Reggio’s Weblog

La licencia como pretexto, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Derechos, Justicia, Libertades, Política by reggio on 26 febrero, 2009

Noticia política de los últimos días ha sido la dimisión del ministro de Justicia. No hace falta comentar las causas de esta dimisión, ya que son demasiado conocidas, pero una de ellas, seguramente la de menor entidad, es un buen pretexto para reflexionar sobre la actual situación del Estado de las autonomías.

Efectivamente, al ministro le pillaron cazando sin licencia. ¡Caramba! Que un ministro, además un ministro de Justicia, se arriesgue a participar en una cacería sin el permiso correspondiente obviamente constituye una infracción pero sobre todo denota una imprudencia política imperdonable. Pero ahí hay que señalar un matiz. El ministro es un cazador experto y adiestrado, nunca hubiera ido a cazar sin licencia, pero lo que le fallaron fueron sus conocimientos de geografía: la finca por donde andaba persiguiendo venados ya no pertenecía al territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, de cuya administración había obtenido la licencia, sino que estaba situada en la comunidad autónoma de Andalucía. ¡Mecachis!

Según confesión propia, sin darse cuenta, traspasó el linde entre ambas comunidades y no recordó que su licencia de Castilla-La Mancha no tenía validez en Andalucía: un minúsculo error, pero que ha sido la gota que ha desbordado el vaso y, a la postre, le ha costado el cargo.

No me negarán que el asunto es ridículo si no fuera, en realidad, patético. Por supuesto, el ministro ha cometido una ilegalidad, la ley es igual para todos y sobre él debe recaer la sanción administrativa correspondiente. Pero es patético que para poder cazar en toda España se necesiten 17 licencias distintas, una por comunidad autónoma. En otras palabras, acudir a 17 ventanillas y pagar 17 tasas.

No nos entretendremos mucho en formular ciertas consideraciones sobre la caza, que en otro momento podrían ser pertinentes. Pero no me puedo quedar sin decir que nunca he entendido por qué hay tanto afán en suprimir los toros y nadie pretende acabar, por los mismos motivos, con la caza. Al fin y al cabo, disparar contra una indefensa codorniz, un simpático conejo o un altivo y elegante ciervo me parece mucho más cruel que entrar a matar con un fino estoque a un fornido toro que, tras pegarse la gran vidorra desde su nacimiento, está más en igualdad de condiciones con el torero que el delicado animalito del bosque frente a la escopeta del cazador.

Ahora bien, sin ser aficionado a la caza ni a los toros, no soy partidario de prohibirlos mientras algunos sean aficionados a estas actividades. Más perjudicial para la cultura y la moral de un país me parece el apasionamiento por el fútbol, tenido por natural y hasta psicológicamente sano, o los programas de televisión basura, que entendidos en sentido amplio son la mayoría. Pero, por supuesto, no me parecería bien prohibir el fútbol ni suprimir los programas basura. Para aumentar el nivel cultural o mejorar la moral ciudadana, hay que ir más al fondo, al sistema económico, a los valores sociales dominantes, a la educación. Prohibir, prohibir legalmente, lo menos posible, sólo lo indispensable. Aunque hoy la moda sea la contraria.

Pero volvamos a la licencia, a la licencia de caza, nuestro pretexto para hablar del Estado de las autonomías. En efecto, la tendencia general para tratar ese tema son los conceptos grandilocuentes: Catalunya necesita un nuevo Estatut porque es una nación, España se rompe, etcétera, etcétera. Ami parecer, en cambio, nos deberíamos fijar en los problemas aparentemente pequeños pero de trascendencia práctica: por ejemplo, las licencias de caza. Que en cada comunidad tengas que sacar una nueva licencia es aberrante. Las razones para otorgarlas son las mismas, no tienen nada que ver con identidades, reales o supuestas, ni con políticas de caza diversas. Se justifica el plan de Bolonia, con razón, para que los títulos universitarios sean válidos en 46 estados, del Reino Unido hasta Rusia y de Finlandia a Azerbaiyán. En cambio, las comunidades autónomas han sido incapaces hasta ahora de ponerse de acuerdo, mediante un sencillo convenio, para que la licencia de caza que otorgue una comunidad sea válida también en las demás. Impresentable.

Según La Vanguardia de anteayer, representantes de algunas de estas comunidades reunidos en Valladolid manifestaron estar iniciando gestiones para llegar a un acuerdo en esta materia. Magnífico. Por fin. Supongo que para no hacer el ridículo ante la situación que ha revelado la cacería del ministro. Pero ¿cuántas licencias en otras múltiples materias se podrían homogeneizar sin marear innecesariamente al ciudadano haciéndole pasar por trámites lentos y costosos?

El Estado de las autonomías, ami modo de ver un magnífico sistema para organizar territorialmente España, quedará legitimado el día en el que los españoles estén convencidos de que es más barato y eficaz que un Estado centralizado. De momento, las dudas subsisten. Y subsisten porque en lugar de abordar los problemas reales – por ejemplo, las licencias de caza y miles de licencias más con las que se tortura burocráticamente al ciudadano-nos entretenemos en problemas ficticios como la reforma de unos estatutos que, una vez vistos, no son sustancialmente distintos a los anteriores pero que impiden que estos problemas reales se pongan sobre la mesa y se intente solucionarlos.

El Estado existe para servir al ciudadano, no al revés. De ello se olvidan muchas veces nuestros políticos.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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Las sentencias interpretativas, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Derechos, Justicia, Libertades, Política by reggio on 19 febrero, 2009

A la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Catalunya, todas las opiniones parecen coincidir en que se emitirá una sentencia que, fundamentalmente, será interpretativa.

Parece, además, bastante razonable que así sea. Ahora bien, ¿qué es una sentencia interpretativa? Veamos.

El TC, entre otras funciones, enjuicia leyes desde el punto de vista de su adecuación a la Constitución, es decir, en caso de ser contrarias a la Carta Magna las declara nulas y en caso de no serlo las declara válidas. Para ello debe contrastar el texto constitucional y el precepto cuestionado de la ley al objeto de sacar las consecuencias pertinentes. Ello exige un proceso que debe acabar con una sentencia.

Las sentencias del TC se componen de tres partes: los antecedentes, los fundamentos jurídicos y el fallo. En los antecedentes se describe el problema planteado y se resumen las argumentaciones que alegan las partes en conflicto.

En los fundamentos jurídicos, el TC expone las razones de su posición, basadas en la interpretación de las normas que se contrastan y en las argumentaciones jurídicas pertinentes. Esta interpretación y argumentación no puede ser de cualquier tipo, sino que debe estar acreditada como habitual en el razonamiento jurídico, es decir, debe ser aceptada por la llamada comunidad de juristas. Asimismo, aunque el TC no está estrictamente vinculado por sentencias anteriores, en caso de modificar sus criterios debe argumentarlos de manera convincente con el fin de dejar claro que no ha cometido una arbitrariedad o, lo que es lo mismo, que ha tratado de forma desigual casos idénticos debido a razones que no son justificables por su función de guardián de la Constitución.

Finalmente, en el fallo, el TC debe pronunciarse de manera concisa sobre las conclusiones a las que ha llegado como resultado de los argumentos expuestos en los fundamentos y declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que se le somete a juicio. Una buena sentencia es aquella en que los argumentos contenidos en los fundamentos son consistentes y el fallo es el resultado natural al que se ha llegado tras la exposición de estos argumentos.

Ahora bien, un principio interpretativo comúnmente empleado por la jurisdicción constitucional es el de conservación de las leyes. Las leyes son un producto de los parlamentos, órganos legitimados directamente por el voto popular, y por ello merecedoras de un especial respeto. De ello se deduce que el TC debe declarar en sus sentencias la inconstitucionalidad de una norma sólo en el caso de que no exista posibilidad alguna de que en cualquiera de sus posibles interpretaciones sea conforme a la Constitución. Ello implica que los preceptos de una ley pueden ser objeto de interpretaciones diversas.

Efectivamente, las leyes están compuestas de palabras que cobran significado mediante las reglas de la sintaxis. Ahora bien, los enunciados de las normas no tienen la precisión de las fórmulas matemáticas. Dos más dos, en la matemática euclidiana, siempre serán cuatro y, por tanto, cuatro más cuatro siempre serán ocho. Esta fría y certera lógica no es tan exacta, ni mucho menos, en las expresiones gramaticales ni tampoco en las artísticas. Una novela, una poesía, un cuadro o una escultura se interpretan de maneras distintas. El derecho se expresa mediante el lenguaje, no mediante fórmulas matemáticas, y, por ello, en derecho, las conclusiones no se “demuestran” -como en matemáticas-, sino que se “argumentan” mediante razones fundadas -como en la crítica literaria o artística-, razones que deben ser lo más convincentes posibles pero que pueden dar lugar a dudas y legítimas discrepancias. Por ello las sentencias son, en muchos casos, discutibles.

Pues bien, el TC puede considerar que la norma que se le somete a juicio puede ser interpretada de diversas maneras; en algunas de estas interpretaciones puede resultar contraria a la Constitución y en otras no. Como consecuencia de ello, el TC puede declarar que sólo es válido el precepto cuestionado si es interpretado en un determinado sentido o que es inconstitucional interpretarlo dándole un sentido distinto. Cuando esto se argumenta en los fundamentos y es recogido en el fallo, nos hallamos ante una sentencia interpretativa.

Planteemos una última cuestión. Las sentencias interpretativas ¿consideran, en el fondo, que la norma interpretada es adecuada a la Constitución o, por el contrario, dan a entender que la norma es inconstitucional? La respuesta a esta pregunta inevitablemente debe ser matizada y siempre formulada tras examinar un caso concreto. En definitiva, la respuesta depende de determinar hasta qué punto se desvirtúa el contenido que el legislador había querido dar a la norma cuestionada. En general, puede decirse que este tipo de sentencias aceptan “formalmente” la constitucionalidad de la ley pero “sustancialmente” la vienen a declarar -por lo menos en parte- inconstitucional, sobre todo si la amputan en aquello que es considerado esencial, es decir, si la sentencia interpretativa formalmente salva el precepto -debido al principio de conservación de la ley- pero, en realidad, desactiva en buena parte sus efectos.

Cuando nos preguntamos si el TC declarará inconstitucional o no el Estatut de Catalunya -se entiende, los preceptos impugnados- hay que tener en cuenta todos estos matices para responder a lo que nos estamos preguntando.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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La desconfianza, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Derechos, Justicia, Libertades, Política by reggio on 14 febrero, 2009

Más allá de que parece haber motivos políticos interesados en procesar a determinadas personas cercanas al PP, precisamente en este momento preelectoral, vinculadas a un sumario que se inició hace ya mucho tiempo sobre unos hechos aún más antiguos, más allá de la mala imagen que supone para la imparcialidad del poder judicial la participación del juez instructor y el ministro de Justicia en una misma cacería el pasado fin de semana, más allá de que nada está demostrado y que la corrupción puede darse aún en las mejores familias, más allá de todo eso, el PP tiene desde que perdió las elecciones en el 2004 unos problemas pendientes que no ha sabido resolver y hasta que no lo haga, digan lo que digan los sondeos de opinión, no podrá recuperar la confianza de una mayoría de los ciudadanos y estar en condiciones de alcanzar la presidencia del Gobierno.

¿Cuáles son esos problemas? Amimodo de ver son dos: el encarnizado enfrentamiento interno y el no haber sabido plantear una alternativa al Gobierno Zapatero. Lo primero se resuelve con autoridad y lo segundo con inteligencia, pero ni la una ni la otra aparecen.

A pesar de escenificar la unidad en el Congreso de julio pasado, la desunión en el PP se manifiesta día a día en los periódicos, en la radio y en la televisión. Noes que Rajoy diga una cosa y Esperanza Aguirre diga otra, no. Sus diferencias no las exhiben en público. Pero los suyos, perfectamente identificados en los medios de comunicación, muestran a través de ellos, día a día, sus discrepancias, se lanzan mutuamente feroces o irónicas invectivas que ponen en entredicho la autoridad de Rajoy en el partido y, en consecuencia, su falta de credibilidad en la sociedad y su liderazgo político. El espectáculo suscita de todo menos confianza.

Por otro lado, pese al notable cambio de estilo respecto de la legislatura anterior – De Cospedal y Sáenz de Santamaría no son, ciertamente, Acebes y Zaplana-,sigue el PP sin plantear alternativa al Gobierno. Todo ello a pesar de que Zapatero se halla en sus horas más bajas, dando palos de ciego para hacer frente a la crisis que ya nos están empezando a costar muy caros, con un Solbes que más parece un invitado del Consejo de Ministros que el vicepresidente encargado de dirigir la política económica. Pues bien, ante este desolador panorama de un Gobierno sin rumbo, Rajoy ha repetido muchas veces que no está de acuerdo con las medidas económicas de Zapatero, pero no ha dicho todavía cuáles son las que tomaría su partido en caso de gobernar.

Espías, dossiers y chanchullos, procesos y cacerías, todo para ver quién desgasta a quién con el solo objetivo de ganar unas próximas elecciones autonómicas. Mientras, aumenta el paro, se angustian los trabajadores y cierran las empresas. Los políticos van por un lado, la desconfiada sociedad por otro.

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Los límites de la crítica, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Derechos, Libertades, Política by reggio on 12 febrero, 2009

La semana pasada murió a edad demasiado temprana Julia García-Valdecasas, durante siete años delegada del Gobierno en Catalunya y después, por unos breves meses, ministra de Administraciones Públicas en el último gobierno de Aznar. Los periódicos, como es natural, se hicieron eco de la triste noticia y en artículos y necrológicas recordaron con viva simpatía a la fallecida, destacando sus muchas virtudes, tanto privadas como públicas. A su entierro acudió una gran multitud de personas en un justo homenaje, entre ellas relevantes políticos y personalidades de los medios de comunicación.

Un recién llegado a Barcelona que desconociera los entresijos de nuestra historia reciente pensaría que siempre ha existido un amplio consenso entre la clase política sobre la alta valoración de la fallecida en el desempeño de sus cargos públicos. Sin embargo, cualquiera que recuerde lo que sucedía en aquellos tiempos sabe que la realidad fue otra: Julia García-Valdecasas fue objeto de injustificados ataques, continuas burlas, bromas de muy mal gusto, todo ello en medio de un degradante pitorreo que aguantó con sobrio estoicismo. Quizás algunos responsables, por activa o por pasiva, de estas vergonzosas actitudes vejatorias asistieron a los funerales y dieron el pésame a la familia: ¿lo hicieron con la conciencia tranquila?

La crítica a los personajes públicos tiene sus límites, tanto jurídicos como éticos. No voy a entrar hoy en los límites jurídicos, que son bien conocidos, aunque, en ocasiones, son de complicada aplicación, especialmente los que se refieren al honor y a la intimidad de las personas. Pero aquí, con frecuencia, nos saltamos a la torera los límites éticos, los de la ética periodística y los de la ética política. Todo ello se hace, naturalmente, ante el silencio de los ciudadanos, en medio de una aparente complacencia general. La culpa, por tanto, es un poco de todos, de una clase política dominante muy activa, a quien le corresponde la principal responsabilidad, pero también de una ciudadanía demasiado pasiva.

Recuerden el recochineo que se montó, hace ya tiempo, con los chistes sobre el ministro Morán, tachándolo de tonto, cuando precisamente era hombre de más que sobrados conocimientos; o el absurdo empeño, sin fundamento alguno, de que Carod-Rovira se llamaba Pérez en lugar de Carod, cosa que de tanto repetirla llegó a calar en la opinión pública; o las constantes chanzas que hoy debe soportar Magdalena Álvarez,por los motivos más diversos excepto los únicos que deben contar en una crítica política, es decir, su actuación como ministra de Obras Públicas: nadie valora -en bien o en mal, da lo mismo- los miles de kilómetros de vías férreas y autovías o los nuevos y renovados puertos y aeropuertos que se han construido bajo su mandato. Por último, no deja de ser chocante que el programa más visto de TV3 sea Polònia, explícitamente caricaturesco, pero que para muchos es el vivo retrato de nuestra vida política, aunque, bien mirado, no pasa de ser un producto estético de tan ínfima estofa como pueden ser, en otro ámbito, el Aquí hay tomate u otras parecidas bazofias de la televisión rosa. En este punto es donde se falta a la ética, a la periodística y a la política. Se falta a la ética cuando a los políticos no se les critica por las actuaciones de las que son responsables sino por razones personales, verdaderas o falsas, en ocasiones nada infamantes, que nada tienen que ver con su actividad pública.

A Julia García-Valdecasas se la criticó sobre todo por dos motivos de esta índole.

Primero, porque hablaba un catalán notoriamente mejorable, dado que no era el idioma que habitualmente utilizaba, y quizás también porque el tono en el que hablaba castellano era el propio de muchos barceloneses que han vivido siempre entre Sant Gervasi y Pedralbes, las zonas de la Barcelona pija, para decirlo con toda claridad. Segundo, porque su padre, catedrático de la universidad, por cierto discípulo de Juan Negrín y maestro de Josep Laporte, fue el rector que a fines de los sesenta expulsó de la universidad por razones políticas a un buen número de estudiantes y profesores. Incluso algunos la descalificaban sin más porque un lejano pariente suyo tuvo un cierto protagonismo en la fundación de la Falange en 1933.

El primer motivo es obviamente irrisorio y respecto del segundo no tenía responsabilidad alguna. En ambos casos había un punto de partida inaceptable: no se pretendía criticar su acción de gobierno, sino deslegitimarla de entrada ante la opinión pública por anticatalana, franquista y hasta falangista.

No se criticaba a una persona pública, sino que se linchaba mediáticamente sin ningún miramiento a una persona privada por razones mal fundamentadas o en las que no tenía responsabilidad alguna. Incluso el claustro de mi universidad -por muy escaso margen de votos- llegó a declararla persona non grata por haber permitido la entrada de la policía en su recinto por motivos más que justificados. Recientemente, algunos profesores, quizás entre ellos algún miembro de aquel claustro que votó contra la delegada del Gobierno, han reclamado la presencia policial para que se pueda desarrollar con normalidad la vida académica.

La crítica política debe tener unos límites: sólo pueden criticarse, siempre con razones, aquellas actuaciones que tengan un interés público. Afortunadamente, aunque tarde, se le han reconocido a Julia García-Valdecasas sus méritos públicos y sus muchas virtudes privadas.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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Para comprender el presente, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Historia, Memoria, Política by reggio on 5 febrero, 2009

Es asombroso leer el libro recién publicado de Amadeu Hurtado que contiene su minucioso dietario en el periodo que va desde finales de mayo a mediados de septiembre de 1934 (Abans del sis d´octubre, Quaderns Crema, Barcelona, 2008). El asombro proviene de las muchas similitudes que existen entre la política catalana de aquella época y la actual. Se suele decir que hay que aprender de la historia para no repetir sus errores. Parece que en Catalunya no seguimos este sabio consejo: la política catalana no cambia, seguimos combatiendo los mismos fantasmas, encerrados con los mismos juguetes, obsesionados con los mismos problemas.

Un hilo conductor da unidad al libro: las vicisitudes parlamentarias de la llei de contractes de conreu (ley de contratos de cultivo), impugnada por el Gobierno central, declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la época y aprobada de nuevo con idéntica redacción por el Parlament de Catalunya, dando lugar al consiguiente conflicto de legitimidades. Amadeu Hurtado, abogado de gran prestigio, hombre culto, inteligente y sensato, republicano, catalanista y de talante independiente, es el encargado por el Govern de la Generalitat para defender la ley delante del citado tribunal.

Tras la sentencia que anula la ley, Hurtado busca una salida inteligente para adaptarla a la Constitución salvando sus aspectos sustanciales. Oficiosamente, pacta una solución jurídica al problema con Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, y con Ricardo Samper, presidente del Gobierno. Después da a conocer esta solución a Companys, president de la Generalitat, que la rechaza inmediatamente, sin ni siquiera entenderla, alegando que no piensa modificar ni una coma del texto porque la dignidad de Catalunya está en juego. Sin embargo, dos meses después, la misma Generalitat acepta una nueva propuesta de reforma de la ley que supone un cambio mucho más profundo que el sugerido por Hurtado dos meses antes. Frívolamente, sin explicación razonable alguna, lo que suponía una afrenta a la dignidad catalana se acepta sin ninguna objeción a pesar de quedar mucho más desfigurada que en la propuesta de Hurtado. La prensa, con Rovira i Virgili a la cabeza, jalea esta solución como un gran triunfo de la Generalitat.

Hurtado, persona honrada y competente, contempla estupefacto la “comedia” -esta es la palabra que utiliza- de la que es testigo directo y sus anotaciones diarias, con detalles impagables que merecen que el libro sea leído con calma, son testimonio de la fantasmal política catalana de entonces, tan similar a la de ahora.

Pensemos, por ejemplo, además de en el Estatut, en la famosa fecha tope del 9 de agosto pasado en la que si no había acuerdo de financiación la crisis con el Gobierno central sería irreversible porque también la dignidad de Catalunya estaba en juego. Transcurridos seis meses, ahora ya no hay prisa alguna y el objetivo es, simplemente, lograr un buen acuerdo que, por cierto, no llega. ¿Cuándo nos engañaron? ¿Entonces, ahora o siempre?

Además de los problemas jurídicos, explicados con una claridad lineal por Hurtado, el interés principal del dietario lo encontramos en determinadas conversaciones mantenidas por Hurtado con relevantes personalidades de la época (Azaña, Alcalá Zamora, Samper, Companys, Gaziel, entre otros), todas ellas reproducidas con gran detalle, en la descripción de determinados episodios y en los juicios que el autor emite sobre el clima político de aquel periodo. Destaca Hurtado cómo la política catalana consiste más en una continua protesta motivada normalmente por razones sentimentales que en una clara y decidida acción de gobierno: “Fingen peligros que no existen y crean conflictos imaginarios”, dice. Y añade: “Nuestros políticos necesitan estas agitaciones porque no saben hacer otra cosa”.

También el autor insiste constantemente en que la actuación de la clase política resulta del todo indiferente al resto de la sociedad. El día que el Parlament aprueba por segunda vez la ley declarada inconstitucional, los políticos y la prensa sostienen que el pueblo de Catalunya en masa se congregó en el parque de la Ciutadella en apoyo de las posiciones catalanas. Él, que estaba presente, relata como los manifestantes eran cuatro gatos, mientras la realidad era que el pueblo se paseaba tranquilamente por las calles de Barcelona sin preocuparse de lo que sucedía en la Cámara.

Habla también Hurtado del constante victimismo de Catalunya frente a España (“pueblo el nuestro con el espíritu débil del perseguido”), del doble lenguaje político utilizado según se esté en Madrid o en Barcelona, de que los de Estat Català son nazis y de la mediocridad de los políticos catalanes. Así retrata a Macià, amigo suyo desde la infancia: “No sabía nada de nada y daba miedo escucharle hablar de los problemas de gobierno porque no tenía ni la más elemental noción; pero el arte de hacer agitación y de amenazar hasta el límite justo para poder retroceder a tiempo, lo conocía tan bien como Cambó y como los políticos de ahora”. Curiosamente, Hurtado no distingue casi entre la Lliga y Esquerra, aunque en la comparación considera a estos últimos “un poco más chapuceros y mucho menos instruidos”. También aquí podemos encontrar paralelismos con la situación actual.

El oportuno dietario de Amadeu Hurtado no sólo nos permite conocer el pasado, sino comprender mejor el presente, una vez han transcurrido casi 80 años.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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El PP y la derecha política, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Política by reggio on 29 enero, 2009

El viento ha sido el protagonista de los últimos días en España. Pero en política, el huracán se ha desatado en Madrid entre las filas del PP: escuchas telefónicas, seguimientos y dossiers, lealtades y traiciones, cajas de ahorros y medios de comunicación, división y enfrentamiento, amigos, enemigos y, en el límite extremo de la hostilidad, como ya dijo Conrad Adenauer, compañeros de partido. Esta es la situación. Toda lucha interna es letal para cualquier formación política. No creo que este caso sea una excepción, veremos cómo acaba.

Ahora bien, más allá de la anécdota, está la categoría: la derecha política todavía no ha encontrado su lugar en la España constitucional y democrática posterior a 1978. ¿Por qué?

Vamos a ver. Aglutinar a un conjunto amplio de ciudadanos con un determinado perfil para convertirlo en una fuerza social e ideológica que constituya la base de un partido político exige algunas condiciones: saber entroncar con una determinada tradición, definir los contornos de un ideario, asimilarse a algún referente internacional y no estar ni electoral ni internamente dividido. Puedes no cumplir alguna de estas condiciones, pero no conculcarlas todas. Con mayor o menor intensidad, este último es el caso del PP.

El PP no ha logrado encontrar sus raíces en una tradición política española. Ciertamente no lo ha tenido fácil: históricamente la derecha española ha sido escasamente liberal y casi nada democrática, por tanto es difícil encajar sus ideas en los actuales presupuestos constitucionales y en la Europa de hoy. Difícil, pero no imposible: se podría haber utilizado a don Antonio Maura y a don José Canalejas, a Melquíades Álvarez, a Alcalá-Zamora, a Gil-Robles e, incluso, al Lerroux viejo. Y en el plano intelectual, no se debería haber desechado la tradición de la Institución Libre de Enseñanza y de los escritores del 98, pero sobre todo a Ortega y Gasset, el único gran maître à penser de nuestro siglo XX, o a algunos ex falangistas liberales del tipo Ridruejo o Laín. Pero nada, Aznar quiso, de forma errática, apropiarse de Cánovas del Castillo y de Azaña, dos extremos inconciliables y difícilmente adaptables, el primero a nuestra época, el segundo a los militantes del PP. Primer fracaso.

Tampoco el PP ha sabido apostar por una ideología clara. Se ha movido entre un sugestivo liberalismo de raíces diversas (Hayek y Friedman, Popper, Berlin, Aron), un humanismo cristiano sin referentes concretos (aunque muchos militantes se reclamen de él y se encuentren sin orientación alguna) y un conservadurismo que en los años de Fraga se sobraba este para darle contenido pero que más recientemente se inclinó de manera imprudente hacia algo tan evanescente y anecdótico como han resultado ser los neocon del equipo de Bush o los sectores más ortodoxos del episcopado. La síntesis teórica de todo ello no puede resultar muy coherente, pero el ideario de un partido debe ser lo suficientemente amplio como para que todos -militantes y votantes- puedan reconocerse en él. Tampoco nadie ha sabido hacer esta síntesis, difícil pero posible. En el plano internacional, se ha seguido también esta estela tan confusa: a pesar de que con Aznar el PP pasó a formar parte del Partido Popular Europeo, la inclinación del antiguo presidente por Blair y Bush -no por los conservadores británicos, alemanes o franceses- dio una imagen que al partido le hizo perder un perfil definido en el plano internacional.

Las divisiones de la derecha política en el mapa electoral español quizás no son atribuibles al PP, sino que este se ve condicionado por ellas. En todo caso, la competencia electoral en Catalunya y País Vasco con CiU y PNV le resta mucha fuerza al conjunto de la derecha española. Si a ello añadimos la creciente proliferación de partidos regionalistas, especialmente en Navarra, Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, Baleares y Canarias, la pérdida de influencia en los parlamentos y gobiernos autonómicos socava la implantación del PP a escala nacional y refuerza casi siempre al PSOE. Probablemente, este es el problema estructural más importante que tiene hoy la derecha española. Quizás algunos lamenten ahora los fracasos del PDP de Óscar Alzaga, del CDS de Adolfo Suárez y del Partido Reformista de Miquel Roca y Antonio Garrigues, a mediados de los ochenta. Eran un necesario colchón centrista que posibilitaba un reconocimiento del pluralismo de la derecha política.

Por último, las luchas internas cainitas han desgarrado a los dos grandes partidos de la derecha española en estos treinta años. Primero a la UCD, que optó por disolverse. Hasta el férreo liderazgo de Aznar, la entonces AP tampoco pudo cuajar como un partido unido. Tras Aznar, estamos en las mismas, ello se hace más visible que nunca en estos días y dudo que Rajoy, a pesar de sus buenos propósitos, pueda resolverlo. Lo que sucede en el PP de Madrid, con repercusiones en toda España, no es una circunstancia coyuntural, sino estructural: por eso perdió en el 2004, en el 2008 y seguirá así pese a la desconfianza que infunde el Gobierno Zapatero tras sus fracasos en la legislatura pasada y en el incierto enfoque actual.

No se trata de si Esperanza o si Gallardón, o si Rajoy podrá ponerlos de acuerdo. Se trata de algo más profundo que la derecha política aún no ha resuelto: saber que es más amplia que el PP y que está desunida. Al contrario que la izquierda.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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Derrochando en Nueva York, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Política by reggio on 22 enero, 2009

Según La Vanguardia de ayer, “el mismo día y a la misma hora en la que se celebraba en Washington la investidura de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, el vicepresident del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, dictó una conferencia en la Universidad de Nueva York”. A eso se le llama oportunidad: de nuevo un incidente ridículo del Gobierno tripartito. La noticia no da cuenta del número de asistentes a tan apasionante conferencia.

El año tiene 365 días. El 20 de enero, según es tradición, juran solemnemente el cargo todos los nuevos presidentes. Además, este año, por razones obvias, era de prever que el acto tendría una especial resonancia. Pues bien, este fue precisamente el día escogido por Carod para pronunciar su conferencia. Al día siguiente, ayer, se inauguró la nueva delegación del Govern de la Generalitat, más conocida por embajada de Catalunya, según la jerga habitual. Dejando al margen la oportunidad del día elegido -en definitiva, una anécdota más-, la ocasión puede servir para reflexionar un poco sobre la eficacia, el coste y la rentabilidad de estas delegaciones.

Es indudable que la Generalitat, como los gobiernos de las demás comunidades autónomas, tiene competencias que alcanzan más allá de nuestras fronteras. Es el caso de las competencias relacionadas con la ayuda a las empresas industriales, comerciales o turísticas. Es natural que en estas materias -quizás también en alguna otra, como cultura- la Generalitat promueva alguna oficina en el exterior que pueda ayudar al desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma. Se dice que agencias de la Generalitat como el Cidem y el Copca, con representación en el exterior, han dado muestras de eficacia.

Ahora bien, a estas delegaciones, especializadas en competencias concretas, el Govern Montilla ha añadido un tipo de delegación distinto, con un carácter político, difícilmente justificable, tanto porque la Generalitat carece de competencias en la materia, como porque constituyen un gasto público inútil. Este es el caso de la nueva delegación de Nueva York, antes lo han sido las delegaciones de París, Berlín o Londres, y próximamente se anuncian las de México y Buenos Aires, todas ellas dependientes del Departament de la Vicepresidència. Las relaciones internacionales son una competencia exclusiva del Estado -como es habitual en todos los estados federales- y no se sabe muy bien cuáles pueden ser las tareas que desempeñen estas oficinas exteriores, a pesar de que oficialmente se les asigne una larga lista de funciones, tan extensa como inconcreta.

No obstante, algunos síntomas empiezan a indicar que estas delegaciones están pensadas en clave política, para ejercer unas relaciones internacionales en que la Generalitat no es competente, más que para ejercer las funciones que le son propias. Un primer síntoma fue la penosa reacción de Carod en el asunto The Economist, diciendo que con una delegación propia, eso -el ejercicio del derecho a la información- no hubiera ocurrido. Un segundo síntoma es la personalidad de los delegados: el hermano de Carod-Rovira en París; el delegado en Londres estuvo trabajando en el partido independentista escocés y es el autor de una tesis doctoral sobre la materia; el de Nueva York, Andrew Davis, ha sido hasta hace muy poco un becario de la Generalitat para estudiar el nacionalismo en Escocia y Catalunya. En definitiva, se trata de personajes atípicos en una Administración, con un perfil más cercano al intelectual político que a un funcionario.

El síntoma definitivo ha sido la conferencia de Carod en Nueva York, más propia de un megalómano que de un gobernante serio. Tras decir que Catalunya ha sido “la puerta de entrada casi exclusiva de la modernidad científica, cultural, política y socioeconómica a la península Ibérica, en la que también están España y Portugal”, idealizó al Principado catalán medieval diciendo que “tuvo su Parlamento mucho antes que Inglaterra y fue uno de los primeros pueblos en someter el poder absoluto de los monarcas a las reglas de las constituciones (…) e inventó también el embrión de las modernas embajadas con su Consolat de Mar, una mezcla de embajada y delegación comercial que extendió por todo el Mediterráneo”. ¡En qué estaría pensando! Y concluyó: “El pueblo de Catalunya quiere que su gobierno tenga política internacional y que aborde con criterio propio los grandes debates del mundo del siglo XXI”. Estupefacto, diría yo, está la mayoría del pueblo de Catalunya ante tamañas sandeces que, a pesar de ser ya habituales, no dejan de avergonzarnos.

Vamos a ver. Una comunidad autónoma es -como cualquier otro poder público- una organización sufragada con impuestos de los ciudadanos para conseguir unos fines establecidos en las leyes. El gobierno de una comunidad no puede desviarse de estos fines, no puede utilizar su cargo para proyectar su ideología. El señor Carod quiere que Catalunya sea un Estado independiente y está en su derecho de pensarlo y decirlo. Pero como gobernante no puede utilizar los recursos públicos para actuar como si Catalunya, una comunidad autónoma, fuera ya un Estado.

Esta nostalgia de un Estado propio es lo que determina estas injustificables políticas, aún menos legítimas cuando, en tiempos de crisis, se pide una mejora de la financiación. En tiempos de crisis, la financiación se mejora ahorrando en lo superfluo y, en todo caso, se empeora derrochando.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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Ni prejuicio ni orgullo, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Internacional, Política by reggio on 15 enero, 2009

Ante una situación tan aparentemente maniquea y que desata tantas pasiones encontradas como es la guerra de Gaza, en la que se mezclan presente e historia, civilización y barbarie, Mahoma y Moisés, el analista político, a menos de querer cambiar de oficio y convertirse en propagandista, debe salir del círculo infernal en el que pretenden encerrarle: ¿con quién estás?, ¿eres proisraelí o antiisraelí?, ¿propalestino o antipalestino?

¿Cómo salir de este tramposo círculo? Bien sencillo. El analista es como un juez, el propagandista como un abogado. Juez y abogado tienen unos principios éticos distintos porque ejercen en un proceso funciones distintas: uno aplica la ley y el otro defiende al cliente. La ley que debe aplicar el analista no es la jurídica, sino la de la razón, la de la argumentación racional. Debe aparcar sus sentimientos y servirse sólo de los valores que conforman la ética de su función: la precisión, el rigor, la coherencia, el conocimiento del problema. Por supuesto puede equivocarse, y mucho, pero nunca debe hacer trampas: no debe escribir con prejuicios, ni ocultar unos hechos o exagerar otros para así llegar al fin que previamente pretende, ni argumentar mediante falacias o escribir sin información suficiente. Ya sé que el techo que señalo es alto y no siempre somos capaces de conseguirlo. Pero hacia él es hacia donde hay que tender.

En definitiva, para aclararnos, lo más contrario a un analista político es el fan -abreviatura de fanático- de un club de fútbol: aquel que va al campo con la única finalidad de animar para que gane su equipo a toda costa y no que gane el mejor. Desgraciadamente, en conflictos como el que enfrenta a israelíes y palestinos, y también en muchos otros, algunos analistas son lo más parecido a un fan del Barcelona o del Madrid.

Escribí la semana pasada un artículo sobre lo que sucede en Gaza intentando calibrar las culpas de unos y otros. Inmediatamente recibí llamadas y correos electrónicos de algunos amigos: ¿por qué eres propalestino?, ¿por qué eres proisraelí? Lo que decía, en sustancia, eran dos cosas: primera, que no era un enfrentamiento entre pueblos, sino un enfrentamiento entre el Gobierno israelí y Hamas; segunda, que los sucesivos gobiernos israelíes desde el asesinato de Yitzhak Rabin habían puesto trabas de todo tipo a la Autoridad Nacional Palestina para evitar que se consolidara un Estado palestino y que Hamas, mediante sus acciones terroristas, de hecho les había hecho el juego. También decía algo más: que el actual ataque militar a Gaza me parecía no sólo desproporcionado sino, además, salvaje y contraproducente.

Vamos a ver, equivocado o no en el análisis, ¿soy pro unos o anti otros? De entrada sostengo que no se trata de un enfrentamiento entre pueblos, entre israelíes y palestinos (que, por supuesto, tampoco son homogéneos ni desde el punto de vista étnico ni del religioso), sino entre sectores de cada uno de ellos, en concreto entre la clase política israelí y Hamas. En segundo lugar, las culpas están mal repartidas y, en concreto, me parece inadmisible la reacción militar final de los israelíes contra la población de Gaza: si de terrorismo se trata, así no se combate al terrorismo.

¿De dónde viene esta obsesión del pro y del anti? ¿Por qué muchos piensan siempre en clave maniquea? Cuando la primera guerra del Golfo, allá por 1990 y 1991, sostuve que la causa de la guerra, además de la obviamente inaceptable ocupación de Kuwait, era el control del petróleo en aquella zona y no la implantación de la democracia en Iraq. Pues bien, entonces muchos me acusaron -y todavía lo hacen- de que era partidario de Sadam Husein. Cuando consideré que era injustificado y contrario al derecho internacional el bombardeo diario de Belgrado por las tropas de la OTAN durante dos meses seguidos por la cuestión de Kosovo, me dijeron que era partidario de Milosevic. Cuando se mandaron tropas internacionales a Afganistán tras el 11-S consideré que una guerra no era el mejor método para combatir el terrorismo de Al Qaeda (aún está ahí y Bin Laden vivito y coleando, si es que existe). Entonces me acusaron de antinorteamericano. Suerte que la opinión dominante en España estuvo también en contra de Bush por la guerra de Iraq del 2003 (quizás gracias a que la apoyaba Aznar), porque si no, me hubieran dicho de nuevo que era un partidario de Sadam. En fin, cuando he criticado el nuevo Estatut de Catalunya, me han acusado de anticatalán. Siempre buscando una intención oculta, haciendo juicios de intenciones, antes que atendiendo a los razonamientos, acertados o no y siempre discutibles.

El jurista suele considerar que lo importante al comentar una sentencia no es el fallo, sino las argumentaciones que han conducido a él. Por ello nos solemos negar a comentar una sentencia sin haberla leído completa: puede suceder que al final de su lectura acabemos convencidos de lo contrario que pensábamos antes. Los dictámenes jurídicos solían acabar antes -ahora casi se ha perdido esta buena costumbre- con la siguiente coletilla: “este es mi dictamen, que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho”.

En el debate público, se debería seguir también esta norma: atender a los argumentos sin descalificar previamente a quien los formula y estar dispuesto a rectificar si son más convincentes. Ni pro ni anti, más análisis y menos propaganda, sin orgullo ni prejuicios.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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Romanos y cartagineses, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Derechos, Política by reggio on 8 enero, 2009

Al contemplar durante estos días la tragedia de Gaza, no he podido evitar el recuerdo de aquellos versos de García Lorca en los que, tras evocar una reyerta, dice:

Señores guardias civiles: aquí pasó lo de siempre.
Han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses.

Naturalmente, existe hoy una no pequeña diferencia: en esta ocasión, por el momento, han sido cuatro romanos y seiscientos cartagineses. En efecto, en estos días el ejército israelí ha convertido a la estrecha franja de Gaza, donde apretujadamente malviven un millón y medio de palestinos, en un auténtico infierno, atacando a sus habitantes indiscriminadamente por tierra, mar y aire, no sólo de forma desproporcionada sino también implacable y hasta salvaje. Ahora bien, ello no sería una versión rigurosa de los hechos si, a lo dicho, no añadiéramos que el partido político palestino Hamas, mayoritario en Gaza, ha facilitado con sus acciones terroristas buenas excusas al Gobierno de Israel.

Ello nos plantea un problema de culpabilidad histórica. En este trágico conflicto, ¿quién es el culpable? Descartemos, antes que nada, a dos sujetos que no son culpables aunque con frecuencia así son considerados: los palestinos y los judíos. El conflicto no es entre etnias, razas o religiones, no es entre judíos y palestinos, sino entre aquellos que los han utilizado y engañado durante más de medio siglo para favorecer sus intereses. Considerar culpables a judíos y palestinos, en sentido genérico, sería confundir a las víctimas con los verdugos. Ni todos los judíos son sionistas dispuestos a expulsar a los palestinos de suelo israelí, ni mucho menos todavía todos los palestinos son peligrosos terroristas islámicos.

Sin embargo, en ambas partes, tanto en la palestina como en la israelí, hay grupos muy poderosos cuyo objetivo es hacer creer que unos y otros son y serán siempre enemigos irreconciliables. Mientras estos grupos fundamentalistas tengan el apoyo de sus poblaciones respectivas, el problema no tendrá una solución viable, ya que la lucha entre enemigos sólo puede resolverse con la eliminación del otro, lo cual en este caso no parece posible. La disputa sólo podrá resolverse si ambas partes están lideradas por políticos moderados, es decir, aquellos que estén dispuestos a considerar al otro no un enemigo sino un adversario, una parte contraria con la cual se puede pactar. Ello no es una utopía.

En algún momento de la historia reciente se ha vislumbrado esta posibilidad: recordemos las buenas relaciones entre el presidente de la OLP Yasir Arafat y el primer ministro de Israel Yitzhak Rabin, en los primeros años noventa, que dieron lugar a los acuerdos de Oslo y a la creación de la Autoridad Nacional Palestina, tan pronto deteriorada. Hasta el asesinato de Rabin por un fanático nacionalista judío ortodoxo que, como toda la derecha israelita, consideraba a Rabin un traidor, la paz no parecía estar lejos pese a las dificultades, entre ellas, los atentados indiscriminados de Hamas en Jerusalén o Tel Aviv. Recordemos también a Arafat, entonces presidente de la Autoridad Nacional Palestina, bajo arresto domiciliario en Ramala, asediado por las tropas israelíes. Fue un breve periodo de un cierto optimismo, auspiciado por Clinton, pero abortado por fuerzas israelíes radicales, que acabó en frustración. Ahora la situación es distinta.

Efectivamente, hoy los palestinos están divididos, desbordada el ala moderada y laica por el islamismo religioso de Hamas, y los israelíes unidos, incluidos los laboristas, en torno del nacionalismo ortodoxo que no admite en el fondo un Estado palestino. No parece haber posibilidades de entendimiento, sólo queda la esperanza Obama y su posible influencia cerca del Gobierno israelí. Pero esta última esperanza es muy débil si recordamos la trayectoria de las posiciones de Israel en el conflicto. Y aquí debemos retomar el hilo de la responsabilidad histórica, de la que hemos exonerado a los pueblos judío y palestino.

Gaza, en los últimos tiempos, se había convertido en una ratonera humanamente catastrófica. Este pequeño territorio superpoblado se encuentra desde hace un año absolutamente bloqueado por los israelíes, el 70% de las familias vive con menos de un euro al día por persona y el 80% de la alimentación depende de la ayuda humanitaria. El director de Intermón Oxfam dijo hace unos meses que Gaza era una cárcel, supongo que no se atrevió a llamarla gueto o campo de concentración. En un informe de hace un año elaborado por diversas prestigiosas ONG se decía que el Gobierno israelí está llevando a cabo “un castigo colectivo contra los habitantes de Gaza”. En este caldo de cultivo el radicalismo prende con facilidad. Alguien, por las dos partes, quiere mantener el conflicto.

La responsabilidad histórica de estos trágicos acontecimientos recae, en primer lugar, en el Gobierno de Israel, que ha llevado conscientemente la situación a un callejón sin salida para evitar que los palestinos tengan un Estado. Y, en segundo lugar, a unos fanáticos religiosos que luchan por imponer su fe mediante la conquista de este mismo Estado. Romanos y cartagineses, siempre lo mismo.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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Giménez-Frontín, un tipo decente, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Cultura by reggio on 25 diciembre, 2008

Leyendo sus memorias recién editadas, esperando comentarlas al calor de una amigable cena durante estas vacaciones de Navidad, se nos ha ido inesperadamente, con su habitual discreción, José Luis Giménez-Frontín, escritor, editor, periodista y agitador cultural. Además, y esto es lo que hoy más me mueve al recordarlo, una gran persona, un espíritu curioso y culto, un hombre generoso, tolerante, sensible y buen amigo de sus innumerables amigos, unas cualidades no fáciles de reunir, más aún entre la fauna intelectual que nos rodea.

Su peripecia vital, la que relata en sus memorias (Los años contados, Bruguera, Barcelona, 2008), muestra su participación en la historia cultural y política barcelonesa de su generación, pero también es un ponderado juicio sobre ella. En realidad, ha sido un testigo excepcional, pues anduvo metido en todas las corrientes y tendencias, conoció de cerca a todos los personajes con algún papel y, sin embargo, no se dejó atrapar por ninguna y por ninguno.

Tuvo siempre un criterio independiente, sereno, distanciado, crítico, racional y escéptico.

Fue todo menos un hombre de fe: prefería las ideas a las creencias. Las ideas siempre pueden ser revisadas y sometidas a cambios, a cambios razonables, uno no se afinca en ellas para toda la vida, son un producto del método de prueba y error, suponen un aprendizaje incesante y continuo. José Luis ejercía este método de forma incansable, con el empuje vital que le caracterizaba desde siempre, los mil intereses que intentaba conciliar a través de sus aficiones, centradas todas ellas alrededor de la literatura, el arte y el pensamiento.

Lo conocí en sus inicios, fuimos compañeros de curso en la facultad de Derecho y, a partir de entonces, estrechos amigos durante una década, la de los sesenta, ahora ya no sé si prodigiosa o nefasta, en todo caso apasionante para los que la vivimos intensamente. Después nuestras diversas orientaciones profesionales nos distanciaron, pero nunca se truncó la amistad y la confianza mutua, encontrarnos y charlar nos producía la misma alegría y complicidad de nuestros años juveniles. Ya en la facultad, Giménez-Frontín se mostró como un líder decidido, un organizador de consensos que le llevaron a ser elegido delegado de los alumnos en aquellos primeros tiempos en que ello implicaba ser objeto de represalias políticas, como así fue. En aquellas épocas se solía ser, y era su caso, claramente demócrata y vagamente marxista. Aunque hubiera podido ser un buen jurista, ya que reunía virtudes para serlo -años más tarde, como explica en las memorias, lo fue circunstancialmente por necesidad, pero le interesó-, le atrajo mucho más su vocación literaria, ciertamente una perspectiva vitalmente más abierta y, sobre todo entonces, más estimulante.

Así pues, se dedicó al mundo editorial, primero en Ediciones de Cultura Popular y después en Kairós. A partir de ahí, quizás por influencia de Pániker, su jefe en esta última editorial, se aventuró en el mundo de la contracultura, con la curiosidad y el escepticismo de siempre. Se dedicó durante unos años a ser un protagonista de las tendencias dominantes en aquella época. Años, sin embargo, bien fructíferos: lecturas incesantes, largas estancias en las universidades de Bristol y Oxford, conocimiento del mundo cultural nacional e internacional. Giménez-Frontín, vital y racionalista, pasó por ello como ha pasado por otras situaciones: observando, reflexionando y aprendiendo, formando el amplio poso cultural que tenía en estos últimos años.

Todo ello le permitió convertirse -a mediados de los ochenta- en un gestor cultural de gran altura, siempre al margen de los poderes públicos. Por un lado, creó la ACEC -Asociación Colegial de Escritores de Catalunya- de la que fue hasta hoy, junto a su esposa, Pilar Brea, el motor principal, hasta el punto de que dicha asociación, que agrupa a más de seiscientos escritores, ha sido conocida en nuestro mundo cultural como “la asociación de Giménez-Frontín”. Por otro lado, desde 1987 hasta 2004, fue el director de la Fundació Caixa Catalunya, con sede en la Pedrera, a la que dio desde sus inicios un enfoque cosmopolita, inhabitual en la Catalunya de hoy, que la ha convertido en un punto de referencia ineludible para la cultura de nuestra ciudad.

Así, las vertientes más características de su personalidad profesional – amplia formación intelectual, sensibilidad artística y dotes de organización-han fructificado en la ACEC y en la fundación, sus dos grandes obras más allá de su estricta condición de escritor. Aunque esta, su condición de escritor, ha sido su más íntima vocación, la que más horas ha ocupado en su vida y en la que ha desempeñado todos los papeles: poeta -ante todo poeta- pero también ensayista, novelista, traductor -del catalán, francés e inglés al castellano-, periodista y memorialista.

Pocas veces he visto a los amigos tan apenados en un entierro. Saludos comedidos al encontrarse, trémulas palabras sobre el amigo que se fue, muestras de sincero afecto a la viuda y al hijo, ojos enrojecidos a la salida, tras los contenidos elogios de quienes tomaron la palabra, la suave música de fondo que acompañó todo el acto, la emoción al escuchar como despedida a Georges Brassens entonando Suplique pour étre enterré a la plage de Sète.Más que a un escritor y a un amigo, allí se estaba despidiendo a un tipo decente.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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La universidad hace sus planes, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Educación, Política by reggio on 18 diciembre, 2008

Las universidades españolas están actualmente reformando sus planes de estudio. ¿Es legítimo y conveniente que cada universidad pública apruebe sus propios planes?

A primera vista puede parecer adecuado en unas universidades dotadas de autonomía y con una forma de gobierno democrática. Sin embargo, si reflexionamos un poco sobre el significado teórico de estos grandes principios, el de autonomía y el de democracia, aplicados a la universidad, resulta dudoso. Y estas dudas se desvanecen del todo cuando contemplamos en concreto cómo se están llevando a cabo estas reformas: no, no es legítimo ni conveniente que cada universidad, en realidad cada facultad, apruebe sus planes de estudio. Esta respuesta se fundamenta tanto en la teoría como en la práctica, cuando menos en lo que afecta a los estudios de derecho.

Muchos de los disparates que se están cometiendo en la enseñanza superior provienen de la confusión entre la autonomía universitaria y la democracia en la universidad, dos términos que suelen interpretarse francamente mal. En efecto, en su nombre se justifican medidas y actitudes que, en realidad, los pervierten y degeneran.

La autonomía universitaria no es política, sino funcional. En España gozan de autonomía política determinados entes públicos: municipios, provincias y comunidades autónomas. Cada uno de estos entes es autónomo con peculiaridades distintas, pero con un nexo común: tienen como finalidad garantizar, dentro de sus competencias, los intereses generales. Sus órganos de dirección han sido, en correspondencia con esta finalidad, elegidos por todos los ciudadanos. También el Estado -el Estado central, para entendernos- goza de estas características: garantiza intereses generales y sus órganos han sido legitimados mediante elecciones democráticas.

Pero la autonomía universitaria -la de las universidades públicas, no de las privadas- es funcional, es decir, en lugar de defender intereses generales tiene una finalidad limitada: defender la libertad académica, es decir, la libertad de enseñanza y de investigación. Por tanto, la universidad es autónoma “en función” de que debe limitarse a garantizar la libertad académica, todo lo que afecte a la universidad. En las otras facetas de su actividad, la universidad está, o debería estar, sometida a los poderes públicos competentes -Estado y comunidades autónomas- por dos razones: primera, porque la sociedad está interesada en tener buenos especialistas y profesionales en los distintos saberes; y, segunda, porque el coste económico de los centros universitarios está financiado en un ochenta por ciento por estos poderes públicos.

Por tanto, si bien las decisiones de estos poderes públicos no puede vincular a la universidad en aquello que afecta al ámbito de la libertad académica -ahí las decisiones están en manos de las autoridades universitarias, en virtud de su autonomía-, por las razones dichas deben ser vinculantes en todo lo demás. Sin embargo, esta autonomía ha sido tan malentendida que, en cierta manera, se tiende a considerar que todo lo que afecta a la universidad debe ser decidido por las autoridades académicas. Ello es un error de concepto: como hemos argumentado, los poderes de las autoridades universitarias sólo son legítimos en cuanto garantizan la libertad académica, no en aquello que afecta a otros fines.

Estos otros fines, que son fines públicos, deben estar determinados por las autoridades políticas, por el Estado o por las comunidades autónomas, cuyo cometido es defender los intereses generales y para ello están legitimados democráticamente. En otro caso, algo que es de naturaleza pública, que está fuera del ámbito de la libertad académica, estaría gobernado por los representantes de unos intereses particulares, los intereses de los profesores -también, en una parte mucho menor, de los estudiantes y del personal administrativo-, que, lógicamente, no atenderían a los fines públicos, sino a sus propios fines, puramente corporativos. Comparémoslo con el ejército: lleva a cabo la defensa de la nación, pero no es autónomo para decidir la política de defensa ni el ministro del ramo es elegido por los militares.

Así pues, la autonomía universitaria está en función de la libertad académica y sus órganos propios -democráticamente elegidos- sólo deben limitarse a garantizar esta libertad. La decisión sobre la idoneidad de un plan de estudios, por razones obvias, escapa a esta libertad académica y afecta de lleno al interés de toda la sociedad: cuál es el grado de formación que deben tener los especialistas de las distintas profesiones. Por tanto, los poderes públicos competentes deben decidir, por lo menos, el núcleo sustancial del plan de estudios de cada grado, mucho más allá de los mínimos parámetros formales y de su control a posteriori que se da en la actualidad.

Además, como decíamos al principio, la manera como se está llevando a cabo la reforma de estos planes de estudio confirma la teoría. Anteayer lo describía así, en El Mundo, el profesor Sosa Wagner: “La única brújula (que guía la reforma) son los intereses individuales de los profesores. Se suprimen asignaturas, se aumentan o se reducen horas lectivas en cambalaches de pasillos y en trueques de favores o en intercambio de venganzas”. Este es el panorama. Las autoridades políticas dejando hacer, las académicas defendiendo a su corporación y la sociedad indefensa ante tales desatinos.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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Bolonia y el máster, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Educación by reggio on 11 diciembre, 2008

No creo que los estudiantes tengan razón cuando alegan que las actuales reformas, producto de la famosa declaración de Bolonia, se encaminan a privatizar la universidad pública. ¡Ojalá aumentaran las ayudas de las empresas a estas universidades! Aunque en tales casos el riesgo de estar al servicio de intereses privados sería real, no es forzosa su incompatibilidad con la función pública de la universidad ni necesariamente deben condicionar la libertad docente e investigadora. Las mejores universidades públicas del mundo reciben cuantiosas ayudas privadas y ello no hace disminuir su calidad, sino todo lo contrario.

Más razón tendrían los estudiantes si dijeran que los nuevos planes de estudios son un reto para las universidades públicas y que, tal como están organizadas, difícilmente lograrán superar este desafío y quienes saldrán ganando son las universidades privadas. En este sentido sí que es válido hablar de “privatización”: no porque el nuevo sistema tienda a privatizar las universidades públicas, sino porque las privadas -hoy, salvo excepciones, de escasa calidad- pasarán a ser las mejores en el decisivo ciclo de posgrado. Veamos.

El nuevo sistema organiza los estudios universitarios en dos ciclos, grado y posgrado, constando este segundo de un máster y un doctorado. El grado -cuatro cursos- es equiparable a lo que hasta hoy se ha denominado licenciatura, aunque con una diferencia no menor: para acceder al ejercicio profesional se deberá cursar, por lo menos, un máster que puede durar uno o dos años más. El doctorado consistirá, simplemente, en llevar a cabo una tesis, sólo útil para salidas profesionales académicas o de investigación.

Por tanto, la clave para entender este nuevo sistema está en el crucial papel del máster: te da acceso al mundo profesional y te cualifica dentro del mercado laboral. Exagerando un poco, el grado será considerado, social y laboralmente, como el bachillerato actual, aunque bastante más especializado Lo decisivo será el máster, y no precisamente un máster cualquiera, sino sólo aquel que goce de un merecido prestigio.

Hasta hoy los másters de prestigio se cursaban, casi únicamente, en algunas escuelas de negocios privadas. En adelante la reputación de una universidad se basará, principalmente, en la calidad de sus másters. Empezará, pues, la competencia entre universidades, lo cual será, amimodo de ver, muy beneficioso. Ahora bien, en esta competición, quiénes tienen más posibilidades de ganar, ¿las universidades públicas o las privadas? Tal como están las cosas en las universidades públicas, yo apostaría claramente por las privadas.

En efecto, tres características de las universidades públicas las hacen, en cuanto al máster, poco competitivas: mala financiación, gobierno corporativo y gestión burocratizada.

Las matrículas que pagan los estudiantes sólo alcanzan a financiar el 15 por ciento de su coste, el resto se paga con los impuestos que sufragan los ciudadanos. En este sentido, el estudiante universitario es un privilegiado: tres horas de inglés a la semana en una academia privada son más costosas que todo un curso en la universidad.

A su vez, el sistema de gobierno de estas universidades, al degradar conceptos tan respetables como democracia y autonomía, al crear una inexistente entelequia como es la “comunidad universitaria”, tiene una naturaleza simplemente corporativa, es decir, es una mera representación de intereses particulares: mandan los profesores, que, en general, se preocupan de gobernar en provecho propio en lugar de atender a los intereses generales. Un ejemplo de ello está en la reforma actual de los nuevos planes de estudio de grado, aprobados sin apenas discusión de fondo sobre el contenido de las materias que enseñar y repartiéndose los profesores las asignaturas que impartir mediante un oscuro trueque de inconfesables intereses.

Por último, la gestión en la universidad se ha complicado enormemente y su administración es un pesado fardo caro y poco eficaz. Todas las universidades son autónomas pero dependen también de su comunidad y del Estado; demasiadas administraciones, porque, además, tanto la comunidad como el Estado tienen muy diversos organismos que participan en la administración universitaria.

Total: papeles y más papeles, profesores dedicados patéticamente a rellenar impresos y a hacer gestiones en lugar de emplear únicamente su tiempo en la docencia y la investigación.

Frente a ello, las universidades privadas cederán el título de grado – lo más caro-a las públicas y se dedicarán a impartir los másters a precios de mercado, sólo accesibles para familias con posibilidades económicas, organizados a través de unos órganos de gobierno eficaces mediante una gestión sencilla y rápida. Consecuencia: el máster será de más calidad, su título será más valorado en el mercado, pero sólo algunos, seleccionados por razones económicas, podrán acceder a él.

En los últimos decenios la universidad pública ha sido un importante factor de igualación social, de igualdad de oportunidades. Si en estas universidades las cosas siguen tal como están, dejarán de ejercer esta función: las élites futuras saldrán de los másters de las universidades privadas. Si el actual movimiento de estudiantes es un movimiento socialmente de izquierdas no debería enfrentarse al plan de Bolonia, sino esforzarse en poner en cuestión la actual organización, corporativa y burocrática, de las universidades públicas.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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