Reggio’s Weblog

Eutanasia, Iglesia, libertad, de Salvador Pániker en El País

Posted in Derechos, Política, Religión by reggio on 4 agosto, 2008

Al doctor Luis Montes

No creo que la aprobación de una ley de eutanasia voluntaria, similar a las que ya rigen en Holanda, Bélgica o Luxemburgo, hiciera perder las próximas elecciones generales al Partido Socialista. Al contrario. Un 80% de los españoles, según una reciente encuesta de Metroscopia, está a favor del derecho a la eutanasia activa para los enfermos incurables. Lo cual significa que si todos los partidos políticos permitieran que sus diputados votaran en este tema con libertad de conciencia, la mayoría sería aplastante.

Conviene insistir en algo muy obvio: la eutanasia voluntaria es un derecho humano, un derecho humano de la primera generación de derechos humanos, un derecho de libertad. Es un derecho, no un deber. Pero ya se sabe que el Gobierno socialista no quiere multiplicar sus frentes de batalla con la Iglesia católica. Y ahí es donde pueden ser útiles algunas consideraciones. En primer lugar, conviene recordar que buena parte de los católicos está a favor del derecho a la eutanasia y en contra de las consignas del Vaticano. Como en tantas otras cuestiones (piénsese en el tema del control de la natalidad, sin ir más lejos). En segundo lugar, cabe preguntar: ¿por qué la Iglesia católica -al menos la oficial- se opone tan ferozmente a la eutanasia? La respuesta parece clara: porque si se generaliza la práctica de la eutanasia voluntaria, si se desdramatiza el acto de morir, la Iglesia pierde poder. La Iglesia siempre ha fomentado una teología del terror a la muerte, reservándose para ella el control de las postrimerías. En consecuencia, la Iglesia tolera mal la secularización desdramatizada del morir que supone la eutanasia. (Probablemente, los hombres de la Iglesia “proyectan” su propio terror a la muerte y tratan de exorcizar su ansiedad -y en el fondo su increencia- aferrándose fanáticamente a la doctrina oficial. Las verdades absolutas “protegen”).

Añadamos, de pasada, que la Iglesia siempre ha sido prisionera de su pretendido monopolio teológico de la verdad, lo cual la ha conducido a inmiscuirse en cuestiones que no le competen. Así, por ejemplo, ya san Ambrosio, en el siglo IV, se oponía a los preceptos de la medicina por ser contrarios a la “ciencia celestial” y al poder de la plegaria. Lo mismo pensaba, siglos más tarde, el arrebatado san Bernardo de Claraval. Y hasta el siglo XVI estuvo condenada por la autoridad eclesiástica la disección de cadáveres y el estudio de la anatomía. Y ya a finales del siglo XVIII, el magisterio de las iglesias cristianas se opuso a la vacuna antivariólica porque entendía que la viruela era un castigo divino, y el hombre no debía sustraerse a ese castigo. (Con la misma lógica se prohibió desviar elcurso de los ríos porque ello significaba “corregir la obra de Dios”). Y en el XIX las mismas iglesias se opusieron a la utilización de la anestesia en los partos. Y actualmente se oponen a la investigación con células madre, a la planificación familiar, al uso del preservativo para combatir el sida, etcétera.

Y no olvidemos, claro está, que hasta hace cuatro días la Iglesia condenaba la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, la libertad de reunión, la democracia, el socialismo, el sindicalismo, el liberalismo y los derechos humanos. Lo de la lucha contra la eutanasia no es, por tanto, más que un nuevo episodio dentro de esta costumbre milenaria que tiene la Iglesia de intentar conservar su poder inmiscuyéndose en asuntos que no le incumben.

En España, la Ley General de Sanidad de 1986 (siendo ministro Ernest Lluch) reconoce ya los “derechos del enfermo” y preconiza la práctica del “consentimiento informado”. (Esta normativa fue actualizada en noviembre de 2002 con una Ley de Autonomía del Paciente). Por otra parte, desde noviembre de l995, tenemos un nuevo Código Penal en el que de hecho se despenaliza la eutanasia pasiva y se rebajan sustancialmente las penas a quienes ayuden a morir a otra persona, por la petición expresa de ésta, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte, o que produjera “graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar” (artículo 143).

Ahora bien, una nueva ley debería contemplar no sólo la despenalización de la eutanasia pasiva sino la de la activa. Y no sólo el caso de los enfermos terminales, sino también el de los crónicos. Recordemos que el más célebre y lúcido caso de defensa del derecho a la eutanasia fue en España el de un enfermo crónico y no terminal. Me refiero al tetrapléjico gallego Ramón Sampedro, de cuyo suicidio (médicamente no asistido) se cumplieron hace poco 10 años.

Ello es que la Ley de Autonomía del Paciente, conducida hasta su límite, aboca al derecho de cada persona a decidir libre y racionalmente cuando quiere terminar con su vida, se encuentre o no en situación de enfermedad terminal. No es un tema nuevo. Ya el viejo emperador Marco Aurelio escribió que “una de las funciones más nobles de la razón es la de saber cuándo ha llegado el momento de abandonar este mundo”. Y Montaigne: “Cuanto más voluntaria la muerte, más bella”. También en la famosa Utopía de Tomás Moro -un hombre, no se olvide, canonizado por la Iglesia católica- había un lugar para la eutanasia.

El caso es que conviene entender de una vez -en contra de las voces demagógicas que plantean la cuestión en blanco y negro- que, en las situaciones de eutanasia activa, la alternativa no es entre vida y muerte, sino entre dos clases de muerte: una rápida y dulce, y otra lenta y degradante. Por otra parte, allí donde hay transparencia informativa -casos de Bélgica y Holanda- es donde menos abusos se producen. No hay ninguna evidencia de que en Holanda hayan aumentado las eutanasias involuntarias; más bien al contrario. (De hecho, en Holanda está completamente protegida la vida: hay penas de hasta 12 años de cárcel para quien practique la eutanasia sin el consentimiento del enfermo). Lo que sí existe en Holanda es una total transparencia informativa y muchísimos más controles legales que en otros países -donde sí es habitual la eutanasia clandestina-.

Por todo lo expuesto, a uno le parece laudable que en el último congreso del PSOE se haya aprobado al fin un texto titulado Derecho a una muerte digna, en el que, aparte de recomendar los cuidados paliativos (bienvenidos sean), se propugna un debate sobre la regulación legal del “derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades terminales o invalidantes a obtener ayuda para poner fin a su vida”. (Subrayo lo de invalidantes porque deja la puerta abierta a los casos, antes mencionados, de enfermos crónicos). En fin, está claro, a mi juicio, que la sociedad española está madura para una ley de eutanasia voluntaria, y que la propia Iglesia católica no perdería nada reconsiderando sus presupuestos teológicos. La Iglesia debería comprender que oponerse a la eutanasia voluntaria equivale a estar en contra de la libertad y en favor de la tortura.

Salvador Pániker es filósofo y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

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Balanzas y ética, de Pedro Puy en El País de Galicia

Posted in Derechos, Economía, Política by reggio on 4 agosto, 2008

A estas alturas del debate sobre las balanzas fiscales, quién haya tenido la paciencia de seguir los muchos análisis aparecidos desde que el ministerio presentase sus seis versiones del pasado 15 de julio, habrá deducido, correctamente, que las balanzas confirman que en España la redistribución territorial funciona y es muy intensa (aunque difícil de medir con precisión); que por ello los territorios en los que la renta personal es inferior a la media son los que arrojan un mejor saldo en la balanza fiscal, y viceversa; y que las comunidades que gozan de un régimen fiscal especial, las dos forales y Canarias, arrojan un resultado llamativamente favorable para ellas en términos de contribución neta a los gastos de la Administración central, lo que exacerba las demandas de otras Comunidades ricas.

Puede, también, haber descubierto que por muy sorprendente que parezca es posible encontrar a algunos que, como los nacionalistas gallegos, son incapaces de reconocer frente a toda evidencia que el Estado del Bienestar en España funciona, y que ello es bueno, particularmente para Galicia; y también puede haber concluido, en sentido inverso, que las reivindicaciones de algunas autonomías, como la catalana, tienen cierto fundamento, pues no resulta del todo lógico que las administraciones de los territorios en los que se generan más rentas dispongan de muchos menos recursos per cápita que las de menor renta media, cuando prestan los mismos servicios, e incluso teniendo en cuenta que hay factores (como la dispersión de la población, o su envejecimiento; pero también la extensión territorial o la congestión) que encarecen la prestación de esos mismos servicios (cosa que, por cierto, respecto de algún bien público sabemos, pero que está lejos de haber sido contabilizada a nivel global).

Sin embargo, apenas se han hecho comentarios sobre los aspectos éticos implícitos en el método de elaboración de las balanzas fiscales. Hace unos días, José Antonio Griñán recordaba, en un excelente artículo publicado en EL PAÍS y refiriéndose a la seguridad social, la improcedencia técnica de mezclar en una misma balanza los flujos de solidaridad interterritorial con los flujos de solidaridad intergeneracional. Pero, más allá de la conveniencia técnica de contabilizar en la balanza (de un solo año, como ha hecho el ministerio) unos flujos monetarios que tienen su origen en cotizaciones generadas de forma dispersa tanto en el tiempo (vida laboral) como en el territorio (flujos migratorios internos), la cuestión de si la seguridad social misma debe integrarse o no en el cálculo de la balanza fiscal es básicamente una cuestión ética.

Coincidiendo, precisamente, con la oficialización de las balanzas fiscales en España, y en un curso de verano celebrado en Barcelona, un reconocido experto en financiación subcentral, el profesor de la Universidad de Friburgo Bernard Dafflon, hizo enrojecer a más de uno de los presentes cuando manifestó con vehemencia que, tecnicismos al margen, introducir la Seguridad Social en una balanza fiscal territorial era intrínsecamente “perverso”; que por ello, en Suiza, cuando se encargó a un grupo de expertos contabilizar los flujos territoriales de la seguridad social los economistas locales se negaron a hacerlo por razones estríctamente éticas, consiguiendo que desde entonces en Suiza no se publiquen estadísticas territorializadas de la Seguridad Social; y que por pura ética profesional, ningún economista, suizo o zuavo, debería prestarse a analizar lo que es un mecanismo de solidaridad personal, a través del cual los que tienen trabajo y salud ayudan a los que no pueden trabajar, desde una perspectiva de flujos territoriales. Una cuestión ética que se debe acompañar de un dato adicional: la exclusión de la seguridad social de las balanzas fiscales autonómicas reduce a la mitad el déficit fiscal de comunidades como Madrid o Cataluña.

Un viejo chiste de la profesión económica cuenta que cuando Dios creó la luz, el Diablo le contestó creando las tinieblas; que cuando creó el sexo, el Diablo contratacó creando el matrimonio. Y que cuando creó un economista, tras acusar el duro golpe y meditarlo mucho, el Diablo replicó creando otro. Desde el humor, la profesión económica acostumbra a recordarse a sí misma que la economía ni es una ciencia exacta, ni sus intereses y conclusiones analíticas son éticamente neutros. Como las balanzas fiscales.

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El quehacer de la paciencia, de Ángel Gabilondo en La Vanguardia

Posted in General by reggio on 4 agosto, 2008

Prefiero la paciencia a la resignación. Ni es inactividad ni es claudicación. Es constancia, insistencia, coherencia. Hay quienes se descomponen si las cosas no van como desean, si no suceden inmediatamente. La paciencia sabe atender, es una forma de acción que convive con la espera. La precipitación no es su camino. Pero no se limita a aguardar la llegada de algo o de alguien, con su quehacer crea las hospitalarias condiciones para que advenga: hace venir.

Son tiempos de urgencias. Sin duda, algunas alarmantes. Y hemos de abordarlas, de enfrentarlas o, quizá, de afrontarlas, de aceptar el desafío. Claro que hay que hacer. Sin embargo, la acción no es realizar cualquier cosa de cualquier manera, para sentirse decidido o activo. Ni es limitarse a constatar qué pasa. Es procurar que ocurra, y de una determinada forma. Tanto la ansiedad como la apatía son formas de desconsideración. No es que transgredan lo previsto, es que impiden toda previsión, ese modo de ver que antecede, preludia y desea. La paciencia no lo da todo por ya prefigurado o clausurado, aprisionado por la expectativa. Desestima el apresuramiento. Y la pasividad. Es compatible con el elegir, con el preferir.

Amanece por la maduración de la noche, por la fuerza del día, por su buena labor, no porque cerremos o abramos los ojos. No es adecuado precipitar el fruto, su fructificación exige un determinado trato con el tiempo. La paciencia comprende su quehacer y lo quiere y lo acompaña. Combate toda prisa, todo miedo y sabe hasta qué punto late en la plenitud del instante alguna forma de eternidad que cabe atisbarse o incluso habitarse, como sólo un mortal es capaz de hacer. Demorarse en algo, permanecer en ello, deambular por sus aristas y laderas y saber convivir con el asunto es compartir la propia paciencia de la cosa. Ella se configura poco a poco. Como la vida, que tanto viene como se va.

No siempre vemos ni prevemos lo que nos aguarda. Esperamos abiertos a lo imprevisto, esperamos incluso lo inesperado, que es tanto como desvivirse por vivir. Por eso, la paciencia no es un simple estado de ánimo, ni un ingrediente de la actividad.

Es una forma suprema de atención, de activa contemplación, de aquella que participa en el brotar o emerger de algo, del otro, de la vida. La paciencia acompaña y, a la par, alumbra. No es simplemente comadrona, siendo ésta decisiva y no sólo para Platón, es concepción, hace irrumpir en la luz.

No esperemos sentados en el umbral de la puerta el paso de un hecho concluido, de un hecho tan hecho que resulte un deshecho, un cadáver que, en última instancia, acabaría por ser el nuestro. Terminaríamos por ser mirados por lo que decimos ver, agotado nuestro mirar. La paciencia nos hace hacer pero sin voluntad de darlo todo ya por finalizado, por finiquitado, por finado, por muerto. Es la paciencia de no querer dejarlo todo agostado, sin vida. No es reposo, es inquietud.

No sólo esperamos, también somos esperados por lo que nos espera. Por eso, la paciencia no consiste en detenerse, ni en suponer que todo es indiferente respecto de lo que pensamos, decimos y hacemos.

Ahora que parece primar el abordaje, el asalto, el ataque, ahora que para algunos ser ejecutivo es ser ejecutor, hay otro modo de acción, sereno, insistente, no el de la mirada que escudriña sino que penetra en el corazón de lo que hay y lo toca sin arrasarlo todo. Una y otra vez procuramos, luchamos y perseguimos lo que no acaba de llegar, pero no cejamos. En definitiva, no se trata de improvisar respuestas de repuesto, ante la incapacidad para soportar las cuestiones abiertas. Temerosos, somos capaces de precipitar cualquier supuesta solución, con tal de no tener que sostenernos pacientemente en el problema y vérnoslas con él.

La paciencia no es indiferencia. Resulta desconcertante y magnífico cómo convive con la pasión, cuando ésta no es entendida como una intervención puntual, casual, coyuntural, sino como un estado de intensidad. La insistencia y la energía ofrecen otras posibilidades y dan a la vida un primor y una frescura inclasificables. Me gustan quienes ni son impasibles ni se alteran permanentemente, quizá porque siempre tienen curiosidad y nunca se dan por definitivamente peripuestos. Se les ve incidir en las cuestiones y, más que tomar, esperan dejar o desprenderse de algo. Aunque se despojen de sí, necesitamos que no se nos vayan. Su espera nos hace vivir porque viven creativamente.

Por eso, tal vez la justa paciencia quede reservada para la profunda humildad del artista capaz de crear, que espera la hora del alumbramiento. La paciencia es artífice. Así nos lo recuerda Rainer Maria Rilke. “Ahí no cabe medir por el tiempo. Un año no tiene valor y diez años nada son. Ser artista es no calcular, no contar, sino madurar como el árbol que no apremia su savia, mas permanece tranquilo y confiado bajo las tormentas de la primavera, sin temor a que tras ella tal vez nunca pueda llegar otro verano. A pesar de todo, el verano llega. Pero sólo para quienes sepan tener paciencia y vivir con ánimo tan tranquilo, sereno, anchuroso, como si ante ellos se extendiera la eternidad. Esto lo aprendo yo cada día. Lo aprendo entre sufrimientos, a los que por ello quedo agradecido. ¡La paciencia lo es todo!”.

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Wait and see, de Xavier Bru de Sala en La Vanguardia

Posted in Economía, Política by reggio on 4 agosto, 2008

Ya es definitivo. Ante la crisis, el Gobierno ha decidido no hacer nada. ¿Se trata de cinismo? ¿Tal vez es fatalismo? ¿Reconocimiento implícito de que no hay nada que hacer, aparte de mantener la paz social hasta donde se pueda? Un poco de todo, aliñado con una inquebrantable confianza en que la crisis se resolverá por sí misma, a tiempo para que la segunda mitad, o en el peor de los casos el último tramo de la legislatura, sea de franca recuperación.

Al Gobierno se le acusa con bastante unanimidad de dos cosas. La primera, miopía en el diagnóstico, cuando no franco y cegato maquillaje. La segunda, falta de reacción, consistente en no tomar medidas. Podría añadirse la devolución electoralista de los cuatrocientos euros, en un momento en que lo ahorrado podría servir de mucho más (desde luego, y a fin de fomentar el consumo, poniendo el dinero en manos de quien lo necesita imperativamente y se lo va a gastar de inmediato), pero como la promesa surgió efecto y los millones de perceptores están de acuerdo, esta última crítica tiene doble filo, y corta a quien insiste. Ahora bien, las otras dos ejercen de martillos neumáticos y autómatas que percuten con machacona insistencia sobre el caparazón de Solbes y Zapatero. ¿Hasta qué punto son, además de unánimes, razonables? ¿No habremos caído, colectivamente, en la muy primaria y emotiva necesidad de buscar un culpable?

Veamos. Sobre la primera acusación, es incuestionable que los datos desmienten las previsiones. Antes de las elecciones, en los albores de la crisis, era comprensible, y hasta recomendable para insuflar optimismo, aprovechando además que, como lo peor estaba por venir, parecía conveniente pintar el horizonte de rosa, con ribetes de rojizo, antes que anunciarlo plomizo. Fue productivo en términos electorales, y aunque no hubiera sido así, tampoco parecía entonces tan criticable. Pero luego ya es otra cosa. En pleno y creciente temporal, la ausencia de diagnóstico, la falta de realismo, son una falta grave, que contribuye sin duda a incrementar el peligro. En cuanto a no tomar medidas, es dudoso que cualquier gobierno español, en las mismas o parecidas circunstancias, estuviera en condiciones de hacerlo.

Recurramos a una metáfora marítima. Si con el viento de popa, cualquiera es capaz de navegar con las velas infladas – lo que vale para Solbes y para Rato-, avanzar, eso es crecer, cuando el viento contrario arrecia, requiere una pericia, una previa preparación, que está lejos de nuestro alcance como país. Nadie, entre los que reclaman medidas, ha sido capaz de proponer algo, ni a tiempo ni ahora, que no sea fomentar los acuerdos y la paz social, a fin de evitar o retrasar los motines a bordo.

Incapaces de navegar, pasamos el temporal a la capa. Y a esperar que escampe.

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Todavía hay jueces en Estrasburgo, de Enrique Gimbernat en El Mundo

Posted in Derechos, Justicia by reggio on 4 agosto, 2008

TRIBUNA LIBRE

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, de 22 de julio de 2008 (Gómez de Liaño y Botella contra España), recordando «la importancia que para una sociedad democrática tiene la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables», estima que «las quejas [sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional español que le juzgó y le condenó] del demandante [Gómez de Liaño] pueden ser consideradas objetivamente justificadas», concluyendo el Tribunal que en el juicio al que fue sometido el demandante «ha habido violación del art. 6.1 del Convenio [Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales]», que establece que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída … por un tribunal independiente e imparcial».Que la sala del TS, integrada por los magistrados García Ancos, Bacigalupo y Martínez-Pereda (este último magistrado emitió un voto particular para manifestar su discrepancia de la sentencia mayoritaria), que el 15 de octubre de 1999 condenó al procesado por un delito de prevaricación no fue, en efecto imparcial, se desprende, entre otros, y sin ánimo de ser exhaustivo, de los tres extremos que paso a examinar.

1. El TS, rompiendo con su jurisprudencia anterior, que exigía para la presencia de una prevaricación, en su aspecto objetivo, una «resolución tan grosera, esperpéntica y disparatada que pudiera ser apreciada por cualquiera», cambia de opinión en el caso Gómez de Liaño y se conforma, para estimar que concurre ese delito, sólo con una resolución en la que se aplica la ley de una forma que «no resulta de ningún método o modo aceptable de interpretación del Derecho», citando, a modo de ejemplo, el «método gramatical, [e]l teleológico, [e]l histórico o subjetivo, [e]l sistemático, etc.», oponiéndose así a la precedente y unánime doctrina del TS que había establecido, sobre el contenido de la prevaricación, que «la mera ilegalidad que puede ser producto de una interpretación errónea o equivocada del Derecho» no basta para fundamentar una prevaricación (sentencia del TS de 7 de febrero de 1997), ya que esa «mera ilegalidad… tiene su posibilidad de corrección en el ámbito de los recursos propios del caso» (sentencia del TS de 4 de julio de 1996).

El TS estimó que Gómez de Liaño había prevaricado en tres autos dictados en unas diligencias que se seguían por una supuesta apropiación indebida de 23.000 millones de pesetas (diligencias que finalmente fueron archivadas), a saber: en un auto en el que se ordenaba que varios imputados no podían abandonar el territorio nacional sin la autorización del Juzgado, en otro en el que se acordaba la libertad provisional con fianza de 200 millones del entonces imputado Jesús de Polanco, y en un tercero en el que se decretaba el secreto parcial de las actuaciones. Esas medidas, en un procedimiento por una apropiación indebida de esa cuantía, ni se apartan de lo que es habitual en tales procedimientos ni vulneran ninguna prohibición expresa de la ley, a no ser, naturalmente, que el mismo auto de incoación de diligencias hubiera sido prevaricador; pero ni el Ministerio Fiscal (que siempre solicitó la absolución de Gómez de Liaño), ni las acusaciones particular y popular, acusaron nunca a Gómez de Liaño por haber incurrido en prevaricación con el auto con el que se inició el procedimiento penal. Por lo demás, y para demostrar que Gómez de Liaño no incurrió en delito alguno, me remito a las dos Tribunas Libres que publiqué en este mismo periódico los días 17 de octubre y 1 de noviembre de 1999.

Pero supongamos por un momento que, en efecto, en las tres resoluciones dictadas por Gómez de Liaño se estaba aplicando la ley de una forma que «no resulta de ningún método o modo aceptable de interpretación del Derecho», y que esa definición es la que determina el contenido del delito de prevaricación. Pues bien: desde la sentencia condenatoria de Gómez de Liaño de 15 de octubre de 1999 el TS ha tenido ocasión de examinar en casación, no una ni dos, sino, por lo que alcanzo a ver, más de 40 sentencias de distintas Audiencias Provinciales, cuyos fallos vulneraban abiertamente disposiciones imperativas de nuestras leyes procesales y penales y, muy especialmente, el principio de legalidad (es decir: fallos en los que se aplicaba la ley en contradicción con cualquier método aceptable de interpretación del Derecho), en cuanto que se imponían penas superiores a las legalmente previstas, sin que, a pesar de ello, el TS haya considerado que esas sentencias de instancia eran constitutivas de prevaricación, porque, si lo hubiera estimado, obligatoriamente habría tenido que promover la incoación de un procedimiento penal por prevaricación contra los magistrados provinciales: «Cuando el Tribunal Supremo, por razón de pleito o causas de que conozca o por cualquier otro medio, tuviere noticia de algún acto de jueces o magistrados realizado en el ejercicio de su cargo y que pueda calificarse de delito o falta, lo comunicará, oyendo previamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, a los efectos de incoación de la causa» (art. 407 LOPJ). Como no puedo exponer aquí, naturalmente, el contenido de esas más de 40 sentencias, voy a limitarme a hacer referencia a siete de ellas: a la de 10 de marzo de 2000, donde la Audiencia Provincial (AP) había infringido el principio de irretroactividad de las leyes penales desfavorables, castigando por una conducta que no estaba tipificada al tiempo de comisión de los hechos, a las de 18 de mayo de 2001, 19 de julio de 2002, 9 de abril de 2003, 27 de septiembre de 2004 y 16 de noviembre de 2005, que se ocupan de supuestos de hecho en los que el tribunal de instancia había impuesto una pena superior a la prevista por la ley, así como a la de 25 de octubre de 2002 en la que la AP había condenado a un pariente por un delito contra la propiedad, a pesar de que en aquél concurría la excusa absolutoria de parentesco. En todos estos casos el TS se limitó a anular las sentencias de instancia y, si no aplicó el art. 407 LOPJ, fue porque, obviamente, no las consideró prevaricadoras, como, por poner un último ejemplo, tampoco lo consideró así el TSJ del País Vasco, que en 2004 inadmitió a trámite una querella por prevaricación interpuesta contra tres magistrados de la AP de Vizcaya, no obstante haber aplicado éstos, no una ley penal vigente, sino otra derogada.

De todo ello se sigue: el TS cambió su doctrina sobre la prevaricación para el caso Gómez de Liaño y, a partir de entonces, abandonó el criterio que sirvió para condenar a aquél, ya que supuestos de hecho en los que se ha aplicado la ley con un método interpretativo indefendible no son subsumidos por el TS, sin embargo, en el delito de prevaricación.

2. En su aspecto subjetivo el delito de prevaricación doloso exige, en el art. 446 Código Penal (CP), que el juez actúe «a sabiendas». Hasta la sentencia del caso Gómez de Liaño el TS requería, para que pudiera apreciarse ese elemento subjetivo, que el juez actuara «con plena conciencia del carácter injusto de la resolución que dicta», teniendo «plena conciencia de que, al dictar sus autos, lo hace violando las normas legales», movido por la «intención de faltar deliberadamente a la justicia» (véase, por todas, la sentencia del TS de 4 de julio de 1996). En su sentencia condenatoria de Gómez de Liaño, también el TS se aparta de su doctrina anterior, despachando el contenido de la expresión «a sabiendas» -y, apreciando, en consecuencia, su concurrencia en los autos dictados por Gómez de Liaño- de la siguiente manera: «Ello explica que en algunos casos se haya exigido que la arbitrariedad sea ‘esperpéntica’, o ‘que pueda ser apreciada por cualquiera’ (SSTS de 20-4-95; 7-2-97), pues es comprensible que un funcionario sin formación jurídica [la sentencia se refiere a la prevaricación administrativa, que puede ser cometida por funcionarios que ni siquiera tienen por qué tener el título de bachillerato, como muchos alcaldes y concejales] sólo puede percibir la arbitrariedad cuando ésta sea grosera o directamente absurda. Pero un Juez, que tiene la máxima calificación jurídica, no puede ser tratado como un funcionario, cuya profesión puede no tener ninguna connotación jurídica».

El razonamiento del TS es, por lo tanto, el que sigue: si la prevaricación consiste objetivamente en dictar una resolución en la que la aplicación de la ley «no result[a] de ningún método o modo aceptable de interpretación del Derecho», entonces, al concurrir el elemento objetivo -resolución al margen de cualquier interpretación defendible-, también tiene que concurrir, necesariamente, el subjetivo de «a sabiendas», ya que «un juez, que tiene la máxima calificación jurídica», no puede ignorar en ese caso la injusticia de su resolución. De acuerdo con este criterio, y por ejemplo, todas las resoluciones de las Audiencias Provinciales a las que me he referido anteriormente -y que el TS se limitó a anular, sin estimar que se hubiera realizado prevaricación alguna-, en las que aquéllas imponían una pena superior a la prevista por la ley, serían prevaricaciones realizadas «a sabiendas», porque no sería imaginable que, con su máxima calificación jurídica, el juez hubiera podido ignorar que no podía castigar con una sanción no contemplada en el CP. Además, la pauta que proporciona la sentencia del caso Gómez de Liaño para determinar cuándo estamos ante una prevaricación cometida «a sabiendas», debe ser rechazada por dos motivos: en primer lugar, porque confunde hasta la identificación el elemento objetivo -la resolución al margen de cualquier interpretación defendible- con el subjetivo -«a sabiendas»-, ya que, si se aprecia la existencia del primero, con ello quedaría acreditada también la del segundo; y, en segundo lugar, porque haría imposible la apreciación de la imprudencia en los resultados producidos por profesionales con la «máxima calificación» dentro de su especialidad, de tal manera que si un anestesista abandona por un momento un quirófano para atender otro, entrando el paciente que se encuentra en el primero en una fase crítica que no puede ser controlada por ese anestesista momentáneamente ausente, éste debería responder, no por un homicidio imprudente, sino por un asesinato, ya que, con su gran preparación médica, no podía ignorar que la lex artis exige la presencia continua del anestesiólogo en el quirófano.

3. Gómez de Liaño, apelando al art. 6.1 del Convenio, tal como se lee en la sentencia que le condenó, «[puso] en duda y… afirm[ó] la parcialidad objetiva de esta Sala por haber confirmado el auto de procesamiento», rechazando el TS, apoyándose en la jurisprudencia del TEDH, esa recusación. Que ahora el TEDH, la máxima autoridad y el máximo garante de la aplicación del Convenio, y argumentando igualmente y contundentemente con su propia jurisprudencia, desautorice al TS y afirme la parcialidad objetiva de éste precisamente por haber confirmado en apelación el auto de procesamiento dictado por el juez instructor, pone de manifiesto que, también en el examen de la imparcialidad objetiva, se equivocó esta desafortunada sentencia del tribunal español.

Hace más de dos siglos, Federico el Grande de Prusia, para construir el palacio Sans Soucis en la ciudad de Postdam, quería derribar un molino, que todavía hoy se conserva junto al palacio, y le hizo al molinero una oferta para comprárselo. El molinero rechazó la oferta y el rey le amenazó con expropiarle el bien. A continuación, el molinero montó en su caballo, y al preguntarle el monarca a dónde se dirigía, aquél se limitó a contestarle: «Es gibt noch Richter in Berlin» («Todavía hay jueces en Berlín»). Gómez de Liaño fue condenado por un delito de prevaricación, pero por un tribunal que, vulnerando el derecho que otorga el art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas, no era imparcial. ¡Todavía hay jueces en Estrasburgo!

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

© Mundinteractivos, S.A.

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Los templarios, de Rafael Martínez-Simancas en El Mundo

Posted in General by reggio on 4 agosto, 2008

INSOLENCIA PASAJERA

No es que hayan regresado, nunca se fueron del todo. Un juzgado de Madrid tiene que resolver una cuita jurídica de los herederos de la Orden del Temple contra el Papa Benedicto XVI. Al secretario del Juzgado le puede dar un vahído cuando vea aproximarse las carpetas con las pruebas que reúne, (apenas) siete siglos de historia en pergaminos atados con tripas de cerdo. Los templarios, fundados por Hugo de Payens, fueron la gran burbuja financiera del siglo XIV, y como tal sucumbieron cuando se complicaron los mercados internacionales. Entiéndase por mercados el control de los caminos hacia Jerusalén, y donde dice ahora Euribor pongan entonces a Saladino, que les bajó los humos en la batalla de los Cuernos de Hattin.Su final fue parecido al de Martinsa-Fadesa, el rey Felipe IV de Francia había contraído tantas deudas con ellos que convenció al Papa Clemente V para que les reventara el chiringuito. Era demasiada osadía consentir que el Estado estuviera en manos de caballeros mitad monjes, mitad soldados. Y así fue: se encargaron purgas y al último gran maestre, Jacques de Molay, se le ató a un palo frente a Nôtre-Dame y sentenciado como herético reincidente, se le prendió candela el día de la Candelaria, (detalles que tenía el Papa).

Hasta su desaparición, los templarios fueron eficaces «agentes de cambio y bolsa» que controlaban los negocios de Roma. Tuvieron una visión de riqueza importante, fueron los mayores comerciantes de reliquias de occidente, vendían frasquitos con el sudor de la Virgen de Saidnaya y enviaban a domicilio trocitos de la cruz de Cristo, lo que se conoce por lignum crucis. Un rico pedía un fragmento de la cruz del monte del Gólgota y, una vez recibida la petición, un mensajero partía a galope con el uniforme blanco con la cruz roja en el pecho. No había bandolero que se atreviera a detener al correo porque los templarios eran finos con la espada, así que a menos de que el caballo renqueara, la reliquia estaba en su castillo en siete días a todo trotar. Pero una desacertada política económica de crecimiento desacertado, (como le ha ocurrido a Fernando Martín, que de muy rico ha pasado a presunto insolvente), llevó a una especulación de la madera. Si alguien hubiera juntado las astillas que vendían los templarios se habría podido reconstruir la Gran Muralla China con palillos de dientes. Dios les castigó en el balance y de ahí a la suspensión de pagos.

En 2007, Roma hizo un proceso con los documentos que conservaba de la época; quedó claro la nulidad del decreto que acabó con la Orden. Siete siglos después podría tener razón el ahumado Jacques de Molay, que murió mascullando maldiciones hasta la decimotercera generación. Como el caso llegue a Garzón se va a hinchar a tomar declaraciones, entre ellos a Felipe el Hermoso por el asunto de la flota templaria desaparecida en La Rochelle.

© Mundinteractivos, S.A.

Los March y los Albertos dan su visto bueno a Florentino Pérez para que llegue al 25% de Iberdrola, de Daniel Toledo en El Confidencial

Posted in Economía by reggio on 4 agosto, 2008

El asalto de Florentino Pérez a Iberdrola no tiene ni día D ni hora H pero sí cuenta con el visto bueno del Estado Mayor. Según fuentes próximas a la operación, la familia March y los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, habrían dado ya luz verde al presidente de ACS para que elevara la participación del grupo constructor en la eléctrica hasta el 25%, desde el 13% que, de forma directa o en derivados, actualmente controla de la compañía.

Los March y los Albertos, que atesoran un 23% y un 13% de ACS, respectivamente, ya habían advertido a Florentino Pérez a finales del pasado año de la necesidad de tomar una decisión con respecto a Iberdrola: o se acometía la empresa de hacerse con el control de la eléctrica desplazando a Ignacio Sánchez Galán de la presidencia, o se vendía la participación. Fuentes del grupo mallorquín aseguraban entonces que, “a la vista de las cosas ocurridas, no sería descartable salir de Iberdrola si se presentara una oportunidad de vender y hacer una buena plusvalía”. Florentino, que nunca arrojó la toalla, se ha salido con la suya y, a día de hoy, ya cuenta con el plácet de su núcleo duro para afrontar una guerra que no ha hecho más que empezar.

A precio de mercado, la operación obligaría a ACS a destinar algo más de 5.000 millones de euros para hacerse con ese 12% adicional de Iberdrola, una buena parte de los más de 7.500 que acaba de obtener por la venta a Gas Natural de su 45,3% en Unión Fenosa. Desde la compañía el mensaje esta claro: “Lo primero es la consolidación por puesta en equivalencia, Luego ya se verá”. Este mecanismo le permitiría reestructurar su cuenta de resultados, incorporando el porcentaje que le corresponda del beneficio neto de Iberdrola y quitándose la elevada deuda de Fenosa. ACS cuenta con dejar su deuda, que superaba los 18.000 millones, en apenas 5.100.

Claro que para poder acogerse a ese modelo contable, ACS tiene que demostrar que tiene una influencia significativa en Iberdrola. Y es aquí donde se prepara la primera batalla entre Pérez y Galán. Nadie duda de que ACS, además de reforzarse en Iberdrola, pedirá la entrada en el Consejo de Administración de la eléctrica, una presencia que probaría esa influencia y a la que no debería haber ahora ningún impedimento. Al no estar una competidora como era Unión Fenosa, ACS tendría en principio el camino expedito para hacer valer su porcentaje en la eléctrica y buscar representación en el Consejo cuando se materialice la venta definitiva de la gallega en marzo de 2009. Galán no está preparando la alfombra roja. Ha advertido de que no hay vacantes hasta 2010 y que ampliar el Consejo debe ser aprobado por la Junta de Accionistas.

Cobra fuerza una alianza con EDF

Desde que recibiera el toque de atención de sus compañeros de viaje, Florentino redobló esfuerzos para mejorar su posición en Iberdrola. La iniciativa final con la venta de su 45,3% en Fenosa se antoja como un plan B de su primer intento de cortejo de EDF para presentar junto a la francesa una opa por la eléctrica de Sánchez Galán.

La posibilidad de una alianza con EDF para el asalto a Iberdrola quedó descartada tras la oferta lanzada por la eléctrica gala sobre British Energy. Ponía todos sus huevos en la británica y se olvidaba de la española. Sin embargo, el pasado viernes se supo que los accionistas de British Energy rechazaban la oferta francesa por considerarla demasiado baja. Ante este nuevo panorama, y a pesar de que el presidente de Electricité de France (EDF), Pierre Gadonneix, haya negado la mayor, el tándem EDF-ACS vuelve a cobrar fuerza en los mercados.

Tal y como ha venido informando El Confidencial, son varios los encuentros que ACS ha mantenido con la eléctrica francesa. Uno de los últimos fue a principios de julio en la sede parisina de EDF. Florentino Pérez almorzó mano a mano con Pierre Gadonneix y se entrevistó con el asesor del presidente Nicolás Sarkozy para asuntos económicos, François Pérol, en su despacho del Palacio del Eliseo, puesto similar al que ocupaba Taguas en la Oficina Económica de Moncloa.

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La banca estadounidense se declara en bancarrota, de José María de la Viña en El Confidencial

Posted in Economía, Internacional by reggio on 4 agosto, 2008

EL JUEGO DE LA CODICIA (I)
José María de la Viña*

La crisis financiera llevará a la bancarrota a unos 650 bancos estadounidenses. Probablemente otros 1.000 recibirán algún tipo de ayuda por parte de las Autoridades Federales. Casi el 10 % del sistema financiero norteamericano. Costará 500.000 millones de dólares a sus contribuyentes. Pondrá en peligro los ahorros de una décima parte de los ciudadanos de ese país. El FBI investigará 10.000 casos de fraude. Cien cargos nombrados por la Administración serán acusados de conducta indebida. Habrá penas de prisión para algunos de los responsables ¿Apocalíptico? Ruego me disculpen. Me he tomado una pequeña licencia en los tiempos verbales. Estos sucesos deberían narrarse en pasado. Ocurrieron. En Estados Unidos. Durante la Administración Reagan. Hace escasamente 20 años. Una eternidad. ¿Tan poco hemos aprendido desde entonces?

Creo que se merecen una explicación.

A finales de los 80 hubo una crisis financiera, de la que casi nadie se acuerda, que tuvo las consecuencias descritas. Todavía no hemos alcanzado esas cifras. Al menos por ahora. Todo lo que se está leyendo estos días en la prensa acerca de la mayor crisis financiera de la historia al menos desde La Gran Depresión, de momento, no es verdad. Pero, si nos empeñamos, podría llegar a serlo.

Vayamos por partes.

Durante los últimos años 70 y primeros 80 del convulso siglo XX, como consecuencia de la crisis del petróleo, hubo recesión, inflación, paro y acciones por los suelos. Los mercados empezaron luego a recuperarse y Reagan llegó al poder. Con él se trajo, entre otras cosas, mayor desregulación y una ampliación por parte del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), el Fondo de Garantía de Depósitos americano, de hasta 100.000 dólares de las garantías de los depósitos de los ciudadanos americanos, afortunadamente para ellos.

Las nuevas tendencias políticas, la euforia bursátil y la mencionada desregulación produjeron una de las peligrosas innovaciones que fabrica la mal llamada ingeniería financiera (la ingeniería es algo más serio, no tiene nada que ver con las finanzas y si se hace mal cuesta vidas, además de dinero): los bonos basura (junk bonds) que permitían realizar compras apalancadas. ¿Recuerdan a la maravillosa Julia Roberts en Pretty Woman? Pues esos personajes existieron y no con un corazón tan blando como el de Richard Gere.

Michael Milken y la empresa Drexel fueron probablemente los principales protagonistas de esa época. Se dedicaban a emitir dichos bonos, llamados basura porque eran de alto riesgo y por lo tanto pagaban mayores intereses que la aburrida deuda pública. Con el dinero recaudado con los bonos se lanzaban LBO´s (Leveraged Buy Out, la palabreja de moda), generalmente agresivos y a precios cada vez más exagerados. La empresa adquirida, hiperapalancada como consecuencia de la operación, cargaba con el servicio de esa deuda con la caja que generaba. El sistema funcionaba con beneficios crecientes, pero podía hundir tanto a la empresa adquirida como a los bonistas cuando los beneficios no eran los previstos. Se ve que no hacían análisis de sensibilidad.

La operación más emblemática de aquella época fue la adquisición por 26.000 millones de dólares de RJR Nabisco en el año 1989. La revista Time lo denominó “A Game of Greed”, un juego de codicia. El fin de esa época, y el colapso del sistema, que provocó con una caída del 6% en un solo día del Dow Jones, fue producido por las operaciones fallidas de United Airlines, en Octubre de 1989, y el colapso de Campeau Corporation unos meses después. Un excéntrico inmobiliario canadiense, Robert Campeau, había conseguido tomar el control de los almacenes Bloomingdale´s por 11.000 millones de dólares, con un capital propio de únicamente 200. Sólo las comisiones que pagó a los bancos fueron superiores a un año entero de los beneficios de los grandes almacenes. Como suele ser en estos casos, junto con las quiebras se detectaron operaciones fraudulentas. El 21 de Noviembre de 1991 el Sr. Milken fue condenado a 10 años de cárcel y a pagar 600 millones de dólares en indemnizaciones.

José María de la Viña Molleda es Ingeniero Naval y M.B.A. por el I.E., además de profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ordalías medievales en la Audiencia Nacional, de Fermin Gongeta en Gara

Posted in Derechos, Política by reggio on 4 agosto, 2008

La ordalía, también conocida como Juicio de Dios, fue una práctica de rango jurídico utilizada en la Edad Media en Europa. Para determinar su culpabilidad o inocencia, se sometía al acusado a pruebas como sujetar hierros candentes o permanecer largo tiempo bajo el agua. Sólo si sobrevivía se entendía que Dios lo consideraba inocente y no debía recibir castigo alguno. La mayoría morían. El autor asegura que «las pruebas que se utilizan en la Audiencia Nacional contra los ciudadanos vascos, acusados de pretendidos delitos políticos, transformados y convertidos en crímenes terroristas, son ordalías».

El treinta de septiembre del año 1.938, tercero de la sublevación militar, Dolores Ibarruri, nacida en las minas de Gallarta, era nombrada vicepresidenta de las Cortes republicanas españolas, en la sesión celebrada en Sant Cugat del Vallés, en Barcelona. En su discurso señaló: «Debemos decir, para vergüenza de las democracias, que no es tanto como consecuencia de la fortaleza del fascismo por lo que hoy se ven los pueblos de Europa desamparados, sino a causa de la cobardía de las democracias, y sentimos el rubor de que los pueblos más llamados a defender los principios democráticos, sean los que claudican ante la audacia del fascismo».

Han transcurrido casi setenta años, y sus palabras pueden reproducirse sin perder un ápice de autenticidad y vigencia.

Hace unos meses, un amigo me indicaba que la expresión «fascismo» era ya un anacronismo, una expresión completamente desfasada. Estando por mi parte en total desacuerdo, recordé la expresión de Françoise Giroud: «Así comienza el fascismo. Jamás nos dice su verdadero nombre, mientras asciende y escala; y cuando aparece en la superficie y nos enseña la punta de la nariz, se dice, ¿es él? ¿Tú crees? ¡No hay que exagerar! Pero un día se recibe su golpe en pleno rostro, y es demasiado tarde para expulsarlo».

Sí. Los pueblos más llamados a defender los principios democráticos, la vieja Europa, son quienes están claudicando ante la audacia y atrevimiento de los más poderosos, de quienes en la indefensión y sufrimiento de los hombres encuentran el pedestal de su macabra gloria.

Fueron emperadores. Hoy son los papas, los reyes, sus jueces y lacayos. El liberal-fascismo concede impunidad a las élites dirigentes y a los grandes propietarios, y simultáneamente incrementa el control y represión, aplicándonos el principio de «tolerancia cero» a los ciudadanos ordinarios, a quienes se nos concede la sola dignidad del voto.

«Estamos acostumbrados -escribe Serge Halimi («Le Monde diplomatique», julio de 2008)- a que las élites de la Unión Europea atenten a la soberanía popular. El atentado a la democracia se ha convertido en la marca de fábrica de `Europa’ incluso cuando se presenta como el reino de la democracia en la Tierra».

Hoy, los responsables políticos del Estado español -escoltados por los responsables autonómicos- no se han desprendido, sino que se mantienen impregnados de la ideología dominante y fascista del dictador Franco y sus antecesores. Con su actitud beligerante a todo cambio democrático están incluso sirviendo de ejemplo tétrico y siniestro a los países que un día fueron pioneros en leyes y comportamientos humanos y democráticos.

Lo decía Iñaki Goioaga, abogado de los procesados en el sumario 33/01: «Tras treinta años, seguimos en un estado policial con déficit democrático» [GARA, 2008-07-07]

El déficit democrático ha alcanzado tan alto nivel de desarrollo que se ha convertido en absoluta quiebra democrática. Gilles Deleuze señala que «sería mucho más sencillo recordar que la cuestión de la violencia, incluso del terrorismo, no ha cesado de agitar el movimiento revolucionario y obrero desde el último siglo -XIX- bajo las formas más diversas, como respuesta a la violencia imperialista». Pero al Gobierno no le interesa la verdad, y mucho menos perder escaños en el Congreso por intentar descubrirla.

La prueba más evidente de la quiebra democrática del Estado español y de su camino hacia el liberal-fascismo, es que sus juicios políticos se han convertido en «Juicios de Dios», en ordalías medievales. Dios y el reino unidos en la opresión y en el silenciamiento del pueblo. Cualquier tipo de oposición al sistema se convierte en herejía, en terrorismo, en colaboración con banda armada, en detención y castigo.

Sí. Son ordalías. Las pruebas que se utilizan en la Audiencia Nacional contra los ciudadanos vascos, acusados de pretendidos delitos políticos, transformados y convertidos en crímenes terroristas, son ordalías. La Facultad de Derecho de la Universidad de Rennes -Bretaña- define las ordalías como la técnica jurídica que consiste en fundamentar las denuncias de la acusación con pruebas no racionales, ni lógicas, ni existentes.

Esta técnica jurídica se utilizó en la antigüedad y a lo largo de la Edad media. Se sometía al acusado a pruebas físicas extremas, y únicamente si salía ileso de ellas quedaba probada su inocencia. La muerte en la prueba era clara señal de culpabilidad. Tomar un hierro candente en las manos y no quemarse, meterlas en agua hirviendo o recibir plomo fundido. Si el acusado se quemaba era considerado culpable.

«Se trataba simplemente -como señala Michel Foucault en «La verdad y las formas jurídicas»- de manifestar públicamente quién era el más fuerte. Como en el viejo derecho germánico, donde el proceso no era sino la continuación, reglamentada y ritualizada, de la guerra… Nos encontramos en una frontera difusa entre el derecho y la guerra, en la medida en que el derecho es una manera de continuación de la guerra».

En pleno siglo XXI, los «juicios de Dios», las torturas para obtener confesiones e inculpaciones de los acusados, continúan siendo moneda corriente en las autoproclamadas democracias. Iniciada la andadura de la represión contra la disidencia política, la misma inercia coercitiva lleva a gobernantes, magistrados y policías a perpetuar el castigo hasta la anulación del individuo.

«La prueba como verdad deja de existir. Las declaraciones policiales sirven únicamente para determinar, no quién dice la verdad, sino para establecer, una vez más, quién es el más fuerte, quién tiene la razón. Traduce así la fuerza -policía, jueces, carceleros- en derecho de la monarquía. La prueba no es esclarecedora ni generadora de verdad sino de derecho y de dominio. Por eso mismo no se apela a testigos de verdad, sino a testigos de fuerza» («La verdad y las formas jurídicas»).

Siglo XXI, cambalache de la persecución sistemática y brutal contra los opositores de Euskal Herria, a cambio de los aplausos de una España tan dominada como totalitaria, que garantice a los gobernantes su perpetuidad en el mando y dirección del reino. Siendo precisamente esa unidad del reino la evidencia que faculta y justifica todo tipo de desmanes del poder, sus brutalidades aplaudidas por el pueblo y silenciadas por élites intelectuales inexistentes. El precio de la unidad de su España, la imperial, es la opresión de quienes decimos no pertenecer a ella.

Fermin Gongeta. Sociólogo.

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Déjate de físicos, de Javier Ortiz en Público

Posted in General by reggio on 4 agosto, 2008

Cuentan que una señora muy peripuesta y pizpireta se acercó un mal día a Winston Churchill y le espetó, sin mucho miramiento: “Ay, sir Winston, ¡qué gordo se ha puesto usted!”, A lo que el premier británico respondió, con idéntica falta de tacto: “Es verdad, señora. Pero lo mío tiene remedio. Me temo que no pueda decirse lo mismo de su cara”.

La pata de banco me hizo gracia, y admito que la utilicé, aunque dulcificada, en cierta ocasión en la que una señora de ésas que creen que es gracioso ser sincera hasta lo desagradable aludió a los kilos de más que adornan mi cintura. Le dije: “Querida amiga: sé de sobra que he engordado. En mi casa hay varios espejos, y veo en ellos cada día mi triste figura. ¿No tiene usted ninguno que le ayude a hacerse cargo de la suya?”.

Debería haberme abstenido. Lo cierto es que odio que se hagan referencias insultantes al físico (la altura, el peso, la visión, el andar, la abundancia o carencia de pelo, etc.) de las personas a las que se critica por razones político-ideológicas. Franco y Hitler fueron bajitos, como lo son Jiménez Losantos y Aznar, pero a ninguno de ellos cabe achacarle culpa alguna por esa circunstancia: es algo que les vino dado. Además, ¿qué tiene de malo ser bajito? En el ranking de la maldad humana hay tantos bajos como altos. De la misma manera que ha habido gordos de armas tomar, como Nerón, pero también gordos divertidos y encantadores, como Charles Laughton. Y peludos y calvos. Y cegatos y ojos de halcón. Y corredores y cojitrancos.

Leo una columna en la que se señala que a algunos de los miembros de ETA detenidos últimamente se les ve metidos en carnes. Imagino que su autor no recuerda a Mario Onaindia, que ocupó un puesto en la cúpula de la organización terrorista, entre los sesenta y los setenta, con una buena ristra de kilos en su abundante seno. Es más: luego se pasó al PSOE, y cambió de ideología, pero no de peso.

Mi propuesta es sencilla: critiquemos a quien creamos criticable, pero prescindamos de su físico más o menos afortunado, más o menos a nuestro gusto, ciñéndonos a lo que dice o hace por su propia voluntad.

Con eso suele bastar y sobrar.

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La gran rectificación de Pedro Solbes, de José Oneto en Estrella Digital

Posted in Economía, Política by reggio on 4 agosto, 2008

El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, que la semana pasada volvió a rectificar sus previsiones económicas para los próximos meses y anunció que su Ministerio estaba trabajando con la previsión de un crecimiento cero para los dos trimestres que quedan del año, ha realizado, sin embargo, lo que es la “gran rectificación” en unas declaraciones al diario El País, el periódico que, últimamente, ha acentuado sus críticas al presidente por la ausencia de un discurso coherente ante la crisis y, sobre todo, por su política económica.

Solbes, en una amplia entrevista en el periódico El País, reconoce que la situación económica es peor de lo que el Gobierno había previsto debido a la subida del precio del petróleo y de los tipos de interés, que no se ha querido hablar de crisis para que no se confunda con la percepción que la opinión pública tiene de recesión económica (la gran amenaza) y que el pleno empleo prometido por el Partido Socialista en su campaña electoral era más una ambición que un análisis técnico. “Hay programas electorales, pero luego la realidad es lo que es”

En un tono autocrítico, que tiene poco que ver con el tono empleado en el debate televisivo con el dirigente del Partido Popular Manuel Pizarro durante el cual anunció que la inflación acabaría este año en una tasa por debajo del tres por ciento (en estos momentos, a mes de julio, hemos superado el cinco por ciento y nos hemos colocado en el país de la eurozona con el índice de inflación más elevado), el vicepresidente reconoce que la actual crisis económica es más complicada que la del año 1993 porque el Gobierno tiene menos instrumentos para poder actuar. Y es verdad, la dependencia de Bruselas es total y la unión monetaria, sobre todo, impide la posibilidad de sucesivas devaluaciones como se hizo en etapas anteriores.

La gran rectificación de Solbes sobre las previsiones económicas, sobre la creación de empleo en esta legislatura (cuando el diputado del Partido Popular, en contestación a sus declaraciones, ha afirmado que es posible que este año terminemos con tres millones de parados), sobre el propio programa electoral socialista que prometía la construcción de 600.000 viviendas y que tampoco se van a poder llevar a cabo, ya que según Solbes “los programas electorales parten de las situaciones económicas de cada momento y de unas ambiciones que pretenden ir más lejos”, colocan al Gobierno en una difícil situación, especialmente después de la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) según la cual el Partido Socialista vuelve a colocarse en situación de empate técnico con el Partido Popular sólo cuatro meses después de las elecciones generales del pasado mes de marzo.

En esa encuesta los que más bajan en popularidad en relación con otras encuestas anteriores son precisamente el presidente del Gobierno, que ha asumido personalmente el papel de protagonista en la crisis económica, y el vicepresidente Pedro Solbes, que siempre se había colocado como uno de los miembros más valorados y respetados del Gabinete.

A partir de ahora, el Partido Popular, que ha centrado toda su estrategia de oposición en el tema económico, tomará la rectificación de Solbes como prueba evidente que el Gobierno mintió durante la campaña electoral, que ocultó datos e hizo promesas que sabía que no podía cumplir y que estamos ante un Gobierno que no tiene credibilidad para hacer frente a la grave situación actual. El siguiente paso será la petición de dimisión de Solbes, aunque el vicepresidente no parece muy feliz en su actual puesto y lo refleja en una de sus respuestas a El País. “Si me planteo la decisión de seguir, igual me arrepiento”.

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El Gobierno, en un cuello de botella, de Germán Yanke en Estrella Digital

Posted in General by reggio on 4 agosto, 2008

El Gobierno, al parecer, debate sobre las grandes líneas de la política económica. Al menos hasta el comienzo de este mes de agosto, en el que las vacaciones suponen un alto en las discusiones y la continuación de la política económica que se ha venido desarrollando. Al fin y al cabo —no hay más que escuchar al presidente—, confía más en lo que pueda llegar de fuera (el fin de la crisis financiera internacional, el milagroso descenso del precio del petróleo, etc.) que en lo que su Gobierno pueda hacer, sobre todo con urgencia. Mientras, el vicepresidente Solbes se siente a gusto en el debate, como si el Ejecutivo, ineficiente con las soluciones y pasmosamente equivocado en las previsiones, pudiera mutar en un animoso grupo de análisis, en un discutidor grupo de estudios.

No quiere el Gobierno “devolver” dinero a las empresas y particulares, lo que, en todo caso, debería hacerse mediante una adecuada bajada de impuestos y no por el habitual sistema de subvenciones arbitrarias. Y no quiere hacerlo porque no sabe qué partidas recortar si los ingresos del Estado disminuyen y no se quiere aumentar el déficit. Está en un cuello de botella y no encuentra la salida. Para empezar, las rebajas fiscales no suponen automáticamente menos ingresos como la propia economía española ha demostrado en los últimos decenios. Si se plantea como una medida de cara a la evolución de los mercados y no como un favor a determinados sectores, puede dar lugar a un incremento de la actividad, ahora paralizada, que lleve consigo mayores ingresos. Y, para terminar, la parálisis gubernamental termina significando que la solicitud de rigor y de “apretarse el cinturón” es algo para los ciudadanos y las empresas y no para las cuentas públicas. Curiosa paradoja, ya que el déficit —que ya tenemos— y el aumento del gasto público —que ya se ha aprobado— son, en definitiva, impuestos que pagan todos los ciudadanos y especialmente los más desfavorecidos.

Si la necesidad de actuar con urgencia, y de otro modo, no surge del peculiar debate gubernamental, debería surgir de la desafección de los ciudadanos, como revelan las últimas encuestas. Para gabinete de análisis se basta el PP con su comisión de seguimiento de la crisis, una idea interesante que debería haber servido para incorporar especialistas ajenos al núcleo duro de la dirección del partido, como una suerte de gabinete en la sombra, aunque sólo fuese en materias relacionadas con la economía. El PP se ve ahora beneficiado en los sondeos por la parálisis gubernamental, pero la ventaja recortada no es un seguro, sino una posibilidad que se aprovechará en la medida en que la derecha despliegue la pedagogía política para explicar sus propuestas y soluciones.

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