Los salarios con inflación cero, de Primo González en Estrella Digital

Hoy viernes se conocerá el IPC adelantado que cada mes, en la última jornada laborable, facilita el Instituto Nacional de Estadística, como anticipo que el próximo 12 de marzo se convertirá en definitivo. El INE suele afinar bastante y lo que es provisional suele acabar siendo casi siempre definitivo. El mes de enero sorprendió con un descenso de la tasa anual de inflación hasta el 0,8%, la más baja desde el mes de junio del año 1969, es decir, 40 años atrás. En febrero pueden haberse producido algunos cambios sustanciales, pero es casi seguro que la tasa de inflación, es decir, la variación interanual, se mantendrá moderada.

Resulta sorprendente que la economía española haya encadenado tres meses consecutivos de caída de los precios, es decir, tres meses en los que la variación mensual respecto al mes anterior ha sido negativa. Empezó en noviembre, con descenso del 0,4%, siguió en diciembre, con un retroceso del 0,5% y ha culminado en enero, con un descenso mensual del 1,2%, lo que ha situado la variación interanual en el 0,8%.

La caída de los precios tiene buena parte de su explicación en el descenso abrupto y rápido de los precios del petróleo, que ha permitido reconducir la tasa de inflación desde el 5,3% del pasado mes de julio, cuando teníamos el precio del petróleo por encima de los 145 dólares por barril, hasta el 0,8% de enero, con un petróleo en torno a los 50 dólares por barril. Pero, con ser importante este impacto, la moderación de la inflación obedece sobre todo al freno de la demanda interna. El espectáculo de las rebajas en el mes de enero ha sido todo un indicativo de las dificultades de venta por las que atraviesan prácticamente todos los sectores de la economía española. No hay producto e incluso servicio que se salve de las rebajas, con mayor o menor intensidad.

En el mundo inmobiliario, el impacto de los precios posiblemente esté aún muy lejos de dejarse sentir, aunque al menos han dejado de aumentar de forma casi siempre acelerada. Se empiezan a ver recortes de cierta consideración pero el mercado español está siendo, de momento, el más reacciona de toda Europa a las bajadas de tipos, según encuestas supranacionales. Es muy probable que la demanda de vivienda se reanime cuando los precios adquieran unos niveles más acordes con la realidad, que implica posiblemente dar marcha atrás y volver a precios de dos o incluso cuatro años atrás.

Hay, en suma, un ambiente de rebajas que previsiblemente se va a prolongar algo más que de costumbre y que en el mes de febrero ha estado más vigente y con mayor intensidad que nunca en años atrás, lo que invita a esperar un nivel de inflación bastante aceptable en estos meses iniciales del año. Es, en todo caso, una experiencia a la que no estamos acostumbrados los españoles y mucho menos los que negocian los convenios y las alzas salariales cada año.

¿Tiene sentido que, en este entorno, las remuneraciones de los funcionarios, que no tienen riesgo de perder el empleo como sucede en el sector privado, hayan aumentado en los Presupuestos de 2009 en torno al 3,85%, aumento integrado por un 2% de la masa salarial y el resto por complementos? ¿Cuántos trabajadores en el sector privado van a poder decir este año -si logran mantener el empleo- que verán sus salarios incrementados en casi un 4%? Los altos cargos de la Administración no se beneficiarán de aumentos salariales este año, según decisión adoptada en el momento de elaboración de los Presupuestos. Ha sido una decisión sensata y ejemplarizante. En el sector privado, desde principios de mes estamos viendo anuncios incluso más drásticos, de rebajas de los salarios en los ámbitos directivos, en algunos casos del 10% y en otros incluso más. No es lo mismo una congelación o un recorte salarial en un alto directivo empresarial o bancario que en un trabajador de base, pero está bien que las actitudes testimoniales vayan en la dirección correcta. Los salarios de los trabajadores de base o medios tienen, no obstante, un importante efecto global, ya que la masa salarial es la que contribuye a formar los costes de producción de las empresas y del conjunto de la economía.

Este año, el tira y afloja será complejo y la negociación salarial está inevitablemente orientada a la baja. Las referencias con las que pueden orientarse de los trabajadores del sector privado invitan claramente a la moderación, ya que con una economía en baja, los recortes de costes acaban inevitablemente en recortes de empleo, en especial si no existe un compromiso claro de contención salarial o de corresponsabilidad ante la crisis. Hay empresas en las que estos compromisos se están alcanzando de forma bastante aceptable y son posiblemente el único camino para tratar de minimizar el coste social de la crisis.

Estatalización bancaria, de Primo González en Estrella Digital

Las intervenciones directas de los gobiernos en los bancos empiezan a ser moneda común en los grandes países desarrollados, empezando por aquellos que hasta la fecha habían hecho del liberalismo y de la defensa de la propiedad privada una auténtica bandera. Cada día que pasa se multiplican las intervenciones, requeridas incluso por las propias entidades. Estados Unidos -lo que resulta bastante sintomático- encabeza este movimiento insólito del sector financiero mundial. Alemania ha aprobado un mecanismo legal de expropiación forzosa para los bancos en dificultades. Gran Bretaña empieza a contar con los dedos de dos manos el número de bancos que han sido objeto de intervención pública directa y que se encuentran con políticos sentados a la mesa del Consejo de Administración o en la antesala de la toma de decisiones importantes, que hoy ya no dejan que las tomen los banqueros sino los representantes del Estado. Italia acaba de pronunciarse a favor de la intervención en los casos en que sea necesario.

En España se está hablando cada vez con menos tapujos de la posible intervención del Banco de España en alguna entidad, cuyas ventanillas y cajeros dispensadores de efectivo se han quedado estos días casi secos porque empieza a cundir el temor entre algunos segmentos de la clientela. Las miradas están ya puestas en algunas cajas de ahorros y en especial en una de ellas, que en condiciones normales quizás no llegaría a fin de mes. La crisis financiera se está prolongando más de la cuenta y ello, uno a los excesos de algunos gestores, ha puesto en precario a entidades financieras de varios países. Sólo el Estado parece en condiciones de aportar la garantía necesaria para que la gente no tema por su dinero.

Se puede decir que los principios de la economía de mercado, específicamente en el sector financiero, no atraviesan un momento de buena reputación y que han sido ya una de las principales víctimas de la crisis financiera y económica desatada en la primavera del año 2007. No la víctima principal porque podría resultar insultante para los millones de ciudadanos que están pasando al paro en todo el orbe industrializado. Las verdaderas y más importantes víctimas de esta crisis son los sectores sociales más castigados por el desempleo.

Dejados al libre juego de las fuerza del mercado, se puede decir que la totalidad del sistema bancario de Estados Unidos habría naufragado, bien por los problemas directos que tienen algunos de sus bancos, bien por el efecto dominó que la crisis de unos podría ocasionar con seguridad en el conjunto del sistema. Este mismo jueves, la Reserva Federal ha tomado medidas para intervenir de forma directa en tres entidades de ámbito regional para evitar su quiebra, intervención que se traduce en una auténtica toma del poder consistente en bloquear la toma de decisiones a los gestores, quienes deberán contar con el visto bueno de las autoridades para realizar una serie de operaciones. En la práctica, una nacionalización en toda regla y sin coste de capital, ya que la Reserva Federal no desembolsa un dólar para la compra de acciones o para recapitalizar las entidades. Eso sí, extiende su manto protector para asegurar los depósitos de los clientes.

La intervención de las autoridades supervisoras estadounidenses sigue, por lo tanto, incrementando su peso en el sistema, tras haber garantizado el día anterior la estabilidad de las dos grandes compañías de crédito hipotecario público, para las que el nuevo presidente ha diseñado un plan de salvación con objeto de que puedan ser más flexibles con las hipotecas de más de nueve millones de estadounidenses con dificultades de devolución de sus créditos. Esas dificultades implican aplazamiento de pagos y, por lo tanto, un coste que las autoridades federales están asumiendo en cuantía creciente con objeto de mantener un cierto clima de estabilidad social y una razonable seguridad y confianza en el sistema financiero.

Con matices diferentes, y con intensidad también variable aunque en cualquier caso elevada, el papel de los Estados en los sistemas bancarios ha registrado en pocos meses un avance espectacular, en forma de creciente compromiso con la estabilidad del sistema económico. ¿Qué quedará de todo ello cuando se supere la crisis económica? Resulta difícil suponer que los bancos vuelven a ser lo mismo que en el pasado, sobre todo en algunos países en los que su mala gestión has resultado especialmente dañina.

Ahora, la crisis de Europa del Este, de Primo González en Estrella Digital

Las luces rojas de alerta se han encendido esta semana en las economías de Europa del Este, un prometedor mosaico de países enrolados en la antigua órbita de influencia soviética pero que han entrado en los últimos meses en una situación de deterioro alarmante, que en las últimas semanas ha adquirido carta de naturaleza en la Eurozona porque este grupo de países es altamente dependiente, tanto a nivel institucional como empresarial, de los países europeos occidentales. La visualización del problema no ha tardado en manifestarse en las divisas de los países de la zona, la mayoría de los cuales no forma parte del euro, con depreciaciones en las divisas que llegan en algunos casos al 40% en los últimos meses. La crisis asiática del año 1998 ha reaparecido en la mente de muchos analistas como un episodio de paralelismo sorprendente.

La agencia Moodys ha dado esta semana un toque de atención, anunciando rebajas en las calificaciones de algunos países de la zona y de algunos bancos. Buena parte de los sistemas bancarios de los países del Este europeo está en manos de bancos europeos occidentales, destacando Italia, Austria, Alemania y algunos de los grandes bancos franceses como los más comprometidos en la zona.

Los bancos españoles no tienen apenas exposición y Criteria, el holding inversor de La Caixa, ha estado en los últimos meses buscando una oportunidad en alguno de los países de la zona, pero sin llegar a rematar. A estas alturas debe estar alegrándose en secreto porque el momento no era precisamente el más oportuno y menos que lo va a ser a corto plazo. Las inversiones financieras de Criteria ya acumulan bastante quebrantos como para añadirle uno más al bloque.

La crisis en las filiales de los bancos europeos más comprometidos en la zona podría afectar de lleno a sus bancos matrices, lo que ha causado bastante inquietud estos días en las Bolsas europeas. Cuando no hemos salido aún del susto de las hipotecas basura de Estados Unidos y de las inversiones en destinos dudosos, ahora llegan los problemas de la otra parte de Europa, la zona pobre, que a duras penas ha podido seguir el tren de la Europa desarrollada a lo largo de los años de expansión. Ahora, estas economías, consideradas como emergentes, se presentan como el segmento más vulnerable de la economía global. España es uno de los países menos expuestos de forma directa a los problemas que puedan generarse en los países del Este europeo, pero una crisis de cierta envergadura, que arrastraría posiblemente a Austria como primer damnificado, nos afectaría a todos de lleno, como se está viendo estos días. La debilidad del euro frente al dólar es una de las ramificaciones del problema.

El problema de Europa del Este, agravado por la debilidad de las finanzas rusas a causa de la caída en picado de sus rentas petrolíferas (los bancos de Rusia han pedido al Gobierno un plan de rescate de 400.000 millones de euros, sin contestación por el momento, aunque el Kremlin no tiene ni de lejos ese dinero) trasciende del ámbito empresarial para convertirse en un auténtico problemas de Estados. La perspectiva de suspensiones de pagos de varios Estados europeos no parece en estos momentos tan lejana y en Bruselas parece que se está trabajando ya con esta hipótesis, que empezaría por un masivo plan de ayuda para que las economías del Este puedan hacer frente a sus principales y más inmediatos compromisos de pago. Sin un plan de apoyo por parte de la Unión Europea, es probable que el hundimiento de las divisas de la zona del Este europeo alcance cotas insospechadas.

Bruselas ya tiene sobre la mesa otro problema de ámbito nacional bastante serio, el de Irlanda, uno de los más brillantes ejemplos de crecimiento en la última década pero que ha entrado en crisis galopante por algunos abusos bastante similares a los españoles con el sector inmobiliario. La lista de Estados con problemas nos está resultando, como se ve, cada vez más cercana y familiar.

Ordóñez contra todos, de Primo González en Estrella Digital

La flor y nada del oficialismo se ha esmerado en las últimas horas en desdecir a ese «verso suelto» en el que se ha convertido el pobre gobernador del Banco de España, socialista sin tacha pero víctima por unos momentos de alucinaciones peligrosas. Fernández Ordóñez ha protagonizado, quizás sin quererlo, la polémica de la semana al proponer una rebaja de los costes del despido, propuesta que lógicamente no forma parte del cuerpo de doctrina del pensamiento económico dominante en las esferas del partido gobernante ni siquiera del Gobierno en ejercicio.

Era previsible la respuesta del titular de Trabajo e Inmigración, Corbacho, que le ha salido al encuentro a primeras horas del día con argumentos un poco pintorescos, como el de que aquí quien no ha hecho bien los deberes son los bancos, que se dedicaron a financiar los despropósitos del modelo de crecimiento equivocado por el que ha deambulado el país en la deriva inmobiliaria de estos últimos años. El reproche tiene de pintoresco la contradicción en la que se mueven quienes echan ahora la culpa a los bancos de no dar créditos al tiempo que les achacan haber financiado en demasía al sector de la construcción en los años del boom. ¿En qué quedamos?

Menos previsible era la intervención del mismísimo presidente del Gobierno, quien en un nuevo alarde de confusionismo terminológico (la economía sigue siendo su asignatura pendiente) ha acusado a Ordóñez nada menos que de socavar las bases del Estado de Bienestar, como si los costes del despido fueran parte integrante y sustancial del Estado de Bienestar. Por esa vía extensiva, el Estado de Bienestar acabará integrando bajo su manto protector hasta las entradas para el teatro. El Estado de Bienestar tiene normalmente tres papeles esenciales, el de las pensiones, el de la sanidad y el de la educación, tres cometidos que los Estados modernos se afanan en cubrir en el mejor grado posible sin dejar todo el terreno en manos del sector público y dejando un amplio margen de maniobra para que la iniciativa privada contribuya también a darle más eficiencia a estas tres obligaciones ineludibles. Lo demás debe considerarse parte de la economía competitiva, incluyendo desde luego los niveles salariales y la libertad de empresas y trabajadores para pactar de común acuerdo lo que mejor convenga a sus intereses. Difícilmente se puede admitir que la regulación actual de la indemnización por despido forme parte esencial del bienestar de los trabajadores por la sencilla razón de que los grados de protección que existen en España son muy superiores a los que están vigentes en otros países vecinos, de economía liberal y capitalista, países que tienen empresas con las que tienen que competir las nuestras, las domiciliadas en España.

Más sensato, el comisario europeo de Economía, el socialista español Joaquín Almunia, ha salido también al paso para recordar dos cuestiones relevantes. La primera, que el mercado laboral español es manifiestamente mejorable en su regulación, lo que dicho desde una instancia comunitaria, que evoca mayores conocimientos de ámbito supranacional, debe ser un diagnóstico bastante certero. Almunia ha dicho también, como buen experto en política y en economía, que cualquier mejora o cambio del marco actual debe ser objeto de reflexión, debate y consenso.

El debate activado por Ordóñez se produce coincidiendo con la publicación de las cifras que dan estado oficial a la recesión de la economía española, la primera en 15 años. Ya estamos en el túnel y es momento de preguntarse, en consecuencia, por la salida. Hay quienes vaticinan que la crisis económica española será profunda y sobre todo más larga que la de nuestros vecinos, precisamente por la sospecha que tenemos casi todos de que España es el país con menor grado de flexibilidad (incluida la laboral, aunque desde luego no es la única) para luchar contra la crisis económica. En España las etapas de salida de las crisis económicas han sido habitualmente largas y demasiado prolongadas. Los problemas tienen una gran tendencia a pudrirse por esa obsesión de amarrar derechos y privilegios, que luego acaban siendo auténticos obstáculos insalvables.

Pero en las épocas pasadas habíamos contado con la gran ventaja de poder aplicar soluciones por libre, básicamente políticas monetarias expansivas y devaluaciones de la divisa, fórmulas con las que restaurábamos en periodos cortos de tiempo los desastres de nuestro inmovilismo. Se comprende ahora el nerviosismo del Gobernador del Banco de España, sin capacidad para fijar los tipos de interés y, sobre todo, sin que el Gobierno puede devaluar la divisa en un 20% que es posiblemente lo que necesita la economía española, entre otras cosas. Hay otra solución a la tremenda: salir del euro, pero no parece ni recomendable ni posible. ¿Alguien tiene alguna idea mejor para salir de este embrollo?

¿Será por financiación?, de Primo González en Estrella Digital

Estamos enfrascados desde hace ya demasiados días en una polémica tan estéril como pintoresca y, en cualquier caso, muy alejada de lo que debería ser el epicentro de las preocupaciones de quienes deberían buscar medidas eficaces para conjurar la crisis. Lo de si la culpa de la crisis la tienen los bancos o los americanos, lo de si las empresas se van al garete porque no tienen financiación, lo de si la paciencia de algunos ministros es más corta que su previsible vida política, lo de si la banca tendría que ser intervenida o al menos debería abrirse, como antaño, un subsector financiero de titularidad pública (gran oportunidad, por cierto, para los nacionalismos periféricos, que increíblemente están dejando pasar esta oportunidad) desde el que hacer feliz a todo el mundo dando créditos a diestro y siniestro, para todo el que lo pida… Un debate, con efectos colaterales varios, que dice muy poco de la altura de ideas de los protagonistas de la vida económica, política y empresarial del país, que están teniendo con ello una oportunidad para olvidar debates más serios como el del empleo. Mejor dicho, la falta de empleo.

¿Por qué no se ha convertido en tema de debate, apasionado incluso, el hecho de que España haya destruido en enero tanto empleo como Francia en un año completo? Francia, ese país vecino al que Zapatero pretendía alcanzar en renta per capital en cuestión de dos o tres años, registró durante todo el año 2008 un aumento del número de parados de 217.000 personas y el asunto ha hecho saltar las alarmas. En España llevamos cuatro meses con aumentos mensuales del paro de cuantía más o menos similar a las de un año completo en el vecino país. Ello, teniendo en cuenta que el nuestro es un país que tiene unas dimensiones bastante más reducidas en casi todo, debería ser motivo serio de reflexión. Y entre otras cosas debería suscitar alguna reflexión. Si es verdad que esta crisis que padecemos es de ámbito internacional, como se afanan en decir los portavoces oficiales, ¿cómo es que genera mucho tres o cuatro veces más parados en España que en Francia?

Francia tiene 72 millones de habitantes por 46 millones España. El PIB de Francia es casi el doble que el español. El PIB por habitante es sustancialmente superior, 26.000 euros en Francia, unos 22.000 euros por persona en España. Francia considera un escándalo que en un año su fuerza laboral se haya visto mermada en 217.000 personas. En España este parece ser un asunto menor, aunque nos esté sucediendo, desde el verano pasado, casi cada mes. Es decir, desde el verano, la economía española ha arrojado al paro tres veces más gente de lo que ha hecho la economía francesa en los doce últimos meses. ¿No es para preocuparse? Y la ausencia de medidas económicas que traten de afrontar este grave problema en España, ¿no es para sonrojarse?

El debate sobre el empleo suele durar en España un día, a principios de cada mes, cuando salen las cifras del mes anterior y todo el mundo muestra grandes dosis de preocupación pero poco espíritu de enmienda y desde luego ninguna fórmula para tratar de evitar que se repita. Hay un diálogo de sordos que suele durar uno o dos días y luego todo vuelve a la normalidad mientras la economía corre cuesta abajo y la sociedad vive un estado de creciente improductividad que pone en serio peligro esas profecías de Zapatero de alcanzar incluso a Alemania en renta por habitante, sin hablar de lo de la «legislatura del pleno empleo».

Pero como el asunto de la falta de financiación se ha convertido en la coartada del momento, tendremos desviada la atención hacia lo que hagan los bancos en los próximos meses a la hora de hacer llegar a familias y empresas la financiación necesaria en función de lo que demanden. Pero ¿demandan realmente algo, está consumiendo la gente sin miedo y como si estuviéramos en el momento cumbre del ciclo económico, están invirtiendo los empresarios cargados de ilusión y expectativas de futuro? Cuesta creerlo. Pero de momento, para que no decaiga el debate, los bancos se han lanzado estos días, tras la reunión con Zapatero, a una subasta de ofertas de nuevas líneas de crédito. Santander salió con 4.000 millones, luego BBVA con 5.500 mientras La Caixa ponía sobre el tapete 6.000 más y Caja Madrid no se ha quedado atrás y acaba de pujar con sus 6.000 millones de rigor. Habrá que darles a los bancos algunas semanas para ver cómo cumplen sus objetivos. De momento, que por falta de financiación que no quede.

A los españoles se nos está acabando la paciencia, de Primo González en Estrella Digital

Como a Miguel Sebastián, a quien se le está acabando la paciencia con los bancos porque no aumentan los créditos (si aumentasen entraríamos en el Guinness, porque no debe haber muchos casos de países en recesión en donde los créditos de los bancos aumenten), hay algunos otros sectores de la economía y la sociedad española a los que también se le está acabando la paciencia, pero posiblemente por razones más justificadas y más con el Gobierno que con los bancos porque al fin y a la postre los gobernantes son los que tienen que dar la cara y resolver los problemas de los ciudadanos.

La lista de motivos para este estado de ánimo que trata de inculcarnos Sebastián podría ser enorme porque al fin y al cabo los españoles aún no hemos recibido una explicación plausible de cuáles son los motivos de la crisis económica y de por qué el Gobierno ha estado negándola durante tantos meses para, al fin, asegurar que todo es culpa de los bancos.

Por ejemplo, uno de los motivos de impaciencia es la imprevisión del Gobierno a la hora de gestionar el cambio del modelo económico de los últimos años. Sebastián fue el primero en anunciarlo desde la propia Presidencia del Gobierno, cuando era moneda corriente decir que el modelo económico español del ladrillo estaba finiquitado y que debía ser cambiado por otro en el que la innovación y la tecnología tomaran el relevo. Corría el año 2004 y desde entonces nunca más se supo.

El nuevo modelo económico que anunciaba Sebastián desde Moncloa, luego desde Industria, se ha quedado en los papeles, las inversiones (las públicas se entiende, que son las que maneja el Gobierno) han brillado por su ausencia y por ninguna parte parece atisbarse algún procedimiento que ponga en marcha ese nuevo cambio medio cultural, medio económico, que nos debería dar margen suficiente para que la economía encontrase nuevos motores de crecimiento en sustitución del ladrillo. Es más, los incentivos -sobre todo de naturaleza fiscal- de que disponía el sector privado para invertir en innovación han sido parcialmente suprimidos, error manifiesto en un país como el nuestro que vivía una dorada etapa de superávit fiscal que podría haber sido utilizado de forma masiva a favor de este honorable objetivo. Ahora, con un déficit pavoroso que tardaremos en pagar más de una generación, dedicar recursos a este cambio de modelo se antoja bastante más difícil. No ya porque el dinero escasee, sino porque el Gobierno está claramente tocado, desconcertado, sin ideas sobre lo que tiene que hacer, desgastado por tantas cosas como se le han venido encima y alas que no ha encontrado respuesta más que instrumentando medidas de escaso fuste y desde luego de corto recorrido.

A los españoles se nos está acabando también la paciencia al observar cómo está aumentando el paro en España cada mes al ritmo con que lo hace en Francia o en Inglaterra o en Alemania casi cada año. Y la impaciencia de los españoles tiene directa relación con la escasa capacidad de los gobernantes para instrumentar medidas económicas creíbles y de largo plazo que sean capaces de frenar esta hemorragia que ya no forma parte del derrumbamiento del sector de la construcción y el inmobiliario sino que está corroyendo a amplios sectores de la actividad terciaria y también ya a una importante parcela de la industria, terreno este último en el que se juega verdaderamente la competitividad exterior del país.

A muchos empresarios españoles, a los que el Gobierno dice defender, se les está acabando también la paciencia -en algunos casos, con la desagradable consecuencia de ir a la suspensión de pagos- porque las Administraciones Públicas (el Estado y sobre todo las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos) porque pasan los meses y siguen sin cobrar lo que les deben por las obras públicas realizadas. ¿No sería mejor utilizar al menos una parte de esos 8.000 millones que se van a dilapidar en los próximos meses en llenar España de polideportivos y espacios de ocio en pagar las deudas de los agobiados contratistas? Se evitaría sigue alimentando la máquina infernal del paro, aunque quizás sean remedios menos lucidos ya que no acarrean inauguraciones y ceremoniales que sirven a algunos políticos para satisfacer su ego.

La pelea del crédito, de Primo González en Estrella Digital

¿Qué hacen los bancos con el dinero? Una pregunta tan aparentemente sencilla e inocente, que tradicionalmente tenía una fácil contestación, es estos días el núcleo de un embrollo político-financiero-mediático. Sea leen y escuchan a diario afirmaciones como que «Zapatero va a tirar de las orejas a los banqueros» porque no dan créditos a empresas y familias, o «los banqueros no arriman el hombro para salir de la crisis? (increíble, pero cierto, la frase, más o menos literal, se le atribuye a Pedro Solbes, responsable máximo de la economía) o esa otra que afirma que «los bancos frenan en seco» la concesión de créditos. Otros llegan más lejos y dicen que el Gobierno ha dado dinero a los bancos, pero estos se lo guardan y no lo hacen llegar a sus verdaderos y genuinos destinatarios, las empresas y las familias.

En fin, la banca está en un delicado escenario en el que le exigen que no ofrezca su flanco más débil para no asustar al personal porque por algo tenemos el sector bancario más saneado del mundo y, por el otro lado, que no presuma de beneficios, porque se les echará encima la gente, más aún si están recibiendo dinero del Gobierno. La gente no suele distinguir mucho entre el dinero que presta el Tesoro para que la liquidez se mantenga y la subvención pura y dura, que es la que están recibiendo un elevado número de bancos de primera fila en los principales países desarrollados. Por no hablar de Estados Unidos y de Gran Bretaña, países desarrollados donde los haya y por supuesto liberales sin tacha (ello inventaron el sistema capitalista), que lisa y llanamente han tenido que nacionalizar los bancos más singulares para que el sistema no se viniera abajo. A eso no hemos llegado aún en España y, por el aspecto que tienen las cosas, no parece que lleguemos, salvo posiblemente alguna excepción de relieve medio o pequeño, que en su debido momento se solventará mediante una fusión apañada.

Las evidencias estadísticas más recientes dicen que la actividad crediticia del país está creciendo, pero a ritmos cada vez más modestos, lo que significa que en breve tiempo, quizás en alguno de estos primeros meses del año 2009, empecemos a ver números negativos en la evolución relativa de la concesión de créditos, es decir, tasas de crecimiento negativas. O sea, concesiones de crédito inferiores a las del año anterior por las mismas fechas. Crédito se sigue dando, pero posiblemente este año el crédito nuevo sea inferior al del año pasado. Para un banquero no hay mayor desgracia que no dar crédito: es el fin de su negocio, ya que los que tienen crédito son los únicos que generan ingresos a los bancos. Los otros clientes de los bancos, los de pasivo, los que depositan su dinero y su ahorro, lo único que quieren es cobrar intereses, es decir, son una fuente de gastos, no de ingresos.

Hay una lógica económica que tiene bastante parecido con la lógica del sentido común. Si las empresas no invierten, o invierten poco, está claro que no van a pedir créditos. Si las ventas de consumo final disminuyen, como estamos viendo en las diversas variantes de la vida comercial (coches, grandes almacenes, supermercados,…), está claro que las necesidades de circulante y por lo tanto la financiación de la actividad comercial requerirá menos flujos de dinero y, por lo tanto, menos crédito comercial o de corto plazo. Si las ventas de pisos no tienen la dinámica de hace unos meses, o de hace un año, es porque no hay presión de la demanda de créditos hipotecarios. Y si la gente tiene últimamente un cierto miedo a gastar con liberalidad su dinero y prefiere contenerse, quizás incluso ahorrar, está también claro que los créditos al consumo, que tanto se prodigaban hace un año cuando aflojó la demanda de créditos hipotecarios, ya no tendrán la demanda de hace unos meses y que son cada vez menos frecuentes.

Son todas ellas, por lo tanto, razones más que suficientes para que el crédito de las entidades financieras sea menor e incluso sensiblemente menor al de hace unos meses, cuando la economía crecía al 3% ó incluso al 4% anual. Una economía que este año posiblemente registre una caída del 1% o incluso algo más, no es una economía con muchas ganas de fiestas, es decir, con poco espíritu emprendedor y consumista. Es, por lo tanto, una economía con pulso crediticio débil. Pedirle a la economía española este año y posiblemente el próximo que aumente su actividad crediticia es como pedirle peras al olmo. Sería un milagro. Para salir de esta crisis posiblemente hacen falta muchas cosas, incluso algún milagro. Y este, el del aumento del crédito, cuando llegue, será el símbolo inequívoco de que las cosas empiezan de nuevo a rodar. Pero para eso hace falta que los empresarios inviertan, que los consumidores gasten, que las empresas crezcan y que la actividad económica general se acelere. Supuestos, todos ellos, que hoy por hoy parecen algo alejados, para nuestra desgracia, del horizonte inmediato.

Bancos en la picota, de Primo González en Estrella Digital

Una tormenta más, y ya son unas cuantas, se abatió este miércoles sobre los valores bancarios europeos y la Bolsa lo ha reflejado con estrépito, incluso la española, en donde los dos grandes han acusado de plano la fuerza del ciclón. La nueva oleada de desconfianza en los valores bancarios ha arrancado de dos hechos puntuales, los problemas en torno a Deutsche Bank e hipotéticamente en el sólido HSBC, pero también tienen su extensión al Citi estadounidense, del que se dice que está a punto de presentar importantes pérdidas.

Mientras, los bancos españoles recibían un envenenado veredicto por parte del banco que más dinero ha perdido en esta crisis, el UBS suizo: las acciones de los bancos españoles deben ponerse a la venta. Los mercados están atentos a todos los diagnósticos, incluso a aquellos que puedan emitir los portavoces menos solventes y más sospechosos, ya que a estas alturas de la crisis, UBS no parece el analista más indicado para emitir veredictos de calidad sobre sus colegas. Parece como si aquí se trata de perecer ahogados todos, arrastrando incluso a los pocos que aún se agarran con solvencia a la tabla de salvación.

Pero así son las cosas. De todos modos, este miércoles ha dejado dos huellas bien visibles en la imagen del sector bancario, ambas suficientes para movilizar la desconfianza y el temor de los inversores.

Por un lado, el Deutsche Bank ha presentado un avance de pérdidas de 3.900 millones de euros para su cuenta de resultados del año pasado, pérdidas que se contabilizaron exclusivamente en el cuarto trimestre del año, lo que sugiere que el banco ha demorado hasta el último momento la confesión de sus problemas y ofrece las pérdidas cuando ya no le quedaba más opción que poner sus cifras negro sobre blanco. Una actitud que ha contribuido a incrementar la desconfianza de los inversores en la entidad. Si ya de por sí perder dinero es mal asunto (el banco germano había presentado sucesivamente beneficios, aunque cada vez menores, a lo largo de los tres primeros trimestres), confesarlo de esta forma resulta malicioso y a los mercados no les gustan estas cosas.

Otro frente de zozobra ha sido el anuncio de que el mayor banco del mundo, el europeo HSBC, británico pero de origen asiático, necesitará inyecciones de capital de unos 30.000 millones de euros este año. La información la ha facilitado un equipo de analistas de un banco competidor, Morgan Stanley, a quienes se les supone ante todo solvencia profesional para hablar así de un banco que ha sido hasta la fecha indomable a la crisis financiera, ya que apenas ha presentado quebrantos significativos en donde los demás ofrecían pérdidas a miles. Los analistas de Morgan añaden que el banco debería posiblemente reducir a la mitad su dividendo.

La consecuencia de ambos comentarios ha sido demoledora, ya que una de las bases en las que se viene asentando últimamente la relativa estabilidad de las acciones bancarias es precisamente la rentabilidad por dividendo (entre el 7% y el 10% en la mayor parte de los grandes bancos europeos que aún reparten dividendo, incluidos los españoles). Quebrar la confianza en la capacidad real de pagar dividendos ha supuesto para HSBC un ataque a su línea de flotación. Además, ponerle literalmente en el mercado a pedir 30.000 millones de euros para fortalecer su capital es casi humillante.

A la postre, muchos se preguntan cómo estarán los bancos europeos cuando el mismísimo HSBC puede recortar a la mitad su dividendo y acudir en demanda de 30.000 millones de euros de capital para fortalecer su solvencia, que hasta ahora no había sido puesta en duda. Ahora sí, está siendo puesta en cuarentena porque los analistas han llegado a la conclusión de que la erosión del valor de los bienes inmobiliarios y las dificultades crecientes de las familias para hacer frente a sus hipotecas están creando una erosión grave en los balances de la banca europea. Y esta sospecha invita a pensar lo peor del futuro de los bancos. El argumento tiene cierta lógica pero así ha sucedido en otras crisis y la banca ha logrado, al igual que las economías, los Estados, las empresas y las familias, reponerse de sus problemas cíclicos. De lo sucedido este miércoles, el principal dato que queda es, en todo caso, el de un banco europeo importante, Deutsche Bank, en clara posición de debilidad. Lo demás entra en el campo de las especulaciones, que no siempre tienen por qué cumplirse, aunque la Bolsa lo cotice de forma tremendista.

Del paro a la pirámide de Madoff, de Primo González en Estrella Digital

Un millón de parados más en un año (999.400, con mayor precisión) no es una cifra fácil de digerir. La tasa de paro española ha consolidado en diciembre su triste liderazgo en la zona euro, con 3,129 millones de parados, un 47% más que un año antes. Un mes antes, en noviembre, último mes del que existen datos homogéneos y para todos los países de la zona, la tasa de paro española era del 13,4% de la población activa cuando un año antes era del 8,6%. En la zona euro aumentó hasta el 7,2%, apenas tres décimas más que un año antes. En suma, el paro no sólo es más alto proporcionalmente en España que en los países europeos de nuestro entorno sino que crece a una velocidad endiablada, que rompe todas las previsiones, incluidas las más pesimistas.

La pregunta sobre qué estamos haciendo o qué hemos hecho mal para llegar a una situación así está obteniendo respuestas por lo general simples y bastante unánimes: nuestro modelo de crecimiento económico, muy apoyado en la construcción y en la demanda interna, ha facilitado una situación de mayor vulnerabilidad a la crisis económica global. Quizás es una respuesta válida pero no aporta todos los elementos necesarios para que sea completa. Por ejemplo, entre los jóvenes menores de 25 años de edad, la tasa de paro en la zona euro es del 14,5% de ese segmento de la población mientras en España alcanza nada menos que al 29,4% de la población juvenil. ¿Explica el «modelo» económico español esta brutal diferencia? Está claro que no todos los jóvenes menores de 25 años son parados procedentes del sector de la construcción, en el que nunca han trabajado ni han tenido el menor propósito de hacerlo. Ni tampoco han recibido la formación adecuada para este desempeño.

El problema que revela esta brutal diferencia entre las tasas de paro en la población joven tiene otro diagnóstico, posiblemente la inadecuada formación que reciben (aunque las protestas contra Bolonia puedan hacer pensar en lo contrario) y la escasa capacidad de absorción de mano de obra por parte de los sectores económicos distintos a la construcción y a la industria, además de la agricultura, en la que nadie piensa seriamente como alternativa de empleo más que algunos (bastantes) inmigrantes. Hay posiblemente un problema tan grande en la incapacidad del sistema productivo español para crear empleo en nuevos sectores económicos más dinámicos (sobre todo en el sector servicios) como para hacerlo ahora mismo en el sector de la construcción, en el que todo induce a pensar que hace ya tiempo que ha alcanzado su máximo cíclico de ocupación, ya que no resulta pensable que España vuelva a construir 800.000 pisos anuales hasta pasado bastante tiempo.

La subida del paro no está siendo hoy por hoy objeto de una política definida por parte del Gobierno orientada a ofrecer algún tipo de solución que frene esta dramática sangría. Zapatero, en su visión posiblemente simplista de la economía, ha dicho que para esta próxima primavera empezará a aumentar el empleo gracias a las masivas inyecciones de dinero público que está realizando el Gobierno en el sector de las obras públicas. ¿De verdad cree alguien sensato que el paro en España se combate haciendo carreteras y puentes en proporciones masivas? ¿Qué hacer con los cientos de miles de estudiantes que cada año salen de las aulas?

Un segundo problema que avanza por momentos es el financiero, lógicamente. El coste del desempleo es ya un asunto serio, tanto como la caída de los ingresos de la Seguridad Social, en la que han causado baja 841.500 afiliados este año último. Son cifras escalofriantes porque estamos camino del déficit en el instrumento más lustroso de nuestras cuentas públicas, la Seguridad Social, la que financia el Estado del Bienestar, que no sólo cubría costes sino que acumulaba reservas para alimentar el Fondo de Reserva de las pensiones. El año 2009 va a poner seriamente a prueba el equilibrio financiero del sistema público. No se puede sobrevivir mucho tiempo viendo cómo caen los ingresos y se desmelenan los gastos sin que salten las alarmas. Por desgracia, ese momento puede estar llegando para mediados del año recién estrenado. Lo de Madoff, a su lado, podría ser una broma, aunque algunos ya le ven similitudes. Es lo que tienen los sistemas de reparto, que pagan a los veteranos con las aportaciones de los recién llegados y todo funciona hasta que los veteranos (es decir, los perceptores de la Seguridad Social) son muchos y los cotizantes son cada vez menos.

Paso atrás en la financiación autonómica, de Primo González en Estrella Digital

La voluntariosa reforma de la financiación autonómica vuelve a poner patas arriba todo el entramado económico del Estado de las Autonomías, pensado en el año 1978 para cumplir con dos tareas principales: descentralizar ingresos y gastos, por un lado, y consagrar la búsqueda de la igualdad de los españoles mediante mecanismos de solidaridad y redistribución de la riqueza y de la renta. No está claro que, después de tantos asaltos, aquellas pretensiones iniciales estén hoy en día tan vigentes como entonces, a pesar de que la Constitución española no ha sido modificada ni en una coma. La exigencia constitucional de caminar en la búsqueda de una cierta igualación entre las Autonomías, para hacer posible aquel objetivo de que todo español tiene derecho a los mismos servicios y a las mismas oportunidades independientemente de dónde resida, se ha convertido con el paso del tiempo en una cuestión que podría considerarse residual.

Parece indudable que los padres de la Constitución del 78 (30 años atrás) estaban dotados de cierto espíritu mesiánico, pero nadie ha discutido sus aspiraciones en los seis lustros transcurridos desde entonces. Nadie las ha discutido en la teoría. En la práctica, las desviaciones de aquellas doctrinas son manifiestas y, por lo que se está viendo, aumentan con el paso de los años. Si algún ejemplo puede servir de demostración, baste decir que el Fondo de Compensación Interterritorial previsto en nuestras leyes apenas representó en el año 2007 un 0,12% del PIB. Con tan escasa cuantía económica, poco se podrá hacer para dotar de cierta igualdad de oportunidades a los extremeños con los vascos, a los andaluces con los catalanes o a los canarios o asturianos con los madrileños, por citar sólo algunas zonas entre las cuales las distancias no sólo no se han amortiguado con el paso de los cumpleaños de la Constitución sino que se han agudizado. El esfuerzo financiero del Estado para corregir estas desigualdades crecientes ha sido, por llamarlo benévolamente, residual. Quizás más propio sería decir que ha sido un esfuerzo inexistente.

España se enfrenta ahora, con el nuevo esquema de financiación, a una situación completamente novedosa en la que el rumbo de las cosas puede ir a peor. Hay tres razones para sospecharlo. La primera, que la función redistribuidora del Estado saldrá seriamente mermada con las medidas que emanan de las nuevas fórmulas propuestas, en las que está triunfando claramente la posición de las Autonomías con mayores recursos y fuerza política. En la medida en que aumenta el grado de autosuficiencia fiscal de unas regiones, naturalmente a costa del Estado (es decir, a costa de las demás zonas del país), disminuye la capacidad benefactora del Estado.

Una segunda razón de inoportunidad que contribuye a empeorar el potencial redistributivo del Estado es la derivada de nuestro propio progreso económico, que ha conducido con los años a alcanzar unos niveles de renta bastante similares a los de la UE (en algunas regiones, más que en otras), lo que significa que España ha sido manifiestamente despojada de su condición de país pobre, es decir, receptor de ayudas de cohesión de la UE, naturalmente a favor de los países recién incorporados, los llegados de la antigua órbita comunista, cuyos niveles de desarrollo están muy por debajo de los españoles. Bruselas ha ejercicio en estos últimos años un indudable papel de apoyo a las zonas españolas deprimidas, papel que ha ejercicio en sustitución del que debería haber desempeñado el Estado. La prosperidad que se respira hoy en algunas zonas de nuestra geografía no sería entendible sin los fondos de cohesión comunitarios, que ahora estamos ya dejando de recibir, lo que significa que ni el estado español ni la Unión Europea van a jugar un papel relevante en la redistribución de las rentas regionales o territoriales en España.

Por si estas razones no fueran suficientes, hemos entrado en una revisión nada progresista de aquellos mandatos constitucionales justo cuando acabamos de entrar en la primera recesión económica seria de la España moderna, lo que atenaza seriamente el poder del Estado, no ya para redistribuir renta entre territorios, sino para otras muchas funciones esenciales, que de momento van a sufrir una postergación indefinida.

Juntos todos estos factores, más parece que nos encontramos en una situación propicia para el desinterés colectivo por lo que acontezca a nuestros vecinos (en algunos casos, nuestros antepasados, dada la enorme movilidad de la población española en el pasado) que en la consolidación de un proyecto colectivo. Al grito de sálvese quien puede, la Constitución puede perder en este embate, sin haber sido democráticamente modificada ni en una sola coma, uno de sus atributos esenciales.

Las previsiones de empleo de Zapatero, de Primo González en Estrella Digital

El presidente Zapatero ha tenido este jueves uno de esos arranques de profeta que con tanta frecuencia viene aplicando a la hora de hablar de lo que va a suceder en la economía del futuro. Parece que no escarmienta: en los últimos dos años, ninguna de sus previsiones ha tenido la más mínima puntería, errando en ocasiones tanto el tiro como en aquella célebre aseveración según la cual España sería el paraíso del pleno empleo en el año 2009. No le quitaremos de antemano el placer de equivocarse, pero el rumbo de las cosas no parece que se encamine precisamente hacia esos derroteros.

El presidente ha vuelto a lanzarse a la piscina de los pronósticos y ahora le pone, dentro del año 2009, incluso fechas, entre marzo y abril, al resurgimiento del empleo, incluso en niveles «muy estimables» de intensidad. No está muy seguro del acertijo como para diagnosticar con mayor precisión pero, a falta de fechas concretas y de cifras más precisas, el pronóstico se da de bruces con el que ha esgrimido en las últimas semanas el titular de Trabajo e Inmigración y con los presagios del decaído Solbes. Ambos han hablado de empeoramiento del mercado de trabajo durante todo el año 2009 e incluso han cuantificado el problema por encima de los tres millones. Se les suponía optimistas, porque hay expertos que consideran que vamos hacia los 4 millones. Todo esto es un juego de macabros acertijos, que bien estaría dejar de lado para no marear ni burlarse de la gente. Pero lo que menos se le podría pedir al Gobierno es que predique sus verdades con coherencia. No puede ser que los ministros de Economía y de Trabajo digan una cosa y, sobre la misma materia, el presidente se descuelgue con otra diametralmente diferente.

¿Hay base para creer a Zapatero y sus optimistas pronósticos en materia de empleo? Bien es verdad que predicar el pesimismo, como dice el propio Zapatero emulando a Clinton, no crea empleo. Pero entrar de lleno en el mundo del ilusionismo carece de utilidad. No digamos de realismo.

Un somero repaso a las expectativas de empleo del año próximo habría de partir de un hecho fácil de constatar: la mayor parte de los sectores industriales (construcción aparte) está trabajando al día de hoy a un ritmo entre un 25% y un 35% por debajo del de hace un año, problema que no sólo afecta al automóvil sino al conjunto del sector industrial, como bien atestiguan las estadísticas oficiales. Ese menor nivel de actividad ha hecho mella ya en el empleo, pero lo hará más durante el año 2009, cuando las empresas lleguen al final de su capacidad de aguante y las cuentas de resultados empiecen a resquebrajarse. En el caso particular de la construcción, el ritmo de obras está decayendo todavía y así seguirá algunos meses más ya que hay que finalizar (cuando se puede) las obras en marcha. Pero en una hipótesis no muy descabellada es posible estimar que en el año 2009 la construcción residencial esté levantando la mitad de los edificios que en el año 2008. No resulta muy difícil estimar el impacto que ello tiene en el empleo y el que irá teniendo a medida que avancen los meses.

Hablando de otros sectores, el de servicios se nutre básicamente de la capacidad de consumo de los españoles que tienen empleo y todo parece indicar que a partir de enero el sector comercial va a arrojar al paro a un buen porcentaje de su población ocupada, no menos del 10%. Queda el turismo, sobre el que se manejan hipótesis menos pesimistas pero se trata de un sector para el que ni los más optimistas creen que se podrán repetir las cifras de actividad de la anterior campaña. Es decir, se puede estimar en una hipótesis muy conservadora que el sector va a perder no más allá del 5% de su actividad y su nivel de empleo, lo cual sería ciertamente un éxito rotundo.

Con esta panorama, ¿cree el señor Zapatero que con las obras públicas que va a intensificar con una buena riada de millones procedentes de las arcas del Estado se van a compensar los efectos negativos de los demás sectores? Más aún, ¿hay base real para estimar que el empleo va a aumentar de forma «muy estimable» sólo haciendo carreteras? Hay razones de peso para dudarlo. En abril lo veremos.

Las cuentas de la Seguridad Social, de Primo González en Estrella Digital

A punto de alcanzar el fin de año, la Seguridad Social empieza a echar cuentas del balance previsible para el año. No hay ninguna duda sobre el resultado positivo del presupuesto, que se saldará con un superávit del orden del 1% del PIB, es decir, algo más de 10.000 millones de euros. La cuantía del superávit es lógicamente más débil que en ejercicios anteriores ya que el empleo ha empezado a descender y por lo tanto la afiliación, que había alcanzado este año niveles históricos, se ha resentido. Aumentan los ingresos, pero menos que en años anteriores, y aumentan los gastos, pero mucho más que en ejercicios precedentes. La Seguridad Social entra a partir de 2008, por lo tanto, en una situación de cierta precariedad en el sentido de que evolucionará a peor, acostumbrada a generar cada año excedentes crecientes que mejoraban el patrimonio del Fondo de Reserva.

El resultado del impacto de la crisis económica es un superávit que empieza a verse erosionado y que previsiblemente tendrá un impacto negativo en la capacidad de ahorro del sistema, esa capacidad que se viene plasmando cada año en aportaciones considerables al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la caja de resistencia con la que se nutre el sistema de protección pública para hacer acopio de recursos de cara a una posible situación de déficit en el balance de ingresos y gastos.

Las mayores amenazas que tiene la Seguridad Social para su equilibrio financiero son, por un lado, la debilidad del crecimiento económico, como sucede desde hace unos meses, ya que frena los ingresos. Por el otro, el crecimiento muy rápido, en especial en épocas de crisis, de los gastos, variable en la que además influye otro factor de índole estructural como es la modificación de la pirámide de población, hacia un mayor envejecimiento, es decir, hacia una mayor proporción de beneficiarios que de contribuyentes al sistema público.

En la actualidad, la proporción de activos por pasivos en el sistema es de 2,65 veces, es decir, hay casi tres trabajadores activos cotizando por cada jubilado en situación de percepción de una pensión. Estamos en una de las proporciones más altas de los últimos años, fruto de una intensa etapa de creación de empleo y de aumento de la base de cotizantes, que ha superado de largo la capacidad de aumento de las clases pasivas. El deterioro de la proporción es lo que puede poner al sistema público en dificultades futuras, de ahí que se hayan estado buscando fórmulas para retrasar la jubilación y con ello aligerar un poco las cargas pasivas del sistema. De momento, los agentes sociales y los partidos políticos no se han puesto de acuerdo para realizar esta reforma que permita alargar en el tiempo el momento en el que se puede alcanzar ese equilibrio entre aportaciones y prestaciones al sistema, un equilibrio que sería la antesala del déficit y, por lo tanto, de la búsqueda de otras fuentes de ingresos, lo que llevaría inevitablemente a echar mano de los impuestos, con todo lo que ello implica para el resto de la economía.

De momento, para alargar el instante del equilibrio entre ingresos y gastos (que podría producirse en el año 2023), la Seguridad Social cuenta con el Fondo de Reserva, una caja de resistencia que tiene actualmente 56.000 millones de euros (el 5,32% del PIB) y que el año próximo debería incrementarse en otros 9.000 ó 10.000 millones de euros, además de los correspondientes rendimientos de los 56.000 millones ya existentes, que están colocados en activos financieros rentables, que cada año deben proporcionar una rentabilidad entre el 4% y el 5%, lo que es otra interesante fuente de ingresos adicionales para incrementar el patrimonio del Fondo. Gracias a este Fondo, el momento del desequilibrio financiero de la Seguridad Social podría alargarse hasta el año 2029, de forma que en los cinco o seis años anteriores el déficit corriente sería compensado por las aportaciones del Fondo.

Lo que no está del todo claro es que las previsiones tan aparentemente optimistas del año 2009, en el que la aportación del superávit de la Seguridad Social al Fondo de Reserva se estima en torno al 1% del PIB, lleguen a cumplirse. Los ingresos de la Seguridad Social se están erosionando con cierta fuerza. El organismo no ha anunciado ningún plan de ahorro de costes o de reforma de las condiciones de acceso a la jubilación, que serían muy deseables en estos momentos. Si la boyante situación económica de estos años últimos no lo requería, las condiciones nuevas en las que se mueve este año y al menos el próximo obligan a repensar la necesidad de algunos retoques que garanticen con mayor grado de probabilidad el equilibrio futuro del sistema.