & Poor’s.

Estos y otros temores se fundamentan, a fin de cuentas, en la creencia de que la crisis en curso acabará superada, aunque a decir verdad nadie demuestre tener claro cómo, cuándo, ni por qué. En realidad, las suspicacias sobre la vuelta al dinero barato precisan un escenario de recuperación para que exista verdadero riesgo de generar algo semejante a lo que ahora mismo toca digerir. Y los que se muestran recelosos frente a la progresión de los déficits públicos están pensando en cómo pueden lastrar las potencialidades de relanzamiento de la economía, entre otras cosas por la pérdida asociada de competitividad.

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Cuando a las rebajas les llaman descuentos…, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 8 enero, 2009

De vez en cuando se pone de manifiesto cómo conduce al absurdo la manía de regular. Hace algunos años, la mayoría de gobiernos autonómicos decidió fijar las fechas de comienzo y terminación de las campañas de rebajas en los comercios. Fue, en cierta medida, un añadido a la pretensión funcionarial de decidir en qué días y horas los consumidores podían, en realidad debían comprar. Con esos y otros mimbres nacieron distintas leyes reguladoras del sector, varias de ellas con la poco o nada disimulada inspiración de las asociaciones de pequeños comerciantes cuya supervivencia se aseguraba querer preservar.

Las sucesivas normas han corrido distinta suerte, pero en general han acabado desbordadas por la dinámica de los cambios producidos en las preferencias y sobre todo las necesidades de los consumidores, a las que los establecimientos no han tenido más remedio que corresponder, con desiguales acierto y celeridad, según los casos. El intento de someter las rebajas al imperativo burocrático tampoco ha ido mejor.

Oficialmente, en la mayoría de territorios las rebajas comenzaron ayer. Otros habían anticipado la fecha al pasado 2 de enero. La realidad, sin embargo, es que los comerciantes llevan semanas reduciendo precios y los hay que incluso lo hacen durante todo el año, ajustando sus ofertas a la demanda… como debe ser.

La distinción semántica entre rebajas y descuentos puede servir para salvar la cara, simulando que la ley se aplica y es útil, pero resiste mal tan pronto se confronta con la realidad. No sólo es que uno y otro vocablo signifiquen prácticamente lo mismo -basta consultar el diccionario RAE-, sino que para cualquier potencial comprador lo importante es disponer de una reducción en el precio; como se llame, da igual.

Bajar los precios no depende de ningún designio administrativo: se ofrece más barato lo que no se vende o se adopta como estrategia cuando el consumo en general muestra síntomas de retracción. Cualquiera sabe que viene ocurriendo desde el pasado verano y que por eso no eran precisamente optimistas las expectativas cara a la campaña navideña, en la que muchos ramos concentran una parte sustancial de las ventas de todo el año. De ahí que diciembre arrancara con descuentos, ya que la norma no permitía rebajar.

En esto, como en tantas cosas, subyace la peregrina idea de que la burocracia pública tiene más capacidad de determinar que los profesionales directamente implicados, dedicados y por tanto concernidos en la actividad. ¿Cabe alguna duda de que el comerciante sabe cuándo, cuánto y qué debe abaratar para atraer el interés y a ser posible la decisión de compra del consumidor?

Cuestión distinta es la tarea que compete a la esfera pública en materia de garantía y defensa de derechos del consumidor. Aquí hay que reconocer que la normativa ha incorporado notorios avances, pero no se puede decir lo mismo de su aplicación práctica, dado que sigue siendo manifiestamente mejorable el funcionamiento de los varios organismos, dispersos por las administraciones, que tienen encomendada la tarea de atender las reclamaciones y quejas: los hay que ni siquiera actúan y el resto suele hacerlo tarde y mal.

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Política en Caja Madrid, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía, Política by reggio on 30 diciembre, 2008

Se ha dicho y escrito innumerables veces que las cajas de ahorros constituyen una figura notoriamente atípica: no son estrictamente públicas ni privadas, aunque tienen algo de ambas cosas a la vez. Entre otras cosas, pueden comprar, pero no ser compradas, y nunca acaba de quedar claro si su particular estatus está o no amenazado de caducidad. La realidad, en todo caso, es que funcionan y en conjunto suponen en torno a la mitad del sistema financiero español que, lógicamente, sin ellas sería otro, distinto, no necesariamente mejor? ni peor.

La alusión genérica, empero, carece de exactitud. Algunas son más iguales que otras, por más que estén sujetas a una normativa estatal común; no sólo, aunque también, por las amplias facultades de regulación que tienen adjudicadas las comunidades autónomas sobre el sector. Se nota, entre otras cosas, en la tutela y composición de los órganos de gobierno, donde la incidencia política es cuando menos desigual.

Con todo, ha sido siempre una especie de secreto a voces, o si se quiere sobreentendido, la apetencia de los responsables políticos para influir en las entidades de su ámbito territorial. Por ejemplo, en la presencia activa de muchas cajas como esenciales financiadoras de proyectos rotulados como estratégicos desde la correspondiente esfera gubernamental, algunos de los cuales no siempre acaban bien. Claro que tampoco aquí se puede generalizar: en unos sitios se actúa con más prudencia que en otros, y justo es decir que en términos generales no ha trascendido hasta ahora ninguna repercusión grave en las cuentas de explotación.

Ello no obsta para que, de vez en cuando, surja el espectáculo de una disputa, entre personal y política, por el poder ejecutivo de una entidad. Justo lo que está pasando ahora mismo en torno a Caja Madrid.

No es el primer episodio de este tipo que surge en el mundo de las cajas ni hay que pensar que vaya a ser el último, pero tiene de novedoso que afecta a una de las grandes y entre los unos y los otros han obviado mantenerse dentro de los habituales límites de discreción. Antes al contrario, la batalla lleva meses planteada con toda suerte de publicidad y la consiguiente profusión de tácticas de desinformación.

Cuesta creer, a estas alturas, que la reforma de la ley madrileña de cajas, introducida deprisa y a última hora en la Asamblea, esté diseñada “contra nadie”, tal como asegura el gobierno autonómico. Del mismo modo que tampoco se pueden olvidar los antecedentes, es decir las circunstancias que propiciaron el acceso de Miguel Blesa a la presidencia de la entidad. Tan político es el aparente empeño de la presidenta Esperanza Aguirre de sustituir al actual dirigente, como lo fue su designación, curiosamente coincidente con la llegada a la Presidencia del Gobierno de su compañero de oposición, José María Aznar. Se puede, por tanto, objetar el carácter político de la provisión del máximo órgano de gobierno de Caja Madrid, pero es poco riguroso argumentar que ahora se pretende hacer algo distinto a lo que se hizo antes, como si hubiese correspondido a un head hunter el proceso de selección.

El caso de Caja Madrid es más notorio que otros, entre otras razones porque se trata de la segunda del ranking sectorial, pero no el único en que el equipo gestor de una entidad es relevado en paralelo al cambio de mayoría en el ejecutivo autonómico del territorio. Ha ocurrido a menudo cuando un partido ha sucedido al adversario y algo menos, pero también cuando, como parece ser el caso, una familia partidista ha ocupado el lugar de otra de la misma formación.

Lo que debería llevar a la reflexión es si entidades tan importantes para la vida económica ?vale la pena insistir que conforman alrededor del 50 por ciento del sistema financiero- pueden o deben estar sujetas a este tipo de avatares; es decir, si algo está fallando en su marco normativo, amenazando que sigan desempeñando con eficacia y eficiencia su relevante papel.

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El FMI también lo ve mal, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 11 diciembre, 2008

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha acercado al consenso imperante en los analistas privados que, con notoria unanimidad, estiman una apreciable contracción de la economía española en el inminente 2009. El organismo ha sido incluso más prudente al calcular una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 1 por ciento, más suave que el 1,5 o incluso el 2 por ciento que domina la mayoría de previsiones domésticas, excluidas las que a modo de cláusula de estilo siguen manteniendo los responsables públicos. Trasladado a la realidad significa que los próximos meses las cosas irán bastante a peor.

No menos coincidentes son otras apreciaciones del informe del Fondo con lo que viene señalando la mayoría de expertos nacionales: la urgencia de acometer reformas de cierta profundidad que, de no implementarse, acentuarán los efectos de la crisis y retrasarán de forma sensible la posible superación. Nada que el propio organismo internacional no haya señalado en anteriores ocasiones con mayor o menor rotundidad, la mayoría de las veces suscitando una genérica descalificación. ¿Merecerán sus recomendaciones una consideración distinta de la habitual?

Conforme los efectos de la crisis se van haciendo patentes, se echan más en falta medidas de reforma añadidas a las hasta ahora adoptadas que, en términos náuticos, semejan poco más que intentos de capear el temporal.

Más de uno constata perplejidad porque el debate político aparezca esencialmente concentrado en la tramitación, prácticamente ya consumada, del proyecto presupuestario para el 2009. El veto del Senado no tiene más trascendencia que su potencial para agitar un poco más la controversia dialéctica oposición-Gobierno y, más importante, cerrar el paso a la posible presentación de enmiendas de última hora en ambas Cámaras, pero sin mermar un ápice la más que probable ratificación por el Congreso. Pero en realidad, aunque lo expresen de distintas maneras, todos parecen estar bastante de acuerdo en que las cuentas públicas propuestas para el próximo año no van a cumplirse en ingresos ni en gastos, entre otras razones porque se fundamentan en un escenario económico irreal.

Más útil sería que la discusión estuviera centrada en el catálogo de reformas que la economía española precisa. Claro que para ello Gobierno y oposición deberían clarificar sus recetas… si es que las tienen, coincidan mucho, poco o nada con las que expertos independientes u organismos como el FMI vienen sugiriendo con persistencia.

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La discutible moda de jubilar el conocimiento, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía, Política by reggio on 2 diciembre, 2008

Este martes será noticia destacada, aunque presumiblemente poco agradable, la evolución del empleo durante el recién concluido noviembre, pero nadie espera a estas alturas que diciembre sea mejor. Incluso las estimaciones oficiales van elevando mes tras mes la tasa de paro prevista en el 2009 y sólo los más optimistas, entre ellos el ministro de Trabajo -¿va en el sueldo?-, se atreven a pronosticar una reducción o cuando menos un relativo estancamiento en los últimos meses del año por venir.

A propósito de los datos, hace pocas semanas se desató la polémica sobre si los trabajadores prejubilados deben o no seguir incorporados a las estadísticas oficiales de desempleo. Una evidencia como tantas otras de la facilidad con que debates que podrían resultar relevantes acaban discurriendo por lo accesorio, dejando de lado aspectos de índole más esencial.

Sin duda, el concepto mismo, o mejor la práctica de recurrir a prejubilaciones es merecedor de reflexión y no estaría de más un debate riguroso y a la vez sosegado de lo que puede estar suponiendo en términos de país.

Conceptualmente, pueden existen razones para considerar que los prejubilados no son, en sentido estricto, demandantes de empleo, desde la presunción de que están conformados con los ingresos que perciben: por lo general, una parte sustancial del salario asignado en el momento de haber asumido tal condición. Una parte de esos emolumentos es con cargo a las prestaciones por desempleo y de eso deriva que estén integrados en las cifras del Ministerio de Trabajo.

No parece, sin embargo, lo más relevante dedicar energías a discutir si el cómputo acumula o no unas cuantas decenas de miles de desocupados, cuando las cifras discurren camino de los tres millones, a no tardar.

Más importante sería discutir la conveniencia o inconveniencia del hábito de recurrir a ese tipo de medida, las más de las veces aplicada como sustitutivo de otros planteamientos, incluso más allá de cuestionar el sistema que lo ampara, con claro impacto en los costes de Seguridad Social. Expresado de otra forma, valdría la pena debatir si procede o no perpetuar el relativo tópico de que se gana eficiencia nutriendo las plantillas con gente de menor edad. Y, dicho aún más claramente: ¿hay que prescindir, sin más, de quienes sobrepasan una determinada frontera en años, por lo demás arbitraria y en todo caso movible en virtud de no se sabe muy bien qué? ¿Se lo puede o debe permitir el país?

Puestos a huir de los tópicos, tan importante puede ser conjurar la idea de que las nuevas generaciones están menos preparadas, como la contraria según la cuál sólo éstas tienen capacidad para el desempeño innovador. En realidad, lo primero suena a prepotencia de veteranos, en tanto lo segundo tiene visos de moda para eludir otras cuestiones de más enjundia. Pero ésa es o puede ser otra cuestión.

La que no estaría de más plantearse es si, existiendo acuerdo generalizado en que el factor diferencial en términos competitivos radica cada vez más en el conocimiento, tiene lógica prescindir del incuestionablemente atesorado a partir de la experiencia, el desempeño y la dedicación.

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La otra cara del plan, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía, Política by reggio on 30 octubre, 2008

Está por ver hasta qué punto las medidas de apoyo, cobertura y rescate puestas en marcha por el Gobierno sirven para solventar siquiera parte de los efectos de la honda crisis. Cuando se apliquen de forma efectiva será posible evaluar sus efectos, pero de momento ya han planteado un asunto tan espinoso como relevante: el grado de transparencia de su asignación concreta. Dicho de otra forma, si debe publicitarse o no qué entidades y en qué cuantías se acogen y benefician del plan gubernamental.

El argumento esencial de quienes, desde el propio sistema financiero, se han pronunciado contra la transparencia es apreciable, pero también reversible y no del todo coherente con otros razonamientos previos a la articulación del plan.

Es difícil negar la posibilidad de que acogerse al plan gubernamental pueda ser interpretado como síntoma de problemas mayores que los realmente padecidos por la entidad. Pero también puede ocurrir lo contrario: que el conocimiento exacto de las ayudas requeridas despeje rumores, temores e incógnitas que, no conviene olvidarlo, están justo en la base de los problemas de confianza que aquejan al sistema financiero desde hace meses.

Algún directivo bancario ha manejado como ejemplo las muchas barbaridades que en las últimas semanas se han difundido sobre entidades acogidas a los planes de rescate en los respectivos países. Sin duda tiene razón, pero sería inexacto culpar a esas versiones del clima de desconfianza instalado por todas partes, por insolventes o inexactas que determinadas informaciones hayan podido ser.

Cualquiera se ha hartado de leer, escuchar y repetir en las últimas semanas que restablecer la confianza en el sistema financiero era vital. De hecho, ha sido la justificación básica para decidir movilizar cientos de miles de millones de euros de los presupuestos públicos. ¿De dónde surgía esa desconfianza enquistada por todas partes? ¿No era consecuencia de una acusada falta de transparencia?

La realidad es que las entidades financieras dejaron de prestarse unas a otras, en gran medida porque no conocían lo afectada que podía estar cada una, fuera porque no lo revelaban o debido a que ninguna se fiaba de los datos ajenos, ¿acaso porque los propios enmascaraban la situación? En paralelo o acto seguido, los inversores hicieron lo mismo, depreciando aceleradamente el valor atribuido a las acciones bancarias, o negándose a inyectar capital en las que, de forma por lo general bastante súbita, confesaban una situación de aguda insolvencia patrimonial.

Afortunadamente, salvo en algún caso aislado, la cosa no pasó de ahí, pero los responsables bancarios no pueden ignorar que cierta inquietud ha acabado instalándose en la sociedad. ¿O es que desconocen las dudas surgidas sobre en qué medida estaban o no seguros los depósitos, los ahorros, los planes de pensiones y demás fondos en tal o cual entidad? Precisamente por eso, los gobiernos europeos, el español incluido, se apresuraron a elevar la garantía fijada para las cuentas corrientes en todo el sistema. Lo que no se puede decir, porque no es cierto, es que la inquietud de los depositantes surgiera como consecuencia de publicación alguna que hubiera puesto en entredicho la solvencia de ninguna de ellas.

Luego, si el origen de los problemas ha sido, cuando menos en parte, la pérdida generalizada de confianza, ¿hay mejor antídoto que la transparencia para tratar de restablecerla, cuanto antes, mejor?

Más de un observador ha recalcado en fechas recientes lo inconveniente de reiterar en exceso que no existe problema alguno en el sistema financiero español. Basta el sentido común para sospechar que es poco probable que, dicho de forma genérica, nadie haya resultado afectado por una crisis que es ante todo global. Puede ser cierto, y probablemente lo es, que los percances sean aquí menores que en otros países: menos entidades afectadas y ninguna inmersa en situaciones de alta gravedad, pero negarlos sin matices es presumible que induzca a pensar que algo se puede estar ocultando, con el riesgo de que la imaginación discurra por territorios mucho peores que la realidad. Por otra parte, si no hubiera problemas, ¿haría falta un plan?

Valdría, por tanto, considerar que el mejor antídoto contra la rumorología -cala sin necesidad de aparecer publicada- es revelar con exactitud, rigor y certeza quién tiene problemas, cuál es su grado y en qué medida requiere ayuda, como premisa para que sea creíble la afirmación de que no los tienen los demás.

Es poco discutible que los contribuyentes tienen todo el derecho a saber, hasta el más ínfimo detalle, qué se hace con su dinero, pero no es menor el que asiste a cualquier inversor o depositante en una entidad financiera a conocer cuál es su verdadera salud y si ha solicitado o no ayuda estatal.

Uso de fondos públicos y transparencia deberían ser conceptos indisociables, y quienes apelan a su cobertura tenerlo presente, estando como están asistidos de plena libertad para acudir a los beneficios del plan o seguir su camino basados en sus propios medios y su privativa elección entre transparencia y opacidad.

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