Reggio’s Weblog

Una virtud problemática, de Soledad Gallego-Diaz en Domingo de El País

Posted in Internacional, Política by reggio on 18 enero, 2009

La enciclopedia de Filosofía de la Universidad de Stanford explica que la lealtad es considerada una virtud, “aunque una muy problemática”. En teoría es la perseverancia en el respeto a un compromiso adquirido por una persona. Por eso se relaciona tanto con la amistad, aunque también se exige respecto a la familia, a la empresa, a diferentes organizaciones y, desde luego, por los distintos países respecto a sus propios ciudadanos. En periodos de mucha confusión política y social debería ser importante saber a qué se es leal. Preguntarse con qué está uno comprometido. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, ¿con la verdad?, ¿con los principios profesionales que impulsaron la creación de los grandes medios de comunicación del siglo XX?, ¿con qué otras cosas?

Hannah Arendt (filósofa, judía alemana, refugiada en Estados Unidos) respondió una vez a esa pregunta: yo debo mi lealtad a la República de Estados Unidos, es decir, a la forma de gobierno, a lo que los Padres Fundadores de la república establecieron como principios democráticos y morales de su organización política, no al país. Y, por supuesto, también a las personas “entre las cuales hoy, siendo éste un momento decisivo, me siento bien”. Si Estados Unidos se comportara como una potencia imperialista, creía ella, la república de Estados Unidos no sobreviviría a ese desarrollo (el país desde luego que sí) y no habría por qué prestarle lealtad. Si los medios de comunicación renunciaran a la búsqueda de la verdad y al respeto de los principios profesionales sobre los que se desarrollaron, no sobrevivirían como medios de comunicación (quizá sí como negocios) y no habría por qué prestarles lealtad alguna.

Si los actuales ciudadanos de Estados Unidos se hubieran hecho esa pregunta, quizá no hubieran aceptado el brutal ataque a la república que supuso el segundo mandato de George W. Bush. Si los actuales ciudadanos de Israel se hicieran esa misma pregunta, quizá fueran capaces de parar el brutal ataque de su Gobierno y su ejército contra los habitantes de Gaza… y contra los principios de la república que fundó Israel.

La Ley Básica sobre Dignidad Humana y Libertad aprobada en 1992 fue enmendada en su momento precisamente para recoger uno de esos principios republicanos ahora ferozmente atacados: “En Israel”, dice el preámbulo de la ley, “los derechos humanos fundamentales se basan en el reconocimiento del valor del ser humano, la santidad de la vida humana y el principio de que todas las personas son libres”. Es decir, el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Israel no se funda en otra cosa que en su condición de seres humanos. Una condición que comparten con los palestinos.

¿A qué deben ser leales los ciudadanos de Israel? ¿A los principios republicanos que dan valor a la vida humana y condenan sin escapatoria el asesinato de 350 niños, el bombardeo de instituciones humanitarias internacionales, el aplastamiento de poblaciones civiles indefensas? La realidad es que los ciudadanos de Israel parecen mucho más leales a los intereses del Gobierno que afirma defender al país, aunque sea destruyendo la república, que a los principios sobre los que se fundó aquel Estado.

Quizá lo lógico, cuando los tiempos se están desquiciando, fuera proclamar, como hicieron Mark Twain o Graham Greene, “la virtud de la deslealtad” y declararse definitivamente pesimista. Quizá, pero Hannah Arendt, que tuvo en su vida todos los motivos para unirse a ese profundo cansancio, creyó siempre en el valor de la política como algo creado por los unos y los otros, los absolutamente distintos, para vivir juntos y garantizarse su libertad. La política, afirmaba, se basa precisamente en el hecho de la pluralidad de los hombres (y de las mujeres). Trata del estar juntos los unos y los otros, los diversos, escribió.

En estos tiempos tan crueles podría resultar imprescindible la reivindicación de ese sentido de la política. Es posible que, como dice Jerome Kohn en su análisis de la obra de Arendt, podamos todavía persuadirnos de que vale la pena aprovechar esa posibilidad de conjurar la ruina de nuestro mundo. “En los momentos en los que las instituciones de gobierno y las estructuras jurídicas parecen estar erosionadas y envejecidas, es bueno rememorar las raras ocasiones en las que los seres humanos, plurales y diversos, han llevado a cabo y han completado acciones políticas”. Y dar nuestra lealtad, exclusivamente, a esos momentos y a esas acciones.

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Cadáveres de críos, de Soledad Gallego-Díaz en Domingo de El País

Posted in Derechos, Internacional, Política by reggio on 11 enero, 2009

El día en que decidamos olvidar a los niños, la revolución triunfará.
Ese día, la humanidad entera odiará la revolución.

El diálogo pertenece a la obra de teatro Los justos, de Albert Camus (citada repetidamente estos días por José María Ridao), y lo protagonizan Stepan, el revolucionario que quería tirar la bomba contra el gran duque, aunque fuera acompañado por dos niños, sus sobrinos, y Dora, que defiende a Kaliayev, el revolucionario que se negó a lanzarla. Stepan argumenta: por culpa de la decisión de evitar la muerte de los sobrinos del duque, morirán de hambre y violencia otros muchos niños. Kaliayev replica: la muerte de esos dos niños no hubiera impedido la de los otros.

El día en que Israel decidió olvidar a los niños de Gaza y considerarles “víctimas colaterales” de su justo empeño de acabar con los cohetes que caen sobre su territorio, la sociedad israelí hizo algo terrible: optó sin vergüenza por Stepan. Camus no aceptaba componendas. La pregunta, para él, era bastante simple: ¿está permitido todo lo que sirva a una causa, por muy justa que se considere? Y la respuesta, directa y sin ambigüedades: cualquiera que sean las razones que se argumenten, no.

La opción está entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. No se trata ni tan siquiera de proporcionalidades, ante las que tanto dice que se irrita André Gluckman, ni de simpatías políticas, como tanto se lamenta Bernard-Henri Lévy. Es, simplemente, algo que se suponía que ya estaba decidido y aceptado en todas las sociedades civilizadas del mundo: no se construye nada sobre los cadáveres de los niños.

No hay excepción para la atrocidad, por mucho que Israel y quienes defienden su política en Gaza quieran discutir singularidades. Es simple: las sociedades civilizadas no infringen castigos colectivos, no bombardean edificios llenos de niños, aunque allí se esconda el gran duque; no arrasan las casas de los padres de los militantes ni de los terroristas, no interrumpen el suministro de agua, ni dejan los hospitales sin medicinas ni plasma… ¿Tan raro resulta escuchar esto ahora? ¿Tan ingenuo o estúpido?

El principio del siglo XXI está siendo realmente aniquilador: Estados Unidos se llevó por delante el hábeas corpus y el reconocimiento de los prisioneros de guerra; Israel arrasa con la IV Convención de Ginebra y con los derechos de las poblaciones civiles. Los militantes de Hamás que disparan cohetes Qassam contra las poblaciones israelíes cercanas a la frontera “buscan intencionadamente la muerte de civiles”, alegan las autoridades israelíes. En nuestro caso, la muerte de los civiles palestinos se produce, simplemente, en el contexto de una actividad militar. ¿Acaso alguien cree en Israel que los militantes de Hamás no se ven a sí mismos como luchadores palestinos y no consideran su lanzamiento de misiles como una “acción militar”, justificada por su justo deseo de acabar con un bloqueo infame? Los 20.000 habitantes de Sderot son, sin duda, tristes rehenes de Hamás. ¿Y el millón y medio de palestinos de Gaza? ¿Realmente alguien cree que no son los desgraciados rehenes de Israel? ¿Se protege a los niños de Sderot asesinando a los de Gaza, o viceversa?

¿La culpa de la muerte de los sobrinos del gran duque hubiera sido de él mismo por llevarles en su carruaje? ¿Aceptaremos sin morirnos de la vergüenza esos argumentos o defenderemos todavía un mundo en el que rijan los acuerdos alcanzados en el siglo XX, las reglas que fuimos tan pacientemente construyendo, los inteligentes y trabados textos legales sobre los que asegurábamos que teníamos que regular nuestras relaciones?

Ahora que también está tan de moda menospreciar el periodismo profesional, ¿miraremos hacia atrás y defenderemos el papel del periodismo como testigo, de los periodistas como capaces de dar el testimonio que necesitan los ciudadanos para comprender lo que ocurre? La ofensiva de Israel pasa, precisamente, por no dejar que entren periodistas en Gaza. ¿Habrá que aceptar también que lo hacen por protegernos? ¿O lo denunciaremos como una práctica dictatorial, un atentado contra la libertad de informar? ¿También eso suena raro o ingenuo? Lo ingenuo o estúpido es no denunciar que, según los pocos testimonios que llegan desde dentro de Gaza, la gran mayoría de los muertos y heridos que abarrotan los hospitales son civiles, CIVILES. Más de trescientos cincuenta niños y mujeres han muerto como consecuencia de un castigo colectivo. Y que los castigos de ese tipo son, o eran hasta que empezó este siglo, repugnantes y aborrecibles.

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Fue posible. En peor momento, de Soledad Gallego-Díaz en El País

Posted in General by reggio on 1 agosto, 2008

“La eficacia del Tribunal Constitucional depende de la independencia de sus magistrados y de la no consideración del tribunal como una continuación de la política por otras vías (…) Es posible que los magistrados tengan unas ciertas simpatías ideológicas o determinados criterios sobre problemas económicos, sociales o culturales, pero todo ello se pone entre paréntesis en el momento en el que se es juez (…) Esto no es sólo una condición de la magistratura constitucional sino de todas las especies de magistraturas. Un juez puede tener un criterio sobre el divorcio, pero cuando juzga un caso tendrá que aplicar la ley y no otra cosa”. Quien así hablaba fue el primer presidente del Tribunal Constitucional español, Manuel García Pelayo.

García Pelayo no era un ingenuo que desconociera el funcionamiento de la justicia y de la política española de la época. En aquellos momentos era, probablemente, el mejor y más reconocido experto español en derecho constitucional, aunque llevara años ejerciendo su magisterio en la Universidad de Caracas. Simplemente sabía que ningún Tribunal Constitucional del mundo puede desarrollar su función sin esa total independencia de criterio. Lo ingenuo no era exigirla, sino pensar que se podía mantener el prestigio y la eficacia de un tribunal semejante sin demostrar, día a día, la autonomía de sus integrantes respecto al Gobierno, a los diferentes partidos políticos y a todo tipo de instituciones, incluidas, por supuesto, las religiosas.

En un país en el que tanto se reivindica la memoria histórica no estaría mal que se recordara también lo que pasó no hace un siglo sino algo más de 20 años. Los magistrados (y magistradas, puesto que había una mujer) de aquel primer Tribunal Constitucional fueron nombrados por el Gobierno de UCD (dos), por el Congreso de los Diputados (cuatro), por el Senado (cuatro) y por el Consejo General del Poder Judicial (dos). Eran momentos difíciles, bastante más difíciles que los actuales, con una situación económica muy deteriorada y con una actividad terrorista brutal (más de 90 víctimas en 1980).

En esas circunstancias, los miembros del Constitucional fueron capaces de hacer caso omiso de las indicaciones del Gobierno, que hizo llegar su deseo de que Aurelio Menéndez fuera elegido presidente. Los magistrados decidieron, por unanimidad, designar a García Pelayo, en reconocimiento a su mayor magisterio y prestigio. Así, un catedrático emigrado, que había sido oficial de Estado Mayor de la República, se convirtió en el primer intérprete de la recién aprobada Constitución. García Pelayo, un hombre independiente, fue la primera demostración de la independencia del tribunal. Menéndez, ilustre jurista y un caballero muy discreto, esperó unos meses para presentar su dimisión y volver, sin el menor ruido, a su cátedra. “Es fundamental que todos los actores de nuestra vida política renuncien a la tentación de hacer del tribunal un órgano político”, aseguró.

Todo esto viene a cuento de la próxima renovación del Tribunal Constitucional y de la exigencia que debe tener toda la sociedad para evitar que se reproduzcan las manipulaciones cometidas en los últimos años. No es una ingenuidad exigir que los nuevos magistrados sean, por encima de todo, independientes y competentes. No hacerlo no es una lección de pragmatismo político sino de grave y peligrosa dejación democrática.

Los nuevos magistrados deben ser independientes y deben, además, parecerlo, porque llegan a un tribunal que ha estado sometido a presiones políticas intolerables y que necesita, urgentemente, recuperar la discreción y el prestigio. De nada valdrá que los dos principales partidos del país, PSOE y PP, hayan alcanzado un acuerdo para la necesaria renovación de cinco de los 12 magistrados del tribunal si esa renovación se produce, de nuevo, con criterios inexplicables, por no hablar de decisiones de carácter claramente partidista.

Los ciudadanos con memoria sabemos perfectamente en qué consiste la independencia de ese tribunal: en exigir las condiciones que explicitó García Pelayo en 1980. Y si para evitar que lleguen al tribunal candidatos indeseables no queda más remedio que ejercer el derecho de veto, ejérzase y plántese cara, de una vez, al deterioro irresponsable de una de las principales instituciones de este país.

(Entre los nombres de los candidatos que ya empiezan a circular figuran algunos que pertenecen a organizaciones religiosas católicas muy conocidas por su fuerte militancia contra el derecho a abortar. ¿Sería posible que, llegado el momento, los diputados y senadores ante los que deberán comparecer esos candidatos les exijan una declaración expresa en el sentido de que su creencia y militancia religiosa no influirá en su criterio cuando tenga que interpretar la Constitución y analizar la nueva ley de interrupción del embarazo? ¿O que se comprometan a no participar en esas deliberaciones?).

solg@elpais.es

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Cuando vuelan los adoquines, de Soledad Gallego-Díaz en El País

Posted in Derechos, Política by reggio on 25 julio, 2008

A los símbolos les pasa lo que a los adoquines, decía Víctor Hugo. Uno camina sobre ellos felizmente hasta que te caen sobre la cabeza. La posición de la Generalitat de Cataluña respecto a la nueva financiación autonómica se ajusta bastante bien, por ahora, a esta irónica visión. Más que preocuparse por los números (¿cuánto dinero de más supone realmente la nueva y mayor cesión de impuestos estatales que propone el ministro de Hacienda?), da la impresión de que la Generalitat de José Montilla está obsesionada por los símbolos. Y por encima de todos, por la exigencia de bilateralidad, como lo estuvo la de Maragall.

El ansia de que entre Cataluña y el Estado existan relaciones peculiares, distintas y privativas es una exigencia antigua de los nacionalismos, asumida ahora por los socialistas catalanes, casi como la mayor de sus ambiciones. Aparentemente no se trata sólo de reclamar lo que se considera justo y lo que se necesita para el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos, sino de establecer una nítida diferencia, una asimetría sistemática en sus relaciones con el Estado central, respecto a las otras comunidades.

El problema es que cualquiera que analice la historia de las comunidades autónomas en España sabe que se trata, y que se ha tratado desde el principio, de una lucha entre unas pocas que quieren diferenciarse a toda costa y otras, la mayoría, que quieren ser iguales, con idéntico empeño. La lucha es permanente y sin solución posible, pero, afortunadamente, no está escrito en ninguna parte que las cosas sin solución tengan necesariamente que ser, además, dramáticas.

La novedad en el caso español es que en esta ocasión la exigencia de bilateralidad se remite al Estatuto catalán y a su eventual incumplimiento por parte del Estado. Es cierto que el artículo 201.3 del nuevo Estatuto dice que el desarrollo de lo relacionado con la Hacienda de la Generalitat “corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat”. Pero también que el punto primero de ese mismo artículo dice que “las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la Ley Orgánica prevista en el artículo 157 de la Constitución”, es decir, por la ley que establece un órgano multilateral de negociación.

Nadie dirá ahora que no tenían razón quienes advirtieron en su día de que el texto del Estatut contenía demasiadas contradicciones y de que iba a dar origen a multitud de disputas. Esto no ha hecho más que empezar y es muy probable que las discordancias se mantengan durante bastantes años, hasta que exista suficiente jurisprudencia interpretativa del Tribunal Constitucional. (¿Momento en el que, quizás, se empiece a pensar en un nuevo Estatuto?).

La cuestión ahora es que, como decían los juristas romanos, no se pueden hacer las cosas imposibles. El sistema de financiación de las comunidades autónomas en España es multilateral. Una cosa es que el Gobierno hable, negocie y discuta con la Generalitat (y con los Gobiernos autónomos de los demás territorios) de forma bilateral, como siempre se ha hecho, y otra que lo que se hable con la Generalitat catalana no tenga que formar parte del acuerdo multilateral previsto en la Constitución.

Sobre eso no parece que realmente existan muchas dudas ni interpretaciones, así que lo más probable es que finalmente impere la sensatez, por mucho que ahora todo el mundo parezca tirar de la cuerda sin límite. (¿Nadie le advirtió a Montilla de que su comentada frase “te queremos, José Luis, pero más queremos a Cataluña y a los catalanes” es muy parecida a la que pronuncia Bruto para explicar por qué se alza contra César?: “No porque amara menos a César, sino porque amaba más a Roma y a los romanos” [Shakespeare).

Montilla tiene que presentarse ante su electorado en menos de dos años y su única y principal victoria tiene que ser una mejora sustancial en el sistema de financiación de Cataluña, y eso es aceptado y comprendido en el Gobierno de Madrid. “Es razonable y posible, siempre y cuando el PSC no quite los adoquines del suelo”, advierten en el PSOE andaluz.

Quitar los adoquines es amenazar con no apoyar los Presupuestos de 2009 o decir que se está mucho más cerca del consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, del PP, que del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Los socialistas andaluces, que tan importantes han sido a la hora de limar asperezas y desconfianzas respecto al Estatuto catalán, empiezan a mostrar inquietud y enfado. Montilla puede recordar que los diputados del PSC obedecen a su propia dirección, afirman. Pero el PSC sabe perfectamente que sin estar asociado al PSOE, sin el respaldo de los socialistas andaluces, no obtendría ni la mitad de votos que obtiene en Cataluña. Cuando empiezan a volar, los adoquines caen sobre todas las cabezas.

solg@elpais.es

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Mensajes que siguen faltando, de Soledad Gallego-Díaz en El País

Posted in Derechos, Política by reggio on 11 julio, 2008

Poco a poco, con más lentitud que en otros periodos poselectorales, se van fijando los marcos generales de la nueva legislatura. Los dos congresos, del PP y del PSOE, han sido interesantes en ese aspecto, pero ahora necesitan desarrollo y en esos procesos pueden quedar otra vez al descubierto problemas que no fueron solucionados.

El Partido Popular, por ejemplo, se ha complicado el poscongreso, en el que Mariano Rajoy renovó, con éxito y gran repercusión mediática, su equipo. Lo ocurrido después en Cataluña no tuvo gran importancia, pero sí volvió a sacar a la luz lo que continúa siendo el principal problema del PP: Rajoy ha cambiado de equipo y de imagen, pero sigue sin explicar hacia dónde quiere llevar a su partido y sigue sin dar señales o directrices fáciles de interpretar por los militantes y dirigentes populares.

Todos intuyen que ha terminado la época de la crispación y de los ataques indiscriminados en todos los frentes, pero todavía no saben cuáles son los mensajes que sustituyen a aquella fracasada estrategia.

En ausencia de un proyecto claro, en los partidos políticos suelen florecer las ambiciones personales y eso es lo que ocurrió en Cataluña, donde era difícil saber en qué se diferenciaban los candidatos. ¿La victoria de uno o de otro sector implicaba mayor o menor acercamiento a Convergència i Unió? ¿Tenían análisis distintos sobre el desastre ocurrido en las elecciones generales y estrategias diferentes para intentar modificar la situación en convocatorias futuras? ¿Qué línea impulsaba el presidente del partido? Imposible saberlo. Rajoy dijo a quién quería al frente del PP catalán, pero no dio ni la menor señal sobre qué quería que hiciera o defendiera.

El problema del PP no es un problema de falta de habilidad en el manejo del aparato, como algunos, en el entorno de Rajoy, intentan ahora justificar. La nueva secretaria general, María Dolores Cospedal, ha logrado salir sin un rasguño de su debut en Cataluña o del congreso de Baleares (conflictivo por otros motivos). No parece que sea capacidad de gestión lo que le falta al nuevo equipo. Lo que sigue necesitando es algo que no depende de la secretaria general ni del poderoso Javier Arenas, sino del propio Rajoy. Es esa falta de señales y mensajes claros, tan clásica en la carrera política de Mariano Rajoy, la que muchos, dentro de su propio equipo, empiezan a temer.

El congreso nacional del PP dejó además bastantes heridos por el camino y por ahora Rajoy no ha hecho ademán de recuperarles. El nerviosismo en ese grupo, que anhela “recolocarse”, es muy patente. En su ayuda han llamado, incluso, a José María Aznar. El ex presidente del Gobierno, cada vez más enfadado porque no se le reconozcan, en su propia casa, sus grandes cualidades como gurú político (reconocimiento imprescindible para poder exhibirlas después fuera de España), apareció esta semana en Telemadrid para exigir “integración” y negociación interna. No parece que Rajoy tenga prisa en negociar nada, por lo menos antes de que se celebre el congreso del PP en Madrid y se compruebe el poder interno de Esperanza Aguirre.

Por su parte, el PSOE, que está muy cómodo tras la victoria electoral y en el que es palpable la gran autoridad y reconocimiento de que disfruta José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene todavía elementos suficientes para saber hasta qué punto han calado, o van calando, en el electorado los cambios efectuados por el PP y por Rajoy.

De momento, el congreso ayudó a marcar los campos en los que se va a intentar distinguir el “producto” socialista, las zonas en las que se procurará conducir la discrepancia y el enfrenamiento con el PP. Se trata, obviamente, de aquellas en las que los populares vayan a encontrar más dificultades para sacudirse la imagen de derecha pura y dura: aborto, relaciones con la jerarquía de la Iglesia, etc.

El discurso de clausura de Zapatero dejó también algunas pistas sobre la estrategia socialista en esta primera etapa de la legislatura. El presidente del Gobierno no tiene el mismo problema que Rajoy: sabe qué mensaje quiere transmitir y cómo. Da la impresión de que apuesta por reconducir inmediatamente el debate político al esquema más lineal derecha/izquierda y por dar una cobertura claramente ideológica al debate sobre la gestión de la crisis económica. Economía de Izquierda/economía de Derecha puede ser su gran leit motiv de los próximos dos años, siempre que la caja resista y que la recuperación se inicie en los plazos más o menos previstos.

Mientras tanto, sorprendió el inusual paso que dio Zapatero al convertir automáticamente las conclusiones del 37º congreso en compromisos del Gobierno. Hasta ahora se suponía que el único compromiso de un Gobierno era el programa con el que se había presentado a unas elecciones y que los acuerdos de los congresos políticos a veces se incorporaban a esos programas, y a veces, no, según las circunstancias.

PD. La fundación que dirigirá Caldera, y que ha quedado muy recortada, se llamará IDEAS. Lo curioso es que el PSOE se empeñe en convertir esa palabra en un acróstico: I, de Igualdad; D, de derechos… Con lo fácil que es entender la idea en sí misma.

solg@elpais.es

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Cospedal y la nave a salvo de piratas, de Soledad Gallego-Díaz en El País

Posted in Política by reggio on 23 junio, 2008

El XVI Congreso del Partido Popular, que se clausuró ayer en Valencia, quedará marcado como el cónclave en el que se produjo el cambio de imagen más radical de la historia reciente de ese partido. Salvo Mariano Rajoy, todo lo demás, todo lo que aparecerá ante los medios de comunicación y ante la opinión pública, va a experimentar en las próximas semanas y meses un giro de 180 grados. En lugar de Ángel Acebes, María Dolores de Cospedal; en lugar de Eduardo Zaplana, Soraya Sáenz de Santamaría. Un nuevo portavoz, que pondrá cara y voz en radios y televisiones, el valenciano Esteban González Pons, curtido en muchas batallas y experto en no alzar la voz, pase lo que pase. Incluso el propio Rajoy ha anunciado que hará todo lo que esté en su mano para presentarse como un nuevo jefe de la oposición, dispuesto a ofrecer acuerdos y pactos.

Se supone que ese cambio de talante no va a acarrear variaciones en términos programáticos. Una lectura atenta de las ponencias aprobadas indica que no se ha producido alteración sustancial en los contenidos que viene defendiendo el PP desde 2004, pero es también difícil que un cambio de imagen tan fuerte no lleve aparejada una cierta matización del discurso político. Lo interesante ahora es ver cómo se adecuan las dos cosas.

Y, en clave externa, será igualmente interesante ver cómo se van adaptando a la nueva imagen del PP la jerarquía de la Iglesia católica, tan combativa y tan deseosa de sentar plaza dentro del partido político de la derecha, y los medios de comunicación que más se implicaron en el intento de echar a Rajoy desde la misma noche de su derrota electoral. Ayer, algunos quisieron ver en el primer discurso de Cospedal una alusión indirecta a lo ocurrido estas semanas. La nueva secretaria general aludió a Rajoy como “el hombre que ha sabido mantener la nave a salvo de los piratas que intentaban desvencijarla” y sus palabras, tuvieran el significado que tuvieran, llamaron mucho la atención.

Es posible que los compromisarios del PP hayan abandonado Valencia poco entusiasmados con la nueva etapa. Primero, porque en este congreso se escenificó la ruptura de Rajoy con lo que se podría llamar “su generación”, con Aznar en primer lugar, pero también con Mayor Oreja o con Acebes (a pesar del elegante discurso de despedida del ex secretario general, muy lejos de la aparatosa gestualidad de Aznar, cada día menos del gusto del militante medio del PP).

Segundo, porque muchos esperaban algún gesto de generosidad integradora de Rajoy, que no se produjo, en absoluto.

Y, tercero, y lo más importante, porque tradicionalmente los congresos nacionales dan origen, en cascada, a los congresos regionales y provinciales y nadie sabe cómo le van a afectar esos cambios (más del 85% de los delegados que acudieron a Valencia ocupa un cargo orgánico en el partido). Antes del verano se celebrarán los del País Vasco y Cataluña, muy vinculados a la situación de la dirección nacional. El congreso más esperado será, sin embargo, el de Madrid, que se celebrará a partir de octubre y en el que se supone que Alberto Ruiz-Gallardón, reforzado por Rajoy, debería plantar cara a una Esperanza Aguirre, que sale lastimada de Valencia pero que sigue siendo muy poderosa en su feudo.

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Diluvia. Llueve a cántaros, de Soledad Gallego-Díaz en El País

Posted in Derechos, Economía, Política by reggio on 13 junio, 2008

“Llueve sobre el Derecho del Trabajo. Llueve a cántaros. De hecho, está diluviando”. Lo dijo el profesor Umberto Romagnoli el pasado mes de septiembre en una lección magistral que pronunció en la Universidad de Castilla- La Mancha y los hechos desde entonces no han dejado de darle la razón. El Derecho del Trabajo, el más eurocéntrico de los derechos nacionales, el que mejor simboliza la construcción europea y el que mejor representa su bienestar, está sometido a una presión vertiginosa. Romagnoli, que es catedrático en la Universidad de Bolonia y que está considerado como uno de los mayores expertos europeos en el tema, no se mostró muy optimista sobre su futuro: “Lo único que puedo decir es que no se sabe si se trata de temblores sísmicos o del preludio de un cataclismo completo e inacabado”.

Romagnoli comentó que los valores del libre mercado, que habitualmente no eran glorificados en las Constituciones elaboradas después de la II Guerra Mundial, han entrado ahora, con todos los honores, en los ordenamientos internos de cada país. La famosa flexiguridad de la que habla la UE parte de la “ilimitada confianza” en que para incentivar el empleo es necesario reducir los estándares de tutela del trabajo. La cuestión parece ser ahora ir comprobando el “umbral de aceptabilidad” de los ciudadanos europeos.

Resaltar estos hechos no quiere decir oponerse a las modificaciones que indudablemente hay que introducir en el mercado laboral. “Simplemente, no creo que la destrucción del Derecho del Trabajo, creado en el siglo XX, pueda curar el malestar de la economía sin crear aun peores y más extensos males”, explica Romagnoli.

No se trata de mantener un modelo social con 20 millones de parados, como se quejaba Tony Blair, pero tampoco de obligar a los ciudadanos a enfrentarse “en total soledad con una divinidad irascible y absolutamente misteriosa como es el mercado de trabajo”.

Nada se hará, dice Romagnoli, con unos sindicatos obsoletos, capaces exclusivamente de defender a quien ya ha encontrado un puesto de trabajo y no a quien lo está buscando sin poder encontrarlo; con quienes se niegan a aceptar las extraordinarias modificaciones que experimenta el mundo del trabajo. Pero nada se hará tampoco aceptando que desaparezca el Derecho del Trabajo o que quede reducido a un mínimo esqueleto, como pronostica también el profesor español López Bulla.

Todo esto viene a cuento de la decisión de la Unión Europea de modificar la directiva sobre “ordenación del tiempo de trabajo”. La propuesta británica de suprimir el tope de 48 horas semanales estaba sobre la mesa de la UE desde hace más de tres años, bloqueada por España, Francia e Italia, entre otros. Es cierto que la llegada al poder de Nicolás Sarkozy y Silvio Berlusconi ha hecho desaparecer esa minoría de bloqueo, pero aún así no se entiende por qué la Unión Europea ha decidido ahora dar prioridad a este tema, como no sea por el afán, más bien ideológico, de ir comprobando los “niveles de aceptabilidad” de la ciudadanía.

Es imposible creer que la nueva directiva pretenda simplemente adaptar la jornada laboral de los médicos de guardia, como algunos quieren hacernos tragar. Todos sabemos que la Comisión es experta en encontrar salidas ambiguas a problemas liosos. De hecho, el Parlamento Europeo (PE) ya había dejado una puerta abierta: “Se podrán computar diferentemente las horas inactivas de los tiempos de guardia en aquellos Estados o instituciones donde la gestión de los Servicios Públicos quede amenazada por carencia de personal”.

El informe previo del PE ha sido bastante claro: la nueva directiva europea no va a establecer un escenario de flexibilización, como a tantos empresarios y políticos les gusta pedir, sino que va a anular directamente la norma de ordenación del tiempo de jornada laboral, algo que ha sido hasta ahora un elemento básico del Derecho del Trabajo. “Es inaceptable”, resumía el informe del PE, encargado al diputado socialista español Alejandro Cercas.

Cualquiera que esté un poco al tanto de lo que pasa en Europa y de lo que pasa en el mundo, sabe que, en estos momentos, incluso desde el punto de los intereses del mundo empresarial, hay cosas mucho más urgentes que afrontar la supresión de la directiva de las 48 horas. Sin ir más lejos, las que reclamaba esta misma semana la canciller alemana Angela Merkel: la regulación anglosajona de los mercados financieros ha demostrado que es insuficiente, ha llevado a nuestras sociedades a una crisis y ha demostrado que hay mucho más peligro en la opacidad del sistema financiero que en la relativa rigidez de la jornada laboral. Pero parece que sobre ese asunto en concreto nadie tiene prisa. Ni llueve, ni diluvia. No cae una gota.

solg@elpais.es.

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Asuntos por los que votamos, de Soledad Gallego-Díaz en El País

Posted in Derechos, Educación, Política by reggio on 6 junio, 2008

¿Tiene el Gobierno de la nación alguna responsabilidad en el mantenimiento de la escuela pública como factor de vertebración social y cultural del país? Una cosa es que las comunidades autónomas tengan un amplio margen en el desarrollo curricular de las enseñanzas y otra que puedan cambiar el carácter de la escuela pública convirtiéndola en subsidiaria de la privada concertada, como está ocurriendo en la de Madrid, y como empieza a calar incluso en ayuntamientos socialistas.

Una cosa es que la escuela pública no sea una escuela “nacional”, en el sentido de ignorar las diferencias territoriales o lingüísticas o de imponer criterios políticos, y otra que pueda convertirse en escuelas “nacionalistas”, excluyentes de todo lo que ayude a consolidar un Estado común al servicio de los ciudadanos. ¿Puede hacer algo el Gobierno para impedir esos peligros? Mejor aún, ¿quiere hacer algo al respecto? ¿Ha renunciado ya al concepto de escuela pública y se limita a garantizar una enseñanza gratuita? Conste que no es lo mismo, en absoluto, y que con excepción de Bélgica y Holanda, todos los países de nuestro entorno, Estados Unidos incluido, dan prioridad al cuidado de su red de escuelas públicas, sin renunciar nunca a vertebrar el país a partir de ese concepto.

En España, los expertos advierten de que uno de los mayores peligros que afronta la escuela pública es su marginalización, su conversión en el lugar donde se escolariza a los alumnos con especiales necesidades educativas: inmigrantes, gitanos, y en definitiva los más pobres e ineducados de la escala social. Un reciente y gran estudio del Colectivo Lorenzo Luzuriaga advierte de que ese fuerte proceso de deterioro está poniendo claramente en entredicho el futuro de la red.

¿Es esto asunto del Gobierno de la nación o no? El artículo 87 de la LOE dice que serán las “administraciones educativas” las que garantizarán la equilibrada escolarización del alumnado con necesidades de apoyo educativo. Es, se dice, una competencia transferida. La Generalitat de Cataluña está negociando en estos momentos una ley para asegurar ese equilibrio, pero en la Comunidad de Madrid se está llevando a cabo desde hace años una política completamente contraria, que convierte a la escuela pública en subsidiaria de la privada concertada. En Madrid, según van llegando alumnos inmigrantes a la escuela pública, se impulsa la creación de escuelas concertadas a donde se van trasladando los alumnos españoles, o con familias que tienen mayores recursos y mayor nivel educativo.

Eso pasa por votar en Madrid al PP, alegan en los partidos de izquierda. Pero los ciudadanos han votado al PSOE para el Gobierno de la nación y si algo tan básico como la existencia de la escuela pública no es asunto suyo, los ciudadanos podemos terminar preguntándonos para qué otros importantes asuntos queremos votar en las elecciones generales.

El Colectivo Lorenzo Luzuriaga propone que el Gobierno rompa su silencio y recurra a las medidas legislativas necesarias para, entre otras cosas:

1) Preservar el carácter público de la red de centros transferidos a las comunidades autónomas.

2) Prohibir que, por vía directa o indirecta, se privaticen los centros públicos.

3) Exigir que el dinero destinado a creación de nuevos centros docentes y el suelo público destinado al mismo fin se utilicen exclusivamente para la creación de centros docentes públicos. (CC OO ha denunciado que muchos ayuntamientos madrileños han cedido o van a ceder 40 solares a particulares para construir centros docentes privados y que no es algo que esté ocurriendo solamente en municipios regidos por el PP. El resultado es que en los cursos 2005-2006 y 2006-2007 el crecimiento comparativo del alumnado en Madrid ha sido de 5.957 alumnos en la escuela pública y de 15.694 en la privada concertada).

El colectivo recuerda también que para defender a la escuela pública hay que mejorar la enseñanza y los servicios que presta: horarios escolares que tengan en cuenta la vida familiar, oferta de comedor, transporte escolar en ciudades y no sólo en el medio rural, actividades complementarias y mejora de instalaciones. (El estudio llega a la desagradable conclusión de que en España los mejores edificios escolares públicos son, todavía, los construidos antes del franquismo).

Dos comentarios más. La realidad demuestra en España que la red de escuelas concertadas es fundamentalmente una red de centros con ideario católico. Es decir, el Estado está abandonando la escuela pública en favor de la escuela confesional. Y segundo: el INE acaba de publicar una encuesta según la cual el 81% de los inmigrantes que trabajan legalmente en España y que tiene hijos prevé acogerse al reagrupamiento familiar. Quiere decirse que la escuela pública puede hacer frente en pocos años a la llegada de más de 500.000 menores extranjeros. ¿A qué espera el Gobierno para preparar a la sociedad y para obligar a reequilibrar las matriculaciones? Luego algunos dirán que el problema es la inmigración ilegal. El problema, como siempre, es la falta de seriedad a la hora de afrontar los derechos ciudadanos.

solg@elpais.es.

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Una búsqueda desesperada, de Soledad Gallego-Díaz en El País

Posted in Política by reggio on 23 mayo, 2008

La campaña desatada en torno al congreso del PP tiene un aspecto cada vez más despiadado. Cada día se nota más la desesperación de quienes intentan forzar, como sea, una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy, que corte el paso al nuevo equipo y que vuelva a colocar al PP bajo la influencia de los dos medios de comunicación, la emisora de la jerarquía católica Cope y el diario El Mundo, que desempeñaron un papel fundamental en la pasada legislatura y que no renuncian ahora a tejer una poderosa alianza a la americana.

Todos ellos temen que si la candidatura de Rajoy es la única que compite, el actual líder del partido se garantice, al menos, otros tres años de protagonismo, con una anunciada, e inesperada, autonomía personal. Encontrar una alternativa a Rajoy es, sin embargo, difícil. Primero, porque los posibles herederos, algunos de los actuales barones (Francisco Camps y Esperanza Aguirre incluidos), no son diputados en el Congreso y éste es un país donde la oposición se ha hecho siempre vía parlamentaria, con los debates sobre el estado de la nación y las preguntas de control como elementos políticos básicos.

El candidato del PP a las elecciones de 2012 puede no ser parlamentario, pero sólo si se lanza ya en víspera de la nueva campaña electoral. Nadie puede resistir cuatro años enteros como jefe de la oposición y candidato a presidente del Gobierno fuera del Parlamento. Por eso algunos tratan de convencer a Juan Costa o a Gustavo Arístegui, que tienen escaño, para que se lancen a la aventura.

La cuestión es quién ejerce el mando en el PP hasta 2011. Camps y muchos otros barones prefieren que sea Rajoy, porque piensan que es un candidato debilitado y que, en cualquier caso, es mejor que dar paso a uno de sus auténticos enemigos, es decir, otro barón que se ponga al frente del extenso aparato del partido. Pero una cosa es que hayan dado su respaldo a Rajoy y otra, que estén dispuestos a asumir parte del desgaste que sufre en estos días el presidente del partido.

Camps, Arenas o Núñez Feijóo están contemplando la batalla desde la barrera: Rajoy se las tiene que arreglar solo, o con el exclusivo apoyo de Ruiz-Gallardón, que no tiene mucho que perder y sí algo que ganar, para salir vivo de esta ofensiva. Por eso los enemigos de Rajoy intentan desesperadamente echar toda la carne en el asador en estos días y se felicitan por el nuevo flanco abierto por una persona tan apreciada como María San Gil, quien parece haber aprovechado la situación para retirar su candidatura en las próximas, y pesimistas, elecciones vascas. La operación no ha salido del todo bien, porque el PP vasco está más alejado del pensamiento apocalíptico de Mayor Oreja de lo que ellos creían, pero aun así perjudica a Rajoy, porque oponerse a San Gil no da réditos entre los militantes del PP.

Esperanza Aguirre y su entorno son otra cosa: la poderosa presidenta de la Comunidad de Madrid puede preferir, quizás, a cualquiera menos a Mariano Rajoy, pero tampoco puede unir su destino al de otro barón ni, desde luego, a un candidato poco sólido o disparatado, algo que sí están dispuestos a contemplar Jiménez Losantos, la jerarquía de la Iglesia católica o Pedro J. Ramírez, en su feroz intento por cortocircuitar a Rajoy. Todos ellos están empeñados en ofrecer a Aguirre su apoyo a cambio de arrastrarla a su campo. La presidenta, que nunca ha sido una militante religiosa, ha entregado la enseñanza de Educación para la Ciudadanía a los representantes más agresivos del pensamiento católico, y está jugando en ese campo de manera muy activa, pero no ha decidido aún arriesgarse y lanzar una candidatura alternativa, propia o encubierta, como le apremian. Si no hay tiempo ni capacidad para organizar otra candidatura potente, Aguirre necesita asegurarse que Rajoy no utiliza los tres próximos años para abrirle una guerra interna que le reste poder. Para eso, al menos, cuenta con el apoyo de Aznar, quien ya advirtió seriamente a Rajoy que en esta nueva etapa no debe modificar la actual relación de fuerzas dentro del partido.

¿Y Mariano Rajoy? El presidente del PP debe pensar que tres años es mucho tiempo. Su objetivo es simplemente llegar al congreso de junio sin ninguna candidatura alternativa creíble. Es decir, sin que los otros barones le hagan frente. Quizás dentro de tres años haya rehecho su poder interno y pueda realmente cumplir su deseo de volver a presentarse a las elecciones generales. Pero si no es así, si los barones reclaman su papel y tiene que dejar paso a otro candidato presidencial, por lo menos habrá dado un empujón al PP hacia una cierta modernidad. Hasta el momento, Rajoy ha cometido muchos errores, pero a trancas y barrancas va consiguiendo lo fundamental: arañar días sin que surja una alternativa creíble. A corto plazo, eso sería suficiente para el.

A largo, el problema está en el pensamiento de quienes, dentro del PP, creen que la alianza entre el PSOE y los nacionalismos se llevará por delante al Partido Popular y obligará a refundar la derecha española, que nunca ha perdido sus dos almas, la más abierta, aunque errática, de UCD, y la conservadora y católica de Alianza Popular. Aznar las unió pero no está escrito que tengan que permanecer siempre así.

solg@elpais.es

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Falta de discurso en Rajoy, de Soledad Gallego-Díaz en Domingo de El País

Posted in Política by reggio on 11 mayo, 2008

Lo más llamativo del proceso de cambio que pretende llevar a cabo Mariano Rajoy dentro del Partido Popular es que no existe ningún discurso político que oriente ese cambio. Por el momento al menos, sólo se habla de nombres (la dirección y la estructura del grupo parlamentario en el Congreso se han renovado prácticamente al ciento por ciento), pero Rajoy no ha explicado, ni sugerido siquiera, si piensa alterar estrategias, cómo o por qué. Esa falta de orientación produce desconcierto, incluso entre sus propios defensores, incapaces de saber dónde tienen que situarse durante los próximos meses.

La falta de discurso político sería más soportable si Rajoy ejerciera un liderazgo personal muy fuerte y carismático o si tuviera una amplia estructura propia de poder dentro del partido. Ninguna de esas dos cosas se produce en la actualidad, de manera que la fortaleza de Rajoy se está basando casi exclusivamente en el hecho de que no tiene alternativa posible. Los líderes territoriales, o barones, de donde podría partir esa alternativa, están mucho más preocupados por cortocircuitarse entre sí que por lanzarse al ruedo. Si hubiera alguien con ánimo y fuerza, comentan numerosos dirigentes regionales de segunda y tercera fila, podría llevarse el partido detrás de sí, pero la realidad es que nadie ha exhibido por ahora esa capacidad. Para colmo, a Rajoy empieza a reprochársele que deje tirados a cargos anteriores del partido, algo peligroso en una organización tan cerrada como el PP, en la que lo que se podría llamar “el desemparo del jefe” es un riesgo insuperable.

La falta de discurso de Rajoy es realmente aplastante y hace todavía más frágil su posición. El líder del Partido Popular se limitó en su día a hacer un balance bastante escuálido de los resultados electorales, en el que se limitó a constatar que unos habían trabajado más que otros y a rechazar cualquier responsabilidad personal en la derrota. El desordenado, mal compuesto e inconexo discurso dejó a sus seguidores realmente perplejos y a sus detractores todavía más preocupados. El dirigente popular tomó un poco de aire en el debate de investidura del presidente del Gobierno, pero volvió a caer inmediatamente en el mutismo, rehusando hablar de lo que le pide su partido: estrategias de futuro y mensajes capaces de marcar una dirección.

Todo el desgaste que está sufriendo el PP en estas semanas no tendría en realidad demasiada importancia si finalmente el congreso del partido, en Valencia, el próximo mes de junio, terminara dejando establecido un equipo fuerte y una estrategia compartida. Da la impresión, sin embargo, de que en esos momentos muy pocos dirigentes del PP apuestan por ese resultado. La mayoría teme un congreso fallido. Nadie confía en que el nuevo equipo que ha construido Rajoy, sobre el que va a recaer la cocina del entramado, sea capaz de controlar con éxito algo tan complicado como el congreso de Valencia. El congreso dependerá más bien de lo que quieran los barones.

A falta de otros escenarios, muchos dentro del PP se preguntan si quienes quieren abrir más el debate no terminarán por aprovechar la ponencia política para remover el terreno y plantear nuevas estrategias. Se supone que el próximo martes día 13, los encargados de elaborar las tres ponencias del congreso (estatutos, económica y política) presentarán sus textos de partida para someterlos al escrutinio de los delegados. De momento ya existe bastante expectación por saber cuántas enmiendas se van presentan a la ponencia política y quiénes las van a firmar. El texto inicial será obra de tres dirigentes regionales (la vasca María San Gil, el canario José Manuel Soria y la catalana Alicia Sánchez Camacho) que no tienen un gran peso político interno, pero que representan tres maneras muy distintas de relacionarse con los nacionalismos: San Gil rechaza de plano todo contacto; Soria ha pactado un gobierno con Coalición Canaria, y Sánchez Camacho nunca ha ocultado su catalanismo y su voluntad de acercarse a CiU.

¿Y José María Aznar?, se preguntan en las propias filas del Partido Popular. ¿Aprovechará el congreso para llamar al orden y dar directrices? Muy pocos creen que el ex presidente esté realmente en disposición de pronunciarse o de intervenir públicamente sobre lo que está ocurriendo. Una cosa es que siga provocando grandes aplausos entre los populares y otra que su papel sea tan lucido como antes. Si Aznar se pronunciara sobre la marcha del partido, se pondría en una situación incómoda, en un lugar expuesto a las críticas de algunos sectores o militantes de su partido. Y eso es algo de lo que Aznar huye como de la peste.

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El toque de la izquierda, de Soledad Gallego-Díaz en El País

Posted in Derechos, Política by reggio on 9 mayo, 2008

La mejor manera de que no exista racismo es echar a los negros. Ése ha sido, en bruto, uno de los argumentos más utilizados por la derecha europea para alejar los miedos de su electorado. Hace ya años que la derecha descubrió que podía aplicar ese principio a la inmigración en general, especialmente en cuanto se empiezan a sentir los efectos de una crisis económica y comienza a aumentar el paro entre los nacionales, que son, precisamente, quienes ejercen el derecho a voto. La novedad ahora es que la izquierda, muerta de miedo ante el indudable efecto que todo lo relacionado con la inmigración tiene en su propio electorado, ha empezado a descubrir el mismo guión. Eso sí, con un toque muy suyo: en el fondo se trata de expulsarlos por estrictas razones humanitarias.

Sinceramente, lo peor de la Directiva sobre el Retorno de inmigrantes que ha pretendido aprobar esta semana la Comisión Europea, con el apoyo del Gobierno socialista español, es la desvergüenza de pretender presentarla como un avance en defensa de los derechos de los inmigrantes irregulares. Para evitar que Gobiernos energúmenos mantengan detenidos a inmigrantes irregulares por tiempo indefinido se pretende que todos nos convirtamos en energúmenos que los tienen detenidos 18 meses sin decisión judicial previa y con un control que se ejerce a posteriori, nada menos que “tan pronto como sea posible”. (En el caso español, ahora, la orden de detención la tiene que firmar un juez, que la revisa periódicamente. Imagínense lo que puede pasar si se detiene a los inmigrantes sin permiso de trabajo por decisión administrativa y luego se espera a que el juez de turno encuentre un momento libre).

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, probablemente ejerciendo su conocido sentido del humor, aseguró que se trata de una directiva destinada a que la apliquen Suecia, Holanda, Reino Unido y Dinamarca, entre otros países en los que no existe límite de detención y en los que, gracias a nuestro empeño democrático, la situación de los irregulares mejoraría muy notablemente. En nuestro caso, dijo, la directiva no haría falta porque somos más garantistas y nuestros irregulares están mucho mejor protegidos. Eso sí, el Gobierno va a aumentar el periodo de detención, porque los 40 días actuales no son suficientes para completar los trámites de expulsión, aunque seguramente no llegaremos a los seis meses que fija la directiva ni, desde luego, a los 18 meses de máximo.

La lectura del programa electoral del PSOE, elaborado mientras se discutía, y defendía, en Bruselas la dichosa directiva, le deja a uno, sin embargo, un cierto mal cuerpo. Dice así: “Proceder a una modificación del actual periodo de 40 días de detención de los inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ampliándolo a un periodo homologable con el resto de los Estados miembros de la UE y que permita el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites de identificación y repatriación” (el subrayado es mío).

El autoproclamado afán protector y democrático del Gobierno español no es compartido afortunadamente por todos los socialistas en Europa. Los franceses (un país en el que Sarkozy todavía no ha conseguido modificar el periodo máximo de detención, que es de 32 días, el menor de la UE) están muy en contra. También los socialistas italianos. Su portavoz en el Parlamento Europeo, Claudio Fava, parece que no ha entendido una palabra de las buenas intenciones españolas. Él considera que la directiva es más bien “una degradación jurídica que trata a los inmigrantes como subespecie humana”.

La derecha europea tampoco comparte unánimemente esa directiva. Es cierto que algunos quieren endurecerla aún más, pero también que hay eurodiputados de esos grupos que se echan las manos a la cabeza. Y por lo menos hay que reconocer que el portavoz del PP Europeo, el alemán Manfred Webber, tiene el buen gusto de no disfrazar las cosas: “Los centros de internamiento son instrumentos para presionar psicológicamente a los detenidos”. La idea es muy simple: “O te vas o te meto en la cárcel”. Nada menos que 18 meses.

Lo que tiene que quedar claro es que la Directiva 2008 disminuye las garantías jurídicas contempladas en la de 2005. En concreto resulta gravemente restrictivo el artículo 7, párrafo tres: “Los Estados miembros podrán adoptar una decisión administrativa, resolución judicial o acto independientes por los que se ordene la expulsión”. Si tener en Europa una política común de inmigración supone tener que aceptar la equiparación de una orden judicial y de una decisión administrativa, sería francamente mucho mejor para la salud del sistema democrático renunciar a esa política conjunta. Siempre será mejor soportar una sociedad cínica que unas leyes que legalizan y amparan ese cinismo. Y si el Gobierno español sufre por no ver avanzar los derechos democráticos de los inmigrantes irregulares, no tiene más que empezar por casa y revisar las lamentables condiciones de nuestros propios Centros de Internamiento de Extranjeros. Que casualmente han sido denunciados por jueces y no por decisiones administrativas.

solg@elpais.es

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La ley de la transparencia, de Soledad Gallego-Díaz en Domingo de El País

Posted in Derechos, Política by reggio on 4 mayo, 2008

El Defensor del Pueblo Europeo, un cargo con todavía menos competencias ejecutivas que su colega español, publica, año tras año, interesantes informes en los que analiza las quejas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las instituciones de la UE. Muchas de ellas (casi el 30%) tienen que ver con dos cosas: la falta de transparencia con la que funciona la Comisión Europea y la extensión, cada día mayor, de las llamadas “puertas giratorias”: entro por un lado como funcionario de la UE especialista en un tema concreto y salgo por el otro como alto ejecutivo de una de las empresas de ese ramo o del lobby (generalmente patronales) del sector.

El pobre ombudsman (actualmente el griego Nikiforos Diamandouros) no puede hacer gran cosa, salvo subrayar la importancia de la transparencia, en todos los casos y muy especialmente en lo relacionado con las actividades de los lobbys o grupos de presión.

En eso radica, probablemente, la esencia del problema, no sólo en la Unión Europea, sino en todos los países democráticos en los que el acceso de los ciudadanos a todo tipo de documentos y papeles en manos de la Administración es injustificadamente restrictivo. En la UE se intentó hacer algo el pasado miércoles día 30, con una nueva normativa destinada, en teoría, a aumentar esa transparencia informativa. Dado que la UE es manifiestamente secretista, todo avance de la transparencia es bienvenido. Los expertos en el tema aseguran, sin embargo, que se ha perdido una gran oportunidad para imitar la legislación más abierta de los países nórdicos, y que la norma europea sigue siendo insuficiente e incluso regresiva en algunos aspectos. (Claro que el Parlamento Europeo no tendrá nada que decir al respecto: la semana pasada, según informó la web Eurobserver.com, los eurodiputados echaron abajo una propuesta para que se hicieran públicos los informes de sus propios auditores).

En el caso español, el problema no es que tengamos una legislación deficiente o exigua. Simplemente es que no existe. Imposible saber en España qué informes elaboró el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario antes de fichar, precisamente, por la patronal de la construcción. Es una pena, porque la publicidad, rutinaria y continuada, de esos informes hubiera ayudado a despejar ahora cualquier tipo de duda sobre la calidad o intención de su asesoramiento. No es lo mismo que el presidente del Gobierno estuviera escuchando a un colaborador independiente, que a alguien que compartía ya tanto el punto de vista de las empresas del sector que, de un día para otro, consideró conveniente dar un empujón a la puerta y pasar al otro lado.

Exigir transparencia en las distintas administraciones (autonómicas y locales incluidas) no es una manía de periodistas y profesores obsesos, sino una garantía de los ciudadanos contra, entre otras cosas, el excesivo juego de las puertas que giran (un sistema simple y eficaz de recordar lo fácil que es romperse los dedos), y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, incluida la Administración pública y los Gobiernos democráticos. No se explica cómo un Gobierno como el español, que se vanagloria de dirigir a la octava potencia económica del mundo y que ha sido capaz de impulsar importantes modernizaciones sociales, como la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, siga bloqueando la ley de acceso a documentos e informes financiados con dinero público. ¿Por qué no se pueden conocer en España en un plazo razonable los informes de la Oficina Económica del Presidente y sí se pueden analizar los que elabora el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos?

Las leyes conocidas como Freedom Information Acts, que obligan a las administraciones públicas a facilitar el libre acceso de los ciudadanos a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido grandes impulsoras no sólo de la lucha contra la corrupción, las corruptelas y el abuso de poder, sino de Gobiernos eficaces y sociedades comprometidas. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y mayor satisfacción ciudadana.

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