Reggio’s Weblog

Cataluña y Extremadura: emociones y razones, de Manuel Delgado Solís en El País

Posted in Derechos, Economía, Política by reggio on 12 agosto, 2008

El Estado español de las Autonomías que ahora cumple 30 años ha sido y puede seguir siendo modélico para el mundo, a pesar de recurrentes y encarnizados debates como el personalizado estos días en el concejal Lluís Suñé. Los españoles hemos demostrado que nos une más de lo que nos separa. Que sabemos organizar nuestra convivencia de intereses e ideas, incluso en etapas de crisis económica como la presente. Que debemos encauzar razones y emociones, para que también en el futuro predominen las primeras al realizar los necesarios cambios financieros, políticos, culturales y tecnológicos.

Nací en Trujillo y he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid, donde he disfrutado y disfruto de excelentes amistades catalanas, lo mismo que vascas, navarras, canarias, gallegas o de otras regiones. Esa experiencia personal la ratifica mi paso por consejos y negocios de variada cuna, pero que como la inmensa mayoría de los realizados en España se aprovechan de la integración de su mercado y de su Estado.

En España la descentralización autonómica y europea, así como el Estado de Bienestar y la modernización e internacionalización empresarial, han funcionado razonablemente bien, gracias a los previstos mecanismos de cohesión económica y social, así como de solidaridad interterritorial, sin necesidad de que nadie apadrine niños extremeños o de otra autonomía. Quizá hoy necesiten retoques y actualización para funcionar todavía mejor y dar mayores satisfacciones a los más. Quizá debamos pensar más en serio una reforma constitucional y hasta de la Ley Electoral que, además de restablecer la sustancia del Estado, organicen mejor la solidaridad y otros objetivos de la Constitución del 78. Pero todo eso requiere diálogo con respeto mutuo y una financiación adecuada para Cataluña y otras comunidades.

Ya fuimos capaces de realizar proezas mayores en momentos aún más difíciles. Entonces, en tiempos del recordado Fernando Abril Martorell, mano derecha de Adolfo Suárez, demostramos que para que cada pueblo o comunidad realice sus deseos hay que organizar sobre bases racionales y no pasionales el consenso de intereses e ideas, mostrando sólo miedo al miedo. Para repetir esa hazaña de los constitucionalistas del 78, ahora que los problemas comparativos son menos y mucho menores, en España tenemos los instrumentos adecuados y hemos dado ejemplo de saber gestionarlos en los pasados 30 años. En esas tres décadas hemos pasado de ser uno de los países más centralizados del mundo a uno de los más descentralizados, tanto hacia dentro (las comunidades autónomas) como hacia fuera (la Unión Europea, donde trabajan a favor de España apellidos tan catalanes como los de Borrell en el Parlamento o Tarradellas en Energía). Además, entre la década de los sesenta y la actual hemos pasado de ser un país subdesarrollado a situarnos entre la octava y décimo segunda potencia mundial, según el indicador que utilicemos.

En esa tarea, la racionalidad aconseja tratar uno a uno cada problema, aunque sólo cuando sea necesario y podamos darle soluciones con los medios apropiados, que los tenemos o sabremos encontrarlos. El debate subyacente tras el caso Suñé se refiere exclusivamente a la financiación autonómica, aunque los pescadores en río revuelto le sumen otros como la constitucionalidad del estatuto catalán y aprovechen la coyuntura para jalear diferencias latentes en torno al uso de las lenguas e incluso ahora la crisis económica o hasta la reforma de la Constitución y de la Ley Electoral, aun a sabiendas de que para ello se requiere el apoyo de dos tercios del Congreso y del Senado y un referéndum.

Utilizar como prueba argumental en ese debate el artificio estadístico de las desacreditadas balanzas fiscales, que frente a lo pretendido por Suñé no demuestran nada, hace un flaco favor a su luego declarado propósito de contestar a “las voces anticatalanas que siguen apreciando que los catalanes son insolidarios”. Sólo demuestran que toda estadística, convenientemente torturada, acaba por confesar, como gusta repetir un amigo. Porque quienes tributan y reciben servicios no son las autonomías o territorios, sino las personas (físicas o jurídicas); es decir, los contribuyentes y los ciudadanos que residen en cada comunidad, incluidos los extremeños que en su día emigraron y cuyas familias o descendientes son ahora vecinos del señor Suñé.

Sería absurdo que los dos millones y medio de emigrantes extranjeros que hoy pagan impuestos en toda España, siendo incluidos por cierto en la balaza de su autonomía, reclamaran a Hacienda que les devuelva sus impuestos porque aportan más de lo que reciben. También juzgaríamos irrazonable que lo hicieran los propietarios de empresas domiciliadas en una comunidad pero que operan en otras muchas. Mucho más ilógico es que alguien pretenda hacerlo para territorios que por mandato constitucional deben seguir principios como los de equidad, solidaridad o suficiencia.

Manuel Delgado Solís es abogado

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Maniobras ante el precipicio, de M. Dolores García en La Vanguardia

Posted in Economía, Política by reggio on 12 agosto, 2008

SIN PERMISO

Para ser político hay que combinar en su justo equilibrio convicciones y pragmatismo. Una dosis excesiva de dogma puede ser muy estética para el votante entregado, pero resulta letal para el gobernante, que debe saber adaptarse a la realidad. El político está para lograr el máximo bienestar de los ciudadanos y eso requiere acción, posibilismo. Al menos así debe percibirlo la gente porque, en caso contrario, no dudará en sustituirlo. Montilla parece haber adquirido una conciencia muy clara de esta última faceta de la política y no ha dudado en tensar la cuerda al máximo con el Gobierno amigo de Zapatero, convencido de que sólo así alberga alguna posibilidad de arreglar el desaguisado financiero en la Generalitat. De perdidos, al río, dice la sabiduría popular.

Si Maragall se dejó el cargo en el parto del Estatut, Montilla no está dispuesto a que una maniobra monclovita con CiU aprovechando la votación de los presupuestos le deje a él fuera de juego. Es curioso cómo han confluido los intereses del Govern y de CiU. La centralidad, en Catalunya, es un concepto algo peculiar. La centralidad no es más que representar los intereses de la mayoría y, por ello, la exigencia de una mejor financiación ocupa aquí y ahora ese espacio. Montilla se erige así en el máximo defensor de esa centralidad, algo que está a su alcance porque está en el gobierno, no en la oposición. El PSC, de rebote, amplía sus horizontes para abrazar también a quienes siempre han concebido la reivindicación nacionalista como catalizador de la política catalana, que no son pocos. Montilla se arroga un papel que CiU ostentó como propio durante muchos años. Por otro lado, los convergentes se tragan el sapo de caminar junto al Govern porque obliga el marchamo de partido responsable. Para ellos, al menos de momento, el frente común por la financiación les aporta un barniz de moderación. La batalla por la centralidad está servida, aunque De la Vega lo vea maximalista.

Si las cuentas del Govern han acabado exhaustas por mala gestión, por deficiente financiación o por ambos motivos, si los esfuerzos de la clase política catalana debían haberse centrado en los últimos tres años en corregir esa carencia en lugar de malgastar crédito y tiempo en el debate estatutario, es un melón que la sociedad catalana ya no está dispuesta a abrir. Ahora lo que existe es una extendida sensación de injusticia que requiere satisfacción. Y es lo que Montilla intenta transmitir a sus colegas de Madrid. Para intentar que no lo tomen por un simple farol, ha apelado al tabú del distanciamiento entre PSC y PSOE y le ha recordado a Zapatero que lo tendrá mal para ganar elecciones sin el apoyo de Catalunya. Su discurso puede ser un mero ardid, pero con cada palabra suya se azuza al mismo tiempo la insatisfacción ciudadana. Así que, cuanto más se pasee Montilla por el borde del precipicio, más difícil le será luego explicar una marcha atrás en caso de que los resultados no respondan a las expectativas creadas.

Otoño caliente

El otoño se prevé difícil. La financiación va a marcar la votación de los presupuestos, pero los políticos catalanes creen que el Constitucional dictará sentencia sobre el Estatut a final de octubre y que esta favorecerá al Gobierno central en la financiación. De ahí las prisas.

CDC asesora a Perú

Aunque los diputados disfrutan en estos días de vacaciones, algunos aprovechan para atender peticiones pendientes, como Jordi Xuclà, de Convergència, que aparte de los compromisos en Girona, circunscripción por la que es diputado, viajará a Perú para asesorar a altos cargos sobre el derecho en sectores regulados como la energía, telecomunicaciones y el farmacéutico. El Gobierno de Perú había solicitado al letrado del Congreso una ayuda en estos asuntos.

La perdiz de la oficina antifraude

La oficina antifraude avanza lenta, pero inexorable. El PSC admite que ya no puede demorar mucho su aprobación, pese a que esta demanda de ERC no es de su agrado porque duplica funciones de la Sindicatura de Comptes y la fiscalía, aparte de incordiar a sus alcaldes. Los socialistas han mareado la perdiz lo posible durante la tramitación parlamentaria, pero a la vuelta de vacaciones no hay mucho más margen. La previsión es que la oficina cuente con unas 40 personas para realizar su cometido.

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Crisis en la financiación autonómica, de Xoaquín Álvarez Corbacho en La Voz de Galicia

Posted in Economía, Política by reggio on 12 agosto, 2008

En la financiación autonómica que se negocia en la actualidad existen problemas serios. Unos son ya bastante antiguos (modelo dual asimétrico, escasa responsabilidad fiscal, diseño institucional deficiente) y otros más actuales (negociación bilateral, cuotas en la inversión del Estado, ausencia de discurso político integrador). Pero estos problemas ya estaban o subyacían en los entresijos del sistema. Eran y son alertas recurrentes que se apagaban cada cierto tiempo, vía negociación multilateral, inyectando más dinero al sistema y aplicando el criterio paretiano de que nadie pierda con respecto a la situación anterior, aunque algunos ganen más que otros.

Y por eso conviene recordar el incumplimiento reiterado del mandato constitucional que prohíbe la existencia de privilegios entre la financiación del régimen foral y del régimen común. Este incumplimiento es un factor relevante de inestabilidad política, dada la capacidad que tiene el agravio comparativo para irritar al nacionalismo catalán. Pero, frente a esta grave dejación de los gobiernos centrales, estaría la irresponsabilidad política de la Generalitat si ahora rompiera la lógica del régimen de financiación común a través de la bilateralidad. Sus consecuencias serían impredecibles.

Otra cuestión relevante es la preocupante ausencia de un discurso federal, de corte integrador, que refuerce la madurez de nuestra descentralización política. Negociar la financiación autonómica no puede ser visualizado como un proceso egocéntrico de mano extendida y cultura de la subvención. Las elevadas cotas de irresponsabilidad fiscal que ofrecen las comunidades de régimen común estimulan esos comportamientos. Y por eso el Estado adelgaza y sus funciones básicas también, eludiendo una y otra vez este debate esencial. En todo caso, si gobiernos y partidos políticos no garantizan las funciones y competencias asignadas a los tres niveles de Gobierno (central, autonómico y local), con propuestas y resultados explícitos, los costes serán duros y para todos.

Por eso decimos que la bilateralidad en la financiación catalana, la fragmentación de la inversión estatal entre comunidades autónomas por mandato estatutario (alterando un factor clave de cohesión territorial y social), los menores recursos presupuestarios que tendrán causa en la crisis económica, así como el agravio comparativo generado por la financiación foral, son retos de hondo calado que debe afrontar el sistema político.

Y en esta tarea compleja se podrá observar y enjuiciar la estatura política de todos nuestros gobernantes, ya sean de izquierdas, de derechas o nacionalistas de diferente signo y condición. Son sus particulares Juegos Olímpicos, pero con responsabilidades diferentes.

Hablando de Osetia, de Javier Ortiz en Público

Posted in Política by reggio on 12 agosto, 2008

Todavía me acuerdo del día, hace casi veinte años, en el que una amiga donostiarra me dijo en medio de una apetitosa comida: “¡Jo, Javier, pero es que todo eso que me cuentas de los Balcanes es un lío!”. Traté de explicarle que ya venía siendo un lío desde mucho antes de que ella y yo hubiéramos nacido, pero pronto me di cuenta de que hablarle de Macedonia, Kósovo, Bosnia, Croacia y Serbia (que por entonces aún escribíamos con uve, y con razón) no servía para nada.

Ella me lo dejó claro en seguida: “Llevo toda la vida orientándome en política internacional sin ningún problema. Doy por hecho que EEUU nunca tiene razón, o sea, que quien se enfrente a EEUU es el que merece mi apoyo”.

Sentenciado lo cual, engulló una gamba roja con sonrisa beatífica y se quedó mirando con gesto de amable displicencia el mapa de los Balcanes que yo había ido trazando en una servilleta de papel.

Como para hablarle de los jemeres rojos. O de Jomeini. O de Gadafi. O de Corea del Norte. O de Karadjic. O de estos gobernantes chinos de ahora, que organizan ceremonias inaugurales olímpicas de una perfección tan pétrea, tan 1984, que dan pavor, aunque en seguida demuestren que son tan falibles como cualquier otro mortal (“General, tu tanque es poderoso, pero tiene un defecto: necesita un conductor”, les advirtió hace muchos decenios el comunista Bertolt Brecht).

Como para hablarle a mi amiga donostiarra de Osetia. Iparralde o Egoalde.

El error de mi amiga no fue reducir todos los conflictos internacionales a un esquema, sino reducirlos a un esquema erróneo. Si hubiera mirado el mapa del Cáucaso y me hubiera dicho: “Ya veo que todo es muy complejo, y que si patatín y que si patatán,  y que Tbilisi fue conocido por Tiflis, y que Stalin, al que llamaban Koba, anduvo por allí organizando huelgas y atracos… pero ¿cuál es la clave del follón que se está produciendo ahora mismo?”.

A lo cual habría podido responderle con un esquema tan simple como el suyo, si es que no más: “¡La economía, estúpida, la economía! Sigue el rastro de los oleoductos. Eso es todo.”

Petróleo. Gas.

Hay más historias, claro. Pero humanas. Perfectamente prescindibles.

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El número de funcionarios de las CCAA se ha multiplicado por dos en la última década, de Ana P. Alarcos en El Confidencial

Posted in Economía, Política by reggio on 12 agosto, 2008

Las arcas de las Comunidades Autónomas se han convertido en un saco roto. A la falta de ingresos por culpa de la crisis –los impuestos derivados de la actividad inmobiliaria se han secado-, hay que unir los ingentes gastos derivados del pago mensual del sueldo a sus funcionarios. En la última década, el personal de las CCAA ha aumentado un 92%. Es decir, prácticamente se ha duplicado. A nivel estatal, en cambio, su número se ha visto reducido en un 32,25%. Así se desprende del estudio de la organización empresarial Fomento del Trabajo Nacional. La patronal, que ha analizado datos del MAP desde 1998 hasta 2007, sitúa el número actual de funcionarios en 2.582.846 frente a los 2.117.164 de 1998.

En cuanto al personal objeto de estudio, Fomento ha distinguido cuatro campos: la Administración Estatal, las Autonómicas, las Locales y las Universidades. De todas ellas, la única que ha visto reducida su plantilla es la Administración Estatal, que ha perdido casi 270.000 funcionarios. Por otro lado, las Administraciones Autonómicas han ganado más de 623.000 empleados, mientras que las Administraciones Locales y las universidades públicas cuentan ahora con casi 110.000 funcionarios más.

Las tres comunidades con mayor volumen de población son las que cuentan con más empleados públicos a su servicio. Andalucía, la comunidad española con más habitantes, es la que despunta en el ranking con casi 490.000 funcionarios. En segunda posición se sitúa la Comunidad de Madrid, con más de 415.000 y en tercer lugar se encuentra Cataluña, que sobrepasa los 287.000. El funcionariado de estas comunidades representa el 46,15% de todo el país pero, a pesar de esta elevada cifra, los porcentajes se reducen considerablemente si tenemos en cuenta la representación del personal público sobre el total de población de cada territorio.

Distribución del funcionariado estatal por CCAA

La patronal catalana ha estudiado el porcentaje que representan los empleados públicos sobre la población total en cada Comunidad Autónoma. Partiendo de una media estatal del 1,24%, hay varias comunidades que sobrepasan ampliamente esta cifra, caso de la Comunidad de Madrid, con un 2,71%, Aragón, con un 1,86% y Castilla y León, con un 1,57%.

En cuanto a la representación porcentual de funcionarios sobre el total de población asalariada, sobrepasan la media nacional (3,35%), la Comunidad de Madrid (con el 6,23%), Aragón (4,87%), Castilla y León (4,76%), Extremadura (4,2%) y el Principado de Asturias (3,46%).

Diferencias significativas en el funcionariado autonómico

Aunque todas las Administraciones Autonómicas han aumentado el número de sus empleados públicos, existen grandes diferencias en la distribución del personal. Según el estudio, Andalucía, la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana superan los 120.000 funcionarios, mientras que regiones como Cantabria y La Rioja ni siquiera alcanzan los 20.000.

No obstante, el orden de este ranking cambia completamente cuando la variable es la representación porcentual de ese funcionariado en base al total de la población. De esta forma, Extremadura sería la comunidad líder, con un 4,27%, mientras que Canarias, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña se sitúan por debajo de la media nacional, establecida en 2,88%.

Y si se vuelve a cambiar la variable a tener en cuenta, y se toma de referencia el porcentaje de población asalariada que representan los funcionarios en cada Comunidad, sobre una media del 7,76%, obtenemos un nuevo ranking: Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León superan el 10%, mientras que en los últimos puestos de la tabla encontramos, de nuevo, a Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Baleares y Cataluña.

Los bolsillos de los funcionarios perderán fuerza en 2009

Como ya ha afirmado el Ministerio de Economía y Hacienda, los funcionarios públicos tendrán un aumento salarial superior al 3% en 2009, pero este incremento no afectará a sus bolsillos. Todo lo contrario, los empleados públicos perderán poder adquisitivo, ya que su sueldo subirá menos que la inflación. El IPC se sitúa actualmente en el 5,3% y, según las previsiones, a finales de año rondará en torno al 4%.

A pesar de que el Gobierno no tiene previsto realizar recortes en los salarios públicos, sí ha reconocido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009, en este sentido, “serán austeros”. Fueron más de 25 mil millones de euros los que se destinaron a cubrir los gastos de personal en los Presupuestos de 2008, pero la crisis sigue imparable en todos los campos y también tenía que afectar a los funcionarios. Siguiendo esta línea, el Ministro de Economía, Pedro Solbes, ha insistido una y otra vez en sus últimas intervenciones públicas en “la necesidad de mantener una moderación salarial”.

Pero esto no queda aquí: la Oferta Pública de Empleo para 2009 también se verá inmersa en esta tendencia austera, ya que según las previsiones del Gobierno, para el próximo año habrá un recorte de plazas importante: se podría pasar de más de 35.000 a menos de 11.000, lo que supondría una reducción aproximada del 70% de las convocatorias.

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Un informe encargado por Solbes considera que el modelo de privatización de Aena es el peor posible, de Eduardo Segovia en El Confidencial

Posted in Economía by reggio on 12 agosto, 2008

Un informe sobre la venta de Aena solicitado por Pedro Solbes al Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) considera que el modelo elegido por Fomento para la privatización es el peor posible a la vista de las experiencias internacionales, y sugiere optar por otras fórmulas que han tenido más éxito en otros países, según confirman fuentes de toda solvencia. En especial, se muestra contrario a la entrada de las administraciones autonómicas y locales en la gestión.

El modelo propuesto por el Gobierno consiste en segregar el área de aeropuertos (Navegación Aérea seguirá siendo competencia estatal) en una nueva sociedad y vender el 30% al sector privado con una fórmula todavía no decidida, aunque Fomento se decanta por una OPV para salir a bolsa. A su vez, de esta sociedad colgarán dos entidades de nueva creación encargadas de la gestión de Barajas y El Prat (y, en un futuro, Son Sant Joan), en las que participarán los Gobiernos autonómicos correspondientes.

El informe del CCP, que se remitió antes del verano y de que se hiciera público este plan, desaconsejó “tanto la solución de privatizar parte del capital de Aena como la de involucrar en la gestión a todas las administraciones, pues en otras experiencias internacionales esto ha dado malos resultados”, según fuentes conocedoras del informe. Otra fuente al tanto de este documento añade que “cuando se ha compartido la gestión entre el sector público y el privado en otros países, el fracaso ha sido tremendo”.

La opción preferida de este órgano consultivo era la privatización de la gestión -no de la propiedad- y de los aeropuertos individuales en vez del conjunto de Aena, que seguiría en manos del Estado. Dentro de este modelo, “habría comités de control o supervisión en los que participarían Aena y las administraciones territoriales involucradas (que no gestionarían, sino que controlarían a los gestores)”, según una de las fuentes consultadas. Eso significa que Aena mantendría la propiedad de los aeropuertos, aunque el CCP admitía su venta en algunos casos concretos. Ahora bien, no en el caso de los dos más grandes.

Algunos expertos consultados explican que “la propiedad es lo de menos en estos casos, porque lo que importa privatizar es la gestión”. Ponen como ejemplo las concesiones de autopistas, cuya propiedad sigue siendo pública pero cuya gestión se otorga a una empresa privada durante un largo período de tiempo, y recuerda que los aeropuertos británicos tampoco son propiedad de Abertis o Ferrovial, sino que controlan su gestión.

Disputa entre Fomento y Economía

Este informe sigue a uno más amplio elaborado en 2006 por el CCP, también a petición de Solbes, sobre la situación del sector aeroportuario. Este informe, que se cita en la memoria del CCP de ese año, señalaba “la tendencia generalizada al incremento de la flexibilidad y autonomía de gestión de los aeropuertos en un entorno de competencia creciente, así como a la entrada del sector privado en el mercado aeroportuario”. El Confidencial se ha puesto en contacto con Economía para recabar información sobre estos informes, sin recibir respuesta.

El hecho de que haya sido el titular de Economía y no Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, quien haya encargado estos informes refuerza la tesis de que “la privatización de Aena es uno de las viejas aspiraciones de Solbes, y seguramente forma parte del pacto que alcanzó con el presidente para seguir de Ministro de Economía a pesar de la presencia de Sebastián en el gabinete”, según recogía El Confidencial el pasado jueves citando a fuentes conocedoras del proceso.

Estas fuentes aseguran que Álvarez se oponía radicalmente a la privatización, pero que, ante la presión de Solbes, ha aceptado la fórmula más conservadora para que el Estado mantenga el control absoluto tanto de la propiedad como de la gestión de los aeropuertos, dentro de un modelo que seguirá siendo centralizado.

El CCP fue creado por el Gobierno de Aznar en 1996 con el fin de asegurarse que las privatizaciones cumplen los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. El CCP elabora un informe preceptivo pero no vinculante en la privatización de empresas dependientes de Economía, aunque no está claro si debe hacerlo en las que dependen de Fomento (hay un precedente, Retevisión, en que sí lo hizo). También hace estudios a petición del Gobierno sin necesidad de que haya una privatización en marcha, como en el caso de Aena. Está presidido por Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcalá, y compuesto por varios catedráticos, un abogado del Estado y un representante del Tribunal de Cuentas.

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Hay… untamientos, de Enrique Badía en Estrella Digital

Posted in Justicia, Política by reggio on 12 agosto, 2008

El juego de palabras, un tanto jocoso, circula hace tiempo por la Red recogiendo episodios de presunta o constatada corrupción municipal, sólo que no es asunto para tomar a broma ni desgraciadamente las administraciones locales son el único reducto público donde se han instalado gradaciones de comportamiento delictivo. Ayer mismo se supo que cinco cargos del anterior Gobierno de Baleares controlado por el Partido Popular (PP) han sido detenidos a partir de diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades cometidas en su etapa de gestión.

Partiendo de que un solo caso ya resultaría excesivo, huelga expresar la calificación que merece la frecuencia con que se van conociendo episodios de presunta o constatada corrupción en ayuntamientos y comunidades autónomas, sin que ningún partido pueda presumir que estar por completo libre de padecerlos en sus filas. La pregunta inevitable es ¿por qué?

Algunas veces –no todas- se ha vinculado la corruptela a presuntos circuitos ilegales de financiación de los partidos, pero más común es que se hayan percibido muestras de prosperidad patrimonial o nivel de vida de responsables municipales o autonómicos sospechosamente coincidentes con el inicio del desempeño de su responsabilidad política.

Una parte de las dudas que tal proliferación suscita es la eficacia de los controles internos de funcionamiento establecidos en las administraciones. Otra, tanto o más importante, se refiere al grado de sensibilidad que existe en los partidos respecto de la conducta de sus dirigentes o militantes ejerciendo cargos públicos de responsabilidad.

La mayoría de veces sorprende la perezosa reacción cuando uno o varios de los suyos resultan incursos en investigaciones y procedimientos de presunto comportamiento delictivo. La justificación que suelen esgrimir es el precedente de casos en los que, tras la correspondiente denuncia, el veredicto de los tribunales ha sido del todo exculpatorio para el encausado, pero también existen ejemplos de lo contrario que podrían justificar una reacción más contundente cuando aparecen indicios. La realidad es que impera la sensación de que son demasiado reacios a reconocer que en sus filas se pueda haber instalado la corrupción.

El daño a la credibilidad del sistema es incuestionable y por ello valdría la pena que entre todos tomasen un poco más en serio la evidencia de que los casos de corruptela probada son más abundantes de lo que permitiría considerarlos excepción.

Una tarea probablemente pendiente es extremar las medidas de control interno de las administraciones local y autonómica, siquiera tomando el ejemplo de la central, donde los casos de irregularidad, presunta o probada, son menos frecuentes. O incluso revisar algunas zonas de excesiva discrecionalidad ejecutiva, por lo que puedan suponer de tentación. Otra, no menos importante, sería que los partidos establecieran sus propios mecanismos de vigilancia, entre otras cosas sobre la palpable prosperidad de algunos de sus cargos públicos. Y una más, al menos, actuar de forma más contundente cuando las evidencias se acumulan un poco por encima de lo casual.

También, como complemento, sería oportuno fijar mecanismos legales por los que las denuncias sin fundamento –que las hay- tuvieran que hacer frente a una sanción penal: sería un modo de evitar que las emprendidas por simple ansia de revancha, personal o política, salieran gratis cuando no tienen más finalidad que dañar el prestigio, la credibilidad y en el fondo las opciones electorales del rival.

Lo que parece poco o nada aconsejable es seguir dejando las cosas como están.

ebadia@hotmail.com

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Hacia la España desvertebrada, de Lorenzo Contreras en Estrella Digital

Posted in Política by reggio on 12 agosto, 2008

Zapatero no tiene otra opción política personal en la crisis que le asedia, y nos asedia, por todas partes, que abandonar su invisibilidad física, la que ha venido manteniendo, y en sentido literal dar directamente la cara para hacer frente a las consecuencias de sus lamentables determinaciones. Hasta ahora ha buscado la cobertura de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la hora de las explicaciones urgentes o de las excusas perentorias, y desplazar su desgaste político y socioeconómico hacia Pedro Solbes, que ya se encarga él mismo de garantizarse su propio deterioro. Pero esa actitud evasiva toca a su fin o, sencillamente, ha conocido su hora final.

El único factor favorable que le asiste es la temprana emergencia de la crisis, en el primer año de su renovado mandato presidencial, porque si la situación coincidiera con una etapa más avanzada podría aventurarse que le habría llegado el momento de hacer el equipaje para abandonar la Moncloa. Aún así, las elecciones intermedias que van a tener lugar – algunas autonomías antes del año 2012, pueden ir marcando el ritmo de su caída libre. En este momento, desde luego, tal vez no podría resistir la prueba de las urnas en unas elecciones generales. Su conocida “baraka” puede ser ya irrecuperable.

El escenario no admite disimulos. Un país como el nuestro, con su identidad nacional lastimada; con la Constitución fuera de contexto por su transgresión permanente; con el imperativo gubernamental de tener que enfrentarse al Estatuto de Cataluña, negociado a contrapelo de los intereses de España, recurrido ante el TC y, por tanto, vigente bajo el signo de su provisionalidad o precariedad; sometido como tal país ( llamado casi siempre Estado) a un sistema de autonomías que mas bien parece una fábrica de desafíos y desobediencias fundamentales; crecientemente confederalizado en la práctica; bilateralizado en ciertos pactos de Gobiernos con las comunidades originariamente concebidas sólo como autónomas; gravemente herido en el principio fundante de la solidaridad interterritorial, y, en resumen, desvertebrado, puede decirse que está conociendo, justo a los dos siglos de su gran reafirmación nacional en la Guerra de la Independiencia contra la Francia invasora, su peor revés como Nación soberana desde la Reconquista, la unificación y la expulsión de los árabes. Porque quien no reconozca que España, en cuanto Nación, e incluso como Estado, se ha asomado al siglo XXI con signos de moribundia política, es probablemente alguien perteneciente a esa casta de españoles afectados por la mayor de las dolencias que puede experimentar un pueblo: la indiferencia de fondo ante su destino.

La enfermedad seguramente comenzó con el malhadado Estado de las Autonomías y la creación fáctica de un férreo sistema de intereses particularistas, quizá lo único férreo que nos ha ido quedando. No deja de ser un síntoma relativamente alentador que el zapaterismo haya a empezado a encontrar en el PSOE sus primeras cargas de profundidad crítica. Cuando Joaquín Leguina ha lanzado públicamente el mensaje de que ya en su primer mandato de legislatura Zapatero cometió “abundantes descisiones estratégicas erróneas y peligrosas”, formulaba la premisa indispensable para denunciar que la mayor de ellas fue “abrir el melón territorial, que no se sabe adónde nos puede llevar”. No se sabe todavía, pero se intuye que con el desconcertado zapaterismo que nos gobierna vamos a pasarlo en los tiempos venideros no demasiado bien, y ello en el orden colectivo.

Es difícil aceptar que, aparte de la situación económica, el verdadero problema nacional es una simple guerra de modelos, y que poco a poco se llegará a una recomposición del modelo nacional llamado España en un sentido pristino. Ojalá.

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¿Y por qué no un déficit público mayor?, de Juan Francisco Martín Seco en Rebelión

Posted in Derechos, Economía by reggio on 12 agosto, 2008

Público

Resulta difícil entender por qué la estabilidad presupuestaria se ha convertido en una especie de tabú que nadie está dispuesto a violar. Se habla de postura ortodoxa, pero ¿desde cuándo la economía es una religión, con su correspondiente dogma, que es necesario acatar?

Si hay alguna ciencia (por catalogarla de alguna forma, aunque quizás le cuadraría mucho mejor la denominación de arte) obligada a ser flexible y maleable, esa es la economía, porque tiene que adaptarse a las circunstancias y estas raramente se repiten. Lo que suele ser conveniente en épocas de auge económico, puede ser contraproducente en momentos de recesión. Un ejemplo clarísimo es el de las finanzas públicas.

Los datos de déficit o superávit tienen una significación diferente según nos encontremos en una época de fuerte crecimiento o de depresión. Ello es tan así que la teoría económica ha acuñado un concepto que, si bien tiene su origen en el keynesianismo, ha terminado por ser utilizado por todo el mundo, el de los estabilizadores automáticos. Consisten en una serie de magnitudes que –se supone– varían sin intervención discrecional de los gobiernos, al unísono del ciclo económico. La recaudación de la mayoría de los impuestos crece mucho más en los tiempos de prosperidad económica que en los de crisis y, a su vez y en sentido contrario, en momentos de dificultades económicas deben dispararse los gastos sociales, en especial el subsidio de desempleo.

Tanto el vicepresidente económico como el gobernador del Banco de España han declarado que es conveniente dejar actuar a los estabilizadores automáticos, sin adoptar medidas discrecionales. Es decir, permitir que el déficit sea el que tiene que ser. Por eso resulta contradictorio que, poco después, hayan defendido la necesidad de ajustes en el gasto público o, lo que es lo mismo, medidas para compensar y restringir la actuación de los estabilizadores automáticos. Dejar actuar a estos no solo es oponerse a medidas tales como subvencionar a los transportistas o ayudar a los constructores, sino también a los ajustes presupuestarios de todo tipo. Hay que preguntarse si la forma de luchar contra la crisis económica no es precisamente la de mantener una actuación expansiva del sector público, lejos de esa política de austeridad que, con un sentido casi monacal, predican algunos políticos. En un momento en que la iniciativa privada se encuentra bajo mínimos, al sector público le incumbe compensarla con medidas expansivas o, al menos, dejando actuar a los estabilizadores automáticos.

Por otra parte, sería conveniente ponerse de acuerdo sobre el concepto de estabilidad presupuestaria. Al igual que la estabilidad de precios no consiste en mantener en todo momento una tasa de inflación cero, tampoco la estabilidad presupuestaria debe consistir en mantener un déficit cero en cualquier época. En ese sentido, la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido mucho más coherente que la que en su momento elaboró el Gobierno del PP, ya que entiende la estabilidad presupuestaria como una tendencia a lo largo del ciclo económico en el que se compensen los déficits (en épocas de crisis) con los superávits (en momentos de auge).

Sin duda el mayor riesgo del déficit público radica en la posibilidad de entrar en un proceso explosivo de autoalimentación, en el que las cargas financieras se van acumulando haciendo cada vez más acusado el desajuste. Pero precisamente de este hecho surgen dos conclusiones fundamentales. La primera es que todos los déficits no son iguales. Determinadas partidas de gasto público son autofinanciables en el futuro, es decir, van a generar ingresos al menos en cuantía suficiente para cubrir los gastos financieros y las amortizaciones de la deuda contraída para afrontarlos.

La segunda conclusión es que a la hora de juzgar la estabilidad presupuestaria habría que atender más al stock de deuda pública que al déficit. El objetivo podría consistir en hacer que esta última variable oscilase alrededor de un porcentaje determinado del PIB, lo que puede conseguirse sin necesidad de tender al déficit cero, ya que el PIB nominal también se incrementa año a año. Supongamos que el porcentaje de referencia es el marcado por Maastricht, del 60%, y que el crecimiento medio anual en términos nominales sea del 4% –tasa más bien exigua para España con un potencial de crecimiento mayor–; unos sencillos cálculos nos indican que el déficit público podría oscilar alrededor del 2,4% (en momentos de recesión más y en períodos de auge menos), sin que el porcentaje sobre PIB de la deuda pública se alejase tendencialmente del 60%.

Nuestro país cuenta con un margen significativo en materia de finanzas públicas. Es cierto que el margen sería bastante mayor si en las etapas de auge económico no se hubieran llevado a cabo diversas reformas fiscales con un alto coste para el Tesoro Público. Pero, así y todo, el stock de deuda pública no llega al 36% del PIB, mucho más bajo que el porcentaje del 60% establecido en Maastricht.

Durante los pasados meses, el Gobierno no ha parado de afirmar que estábamos en mejor situación que el resto de los países europeos gracias a unas finanzas públicas muy saneadas. Era mentira y verdad. Mentira, porque nuestra situación era bastante peor debido al endeudamiento privado, al déficit exterior y a la burbuja inmobiliaria. Verdad, porque nuestras finanzas públicas estaban saneadas, pero ¿de qué nos sirven si, presos de un dogmatismo mal llamado ortodoxo, nos negamos a utilizarlas? Países como Francia y Alemania no han dudado en permitir en los momentos críticos un déficit elevado, superior incluso al 3% establecido como límite por la UE. ¿Qué problema hay en que nuestro déficit público llegue al menos a ese nivel?

Juan Francisco Martín Seco es economista

Karadzik o la justicia internacional selectiva, de Augusto Zamora R. en Rebelión

Posted in Internacional, Justicia by reggio on 12 agosto, 2008

Püblico

La reciente captura de Radovan Karadzic –el perseguido y denostado dirigente de los serbo-bosnios en las atroces guerras étnicas que destruyeron la Yugoslavia de Tito– y su fulminante remisión al Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia trae a la memoria el tema de la justicia universal y sus más connotados brazos ejecutores: los tribunales internacionales creados por Naciones Unidas, de 1993 a la fecha.

El más importante de ellos es el Tribunal Penal Internacional (TPI) que, aunque aprobado en 1998, no nació jurídicamente hasta 2002. Su trascendencia no ha impedido que tenga escaso desempeño, a lo que debe agregarse un dato singular, como que el TPI ha concentrado sus acciones en África. Los tres únicos expedientes que tiene abiertos son africanos: Congo, Uganda y el genocidio de Darfur, con el problema de que Sudán –igual que EEUU– no ha reconocido al TPI. Desde su creación, este tribunal sólo ha conocido un caso, el abierto contra Thomas Lubanga, líder de la Unión Patriótica Congolesa, una guerrilla de niños-soldado acusada de haber reclutado, matado o incitado a matar a jóvenes menores de 15 años en la provincia de Ituri, entre 1998 y 2003. Detenido en marzo de 2005, fue entregado pocos meses después al TPI. Pero no es Lubanga el único responsable de crímenes en África. En la Segunda Guerra del Congo murieron casi 4 millones de personas, la mayoría refugiados. De los demás jefes poco se sabe. Algunos son jerarcas de multinacionales, que financiaban las guerras étnicas para obtener, a precios irrisorios, metales preciosos como el tantalio, o los casi siempre ensangrentados diamantes africanos, cuyo uso debería prohibirse por ética.

Antes que el TPI, se crearon varios tribunales ad hoc, cuyos objetivos son muy expresivos. En 1993 se creó el Tribunal para la Ex Yugoslavia y en 1994 el Tribunal para Ruanda. En agosto del año 2000, el Consejo de Seguridad (CS) estableció un Tribunal Especial por acuerdo con Sierra Leona. En 2001, Camboya y la ONU crearon un tribunal para los crímenes del Jemer Rojo. En marzo de 2005, el CS remitió la crisis de Darfur al TPI, siendo la primera vez que el CS remitía un caso a dicho tribunal. En 2007, el CS creó un Tribunal Especial para Líbano, que juzgaría a los responsables del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri y otras 22 personas, cometidos en 2005.

En el ínterin, se han sucedido episodios singulares (como el intento de enjuiciar en España a Pinochet) y otros terribles, de venganza pura y dura, disfrazada de justicia, como los juicios –y posteriores ejecuciones– en Irak, del derrocado presidente Sadam Hussein y miembros de su gobierno. El caso de Sadam puso en evidencia el doble rasero moral y legal con que se vienen aplicando los sagrados principios de la justicia y la moral internacionales. Sadam Hussein fue ejecutado en 2006, tras una parodia de juicio, por la muerte de 148 iraquíes. Israel, desde el año 2000 y hasta julio de 2006, había matado a 783 niños palestinos. En su última agresión contra Líbano, en 2006, Israel dejó más de 1.500 muertos y daños materiales incalculables.

Los magnicidios en Líbano, como señaló un informe del Secretario General de la ONU, significaron la muerte de tres personalidades políticas y de otras 22 personas. En Darfur se habla de unos 300.000 muertos. Charles Taylor está acusado de provocar, directa o indirectamente, unas 200.000 muertes en Liberia. Pero éstas y otras cifras resultan exiguas comparadas con el holocausto iraquí, donde los muertos, desde la invasión de EEUU, oscilan, según contabilidades, entre los 650.000 y los 3 millones de personas. Se trata de la mayor matanza de civiles desde los bombardeos masivos contra Vietnam del Norte en los años 70. Para ninguno de estos crímenes existen tribunales, ni ningún gobierno ha planteado siquiera la obligación moral y legal de constituirlos.

Si de números se trata y tomamos Líbano como punto de partida, ¿no sería más justo y perentorio investigar los crímenes de la OTAN en Afganistán? Según la Cruz Roja Internacional, solamente desde el pasado 4 de julio han muerto más de 250 civiles a causa de los bombardeos de la OTAN, unos 700 desde el inicio de 2008. Diversos estudios cifran los muertos entre 2001 y 2008 en unos 25.000 civiles, a manos de la ISAF ¿Y qué decir de los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, condenado, encerrado en ese inmenso campo de concentración llamado Gaza? ¿O los crímenes de Rusia en Chechenia, que han quedado enterrados bajo un manto de petróleo?

Los tribunales especiales y el TPI enjuician a ciudadanos del Tercer Mundo, sin más excepción que el caso de la ex Yugoslavia, un país de la Europa periférica que osó enfrentar en el peor momento a la maquinaria militar de la OTAN. Salvo grupos de Derechos Humanos o expertos en Derecho, nadie plantea el enjuiciamiento de ningún gobernante o ex gobernante del Primer Mundo, aunque sus crímenes estén probados, la lista de ellos sea extensa y las víctimas se cuenten por millones, de Serbia a Afganistán.

Peor que una justicia internacional incompleta es una justicia internacional desfigurada, selectiva y sometida a intereses políticos. Con el juicio a Karadzic se quiere cerrar el capítulo yugoslavo, dejando a los países de la OTAN –culpables del crimen de agresión y otros más– limpios como patena y puros como ángeles. A Karadzic hay que juzgarlo, pero al tiempo que se sientan con él otros no menos culpables.

El Tribunal Especial para Sierra Leona lo financian, en un 75%, cuatro países (EEUU, Holanda, Gran Bretaña y Canadá). España aporta 300.000 euros. El Tribunal para la ex Yugoslavia lo forman 16 jueces, 10 de los cuales son europeos o de la OTAN. El de Ruanda lo forman otros 16. Tres son africanos, por cinco de la OTAN. El TPI lo forman también 16 jueces, 9 de ellos provenientes de países de la OTAN. Las sedes de estos tribunales están todas en Holanda. La justicia universal la paga y juzga Occidente desde Occidente. Es más justicia occidental, que no universal. Así pasa lo que pasa.

Augusto Zamora es profesor de Derecho Internacional en la UAM y embajador de Nicaragua en España.

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Después de Irak, nuevas premisas para los EE.UU., de Henry Kissinger en Clarín

Posted in Internacional, Política by reggio on 12 agosto, 2008

La retirada estadounidense es inevitable, pero en lugar de verse como una abdicación debe concebirse como parte de una estrategia geopolítica para la paz en Oriente Medio.

La campaña presidencial estadounidense fue tan larga e intensa que parece operar en un capullo, ajena a cambios que deberían alterar sus premisas. Un notorio ejemplo de ello es el debate sobre la retirada de las fuerzas de los Estados Unidos en Irak. En el transcurso del último año, muchos propusieron fijar un plazo para la retirada. Sostuvieron que establecer una fecha llevaría al gobierno iraquí a acelerar la política de reconciliación, precipitaría el fin de la guerra y permitiría a los Estados concentrar sus esfuerzos en regiones más importantes en el plano estratégico, tales como Afganistán.

Ante todo, afirmaron, la guerra se había perdido, y una retirada representaría la forma menos cara de manejar el desastre. Los hechos dieron por tierra con esas premisas. Casi todos los observadores objetivos coinciden en que se hicieron grandes progresos en los tres frentes de la guerra de Irak: Al Qaeda, la fuerza jihadista sunita que recluta a la mayor parte de sus miembros en el exterior, parece encontrarse en desbandada; la insurrección que trataba de restablecer la hegemonía sunita se va desvaneciendo; y el gobierno de predominio shiíta de Bagdad se impuso, por lo menos por ahora, a las milicias shiítas que desafiaban su autoridad. Tras años de frustración, tenemos que cambiar de actitud y considerar las nuevas perspectivas de éxito.

Por supuesto, no podemos decir ahora si esos cambios son permanentes o si, y en qué medida, reflejan una decisión de nuestros adversarios, Irán incluido, de reservar sus fuerzas para cuando el gobierno de Bush llegue a su fin. Lo que sabemos es que el resultado del conflicto determinará el tipo de mundo en el que el nuevo gobierno tendrá que instrumentar su política.

Toda apariencia de que las fuerzas islámicas radicalizadas fueron responsables de una derrota de los Estados Unidos tendrá consecuencias graves y desestabilizadoras mucho más allá de la región. Cómo y cuándo abandonar Irak, por lo tanto, va a ser una decisión de suma importancia para el nuevo presidente.

Dado que disminuyó la necesidad de que las fuerzas estadounidenses se hicieran cargo de una insurrección masiva, éstas pueden concentrarse cada vez más en ayudar al gobierno iraquí a resistir las presiones de sus vecinos y los ocasionales atentados terroristas de Al Qaeda o de milicias con respaldo iraní. En esas circunstancias, las diversas elecciones nacionales y provinciales previstas para los próximos meses en la constitución de Irak pueden contribuir a la conformación de nuevas instituciones iraquíes.

Ahora los Estados Unidos pueden crear una reserva estratégica sobre la base de parte de las fuerzas que se encuentran en Irak, un porcentaje de las cuales se trasladará a otras zonas amenazadas y otras volverán al país. Así, la retirada estadounidense deja de ser una abdicación y se convierte en parte de una estrategia geopolítica.

Su culminación debe ser una reunión diplomática que tenga a su cargo el establecimiento de una paz formal. Esa reunión se llevó a cabo por primera vez hace dos años en el nivel de ministros de Relaciones Exteriores. Participaron todos los vecinos de Irak, incluidos Irán y Siria, Egipto, y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que volver a convocar esa reunión y encargarle la definición de un estatus internacional para Irak así como las garantías para instrumentarlo.

Las contradicciones inherentes al programa de retirada propuesto agravan las dificultades. Según ese programa, las tropas de combate se retirarán, pero se mantendría una cantidad de efectivos suficiente para proteger la Embajada estadounidense, combatir un resurgimiento de Al Qaeda y contribuir a la defensa contra toda posible intervención externa. Sin embargo, esas tareas exigen fuerzas de combate, no de apoyo, y la previsible controversia respecto de la ambigua diferencia constituiría una distracción del objetivo diplomático. La retirada de Irak tampoco es necesaria para liberar fuerzas para operaciones en Afganistán. No hace falta poner en riesgo la situación en Irak para mandar dos o tres brigadas más a Afganistán. Podremos contar con esas tropas incluso en ausencia de un plazo. (Quiero destacar que soy amigo del senador John McCain y que en ocasiones lo asesoro.)

En lo que constituye un gesto positivo, los principales defensores del establecimiento de un plazo, entre ellos el senador Barack Obama, plantearon hace poco la idea de que tanto la retirada como la fuerza residual dependerán de condiciones. Pero si ese es el caso, ¿para qué establecer un plazo? Sugeriría un desplazamiento del debate a las condiciones para la retirada en lugar de concentrarse en la fecha de la misma.

Esas consideraciones explican la actitud del primer ministro iraquí Nouri al-Maliki en ocasión de la visita de Obama a Irak. Maliki negocia con el gobierno de Bush un acuerdo respecto del carácter de las fuerzas residuales que permanecerán en Irak. Dados el estado de ánimo popular y la inminencia de elecciones provinciales, es probable que quisiera transmitir que la presencia estadounidense no se piensa como una ocupación permanente. Rechazar el plan de retirada del senador ante un nutrido contingente periodístico habría sido enfrentarse a alguien con el que Maliki podría tener que tratar como presidente.

La presencia de los Estados Unidos en Irak no debe presentarse como indefinida. Eso no contaría con el apoyo de la opinión pública iraquí ni de la estadounidense. Sin embargo, tampoco se la debe plantear en términos de plazos rígidos. Alcanzar un equilibrio es una forma de que nuestro país se recomponga con el surgimiento de un resultado constructivo.

El próximo presidente tiene la gran oportunidad de estabilizar Irak, así como de sentar las bases de un giro decisivo en la guerra contra el jihadismo y de un Medio Oriente más pacífico. Sin duda querrá evaluar la situación antes de fijar una estrategia para su gestión. No debe guiarse por preceptos rígidos de reivindicación de máximas del pasado, no importa qué tan razonables hayan parecido alguna vez. La retirada es un medio; el fin es un mundo más pacífico y prometedor.

Henry Kissinger. EX SECRETARIO DE ESTADO NORTEAMERICANO.

Copyright Clarín y Tribuna Media Services, 2008. Traducción de Joaquín Ibarburu

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Evo plebiscitado, de Atilio A. Boron en Página 12

Posted in Internacional, Política by reggio on 12 agosto, 2008

Si bien al cierre de esta nota no había cifras oficiales definitivas, lo cierto es que el rotundo triunfo de Evo –se estima que rondará en torno del 60 por ciento, superando la votación obtenida en diciembre del 2005– permite extraer algunas interesantes conclusiones.

Primera: que como ya fue advertido por la oposición, la ratificación del mandato de Evo Morales no pondrá fin a las hostilidades, los chantajes, las agresiones y las políticas desestabilizadoras de la derecha boliviana. Máxime cuando al menos dos de los cuatro prefectos de la Media Luna fueron también ratificados. La derecha jamás juega todas sus cartas en la arena institucional y/o legal. La idea de que este actor es un “opositor leal”, respetuoso de la institucionalidad, es una ficción tan ingenua como peligrosa. Pese a las renovadas credenciales de Evo como el presidente con mayor legitimidad popular de la historia boliviana, la derecha no cesará de conspirar hasta provocar su caída, acabar con su vida o consumar la partición del país.

Segunda lección: tomar nota del descarado protagonismo del imperialismo norteamericano, que desmiente el remanido discurso oficial de la Casa Blanca sobre la irrelevancia de América latina. Tal como lo denunciaran Evo Morales y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el embajador de Estados Unidos, Philip S. Goldberg, se convirtió en el gran articulador de una oposición cuyo principal factor de cohesión es su racismo y su odio visceral hacia los pueblos originarios de Bolivia y que, por eso mismo, requiere los servicios de un procónsul imperial para otorgarles organicidad y eficacia a sus iniciativas. Sólo en el 2007 la Usaid desembolsó 124 millones de dólares en “ayudas” de diversos tipo a la “sociedad civil” boliviana, la mayoría canalizada a través de los gobiernos de los departamentos de la Media Luna y múltiples programas de entrenamiento en el arte del good governance impartido en Estados Unidos a autoridades locales y departamentales de esa región, con el obvio propósito de solidificar la oposición a Morales y preparar la administración pública departamental para una eventual escisión. Otras agencias de Washington también hicieron lo suyo: la National Endowment for Democracy, por ejemplo, colaboró con un aporte de 600.000 dólares ese mismo año para “capacitar” políticamente a la oposición.

Tercera y final: la necesidad imperiosa de que Evo salga a disputarle la calle a la derecha y pasar a la ofensiva haciendo una gran convocatoria popular para torcerle la mano a una oposición que no oculta sus planes de “tumbar” al presidente. Ceder posiciones, máxime después de un triunfo como éste, significará debilitar aún más a Evo, cuya capacidad para transitar el territorio boliviano ya está seriamente menoscabada por el accionar violento de la derecha. Pensar que se podrá apaciguar a quienes llaman a la sedición apelando a la mecánica parlamentaria sólo conseguirá agigantar la fuerza de la oposición, que se mueve a sus anchas en el Parlamento y en la calle. Para esto Evo tendrá que acelerar y profundizar su proceso de reformas estructurales, condición imprescindible para la supervivencia de su gobierno. De este modo logrará: (a) motivar, movilizar y organizar a sus seguidores, que son la mayoría del país; (b) deslegitimar al infantilismo ultraizquierdista que lo acosa y que juega objetivamente para la derecha; y (c) demostrarle a esta última y a sus mandantes del imperio que una epopeya histórica como la protagonizada por el pueblo boliviano al ungirlo como presidente no podrá ser desbaratada tan fácilmente, y que aquél estará preparado para librar las batallas que sean necesarias para preservar sus conquistas.

Atilio A. Boron. Politólogo.

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