El Estado no aguanta, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

El Gobierno está comprometiendo al Estado en un esfuerzo financiero extraordinario y sumamente arriesgado. El años 2009 que acaba de comenzar con los habituales incrementos de precios de servicios y suministros, será el ejercicio con más déficit de la reciente historia luego del esfuerzo hercúleo por reducirlo para acomodarnos a los criterios del euro en la UE. Ahora, y por si fuera poco, el llamado ¿modelo? de financiación autonómica, cuyas cifras se reserva Solbes hasta ¿el último momento?, implica una cesión de mayores tramos de impuestos a las comunidades autónomas (IRPF, IVA, impuestos especiales) y la constitución de fondos de convergencia para compensar a las comunidades menos dinámicas dotadas con fondos igualmente estatales.

Así, el Estado tendrá una capacidad de gasto directo menor que antes (acaso no llegue ya al 50%) y una presencia menor como gestor en todas las autonomías. Si, además, tenemos en cuenta que el Ejecutivo ha asumido graves y grandes obligaciones con el sistema financiero para que se recupere el crédito y la liquidez, es posible que, caso de que las peores perspectivas económicas se cumplan, el Estado entre en una suerte de colapso.

El discurso político gubernamental está siendo irresponsable porque se basa en satisfacer las exigencias de todos los sectores ¿sindicatos, bancos, autonomías? jugando con una variable cada vez más improbable: una posible recuperación en el segundo semestre del año. Esta táctica se corresponde con el estilo de Rodríguez Zapatero que suele jugar más de lo conveniente con un aventurado cálculo de probabilidades. Le ocurrió con el ¿proceso de paz? con la banda terrorista ETA, le sucedió con elusión de la crisis económica y puede acontecerle también ahora. Y si así ocurre y el Estado queda estrangulado en sus finanzas, sin margen de maniobra, con la gestión arrebatada por las autonomías, habrá conseguido mutar la naturaleza constitucional de nuestro sistema ¿Estado unitario y autonómico? para convertirlo en la práctica en confederal y, en consecuencia, con competencias cada vez más residuales y menor eficacia de intervención.

La crisis no se soluciona con un reparto pródigo de recursos, sino con políticas solidas de reformas, austeridad, inversión, todo ello, bien contralado y con transparencia. El Ejecutivo estaba antes de fin de año dando muestras de falta de ideas claras al respecto. Pero el modelo de financiación autonómica conocido antes de las doce campanadas en la Puerta del Sol y que sustituirá al vigente de 2008 puede hacer saltar las finanzas de la Administración Central y propiciar que el Estado no aguante el esfuerzo. Si así sucede, y puede suceder, con la izquierda de IU y CC OO al acecho, la legislatura quedará ahogada y habrá que acudir a las urnas en condiciones dramáticas. Veremos.

¿Quién habla, el Rey o el Gobierno?, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

Como relató Doña Sofía a la inefable Pilar Urbano, los Reyes no tienen la misma libertad de expresión que el común de los mortales. Es natural -y constitucional- que así sea porque la Jefatura del Estado, en una monarquía parlamentaria, está por encima del debate ideológico. De ahí, sin embargo, a que el Rey no pueda profundizar más de lo que habitualmente hace en su mensaje navideño, va un trecho. Don Juan Carlos sólo se dirige a la Nación el 24 de diciembre. Se trata de su intervención más singular, más diferenciada y más personal. Se supone que ese parlamento debe ser sustantivo y ofrecer, con sutileza pero no de manera críptica, determinadas claves de la observación de los acontecimientos desde la perspectiva de la Corona.

Este año, Don Juan Carlos se ha referido a temas de actualidad, pero lo ha hecho con un vuelo excesivo y contenido. Demasiado constreñido por las autolimitaciones que la Corona se impone para no importunar a nadie. La referencias del Jefe del Estado -a la Constitución, al terrorismo, a las relaciones exteriores y a la crisis económica-, siendo oportunas, han resultado muy obvias y tópicas, sin intención suficiente para conocer cuál es su auténtica percepción de la realidad nacional.

Ha llegado el momento, quizás, de que nuestra monarquía constitucional y el Gobierno, con el consenso de las principales fuerzas políticas, clarifiquen un asunto esencial: cuando habla el Rey ¿quién habla?, ¿lo hace el titular de la Corona de manera autónoma y libérrima o es la voz del Gobierno?, ¿se somete el discurso del monarca a la aprobación del Ejecutivo? En otros países -el más emblemático, Gran Bretaña- el soberano o la soberana son la voz gubernamental con un sesgo más institucional, pero no cabe especulación alguna sobre la autoría del texto de su intervención. En España, esta cuestión no está nada clara, de tal modo que cuando el Rey se dirige a la Nación no se sabe qué grado de autonomía dispone para decir lo que crea conveniente, desde su posición suprapartidista. Si, como este año, el monarca incurre en lugares comunes, en llamamientos bien intencionados a la unidad, en apelaciones a la generosidad y al esfuerzo, sin incisiones en la piel socio-política de España, ¿qué instancia debe asumir la responsabilidad de un discurso manifiestamente mejorable?

Monárquico convencido como soy -por raciocinio más que por visceralidad-, desearía que la Corona dispusiese de una normativa de referencia que regulase aspectos de la proyección pública de la Corona que ahora deambulan entre el uso y la improvisación. Entre otras razones porque hay aspectos de nuestro sistema constitucional que deben estar claras y nítidas. Y entre ellas la determinación de que el Rey es él cuando habla y no una voz institucional del Gobierno de turno. Así sabríamos a quién endosar la responsabilidad por piezas oratorias que, como la del miércoles pasado, debían disponer de más recorrido.

Todo a peor, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

La escalofriante entrevista que ayer se publicó en El País con el gobernador del Banco de España, la primera en profundidad que concede, remite a un escenario socio-económico verdaderamente dramático. «Nadie se escapa de la parálisis», afirma Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que subraya que «los consumidores no consumen, los empresarios no contratan, los inversores no invierten y los bancos no prestan», y remata: «La desconfianza es total». La verdad es que la descripción de la situación no por pesimista deja de ser cierta. Hora era de que se dijesen las cosas como son, más allá de apelaciones a un «optimismo patriótico», que es el que acostumbra a manejar con donaire el presidente del Gobierno.

Sobre el diagnóstico del gobernador del Banco de España puede sustentarse la afirmación de que la situación tiende a empeorar en todos los aspectos. También en el político. La izquierda más dura -Izquierda Unida- ha optado por el discurso contundente del comunista Cayo Lara, y el sindicato más importante, Comisiones Obreras, ha sustituido a un pragmático y burócrata José María Fidalgo por un secretario general -Ignacio Fernández Toxo- que augura un discurso más radicalizado. La crisis, el desempleo, el fracaso de la regulación del libre mercado y las excrecencias morales que está mostrando la recesión son circunstancias que favorecen la emergencia de dinámicas antes preteridas y que se pensaban periclitadas. Vuelve, que nadie se engañe, una oleada ideológica que reivindica un remozado marxismo social.

El Gobierno y la oposición, sin embargo, no parecen salir de su tono mediocre y rutinario pese a los avisos de todo orden que reciben de la sociedad y de las instancias institucionales independientes. Mientras el PP persiste sumido en una confusión desconsoladora, el Gobierno, además de sacar adelante unos Presupuestos fallidos, se ha sumergido en una negociación bilateral con la Generalidad de Cataluña para acordar la financiación de esa comunidad autónoma que está encendiendo a las demás y quebrando el modelo estatal unitario y autonómico yendo, de hecho, hacia prácticas federales e, incluso, confederales. El conflicto se avizora en el reparto de fondos a las Autonomías y es una realidad cuajada y preocupante en la Universidad y en la Justicia. Los universitarios insisten en sus movilizaciones contra el Plan Bolonia como pretexto para mostrar su desazón y malestar, y los jueces y magistrados se plantean, retadoramente, una serie de huelgas y protestas activadas, desde luego, por sus deficientes condiciones retributivas y laborales, pero también por el cambalache en la designación de su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial.

Todo, en consecuencia, a peor en una coyuntura en la que desconfianza social se ha enseñoreado de una España que, después del sorteo de lotería de Navidad, se dispone a despedir el año 2008 en medio de las más graves incertidumbres de las últimas décadas. Nadie duda ya de que la actual es la segunda Gran Depresión.

Mañana en Washington, responsabilidades, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

No es por ánimo vengativo, ni es rencor, tampoco resentimiento. En esta crisis económica hay graves y grandes responsabilidades por temeridad, codicia y frivolidad. Entidades quebradas; no pocas en situación crítica; muchas absorbidas por otras; millones de desempleados… toda una gran depresión causada por la llamada economía financiera construida con la ingeniería de un ramillete de gestores la mayoría de los cuales se han retirado a sus cuarteles de invierto con «paracaídas de oro» -el bolsillo lleno- y sin dación alguna de cuentas.

Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, escribía el pasado miércoles en El País un lúcido artículo («El reino de la impunidad») que concluía así: «Muchos, en efecto, se preguntan atónitos si eso -la crisis- ha sido la resultante fría de un mecanismo anónimo o irresponsable, o si, por el contrario, ha sido la consecuencia de actos de ambición, negligencia e irresponsabilidad en cadena, de personas de carne y hueso a las que debe buscarse pacientemente y pedirles cuentas civiles y penales».

Efectivamente: muchos ciudadanos están atónitos contemplando cómo la amoralidad de financieros y gestores no recaba un reproche social que se traduzca en una sanción de carácter penal, al menos, por temeridad. Mañana, cuando se reúnan en Washington los líderes del G20, con los añadidos de España y Holanda, la opinión pública mundial deseará que se manifiesten en relación con los aspectos morales de unos personajes que han llevado al mercado financiero al colapso y han jugado con el porvenir mundial. Y no sólo desearán que se pronuncien, sino que, además, reclamarán que estos comportamientos sean contemplados por todos los países democráticos en su Códigos Penales respectivos mediante el establecimiento de tipos delictivos que disuadan a futuros desaprensivos en la reincidencia de prácticas por completo reprobables.

Ya se sabe que las normas -penales, civiles y de cualquier otra naturaleza- suelen ir por detrás de la realidad social. El derecho penal difícilmente subsumiría ahora en tipos delictivos algunas conductas gestoras de «ilustres» financieros porque el reproche social máximo -el penal- se reservaba hasta el momento para otro tipo de conductas. Se ha comprobado, sin embargo, que causa más daño social -sea por imprudencia, sea por dolo eventual, cuando no por dolo directo- decisiones financieras especulativas que otro tipo de comportamientos reprobables. El egoísmo y la codicia, cuando se proyectan sobre el sistema financiero, constituyen acciones asociales que deben ser reprendidas no sólo desde un reproche ético, sino mediante la represión sancionadora.

El sistema de libre mercado es bueno en tanto en cuanto se someta a una determinada regulación y sus agentes se atengan a un código deontológico estricto. Ha faltado regulación, pero se ha carecido en muchos casos de una moralidad civil que debiera ser innata en los gestores de grandes entidades que contraen graves responsabilidades sociales. Es hora de que a la voluntariedad deontológica -que no ha funcionado- le siga el imperio de la ley.

De Washington habrán de salir principios y criterios para la refundación del capitalismo. Pero entre ellos no pueden faltar los de carácter ético. Porque esta crisis tan profunda, tan pronunciada, tan devastadora, es consecuencia de una desertificación moral en algunas de las cúpulas dirigentes del sistema financiero mundial.

La catástrofe que vivimos no debería ser, en consecuencia, anónima.

Noviembre histórico, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

Comienza mañana un mes de noviembre que se presenta cargado de hitos llamados a constar en la historia. Un capítulo entero merecerá la elección presidencial en Estados Unidos si, como parece, Obama se instala a partir de enero del 2009 en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Con él, un hombre de raza negra -un afroamericano, es decir, miembro de una minoría étnica y otrora de un colectivo de esclavos- llegaría por vez primera en más de doscientos años a la más alta magistratura del país más potente del planeta.

Y como los astros se alinean en la historia sólo muy de vez en cuando, será inmediatamente después de esas elecciones americanas del día 4 cuando se reúnan en Washington los Estados del G20 para «refundar el capitalismo» en el ojo del huracán de la crisis financiera y económica más profunda y fulminante que pueda recordarse.

No será irrelevante quién haya salido elegido presidente de Estados Unidos cuando el día 15 se encuentren los líderes del mundo para torcer el mal curso de los acontecimientos. Obama ha alcanzado una fuerza simbólica tal que su posible triunfo se vincula en el imaginario colectivo a valores positivos tales como renovación, regeneración, nuevo orden económico, renovado esfuerzo de equilibrio entre libertad y seguridad, una distinta política internacional para con Europa y Asia, una posibilidad de pacificación en determinadas regiones del mundo… todo un cúmulo de atributos y esperanzas que han hecho afirmar a la revista -tan de culto- The Economist que el demócrata es su candidato porque él encarna la esperanza de cambio.

El efecto sicológico de una eventual elección de Obama tendrá repercusión sobre el estado de ánimo mundial, pero afectará también a una vieja concepción política y económica en los países desarrollados. El candidato demócrata ha elaborado todo un nuevo lenguaje público, ha empleado masivamente los medios de comunicación con una habilidad extraordinaria, ha demostrado que internet es, no ya una opción, sino una obligación en la comunicación electoral y ha introducido un nuevo protocolo de relación entre los electores y los líderes políticos.

Este noviembre es histórico para todos. También para España, políticamente enmarasmada y económicamente perpleja. No sabemos aún si Rodríguez Zapatero estará o no en Washington el día 15 participando en la cumbre con el apoyo de muchos países latinoamericanos -véase los apoyos de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en El Salvador-. Pero de lo que ocurra en las urnas americanas el día 4 y, después, en esa «refundación» del capitalismo, el 15, depende la marcha de los acontecimientos en nuestro país por las repercusiones tangibles y meramente sicológicas de esos acontecimientos que serán convulsivos, casi revolucionarios y necesariamente quirúrgicos. Aprestémonos a vivir intensamente el mes de noviembre más intenso de hace décadas. Dejará huella en los libros de historia.

Crisis y revolución, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

La gran depresión del 2008 es fruto de los desaprensivos codiciosos (esos amorales gestores financieros norteamericanos y algunos europeos que han regresado a sus casas con el billetero lleno y su entidad arruinada), pero también de los políticos ineptos. Unos han sido frívolos y banales hasta la deslealtad en el cumplimiento de su trabajo profesional; los otros, los políticos, se han comportado según su habitual nivel de (in)competencia: tarde y mal. Veremos si las decisiones que han tomado en Washington y París este pasado fin de semana dan mejor resultado que las anteriores, pero lo hagan o no, la alternativa -tanto en lo financiero como en lo político- ha dejado de estar en las reformas y se sitúa en las rupturas.

La crisis es el resultado de un fallo multiorgánico de los sistemas político y financiero; la consecuencia de una ausencia de conexión entre ambos; el efecto más dramático de la abdicación de las facultades de control del poder político democrático sobre los instintos del libre mercado. La crisis es, en definitiva, la consecuencia de una grave petrificación ideológica -la liberal radical- que ha permitido que la clase dirigente financiera internacional haya campado por sus respetos perpetrando las peores fechorías económicas.

Lo que se avecina es una revolución financiera -los Estados entrarán de inmediato en el accionariado de los grandes bancos y, en muchos casos, los nacionalizará-, pero que conllevará otra de carácter político. Es inevitable que así suceda porque las medidas que se están adoptando son incoherentes con el criterio ideológico casi constante mantenido en los países occidentales desde el final de la II Guerra Mundial. La crisis obliga a los gobiernos a asumir un nuevo rol en el sistema financiero y, por tanto, le compele a adentrarse en un terreno acotado a la libre iniciativa de los ciudadanos. Los actuales sistemas políticos -menos el británico, que es el más flexible de Europa, más aún que el americano- no están preparados para esta nueva función. En los próximos años los regímenes democráticos habrán de recabar para la soberanía popular el control de su propia riqueza articulando coherentemente una nueva concepción del poder político y un diferente papel de las entidades financieras. Estamos, pues, en puertas de una revolución que habrá de tener algún hito fundacional -un nuevo Bretton Woods- que regenere la democracia.

Carlos Fuentes escribía ayer que después de la depresión de 1929 comenzaron a producirse hechos políticos en cadena que desembocaron en la confrontación más terrible de cuantas ha vivido la humanidad (1939-1945), mediando la aparición de nuevas ideologías -el nazismo y el fortalecimiento del comunismo, el militarismo japonés- que cambiaron el mundo. Para que esta crisis que ha demostrado la inmoralidad del sistema financiero no degenere en corrientes sociales totalitarias habrá que abrir casi de inmediato un gran debate ideológico y político que arrase con los fundamentalismos liberales y sus correlativos en la izquierda, para resituar el papel del Estado y reformular sus competencias, estableciendo nuevos equilibrios y ecuaciones entre lo público y lo privado, entre el mercado y la ciudadanía, entre la actividad empresarial justa y la especulación antisocial, entre el esfuerzo laboral de alta responsabilidad y las retribuciones acordes a aquélla.

El momento para que este proceso revolucionario eche a andar vendrá marcado por las inminentes elecciones presidenciales en Estados Unidos. A estos efectos, supongo que no será decisivo quién gane, porque lo haga el demócrata Obama o el republicano McCaine, el presidente estadounidense se verá obligado a liderar un new deal -así lo subraya también Carlos Fuentes- fundacional. Desde que comenzó este siglo con el 11-S todo ha fallado: la ONU, la OTAN, la UE, el control de los mercados? y la depresión del 2008 es la gota que colma el vaso y que nos obliga a una revolución. Ya se sabe que a cada siglo le corresponde vivir al menos una. Ha llegado la hora de la que concierne a este nuevo y viejo siglo XXI.

¿Motín del sistema financiero contra el político?, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

Las medidas gubernamentales y de los reguladores -desde los rescates hasta las inyecciones de liquidez, pasando por las garantías de los depósitos y las bajadas de los tipos de interés- no calan en el mercado, que sigue dando síntomas erráticos y desconcertados de una crisis que no encuentra su suelo. El colmo es que con la bajada de tipos concertada por el BCE, la Fed y el Banco de Inglaterra, el Euribor suba. Ocurre, pues, que las medidas anticrisis no están calando. ¿Por qué? Pues, sin duda, porque el sistema financiero está absorbiendo en su propia defensa y garantía estas decisiones sin trasladarlas al mercado. Es un hecho que los bancos no se prestan dinero por extrema desconfianza recíproca y lo es que las entidades financieras no conceden créditos ni a las empresas ni a los particulares. Todo el esfuerzo de los Estados se estrella en el muro infranqueable de un sistema bancario y financiero que busca antes su seguridad que la dinamización del mercado, petrificado por la ausencia de liquidez.

Es cierto, por tanto, que hay un problema de confianza. Pero también lo es que sigue la codicia del sistema financiero. Y en paralelo se observa que la autoridad política se muestra inerme ante esta muestra extrema de egoísmo en función del cual las entidades crediticias no repercuten las decisiones públicas sobre las compañías y los ciudadanos. Se está empezando a urdir una auténtica crisis de autoridad democrática, un amotinamiento implícito, porque el sistema financiero altera el sentido finalista de las decisiones públicas y las canibaliza, al tiempo que no da muestra de permeabilidad a los mensajes políticos (que son lanzados desde instancias democráticas, pequeño detalle que no debe olvidarse) que le están requiriendo una cierta flexibilidad.

Esta situación es muy grave porque añade a la crisis financiera otra crisis, la política, que consiste en que los Estados salvan a las entidades del sector pero éstas no se sienten concernidas por el esfuerzo colectivo. Naturalmente, hace falta tiempo para que el plan de rescate de Wall Street se implemente; hace falta tiempo para que se articulen y distribuyan las compras de activos; hace falta tiempo, en definitiva, para que se produzca una relajación. Pero advertida esta necesidad de timing, el sistema financiero debe dar muestras de proactividad, de compromiso y de esfuerzo.

Cada vez que las autoridades políticas, nacionales o continentales, toman una decisión de gran calado -y las están tomando- el eco o el retorno a ella es de desconfianza y hermetismo por parte de los destinatarios de la medida. Y así la crisis adquiere una nueva dimensión que es la política: la falta de confianza no es sólo en el sistema financiero y entre sus agentes, sino hacia el entero mecanismo político, que es el que rige y gobierna a las sociedades occidentales.

En estas condiciones, la propuesta de refundar el sistema financiero mediante una nueva reunión al estilo de la de Bretton Woods en 1944 (allí cuarenta y cinco Estados crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) sube enteros y puede llegar a hacerse estrictamente necesaria. Porque hemos visto que en la época de bonanza se ha producido despilfarro y frivolidad, y en la época de crisis, codicia y desconfianza. Es necesaria, pues, una refundación que sanee los circuitos financieros mundiales, restablezca la autoridad de los reguladores y gobiernos y nazcan nuevas pautas para que el capitalismo de mercado no se colapse.

Porque lo que ocurre empieza ser más grave de lo que parece: la declaración de autonomía (¿de rebelión?) del sistema financiero respecto del sistema político.

El 11-S financiero, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

Ayer tuvo que salir a la palestra el presidente Bush con el énfasis de las ocasiones históricas. La quiebra de Lehman Brothers y el rescate público, in extremis, de la aseguradora AIG, han conmovido los cimientos del sistema financiero occidental provocando un terremoto con sucesivas réplicas. No sólo la Reserva Federal ha debido inyectar recursos públicos para sostener a entidades carcomidas, sino que también han tenido que salir de sus covachuelas opacas los bancos centrales para suministrar miles de millones de dólares y euros e introducir en el circuito la liquidez necesaria para evitar, además de otras bancarrotas, el pánico inversor.

Mientras en Estados Unidos todavía pueden caer fichas del dominó -vamos a ver qué pasa con Morgan Stanley y Washington Mutual-, en Gran Bretaña la mayor entidad crediticia hipotecaria -HBOS- ha debido unirse a Lloyds TSB para evitar un auténtico derrumbe. En nuestro país, según el Banco de España -MAFO se ha conjurado para lograrlo-, «no va a quebrar nadie porque no lo vamos a permitir» (sic) . El regulador está dispuesto a impulsar fusiones y uniones de bancos y cajas de ahorro que están en situación inestable, con índices de morosidad que no cesan de incrementarse y con activos inmobiliarios de mala calidad.

Las bolsas, despavoridas, hacen minusvalías aterradas con la renta variable y se refugian en la fija y en activos especialmente seguros a costa, si fuera preciso, de una corta rentabilidad, y un repelús helado recorre la espina dorsal del sistema financiero, que ha entrado -como el mundo se introdujo en una nueva época después del 11-S- en una fase distinta, desde la que habrá que revisar por qué ha ocurrido este desastre económico. La respuesta está en la lenidad e incuria con la que los reguladores norteamericanos han vigilado su sistema financiero permitiendo riesgos temerarios y opacidades en productos reciclados. La avaricia -Almunia dixit- ha roto el saco, y los reguladores federales y estatales, sin pisparse de lo que se nos venía encima.

Y aunque el fenómeno ha sido general, ha resultado especialmente virulento en las compañía que han introducido en sus activos productos norteamericanos y en los sistemas que han permitido -como el español- burbujas inmobiliarias desmedidas. Los efectos del crash están siendo más moderados en economías más equilibradas como la alemana. Si a esta situación se une el sistema de precios energéticos -el crudo en particular, que ha hecho entrar en barrena a las compañía aéreas, Alitalia la última-, nos podremos hacer una pequeña composición de lugar. Que es desoladora: hay que rehacer toda la arquitectura reguladora y de inspección del sistema financiero; hay que moderar las ideologías ultraliberales que abominan de los controles públicos y luego subvienen las crisis con el dinero de los contribuyentes y hay que crear una nueva cultura de austeridad en la que el beneficio desorbitado -tan celebrado en la última década- esté mal visto, resulte sospechoso e insolidario.

Cuando EEUU se dio cuenta el 11 de septiembre del 2001 de que su sistema de seguridad había fallado hasta límites insospechados -incluso el Pentágono fue agredido-, todo el contenido del concepto de la seguridad se sometió a cuestión y se analizó críticamente. La ecuación seguridad-libertad también se alteró y se creó un nuevo modelo de convivencia en el que los hábitos de autoprotección, denuncia y colaboración con las autoridades se convirtieron en pautas normales.

Ahora hay que trasladar ese cambio formidable de entonces al sistema financiero y hacerlo rápido para rescatar de la zona cero las finanzas occidentales y someterlas a nuevos protocolos y controles. No hay que abrir ningún paréntesis en el funcionamiento de la libertad de mercado -se ha lucido Gerardo Díaz Ferrán con semejante aserto, él, presidente de la patronal española oficiando escandalosamente de socialista interventor-, sino regular el mercado para que la libertad auténtica sea posible con un nivel de seguridad y solvencia que ahora no tiene.

Este siglo, en su primera década, ha tenido dos convulsiones ya históricas: la trágica y sangrienta del 11-S del 2001 y la Gran Depresión del 2008. Si de aquella se extrajeron lecciones, de ésta también hay que aprenderlas y aplicarlas.

Gallardón, Aguirre y la “indigesta carne de cura”, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

El alcalde de Madrid estuvo bien en el programa Tengo una pregunta para usted de TVE porque sus enemigos no han podido sacar tajada de sus repuestas. Acudió al encuentro ortodoxo y disciplinado —nada de “verso suelto”—, contestó con corrección y largueza y no patinó en ningún momento. Es cierto que estuvo profesoral y un punto empalagoso, pero tocaba estarlo para esquivar la somanta de palos que un desliz de Ruiz-Gallardón hubiese provocado en los medios que vigilan su relación, de una parte, con Mariano Rajoy y, de otra, con Esperanza Aguirre. Y aunque la primera está agotada —tiene que contratar a Albert Boadella como director artístico del Teatro del Canal para alcanzar notoriedad en un espeso debate sobre el estado de la Comunidad—, el segundo —Rajoy— acrisola los consensos, de momento, de todas las corrientes del PP ganador en el XVI Congreso de Valencia. Así que el primer edil madrileño hizo exactamente lo que tenía que hacer, que era lo que sus adversarios deseaban no hiciera.

Hubo, sin embargo, una afirmación que resultaba obligada: la referida a la irresponsabilidad de la Iglesia en la cobertura a un injuriador y difamador como el radiofonista Federico Jiménez. Ahí el alcalde golpeó donde dolía, pese a que los más tácticos de la derecha española hayan interiorizado que “la carne de cura es indigesta”. Ruiz-Gallardón le pegó un buen mordisco a Rouco Varela ante una importante audiencia, ahondando así en la increencia que la sociedad española mantiene en la actual jerarquía, lo que, por cierto, es ya un secreto a voces.

No lo digo yo. Diarios tan opuestos en sus tesis como El Mundo y El País acaban de proporcionar datos que hablan de la recesión católica —y el decaimiento de la consideración de la jerarquía— en la actual sociedad española. El Mundo publicó el 21 de agosto una encuesta aleccionadora según la cual el 45,5% de los consultados consideraba que la Iglesia “dificultó el establecimiento de la democracia” en nuestro país. Para el 62%, la influencia social eclesiástica desde la Transición ha caído en picado; una mayoría cree que la Iglesia recibe excesiva ayuda del Estado y otra, aún mayor (del 48%), es partidaria de retirar los símbolos religiosos de la vida pública. Y fíjense —sigo con la encuesta de El Mundo— en los siguientes porcentajes: nada menos que el 63,6% está en desacuerdo con las movilizaciones de la Iglesia contra el Gobierno y el 53% cree que todas las confesiones deben recibir la misma ayuda del Estado.

En un amplio reportaje publicado esta vez por el diario El País (30 de agosto pasado) quedaba nítido que “los inmigrantes se traen a Lutero”, es decir, que los extranjeros, especialmente latinoamericanos, han introducido en España a las iglesias evangélicas de manera masiva —habría aquí hasta 2.500—, concluyendo que entre el 20 y el 30 por ciento de la población suramericana es ya protestante con enorme seducción sobre el catolicismo más elemental en España.

En este cuadro se inserta un medio de comunicación —la COPE de Jiménez— que es fuente inagotable de desprestigio para la Iglesia y su jerarquía, sin que a ésta parezca importarle e, incluso, hasta se jacte de que su emisora sea como es (pregúntenselo al cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, que, encima, dicta manuales sobre el buen periodismo y se declara “orgulloso” de la COPE). La soberbia —un pecado muy eclesiástico— vela la sabiduría de unos prelados que, abducidos por la persuasión o la imposición del cardenal de Madrid, permiten que su propio medio se convierta en el instrumento mediático más letal contra la derecha política que, como ayer dejó claro el alcalde de Madrid, se opone a Educación para la Ciudadanía, a la ampliación del aborto o la eutanasia activa. En su prepotencia, algunos obispos y arzobispos, observando la docilidad de los liberal-conservadores, piensan como los más clásicos de la derecha española que “comer carne de cura es indigesto” y que, por tanto, la mayoría ha decidido abstenerse de críticas al estado mayor eclesial. Esperanza Aguirre —catolicísima ultraliberal (?)— es vegetariana y prefiere conseguirle, ora a la COPE, ora al radiofonista de la mañana, esta o aquella licencia y opta por la alianza verbal mientras sigue nutriendo de ex izquierdistas las estructuras políticas, sociales y culturales de la Comunidad (es decir, de neocons) y propugnando el matrimonio homosexual, aplicando una política de privatizaciones desmedida —ahora también al Canal de Isabel II— y zahiriendo a compañeros (“pelotas” los ha denominado) que desempeñaron un papel decisivo en el último congreso del PP.

En ese punto —en no eludir la crítica a la Iglesia por su responsabilidad en lo que su medio radiofónico significa en España— estuvo el valor y la oportunidad de un Ruiz-Gallardón que dijo lo que debía y calló lo conveniente. Mariano le vigilaba y Aguirre le acechaba. Ni el uno ni la otra podrán negar que alcalde estuvo dulzonamente impecable. Salvo el radiofonista Jiménez y su mentor el arzobispo-cardenal de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, que salieron, ambos, malparados.

El peor regreso en una década, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

Ahora dicen que es una milonga, que no hay “síndrome postvacacional”. Yo creo que sí lo hay y que cursa con malestar general, cierta ansiedad, migrañas digestivas e insomnio. Y creo más: que este año este estrés subsiguiente a las vacaciones va a ser más agudo y desasosegante. Sencillamente porque hace más de una década que el regreso del descanso estival no coincidía con una situación socioeconómica y política tan deteriorada y a la que no se le observan síntomas de mejoría. Además, la gente vuelve con el regusto amargo de una tragedia —la de MD-82 de Spanair— que quizá pudo evitarse; con un repunte extraño y trágico de los asesinatos llamados machistas que han llevado a la tumba a más de media docena de mujeres y con una situación internacional —mal interiorizada en España— que nos retrotrae a la guerra fría (Rusia invade Georgia y regresa el fantasma de la URSS) en un momento en el que Estados Unidos se encuentra ensimismado en las proclamaciones de los candidatos a las presidenciales del inmediato mes de noviembre.

Ese conjunto de circunstancias no es sin embargo lo peor en la percepción general después de este largo y abrupto verano: lo peor es que muchos trabajadores se van a incorporar a su puesto de trabajo sin saber si un expediente de regulación de empleo (ERE), un plan de bajas incentivadas o, simplemente, un cierre patronal les van a llevar a las colas del Inem antes de las Navidades. Porque España lidera la pérdida de empleo. Para el año que viene se prevé que en nuestro país estén cobrando el paro nada menos que tres millones y medio de desempleados, lo que implicaría estar en el 14% de inactivos. De momento ya estamos tres puntos por encima de la media europea en desempleo (11% aquí frente al 7,5% de media en el espacio de la UE) y lideramos el paro en todos los segmentos: el general, el juvenil, el femenino y el masculino. Somos, con el Reino Unido, el “enfermo de Europa”. Los datos que adelantan el trastazo que se ha dado el comercio y el recorte de beneficio de los Bancos, componen una coyuntura recesiva que se ensañará en la pérdida de empleo dada la rigidez de nuestras estructuras socio-laborales para flexibilizar la situación. Británicos y norteamericanos improvisan medidas para que los empleos se mantengan: se congelan los salarios, se implementan planes de productividad, se revisan horarios y se moderan los beneficios. De ahí que, pese a que la crisis azota en todas las latitudes, en España la plaga del paro sea la peor lacra. Y ya no hay redes que amortigüen el golpe como antaño: la familia ha dejado de ser el “colchón” que fue en las crisis de los ochenta y noventa y ahora en España tenemos millón y medio de inmigrantes que, sin trabajo, representarán un problema añadido: inseguridad y presión sobre los servicios públicos —prestaciones de desempleo, sanidad, subsidios no contributivos—.

Mientras tanto, y como bien ha manifestado Mariano Rajoy (entrevista ayer domingo en El País), este Gobierno parece que está “agotado” después de sólo cuatro meses de trayectoria. El líder del PP ofrece algunas recetas interesantes de orden fiscal (bajar el tipo del impuesto de sociedades para la pequeña y mediana empresa), aumentar las deducciones en el IRPF a las familias hipotecadas y reducir drásticamente el gasto público. Mientras, Rodríguez Zapatero hace todo lo contrario y se ha pegado un tiro en el pie despilfarrando 6.000 millones de euros con la extravagante devolución de los 400 euros a cada contribuyente. Por si fuera poco, acomete septiembre sin acuerdo en torno a la financiación autonómica y sin la garantía de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El acuerdo sobre justicia, que aún no está cerrado con el PP, y otro, de mínimos sobre terrorismo, son ahora insuficientes cuando la brecha está en cómo se maneja la crisis económica.

O sea, que sí, que éste es el peor regreso vacacional de la última década, el más triste, el de expectativas más grises, el más deprimente y deprimido. Y con la cuesta por delante —larga y empinada— de un septiembre en el que habrá que abonar los gastos de la tarjeta de crédito, pagar las matrículas de los colegios, surtir a los niños de libros de textos, hacer arreglos en la casa, comprar en los grandes almacenes para reponer existencias… todo en tiempos de escasez y augurios negativos. ¿Quién dijo que no hay estrés postvacacional? Vaya lince.

Ya no es crisis, es recesión, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

El Gobierno puede cometer un nuevo error si, como hiciera cuando negó reiteradamente la crisis, insiste ahora en que España no está en recesión. La caída en picado de la inversión y de la producción industrial, en combinación con una deuda externa que es de las más abultadas del mundo, retraen el consumo, destruyen empleo y crean las condiciones recesivas en las que están inmersos ya otros países. El mínimo crecimiento del PIB en el segundo trimestre (sólo un 0,1%) y el respiro que el descenso del precio del crudo ha dado el mes de julio a la inflación (baja del 5,3% al 4,9%), no son datos suficientes para eludir el diagnóstico más duro y contundente sobre nuestra economía.

La opinión pública se ha sentido engañada cuando el Gobierno aventó cualquier atisbo de crisis, sustituyendo un concepto bien inteligible por expresiones eufemísticas y alternativas como las de “frenazo”, “desaceleración” y similares. Pugnar ahora por evitar el reconocimiento de que estamos al borde de crecimientos negativos y con una deuda exterior que no sabemos cómo ni cuándo vamos a poder pagar, sería reiterar el error anterior. Mucho más cuando el Ejecutivo debe resolver con estos deteriorados mimbres dos cuestiones fundamentales: la financiación autonómica cuya propuesta gubernamental Solbes acaba de explicar en el Congreso con más pitos que palmas, y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Si el gabinete de Zapatero no resuelve bien estos dos compromisos, su deterioro político podría avanzar en progresión geométrica.

En esa línea de malos augurios, pasando del campo de la previsión política a la económica, la Bolsa sigue dándole vueltas a los 11.400-11.500 puntos cuando llegó a estar en más de 14.000. Esto supone que el patrimonio del ahorrador nacional ha perdido este año del orden del 20-25% de su valor aunque la rentabilidad por dividendo se mantenga por el momento. Más aún: los indicadores del turismo en julio-agosto son malos, y si también la industria de sol y playa queda tocada, es que tenemos un panorama abrumador porque el conjunto del sistema está tocado: venta de pisos, venta de vehículos, consumo doméstico, servicios turísticos, producción industrial, deuda exterior…

Siendo cierto que el pesimismo no crea un puesto de trabajo, como dice Rodríguez Zapatero, también lo es que el optimismo tampoco lo hace. Así que lo mejor es el realismo del que debe partir el doble mensaje de a) reformas estructurales, fiscales y laborales de las que salga un nuevo modelo económico y b) llamamiento a la más estricta austeridad en las cuentas públicas y particulares.

Además, la economía hay que contextualizarla en el momento internacional. En este orden de cosas, la nueva “guerra fría”, primero en el Cáucaso y ahora también en el Báltico, en un enfrentamiento sordo pero durísimo entre EE. UU., la UE y algunos países de la antigua URSS y la Rusia sovietizada de Vladimir Putin, vuelca un factor de incertidumbre sobre el momento presente porque aquella zona del mundo es energéticamente estratégica. El aumento progresivo de la tensión, puede golpear sobre los precios del crudo y elevarlos abruptamente, abriendo un frente adicional a las economías occidentales.

Por fin, los Estados Unidos entra en un período de ensimismamiento con el proceso electoral de nuevo presidente que culminará el cuatro de Noviembre –tomará posesión en Enero de 2009—no siendo indiferente quién resulte ganador. Obama ilusiona pero inquieta; MacCain, no ilusiona pero tranquiliza.

En definitiva, un panorama negativamente abierto en el que hay que caminar con realismo lo que aconseja hacer un buen diagnóstico: hemos pasado de la crisis a la recesión, tanto por causas internas como externas y el pronóstico lleva a alertar de que lo peor no ha llegado y que la travesía del desierto será larga y acaso no culmine, como machaconamente se repite, en 2010 sino más adelante. Y la verdad, no sabemos si tenemos Gobierno para aguantar más allá de entre doce y veinte meses a la vista de sus propias incapacidades y la volatilidad de sus pactos con otras fuerzas políticas.

La viva imagen de la impotencia, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

El arreón de imagen del Gobierno, interrumpiendo las vacaciones presidenciales en plena canícula, ha logrado, quizá, contrarrestar al “gabinete de crisis” montado por el PP, pero no ha conseguido el efecto que los agentes sociales deseaban: una fuerte dosis de confianza en que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero será capaz de hacer revertir, al menos en parte, la pésima coyuntura económica. Es verdad que la presencia gubernamental simultánea a la publicación de datos muy negativos (IPC por encima del 5% y crecimiento del PIB de sólo 0,1% en el segundo trimestre), ha amortiguado el golpe estadístico. Es verdad también que el desplome de las economías alemana, francesa y japonesa ha acompañado a la española. Pero, aún así, el Gabinete de Zapatero está estigmatizado politicamente: su negativa a reconocer en su momento la existencia de una crisis económica que nos remite a los peores episodios de los años ochenta y noventa, ha inoculado la desconfianza social hacia el discurso gubernamental. El resultado es que el Ejecutivo es contemplado como la viva imagen de la impotencia ante una marea de datos que componen un escenario preocupante de la economía nacional e internacional.

El Gobierno, además, ha agudizado esta sensación de incapacidad al diferir las medidas ayer aprobadas en el Consejo -siendo la más importante el estudio de la trasposición de la directiva de servicios de la UE al ordenamiento interno nacional- nada menos que ¡a dos años vista!, cuando lo que requiere la coyuntura es una panoplia de medidas de choque que hagan reaccionar los sensores de la confianza financiera y empresarial. Como el presidente, por si fuera poco, sigue haciendo equilibrios discursivos, ha sido incapaz de explicar que las medidas liberalizadoras que se quiere implantar -muchas de la cuales requieren, como la de servicios, cambiar decenas de normas y conciernen competencialmente a las autonomías- buscan lograr un cambio sustancial de nuestro modelo de crecimiento para evitar dependencias excesivas de sectores concretos -sea la construcción, el turismo o cualquier otro- y permitir que el propio mercado vaya buscando progresivamente sus equilibrios y adaptaciones. La falta de convicción que transmite el Gobierno y que se torna en desconfianza ciudadana en su competencia y capacidad tiene que ver igualmente con las contradicciones que implica mantener un disursos socialdemócrata puro con el que proclama la liberalización y, por lo tanto, la activación de los mecanismos del mercado. Se adentra el Gobierno en el terreno de la incoherencia: sí hay una manera de gestionar la crisis desde una concepción liberal-conservadora y sí la hay desde otra, opuesta, de carácter socialista. Rodríguez Zapatero no se ha decantado y permanece en un equilibrio inestable que es percibido así por los agentes sociales que son los que crean -con los medios de comunicación- el ambiente psicológico en el que se desenvuelve la crisis. Rodríguez Zapatero tampoco ha desvelado cómo va a afrontar dos crisis que están concatenadas: la de la financiación autonómica y la generada por el desacuerdo en torno a los Presupuestos Generale del Estado. Y, así, sumando todo, y admitiendo que el Gobierno no se ha dejado mecer por «ferragosto», no queda más remedio que subrayar que su solvencia en la gestión de la crisis no ha mejorado un ápice.

Siguen ofreciendo una preocupante sensación de impotencia.