La lengua: el desafío de la democracia española, de Henry Kamen en El Mundo

TRIBUNA LIBRE

Casi todos los que participan en el actual debate sobre el idioma español -tanto los que apoyan el Manifiesto como sus críticos-, no parecen darse cuenta del hecho de que el papel social de esta lengua es un asunto que concierne no sólo a España, sino también de manera urgente al resto del mundo. Recordemos que este 2008 ha sido declarado por la Unesco Año Internacional de las Lenguas. Y según un informe de esta organización, 10 lenguas mueren cada año, y de las 6.000 que se hablan en el planeta, la mitad está ahora amenazada.

En todo el mundo, la preocupación radica en la situación de las lenguas minoritarias. Sin embargo, en España -bien conocida por ser diferente- la preocupación de muchos parece ser la lengua mayoritaria. Esto es, para expresarlo en pocas palabras, extremadamente extraño. Si estos días echamos una ojeada a los periódicos de cualquier país (yo he mirado los de India y Estados Unidos) uno no encuentra ningún manifiesto apasionado a favor de la lengua nacional dominante. Y la amenaza, si la hay, se percibe de modo distinto.

Empecemos con el caso de Francia. El mes pasado, la Academia Francesa fue noticia por protestar en contra de una propuesta de enmienda a la Constitución que pretendía conceder el debido reconocimiento a las lenguas regionales, amenazando así (según la Academia) la lengua mayoritaria. Los políticos de momento han aparcado la protesta. Y creo que hicieron bien. Porque desde el principio hasta el fin, la declaración de la Academia Francesa está llena de errores. Empieza: «Desde hace más de cinco siglos, el idioma francés ha forjado Francia». Esto es tan falso que uno se sonroja ante la enormidad de la mentira. Tan tarde como 1863 -es decir, hace sólo un siglo y medio-, un informe del Gobierno galo declaraba que un cuarto de la población no hablaba francés en absoluto, y que para la mitad de todos los escolares el francés era una lengua extranjera.

En 1870, el Estado francés no pudo reclutar soldados porque muchos de ellos no podían hablar o entender francés. En 1846, Gustave Flaubert escribía en su Diario sobre una visita a la Bretaña: «Perdemos nuestro camino; nadie habla francés». Incluso dos siglos antes, pocos franceses hablaban francés. En 1660, Luis XIV se quejaba de que en el campo fuera de París, la gente no hablaba francés. En 1500, un famoso humanista parisino se lamentaba de que «nadie hoy escribe en francés». A Francia, más allá de toda duda, no la creó el idioma francés.

El ejemplo de la Academia Francesa muestra que no podemos siempre aceptar lo que la gente inteligente dice sobre un tema emotivo como el idioma. Aparecen ficciones sobre el papel del idioma, por ejemplo, en el reciente Manifiesto divulgado en Madrid. El documento apela a favor de una única «lengua común (…), de tanto arraigo histórico en todo el país», pero omite mencionar que el «arraigo» no es «histórico» sino bastante reciente (razón por la cual la controversia sobre el tema es todavía posible) y que en los siglos de grandeza de España, durante los 300 años que van de 1500 a 1800, cerca de un cuarto de la población de España nunca empleaba el castellano como lengua propia.

Es pertinente señalar que, según el informe de la Unesco que tengo ante mí, los únicos idiomas no amenazados en España son el castellano y el catalán, ambas por lo tanto lenguas comunes de los españoles (como lo fue en tiempos también el árabe).

La historicidad de las lenguas principales de España es, naturalmente, una cosa distinta de otros dos temas, que son igualmente importantes. Algunos defensores del documento nos han asegurado que el Manifiesto «no es realmente sobre el idioma, es sobre derechos», es decir, los derechos de los españoles a elegir el idioma con el que pueden conversar o trabajar o educar a sus hijos.

Un reciente editorial en EL MUNDO ha declarado que «la imposición del catalán y otras lenguas cooficiales como vehiculares en la enseñanza es una violación de los derechos de las personas». Esta es una declaración importante y es verdad, dentro de ciertos contextos. Sin embargo, mi interés en este artículo no es de política educacional, sino sobre el otro tema, más amplio, con el cual el Manifiesto está principalmente interesado: el estatus público de las lenguas.

Por todo lo que he leído sobre él hasta ahora, la principal petición del Manifiesto es que una ley proclame el castellano como único idioma oficial de España. Vamos a reflexionar sobre este punto. Un Estado tiene excelentes motivos para tener un único idioma, como es el caso de Francia y de Estados Unidos. Personalmente, soy un inequívoco partidario de un solo idioma en un Estado. ¿Se puede imponer esta regla en España? Por supuesto que se puede. La razón de que tantas personas estén hoy confundidas, sin embargo, no es culpa de la derecha chauvinista o de la izquierda nacionalista, aunque no cabe duda alguna de que ambos grupos han contribuido a la lamentable confrontación sobre el tema. La culpa es exclusivamente de los creadores de la Constitución democrática de 1978. En las palabras de Luis Alberto de Cuenca, «las cosas se han hecho mal». La cuestión de la lengua nunca fue abordada con valentía por los que ayudaron a conducir a España fuera de la era de la dictadura. Y han permitido que la situación evolucione hasta un punto donde el idioma se ha convertido ahora en un tema conflictivo cuando no necesariamente lo es.

Debería señalarse que otros países con problemas mucho más complejos entraron en el siglo XX sin conflictos políticos sobre el idioma. Déjenme citarles el caso de India, donde crecí hablando las dos lenguas oficiales: hindi e inglés. Por razones históricas, la Constitución proclamó el hindi como el idioma estatal, pero, en la práctica, el Estado siempre ha funcionado con dos lenguas. Hay que decir que India también reconoce la oficialidad de otros 22 idiomas. Si este inmenso país puede hacerlo, ¿por qué no España?

El motivo es que la Constitución democrática pensó que había encontrado una solución en la así llamada política bilingüe, la cual toleraba (es decir, protegía) las lenguas regionales, pero les daba validez sólo dentro de cada comunidad. Esta es una política que el Manifiesto apoya. El hecho, sin embargo, es que el bilingüismo tolerado no protege las lenguas minoritarias. Déjenme citar un caso relevante. Sobre el año 1500, cuando Gales se unió a Inglaterra, casi todos los galeses hablaban galés. En 1900, después de cuatro siglos de bilingüismo, sólo el 50% hablaba galés. Y en 1990, sólo el 19%. El inglés se lo llevó todo por delante. Y lo mismo ha pasado en Cataluña. Hoy en esta comunidad uno es atendido en los juzgados, en las administraciones, en la policía, incluso en taxis, en muchas tiendas y restaurantes más en castellano que en catalán. El idioma más hablado en Cataluña, hoy, es el castellano. Eso representa más que nunca una amenaza a la supervivencia de la lengua común de los catalanes. Lógicamente, ello ha generado una política agresiva por parte de los nacionalistas catalanes, que apuntan que la suya es una «lengua común» internacional, con exactamente los mismos derechos que el castellano, y no es una simple «lengua de autonomía».

La política del bilingüismo regional, resumiendo, no funciona en ningún país. Merece la pena observar que la Unesco este año ha incluido el euskara entre las lenguas europeas amenazadas de extinción. Los expertos internacionales sugieren que sólo la discriminación positiva a favor de una lengua minoritaria puede ayudarle a sobrevivir. La actitud de protección y tolerancia que adoptó la Constitución de 1978 es a todas luces inadecuada. La cuestión, que el Manifiesto en mi opinión no trata adecuadamente, es cómo se pueden garantizar los derechos de las lenguas minoritarias en España sin que la lengua mayoritaria las haga desaparecer.

Por supuesto, hay muchos que piensan que las lenguas minoritarias se deberían eliminar. Esto te trae a la memoria a Unamuno, vasco de origen y conservador en su tendencia política, quien se mostraba como enemigo acérrimo de las amenazas al idioma de Cervantes. Recomendaba que se eliminara el idioma catalán y predecía la «muerte inevitable» del euskara como lengua. Es interesante que el signatario más destacado del Manifiesto, Mario Vargas Llosa, siga una línea muy parecida a aquélla de Unamuno. Hace algunos años sugirió que los indígenas de Perú deberían «renunciar a su cultura, a su lengua, a sus creencias, a sus tradiciones y usos, y adoptar la de sus viejos amos», los españoles. La explicación que dio por esta radical proposición fue que «el ideal de la preservación de las culturas primitivas de América es una utopía incompatible con otra meta más urgente: el establecimiento de sociedades modernas». No es sorprendente que el nombre de Vargas Llosa encabece el Manifiesto.

En suma, una de las grandes equivocaciones de la democracia española fue no solucionar el tema del idioma desde el principio. El problema todavía sigue, pero no se puede resolver proclamando que el idioma mayoritario es la única posible «lengua común». Como explicó Gregorio Mayans en su obra Orígenes de la lengua española (1737): «Por lengua española entiendo aquella lengua que solemos hablar todos los españoles cuando queremos ser entendidos perfectamente unos de otros». El castellano es «común» exclusivamente en este sentido, que es muy correcto y también muy histórico.

Henry Kamen es historiador. Su última obra publicada es Los Desheredados. España y la Huella del Exilio (Aguilar).

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