Reggio’s Weblog

Burdo fraude de ley, de Javier Pérez Royo en El País

Posted in Justicia, Laboral by reggio on 17 enero, 2009

La Constitución española, como todas, contempla, por un lado a los ciudadanos y, por otro, a los poderes del Estado. Los primeros aparecen definidos como titulares de derechos en condiciones de igualdad. Los segundos aparecen definidos por el lugar que cada uno de ellos ocupa en el funcionamiento del Estado, que no se puede olvidar que no es más que el instrumento del que se dota la sociedad para garantizar su propia supervivencia.

De los poderes del Estado son portadores personas físicas que tienen que tener la condición de ciudadanos. Hay que ser ciudadano español para ser presidente del Gobierno o ministro, o diputado o senador o juez o magistrado. Pero una vez que un ciudadano se convierte en portador de un poder del Estado, es esta perspectiva y no la de su condición de ciudadano la determinante para la titularidad y el ejercicio de los derechos fundamentales. La Constitución no contempla a los miembros del Gobierno, a los parlamentarios y a los jueces como ciudadanos, sino como portadores del poder del Estado, del monopolio de la coacción física legítima en que el poder del Estado consiste, aunque, justamente por su condición de monopolio, la Constitución lo divide, a fin de evitar todos los abusos que los monopolios inevitablemente generan.

Y el primer mandato que la Constitución contiene respecto del poder del Estado, mandato que se extiende a todos los poderes, es que el poder no puede dejar de ser ejercido. No puede haber un solo segundo de vacío de poder en el Estado Constitucional. Ésta es una de las premisas en las que descansa el Estado en cuanto forma de organización del poder. Y cuando digo vacío quiero decir vacío jurídico. El vacío es inconcebible no solamente de facto sino también y sobre todo, de iure. Una Constitución no puede contemplar siquiera la posibilidad de un vacío en el ejercicio del poder del Estado en cualquiera de sus manifestaciones. De ahí los estados de alarma, excepción y sitio como institutos a través de los cuales se hace frente a situaciones de emergencia que pueden conducir a un vacío de poder.

Poder del Estado y derecho de huelga son, por tanto, términos incompatibles, entre los que hay una contradicción insalvable. No hay, por tanto, ningún vacío en el ordenamiento español respecto del derecho de huelga de jueces y magistrados. Hay mucho más que una prohibición expresa. La huelga de un juez o magistrado es la negación de su propia condición como poder del Estado. Por eso ni al constituyente primero ni al legislador después se le ha pasado por la cabeza que es un tema que tenía que ser regulado. Pensar en el derecho de huelga de un poder del Estado es algo impensable, constitucionalmente impensable.

Los jueces lo saben. Son conscientes de que no pueden ejercer ese derecho porque no son titulares del mismo, porque es incompatible con su propia condición de juez. Por eso, como nos informaban los medios de comunicación ayer, están recurriendo a “tretas” para convocar la huelga obviando el control de las juntas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y del Consejo General del Poder Judicial. “Tretas”, que constituyen un burdo fraude de ley, ya que una asamblea de jueces no es una asamblea de trabajadores de las que se contempla en el Real Decreto-ley 17/1977, entre otras cosas porque los trabajadores tienen reconocido expresamente el ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 21 CE en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (art. 8.2), mientras que los jueces lo tienen expresamente prohibido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 395 establece que a los jueces y magistrados “les está prohibido: concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial”.

Los jueces son jueces y no trabajadores incluidos dentro de la legislación sobre libertad sindical y sobre el derecho de huelga. Son un poder público y tienen que expresarse a través de las vías previstas en su legislación específica. Comprendo que para el Consejo General del Poder Judicial la situación es muy difícil, pero no puede mirar para otro lado, como hizo su portavoz esta misma semana, al decir que el Consejo no tiene por qué pronunciarse sobre si los jueces tienen o no el derecho de huelga. Tienen la obligación de coger el toro por los cuernos y poner fin a una deriva que no conduce nada más que al disparate constitucional. El poder hay que ejercerlo. El Consejo lo tiene. Para el titular de un poder no hay mejor forma de desacreditarse que escurrir el bulto.

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Las aguas vuelven a su cauce, de Javier Pérez Royo en El País

Posted in Economía, Política by reggio on 3 enero, 2009

La financiación es el único momento de ejercicio del derecho a la autonomía que no se articula exclusivamente mediante el juego conjunto de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, sino que entre la primera y el segundo se interpone la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Es la interpretación que hace la LOFCA de la Constitución y de los estatutos la que acaba estableciendo la financiación de las comunidades autónomas. En esto la financiación se diferencia de todos los demás momentos de ejercicio del derecho a la autonomía.

La interpretación que hace la LOFCA de la Constitución y los estatutos es, además, una interpretación que, aunque formalmente la hacen las Cortes Generales, que son las que tienen que aprobarla como ley orgánica, materialmente la hace el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es un órgano no contemplado en la Constitución sino creado por la propia LOFCA, integrado por los ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas y por los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas. El modelo de financiación se define en el Consejo, y las Cortes se limitan después a darle el carácter de ley orgánica.

De esta manera se ha ido dando respuesta al problema de la financiación del Estado Autonómico desde la entrada en vigor de la Constitución. De ahí que se pueda considerar prácticamente irreversible este procedimiento. No está establecido por la Constitución, pero es la interpretación ininterrumpida que se ha acabado imponiendo del contenido y alcance del artículo 157.3 de la Constitución. Tendría que producirse un cataclismo inimaginable para que se hiciera de manera diferente.

Esta es la razón por la que la definición del modelo de financiación no puede ser resultado de una negociación bilateral, sino que tiene que serlo siempre de una negociación multilateral. El ruido sobre el bilateralismo ha sido tan ensordecedor desde que se inició el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que ha hecho que se perdiera de vista lo esencial en lo que a la definición del modelo de financiación se refiere.

Al final, cuando se tiene que llegar a la decisión definitiva, las aguas están volviendo a su cauce. Tanto en lo que a las reuniones preparatorias entre el presidente del Gobierno de la nación y los presidentes de las comunidades autónomas se refiere, como en la fijación definitiva del modelo que el vicepresidente presentará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su aprobación.

Llegados a este punto, se impone la reflexión de que la presión que se ha ejercido desde Cataluña para mejorar su financiación no le ha beneficiado a ella sola, sino que ha beneficiado a todas las demás comunidades autónomas. Es lo que ha venido ocurriendo desde 1993. Sería conveniente, en consecuencia, que en el futuro, puesto que el modelo que se va a aprobar tendrá que ser revisado en algún momento, no se volviera al anticatalanismo tan primario que hemos padecido en estos últimos años. El impulso para la reforma ha sido catalán, pero las consecuencias de la misma se han extendido por toda España. La valoración de Esperanza Aguirre del nuevo modelo habla por sí misma.

Creo que también resulta oportuno recordarle a los dirigentes del Partido Popular que las reglas de negociación de la financiación autonómica son las mismas que presidieron la financiación de 1996 y 2001, cuando ellos ocupaban el Gobierno de la nación. Tanto Mariano Rajoy como Cristóbal Montoro, que participaron personalmente en aquellas negociaciones, saben que la negociación de la financiación no es una negociación entre partidos, sino una negociación entre Gobiernos, el de la nación, por un lado, y los de las comunidades autónomas, por otro.

En lo que a la financiación se refiere, el Consejo de Política Fiscal y Financiera es una suerte de cámara territorial. Son el Estado y los diferentes territorios los que tienen que consensuar una respuesta común a la financiación del Estado Autonómico, que es tanto financiación del Estado como de las comunidades autónomas.

No es razonable, por tanto, que los dirigentes populares reclamen ahora que la negociación del modelo de financiación sea una negociación entre PSOE y PP y que se dé traslado después del resultado de esa negociación a las comunidades autónomas como un hecho consumado. Eso choca contra toda la lógica que preside la descentralización política de nuestro Estado. Las reglas hay que aceptarlas no solamente cuando se está en el Gobierno sino también, y sobre todo, cuando se está en la oposición. Es más agradable hacerlo en un caso que en otro, pero las cosas son como son.

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Estadolatría, de Javier Pérez Royo en El País

Posted in Política, Religión by reggio on 20 diciembre, 2008

Hace unos años, a fin de ordenar de la manera más racional posible el calendario de días festivos en todo el territorio del Estado, y dado que resultaba irrenunciable que uno de tales días festivos fuera el 6 de diciembre, aniversario de la ratificación de la Constitución en referéndum por el pueblo español, se pretendió que dejara de serlo el día 8, festividad de la Inmaculada y que, en el caso de que alguna comunidad autónoma deseara conservarlo como festividad, que tal día figurara entre los días festivos que cada comunidad tiene competencia para establecer en su ámbito territorial. La presión de la Iglesia Católica fue de tal intensidad que, como es sabido, resultó imposible acabar con la festividad de la Inmaculada como fiesta nacional. Para un país que avanza hacia la estadolatría no está nada mal.

Hace unas semanas ha sido noticia una sentencia por la que se ordenaba a un centro escolar de Castilla y León que retirara el crucifijo de las aulas, sentencia que ha sido recurrida por la Consejería de Educación de aquella comunidad autónoma. Que después de 30 años de la entrada en vigor de la Constitución las aulas de un colegio público estén todavía presididas por crucifijos, también es una buena señal de avance hacia la estadolatría.

Como no deja de serlo la enorme cantidad de centros religiosos concertados y sostenidos, por tanto, con fondos públicos, o las clases de religión impartidas por profesores designados por los obispos pero pagados por el Estado, o la financiación de la Iglesia a través no de un recargo sino de una detracción de los ingresos del Estado en el IRPF, o la previsión de la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas con dotaciones de capellanías castrenses y tantas cosas más que no es posible enumerar en el espacio del que dispongo. Vuelvo a repetir que para un país que lleva 30 años deslizándose hacia la estadolatría no está nada mal.

Me cuesta trabajo pensar que el arzobispo Angelo Amato, prefecto de la Congregación Pontificia para las Causas de los Santos del Vaticano, desconozca la realidad de la presencia de la Iglesia católica en España y los privilegios de los que goza. Me cuesta trabajo pensar que desconozca que la situación privilegiada de la Iglesia católica en España no tiene parangón en Europa. Y de ahí que me resulte difícil entender con qué evidencia empírica puede llegar a la conclusión de que “España está avanzando hacia la estadolatría, hacia la intromisión del Estado cada vez más en la vida de las personas”.

Tengo la impresión de que en España ocurre lo contrario. No es que hayamos avanzado hacia la estadolatría, sino que no hemos avanzado prácticamente nada en 30 años en lo que a la aconfesionalidad práctica del Estado se refiere. Los avances que se han producido han sido consecuencia de la conducta de los ciudadanos, que cada vez son más laicos, pero no de la acción de los poderes públicos en los distintos niveles de gobierno, que son de constitucionalidad más que dudosa, por no decir que abiertamente anticonstitucionales.

Pues, como escribía ayer en las páginas de Opinión Jorge Urdánoz Ganuza, en su artículo titulado Neutralidad pendiente, la verdadera noticia no es que se retirara el crucifijo, sino que siguiera estando en una escuela pública, de la misma manera que la verdadera noticia es que se siga impartiendo la clase de religión de la forma en que se hace o que se financie a la Iglesia católica mediante la renuncia por el Estado de parte de la recaudación del IRPF. Todo esto sí que es noticia, o debería ser noticia, porque nada de ello cabe en la Constitución. No hay un terreno comparable a éste en el que la acción de los poderes públicos haya sido tan poco respetuosa de la Constitución.

Y además, para nada, ya que los propios privilegiados se rebrincan contra los poderes públicos que le están reconociendo unos privilegios sin cobertura constitucional. En la pasada legislatura tuvimos ocasión de comprobarlo en varias ocasiones y en ésta, en la que parecía que la belicosidad de la jerarquía católica iba a ser menor, se vuelven a calentar motores con declaraciones como las del arzobispo Amato a las que acabo de hacer referencia o con manifestaciones como la prevista para el día 28 en Madrid, nuevamente en defensa de la familia.

Más vale una vez rojo que ciento amarillo, dice un conocido refrán. Creo que sería de aplicación oportuna en este terreno. ¿Por qué no se denuncian de una vez por el Estado los Acuerdos con la Santa Sede y se aplica la Constitución en lo que a la separación de la Iglesia y el Estado se refiere? Ya está bien de soportar lo que ningún Estado democrático debe soportar.

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Crucifijos en las aulas, de Javier Pérez Royo en El País de Andalucía

Posted in Derechos, Política, Religión by reggio on 28 noviembre, 2008

La decisión acerca de si se puede admitir o no la presencia de crucifijos en las aulas está tomada. Es una decisión que adoptó el constituyente de 1978 al redactar el artículo 16 de la Constitución en los términos en que lo hizo. El Estado español es un Estado aconfesional y, en consecuencia, “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su (…) religión o creencias” (art. 16.2 CE) y ninguna “confesión tendrá carácter estatal” (art. 16.3).

No nos encontramos ante una decisión que tengan que tomar los consejos escolares, o las consejerías de educación de las comunidades autónomas o el Ministerio de Educación, porque la decisión ya la tomó el constituyente. Desde el 29 de diciembre de 1978 cada ciudadano, y subrayo lo de cada ciudadano, es titular del derecho fundamental a la libertad religiosa y ese derecho tiene que serle respetado por los poderes públicos y por los demás ciudadanos sin excepción, ya que, como dice el artículo 9.1 CE: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución”. Ni siquiera las Cortes Generales podrían tomar la decisión de que hubiera crucifijos en las escuelas, pues, en el supuesto de que aprobaran una ley en ese sentido, la ley sería anticonstitucional. En mi opinión, ni siquiera mediante la revisión de la Constitución contemplada en el artículo 168, que sería la vía apropiada para reformar el artículo 16 CE, se podría tomar esa decisión, ya que la no confesionalidad del Estado pertenece al núcleo esencial del Estado constitucional, que dejaría de serlo en el caso de que se convirtiera en un Estado confesional. Estado constitucional y Estado confesional es una contradicción en los términos. Pero, en todo caso, para tomar la decisión de que hubiera crucifijos en las escuelas, habría previamente que revisar la Constitución, esto es, adoptar la decisión por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras en dos legislaturas consecutivas y someter la decisión después a referéndum.

Desde el 29 de diciembre de 1978 debería haberse procedido de oficio a la retirada de todos los crucifijos de las escuelas. La retirada o no retirada de los crucifijos no es asunto que pueda ser sometido a discusión, ya que ello obligaría a que quienes participan en la discusión tengan que hacer públicas “su religión o sus creencias” y esto es algo que está expresamente vedado por la Constitución. La simple formulación de la pregunta ya sería anticonstitucional.

Lo que, a su vez, quiere decir que a nadie tendría que ponérsele en la tesitura de tener que hacer una reclamación para que se retiren los crucifijos y, menos todavía, que tenga que interponer un recurso ante los tribunales de justicia para que se ordene la retirada. Esto ya supone una vulneración del derecho a la libertad religiosa de la persona que reclama o recurre.

Los derechos fundamentales son derechos de los individuos. Los consejos escolares no son titulares del derecho a la libertad religiosa y, en consecuencia, no pueden decidir ni por mayoría ni por unanimidad si quieren mantener o no los crucifijos en las escuelas. Mantener esa postura es desconocer de la manera más completa qué son los derechos fundamentales y qué lugar ocupan en nuestro ordenamiento constitucional. De ahí que no pueda entender las declaraciones de la ministra de Educación en la Cadena SER acerca de que la retirada o no de los crucifijos dependería de lo que decidieran en cada centro los consejos escolares. A los 30 años de la entrada en vigor de la Constitución resulta increíble que todavía andemos con disputas de esta naturaleza. También la Junta de Andalucía tendría que corregir su posición que resulta constitucionalmente insostenible.

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Falta de lealtad, de Javier Pérez Royo en El País de Andalucía

Posted in Derechos, Política by reggio on 26 septiembre, 2008

Un Estado políticamente descentralizado refleja mejor la complejidad de la sociedad de lo que lo hace un Estado unitario. Un país como España, que no es particularmente extenso y cuya población tampoco destaca en relación con la de los países de nuestro ámbito histórico y cultural, es lo suficientemente diverso territorialmente como para que su expresión política se haga mucho mejor con un poder central y con un buen número de poderes subcentrales que con un Estado unitario y centralista. La expresión del principio de legitimidad democrática, que es, en última instancia, en lo que consiste el Estado constitucional, se hace más visible y más genuina, ganando de esta manera legitimidad la fórmula de gobierno. Entre Andalucía y Castilla y León o entre Galicia y la Comunidad Valenciana es obvio que existen diferencias de mucho tipo, que es normal que se expresen políticamente de manera diferenciada, aunque haya que garantizar al mismo tiempo que todas esas unidades subcentrales formen parte de un Estado único y no constituyan una confederación. España no es la Unión Europea, esto es, una unión de Estados soberanos, sino un Estado cuya unidad política es el presupuesto y límite del ejercicio del derecho a la autonomía por las nacionalidades y regiones que la integran.

Éste fue el compromiso en el que descansó el pacto constituyente y el desarrollo posterior del mismo a través de los Pactos Autonómicos de 1981 y 1992. La unidad política del Estado, como dijo Miquel Roca en el debate constituyente, se renueva mediante el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España.

Ahora bien, un Estado de este tipo, justamente por ser más expresivo de la complejidad social, es más complicado de gestionar que un Estado unitario. El Estado de las Autonomías es el más legítimo que hemos tenido en toda nuestra historia constitucional, porque es el que mejor expresa la complejidad y diversidad territorial del conjunto de la sociedad española, pero también por ello es el Estado más complejo y más difícil de gestionar.

El funcionamiento del Estado de las autonomías exige un mínimo de lealtad institucional entre los gestores del mismo, el Gobierno de la nación y las Cortes Generales, por un lado, y los gobiernos y parlamentos de las comunidades autónomas, por otro. Sin esa lealtad, se generarán permanentemente conflictos que dificultarán la acción de gobierno, tanto estatal como autonómico, y que, en consecuencia, dificultarán el proceso de dirección política del conjunto del Estado.

Y falta de lealtad está habiendo y mucha. Dos botones de muestra. El boicot a la asignatura Educación para la Ciudadanía por parte de las comunidades gobernadas por el PP. Esta materia curricular se imparte en 19 países europeos, 16 de ellos miembros de la Unión Europea y, sobre todo, figura como tal en la LOE de 2006. Si no se está de acuerdo con ella, se puede interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pero lo que no es admisible es intentar obstruir la impartición de la misma de manera torticera haciendo uso de las competencias educativas propias.

O la renovación del Tribunal Constitucional. La reforma de la LOTC, al prever que los parlamentos autonómicos tuvieran capacidad de proponer candidatos al Senado pretendía que se ampliara la oferta, a fin de rebajar la dependencia que se estaba produciendo últimamente entre el candidato y el partido proponente. La designación de los dos mismos candidatos por los parlamentarios del PP de todas las comunidades autónomas es un caso de libro de fraude de ley.

Así no es fácil que el Estado autonómico funcione como debería hacerlo. Y me temo que vamos a peor.

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Bilateralidad imposible, de Javier Pérez Royo en El País de Andalucía

Posted in Derechos, Política by reggio on 25 julio, 2008

La tensión entre simetría y asimetría ha estado presente en el proceso de construcción de la estructura del Estado desde el principio. En el primer anteproyecto de la Constitución, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes (BOC) el 5 de enero de 1978, se partía de una estructura del Estado completamente simétrica: había una única vía de acceso a la autonomía, un único procedimiento para la elaboración del Estatuto de Autonomía, una misma arquitectura institucional para todas las comunidades autónomas, un mismo sistema de distribución competencial, un mismo sistema de financiación y, además, un Senado federal integrado por senadores designados por las asambleas legislativas de las diferentes comunidades.

Dicha estructura completamente simétrica sería revisada en los ulteriores pasos del iter constituyente, empezando por la primera revisión del anteproyecto que se publica en el BOC el 17 de abril de 1978. Empieza a contemplarse una estructura asimétrica: las dos vías de acceso a la autonomía, las del 143 y 151 de la Constitución, los dos procedimientos de elaboración del Estatuto según la vía de acceso, la posibilidad de una arquitectura institucional diferente según la vía de acceso y la posible distribución diferenciada de competencias, al menos durante algún tiempo. Desaparece el Senado federal.

En el proceso constituyente se partió, pues, de una estructura del Estado simétrica que se va deslizando hacia una estructura asimétrica, pero sin acabar de imponerla. De ahí que la tensión entre simetría y asimetría se mantuviera una vez aprobada la Constitución en el proceso de interpretación de la misma para construir de manera real y efectiva la estructura del Estado de la democracia española.

Inicialmente se intentó hacer una interpretación asimétrica de la Constitución, haciendo una lectura en clave nacionalista del Título VIII, con lo que se daría un estatus diferente a Cataluña y País Vasco y en menor medida a Galicia respecto de todas las demás regiones. Esta interpretación no sería capaz de superar el obstáculo del referéndum andaluz del 28-F de 1980 y a partir de ese momento se impondría la interpretación simétrica a la que responde el Estado autonómico realmente existente.

Esta interpretación simétrica se ha consolidado y nadie se atreve a ponerla en cuestión de manera frontal. Pero ello no quiere decir que haya sido aceptada de buen grado en todas las nacionalidades y regiones que integran España. Si nadie se atreve a poner en cuestión que todas las comunidades autónomas tienen que ejercer el derecho a la autonomía en condiciones de igualdad, esto es, que no deben diferenciarse en su arquitectura institucional o en la distribución de competencias con el Estado y entre ellas, no ocurre lo mismo en lo que a la financiación se refiere. De forma subrepticia, a través del debate de la financiación se está intentando abrir de nuevo la puerta de la asimetría, de tal manera que se acaben imponiendo diferencias entre unas comunidades autónomas y otras.

Ya no se habla de asimetría. Ahora se habla de bilateralidad. No se pretende tener un estatus distinto para el ejercicio del derecho a la autonomía, pero sí negociar directamente de tú a tú con el Estado la financiación, saliéndose de la negociación multilateral de la misma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto en la LOFCA.

Creo que las posibilidades de que la bilateralidad prospere son menores que las que tuvo la asimetría. El nuevo modelo de financiación se tendrá que definir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no podrá ser pactado bilateralmente. No hay Gobierno de la nación que pueda sobrevivir a una negociación bilateral en un punto como éste. A UCD la parcialidad territorial en la interpretación de la Constitución la hizo desaparecer. Eso vale para cualquier partido de Gobierno de España.

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Problema de legitimidad, de Javier Pérez Royo en El País

Posted in Derechos, Política by reggio on 19 julio, 2008

La ley recientemente aprobada por el Parlamento vasco a fin de posibilitar la celebración de un referéndum el próximo 25 de octubre sobre el llamado “derecho a decidir” es tan absolutamente inmanejable desde un punto de vista constitucional, se sabía desde hace tanto tiempo que es constitucionalmente imposible, que no se entiende bien por qué el lehendakari, teniendo en cuenta la relación de fuerzas que existe en el interior del País Vasco, tal como ha quedado expresada en todas las consultas electorales de la última década y tal como lo reflejan todos los estudios de opinión recientes, no renunció a presentar el proyecto al Parlamento.

Para aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza hay que tener una legitimidad política enorme. No discuto, y desde el entendimiento que tengo del principio de legitimación democrática del poder no creo que se deba discutir, la legitimidad de que, desde cualquier territorio del Estado, desde cualquier comunidad autónoma, se pueda tomar una iniciativa que desborde el marco constitucional. No discuto la legitimidad de que se pretenda vehicular dicha iniciativa al margen de los cauces de reforma que la propia Constitución prevé. Jurídicamente esto es inadmisible y, por tanto, si se plantea una iniciativa de esta naturaleza, el asunto acabará ante el Tribunal Constitucional, que no tendrá más alternativa que anular la iniciativa por inconstitucional.

Jurídicamente no existe ningún problema. Es un asunto de una claridad tan meridiana, que el Tribunal Constitucional únicamente tiene que resolverlo desde un punto de vista formal, porque materialmente está resuelto. El TC no debería necesitar ni una mañana para dictar la sentencia y, por tanto, sería bueno que no demorara la adopción de la decisión. Una propuesta que pone en cuestión la unidad del poder constituyente no es aceptable constitucionalmente. Ni en España ni en ningún otro país, a menos que se esté dispuesto a aceptar la ruptura del principio de unidad política del Estado y la formación de Estados independientes a partir de unidades políticas que eran parte de ese Estado único. En la antigua Checoslovaquia se hizo en la última década del pasado siglo de manera pacífica y en Bélgica están a punto de hacerlo. Pero hay que aceptar la ruptura de la unidad política del Estado.

Jurídicamente no hay, pues, ningún problema. Pero, políticamente, sí lo hay o, mejor dicho, sí podría haberlo. Todavía no lo hay ni es probable que lo haya nunca. Pero, en todo caso, todavía no lo hay. En el País Vasco podría constituirse una voluntad política que fuera inequívocamente hegemónica y que tuviera como objetivo ejercer el llamado “derecho a decidir” sin respetar los límites que la Constitución establece. Si esto ocurriera, si el PNV, para entendernos, concurriera a unas elecciones llevando en su programa el “derecho a decidir” y obtuviera un resultado claramente por encima del 50%, no cabe duda de que el lehendakari investido con base en ese resultado tendría toda la legitimidad para plantear esa reivindicación y para exigir la celebración del referéndum correspondiente.

Lo que ocurre es que no es así. La evidencia empírica de que disponemos más bien apunta en dirección opuesta. Tras el rechazo por el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Gernika aprobada por el Parlamento vasco, Juan José Ibarretxe disolvió el Parlamento y convocó unas elecciones, en las que el PNV obtuvo menos votos y escaños que en la consulta anterior, y desde entonces todos los resultados electorales le están siendo adversos. Todavía más lo son los resultados de los estudios de opinión más recientes, incluso los elaborados por las propias instituciones vascas. El lehendakari tiene menos legitimidad política hoy de la que tenía cuando puso en marcha la primera iniciativa del llamado “derecho a decidir”, que también estaba muy lejos del umbral mínimo exigible en términos de política comparada, es decir, pretende que se acepte una quiebra de la legalidad, de la constitucionalidad, sin el mínimo de legitimación democrática exigible para hacer un planteamiento de este tipo.

La iniciativa del lehendakari, secundada a regañadientes por su propio partido y aprobada en el Parlamento con un voto del PCTV, es una iniciativa disparatada desde cualquier punto de vista. Jurídicamente es inmanejable y políticamente es descabellada. Objetivamente es una iniciativa que no beneficia nada más que a ETA y que, como consecuencia de ello, mete al propio nacionalismo democrático en un callejón sin salida. La iniciativa nos retrotrae al Pacto de Lizarra, un error del que el PNV debería haber aprendido lo suficiente como para no volver a cometerlo.

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El fin de un viaje interminable, de Javier Pérez Royo en El País

Posted in Política by reggio on 21 junio, 2008

La transición a la democracia de la derecha española no ha sido fácil. Es verdad que la derecha española fue la protagonista más importante de la transición stricto sensu. Pero lo fue con un partido, que más que un partido era una fórmula electoral, UCD, que se descompuso en el momento en que la operación formal de la sustitución de la dictadura por la democracia, con la aprobación de la Constitución en 1978 y la celebración de las primeras elecciones constitucionales en 1979, se había producido. En 1980, tras el desastre del referéndum andaluz del 28-F, la moción de censura de la primavera y la cuestión de confianza del otoño, UCD iría al Congreso de Palma de Mallorca en pleno proceso de descomposición, lo que sin duda facilitó el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. A partir de ese momento, la suerte de UCD estaba echada. Las elecciones autonómicas andaluzas de mayo y las generales de octubre de 1982, en las que el PSOE obtendría los mejores resultados que se han obtenido y que posiblemente se obtendrán nunca en España, condenaron definitivamente a UCD que desaparecería como partido.

A partir de ese momento, el espacio político de la derecha española pasaría a ser ocupado por un partido de extrema derecha, AP, que había operado como tal partido de extrema derecha durante la transición con un resultado electoral muy reducido. Esta operación tuvo un coste importante para la derecha española, que tardó aproximadamente 10 años en estar en condiciones de competir con posibilidades de éxito. Y para ello tuvo que refundarse como PP, renunciar a buena parte de lo que había sido el programa electoral de AP durante las elecciones del 82 y del 86, e iniciar lo que ha sido descrito por los propios dirigentes del partido refundado como el “viaje al centro”.

En este viaje llevan ya más de 15 años sin que la percepción que tiene la sociedad española, a tenor de lo que indican los estudios de opinión, coincida con esa autoproclamada condición de partido de centro. La sociedad española tiende a considerar que el PP es un partido de derecha más próximo a un partido de extrema derecha que a un partido de centro, lo que explica, por un lado, la solidez de su suelo electoral, pero también, por otro, su fragilidad para penetrar en la reserva de votos no predecididos que permite ganar las elecciones.

Quiere decirse, pues, que el primer viaje al centro o, si se prefiere, la primera etapa del viaje al centro, la que protagonizó el PP bajo la dirección de José María Aznar, terminó de manera poco concluyente, especialmente tras el ejercicio del poder en la legislatura de 2000-2004 con mayoría absoluta. La percepción del PP como un partido que se alejaba cada vez más del centro político y se situaba en posiciones de derecha muy extremas se hizo cada vez más visible. De ahí que el resultado electoral de 2004, por mucho que se quisiera presentar por los dirigentes del PP como algo completamente inesperado, atribuible exclusivamente al atentado del 11-M, no lo fuera tanto. Había indicios numerosos de que el éxito de 2000 al PP se le había subido a la cabeza y que se había producido un descentramiento del partido, que le dificultaría continuar siendo el partido de gobierno de España.

Señal de que había sido así, fue que, inmediatamente después de la derrota electoral, los dirigentes del PP pusieran de nuevo en circulación la tesis del viaje al centro, aunque dicha tesis tendría muchas dificultades para ser aceptada por la opinión pública dada la trayectoria que seguiría el partido durante toda la legislatura, en la que parecía más preocupado por defender el legado de José María Aznar como presidente del Gobierno que de definir un proyecto político general para la dirección del país.

Tras perder por segunda vez las elecciones en 2008, parece que los dirigentes del PP sí han puesto en marcha una operación para centrar el partido, que pueda ser reconocida como tal por la sociedad española. Para ello necesitaban liberarse de determinadas tutelas, como la de determinados medios de comunicación o la del sector dominante de la jerarquía de la Iglesia católica y sustituir a determinados dirigentes que ocupaban posiciones muy destacadas en la dirección del partido y del grupo parlamentario por otros que no estuvieran marcados por su actuación en las últimas legislaturas.

Se trataba de una operación muy arriesgada, porque era el propio partido el que podía acabar estallando, pero era al mismo tiempo una operación inexcusable si se pretende competir con posibilidades de éxito en las futuras convocatorias. Por lo que parece, la operación se ha saldado con éxito. Mariano Rajoy se ha liberado del matonismo mediático al que había estado sometido en la pasada legislatura y ha diseñado un equipo propio, que le puede permitir centrar definitivamente al PP.

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Una canallada, de Javier Pérez Royo en El País

Posted in Derechos, Política by reggio on 7 junio, 2008

Cuando un juez ordena la interceptación de las comunicaciones de un determinado individuo, lo tiene que hacer indicando de manera precisa cuál es el delito para cuya investigación resulta indispensable la interceptación de dichas comunicaciones. Todas las comunicaciones interceptadas que no sean relevantes para la investigación del delito expresamente identificado en el auto del juez deben ser destruidas por orden del propio juez.

La exigencia de que el levantamiento del secreto de las comunicaciones sea dictada para la investigación de un delito concreto deriva de la propia naturaleza del conjunto de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución en general y en el artículo 18 en particular. Puesto que una vez que se levanta el secreto de las comunicaciones con autorización judicial, la policía judicial primero y el juez inmediatamente después tienen acceso a todas las comunicaciones de la persona respecto de la cual se levanta el secreto, es indispensable que solamente puedan ser tomadas en consideración aquellas que son relevantes para la investigación del delito respecto del que existen indicios de criminalidad en la conducta de la persona investigada. El levantamiento del secreto de las comunicaciones no puede ser un instrumento para sacar a la luz nuevas actividades delictivas, sino para investigar una concreta actividad delictiva de la que existen sólidos indicios. La información obtenida mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones no relativa a esa actividad delictiva se ha obtenido porque no puede no obtenerse, porque el levantamiento del secreto no puede ser selectivo, pero no debería haberse obtenido y el juez debe tratarla como si no se hubiera obtenido, es decir, debe ordenar su inmediata destrucción. Si no se hace así, la garantía del secreto de las comunicaciones, que es simultáneamente un derecho autónomo y un derecho instrumental para la protección de todos los demás derechos fundamentales sin excepción, pierde todo su sentido. Un levantamiento generalizado del secreto de las comunicaciones respecto de cualquier individuo no puede tener cobertura constitucional nunca. En mi opinión, ni siquiera mediante una reforma de la Constitución se podría introducir tal medida, porque chocaría con todo lo que la Constitución significa como instrumento de protección de los derechos fundamentales.

Viene a cuento esta introducción de la remisión por la juez de Valdemoro al Tribunal Supremo de una conversación grabada por la Guardia Civil a la abogada María Dolores Martín Pozo con la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. ¿Qué tiene que ver esa conversación con el delito que se está investigando y para cuya investigación se ordenó levantar el secreto de las comunicaciones? Esto es lo que la juez de Valdemoro tendría que haber justificado en su auto de remisión de la conversación al Tribunal Supremo, porque si no puede justificar eso, la cinta tendría que haber sido destruida de manera inmediata. ¿Por qué, en lugar de ordenar la destrucción de la cinta, fue elevada al Tribunal Supremo para que determinara si la presidenta del Tribunal Constitucional había cometido “el delito de actos prohibidos”? Ella sabrá por qué lo hizo, pero desde luego no lo hizo en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Lo que se le ha hecho a la presidenta del Tribunal Constitucional es una canallada. La presidenta no debe dar explicaciones de ningún tipo sobre un acto que se ha conocido de manera inequívocamente anticonstitucional. La conversación no ha tenido lugar o, mejor dicho, ha tenido lugar, pero nadie debería haberse enterado nunca de que ha tenido lugar. Si hemos tenido conocimiento de ella ha sido porque una juez ha hecho un uso desviado de la función que tiene constitucionalmente encomendada. En consecuencia, entrar a debatir sobre si la conducta de la presidenta ha sido propia o impropia me parece fuera de lugar. Es sobre la conducta de la juez de Valdemoro sobre la que hay que reflexionar. ¿Cómo es posible que haya jueces que puedan cometer una barbaridad como la que esta señora ha cometido? ¿Es que no sabe que el juez es el “guardián natural” de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los de la presidenta del Tribunal Constitucional?

Por último, que sea Federico Trillo, después de lo que estamos sabiendo sobre su conducta en el accidente del Yak-42, el que afirme que la conducta de María Emilia Casas resulta reprobable desde un punto de vista político y estético, no deja de resultar sarcástico. Como reza el estribillo de una de las canciones más conocidas de La Lupe, “siempre el que menos tiene que decir, es el que más dice”.

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Contrato de integración, de Javier Pérez Royo en El País de Andalucía

Posted in Derechos, Política by reggio on 2 mayo, 2008

Los españoles hemos importado desde principio del siglo XIX y de manera ininterrumpida ideas e instituciones en la definición de nuestra fórmula constitucional de gobierno. En los orígenes del Estado Constitucional fue, sin duda, Francia el país que más influencia tuvo sobre nosotros, como en general sobre los demás países europeos continentales. Después su influencia fue perdiendo intensidad, aunque no ha dejado de estar nunca presente.

Por lo general esa influencia ha sido positiva. De Francia se ha aprendido mucho y mucho bueno, pero no todo lo que se ha aprendido ha sido bueno. También, de cuando en cuando, nos vienen ideas que no aportan nada positivo a la organización civilizada de la convivencia, sino todo lo contrario.

Y una de ellas fue el famoso contrato de integración de los inmigrantes que se inventó el presidente Sarkozy en la última campaña presidencial y que tomó prestado Mariano Rajoy en la campaña de las elecciones generales del 9-M.

En una sociedad democrática no existe ni puede existir un contrato de integración. Lo que existe es un contrato social en el que participan todos los individuos mediante el ejercicio del derecho de sufragio. El contrato de integración es la participación en condiciones de igualdad en la formación de la voluntad general que es el contrapunto de las voluntades individuales, a través de las cuales cada ser humano en democracia organiza su vida como le parece apropiado.

La voluntad general constituida a través de las voluntades individuales que se expresan a través del ejercicio del derecho de sufragio es el marco para el ejercicio de la libertad personal. La libertad en el Estado Constitucional no es más que el ejercicio de la autonomía personal con el límite de la voluntad general. El límite es el elemento constitutivo de la libertad. Por eso es tan importante participar en la definición del mismo.

De esto es de lo que están privados los inmigrantes y este es el principal obstáculo para su integración. Su conducta está sometida a límites en cuya definición no participan. No es solamente la diferencia en lo que al ejercicio de los derechos fundamentales se refiere lo más importante, sino que lo decisivo es su condición de sujetos pasivos de decisiones políticas y de normas jurídicas que han sido creados por otros individuos con los que ellos conviven. El inmigrante comparte con los nacionales la obligación de cumplir todas las normas del ordenamiento sin haber participado en su creación. Mientras los españoles nos obedecemos a nosotros mismos al cumplir la ley, puesto que esta ha sido aprobada por nuestros representantes democráticamente elegidos, los inmigrantes no se obedecen a ellos mismos, sino que están sujetos a un mandato ajeno.

O comparten con nosotros el único deber constitucional en sentido estricto que, tras la supresión del servicio militar obligatorio, permanece en nuestro ordenamiento, el deber de pagar impuestos, sin participar en la definición de los mismos. Esto sí que es un obstáculo para la integración.

Mientras no se empiece a pensar en el reconocimiento del derecho de sufragio a los inmigrantes, la prédica del contrato de inmigración será pura hipocresía, cuando no algo peor: ejercicio puro y simple de xenofobia. Es a lo que suena el “compromiso de integración” que se ha dado a conocer esta semana en la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, la propuesta ha sido tan tosca que no ha engañado a nadie.

¿Por qué no pensar seriamente en reconocer el derecho de sufragio a los inmigrantes con un mínimo de residencia legal en las elecciones municipales y autonómicas en un primer paso? ¿No es mejor en este terreno, como en otros, coger el toro por los cuernos que el rábano por las hojas?

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Norma y no excepción, de Javier Pérez Royo en El País

Posted in Política by reggio on 26 abril, 2008

En la experiencia democrática española iniciada tras la muerte del general Franco, la renovación en el liderazgo ha sido siempre un asunto traumático en todos los partidos políticos. Lo fue en grado sumo en el primer partido de gobierno de España, la UCD. La sustitución de Adolfo Suárez por Landelino Lavilla en la presidencia del partido en el Congreso de Palma de Mallorca en el otoño de 1980 y por Leopoldo Calvo-Sotelo en la presidencia del Gobierno en febrero de 1981, con intento de golpe de Estado incluido, es el caso más extremo. Pero crisis sucesorias las ha habido en todos: la sucesión de Santiago Carrillo en el PCE y Antonio Gutiérrez en el PSUC llevó a ambas formaciones de los 23 escaños de las elecciones de 1979 a los 4 de las de 1982; la ruptura del PNV y el nacimiento de Eusko Alkartasuna en la primera mitad de los ochenta y las tensiones que continúa habiendo en el interior del PNV tras la sustitución de Xavier Arzalluz por Josu Jon Imaz y la renuncia de éste, que no las ha resuelto, como estamos teniendo ocasión de comprobar estos días; la fallida sucesión de Jordi Pujol en CiU, preanunciada por la prejubilación de Miquel Roca en los noventa; por no hablar de los problemas permanentes de Esquerra Republicana o del Partido Andalucista y en menor medida pero también, en el Bloque Nacionalista Galego con la sustitución de Beiras. La enumeración es ejemplificativa.

En el PSOE, las crisis de sucesión en la secretaría general no han sido de poca entidad. La sustitución de Llopis por Felipe González se tradujo en la concurrencia de un PSOE-H junto al PSOE a secas en las elecciones constituyentes de 1977. La dimisión de Felipe González como consecuencia de la polémica sobre la “renuncia al marxismo”, puso al PSOE al borde del precipicio a finales de los setenta. Y la sustitución definitiva de Felipe González tras la derrota de 1996 por Joaquín Almunia no pudo ser más turbulenta: bicefalia tras la victoria de Josep Borrell en las primarias pero sin ocupar la secretaría general, dimisión de Josep Borrell como candidato a la presidencia del Gobierno, derrota apabullante del PSOE en las elecciones de 2000, dimisión de Joaquín Almunia, nombramiento de una gestora presidida por Manuel Chaves, convocatoria de un Congreso Extraordinario en el que salió elegido José Luis Rodríguez Zapatero por los pelos. Al final la crisis se resolvió bien, pero me imagino que a los dirigentes del PSOE se les ponen los pelos de punta nada más que de pensar que puedan volver a encontrarse en otra situación similar.

Quiero decir que lo que está ocurriendo en el PP no es algo excepcional, sino todo lo contrario. Por lo que está pasando el PP han pasado todos los demás partidos. Lo que ocurre es que mal de muchos no es consuelo de personas inteligentes.

En el PP, además, la solución de la crisis, que es la crisis de sustitución del liderazgo de José María Aznar, se complica por la confluencia de dos circunstancias:

1ª La cultura fuertemente presidencialista, por no decir autoritaria, del PP, que no ha sido negativa en el proceso de afirmación inicial de AP como partido dominante en la derecha española, ocupando parcialmente el espacio de UCD a partir de 1982, y como partido hegemónico en dicho espacio tras su refundación como PP en 1989. La autoridad indiscutida de Manuel Fraga permitió la designación incontestada de José María Aznar y le concedió tiempo suficiente para su consolidación en la presidencia del partido hasta que consiguió llegar a la presidencia del Gobierno. Tras el fracaso de la sustitución de Aznar por Mariano Rajoy, esa cultura autoritaria es un obstáculo para la renovación del liderazgo.

2ª La existencia de barones o baronesas regionales con mucho poder democráticamente legitimado. Cuando Manuel Fraga designó a José María Aznar, AP/PP no tenía prácticamente ningún poder. No era una alternativa, sino una expectativa de Gobierno. No había, en consecuencia, competición para ocupar la presidencia del partido y el margen de libertad de que disponía el presidente para designar a su sucesor era casi absoluto.

Hoy es completamente distinto. En el PP hay dirigentes contrastados y con una base de poder propio importante y, en consecuencia, en la propia naturaleza de las cosas está que exista una competición por ocupar la presidencia del partido como antesala a ser candidato a la presidencia del Gobierno. Es la propia fortaleza del PP frente a la debilidad de AP la que posibilita que se le plantee este problema.

Con esta situación no se ha enfrentado nunca la derecha española en democracia. De cómo la resuelva va a depender que pueda ocupar la posición de caballo ganador en la próxima competición electoral o de que se prolongue su permanencia en la oposición con costes añadidos indeterminables pero seguros.

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Objeción imposible, de Javier Pérez Royo en El País de Andalucía

Posted in Derechos by reggio on 21 marzo, 2008

La objeción susceptible de ser reconocida constitucionalmente está conectada con el cumplimiento de un deber pero no con el ejercicio de un derecho. Por eso la Constitución únicamente reconoce la objeción de conciencia en conexión con el “deber de defender a España”, remitiendo a la ley la regulación de su ejercicio -artículo 30 de la Constitución Española (CE)-.

Quiere decirse, pues, que la objeción de conciencia en relación con el ejercicio del derecho a la educación no es que no esté reconocida constitucionalmente, sino que no puede estarlo. Objeción de conciencia y ejercicio del derecho a la educación son términos incompatibles.

Lo único que cabe, en lo que al ejercicio del derecho a la educación se refiere, es que la ley que lo regula sea anticonstitucional. El ejercicio del derecho a la educación puede haber sido regulado anticonstitucionalmente por el legislador y, como consecuencia de ello, se pueden imponer obligaciones a los destinatarios de dicho derecho que ellos pueden reputar de inconstitucionales.

En nuestro ordenamiento hay dos vías para reaccionar en un supuesto de esta naturaleza. La primera es la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, que, frente a la Ley Orgánica mediante la cual se establece la obligación de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, puede ser interpuesto por 50 diputados, 50 senadores o por los Parlamentos o Gobiernos de las comunidades autónomas, además de por el Defensor del Pueblo.

En consecuencia, Esperanza Aguirre o Francisco Camps, o 50 diputados o senadores del Partido Popular, podían haber recurrido la Ley Orgánica ante el Tribunal Constitucional, a fin de que este decidiera si el precepto mediante el que se impone como asignatura obligatoria Educación para la Ciudadanía es constitucional o no.

La segunda es la de impugnar ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo los actos de aplicación de la ley y solicitar del tribunal, en el curso del proceso, que eleve la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, a fin de que éste decida sobre la imposición de la obligación de cursar esa asignatura por parte del legislador.

Estos son los dos únicos procedimientos que se contemplan en nuestro ordenamiento para impugnar una obligación impuesta por parte del legislador. El ordenamiento español, como el de todos los demás países europeos sin excepción, descansa en que el Tribunal Constitucional tiene el monopolio del control de constitucionalidad de la ley. Los jueces y magistrados integrantes del poder judicial “están sometidos al imperio de la ley” (artículo 117.1 CE). No pueden ser jueces de la ley. Están obligados a aplicarla y, en el caso de que, al tener que aplicar la ley, entiendan que la norma puede ser anticonstitucional, tienen que detener el proceso y elevar la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, a fin de que éste decida sobre dicha cuestión. Un juez o tribunal no puede dejar de aplicar una ley.

La Ley Orgánica del Poder Judicial le impone la obligación al juez con claridad meridiana: “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional” (artículo 5.2).

La ley es la expresión de la voluntad general y sobre dicha expresión únicamente puede pronunciarse el Tribunal Constitucional. Todos los demás órganos constitucionales del Estado, incluidos los que integran el poder judicial en su totalidad, están obligados a aplicar la ley sin ponerla en cuestión, excepto por las dos vías a las que he hecho referencia. Se está haciendo mucho ruido, pero al final no va a ser nada más que eso, ruido.

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