Reggio’s Weblog

Lecciones del pasado, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Memoria, Política by reggio on 27 febrero, 2009

Ciertamente si, tras la infausta montería jiennense, Mariano Fernández Bermejo se hubiese dado más prisa en presentar su inevitable dimisión, si se hubiera ahorrado esos desplantes parlamentarios que levantaron a la bancada socialista con gritos de “¡torero, torero!” –sic transit gloria mundi, debe de pensar hoy-, el cesante ministro de Justicia habría privado al Partido Popular de la pólvora con que éste ha alimentado su artillería dialéctica a lo largo de las últimas dos semanas. Como quiera que sea, Fernández Bermejo ya no está en el Gobierno. Y, aunque Mariano Rajoy y los suyos traten de prolongar un poco más la explotación del episodio cinegético, deberían ser conscientes de que el epicentro de la crisis política (de la crisis generada por las prácticas de espionaje en la Comunidad de Madrid y por la presunta trama de corrupción conocida como Operación Gürtel) ha vuelto a situarse en su campo.

Desde luego, no hay dos situaciones idénticas. Pero, en los anales de la derecha política española posterior al franquismo, existe un antecedente que presenta con el actual panorama del PP algunas semejanzas: me refiero al caso Naseiro. Estalló en abril de 1990, pocas semanas después de que, durante un congreso celebrado en Sevilla, José María Aznar López fuese definitivamente investido como sucesor de Manuel Fraga a todos los efectos; es decir, como líder omnímodo del refundado Partido Popular.

Fue, por tanto, una cúpula todavía no consolidada la que hubo de hacer frente a la detención del secretario de finanzas del partido, Rosendo Naseiro; a la posterior imputación de su predecesor, Ángel Sanchís, y a la salida a la luz de abundantes indicios sospechosos acerca de la posible financiación irregular del PP y de Alianza Popular. ¿Cómo? Pues por la vía del cobro de comisiones a cambio de favores inmobiliarios y concesiones de obras públicas en ayuntamientos bajo su control.

También en aquella ocasión el primer impulso de la dirección conservadora fue denunciar una maniobra, una confabulación del Gobierno socialista en connivencia con jueces y policías, para tapar el caso Juan Guerra y agostar las buenas perspectivas electorales del recién entronizado José María Aznar. Sin embargo, a la vuelta de algunas semanas hubo que aceptar las bajas de Naseiro, de Sanchís y, sobre todo, de Arturo Moreno, flamante vicesecretario de acción electoral y número cuatro del partido, a quien reemplazó… Mariano Rajoy. Es verdad -y dice mucho sobre el funcionamiento de la justicia en España- que, cuando el caso llegó a juicio en junio-julio de 1992, el Tribunal Supremo exoneró a todos los imputados, por un defecto de forma en la obtención de las pruebas. Con todo, el asunto sí tuvo consecuencias en el seno del Partido Popular: un Aznar que se sintió por momentos acorralado y desasistido dibujó, tras superar el trance, una línea roja de separación entre los leales y aquellos que no lo eran tanto, y procedió a la liquidación política de una serie de históricos demasiado independientes, como Fernando Suárez o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Podría decirse que fue el PP purgado tras el caso Naseiro aquel que alcanzaría La Moncloa en 1996.

Repito que no hay dos situaciones idénticas y, a día de hoy, es aún dudoso si las gestas empresariales de Francisco Correa y sus socios tenían como objetivo alimentar las arcas del Partido Popular, además de las propias y tal vez las de algún cargo político concreto. En cambio, los escenarios de 1990 y de 2009 coinciden bastante más en otro aspecto: la fragilidad del liderazgo del PP, por primerizo entonces, por erosionado y contestado ahora. El de Mariano Rajoy sufre desde las elecciones del pasado mes de marzo el acoso cotidiano de buena parte de los medios y las tribunas de la derecha madrileña, y el boicoteo explícito o sordo de una fracción del propio partido, atrincherada en baluartes tan poderosos como la Comunidad de Madrid. Precisamente esta última circunstancia diferencia de modo radical la posición actual de Esperanza Aguirre y la de los díscolos de 1990, los cuales carecían de cualquier poder institucional y pudieron ser barridos sin contemplación alguna.

Entonces, ¿cuál es, para los inquilinos de la séptima planta de Génova 13, la salida del laberinto? Desde hace largo tiempo, el principal reproche con que se bombardea a Rajoy en todos los tonos es el de carecer de cuajo, ser un blando -un maricomplejines- y no ejercer ni su autoridad interna ni la jefatura de la oposición con suficientes energía, ni contundencia, ni mala leche. Pues bien, la actual y doble crisis de los espías y de los correas ofrece al presidente del PP una gran oportunidad de desmentirlo, de reafirmarse y hacerse respetar por propios y extraños. ¿He dicho una gran oportunidad? Rectifico: la última oportunidad.

Reelegido hace apenas medio año con un apoyo congresual del 82,7%, y después de haber obtenido la cabeza del ministro Bermejo, Mariano Rajoy se halla ahora en condiciones óptimas para abandonar la actitud defensiva de las últimas semanas y erigirse en el más firme paladín de la depuración de todas las responsabilidades internas que puedan derivarse de los escándalos en curso. Sí, ya sé que los partidos actuales son ante todo sindicatos de intereses cimentados sobre la protección mutua entre sus miembros. Pero si Rajoy no aprovecha la coyuntura para cortar unas cuantas cabezas, para poner en su sitio a los nostálgicos del aznarismo, a los secuaces de la condesa consorte, entonces ni las elecciones gallegas, ni las vascas ni las europeas le salvarán, cualquiera que sea su resultado. Si hay algo que la derecha española no tolera es a los líderes débiles.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Un logro podrido, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Derechos, Justicia, Política by reggio on 13 febrero, 2009

Si el trienio presidencial de Pasqual Maragall fue, pese a todos los avatares y sobresaltos, el del nuevo Estatuto, el mandato de su sucesor debía ser el de la nueva financiación autonómica. No sólo en cumplimiento del texto estatutario de 2006, sino en correspondencia con los anuncios y las aptitudes del presidente José Montilla. Poco propenso y poco dotado para la lírica, el líder del PSC había prometido Fets, i no paraules mientras su partido advertía de que, resueltas ya las cuestiones identitarias y simbólicas, el periodo 2006-2010 iba a ser el de la gestión y el de las políticas sociales; hechos, gestión y políticas -se sobreentendía- nutridos con los recursos adicionales que debería aportar el nuevo modelo de financiación de la Generalitat.

La expectativa de ese nuevo modelo, espoleada por diversas crisis en nuestras infraestructuras que aumentaron la conciencia de los déficit acumulados, dicha expectativa alimentó el primer tercio de la legislatura hasta que, a fines de la primavera de 2008, fue evidente que el ya reelegido Rodríguez Zapatero no tenía intención alguna de acordar la financiación catalana antes de que venciera, el 9 de agosto, el plazo fijado por el Estatuto. Comenzó entonces una danza de subterfugios, excusas, nuevos plazos, anuncios y desmentidos sobre la inminencia del pacto, mientras la crisis económica global acudía impetuosa a apuntalar las dilaciones del inquilino de La Moncloa… Entramos en 2009, pasó enero, comenzó febrero, el Gobierno central advirtió de que nada cabía esperar antes de las elecciones gallegas del 1 de marzo. Y aquí estamos, ya con seis meses de demora a las espaldas pero sin ninguna certeza sobre cuándo puede resolverse el maldito embrollo de la financiación.

Frente a este panorama, ¿cuál ha sido la reacción en Cataluña, particularmente entre las fuerzas del Gobierno tripartito? Al comienzo, los socialistas sacaban pecho y lanzaban advertencias solemnes: recordemos, en julio, aquella celebrada frase del presidente Montilla durante el congreso de su partido (“te queremos mucho, José Luis, pero queremos más a Cataluña”); luego, en otoño, hubo vagas insinuaciones de que, si la financiación no estaba cerrada, tal vez los 25 diputados del PSC en el Congreso no votarían los Presupuestos Generales del Estado; después, a punto de finalizar el año, Miquel Iceta subrayó que, de no alcanzarse un acuerdo, las relaciones entre el PSC y el PSOE nunca volverían a ser las mismas…

La esterilidad de tales avisos, y sobre todo la usura del tiempo, ha ido reduciendo los gestos públicos de presión del socialismo catalán a un ritual cansino en el que Miquel Iceta repite que, si no se llegase a un arreglo con el Gobierno de Zapatero, es “obvio” que los vínculos con el PSOE “se resentirían”; aunque nada hay que temer, pues el PSC posee “una paciencia ilimitada”. Iniciativa, tras el memorable pacto veraniego entre su líder, Joan Saura, y la vicepresidenta Fernández de la Vega, prefiere hablar poco del tema y agitar sus fervores propalestinos como cortina de humo. En Esquerra Republicana, el secretario general, Joan Ridao, estima que las diferencias entre el Gobierno español y el catalán en materia de dineros son aún “astronómicas”, y las facciones críticas reclaman un referéndum interno sobre el nuevo modelo de financiación, cuando tal cosa exista; pero el presidente del partido, Puigcercós, parece priorizar el mantenimiento del statu quo y rechaza movimientos rupturistas. Montilla y Antoni Castells, por su parte, han prescrito silencio y manejan, con relación al eventual acuerdo, el tan peculiar como expresivo concepto de no-calendario.

Sin embargo, el efecto más deletéreo de este medio año de retrasos, de promesas rotas, de incumplimientos flagrantes y sucesivos, no es el de poner en evidencia la debilidad de los partidos que gobiernan la Generalitat, su impotencia ante la frivolidad y el oportunismo de Rodríguez Zapatero. No, lo peor ha sido el crecimiento exponencial del hastío y el desapego de los ciudadanos, los cuales han olvidado ya que de una mejor financiación autonómica dependen la cantidad y la calidad de sus servicios públicos, y tienden a creer que esa de la financiación es una querella endogámica entre partidos o entre gobiernos, una más, ajena a los intereses generales.

Una prueba la tenemos en los resultados del último estudio elaborado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, con fecha enero de 2009. Según ese trabajo demoscópico, sólo el 2,3% de los encuestados consideran que la “actuación prioritaria” del Gobierno catalán debería ser el nuevo sistema de financiación, siendo ésta la undécima y última entre todas las preocupaciones ciudadanas recogidas por la encuesta. No obstante, si nos fijamos en las 10 temáticas que el sentir de la calle considera mucho más importantes (“paro y precariedad laboral”, “mejorar las políticas sociales”, “acceso a la vivienda”, “sanidad y seguridad social”, “educación, cultura e investigación”, “inmigración”…), resulta que casi todas ellas son inabordables sin una sustancial mejora de los recursos financieros a disposición de la Generalitat.

Es verosímil que un día, ya sea en marzo, en abril o en julio, el prestidigitador Zapatero extraiga de su chistera un modelo de financiación autonómica que el tripartito -siquiera sea en nombre del peix al cove- se vea en la tesitura de aceptar, más todavía bajo los embates de la crisis. Aun así, el desgaste habrá sido tan grande, las frustraciones tan numerosas y la ilusión tan escasa, que se tratará de un logro podrido. Y a la legislatura le quedará poco más de un año.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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¿Uno de los nuestros?, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 30 enero, 2009

Hay días, como hoy, en que la responsabilidad del articulista es particularmente ardua e ingrata. Son ocasiones en las cuales el modesto opinador siente que debe rasgar el velo del templo, desvelar el secreto que muchos han guardado celosamente durante largo tiempo, y hacerlo a sabiendas de que nadie se lo agradecerá. Al contrario: unos lo tacharán de bocazas y otros de cínico, éstos dirán que está vendido al enemigo, y aquéllos que corroe la moral colectiva en unos tiempos tan críticos. Sin embargo, ahí va: estoy en condiciones de asegurar, sin sombra de duda, que Barack Hussein Obama no es del PSOE.

Comprendo que una revelación tan sensacional suscite la incredulidad de muchos ciudadanos de buena fe. ¿Acaso, la misma madrugada del 4 al 5 de noviembre pasado, no pudimos escuchar a José Blanco glosar desde Washington la victoria de Obama como si se tratase de la de un correligionario? ¿Acaso, en los tres meses transcurridos desde entonces, toda suerte de portavoces del partido socialista y del Gobierno español -y, en primer lugar, el presidente Rodríguez Zapatero- no han alimentado la idea de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca era uno de los nuestros? Bien, pues a pesar de todo, permítanme que insista: Barack H. Obama no militó jamás en las Juventudes Socialistas, ni pertenece a una agrupación del PSOE infiltrada dentro del Partido Demócrata norteamericano, no escuchó nunca las arengas de Alfonso Guerra en la fiesta minera de Rodiezmo ni ha cantado en su vida La Internacional. Peor aún: ni siquiera sabe quiénes son Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Leire Pajín.

¿Que cómo se ha alimentado, pues, tal equívoco, se preguntan ustedes? Sin duda, su primer inductor -involuntario, pero crucial- fue José María Aznar. Frente al entusiasmo con que éste hizo suyas, desde 2001, las tesis de la Administración republicana de George W. Bush en todos los terrenos (desde el discurso neocon de la FAES hasta la foto de las Azores y el envío de tropas a Irak), el PSOE entonces en la oposición agudizó su gestualidad antinorteamericana. Luego, de regreso al poder en 2004, purgó por ello mientras anhelaba que ocurriese en Washington un cambio político como el que acaba de producirse: si el nefasto Bush era casi del PP, el mirífico Obama será casi del PSOE, han razonado en Ferraz y en La Moncloa.

Es decir, que Rodríguez Zapatero sigue con su buena estrella, y tampoco es el primer político que trata de capitalizar pro domo sua un resultado electoral extranjero en el que no ha tenido arte ni parte. Ahora bien, una cosa es brindar innecesario respaldo a la victoria de Obama, o precipitarse a “garantizar” que las relaciones con su Administración serán “muy buenas”, o sugerir que Zapatero puede ser al nuevo líder norteamericano lo que Tony Blair fue a Bush -esto es, el interlocutor europeo preferencial-. Y otra cosa muy distinta es creer o hacer creer que el 44º presidente de Estados Unidos va a gobernar su país y el mundo como un mandatario socialista europeo y, más específicamente, español.

Por lo que se refiere a la política interior, ver en las ideas inaugurales de Obama -como ha hecho el presidente Zapatero- “una seña de identidad socialdemócrata muy pura” ya resulta atrevido, y tal vez confunde la socialdemocracia con algunas de las recetas que Franklin D. Roosevelt ya aplicó a partir de 1933. Sin embargo, es en materia de política exterior y defensa donde quienes conciban al nuevo usuario del Despacho Oval como un discípulo aventajado del zapaterismo hispano van a sufrir las más crueles decepciones.

Sí, porque nada augura, en el nuevo Washington de Obama, la adopción del beatífico pacifismo que el PSOE abandera entre nosotros. No lo hace, desde luego, la personalidad del secretario de Defensa, el mismo Robert Gates, que ha dirigido el Pentágono con Bush desde 2006. Tampoco apuntan en esa dirección los planes de redespliegue militar en el Oriente Medio, donde las tropas se irán marchando de Irak -quizá en unos plazos algo más cortos que los convenidos por Bush- pero, en buena parte, para trasladarse a Afganistán y reforzar allí la lucha contra los talibanes. Una lucha eminentemente militar, según subrayaba Gates esta misma semana ante el Senado, y como lo prueban los 18 muertos causados por misiles made in USA en la frontera afgano-paquistaní apenas 72 horas después de que Obama jurase el cargo.

Luego está el enconado conflicto israelo-palestino, sobre el cual casi todo el mundo confía en que el nuevo líder ejerza un influjo pacificador. Suscribo con entusiasmo esta esperanza, pero, justamente por eso, me creo en el deber de advertir sobre algunas cosas que no ocurrirán. No veremos al presidente Obama comparecer en ningún acto público con una kufia palestina al cuello; y el Partido Demócrata norteamericano no participará en ninguna manifestación en la que se tache a Israel de Estado “genocida”; y ningún miembro de la Administración entrante sugerirá siquiera a Israel que deje sin respuesta las provocaciones de Hamás: todavía este martes, la secretaria de Estado Hillary Clinton reiteraba “el derecho de Israel a la autodefensa”. En cuanto al flamante mediador, George Mitchell, es un hombre competente, íntegro e imparcial; basta recordar que su informe de mayo de 2001 sobre los orígenes de la segunda Intifada concluía: “la visita de Sharon (a la Explanada de las Mezquitas) no causó la Intifada de al-Aqsa, aunque se produjo en un mal momento…”.

O sea que, más allá del refrescante cambio de estilo y de discurso, la novedad mayor del Gobierno de Obama parece ser la política energética y medioambiental. Y ahí a Zapatero no le valen eslóganes; ahí tiene a Miguel Sebastián…

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Un aval europeo, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Cultura, Derechos, Educación, Política by reggio on 2 enero, 2009

De creer a ciertos medios de comunicación madrileños y a determinados partidos políticos, durante el año que acaba de concluir las medidas político-administrativas de acoso, de discriminación e incluso de persecución contra la lengua castellana en Cataluña habrían arreciado hasta alcanzar niveles paroxísticos. Tanto sería así que, no contentos con magnificar a página entera el menor incidente, queja o pleito de contenido lingüístico, dos diarios de difusión estatal creyeron necesario promover, el pasado mes de junio, un enérgico Manifiesto por la lengua común que recogió (o indujo) decenas de miles de adhesiones, pero, sobre todo, justificó una nueva oleada de agitprop contra la política lingüística de la Generalitat.

En el terreno partidario, las diferentes siglas del espectro españolista se han pasado todo el año 2008 compitiendo por la defensa de los castellanohablantes supuestamente sojuzgados bajo el Gobierno de José Montilla. Ya durante la campaña para las elecciones generales de marzo, el Partido Popular prometió, si ganaba, una ley estatal que garantizase la escolarización en castellano en todo el territorio español, y Mariano Rajoy incluso descalificó, en el curso de uno de sus debates cara a cara con Rodríguez Zapatero, la obligación de rotular los comercios por lo menos en catalán. En la sesión de apertura del XII Congreso del PP de Cataluña, a principios de julio, Javier Arenas aseveró con la mayor naturalidad que “si en tiempos era un disparate perseguir el catalán, ahora es una barbaridad perseguir el castellano”, y María Dolores de Cospedal prometió: “nos partiremos la cara por el castellano”… Hace apenas un par de semanas, el imaginativo concejal Xavier García-Albiol decía (El Mundo, 17 de diciembre) que la Generalitat “actúa como una policía secreta que persigue a los que quieren expresarse en castellano”, y comparaba tal situación con la de “los judíos cuando eran denunciados a las autoridades nazis”.

Frente a este alarde hiperbólico, las contribuciones a la causa de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C-PC) y de Unión, Progreso y Democracia UPD empalidecen, pero no deben ser desdeñadas: recuérdese la manifestación convocada en Barcelona el 28 de septiembre contra -nada menos- “la imposición lingüística que padecemos” y el “totalitarismo lingüístico de la Generalitat”.

Y bien, el azar ha querido que, antes de finalizar este 2008 aparentemente tan nefasto para la libertad de lenguas en Cataluña, el pasado día 11 se hiciera público el informe con que, por encargo del Consejo de Europa, un comité de expertos debía evaluar la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Dicho documento -de 151 páginas de extensión, y disponible en Internet en su versión original inglesa- asegura que, para cumplir los términos de aquella Carta Europea y garantizar el futuro de las lenguas distintas del castellano, las comunidades autónomas oficialmente bilingües deberían aplicar la “plena inmersión” escolar en la lengua autóctona. Es decir, que el catalán, el euskera y el gallego tendrían que ser utilizados como lengua vehicular de la enseñanza obligatoria en sus áreas lingüísticas respectivas. O sea, el modelo que se viene aplicando desde hace lustros en Cataluña, pese a haber sido comparado con el apartheid sudafricano y con los lager nazis. Por lo demás, los expertos se muestran decepcionados ante la situación del catalán / valenciano en las Baleares y en la Comunidad Valenciana, critican los persistentes obstáculos al uso de las lenguas cooficiales en el ámbito judicial o ante la Administración central, y constatan una evidencia: “la población mayoritaria castellanohablante es poco consciente de que España es un país multilingüe”.

Por supuesto, el informe del comité de expertos es -como cualquier obra humana- discutible. En todo caso, constituye un trabajo minucioso y documentado, ha sido asumido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y multiplica por un millón el promedio de rigor y de enjundia de las columnas con que los oráculos de la derecha mediática española sientan doctrina todos los días. Sin embargo, esos sectores a los que el texto fechado en Estrasburgo desmiente y desautoriza han reaccionado con una desoladora falta de fair play. Tras calificar las conclusiones del documento como “las recomendaciones de los extranjeros”, Abc sentenció: “el informe asume los planteamientos que esgrimen los nacionalistas”, con lo cual queda descalificado. La Razón, por su parte, titulaba “Ridículo informe del Consejo de Europa sobre las lenguas” antes de explicar que algunas de sus sugerencias “inducen a la carcajada, cuando no a la indignación, por su necedad y su falta de sentido común”.

A ver si lo voy entendiendo. Cuando un medio de comunicación internacional -verbigracia The Economist hace unas pocas semanas- se ocupa de la situación española, y su reportero critica la política lingüística o cultural de la Generalitat catalana, esas críticas se convierten en argumentos de autoridad contra dicha política, y como tales son objeto de glosas, exégesis y hasta preguntas parlamentarias. En cambio, cuando un organismo consultivo internacional del que forman parte 47 Estados -el Consejo de Europa- emite un documento oficial que avala aquella política lingüística e incluso la pone como modelo, entonces ese aval merece los epítetos de ridículo, necio e insensato, constituye una ingerencia “extranjera” o es objeto de un espeso pacto de silencio. ¡Y que vivan la honestidad intelectual y la deontología periodística…!

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Iniciativa, en el diván, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 28 noviembre, 2008

Aunque la cronología diga otra cosa, en realidad la asamblea que Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) celebró el pasado fin de semana en Sabadell ha sido la primera con el partido instalado en el poder. En julio de 2004 -fecha del anterior congreso- el tripartito de Maragall tenía apenas seis meses de vida y un caudal de expectativas casi intacto; sus tempranas crisis internas las había protagonizado Esquerra mientras -por contraste- los ecosocialistas aparecían como unos chicos modosos y saboreaban las mieles del gobierno sin haber catado todavía las hieles. Desde entonces, han pasado cuatro años y medio y un montón de cosas: el colapso del primer tripartito y la formación del que preside José Montilla; el bloqueo del despliegue estatutario y el empantanamiento de la financiación; la asunción por parte de Joan Saura del Departamento de Interior y la discutida gestión de la sequía que protagonizó su compañero Cesc Baltasar; la inflexión a la baja de los resultados de ICV durante el ciclo electoral de 2007-2008 y las tergiversaciones sobre la MAT o el Cuarto Cinturón…

Era, pues, en un ambiente bien distinto al de 2004 como Iniciativa abordó su 9ª Asamblea Nacional. Esta vez, lo hacía con un sentimiento agridulce, mezcla de autosatisfacción por la persistencia del pacto de izquierdas en la Generalitat e inquietud ante las contradicciones y los costes que ello supone para la sigla heredera del PSUC, tanto a nivel interno como de puertas afuera. Cuando, en la sesión de apertura de la asamblea, el secretario general de la Unió de Pagesos, Joan Caball, criticó la política agraria del tripartito; cuando el representante de Comisiones Obreras en Nissan atribuyó al Gobierno de Montilla “una posición demasiado prudente, cercana al miedo”, ante el ERE presentado por la empresa; cuando el líder de CC OO, Joan Coscubiela, reclamó “restablecer el protagonismo del conflicto social” como herramienta de transformación, las intensas ovaciones de los delegados me parecieron directamente proporcionales a la incomodidad de éstos ante el hecho de que el Gobierno objeto de aquellos reproches es el suyo, uno del cual son partícipes y corresponsables.

Por supuesto, no había hecho falta esperar al pasado viernes por la tarde para saber del difuso malestar existente entre las bases ecosocialistas. Éste se viene exteriorizando desde meses atrás a través de diversos documentos críticos (el Manifest de maig, el titulado Iniciativa: que es noti!, el Manifest per unes polítiques sobiranistes a ICV), de declaraciones públicas contra “la deriva institucional y la subalternidad con respecto al socio principal” (“no debemos estar atados de pies y manos al PSC”, ha manifestado el ex consejero Salvador Milà) y también por medio de las 1.061 enmiendas presentadas al documento de estrategia política para el próximo cuatrienio. A algunas de esas quejas de la militancia resulta imposible darles satisfacción (que las actuaciones del Departamento de Interior sean “contrarias a algunos colectivos alternativos”, o que estar en el Gobierno ahuyente a “los sectores de opinión críticos con el statu quo” es algo difícilmente evitable…), pero tampoco cabe ignorarlas en una organización en cuyo seno late la pulsión antisistema y existe una fuerte dosis de lo que el viejo Marx habría llamado “radicalismo pequeñoburgués”.

En esta tesitura, la receta aplicada por la cúpula que sigue encabezando Joan Saura ha consistido en templar gaitas, encajar las críticas, prometer contrición y poner el mayor énfasis posible en el rejuvenecimiento y la feminización de los órganos directivos de ICV, medidas que hoy aparecen como la panacea política universal. Para contentar a los sectores soberanistas, la asamblea hizo suya “la aspiración a que Cataluña disponga de un Estado propio dentro de un Estado español federal y plurinacional”. Para complacer al grupo de Salvador Milà, se admitió que “llegar a pactos con las demás fuerzas de izquierda no es una obligación en sí misma para ICV”, gesto que quedaba neutralizado por la coletilla según la cual “sí es un deber para ICV cerrar el paso a la derecha”. Para marcar perfil propio, se multiplicaron los ataques contra el proyecto de ley de educación. Gracias a tales transacciones y equilibrios tácticos, y aun cuando casi el 25% de los asistentes a la sesión de clausura -quienes, a su vez, no eran más del 60% de los delegados acreditados- negaron su voto a la nueva comisión ejecutiva, pese a ello, la sensación final dominante entre los dirigentes de todas las tendencias era de alivio: por encima de la agitación precongresual, los reproches internos y los votos de castigo, se evitó cualquier trencadissa y quedaron a salvo la cohesión y la estabilidad del partido.

Tal es la realidad, y hay que felicitar a Iniciativa por ello. Aunque también podría interpretarse que la formación ecosocialista ha acallado sus contradicciones internas a base de exportarlas. En efecto, ICV quiere responder a la crisis económica escorando hacia la izquierda al Gobierno del que forma parte y poner fin a la política de “pactos nacionales” que prefiguran una nefanda sociovergencia. Pero el presidente Montilla parece más bien inclinado a virar hacia el centro, habla de no asustar a las multinacionales y podría verse tentado de implicar a CiU en las grandes medidas socioeconómicas frente a la recesión. Esquerra, por su parte, sigue pidiendo más ambición nacional, cultiva su propio centrismo y aplaza cualquier revisión del pacto tripartito hasta después de saber qué pasa con el Estatuto y con la financiación. Queda por ver cómo se armonizan, en los próximos meses, estas tres melodías.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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De avaros a manirrotos, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Cultura, Derechos, Economía, Política by reggio on 14 noviembre, 2008

Desde hace ya varias semanas, está en marcha una potente campaña mediática cuyo objetivo es deslegitimar las reivindicaciones catalanas en la fase crucial del debate sobre la nueva financiación autonómica. Decirlo no supone caer en el victimismo, ni sufrir ningún complejo persecutorio, ni encajar mal la función fiscalizadora de la prensa, sino sólo certificar una evidencia empírica: los dos diarios madrileños que ya formaron fecundo tándem en torno al Manifiesto por una lengua común se han lanzado a otra operación intoxicadora, una más en el acrisolado currículo de ambas cabeceras, desde el falso suicidio del estudiante Enrique Ruano en 1969, hasta la falsa conspiración del 11-M de 2004. Esta vez, en su punto de mira están diversos altos cargos de Esquerra Republicana, pero el mensaje de fondo es que la Generalitat constituye una máquina de malbaratar el dinero público, por lo que ni necesita ni merece una mejor financiación.

El primer golpe lo recibió el presidente del Parlament, Ernest Benach, a cuenta de su coche oficial tuneado: el mero uso sistemático de este término, tuneado, para aludir a los complementos instalados en el vehículo ya delataba la voluntad demagógica y peyorativa del medio que destapó el supuesto escándalo. Pero eso sólo fue el banderazo de salida. Desde entonces, una bien orquestada combinación de seudonoticias -a menudo, en portada-, editoriales y artículos de opinión no ha cesado de bombardear a los lectores con enunciados del tipo “despilfarro en la Generalitat catalana”, “lluvia de dinero”, “gastos injustificables”, “excesos económicos”, “el derroche del tripartito”, etcétera. Pasándose por salva sea la parte cualquier asomo de deontología profesional, los dos diarios de marras han mezclado churras con merinas y han metido en el mismo saco de presuntos “gastos superfluos de la Administración catalana” cosas tan dispares como “informes adjudicados a dedo, altos cargos, subvenciones al pancatalanismo y alquiler de oficinas”. Al parecer, las demás administraciones no tienen altos cargos y todas sus oficinas lo son en régimen de propiedad. ¡Qué suerte!

Es cierto que, en esta cacería de brujas derrochadoras, el departamento de la Vicepresidencia y su titular, Josep Lluís Carod Rovira, se han llevado la peor parte. Por alguna razón, el coste de eso que los medios aludidos llaman “las embajadas de Esquerra” y las subvenciones a las escuelas rosellonesas de La Bressola o a Acció Cultural del País Valencià son partidas presupuestarias especialmente pecaminosas. Sin embargo, la campaña ha ido mucho más allá: se ha hurgado lo mismo en los ingresos profesionales del ex consejero Joan Carretero que en las nóminas institucionales de diversos miembros del Gobierno (Joan Saura, Antoni Castells y, por supuesto, Carod), se ha denunciado el coste de la remodelación de la sede de Interior y hasta se ha puesto de relieve que el presidente Montilla cobra el doble que Rodríguez Zapatero. Para que luego digan que es poco catalán…

Con todo, lo más curioso de esta cruzada a favor del ahorro y la austeridad en el gasto público es su carácter absolutamente unidireccional: los “excesos económicos” sólo son reprobables si aparecen asociados con alguna forma de nacionalismo catalán o de intencionalidad identitaria. Al vicepresidente Carod se le imputa un enorme “gasto en pancatalanismo mundial” (sic), pero nadie acusa al Instituto Cervantes -con un presupuesto 20 veces superior al de las subvenciones incriminadas- de promover el panespañolismo planetario. Las oficinas de la Generalitat en el exterior totalizan -¡horror!- 40 empleados, pero nadie explica cuántos miles de funcionarios y contratados tiene la diplomacia española desplegados por el mundo. Y desde luego, esos diarios tan críticos e insobornables no preparan ninguna investigación periodística acerca de la política de subvenciones y gastos suntuarios de la Generalitat valenciana o de la Comunidad de Madrid. ¿Acaso no sería interesante saber cuánto dinero público ha pagado el presidente Camps por el circo de la fórmula 1 o qué sumas destina la presidenta Aguirre a agitación y propaganda, si sólo el fracasado filme Sangre de mayo le ha costado 15 millones de euros?

En fin, la campaña está ahí, persistirá, y sería erróneo desdeñar su capacidad envenenadora y distorsionadora de la imagen de Cataluña en el resto del Estado. Porque esto es lo peor, lo más nocivo de tales fabricaciones mediáticas: que, fuera del principado, influyen y contaminan incluso a aquellos que no se las creen, o no del todo. Les pondré un ejemplo reciente, publicado en estas mismas páginas. En la entrevista que EL PAÍS le hizo el pasado día 2, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, respondía a las demandas catalanas de una mejor financiación con un dato -la televisión autonómica extremeña sólo cuesta 14 millones al año-, una pregunta -“¿cuánto gasta en el ámbito lingüístico Cataluña?”- y una conclusión: “Uno prioriza el gasto como quiere”.

Y bien, si en 2008 un político de izquierdas, un hombre joven, culto y con título universitario como Fernández Vara, aún no ha entendido que la política lingüística de Extremadura la hace el Estado y la pagamos entre todos; que los medios de comunicación públicos potentes, capaces de explicar el mundo en la lengua de los extremeños, son los de Radiotelevisión Española y también los pagamos entre todos; que para la Generalitat la defensa, potenciación y promoción del catalán no es ni un capricho, ni un lujo, ni un gasto superfluo, como no lo es la promoción del castellano para cualquier gobierno español; si, a estas alturas, todavía cabe plantear la disyuntiva entre más ordenadores en las escuelas o dinero para el catalán, entonces que nadie se sorprenda de ver crecer, por estos predios, el cabreo y el desapego hacia España.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Un reflejo mesiánico, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 31 octubre, 2008

Tal vez quepa atribuirlo al profundo sustrato católico, pero lo cierto es que, en la cultura política española contemporánea, la búsqueda del taumaturgo, el anhelo de un valeroso redentor moral que resolviera con sus propias manos y su propio genio los problemas colectivos, ha sido una pulsión intensa y recurrente, y no sólo desde el campo de la derecha. Al fin y al cabo, la metáfora del “cirujano de hierro” -cuyo bisturí extirparía y amputaría los tumores y gangrenas de la patria- no salió de la pluma de ningún reaccionario, sino del más ilustre de los regeneracionistas, Joaquín Costa.

He pensado en ello a la vista de la acogida entusiasta que ha merecido, entre la opinión publicada de perfil progresista, el auto del juez Baltasar Garzón en el que se declara competente para investigar y perseguir en términos penales la represión franquista. Ya me perdonarán si yerro, pero, de los incontables comentarios elogiosos sobre la audacia y el coraje del magistrado de la Audiencia Nacional, me ha parecido deducir un común denominador tácito: un nostálgico “sería estupendo que un juez justiciero lograse ahora aquello que, entre todos, no pudimos o no supimos conseguir en su día”.

Repasemos brevemente qué es lo que, bien a nuestro pesar, no fuimos capaces de lograr entre todos. A despecho del abnegado sacrificio de tantos antifranquistas, la dictadura se extinguió por causas biológicas y en el pleno control de los aparatos del Estado. No hubo lugar, por tanto, ni a unos procesos de Núremberg ni a una depuración como la francesa o la italiana de 1945-46. Después, no pudiendo imponer tampoco la ruptura democrática, hubimos de tragarnos y aplaudir la sórdida amnistía de 1977, que ponía en el mismo saco a las víctimas del franquismo y a los verdugos franquistas. Más tarde, durante los casi 14 años de gobierno de Felipe González, toleramos en silencio la clamorosa ausencia de una política de reparación jurídica o moral de los fusilados, los encarcelados, los torturados bajo la férula del superlativo general ferrolano. Y hemos aceptado con fatalismo la tenaz resistencia del Partido Popular a condenar sin ambages ni equívocos la sublevación de 1936 y el régimen subsiguiente. Y hemos asistido, impotentes, a la negativa de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo a anular los consejos de guerra que condenaron a muerte a Lluís Companys y a Salvador Puig Antich. Por último, a fines del año pasado, apenas si refunfuñamos un poco ante la aprobación de una Ley de Memoria Histórica “pacata” y de “parco alcance”, según la calificaba con mucha razón en estas mismas páginas, anteayer, el profesor Joan J. Queralt.

Y bien, todas estas debilidades de origen y de ejercicio que la democracia española ha acumulado en tres décadas, los complejos y los miedos de la izquierda, el rechazo freudiano de la derecha a reconocer su genealogía, la reluctancia de la alta judicatura a renegar de la seudojusticia franquista por temor a deslegitimarse…, ¿todo esto lo va a curar y resolver don Baltasar Garzón Real, él solito, con su ya célebre auto a modo de varita mágica? En el terreno jurídico, resulta muy dudoso. En términos políticos, no me parece ni siquiera deseable: es contrario a cualquier pedagogía democrática transferir a un individuo redentor el ejercicio de responsabilidades colectivas que corresponden a los gobiernos, a los parlamentos, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y, en última instancia, al conjunto de la ciudadanía. Saldar cuentas con el pasado es una de ellas.

Con la mejor intención, algunos de los defensores de la iniciativa de Garzón han dado a entender que su recorrido judicial es lo de menos; de lo que se trata -dicen- es de sentar, simbólicamente, al franquismo en el banquillo de los acusados. Pues justo ahí, en ese banquillo, es donde la historiografía solvente lo tiene clavado desde hace varios lustros, sin posibilidad de escapatoria. Mientras los políticos urdían amnesias consensuadas y los jueces se atrincheraban detrás del respeto a la cosa juzgada, decenas, cientos de historiadores ajenos a pacto de la transición alguno se pateaban España pueblo a pueblo en busca de una memoria oral amordazada por décadas de miedo acumulado; hurgaban en los registros civiles, parroquiales y penitenciarios; pugnaban por acceder a los archivos judiciales y, en particular, a los sumarios de los consejos de guerra, y con todo ello reconstruían el puzzle de la interminable y multiforme represión franquista.

En mi opinión, no es con resoluciones judiciales, sino divulgando este arsenal de investigaciones rigurosas sobre el rastro sangriento de la dictadura, como se ganará la batalla de la memoria frente a panegiristas y trivializadores de aquel régimen nefasto. ¿O acaso alguien cree que son los autos de Garzón los que neutralizarán el revisionismo de medio pelo de Pío Moa y corifeos, los que desmentirán esa “extraordinaria placidez”, esa “naturalidad y normalidad” con que el ex ministro Jaime Mayor Oreja caracterizó al franquismo hace apenas un año?

Por lo demás, y pensando en los muchos miles de ciudadanos de buena fe, familiares de víctimas, que han visto en Garzón al vengador de sus agravios, conviene subrayar una cosa: para devolver a esas víctimas el honor y la dignidad arrebatados, para abrir fosas, identificar restos y localizar desaparecidos, no se precisa al hiperactivo juez. Para todo ello, basta con la voluntad política y los medios públicos que, hasta ahora, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha aplicado con tanta parsimonia.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Lo previsible y lo sorprendente, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Derechos, Política by reggio on 24 octubre, 2008

Incluso desde el punto de vista físico, o de la puesta en escena, la celebración el pasado fin de semana del 24º Congreso de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) sella la firme permanencia de este partido en la normalidad, en la estabilidad y en la continuidad, sin crisis ni sobresaltos. Si la ubicación del anterior congreso, allá por octubre de 2004, en un desangelado auditorio de Viladecans parecía sugerir una cierta travesía del desierto tras la pérdida del gobierno, cuatro años después los socialcristianos han regresado al confortable y glamuroso hotel de Sitges -recién apagados los focos del Festival de Cine- donde ya desarrollaron cinco asambleas ordinarias, desde la 18ª a la 22ª, durante su década más dorada en términos de cuota de poder: el periodo 1992-2002.

En lo tocante a la renovación del liderazgo, el congreso ha sido de una placidez cercana al tedio, marcado por unas votaciones (el 99,84% a favor del informe de gestión de la cúpula saliente, el 91,48% para una nueva dirección marcadamente continuista) que, en tiempos menos correctos, habríamos calificado de búlgaras. Josep Antoni Duran Lleida, político de una profesionalidad de acero, sale del cónclave de Sitges con su aureola de indiscutido número uno aún más blindada, sin contestación interna digna de tal nombre -los esforzados críticos del grupo El Matí ya hablan de hacer las maletas-, inoxidable a la usura del tiempo. Y ello pese a que, en su caso, el tiempo de permanencia en el vértice de UDC empieza a ser espectacular: de 1982 a 1984, desde 1987 hasta hoy, y con un mandato de otros cuatro años recién estrenado. Por establecer un término de comparación, Felipe González no aguantó tanto.

Es en este contexto de previsibilidad en el que algunos de los mensajes más sonoros escuchados durante el cónclave de Unió Democràtica resultan particularmente llamativos, o chocantes. Me refiero, ante todo, a la insistente apología de la sociovergencia que el propio Duran Lleida formuló en los días previos y desde la misma tribuna congresual.

Proyectada hacia atrás, como lamentación ante el hecho de que, en noviembre de 2006, Convergència i Unió y PSC no alcanzaran, ni siquiera tanteasen, un pacto de gobierno, la tesis de Duran se me antoja un estéril ejercicio de nostalgia por lo que pudo haber sido y no fue; pero el de Alcampell no es un político romántico y victimista, de esos que gustan de lamerse las heridas y recrearse en las frustraciones. Formulada con vista al futuro, la apuesta por la sociovergencia como estrategia de CiU de cara al 2010 adolece a mi juicio de un defecto letal: finge ignorar que el imprescindible partner de ese hipotético pacto, el Partit dels Socialistes de Catalunya, no está en absoluto por la labor.

La argumentación pública con que Duran Lleida ha glosado las bondades de una Grossenkoalition a la catalana parte de una premisa falsa: el “grado extremo de dependencia y condicionamiento” en que, según él, viven los socialistas respecto de Esquerra Republicana y de Iniciativa-Esquerra Unida. Puede que, bajo la presidencia de Pasqual Maragall, tal descripción estuviese fundamentada, y seguro que ésa fue a menudo la apariencia de aquel primer tripartito. Ahora bien, es la pura evidencia que, con Montilla al timón, el panorama ha experimentado un giro de 180 grados; en la realidad cotidiana del Gobierno, y más todavía en la imagen que éste proyecta hacia la sociedad. ¿Recuerdan cuánto duró la resistencia del flamante consejero Puigcercós a izar la bandera española en la sede del departamento de Gobernación? Así las cosas, ¿qué interés podría tener el PSC en deshacerse de unos socios menores y ya amansados para pactar con CiU, en el mejor de los casos de modo paritario?

Pero no hace falta especular ni deducir, porque desde antes incluso de 2003 no es ningún secreto el carácter de apuesta estratégica que para los socialistas catalanes tiene la coalición de gobierno con ERC e ICV-EUiA. Todavía el pasado lunes, apenas clausurado el congreso de Unió, el número dos del PSC, Miquel Iceta, reiteraba al diario Avui que un pacto CiU-PSC “no es nuestro modelo de gobierno” y no veía razón alguna para no repetir el tripartito en la próxima legislatura; incluso -precisaba, magnánimo- si el PSC tuviese mayoría absoluta.

Igual de sorprendente ha sido, no que altos dirigentes de UDC (Duran, Pelegrí…) glosaran la disponibilidad y el interés del partido por entrar en el Gobierno central, sino su inmediata confesión de que han perdido la confianza política en Rodríguez Zapatero. Y bien, si no se fían del líder del PSOE, si ofrecerle ministros a Mariano Rajoy resulta inimaginable, si la “España plurinacional, pluricultural y plurilingüística” que las ponencias congresuales de Unió siguen invocando permanece en el limbo, ¿de qué sirve enfatizar o exhibir hoy una vocación ministerial irrealizable a corto y medio plazo?

Naturalmente, el señor Duran Lleida sabe muy bien que el actual escenario político español pone obstáculos insalvables a la presencia de CiU en el consejo de ministros. También sabe que el PSC carece de interés alguno por la sociovergencia como fórmula de gobierno y que, mientras la aritmética parlamentaria lo permita, perseverará en timonear tripartitos de izquierdas, sobre todo si cada vez le salen más dóciles. Con sus espectaculares mensajes congresuales, con su gubernamentalismo tous azimuts el líder de Unió sólo pretendía generar titulares mediáticos, y diferenciarse lo más posible de Convergència, de Artur Mas y de la Casa Gran. Todos ellos son objetivos absolutamente legítimos, siempre que no induzcan a confundir la política virtual con la política real.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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La quiebra de un modelo, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Economía, Política by reggio on 17 octubre, 2008

El asunto ha aflorado varias veces, como un pequeño Guadiana, en el escenario político catalán de las dos últimas décadas. Por ejemplo, durante la impaciente vela de armas del Partido Popular antes de conquistar La Moncloa, allá por los años 1994-95, cuando, por una parte, José María Aznar fichó al ex convergente Pepe Trias de Bes como si éste fuese el mismísimo Cambó redivivo, y por otra, estuvo cortejando a Josep Antoni Duran Lleida y atribuyendo a las gentes de Unió Democràtica el papel de nacionalistas buenos, frente al felipista e intratable Pujol. La cosa reapareció en otros términos una vez que el PP hubo alcanzado la mayoría absoluta. Entonces, en mayo de 2000 y de nuevo a finales de 2001, Aznar ofreció a Convergència i Unió diversas carteras ministeriales a cambio de que CiU aceptara incorporarse a un proyecto común de centro reformista y de alcance estatal, dejando atrás las viejas reivindicaciones nacionalistas.

Aludo, como tal vez ya habrán adivinado, a la tesis según la cual, puesto que al parecer comparten un mismo modelo de sociedad y unos planteamientos económicos semejantes, el centro-derecha nacionalista y la derecha estatalista deberían, en Cataluña, constituir una sola formación política. Dotada de personalidad propia, desde luego, pero incardinada en el Partido Popular español. A la hora de ejemplificar las bondades de esa fórmula, se solían evocar el modelo bávaro (la relación de complementariedad entre la CSU local y la CDU alemana) o, mejor aún -al fin y al cabo, pilla más cerca-, el modelo navarro, el feliz acuerdo sellado en 1991 entre el PP y la Unión del Pueblo Navarro (UPN). Pues bien, la receta bávara vive horas electoralmente bajas; en cuanto al matrimonio PP-UPN, se halla en fase de divorcio.

Las razones inmediatas -tal vez sería mejor decir los pretextos- de ese divorcio son harto conocidas: el partido foralista, que gobierna el viejo reino en minoría, quiere asegurarse la benevolencia o el apoyo pasivo de los socialistas en el Parlamento de Pamplona y, para ello, ha resuelto no votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado presentados a las Cortes por el PSOE. Para la cúpula madrileña del PP y para sus medios afines, se trata de una “traición”, de una ruptura alevosa del pacto de 1991. Los amantes de las teorías conspirativas, por su parte, se han lanzado ya a la tarea: todo es culpa de un conocido empresario hotelero, paisano y amigo de infancia del presidente navarro, Miguel Sanz, que le ha arrastrado a los brazos de Rodríguez Zapatero con la ayuda de los sortilegios de Pepiño Blanco. Sí, ríanse ustedes, que entretanto círculos próximos al PP ya han insinuado un boicoteo a los hoteles de esa cadena.

Interpretaciones paranoicas y reacciones predemocráticas al margen, las causas de la crisis entre UPN y el PP son a mi juicio mucho más profundas, estructurales, y no circunscritas al escenario navarro. Desde 1979-80 el Estado español ha conocido una acusada transformación jurídico-política e institucional; ha pasado de un unitarismo feroz, de un madrileñocentrismo riguroso en términos de ubicación del poder, a un sistema autonómico de poderes dispersos y policéntricos que ha generado sólidos subsistemas de partidos con carácter territorial, agendas políticas distintas e intereses contrapuestos en una u otra comunidad. No, España no es, al contrario de lo que aseguró demagógicamente José María Aznar, “el país más descentralizado del mundo”, pero alberga una veintena de asambleas con poder legislativo, dos o tres regímenes fiscales distintos, al menos cuatro lenguas con rango de oficiales, etcétera.

De los dos grandes partidos estatales, uno -el PSOE- se ha adaptado con dosis desiguales de convicción y de tacticismo a esta nueva realidad. Sin embargo, el otro, el PP, se mantiene filosóficamente refractario a ella, fiel a una cultura política unitaria que concibe el ejercicio del gobierno o de la oposición como en los tiempos de Sagasta o de Maura. Véase, si no, el prurito con que los populares se vanaglorian, en cada campaña electoral, de tener un solo discurso y un solo programa para toda España, y acusan a los socialistas de tener 17. Véase el ordeno y mando cuartelero con que Génova 13 dirige a las organizaciones autonómicas del partido, tenidas por simples terminales de una dirección residente en Madrid. Por hablar de lo que nos resulta más próximo, ¿cuántas veces en las últimas décadas hemos visto los intereses electorales del PP catalán sacrificados y humillados a las conveniencias o a los caprichos de Aznar y de sus sucesores?

Hace tiempo que este jacobinismo de derechas, este rígido corsé puesto sobre una realidad políticamente tan compleja, se rompe por diversas costuras. Hace tiempo que grupos locales de centro-derecha, como el Partido Regionalista de Cantabria, o el Partido Aragonés, o Unió Mallorquina, prefieren pactar y gobernar con el PSOE, ante la cerrazón unitarista del PP. Ahora, la costura ha estallado incluso en la españolísima Navarra. Hasta los descendientes del requeté de 1936, los herederos del carlo-franquismo del conde de Rodezno y de la familia Del Burgo han concluido que la vinculación al Partido Popular les perjudica, reduce su margen de maniobra política y su capacidad de pacto, les arrastra a unas políticas que, diseñadas desde Madrid, a lo mejor en Pamplona no se comparten.

Vista desde Cataluña, la probable ruptura entre el PP y UPN entierra de una vez por todas la fantasiosa hipótesis de un catalanismo digno de tal nombre articulado con el actual Partido Popular español. Del presunto “modelo navarro” sólo hay una cosa que sí tenemos motivos para envidiar: el concierto económico.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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El hipnotizador, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 10 octubre, 2008

Bien cerca ya de cumplirse los dos años desde las últimas elecciones al Parlamento catalán, la actual legislatura se halla prácticamente en su ecuador y es, por tanto, un momento propicio para esas evaluaciones y balances que los americanos llaman de mid term. Estos balances, quiérase o no, tendrán como elemento de comparación el primer Gobierno tripartito, el que encabezó Pasqual Maragall.

Las diferencias de perfil, de carácter y de estilo entre éste y su sucesor -y también correligionario- José Montilla eran evidentes de entrada. Pero los efectos prácticos de esas diferencias no empezaron a hacerse perceptibles hasta la toma de posesión presidencial del ex alcalde de Cornellà, el 28 de noviembre de 2006. Y el resultado es espectacular.

La faceta más previsible -pero no menos importante- del nuevo escenario político en la Generalitat ha sido la perfecta armonía entre presidente y partido, entre la plaza de Sant Jaume y la calle de Nicaragua, eso que tanto faltó durante el trienio anterior. Obra de la tríada compuesta por el propio Montilla, Miquel Iceta y José Zaragoza, esta entente permite al presidente catalán mantener con el PSOE y con Rodríguez Zapatero un grado de confrontación verbal y gestual que, de protagonizarlo Maragall -o cuando Maragall lo ensayó- provocaría en el cuarto de banderas del PSC un amenazador ruido de sables. Ahora, en cambio, el aparato cierra filas con Montilla, bien sea porque lo percibe como uno de los nuestros que defiende la credibilidad de la marca, o porque sabe que, en el conflicto fraternal con Moncloa y Ferraz, la sangre no llegará al río.

Más llamativo es todavía el cambio de actitud de los socios de coalición. Pese a haber trenzado su Entesa Nacional pel Progrés desde una posición electoral más débil que la de Maragall en 2003, José Montilla ha logrado amansar a republicanos y ecosocialistas. No, no digo que los haya arrastrado con un hiperliderazgo arrollador. Pero, con su autoridad taciturna y sin alharacas, casi hipnótica, está consiguiendo aquello que a lo largo de la anterior legislatura parecía imposible: que gestionen los respectivos negociados sin polémicas cruzadas, ni golpes de efecto, ni aquel antiguo afán por singularizarse cada dos por tres.

Es indudable que circunstancias específicas de cada uno de sus partners han coadyuvado a este éxito del presidente Montilla. Esquerra Republicana (ERC) vive desde hace muchos meses absorbida por sus disputas faccionales, que consumen las energías del colectivo y erosionan la imagen de éste. Pero es que, además, un Carod Rovira cada vez más aburrido de las querellas intestinas y enfrascado en sus tareas de gobierno quiere poder desarrollarlas durante cuatro años, sin sobresaltos o interrupciones abruptas como la que protagonizó en 2004: he aquí, pues, a un sólido aliado de José Montilla. En cuanto a Joan Puigcercós, parece haber optado por una estrategia light -la que mostró en el reciente debate de política general-, que favorezca su imagen de futuro presidenciable, que recupere el antiguo cliché de una Esquerra equidistante entre socialistas y convergentes. Puigcercós -han dicho sus allegados- quiere una Esquerra con proyecto propio. Pues ojalá la consiga; pero, de momento, sostiene el proyecto del PSC con mansedumbre y se diría que ha renunciado a condicionarlo.

Por lo que se refiere a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), sus dos departamentos en el Gobierno de Montilla han sufrido, en este bienio, un serio desgaste de gestión y de discurso -los más críticos con el sistema, al frente de la represión; los más ecologistas, a cargo de resolver la sequía…-, desgaste que ha convertido a sus máximos dirigentes en devotos de aquella vieja jaculatoria mariana: ¡Virgencita, que me quede como estoy! En términos de política diaria, eso se traduce en un perfil bajo y en una extrema prudencia ante asuntos que, no hace mucho tiempo, levantaban polvareda, como la MAT o el Cuarto Cinturón. Sólo ante la futura ley de Educación, Iniciativa ha amenazado con plantarse, en el bien entendido de que ello no provocaría ninguna crisis de gobierno.

El cuerpo a tierra de los ecosocialistas viene siendo tan notorio, que ha acabado por incomodar a una parte de la organización, y el malestar difuso se exterioriza desde hace semanas en forma de corrientes críticas, manifiestos, reivindicaciones y una cierta presión a favor del rejuvenecimiento de liderazgos. ¿Cuáles son las banderas de esta pequeña fronda? Unos, entre los que se cuenta el ex consejero Salvador Milà, denuncian que ICV se ha apartado de su ideario de izquierda transformadora y cuestionan su papel en el gobierno de Entesa. Otros, y no sólo veteranos procedentes de Nacionalistes d’Esquerra (como Josep Maria López Llaví o Jordi Altarriba), sino también históricos del PSUC (como Ignasi Riera o Jordi Coca) y, sobre todo, cargos de elección popular muy importantes (el eurodiputado Raül Romeva o el alcalde de Cerdanyola del Vallès, Antoni Morral), han suscrito el documento titulado Manifest per unes politiques sobiranistes a ICV, donde acusan a la formación ecosocialista de “ambigüedad”, de haber “pasado de puntillas” sobre la cuestión nacional. Así las cosas, y sintiéndose contestado por primera vez en una década, Joan Saura promete “más voz propia” para Iniciativa en el seno de un Gobierno del que él es, al menos sobre el papel, número tres.

A raíz del debate parlamentario de la pasada semana, diversos opinadores han discutido sobre si el presidente Montilla pujolea, si imita a Pujol. Al menos, empieza a tener a sus socios de gobierno en el estatus en que Pujol tenía a los consejeros de Unió Democràtica.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Cuatro mil, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Cultura, Derechos, Historia, Política by reggio on 3 octubre, 2008

Primero, examinemos brevemente los antecedentes del caso. Desde hace casi tres décadas -más de una generación-, las prudentes políticas públicas con que los sucesivos gobiernos democráticos han tratado de restituir al catalán, al menos en parte, el estatus de lengua nacional moderna (de lengua escolar, de lengua institucional…) que habría adquirido por evolución natural, de no mediar un sinnúmero de prohibiciones legales y represiones manu militari desde Felipe V hasta Franco, esas políticas que hemos dado en llamar “de normalización lingüística” han sido objeto de un acoso y un hostigamiento político-mediáticos casi permanentes.

Alrededor de la tesis de que, al potenciar el catalán, se estaba persiguiendo el castellano y discriminando a sus hablantes, han circulado ruidosos manifiestos, se han constituido foros y plataformas, se han publicado miles de artículos tanto sesudos como banales, se han recogido firmas y celebrado mítines, e incluso se ha presentado una iniciativa legislativa popular. Entre 1993 y 1996, una campaña perfectamente planeada y con poderosísimos apoyos políticos trató de sublevar a las familias contra la inmersión escolar en catalán, un método que, además, fue denunciado en los juzgados y llegó hasta el Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, el por entonces líder de uno de los principales partidos políticos catalanes comparaba la política lingüística de la Generalitat con el apartheid surafricano, y las escuelas de Cataluña, con el sistema concentracionario nazi. Más adelante, ese mismo personaje trasladó la agitación contra el “totalitarismo” lingüístico catalán incluso a la Comisión y al Parlamento europeos…

En estos últimos años, denunciar el carácter supuestamente coactivo de las políticas lingüísticas catalana, vasca y gallega se ha convertido en uno de los temas favoritos del think tank de la derecha española, la FAES, que ha dedicado a ello conferencias, coloquios y libros. Diversos medios de comunicación audivisuales y escritos que suman en Cataluña cientos de miles de oyentes o lectores han abrazado la misma causa con empeño cotidiano y hasta extremos grotescos: verbigracia, uno de ellos llegó a erigir en noticia de portada la “huelga de hambre de un día” (sic) de un padre que exigía para su vástago la escolarización en castellano. En fin, alrededor de la cuestión de las lenguas se constituyó a mediados de 2006 un partido temático, Ciutadans.

Ha sido justamente esta formación -que, aun no viviendo sus mejores momentos, recogió 27.512 papeletas el pasado 9 de marzo- la que, con ánimo de recuperar protagonismo, tomó la iniciativa de convocar el pasado domingo 28, en Barcelona, una manifestación contra (cito del manifiesto final) “la imposición lingüística que padecemos” y “el totalitarismo lingüístico” de la Generalitat. Pero, para confirmar que la suya es, en palabras de Albert Rivera, “una reivindicación abierta y transversal”, pronto se sumaron a la cita otras y variadas siglas, desde la derecha a la extrema izquierda: Unión, Progreso y Democracia (UPD, 6.252 votos catalanes el 9 de marzo), el Partido Popular (610.473 votos) y Unificación Comunista de España (UCE).

Tal vez convenga aclarar, para el común de los lectores, que UCE era un partido marxista-leninista surgido en 1975 que a principios de los ochenta se ilustró en impactantes campañas contra la OTAN, que en 1993 imprimía aún eslóganes del tipo “el PSOE es la derecha, el PP la reacción”… y que, de 10 años a esta parte, parece haber sustituido el pensamiento de Mao Zedong por el de Aznar, Mayor Oreja y la FAES. Al menos, coincide absolutamente con ellos en sus ataques al “nacionalismo étnico e insolidario”, con particular obsesión contra el Partido Nacionalista Vasco y contra el tripartito catalán, en “la defensa de la unidad de España” o en el apoyo a las teorías conspirativas sobre el 11-M. En Cataluña actúa, desde 2006, como una suerte de apéndice exótico de Ciutadans.

O sea, y en resumen: con un precalentamiento ambiental largo de casi 30 años, con la colaboración entusiasta de al menos dos diarios y otros influyentes medios, cuatro partidos políticos que totalizan una base electoral de casi 650.000 votantes convocan para una soleada mañana dominical, en el centro de Barcelona, una manifestación contra quienes quieren “liquidar” el castellano. No lo hacen solos, pues se han adherido a la protesta una veintena de asociaciones de todo el Estado, entre ellas Foro de Ermua, Convivencia Cívica Catalana, Asociación por la Tolerancia, Unión de Guardias Civiles, Juventudes Liberales, Galicia Bilingüe y Foro España Hoy. Además no son adhesiones de boquilla: el Partido Popular catalán, en concreto, envió 5.000 e-mails a sus militantes más esforzados, para instarles a acudir en apoyo de tan noble causa.

Y bien, si hacemos la media entre los “apenas 3.000” de unas fuentes y los “cerca de 5.000” de otras, resulta que concurrieron a la manifestación unas 4.000 personas, muchas de ellas acarreadas por el acomplejamiento del PP. Se trataba, a juicio de los convocantes, de exigir una libertad básica, de rechazar la tiranía idiomática que aplasta nuestras aulas y oprime a nuestros escolares. Sin embargo, ello movilizó apenas al 0,05% de la población catalana, al 0,07% del censo electoral, al 0,1% de los votantes en las últimas elecciones. Ni siquiera el probado sex appeal del actor Toni Cantó pudo engrosar la afluencia al cortejo de los soi-disant bilingüistas. Quizá una actuación de Albert Boadella hubiese salvado la taquilla, pero el cómico ya dijo “adiós a Cataluña”, y con motivo: estaba haciendo méritos ante el PP de Esperanza Aguirre, porque el de Rajoy le resulta demasiado light.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Argumentos etnicistas, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Derechos, Economía, Política by reggio on 12 septiembre, 2008

Permítanme que rebobine un poco la película, porque la velocidad a la que ésta se proyecta puede hacernos olvidar secuencias todavía bien recientes y, con ello, perder el hilo del guión.

Cuando, desde principios de la pasada década, irrumpió en la agenda política el asunto de la insuficiente financiación catalana, los dos grandes partidos españoles adoptaron, de modo alterno y sucesivo, una actitud crítica, refractaria u hostil ante la cesión a la Generalitat, primero, del 15% del IRPF, después del 30% de dicho impuesto, etcétera. Entre 1993 y 1996 el Partido Popular, acto seguido el PSOE, denostaron las cesiones del último Gobierno de González y del primero de José María Aznar, respectivamente, al chantaje de Jordi Pujol y pusieron en la picota la insolidaridad de Convergència i Unió. ¿Qué otra cosa puede esperarse -argüían desde Ferraz una vez perdido el poder- de una formación nacionalista y, por añadidura, de centro-derecha, o sea burguesa? Cuando la Generalitat tuviera un presidente de izquierdas, socialista, entonces el debate político, institucional y presupuestario Barcelona-Madrid, o Cataluña-España, adquiriría sin duda otro sesgo.

Ese momento llegó a finales de 2003. No con los rasgos exactos que habían imaginado algunos de quienes lo anhelaban, pero llegó; y Pasqual Maragall fue investido con el collar de Macià. Sin embargo, bien pronto la cúpula del PSOE y sus entornos intelectuales empezaron a ser presa de una cruel decepción: el Maragall presidente, abanderado de las demandas neoestatutarias, resultaba para el socialismo español otra vez gobernante tan antipático y perturbador como Pujol. Incluso más, porque mientras a éste se le podía despachar con el doble epíteto de conservador y fenicio; en cambio, Maragall, el mítico alcalde de la modernidad olímpica, era uno de los nuestros.

Desde el Manzanares cundió pronto una explicación oficiosa a esta extraña metamorfosis: Maragall se había vuelto nacionalista y arrastraba al PSC por el mal camino. Después de todo -precisaban los más eruditos-, ¿qué otra cosa cabía esperar de esas élites de Sant Gervasi, de esos hijos de pintores o nietos de poetas, tan ajenos a la sensibilidad obrerista de los votantes del Baix Llobregat? De ahí -estoy esquematizando- la apuesta de La Moncloa por desembarazarse de Maragall y poner en su lugar a José Montilla; al mismo Montilla al que, poco antes, el entonces ministro Jordi Sevilla había descartado por charnego. Su itinerario de Iznájar a Cornellà, con escala en el marxismo-leninismo antifranquista, parecía inmunizarle contra el tenaz y contagioso virus del nacionalismo catalán. Con él en la plaza de Sant Jaume, la tranquilidad de Ferraz quedaría garantizada.

De eso han pasado apenas dos años pero, tal como están las cosas, parecen dos siglos. Alrededor de la nueva financiación autonómica, las relaciones entre el PSC y el PSOE han alcanzado un nivel de tensión desconocido desde el debate de la LOAPA en 1981. Y Montilla pronunció su ya célebre discurso del 20 de julio: “Te queremos mucho, José Luis, pero queremos más a Cataluña”. Y la mera incertidumbre sobre el voto de los 25 diputados del PSC en el Congreso a los Presupuestos Generales para 2009 ha disparado en Madrid todas las alarmas, incluso todas las histerias.

Tanto es así, que el otro día, en Rodiezmo, dieron suelta a Alfonso Guerra en el rol de cancerbero de las esencias, de homólogo de Aznar en el otro hemisferio político. Y el ex vicepresidente, pañuelito rojo al cuello, acusó sin nombrarlos a Montilla y al PSC de egoísmo, insolidaridad y chantaje -los reproches clásicos contra Pujol-, de traición a la causa del socialismo por defender con tanto ahínco los intereses de la financiación de Cataluña y por hacerlo -¡pecado nefando!- de modo unitario, juntas “la izquierda y la derecha”. “¿Qué queréis? ¿Qué vuelva a gobernar el PP con los nacionalistas?”: ese fue el argumento supremo de don Alfonso para desarmar la beligerancia de sus correligionarios catalanes.

Ha habido otras reacciones más sofisticadas, pero por eso más inquietantes. Ciertos columnistas de la Villa y Corte no entienden cómo es posible que, apellidándose Montilla o Zaragoza, los dirigentes del PSC se atrevan a sostener que éste es un partido distinto e independiente del PSOE. Según tal criterio de análisis -que no cabe calificar más que de etnicista-, el grado de sumisión orgánica a Madrid dependería ante todo del lugar de nacimiento o del número de zetas en el apellido. Que los Obiols, Nadal, Maragall o Castells sean catalanistas más o menos díscolos, pase; es algo que debe sufrirse como una tara genética. Pero que desafíen al PSOE los Montilla, De Madre, Pérez y Zaragoza, eso contradice los orígenes y bordea la apostasía.

De acuerdo con esta asombrosa clave de lectura -asombrosa en la pluma de personas inteligentes y progresistas-, los éxitos del PSC en las urnas desde 1977 se sustentan sólo sobre el magnetismo ideológico-identitario que Felipe en su día, Zapatero hoy, ejercen entre las masas trabajadoras de expresión castellana. Sin ellos, la tarea gestora de tantos alcaldes socialistas desde Girona a L’Hospìtalet y de Lleida a Sant Adrià, la formidable labor de construcción de partido impulsada pacientemente desde la calle de Nicaragua, no habrían servido de nada. Con lo cual la moraleja, o la amenaza, es transparente: si, arrastrado por sus veleidades nacionalistas, el PSC perdiese el apoyo de la marca PSOE y de su secretario general, no volvería a comerse una rosca electoral en la vida.

No, no está siendo ni será nada fácil resistir estas presiones. Pero el socialismo catalán ha llegado ya tan lejos, que un retroceso brusco podría serle devastador.

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