Reggio’s Weblog

Crisis sociales, riesgos manipulados, de Ignacio Muro en El País

Posted in Economía by reggio on 7 agosto, 2008

No son las dificultades las que vencen a los hombres, sino el temor”, afirmaba Shakespeare. Y el temor es una sensación que puede fabricarse, como puede aliviarse o acentuarse, de forma inconsciente o consciente. No sólo la influencia de las religiones, sino también el poder en general, se articula frecuentemente sobre la conveniente manipulación de riesgos y temores. El riesgo, la sensación de riesgo, aumenta con la globalización. Y su esencia cambia. Los ciudadanos del mundo tienen la impresión de estar metidos en una turbina de la que pueden salir despedidos en cualquier momento.

Mientras en el pasado, muchos daños se atribuían a los dioses, la naturaleza o simplemente al destino, hoy, la mayor parte de los peligros que nos amenazan parecen descansar sobre decisiones humanas. Anthony Giddens los denomina riesgos manufacturados, porque suelen estar relacionados con la búsqueda de ventajas económicas en procesos industriales insuficientemente garantizados. Incluso las catástrofes naturales o el cambio climático han dejado de ser accidentes para ser hechos imputables moral, política y jurídicamente a los hombres. Los dioses hace tiempo que son inocentes.

En el terreno social también es habitual esa forma interesada de manipulación de riesgos. Cualquier fenómeno como el terrorismo, la inmigración, la dialéctica entre religiones y culturas, puede facilitar decisiones de las que obtener ventaja inmediata, bien sea en forma de venta de armas o de apropiación de recursos petrolíferos. Sólo se precisa que los temores que provocan hayan sido convenientemente tratados y manipulados. La crisis demográfica y el envejecimiento de la población son otro ejemplo. Desde los años noventa se ha asumido el riesgo de quiebra de las pensiones en un horizonte lejano. Ese riesgo futuro se convirtió, en seguida, en oportunidad inmediata para obtener ventajas; por un lado, en forma de negocio para fondos de pensiones privados; por otro, político y social, al conseguir que sindicatos y trabajadores aceptaran ajustes o asumieran leyes restrictivas.

Ese riesgo ha estado alimentado de múltiples noticias. Tomemos tres ejemplos de 1996. “La ONU estima que la población española será de 29 millones en 2050”, decía una. Diez años más tarde se acaban de superar los 46 millones y la natalidad se ha recuperado. “Expertos -decía otro titular- presentan informe que confirma la necesidad de complementar las pensiones con fondos privados”. La noticia no mencionaba que el escenario elegido utilizaba, como hipótesis, una tasa de desempleo creciente hasta llegar al 26% en 2005, para luego descender hasta el 20% en 2010. El “riguroso” informe estaba patrocinado por la fundación BBVA y coordinado por José Barea, el que fuera jefe de la oficina económica de Aznar. En el mismo año, la Dirección General de Migraciones consideraba que la entrada de 20.000 personas al año era el “cupo deseable” para la economía española y desechaba como inasumible “un techo de 100.000 inmigrantes”. ¿Error o manipulación?

En cualquier caso, esas cifras y noticias sobre demografía, desempleo o inmigración contribuyeron a generar el miedo escénico necesario para desequilibrar las relaciones sociales y debilitar el Estado de bienestar y las fuerzas progresistas. El descenso del peso de los salarios en la economía, excepcional en una fase expansiva, es una de sus consecuencias. En la zona euro ha caído un 13% desde 1980, casi el doble que en los países industrializados. En España, entre 1995 y 2007, pese al fuerte crecimiento económico, han perdido 6 puntos porcentuales en el PIB, mientras que el salario real medio ha bajado un 5%. La batalla continúa. La creciente fragilidad y precariedad laboral no impide que se fuercen cambios legales urgentes que descargan sobre el trabajo la solución al envejecimiento social en forma de prolongar varios años la vida laboral.

De forma sutil, la ortodoxia económica, apoyada por el tremendo poder mediático de los grandes centros de opinión, ha conseguido presentar como un problema exclusivo de los trabajadores lo que es un problema común de toda la sociedad. Ha conseguido que se focalice como un déficit de la Seguridad Social, la caja particular de los trabajadores, lo que, en todo caso, debiera asociarse a un déficit de la caja general de los ciudadanos, que es la hacienda pública. ¿Tiene sentido? La hacienda pública financia, por ejemplo, las pensiones no contributivas al considerarlas un derecho ciudadano. ¿Puede desentenderse de financiar con el conjunto de impuestos los costes del envejecimiento de la población?

Afrontado entre todos, es más fácil encontrar soluciones. El incremento del gasto social relacionado con el envejecimiento se estima -¡para 2050!- en un 4,6% sobre el PIB en el promedio de la UE. Se presenta como “insoportable”, pero resulta que es menor que la transferencia de renta desde el trabajo al capital provocada en los últimos años, antes citada.

En un entorno de desarrollo tecnológico no tiene sentido que la sociedad abandone cualquier horizonte de mejora incubado durante siglos. Ahora, más que nunca, genera suficiente riqueza para abordar cualquier crisis y financiar cualquier proyecto sostenible. Debe, eso sí, repartir mejor su carga. Y saber combatir los riesgos manufacturados y el reclamo interesado de soluciones urgentes. Cuando se afronta una nueva crisis, ésa es la mejor enseñanza. Sólo así es posible decir: “¡Juntos podemos!”.

Ignacio Muro es economista

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Garzón, Antígona y la memoria histórica, de Manuel Rivas en El País

Posted in Derechos, Historia, Memoria, Política by reggio on 7 agosto, 2008

La beligerancia contra el recuerdo de los horrores del franquismo no es sólo de la derecha política; es compartida por un sector importante de la opinión, de parte de la Iglesia y del estamento judicial

Pisábamos la escarcha, los campos helados, la grafía fosilizada de la hierba. Camino de la escuela. Aquella noche, la brigada político-social se había llevado detenido a un joven cristalero, Manuel Bermúdez, alias Chao. Estamos en 1964. Bombardeados por la campaña de 25 años de paz. “¿Por qué se lo llevaron?”, pregunté a Domingo, que vivía en la casa más próxima. Miró hacia los lados, dudó y me dijo en voz baja: “No se puede decir”.

“No se puede decir”. Para mí, esa frase es un documento fundamental sobre la Justicia de esa época. Contiene tanta información como los preámbulos de las leyes del franquismo. Por cierto, esos preámbulos son el mejor relato del régimen totalitario hecho por sí mismo, la plasmación de esa misión histórica definida por el dictador, el 20 de mayo de 1939, una vez alcanzada la victoria militar: “Desterrar hasta los últimos vestigios del fatal espíritu de la Enciclopedia”. El “no se puede decir” de mi amigo, aquella mañana en que pisábamos la escarcha camino de la escuela, lo he ido asociando al título del grabado de Goya: No se puede mirar. La memoria activa, libre, es imprescindible para superar esa dramática escisión que marca nuestra historia, entre la grandilocuencia lesiva de “lo que se debe decir”, “lo que se debe ver”, y la dolorosa amputación de “lo que no se puede decir” y “no se puede mirar”.

¿Por qué despierta tanta hostilidad la memoria histórica en la derecha española? Creo que es una pregunta que concierne a todos, pero especialmente a quienes se sitúan en esa órbita ideológica y política. Esa derecha que gira al centro, que no quiere que ningún votante la vuelva a rechazar por miedo (Mariano Rajoy dixit), que se pretende homologable con los gobernantes franceses y alemanes, que sí asumen la memoria de la resistencia antifascista, esa derecha tan justamente comprometida con la memoria de las víctimas del terrorismo político en el País Vasco, ¿por qué hace una excepción con la dictadura franquista, una de las más crueles y prolongadas de la historia?

En Compostela todavía se conserva alguna imagen del Santiago guerrero, espada en ristre. Allí recibió Franco de la jerarquía católica una espada para la “santa cruzada”. Pero hay también en la catedral compostelana una espléndida imagen en granito policromado de San Miguel con su balanza para pesar las almas. La manera de pesar la historia, esa historia tan reciente, no puede ser tan arbitraria que pretenda equilibrar la espada con un fardo de olvido. ¿Cuánto pesa ese pasado, la substracción colectiva de la libertad durante casi medio siglo? ¿Nada? ¿Ni un escrúpulo?

Reconocer el dolor, desde siempre, es una exigencia para curar las dolencias. De hecho, la insensibilidad al dolor es un aviso o manifestación de corrupción en el cuerpo humano. Para Hipócrates y Galeno, la capacidad de enfrentarse al dolor era también una medida de inteligencia.

Hasta ahora, la exploración del mapa del dolor, los trabajos de exhumación de desaparecidos, las movilizaciones para retirar la simbología ominosa de los amigos de Hitler y Mussolini, las iniciativas para alumbrar zonas ocultas del thriller franquista, las investigaciones para aclarar expolios o apropiaciones de dudosa legalidad que se mantienen vigentes, como es el caso del Pazo de Meirás, no han sido obra de la Justicia, sino el fruto de un trabajo ímprobo, tenaz, a contracorriente muchas veces, de un concierto cívico de conciencias que han dado forma en España a lo que podríamos llamar “la voz de Antígona”. La Antígona de Sófocles que desobedece la imposición injusta de Creonte, y la Antígona resistente de Jean Anouilh, en la que Creonte era un trasunto de Petain.

Creonte: Tienes que saber que jamás el enemigo, ni aún muerto, es amigo.

Antígona: Tienes que saber que nací no para compartir con otros odio, sino para compartir amor.

Creonte: Entonces ve allá abajo y, si tienes que amar, ámalos a ellos (a los muertos), que, mientras viva, en mí no ha de mandar una mujer.

¿En qué consiste hoy la herencia de Creonte? Es esa voz, también concertada, que ante la Antígona española, un día le dice displicente: “¿Para qué andas removiendo los huesos?”. Otro día: “¿A quién le importa esa zarandaja de la memoria histórica?”. Y al siguiente, aunque estemos hablando de asesinados y de familias que quieren darles sepultura honorable: “Para eso, ni un duro”.

Somos lo que recordamos. El olvido que seremos. Por un lado, la potencia genésica de la memoria, de Mnemósine, la madre de las nueve musas. Por otro, la constatación de que la historia de la humanidad es una dramática historia del olvido. Y Clío, la pobre, la más indolente.

¿Por qué es, o puede ser, tan importante la literatura para la historia? La mirada del relato histórico, en sus versiones dominantes, es depredadora, carnívora. Quiere conquistar, imponerse. Por el contrario, la memoria literaria es la de un ser rumiante, donde fermenta lo interno y lo externo, lo vivido y lo imaginado, la razón y la emoción. Es una mirada que nos permite ver la historia humana desde un “presente recordado”. La memoria de Antígona se desplaza hacia delante. El olvido intencionado de Creonte a la larga se convierte en una tara colectiva. De todos los detectives, el mejor de la historia es Freud: “Censurar un texto no es difícil, lo difícil es borrar sus rastros”. En Las huellas de la memoria, Enrique Carpintero y Alejandro Vainer, expertos en el campo de la salud mental, utilizan dos expresiones complementarias para explicar la necesidad social de la lucha contra el olvido. Se trata, a la vez, de “construir el pasado” y “abrir el porvenir”.

Hay un concepto en neurología que se utiliza para definir la pérdida de recuerdos anteriores al momento en que se produce un daño en el hipocampo. Es lo que se denomina amnesia retrógrada. La asunción militante de una amnesia retrógrada por parte del gran espacio conservador ha tenido, por desgracia, un relativo éxito. La amnesia retrógrada no ha sido sólo una posición de líderes políticos derechistas, sino que ha sido compartida por un sector importante de la opinión, de parte de la Iglesia e incluso del estamento judicial.

Hago esta última afirmación porque resulta muy llamativa, y creo que históricamente dolorosa y escandalosa, la “suspensión de las conciencias” que prevaleció muchos años en la Justicia hacia la represión y los horrores del franquismo. Una cosa son las amnistías y otra las absolutas amnesias históricas. Creo que esa posición de amnesia retrógrada, la beligerancia contra el proceso de memoria histórica, la oposición tan grosera a la exhumación de los restos de los desaparecidos en la guerra y la posguerra, el desinterés hacia los exilados o la indiferencia en la honra a los luchadores de la resistencia o a los muertos en los campos de exterminio nazis, todo esto no ha aportado desde luego nada positivo al país, pero tampoco al campo político e intelectual que ha mantenido esa mentalidad de “amnesia retrógrada”. La derecha renovada debería dar ese paso moral de despegarse definitivamente del complejo de Creonte.

Los que militan en la amnesia retrógrada limitan su campo de olvido a la zona de sombra o área de ceguera del franquismo. Paradójicamente, muchos de esos activistas de la amnesia en lo que afecta al período dictatorial, remueven con entusiasmo el pasado para reivindicar, por poner algunos ejemplos, las esencias del nacional-catolicismo en el campo educativo, la vigencia de un rancio discurso tutelar respecto de América Latina, un permanente estado de sospecha hacia el sistema autonómico y la riqueza plurilingüe, por no hablar de la añoranza de los Reyes Católicos o del reino visigodo anterior al 711. ¡Eso sí que es saudade!

La democracia tiene que asentarse en una memoria democrática. El paso dado por el juez Baltasar Garzón, un referente internacional de integridad, con su solicitud de información a los ministerios de Defensa e Interior y a las asociaciones que trabajan por la reparación histórica puede significar un giro decisivo. Después de la contienda, miles de personas fueron asesinadas y sus cuerpos hechos desaparecer sin que esos crímenes se investigaran jamás. La dictadura llevó adelante una “Causa General” cruel e implacable, castigando incluso conductas legales anteriores a la guerra. Fue, esa dictadura, un prolongadísimo estado de excepción. Negando esa evidencia, presuntos historiadores, que violan a Clío en cada página, convierten en propaganda odiosa la herencia de Creonte. Por eso, para construir el porvenir, es tan importante que la Justicia en España escuche al fin la voz de Antígona.

Manuel Rivas es escritor.

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Estatut contra federalismo, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Derechos, Política by reggio on 7 agosto, 2008

Lo que está ocurriendo estas últimas semanas con la financiación de la Generalitat es una nueva prueba del mal planteamiento jurídico del Estatut de Catalunya y de las distorsiones que, a consecuencia de ello, está provocando en la política española.

En un artículo publicado en este periódico el pasado 10 de mayo ya advertía sobre lo que iba a suceder: el acuerdo sobre la financiación catalana no estaría listo antes del 9 de agosto porque antes el Gobierno debía conseguir un acuerdo global con las demás comunidades autónomas y, dadas las circunstancias, no había tiempo material para ello. Alegar que esto supondría el incumplimiento del Estatut no era más que una ridícula ingenuidad jurídica: el ordenamiento debe cumplirse en su totalidad y si la letra de una determinada ley -en este caso, el Estatut– es de cumplimiento imposible, debe hacerse una interpretación integradora que pondere todos los elementos legales en conflicto y, conforme a las reglas habituales en derecho, llegar a una decisión correcta. Si las leyes fueran todas claramente comprensibles y la tarea de aplicarlas resultara siempre sencilla, la actividad de jueces y abogados sería superflua. Por tanto, una interpretación integradora es una práctica usual en los juristas.

El Estatut cometió una insensatez: fijar una fecha concreta para que sucediera un hecho que, en sí mismo, es de cumplimiento incierto. Las causas de esta incertidumbre son muy claras. En primer lugar, el Estatut hace depender la financiación de la Generalitat de un acuerdo bilateral entre esta y el Estado. Que se llegue o no a un acuerdo es siempre algo aleatorio, dependiente de la disposición de las partes y de muy difícil determinación en el tiempo. Además, si el acuerdo no llega, como ha dicho Solbes, la responsabilidad es compartida. Por tanto, tiene escasa solvencia jurídica afirmar tanto que el Estatut se incumple como atribuir la culpa a una sola de las partes.

La segunda causa muestra todavía más a las claras la ligereza del legislador estatutario al fijar esta fecha límite. En efecto, según el texto constitucional, la financiación de las comunidades autónomas depende de una ley orgánica -la Lofca- que debe establecer un sistema general para todas las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y Navarra. El consenso entre comunidades en materia de financiación ha sido la práctica común, ratificada por jurisprudencia constitucional como la más adecuada al Estado de las autonomías. Pues bien, saltándose los condicionantes de la Lofca, el Estatut ha establecido unos principios propios que no pueden tener eficacia legal alguna a menos que coincidan con la norma de alcance estatal e, incluso en ese caso, carecen de toda validez constitucional, aunque ello dependerá de que así lo estime la pendiente sentencia sobre el Estatut. Es claro, pues, que el acuerdo sobre la financiación de la autonomía catalana no puede preceder a este acuerdo general. ¿Hubiera podido concluirse este acuerdo antes del 9 de agosto? Sin duda. Ahora bien, tras las elecciones ya era previsible que no estarían maduros los fundamentos de un pacto que debe conciliar tantos distintos intereses, todos atendibles, de las comunidades autónomas.

Todo ello nos reconduce a un problema más general que plantea el conjunto del nuevo Estatut. En efecto, en muchas de sus partes, el Estatut responde más a un modelo confederal que a uno federal. Cuando se repite una y otra vez que el Estatut es un pacto entre Catalunya y España, que la Generalitat debe tener por razones históricas un trato diferencial y que la bilateralidad debe ser la regla general en sus relaciones con el Estado, se están haciendo afirmaciones que no tienen cabida en la Constitución. Federalismo y confederalismo tienen muchas diferencias que ahora no hay espacio para detallar. Pero una de ellas es fundamental: la confederación no es un estado sino una unión de estados soberanos, y la norma fundamental que rige una confederación es un tratado internacional entre estos estados que debe ante todo preservar la igualdad entre los mismos. Por el contrario, un estado federal -que no es una unión de estados, sino un estado unitario- tiene como norma básica una Constitución, es decir, una ley suprema producto, no de un acuerdo entre estados, sino entre ciudadanos, cuya finalidad básica es preservar su igualdad de derechos fundamentales.

Con todas las variables que se quieran, que son pocas, España es un Estado que pertenece a la familia de los estados federales; no es, por tanto, en modo alguno, una confederación. Sin embargo, el Estatut de Catalunya ha sido configurado en varios de sus aspectos principales -competencias, relaciones con el Estado, financiación- según una filosofía confederal. Este Estatut, considerado como un pacto bilateral, va contra el federalismo, es antifederal: de ahí provienen la mayoría de sus problemas constitucionales. Es en este punto donde el Tribunal Constitucional debe sentar una doctrina clara y terminante, sin dejar resquicio alguno a dudas y confusiones. Como, por ejemplo, las que está produciendo en estos momentos la financiación de la Generalitat.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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El Ejecutivo alega ante el TC que Ibarretxe busca un “daño irreversible” al Estado, de José María Brunet en La Vanguardia

Posted in Derechos, Política by reggio on 7 agosto, 2008

El Gobierno teme que la consulta vasca constituya un precedente

El Gobierno considera que el referéndum vasco causaría un “daño irreversible” al Estado, y por ello pidió ayer al Tribunal Constitucional (TC) que mantenga la suspensión acordada sobre su convocatoria. Este razonamiento constituye el eje fundamental de las alegaciones presentadas por el abogado del Estado contra la petición formulada por el Gobierno vasco para que se levante la suspensión de la consulta.

El Gobierno estima en su escrito que la iniciativa del lehendakari se ha planteado como un “instrumento de presión” sobre el presidente del Ejecutivo porque “no ha querido negociar” sobre el futuro de la política vasca. Las alegaciones exponen que si se cede ante este planteamiento se creará un peligroso precedente en el sentido de que “es posible utilizar un procedimiento referendario” para forzar políticamente al Gobierno a “seguir los dictados” del lehendakari. En concreto el abogado del Estado añade que, aunque ganara el no en el referéndum, “se habría creado el precedente”. Y aunque el Gobierno no lo dice de manera explícita, pretende que de este asunto salga un mensaje general para todas las autonomías.

El Ejecutivo de Vitoria solicitó al TC que permitiese la preparación del referéndum, pese al recurso del Gobierno, o en su defecto que dictase sentencia sobre el fondo del asunto antes del próximo 15 de septiembre. El abogado del Estado, a su vez, se adhiere a la petición de que el asunto sea resuelto con prontitud, pero argumenta que aunque Ibarretxe pueda finalmente llevar a cabo la consulta, procede ahora a mantenerla suspendida mientras se tramita el pleito. El Gobierno alega que no se puede permitir que el lehendakari dé pasos para realizar unos planes cuya ejecución convertiría en “irreversibles” los “daños a los intereses generales del Estado” que el recurso presentado busca evitar.

Las alegaciones sostienen, en suma, que la suspensión de la norma vasca no es un objetivo en sí misma, sino un medio para tratar de impedir los perjuicios que se intentan evitar con el recurso. El abogado del Estado razona que debe oponerse a que empiece a organizarse el referéndum porque, en ese caso, la consulta habría comenzado a prepararse “eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva de autorización” que para este tipo de iniciativas la Constitución otorga al Gobierno.

El abogado del Estado abona así la tesis de que el referéndum de Ibarretxe constituye un desafío en toda regla al Gobierno, porque pretende invadir sus competencias para obligarle a negociar según sus propios planteamientos e intereses. El Gobierno estima que no hay ninguna razón para acceder ahora a levantar la suspensión de la consulta, porque mantenerla paralizada no lesiona, en cambio, ningún interés esencial. Las alegaciones razonan que el lehendakari podría retomar sus proyectos si el TC le diera la razón sobre el fondo del asunto, de manera que el referéndum que quiere convocar no quedaría “hibernado” como ha sostenido el Ejecutivo de Vitoria, sino que en teoría podría celebrarlo más adelante.

“Si se ratificara la suspensión y posteriormente se desestimara el presente recurso de inconstitucionalidad – razona el abogado del Estado-, bastaría con que el Parlamento vasco pospusiera las fechas de convocatoria y de celebración, para que el cuerpo electoral vasco pudiera ser consultado sobre las dos preguntas del referéndum”. En cambio – añade el escrito- “si se levantara la suspensión de la ley recurrida y, celebrada la consulta, se estimara luego este recurso, el daño a los intereses generales del Estado sería irreversible”.

Ese daño perseguido por la iniciativa del lehendakari – prosigue el recurso- ha sido expuesto de forma palmaria por el propio Ejecutivo vasco, porque ha sostenido que la consulta obedece a que el presidente del Gobierno español no ha querido negociar. “Es decir -expone el abogado del Estado-, como el presidente del Gobierno español no ha querido negociar con el lehendakari en el momento elegido por este y acerca de los puntos seleccionados de igual y unilateral manera, se pretende movilizar al electorado vasco para forzar esa ´negociación´ sobre la oferta de pacto político” planteada por Ibarretxe. Todo ello -añade- pretende “dar cobertura al derecho de autodeterminación política o ´derecho a decidir´ del sujeto político llamado ´pueblo vasco´”.

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India y China: sueños y pesadillas, de David Seaton en El Mundo

Posted in Internacional, Política by reggio on 7 agosto, 2008

TRIBUNA LIBRE

El mayor problema que habrá de afrontar el mundo en los próximos años será, con toda probabilidad, el de encontrar espacio, alimento, aire y energía suficiente para la población de China e India, dos potencias emergentes que en los últimos años han iniciado una importantísima estrategia exterior para hacerse con todo esto a través de grandes sumas de dinero contante y sonante, en efectivo.

Estamos muy cerca de averiguar si el actual sistema económico mundial, que tantas riquezas nos ha proporcionado hasta ahora, está preparado para soportar que los ciudadanos chinos y los indios accedan a vivir igual de bien que nosotros, los occidentales, o incluso para el simple hecho de que sueñen con llegar a vivir así. Sus problemas sociales y políticos ya no son temas sobre los que de cuando en cuando leemos artículos en la revista National Geographic; no, se trata de asuntos que afectan, directamente, a nuestra vida diaria.

Hace poco menos de 200 años, China aportaba alrededor de un tercio de la producción mundial, e India, un 16%. En aquellos tiempos, Europa aportaba un 17% y Estados Unidos -que, evidentemente, estaba muy lejos de ser la superpotencia que es hoy en día- menos del 2%. En 1950, la proporción de EEUU había subido ya al 27%, mientras que la aportación a la producción global de China había caído al 5%, cifra similar a la de India, con un 4%.

Hoy la globalización ha cambiado este panorama. En lugar de limitarse simplemente a proporcionar materias primas y mercados cautivos para nuestros fabricantes, China e India han llegado a integrarse en un continuo con las economías occidentales, y centenares de millones de sus ciudadanos forman parte de una clase media universal.

Ante esta situación, la pregunta clave es: ¿habrá petróleo suficiente en el planeta para llenar los depósitos de India y China cuando dispongan de tantos automóviles per cápita como EEUU o Europa? ¿Habrá aire suficiente en el planeta para respirar cuando todos esos automóviles echen los gases de sus escapes a la atmósfera? ¿Habrá cereales suficientes en el planeta para alimentar a todos los cerdos que se pueda comer la clase media china? ¿Habrá agua suficiente en el planeta para regar esos cereales y todos los cultivos necesarios para alimentar a tantísima gente?

En estos momentos notamos como nunca el despertar de Asia en la subida de los precios de la energía y los alimentos, pero no ha de transcurrir mucho tiempo sin que se haga notar también su enorme potencial humano. El tamaño importa. Como expresaba recientemente un agudo observador: «Si es usted uno entre un millón, resulta que en China o India hay hasta 1.000 como usted». Pese a que este tipo de datos apenas trasciendan a los medios, los estudiantes ya tienen más matrículas de honor en China o en India que las del número global de alumnos en Estados Unidos.

Ahora bien, a pesar de las similitudes en tamaño y talento, India y China presentan problemas enormemente diferentes. China es un régimen autoritario e India es una democracia pero, paradójicamente, China tiene una tasa de alfabetización de adultos del 90,9%, según la UNESCO, mientras que en India sólo un 61,3% de la población es capaz de leer y escribir. En cuanto a la esperanza de vida, en India es de 64 años, mientras que en China alcanza los 73.

En contradicción con el hecho de ser «la democracia más grande del mundo», la nueva prosperidad de India depende por completo de una -en proporción- minúscula elite de científicos, economistas e ingenieros informáticos. Mientras aproximadamente 100 millones de indios gozan de un estilo de vida comparable al de los europeos occidentales, 300 millones de sus compatriotas viven con menos de un dólar estadounidense al día. En China ya sólo se encuentran en esta última situación 85 millones de personas, con una población total mayor a la de su vecino del sur. En India, el 45% de los niños por debajo de los cinco años padece desnutrición, y más de la mitad de la población vive todavía en zonas rurales. Empujados por unos precios de los alimentos y de la energía que no dejan de subir, las enormes masas rurales y analfabetas de India -con derecho a voto, eso sí- viven resentidas e inquietas.

He aquí un síntoma del tremendo abismo existente entre los nuevos ricos y los pobres de toda la vida. Y otra paradoja más: mientras en China Mao Tse Tung sólo pervive en la cara de las monedas, en más de la cuarta parte del territorio indio hay guerrillas maoístas activas, cada vez más eficaces, del mismo tipo que las que recientemente se han hecho con el poder en el vecino Nepal. El maoísmo, según el primer ministro indio Manmohan Singh, es el principal problema de seguridad interna al que jamás se haya enfrentado el país.

Con la subida de los precios de los alimentos y de la energía, la agitación revolucionaria podría acabar llevando a millones de indios, con una capacitación profesional magnífica y perfecto dominio del inglés, al mercado de empleo occidental. Los miembros de la nueva clase media nativa de India pueden convertirse en los nuevos británicos obligados a huir de su país. Y una huida de esas características supondría el muro de Berlín de la globalización.

David Seaton es analista político.

© Mundinteractivos, S.A.

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Crisis y ‘stock options’, de Pedro G. Cuartango en El Mundo

Posted in Economía, Política by reggio on 7 agosto, 2008

TIEMPO RECOBRADO

Los liberales tienden a creer que el mercado es una forma de organización perfecta y que la intervención del Estado siempre distorsiona la economía. Pero no es así. El capitalismo tiene un componente intrínsecamente especulativo que se agudiza con la falta de controles.

Esto lo hemos padecido con la crisis financiera surgida en EEUU, que es la consecuencia de una mezcla de laxitud de las instituciones y fiebre acumulativa de los individuos. No insistiré en los graves errores de la Reserva Federal, cuya credibilidad se ha visto muy tocada por su incapacidad para prever la debacle provocada por un crecimiento ilimitado del crédito a muy bajas tasas de interés.

Pero no todas las causas de la crisis son achacables a los bancos centrales o a las políticas de los gobiernos. Existe también una responsabilidad individual en los gestores de las entidades financieras y de las grandes corporaciones, bastantes de las cuales han dedicado su tiempo y sus energías a pensar en cómo aumentar los beneficios a corto plazo en lugar de desarrollar unas bases sanas de crecimiento de sus negocios.

Esta actitud no se debe a su frivolidad ni a su falta de visión. Tiene mucho más que ver con el sistema de remuneraciones de los altos ejecutivos, enfocado a primar el rendimiento a corto y medio plazo, o sea, a dar el pelotazo cuando las acciones de su empresa superan un determinado nivel. Me refiero en concreto a las stock options que permiten a algunos directivos obtener de golpe sumas superiores a sus sueldos en 15 o 20 años de trabajo.

Las stock options constituyen un sistema perverso porque permiten ganar grandes cantidades de dinero aunque la empresa esté en quiebra, como sucedió en el caso de Enron. Basta que la cotización de la compañía sea alta, lo cual se puede conseguir por diferentes medios. Hay cientos de ejecutivos que se hicieron millonarios con las stock options y luego dejaron sus empresas con gravísimos problemas. Recordemos el caso de Juan Villalonga en Telefónica, que vendió sus títulos hace ocho años al doble del precio que hoy cotizan. El presidente de Mannesmann no tuvo tanta suerte y fue llevado a los tribunales, que le obligaron a devolver una parte de la suma recibida.

Los defensores de la libertad de mercado como un valor excelso apelarán a Weber y la ética protestante para defender esta fórmula de remuneración que ha hecho tanto daño. Yo creo que lo que funciona en estos casos, con las autoridades económicas mirando hacia otra parte, es la ética del trabuco. Gigantes bancarios como UBS han tenido que provisionar estos meses cantidades ingentes porque sus directivos se habían metido en operaciones especulativas de altísimo riesgo para aumentar el valor de capitalización a partir del cual se calculan esas stock options.

Que yo sepa, ninguno de los presidentes de estas corporaciones ha dimitido a pesar de haber creado un grave perjuicio a los accionistas. Y todavía dicen que el mercado funciona mejor sin la intervención del Estado. Será para quienes no tienen escrúpulos.

© Mundinteractivos, S.A.

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UPyD, floreando el naipe, de Lorenzo Cordero en La Voz de Asturias

Posted in Política by reggio on 7 agosto, 2008

El ojo del tigre

Con reiterada insistencia, los fundadores de la novísima formación política Unión Progreso y Democracia (UPyD) manifiestan que su grupo, además de progresista, nacional y laico es transversal. En la actual jerga política, el transversalismo es un sesgo ideológico que, casi siempre, se inicia en la izquierda para acabar fundiéndose con los principios monolíticos de la derecha castiza. Los fundadores de este club político se proclaman transversalistas porque no quieren que se les confunda con los centristas; un término que fue vulgarizado cuando, después de limarle las asperezas a la anterior dictadura, se inició el juego democrático seudopluralista que aún se practica. Es posible que hubiera sido más práctico declararse moderados, porque la moderación en política, si es sincera es más fiable –aunque menos llamativa- que ese transversalismo de naturaleza equívoca; el cual, como ya he dicho, inicia sus piruetas en la izquierda pero solo se las aplaude en la derecha.

En la historia política española del siglo XX hay más de un caso de esas derivas sesgadas. Uno de los más conocidos ha sido el sesgo dado por el melquiadismo, que, cuando decidió avanzar transversalmente, acabó siendo engullido por la voracidad de la derecha ultramontana. El más reciente fue el de Falange Española; la cual acabó siendo tan transversal, tan transversal –iba desde un peculiar obrerismo hasta el Imperio hacia Dios…- que cuando algunos de sus militantes quisieron rectificar su error, ya era demasiado tarde; estaban guisándole, para el dictador africanista, la ideología ultranacionalista que este necesitaba urgentemente para alimentar con ella su desmedida ambición de poder absoluto.

A los promotores del sesgo político, que exhibe UPyD, hay que reconocerles un gran mérito: tienen una enorme capacidad para la ensoñación idealista. Hasta el punto que no solo arriesgan su reconocido prestigio intelectual, sino que además se embarcan en una odisea de gran calado mitológico: pretenden salvar a España por enésima vez… Y hay que reconocerle a quien le pone cara y voz a ese proyecto espiritualista su capacidad para mantener el equilibrio inestable mientras camina con tanto aplomo por la cuerda floja, que le permite avanzar desde el punto de su partida (PSOE) hasta lograr que su valiosa cabeza repose sobre la mullida almohada mediática del PP.

La gracilidad que la acompaña; su facilidad para el uso de la retórica política clásica: su permanente disposición para estar presta a entablar polémica en público con alguien que le merezca la pena, le añaden un plus de atracción popular que le resulta muy gratificante, personalmente. Su discurso habitual es claramente político, aunque en términos ideológicos sea no solo confuso, a veces, sino también contradictorio. Dos ejemplos: a), asegura que le gusta la monarquía parlamentaria, pero que su formación (se supone que ideológica) es republicana. Esto más que contradictorio es el disparate típico del improvisado ideario político que impartió la transición; b), decir que el nacionalismo tiene poder político, pero que el nacionalcatolicismo no lo tiene, es un sofisma político muy utilizado en los tiempos en que imperaban las ambigüedades ideológicas; las cuales sólo sirven para demostrar que además de saber nadar, uno también sabe guardar la ropa…

Para una mujer como esta, que parece haberse empapado de teoría ideológica para luego demostrar su sabiduría con la práctica política, estas contradicciones, que se advierten en su discurso transversal, suelen fascinar a la opinión pública más sentimental. De tal manera, que hay muchos –por lo menos, los ocho mil asociados a su club– que habitualmente confunden nacionalismo con separatismo, mientras piensan que el nacionalcatolicismo no tiene nada que ver con el nacionalismo ultraespañolista. En términos teóricos de la propaganda política, a este método de persuasión de le conoce como florear el naipe.

Pero la heroína de UPyD no sólo es experta en florear el naipe, sino que también lo es en cuanto a utilizar el método propagandístico de la transferencia; el cual consiste en aprovecharse de personas o símbolos que puedan despertar una emoción colectiva o individual al identificar lo que se cita con quien lo nombra. Cuando la señora diputada nombra a Rosa de Luxemburgo, para apoyar sus argumentaciones, está intentando transmitir de las emociones intelectuales, las hipotéticas equivalencias personales. Aunque es obvio que entre aquella legendaria Rosa de Luxemburgo y esta moderna Rosa (Díez) de Luxemburgo haya diferencias ideológicas –por lo tanto, también políticas- abismales.

La primera intentó encontrar soluciones para los problemas que, en su tiempo, se le planteaban a la conciencia de clase profundizando en la teoría ideológica de Marx, en vez de hacerlo en las tesis leninistas que estaban de moda entonces. La acusaron de espontaneísmo político y de aventurerismo de izquierda. En cambio a la moderna Rosa de la UPyD, lo que se le ocurre es buscar soluciones para los eternos problemas españolistas –siempre tan espontáneos como aventurados…- ahondando en los manoseados y viejos principios ultramontanos del nacionalcatolicismo. Y de las JONS.

-Conviene saberlo.

Lorenzo Cordero. Periodista.

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Veraneo, de Joaquín Leguina Herrán en su blog

Posted in Política by reggio on 7 agosto, 2008

http://www.joaquinleguina.es/

31/7/2008, 10:25

Me despido hasta el mes de septiembre de los visitantes de este blog mediante esta nota, y quiero hacerlo con una reflexión acerca de mis escritos críticos con el nuevo PSOE que dirige Rodríguez Zapatero.

Lo hago no sólo para defenderme de los forofos que se dedican a propalar –desde el seno de mi propio Partido- insultos e infamias sobre mi persona, que van desde “franquista” hasta “enfermo de Alzheimer”, también lo hago para distanciarme de quienes quieren usarme como ariete contra el PSOE.

A los primeros debo decirles cuatro cositas:

1. La crítica constructiva no existe, pues es una forma sutil de sometimiento o de elogio.

2. Rodríguez Zapatero ha sacado del baile interno (no hablo de las listas electorales) a toda una generación de socialistas a la que pertenezco, y no estoy dispuesto a aplaudir la jugada. Jugada que, por cierto, el Secretario General parece querer repetir con sus conmilitones de lo que se llamó “Nueva Vía”.

3. Creo –como muchos compañeros del PSOE- que durante la primera legislatura de Zapatero hubo abundantes decisiones estratégicas erróneas y peligrosas, como fue la de abrir el melón territorial que no se sabe adónde nos puede llevar, y no pocas ocurrencias, algunas carísimas, como la de los 2.500 euros por cada niño nacido o las opas fallidas impulsadas desde el Gabinete Económico de la Presidencia… Criticar esas y otras decisiones sólo puede hacer bien, coincidan esas críticas o no coincidan con las de la Oposición, cuya navegación durante la anterior legislatura fue, simplemente, de risa (subirse al carro de la conspiración en torno al 11 de marzo, jalear el griterío de los obispos y el de la AVT, etc., etc.).

4. En fin, me niego a admitir que los partidos nacionalistas periféricos (todos ellos independentistas) puedan ser considerados de izquierda y que criticarlos sea una actitud de derechas.

Pero los inconvenientes que sobrevienen por decir lo que uno piensa no acaban –ya lo he dicho- en las críticas que uno recibe de los afines, sino que a esos inconvenientes se suman los aplausos que te dedican los “aprovechateguis“ de la acera de enfrente, los de UPD (Rosa Díez), que utilizan mis escritos como si fueran suyos, los de El Imparcial e incluso los de El Mundo, que acaban de publicar un artículo con mi firma y sin mi autorización. Debo aclarar que ese escrito nunca debió ser publicado en El Mundo ni en ningún otro periódico de la capital. Os cuento cómo ocurrió:

Una tal María Climent (que debe de ser becaria de El Mundo), llamó a mi secretaria para decirle si podía mandarme un cuestionario en torno al Manifiesto de Savater (que yo he firmado). Recibí el cuestionario y le contesté que lo rellenara ella a base del escrito que tenía preparado para otros fines, pero que no se le ocurriera reproducirlo entero. Yo no compro ese periódico, pero en la mañana del viernes 18 me llaman algunos para felicitarme y otros para recriminarme… y así me entero del desaguisado. Le digo a mi secretaria que hable con la chica y escucho la conversación:

-¿Cómo se te ha ocurrido hacer eso?

-No lo he hecho yo. A mí me gustó y se lo di a leer a los jefes y han sido ellos quienes lo han publicado.

-Eso no se hace.

-Ya lo sé, pero es que a ellos les gustó mucho.

Toma castaña, añado yo. ¡Vaya profesionalidad!

Lo dicho: “entre los paisanos y los militares, me salen a diario novios a millares”.

Que paséis un fresco y buen veraneo.

El Estatuto catalán en el Constitucional, de Germán Yanke en Estrella Digital

Posted in Derechos, Política by reggio on 7 agosto, 2008

Vuelven a aparecer los rumores en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Son, como se podía esperar, dispares, algunos intencionados, otros de carácter político y no exactamente jurídico, como los que hacen referencia a si la resolución será hecha pública antes o después de la renovación de ciertos miembros del Constitucional. Parece haber, de todos modos, una coincidencia acerca de que el Tribunal considerará inaceptable, desde el punto de vista constitucional, la “bilateralidad” en las relaciones entre el Estado y aquella comunidad autónoma, asunto que hace referencia al debate actual sobre la financiación pero que afecta también a otros ámbitos competenciales.

La inconstitucionalidad de la “bilateralidad” es una evidencia: no sólo un privilegio no respaldado por la ley, sino la consideración de una comunidad autónoma como lo que realmente no es en nuestra estructura constitucional y también una traba inaceptable a las necesarias políticas generales que, según este planteamiento, acabarían necesitando en muchos casos el previo acuerdo con las instituciones catalanas mientras las políticas transferidas se llevarían a cabo independientemente de los criterios de las instituciones estatales.

Un detalle adicional pero que revela como el fraude interesado de un razonable Estado de las Autonomías puede volverse absurdo, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la coherencia de la acción de Gobierno, es decir, también desde la perspectiva de los intereses generales. En el último Debate de Investidura, tanto los nacionalistas catalanes como los vascos criticaron que el presidente Rodríguez Zapatero hablara de una política general de protección civil argumentando que atentaba contra las competencias autonómicas. Cuando una política lógica, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas no son islas incomunicables y autosuficientes, se ve trabada por una cierta concepción de lo autonómico estamos en el estadio –incluso más allá de la Constitución- en el que se prefiere salirse con la suya, aunque la suya sea atrabiliaria, que ser razonables. Los problemas que han llevado a Alemania a buscar una reforma de los vetos de los lander para poder desarrollar políticas democráticas generales no es algo relacionado con uno u otro concepto de la nación, pero sí revela el callejón sin salida que debe, para ser eficientes, ser abierto definitivamente.

En España, el asunto se complica por los nacionalismos, a los que falta la lealtad constitucional para que el sistema funcione correctamente. El laberinto de las “balanzas fiscales” (que es un dato parcial y no definitivo), como si pagaran impuestos los territorios o, más bien, los gobierno autonómicos, es un epígono de este “egoísmo” lamentable. El asunto no es, como dicen ahora algunos dirigentes nacionalistas catalanes, que lo que es malo para Cataluña (que no haya bilateralidad en el acuerdo de financiación, que se compense un supuesto déficit, etc.) es malo para todos, sino, sencillamente, que lo que es malo para todos es malo, sin duda, para Cataluña.

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Crisis, también de seriedad, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Economía, Política by reggio on 7 agosto, 2008

La verdad es que las cosas que está diciendo el Gobierno, coincidiendo con la aparición de nuevos datos malos -producción industrial y empleo esta semana-, es poco probable que conduzcan a mejorar su posición en las encuestas, ahora mismo caracterizadas por una pérdida acelerada de confianza y un virtual empate en expectativa de voto con el Partido Popular.

Quizás lo peor que sigue transmitiendo es esa especie de conformismo, tanto frente a la crisis como ante el señalado aluvión de críticas, surgidas desde muchos lados, comenzando como es lógico por sus adversarios políticos más directos, presumiblemente animados por el acelerado desgaste que está evidenciando el equipo gubernamental.

Sin duda, hay cosas que achacar al Ejecutivo, pero en la crítica, como en muchas otras cosas, pasarse de frenada puede acabar conduciendo a eso que suele llamarse efecto bumerán: es decir, que la censura acabe jugando a favor del censurado, aunque sólo sea por simple efecto simpatía hacia el que padece la exageración.

A ojos y oídos de los ciudadanos se está instalando un diálogo estéril, en el que, por una parte, el Gobierno achaca todo a factores externos y se considera poco menos que ajeno a lo que pasa, mientras que por el otro lado todo lo que ocurre se achaca a la política gubernamental. Cualquiera sabe que ni lo uno ni lo otro es verdad.

No menos decepcionante es que el Ejecutivo presuma de estar tomando más medidas que nadie, mientras la oposición le acusa de no hacer nada y exige que adopte decisiones sin señalar más allá de un objetivo genérico, al borde del lugar común.

A estas alturas es innecesario insistir en que la crisis es seria y merece ser tomada como tal. Las comparaciones que buscan medir si es más o menos grave y profunda que cualquiera de las anteriores sirven de poco, pero sí deberían valer para recordar que de ninguna se ha salido sin actuar con decisión… antes o después. De hecho, buena parte de los costes incurridos han dependido de cuándo se ha decidido dejar de lado la retórica y abordar los problemas: mayores cuanto más se ha tardado en actuar.

Valdría, por tanto, la pena que unos y otros aproximaran diagnóstico y recetas, dejando de lado la frase fácil con pretensiones de titular. También de parte del Partido Popular, cuyas habituales portavoces no andan lo que se pueda decir afortunadas cada vez que se refieren a cuestiones económicas. Es evidente que su principal voz parlamentaria desliza errores de concepto y apreciación y ayer, sin ir más lejos, su secretaria general tuvo la ocurrencia de afirmar que, dentro de la eurozona, sólo Letonia consume menos que España, por descontado por culpa del Gobierno… de aquí. Una afirmación que precisa algún que otro repaso a datos y teoría económica, si no algo más.

ebadia@hotmail.com

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Malestar por la precipitación del Gobierno al anunciar la privatización de Aena, de Eduardo Segovia en El Confidencial

Posted in Economía, Política by reggio on 7 agosto, 2008

El anuncio de la privatización de Aena del pasado viernes ha causado un fuerte malestar en distintos actores implicados en el proceso, como la banca de inversión, los trabajadores y las comunidades autónomas. Este malestar deriva de la “precipitación” con que se ha hecho el anuncio, ya que todo el mundo coincide en que el proyecto está “totalmente verde” y no están claros ni los puntos esenciales. De ahí que varias fuentes consultadas estén convencidas de que la privatización no se hará hasta dentro de dos años como mínimo, frente al año que espera el Gobierno.

La sensación que está transmitiendo el Ejecutivo es de un auténtico caos. Para empezar, no está claro qué se va a vender. La teoría es que Aena se escindirá en dos empresas, Navegación Aérea, que será pública al 100%, y Aeropuertos Españoles, de la que se venderá un 30%. Pero no es tan sencillo. Según fuentes conocedoras del proceso, no está claro si ese 30% será de la empresa global o de cada aeropuerto individualmente, ni tampoco si dentro de ese 30% se incluye o no el porcentaje de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (ni siquiera se sabe si estas administraciones participarán en el capital o sólo en la gestión de sus aeropuertos).

Tampoco se conoce cómo se va a realizar la venta: si será una colocación privada entre inversores institucionales o una oferta pública de venta (OPV) con participación de los inversores particulares. Igualmente, se desconoce si la empresa de aeropuertos saldrá a cotizar a bolsa. Ni si quiera está claro si debe haber informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones: formalmente sólo debe emitirlo para las empresas que vende la Sepi, mientras que Aena depende de Fomento, pero expertos consultados aseguran que “el espíritu de la ley es que cualquier privatización desde cualquier ministerio se realice con los criterios que propugna el Consejo: transparencia, concurrencia y publicidad”.

La banca de inversión y los despachos de abogados tampoco saben a qué atenerse, porque se supone que la contratación de los asesores para la venta debe hacerse mediante concurso público, pero nadie es capaz de asegurarlo. Incluso Magdalena Álvarez dijo el viernes pasado que hay un banco de negocios que elabora en estos momentos un estudio del proyecto y la fórmula para llevarlo a cabo, aunque no reveló cuál es ni los criterios para su elección.

El caos llega a las relaciones con los sindicatos: la ministra anunció la semana pasada una reunión de Fomento con los sindicatos para explicarles el plan, que se celebró el martes sin la asistencia de ningún representante del Ministerio, tan sólo de Aena. E incluso a las relaciones con los medios de comunicación, porque no se sabe quién se encarga de informar sobre este proceso. En Fomento remiten al gabinete de prensa de Aena, y éste responde que toda la información se está dando desde el Ministerio.

¿Por qué tanta prisa?

Hay que tener en cuenta que la privatización de Aena es un proceso muy complejo en el que hay que analizar, valorar y encajar muchos activos, y hay que respetar numerosas normativas internacionales sobre seguridad aérea. Esto explica en parte toda esta indefinición. Pero lo que no explica es por qué el Gobierno lo ha anunciado sin tener un mínimo esquema para desarrollar un proyecto tan complicado, y más cuando Aena se encuentra descabezada tras la dimisión de su anterior presidente, Manuel Azuaga.

Sobre este punto circulan varias versiones. Unas fuentes aseguran que “a Zapatero se le calentó la boca cuando presentó el informe de la Oficina Económica de Moncloa en el CES (ahí fue cuando anunció la privatización por primera vez) y eso ha precipitado los acontecimientos”. Otras fuentes añaden que “Como ya era imposible negar la crisis, Zapatero tenía que dar la impresión de que el Gobierno estaba tomando muchas medidas, aunque no fueran más que titulares y no hubiera ningún proyecto detrás”. Ése sería el caso de la privatización de Aena.

Otros buscan los motivos dentro del propio Gobierno: “La privatización de Aena es uno de las viejas aspiraciones de Solbes, y seguramente forma parte del pacto que alcanzó con el presidente para seguir de Ministro de Economía a pesar de la presencia de Sebastián en el gabinete”. Estas fuentes aseguran que Álvarez se oponía radicalmente a la privatización, lo que les hace ver la mano de Solbes detrás.

La peliaguda cuestión autonómica

Algunos de los implicados ya han expresado públicamente su oposición a la privatización. Los sindicatos, a la salida de la citada reunión del martes, rechazaron la operación y la compararon con la actuación de BAA en Gran Bretaña tras su venta a Ferrovial. Otro tanto han hecho los partidos nacionalistas catalanes, que pretendían el traspaso total de la gestión de El Prat a la Generalitat.

También han protestado otras comunidades autónomas con aeropuertos que no alcanzan el famoso baremo de 30 millones de pasajeros al año (cifra que sólo cumplen Barajas, El Prat y Son Sant Joan), que se sienten agraviadas porque no podrán participar en el capital ni en la gestión de los mismos.

Precisamente, el asunto de la participación de las comunidades es el más peliagudo, especialmente en medio de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. “El Gobierno no podía haber sido más inoportuno, salvo que lo haya hecho a propósito para introducir la nueva estructura de Aena como moneda de cambio en esta negociación”, opina una de las fuentes consultadas.

Los expertos en el sector se oponen mayoritariamente a la entrada de las comunidades autónomas en el capital, por considerarlo una garantía de caos en la gestión. Asimismo, consideran que la privatización de un 30% es insuficiente y que sería más lógico que cada aeropuerto tenga una propiedad y una gestión individuales, como ocurre en casi todos los países occidentales.

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Alarma social, de Martin Garitano en Gara

Posted in Derechos, Política by reggio on 7 agosto, 2008

La salida de prisión de Iñaki De Juana ha desatado las iras de una parte de la sociedad española, arengada y dirigida desde los medios de comunicación encargados de generar la «alarma social» suficiente para que una judicatura alineada en las filas del nacionalismo español más integrista vuelva grupas y retome la cacería del ex preso donostiarra.

El asunto merece, sin duda, un buen número de reflexiones en torno, por ejemplo, al papel de los medios de comunicación y el mecanismo, simple pero efectivo, de creación de estados de opinión tan vaporosos como la «alarma social». Y sobre la responsabilidad que ello debería conllevar.

Pero son otras hoy mis inquietudes. A Iñaki De Juana lo quieren volver a encarcelar por escribir que hubo un gran hombre y gran amigo suyo en Arrasate. Dice el juez que se refería Txomin Iturbe. Y aunque no lo pueda demostrar, ¿qué más da? Más aún, ¿por qué no puede opinar Iñaki De Juana -y a buen seguro decenas de miles de ciudadanos más- que Txomin Iturbe fue un gran hombre? ¿Cómo cercenar lo que sólo corresponde a la propia conciencia? ¿Por haberse integrado en ETA cuando muchos de entre los «alarmados» ostentaban altos cargos y graves responsabilidades en una dictadura que mató a cientos de miles de personas? ¿Por haber tratado -incluso desde su confinamiento argelino- de negociar para poner punto final al conflicto que todavía hoy nos sacude todos los días? Pues yo tengo una respuesta: porque Iñaki De Juana y Txomin Iturbe pertenecen a un pueblo ajeno a esos jueces. Porque en un tribunal especial para vascos se aplica el código penal del enemigo. Por nada más. ¿Cuántos homenajes para Galindo? ¿Cuántos para Franco? ¿Y Vera o Barrionuevo? ¿Recuerdan el fajín de general que impuso Belloch al procesado que ordenó secuestrar y matar a Lasa y Zabala? ¿Y la jugosa pensión que cobran quienes les dispararon en Bussot? ¿Y los indultos sistemáticos a los torturadores? ¿Cuántos ascensos para los que mataron a Joseba Arregi? Hay muchas más preguntas, pero la respuesta a todas es bien conocida.

Martin Garitano. Periodista.

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