El ciervo, el elefante y la lista negra, de Manel Pérez en La Vanguardia

LA VENTANA INDISCRETA

La salud del sistema financiero español vuelve a ser motivo de bronca política en el Congreso de los Diputados y de interés entre los ciudadanos. La inquietud también recorre los opacos pasillos de los mercados bursátiles.

La caída general de las bolsas se superpone a lo que algunos financieros españoles ven como una operación de cacería -utilizando el símil cinegético tan en boga estos días- de los operadores anglosajones contra la banca española. Tal como se ve desde este lado de los Pirineos, esos especuladores, con sus maniobras bajistas, tratan primero de hacer dinero con una pieza de menor tamaño -el ciervo, por ejemplo- desangrando la cotización de una entidad del tamaño del Popular, para intentar después abatir una mayor -el elefante, por ejemplo-, el Santander, para forrarse de verdad. Se trataría de hacer dinero a costa de las acciones de la banca española aprovechando el escepticismo del entorno internacional.

También hay un debate nacional. En éste participan políticos y banqueros en diferente medida. El presidente del BBVA, Francisco González, terció esta misma semana: «Personalmente pienso que es inevitable la intervención de algunas entidades». No es aventurado avanzar que González pensaba, sobre todo, en las cajas de ahorros más que en los bancos cuando pronunciaba esas palabras. Late tras ellas tanto la convicción de que el derrumbe inmobiliario, y su consiguiente morosidad, afectarán mucho más a las primeras que a los segundos, como el deseo de aprovechar la debilidad de algunos competidores para ganar cuota de mercado.

Pedro Solbes, el ministro de Economía, se sirvió de esa alusión del banquero para recordar que, hasta el momento, el sistema financiero español no ha necesitado ninguna intervención estatal de socorro, aunque todo esté preparado para el caso de que hiciera falta.

Idéntica cautela adoptó Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, al comparecer en el Congreso de los Diputados. Tras veinte meses de crisis, vino a decir, el sistema español ha aguantado muy bien. Aunque fue un paso más allá al reconocer que «no puede quedar inmune» si las cosas siguen en el mundo y en España tan mal como hasta ahora.

En el fondo de todas estas prevenciones y matizaciones subyacen algunos datos económicos básicos. El riesgo del sistema financiero español (bancos y cajas) en la construcción y la promoción inmobiliaria era a finales del 2007 de 461.000 millones de euros. Frente a esa cartera, los recursos propios (capital más reservas y otra financiación asimilable) del sistema sumaban 225.000 millones, 55.000 millones por encima del ratio de solvencia mínimo. Si se produjera un auténtico cataclismo y se perdiera un 10% de esa cartera del ladrillo, es decir más de 46.000 millones, las entidades consideradas en su conjunto se quedarían prácticamente al filo de la insolvencia. Obviamente -se trata de un análisis de los datos agregados- ninguna entidad en particular estaría fotografiada en estos datos y, precisamente por ello, habría entidades que estarían muy sobradas de recursos propios y, en contrapartida, algunas que quedarían en terreno negativo, quebradas.

La ansiedad en el sector consiste en saber cuántas entidades se encuentran ya en la zona roja como consecuencia de la elevada morosidad de la construcción, y la adicional de las hipotecas (la cartera hipotecaria suma un saldo vivo de más de un billón de euros, la mitad acumulada durante los cinco últimos años) registrada en los últimos meses de debacle financiera y que ya supera el 4%. Está claro que el sistema no está para alegrías crediticias. Caja Castilla la Mancha ha sido la primera en engrosar la lista de los caídos y en la de potenciales afectados se incluye una decena larga de entidades no precisamente de la parte baja del ranking.

El portavoz del PP en la comisión de Economía, Cristóbal Montoro, parece tener resuelto el dilema. En su debate con el gobernador aseguró que «España atraviesa una crisis bancaria como nunca hemos vivido». Con la escopeta de perdigones, Montoro dejó claro que, según él, el sector padece una grave crisis de solvencia… y el gobernador la oculta.

El tema es cuál es el camino para hacer frente al problema. Si buscar una pareja de baile para cada entidad con problemas o acometer un programa de recapitalización global. En las próximas semanas este será el debate.

Entre elecciones y banqueros, de Manel Pérez en La Vanguardia

LA VENTANA INDISCRETA

El calendario político vuelve a pugnar con el económico pese a los tiempos de crisis que nos gobiernan. En los pasillos de poder y en los círculos de los lobbies de Madrid la consigna se difunde con celeridad: a olvidarse de cualquier decisión de envergadura o cualquier propuesta de ley importante hasta después de las autonómicas del 1 de marzo en Galicia y el País Vasco. El inquilino de la Moncloa no quiere ninguna polémica imprevista que afecte a la campaña y los resultados electorales.

Tal vez por eso, algunos asuntos espinosos caminan con deliberada lentitud, desde el desarrollo de la norma de recapitalización de la banca hasta una posible iniciativa para introducir cambios en el funcionamiento de las cajas.

Entre otros asuntos también se verá afectada la modificación del pacto con las eléctricas sobre el déficit de tarifa que acordó el ministro de Industria, Miguel Sebastián, con las empresas del sector y que el vicepresidente Pedro Solbes tumbó en una comisión delegada para asuntos económicos de finales del pasado mes de diciembre.

A pesar de que el presidente Zapatero quiere solucionar el enredo, lo cierto es que hará falta mucha voluntad para que un pacto que implicará alguna subida de la tarifa eléctrica, además de un determinado coste para el presupuesto del Estado que vigila Economía, vea la luz antes de que los votantes gallegos o vascos hayan depositado su voto.

En conjunto, si se suma a esto la lentitud con la que por diferencias técnicas que en ocasiones esconden una clara oposición se llevan a la práctica los anuncios de programas de incentivo económico o de ayuda a los sectores sociales más golpeados por la crisis, como las moratorias de hipotecas para los parados (apenas recién sugeridas) o la financiación del ICO y las emisiones de deuda avaladas por el Estado, el cuadro crea un cierto desasosiego.

El próximo lunes el presidente Zapatero tendrá una nueva reunión con los grandes banqueros españoles. Probablemente, más tensa que las anteriores. El clima político que rodea a la banca se ha enrarecido mucho desde aquel mes de octubre en el que el jefe del Ejecutivo anunció la compra de activos bancarios y la elevación de la cuantía de las garantías a los depósitos bancarios. Por el camino ha habido incluso un amago de hacer comparecer a los grandes de las finanzas en el Congreso para que explicaran por qué no dan crédito a empresas y familias. Esta misma semana han exhibido unos beneficios propios de tiempos de plétora y no de crisis. En algún caso, incluso han logrado hacer aflorar un gesto de contrariedad en el rostro del gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, que viene predicando moderación y contención de dividendos. Hay que llenar la mochila, las circunstancias vana empeorar durante no se sabe cuánto tiempo.

Si se atiene al guión que se ha desarrollado durante los últimos días, Zapatero deberá reprender a los financieros por no prestar suficiente apoyo a la economía real pese a que la sociedad, a través del Estado, sí lo está haciendo con ellos. Probablemente sirva de poco ya que el problema es la crisis en sí misma, y su efecto corrosivo sobre la actividad y la solvencia, pero es la consecuencia lógica de la propia orientación de los programas de rescate en todo el mundo. Yde la creciente furia de los afectados, especialmente los pequeños empresarios, que se revuelven en sus empresas por lo que ven como una conspiración contra su futuro.

Desde Nicolas Sarkozy hasta Gordon Brown, pasando por Barack Obama y Angela Merkel, todos los gobernantes sin excepción han acabado enfrentados con sus banqueros. Éstos ya no pueden operar sin la cuantiosa ayuda pública, en sus más variadas formas, que van de la inyección de capital a la necesidad de liquidez, pero al mismo tiempo tienden a comportarse como si vivieran en condiciones de normalidad. El problema es que tal cosa no es cierta. La situación económica es excepcional, por desastrosa, y los comportamientos ya no pueden seguir fabricándose con los moldes de la tecnocracia aséptica.

No habrá gobierno en el planeta que pueda compaginar programas de ayuda económica de emergencia con la división de poderes que gobernaba la desacreditada economía de mercado de los pasados años, con las finanzas en la cumbre. Y quien no tome nota de ello tendrá una desagradable sorpresa en un tiempo relativamente corto.

Y ahora, el palco del Bernabeu, de Manel Pérez en La Vanguardia

LA VENTANA INDISCRETA

El mundo empresarial madrileño, lo que para muchos significa por extensión el español, anda estos días algo convulso. A palos. Y no sólo en Caja Madrid, un vergonzoso culebrón en el que el PSOE también ha optado por enfangarse para participar en el reparto del botín. También en la CEOE es bien audible el disgusto con el que algunos acogen la reelección en la presidencia que se está preparando Gerardo Díaz Ferrán. Y ahora, la crisis política en el Real Madrid, una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad y escaparate de los que tienen vara alta en el mundillo empresarial capitalino. Todo esto puede ser un síntoma más de la crisis económica reflejado en los comportamientos de una elite nerviosa ante el evidente encogimiento del pastel. También en este caso vamos a ver un agrio conflicto con ganadores y perdedores.

En el caso de la CEOE, Díaz Ferrán cuenta para continuar con el absoluto respaldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su rival en la carrera por conseguir la máxima preeminencia política en un futuro PP post-Rajoy, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, no puede ni soñar con desafiar esa pieza. La presidenta ya hace años que desalojó a los partidarios del alcalde de la cúpula de Ifema, la feria de Madrid. En este caso la víctima fue Fernández Tapias, a quien desbancó colocando precisamente a Díaz Ferrán. Cuando este marchó a ocupar la presidencia de la CEOE, impuso su relevo dejando a Ruiz-Gallardón con el único recurso de acudir a los tribunales. En estas condiciones de rotunda ventaja para Aguirre -¡cuánto gusta en los salones bien de la capital ese ordeno y mando de la líder!-, las energías han acabado concentrándose en la entidad de ahorro Caja Madrid.

La crisis del Madrid. ¿Hay algún punto de conexión entre la batalla por el control del palco del Santiago Bernabeu y la guerra de Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón por la hegemonía en el mundo empresarial madrileño?

Al breve y poco edificante Calderón le ha sustituido su vicepresidente, Vicente Boluda, un hombre que se ha presentado como discreto gestor de un nuevo proceso electoral. Boluda es un importante empresario naviero nacido en Valencia que, de momento, no ha desvelado intenciones de continuar en el cargo. Entre sus amigos y socios destacan algunos como Borja Prado, el hombre de Mediobanca, conocido mediador y hombre de confianza de Florentino Pérez, el presidente de ACS, quien gusta hacerle partícipe en casi todas sus operaciones.

Y, justamente, Florentino es el gran deseado de una gran parte de la afición blanca que anhela oír de su boca que opta a presidir el club. Lo hizo en su última etapa de gloria, cuando construyó el equipo galáctico.Lo dejó en el 2006, cuando su empuje se agotaba.

Y este es justamente uno de los trasfondos de la crisis blanca. El del modelo acabado, como parece que le pasa a la economía española. La construcción, esa gran palanca de crecimiento de los últimos años también fue la clave del esquema Florentino, plusvalías inmobiliarias (venta de la ciudad deportiva) para financiar la plantilla galáctica a golpe de talonario. Y esas plusvalías también tuvieron padrino político, el propio Ruiz-Gallardón, quien por entonces era precisamente el presidente de la Comunidad de Madrid.

El palco del Bernabeu fue el gran escenario de la alianza entre Gallardón y un buen número de importantes constructores y empresarios. Alianza política y económica. En lugar destacado estaban, además de Florentino y Fernández Tapias, Luis del Rivero, Juan Abelló, Fernando Martín… Pero eso se acabó, primero, con los cambios de liderazgo político en la Comunidad y el Ayuntamiento y el posterior enfrentamiento entre ambos, y después con la parálisis de la bicicleta inmobiliaria. La actual crisis del club revela que todavía no ha encontrado un nuevo modelo sobre el que asentarse.

Ahora se necesitan nuevos acuerdos y alianzas en una coyuntura más compleja y con recursos más escasos. Será muy interesante observar las apuestas de los dos poderes políticos enfrentados en la capital: Esperanza y Alberto. Aquí el Gobierno de Zapatero tiene poco que decir. El mundo empresarial madrileño es en general territorio hostil para el ejecutivo socialista. Tal vez bendiga una alianza entre Ruiz-Gallardón y Florentino Pérez.

Poder público en Madrid y Barcelona, de Manel Pérez en La Vanguardia

LA VENTANA INDISCRETA

Algunos medios de comunicación madrileños han acogido con evidente rechazo la posible compra de Spanair por un grupo de inversores catalanes. El argumento elegido es que se trata de una operación dirigida por la Generalitat, es decir, con participación pública.

Ciertamente, es una característica relevante de la operación que también conviene analizar. Pero, de entrada, hay que poner de relieve que fue una lástima no haber detectado esa inquietud de quienes ahora denuncian cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, forzó a Caja Madrid a comprar una participación dominante en Iberia con el fin de asegurar que la empresa y, sobre todo, el aeropuerto de Barajas, con su flamante T-4, siguieran alimentando la economía y las empresas del centro de España. Entendemos que el caso no debe de ser a su entender comparable, pues es obvio que en el primero se trataba del interés nacional,mientras que en el que nos ocupa ahora el móvil debe de ser el ansia de poder de un cacique nacionalista.

En fin. Más útil será dejar esas polémicas de corto alcance que tanto gustan a algunos medios de la capital y centrarse en lo realmente relevante: el sentido y el futuro de la operación.

Primero, la situación de Spanair. SAS, su todavía propietaria, sólo barajaba ya dos alternativas para el futuro de su filial española: o el cierre más o menos inmediato, o la venta a un tercero que estuviera dispuesto a asumir el coste de su continuidad. Así se explican las condiciones financieras conocidas que forman parte del acuerdo inicial de venta: un euro y asunción de la deuda por el vendedor. «Si se quedan con la empresa, hasta estamos dispuestos a pagarles», parece ser el principio rector de SAS en estas negociaciones.

Imaginemos el escenario: el cierre, o la mengua extrema, de la segunda compañía en tráfico de pasajeros en El Prat; Iberia concentrada sobre Barajas y olvidándose de las conexiones internacionales del aeropuerto barcelonés; su filial Clickair, olvidadas sus ambiciones iniciales, reduciendo su oferta; el número de usuarios de la infraestrucutura en caída libre a consecuencia de la crisis (y también del éxito del AVE entre Barcelona y Madrid). Todo eso a pocos meses del arranque de la nueva terminal Sur, con sus cientos de miles de metros por ocupar. Aterrador si se piensa en la importancia del aeropuerto para la economía catalana, no sólo el sector turístico.

Es inevitable que las administraciones públicas se planteasen buscar una salida. Pero de ahí a atribuirles la iniciativa hay un buen trecho. Es fácil consultar en las hemerotecas la larga y reciente historia reivindicativa de la sociedad catalana, reclamando un papel relevante para El Prat. Y en ese relato la posición del Govern no siempre ha sido la más valiente. Destacar ahora su interés es una trampa, porque ni ha sido siempre el más interesado ni, al mismo tiempo, puede dejar de estarlo ante la trascendencia del asunto.

Tampoco se trata de mirar peyorativamente la intervención pública. Si el cierre de Spanair se convirtiera en realidad, las críticas a Montilla y su Govern, tanto por ese hecho como por sus consecuencias para El Prat, serían enormes y tendrían sentido. Pero, además, ¿sólo se admite la intervención pública cuando se trata del Gobierno de EE. UU. y el de la Comunidad de Madrid o para ayudar a la banca y las grandes empresas, la mayoría de ellas con sede lejos de Barcelona?. ¿Quién decide lo que es estratégico para un país?

Como se ha dicho, las claves financieras del acuerdo para la venta de Spanair permiten deducir que su situación es muy delicada y por ello se ha fijado tan corto plazo de tiempo para ejecutarlo.

El núcleo inicial de compradores debe ampliarse hasta cubrir el 80% del capital. El problema para conseguir ese objetivo no será la aportación inicial, sino el compromiso financiero con una compañía que lleva años perdiendo dinero, necesita renovar su flota, probablemente cambiar de sede y una completa transformación de su imagen. Y, desde el primer momento, asegurar que se pagan los salarios.

La dureza de la crisis hace que todo eso a la vez sea muy difícil. Pero habrá pocas oportunidades más.

Conmoción en el sector energético, de Manel Pérez en La Vanguardia

LA CRÓNICA

Hace dos años, en noviembre del 2006, los accionistas de Repsol (Sacyr y La Caixa) y el Gobierno español rechazaron la entrada de Lukoil en el capital de la petrolera española tras varios meses de intensas negociaciones. El pasado jueves, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, y los principales accionistas de Repsol se inclinaban por dar luz verde a la compra del 30% por parte de la empresa rusa.

La operación, en una fase de negociación muy avanzada según fuentes involucradas, ha provocado un fuerte rechazo y el cuestionamiento por una parte significativa de la opinión pública e incluso de un sector del Gobierno. La razón es el temor a que una empresa rusa, que no forma parte de la UE, asuma una posición que acabará siendo dominante en una operadora energética estratégica que, además, es accionista de referencia de Gas Natural. Hasta el punto de que en el entorno del Gobierno de Zapatero se piensa que es posible que no llegue a materializarse.

Las consideraciones económicas de los implicados en la operación – una constructora con una deuda de 18.000 millones-y el alejamiento de La Caixa, como el conjunto de la banca, de la industria, no acaban de sintonizar con las que hasta ayer se consideraban prioridades estratégicas del país, definidas en términos de garantía de independencia y seguridad del suministro de energía.

¿Qué ha cambiado en dos años para que los accionistas de la empresa y el presidente del Gobierno no se espanten ante la posibilidad de que Lukoil entre en Repsol? Todas las fuentes consultadas coinciden al señalar que el origen del problema, y de ese cambio de opinión, es la insostenible situación financiera del primer accionista de Repsol, la constructora Sacyr, presidida por Luis del Rivero, quien a su vez ocupa la vicepresidencia de la petrolera. Pero, más allá de ese punto de partida, las cosas se complican algo más.

Sacyr es propietaria del 20% de Repsol gracias a un crédito bancario de 5.300 millones de euros que inicialmente garantizaba con esas mismas acciones, pero al que ha debido ir aportando garantías adicionales a medida que el precio de los títulos de la petrolera bajaba en la bolsa. Hasta que no pudo seguir añadiendo garantías al mismo ritmo que caía la acción a causa de que todos sus activos estaban ya hipotecados para hacer frente a una deuda total superior a los 18.000 millones.

Pese a que Sacyr ha pagado hasta ahora los intereses y hasta el 2010 no debe amortizar el principal de esa deuda, la banca podría ejecutar el crédito en cualquier momento al no haber cumplido las cláusulas sobre las garantías. Y la banca está muy nerviosa en el actual contexto de crisis financiera.

En septiembre, Del Rivero tuvo que tirar la toalla y reconocer ante la autoridad bursátil, la CNMV, que iniciaba un proceso de venta de sus participadas, fundamentalmente la concesionaria de autopistas Itinere y Repsol, para cancelar parte de sus deudas. La enajenación de esas dos empresas rebajaría su endeudamiento en unos 10.500 millones.

Ese reconocimiento público llegó muy a pesar de la voluntad de Del Rivero y tras la presión de sus socios en Sacyr, en especial Juan Abelló y Demetrio Carceller, presidente de Damm, que le venían reclamando que vendiera para reflotar el valor de la acción de la constructora, muy castigada por el temor de los inversores a que la abultada deuda le obligara a suspender pagos.

El movimiento de Del Rivero también estuvo forzado por sus crecientes divergencias con Antoni Brufau, presidente de Repsol. La presión financiera sobre Sacyr estaba empujando a Del Rivero a alcanzar una posición más determinante en la petrolera. Incluso a plantearse un proceso de integración contable, de manera que pudiera consolidar Repsol en sus cuentas y diluir de ese modo el peso de la deuda global en su balance. En un proceso de esas características, Brufau debería haber aceptado un sustancial incremento de la representación de Sacyr en el consejo de Repsol.

La tensión entre ambos subió durante el mes de julio, cuando no era público aún que Sacyr había puesto en venta sus participaciones, y alcanzó su clímax a mediados de septiembre. Fue entonces cuando tuvo que intervenir el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que presidió una cena en el ministerio en la que también participó, además de Brufau y Del Rivero, el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, segundo accionista de Repsol con el 12,5%. El objetivo del encuentro era el de alcanzar una mejor sintonía y buscar un pacto, con la aquiescencia de la Caixa, para superar la situación y encontrar una salida. No faltó la tensión pues del Rivero se quejó de no ser informado de lo que ocurría en una compañía de la que era vicepresidente, y Brufau también expresó su malestar por los efectos sobre la petrolera de la delicada situación de su accionista. Mientras Del Rivero sueña con integrar Sacyr y Repsol, Brufau apuesta por una gran empresa energética, resultado de la suma de la petrolera con Gas Natural y Unión Fenosa, en proceso de adquisición por la gasista catalana.

Mientras ocurría ese toma y daca, Lukoil avanzaba en su intento de adquirir el paquete de Sacyr.

Según diversas fuentes, Del Rivero no se mostró muy entusiasta con el acercamiento de posibles compradores de su paquete en la petrolera. No era partidario de vender Repsol y en cambio quería acelerar al máximo la venta de Itinere, confiando en que con ello podría ganar tiempo y seguir siendo accionista de referencia de Repsol, sin renunciar a acceder a una posición de mayor control o de renegociación con el otro accionista, La Caixa, al margen de Brufau. Frente a los rusos, exigía un precio, superior a los 30 euros por acción, más del doble de su cotización en el mercado y que desbordaba muchísimo el presupuesto de la empresa presidida por Vaguip Alekperov.

En cuanto a La Caixa, cuyo interés en Repsol ha ido disminuyendo a medida que su estrategia pasa por reducir sus participaciones industriales, quiere demostrar que la empresa que las agrupa, Criteria, puede generar plusvalías apetitosas. Para La Caixa, aprovechar la oportunidad que se le presentaba era muy tentadora: no es fácil que vuelva a aparecer un nuevo socio de referencia.

Y este era el cálculo: si al 20% de Sacyr se añadía una parte de la participación de La Caixa, junto con la de Caixa Catalunya y la de Mutua Madrileña, en total otro 9,9%, hasta llegar al 29,9%, el límite sin estar obligado a lanzar una oferta de compra por el 100%, los rusos podrían elevar su oferta añadiendo una prima por el valor estratégico de alcanzar de un solo golpe tan significativa participación. Y así fue. Tras negociar de nuevo, llegaron a los 26,7 euros, justo lo que Sacyr pagó de promedio por su participación, unos 9.000 millones por todo el paquete. Eso sí, sin poner ni un euro fresco, subrogándose el crédito de Sacyr y negociando uno adicional con La Caixa y sus compañeros de viaje en el 9,9% adicional. Para la banca, desde el Santander al resto, la venta también aportaba más seguridad a sus créditos, que además se actualizarían de acuerdo con el coste actual, es decir más alto.

Esta fórmula – la suma de participaciones, el precio, la presión de la banca acreedora-y, en medida no menos importante, el aplazamiento constante de la firma de la venta de Itinere parecen haber acabado forzando a Del Rivero a aceptar una venta a Lukoil a la que formalmente intenta resistirse. Antes intentó incluso que el Estado adquiriese el paquete, a través de la Sepi, algo que en el Gobierno se consideró políticamente imposible.

La noche del miércoles, cuando saltó que la operación estaba en marcha, Sebastián informó a Del Rivero, Fainé y Brufau: «Me opongo a esa operación». Según fuentes próximas al Gobierno, en la mañana del jueves, mientras el ministro se pronunciaba en público en el mismo sentido, Zapatero recibía sendas llamadas de Fainé y Brufau explicándole el sentido de la operación, su lógica industrial y la estabilidad que aportaría a Repsol y al sistema financiero español. El presidente del Gobierno asintió y a la primera oportunidad expresó que no se oponía a la entrada de Lukoil. Sin embargo, fuentes que afirman conocer la opinión del presidente aseguran que es sólo eso, no oposición, en ningún caso, apoyo activo. Ahora, hay que esperar y ver.

El debate sobre la crisis desborda al Gobierno, de Manel Pérez en La Vanguardia

CRISIS ECONÓMICA

Felipe González, el ex presidente del primer gobierno del PSOE de la transición, es el último prominente socialista en sumarse públicamente al grupo de los partidarios de inyectar la máxima cantidad de recursos posibles a la decaída economía española para hacer frente a la crisis. Con él, su ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, quien ha defendido también públicamente que el Estado incurra en el déficit público necesario para financiar programas de impulso de la actividad.

Con ello, lo que hasta ahora había sido un debate interno e informal en el seno del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y también con el Banco de España se ha desbordado y se ha convertido en el gran debate de la política económica.

Felipe González no se ha limitado a escribir artículos y ofrecer su opinión en entrevistas, también ha impulsado debates con dirigentes del partido socialista y, lo más significativo, con miembros del Gabinete de Zapatero.

De facto, el impulso de González engarza con el eje que en el seno del Gabinete forman la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que, según diversas fuentes, llevan ya tiempo empujando a favor de una actitud activa a favor de tomar medidas de calado. González ha suscrito las tesis de ese grupo a favor de una mayor intervención del ICO para financiar a las empresas, medidas de apoyo a los hipotecados con problemas e impulso de obras públicas en infraestructuras más allá de lo fijado en los presupuestos. En ese contexto, el déficit público debe superar el 3% del PIB fijado por Europa si ello mitiga la crisis.

En el otro lado de la balanza, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha sido hasta ahora más partidario de que la situación económica evolucionara de acuerdo a su propia dinámica y que los llamados estabilizadores automáticos (aumento del déficit público y menor recaudación fiscal) compensasen los efectos de la creciente crisis. En la misma línea, al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se le ha considerado siempre partidario dejar actuar a las fuerzas del mercado, con el argumento de que España debía purgar sus excesos en la construcción y cambiar su modelo económico hacia otro con mayor productividad y valor añadido.

El fondo del debate se centra en la gravedad y duración de la crisis y el papel que debía tener el Estado para hacerle frente. Como expresión de ello, la crisis de liquidez, que desde Economía y el Banco de España se ha considerado hasta hace muy poco irreal o cuando menos exagerada. Los sectores más impacientes creían que la crisis iba a ser muy dura y que el Estado debía hacer cualquier cosa, desde luego renunciando al superávit fiscal. Solbes y Fernández Ordóñez, por su parte, se mostraban algo más optimistas y pensaban que la economía española debía purgar sus excesos del pasado acometiendo reformas estructurales, especialmente en el mercado de trabajo.

Ambos eran partidarios de mantener lo más saneadas posible las cuentas públicas. Según diversas fuentes, Solbes prevé un déficit del 2% este año y del 4% el siguiente. Pero el ministro teme que se dispare hasta el 6%. Según diversas fuentes consultadas, el debate gubernamental no arrojó resultados prácticos hasta hace justo un mes, cuando a principios de octubre el presidente Zapatero, hasta entonces partidario de la línea más tranquila, comenzó a virar de posición y tomó la iniciativa de poner en marcha un fondo para la adquisición de activos de bancos y cajas por importe de 50.000 millones de euros. Algo que venían postulando los sectores que dentro y fuera del Ejecutivo defendían que la liquidez era el gran problema de la economía española. La iniciativa del presidente, que después se amplió tras la cumbre europea de París con una línea de avales de otros 100.000 millones para nuevas emisiones de deuda bancaria, supuso un claro cambio en la orientación del Gobierno.

Esas iniciativas salieron adelante pese a que uno de los hombres de máxima confianza de Zapatero, el gobernador del Banco de España, no era demasiado partidario de ellas. La visión ortodoxa tiende a ver en la falta de créditos un reflejo tanto de falta de liquidez como de ausencia de solvencia de los prestatarios.

Cuando parecía haberse alcanzado un cierto consenso, volvió a producirse la polémica con la aplicación de las nuevas medidas. Bancos y cajas comenzaron a criticar el diseño del plan y, sobre todo, la supuesta lentitud en su puesta en marcha. Las empresas, estranguladas por la falta de recursos, se sumaron también a las voces impacientes. Se imputaba a Solbes, y a Fernández Ordóñez, en la sombra, un deseo de ralentizar la aplicación de las medidas pese a que habían sido definidas como urgentes.

«Es una acusación totalmente infundada», responden desde Economía. «Las subastas para la compra de activos comenzarán en pocos días y acusar de lentitud a un proceso que se ha puesto en marcha en poco más de un mes es desconocer la complejidad del asunto», indican las mismas fuentes que, dicho sea de paso, descartan que las subastas puedan quedar desiertas por desinterés de bancos y cajas a la vista de cómo han sido planteadas. En cualquier caso, es muy difícil que en lo que queda de año se alcancen los 130.000 millones (100.000 de avales y 30.000 de compras) que Zapatero se comprometió a inyectar.

En su momento, el propio Zapatero debió acelerar en un Consejo de Ministros la aplicación de esas medidas cuando Economía había anunciado que debía esperarse a un informe del Consejo de Estado. El Gobierno, y su presidente, cada vez más centrado en la política económica, continúan proponiendo nuevas medidas a medida que la crisis se profundiza cada vez más. Pero, como ha venido ocurriendo hasta ahora, su puesta en práctica suscitará nuevos debates,

La octava potencia mundial, de Manel Pérez en La Vanguardia

LA VENTANA INDISCRETA

Ocasión habrá para conocer en detalle lo que realmente ha ocurrido estos días entre bambalinas a cuenta de la presencia española en la llamada cumbre del G-20 en Washington el próximo fin de semana. La diplomacia internacional no admite concesiones sin contrapartidas y no es propensa a reconocimientos morales ni estadísticos. La relación de fuerzas y el propio interés son las fuerzas dominantes. Ser la octava potencia mundial,como le gusta decir de modo empalagoso a las autoridades, parece condición necesaria para estar presente en la reunión del club, pero ni mucho menos suficiente, como los intensos y viajeros esfuerzos del presidente del Gobierno han puesto de manifiesto.

Sin duda, la concesión de la silla a Zapatero forma parte de un acuerdo más amplio, especialmente con el presidente francés, y habrá que esperar un cierto tiempo para ver cuál es la moneda de cambio que compense tan desprendida actitud. En el pacto, ZP logra parcialmente y de forma precaria un reconocimiento internacional que no alcanzaron ni Felipe ni Aznar, mientras que Nicolas Sarkozy eleva varios enteros su figura como hombre de Estado europeo.

Zapatero se ha concentrado sobre dos ejes para argumentar su presencia en la cumbre. El primero, el ya manido y genérico de que España es la octava…El segundo, mucho más concreto, es el de la fortaleza de su sistema financiero y la reputación de su sistema de regulación y supervisión, gracias a los cuales ha resistido sin heridas noticiables este año largo de crisis financiera internacional. Vayamos primero a por el último.

Y en realidad se trata de un argumento poderoso. La banca española lleva 150 años siendo el centro hegemónico del poder económico y su proyección sobre el ámbito político no necesita de exageración alguna por evidente.

El plan de estabilización de 1959 abrió las puertas de la economía española al capital exterior, especialmente estadounidense, en todos los sectores, de la industria ligera al consumo, pero no a la banca, que continuó completamente regulada y al amparo de los capitales nacionales.Continuó siendo un coto vedado para las familias tradicionales. La banca controlaba las finanzas y dominaba o compartía el control de las grandes empresas. El poder económico era de los banqueros, que cohabitaban cómodamente con las diferentes fracciones de la clase política de turno.

Después de la dictadura, la banca debió acomodarse y sufrió una aguda crisis que se prolongó hasta mediados de los años 80. Muchos bancos desaparecieron dejando enormes agujeros, que en buena medida debieron tapar los impuestos de los ciudadanos, y por el camino fueron abandonando su carácter industrial. La primera consecuencia de todo ello fue la recreación de un sistema de supervisión y control, el del Banco de España, que llegó a actuar como auténtico consejo de administración paralelo del sector e impulsó una rápida concentración bancaria. La última crisis, la del Banesto de Mario Conde, de principios de los 90, se resolvió sin que los españoles se dieran prácticamente cuenta (cosa distinta fue la política).

Y así llegamos a los años noventa y el arranque del boom inmobiliario, que no se entendería sin la financiarización extraordinaria de la economía española, y de la que dan buena fe las miles de oficinas bancarias, tan visibles como los bares, que adornan todas las ciudades y pueblos del país. Un país bancarizado era el complemento perfecto para la eclosión de la construcción.

España puede presumir de tener un sistema financiero dinámico, moderno y, lo que es importante en los tiempos que corren, solvente. Es muy probable que Emilio Botín y su Santander sean uno de los grandes triunfadores de esta época turbulenta. Y aún lo veremos crecer más… en España. Es lógico que Botín y sus colegas quieran que la definición de las nuevas reglas de juego del sistema se adopten teniendo en cuenta su opinión. Son un poder en España y quieren un papel equivalente en el mundo. Y Zapatero es consciente de ello.

Pero, y aquí llegamos al primer argumento de ZP, en otros sectores la economía española no ha producido nada comparable al bancario. Aunque hay ejemplos de empresas con presencia en el mundo, en las grandes áreas industriales y de servicios, la octava potencia sigue sin ser muy visible y se la sigue viendo como una sucursal de las sedes centrales de distantes multinacionales del resto del mundo.

Consejo de Ministros el sábado, de Manel Pérez en La Vanguardia

ANÁLISIS

Que Zapatero ha decidido tomar el timón de la gestión de la política para enfrentar la crisis económica es una evidencia desde hace ya un mes. Lo novedoso es hasta qué extremo Zapatero quiere controlar y estar encima de las medidas que se adoptan, como si no estuviera completamente seguro de que saldrían adelante sin una actitud de vigilancia extrema.

El presidente ha desplazado al sábado la habitual reunión semanal del Consejo de Ministros de los viernes. La razón, que Zapatero pueda presidir el Consejo que apruebe las medidas anunciadas el pasado lunes por él mismo. El viernes estará en Bruselas, en el Consejo europeo extraordinario que analizará las propuestas de la UE para la cumbre del G-20 en Washington. Así que, Consejo de Ministros el sábado.

Zapatero ha asumido el protagonismo en la presentación y ejecución de las medidas de su Gobierno. La pregunta es si es simple estrategia de imagen o revela que sin su voluntad política el área económica del Gobierno no sería tan entusiasta con las medidas. Por ejemplo, la lentitud en la puesta en marcha del plan para dar liquidez al sector financiero. Ayer, Pedro Solbes sugirió que el margen del Gobierno para nuevas medidas estaba prácticamente agotado. ¿Habrá réplica de Zapatero?

Del populismo ‘made in USA’ al amigo Sarkozy, de Manel Pérez en La Vanguardia

LA VENTANA INDISCRETA

Andaban tan preocupados George W. Bush y sus muchachos acosando a los movimientos populistas del sur de las Américas que hasta el pasado lunes no se dieron cuenta de que el fenómeno estaba también bastante arraigado en su propia casa. Llámesele como se quiera: populismo, con su clásico componente de rechazo desarticulado a las élites y los privilegiados (Wall Street incluido); reacción contra la globalización, o simplemente descontento popular ante los primeros efectos del deterioro económico, la crisis financiera ha hecho aflorar una enorme crisis de autoridad y legitimidad en Estados Unidos. Una auténtica crisis política.

La primera votación del Congreso contra el plan Paulson lo ha puesto abruptamente de manifiesto. Mientras hasta ese día la descomposición del modelo financiero que se comenzó a establecer en la época de Ronald Reagan y alcanzó el clímax en las presidencias de Bill Clinton parecía un terremoto económico, el pasado lunes se convirtió también en un seísmo político. Pocos lo esperaban, obviamente no George W. Bush, ni Paulson, ni los líderes demócrata y republicano de la Cámara de Representantes. Tampoco John Mc-Cain, ni Barack Obama, los dos candidatos a la presidencia, cuya agenda electoral ha quedado bastante maltrecha. ¿Ese movimiento de rechazo, una amalgama confusa, murió enterrado con la votación afirmativa del pasado viernes y nadie se acordará de él tras el 4 de noviembre o seguirá presente para mucho tiempo en la vida política? ¿Un simple rechazo a Bush – «políticamente, el máximo activo tóxico», según lo definió el editorial del poco sospechoso Financial Times el pasado miércoles- o algo más profundo? Difícil de saber, todo dependerá de la profundidad del desastre económico.

Y ese es el gran problema, durante la campaña, antes incluso de que asuman el cargo, para los dos candidatos. Mientras McCain quería ser el adalid de las rebajas de impuestos, según su propia campaña, no sólo para los más ricos como ha sido la norma hasta ahora, también para las clases medias, Obama ha defendido medidas para acercar a la primera economía del mundo a los niveles de cobertura y asistencia social de los países europeos. El problema que tienen ambos es que el desastre económico les está poniendo muy difícil sostener con credibilidad ya en plena campaña esas promesas.

Según algunos análisis, teniendo en cuenta el costoso plan Paulson, los 700.000 millones tan dificultosamente aprobados el pasado viernes, y su previsiblemente escaso efecto lenitivo sobre la crisis, y el acelerado deterioro económico de Estados Unidos, la deuda pública podría dispararse hasta casi doblarse cuando Bush deje su despacho. El próximo inquilino de la Casa Blanca tendrá que pensar cómo paga las facturas: subiendo impuestos o recortando gastos… o ambas cosas a la vez. Las pocas promesas electorales que hayan sobrevivido a la campaña tendrán escasas posibilidades de ver la luz. Un buen caldo de cultivo para reacciones populistas como las que se han comenzado a ver estos días.

Mientras, el colapso financiero sigue causando estragos. El musculoso gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ha tenido que pedir ayuda al Tesoro para que le dé dinero con que pagar a sus funcionarios. Los mercados no le compran, al contrario que en años anteriores, la deuda. Aparentemente, nada ha cambiado, aunque la banca piensa que el fin del boom inmobiliario reducirá los ingresos del Estado.

En España, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha debido renunciar a colocar la deuda de tarifa. La banca internacional presentó ofertas inaceptables, pese a que esa deuda cuenta con el aval pleno del Estado español. Pedro Solbes ya no podrá presumir de que el problema de la financiación es privado, no de las administraciones públicas. Y cada vez deberá emitir más deuda a medida que crezca el déficit. ¿Se quedará esperando a que llegue ese momento?

De California a Madrid. Todos sin dinero. París también. Nicolas Sarkozy busca salidas en comandita. Esperemos que Zapatero hable con el francés aunque no asista a las reuniones que este organiza. Ya que aquí, de momento, no se hace nada, a lo mejor se está probando en Europa.

Sumidos en la perplejidad, de Manel Pérez en La Vanguardia

LA VENTANA INDISCRETA

Los catalanes no están solos en la perplejidad. La economía mundial provoca igual estado de inquietud en economistas, analistas, inversores y responsables gubernamentales.

La nacionalización de Fannie Mae y Freddie Mac es el último gran episodio del culebrón. La medida del Tesoro de EE. UU. resume bien la situación y sus contradicciones. De orden político, por cuanto cuestiona la calidad del funcionamiento del llamado libre mercado y la cacareada eficacia del sistema financiero desregulado. También sobre el papel del Estado en la economía y la inveterada costumbre de acordarse de su importancia sólo a la hora de pagar la factura de la fiesta y transferir el riesgo desde el sector privado al público.

Desde el punto de vista de la coyuntura es difícil interpretar adecuadamente de qué es síntoma esa nacionalización. ¿Alivia el colapso financiero e introduce más confianza y seguridad en el sistema financiero o, por el contrario, anuncia mayores problemas?

Si las bolsas mundiales hubiesen mantenido las alzas del día después de la intervención, la lectura sería más optimista. Sin embargo, no es eso lo ocurrido. Otras firmas se han sumado a la lista de entidades con problemas fatales.

Hay quien opina que en realidad la nacionalización constata que otro dique de contención, en este caso uno que atesoraba liquidez, ha reventado a causa de la presión del dinero quemado. De nuevo tocaba rendir una línea de resistencia para volver a colocarla bastantes metros más atrás.

Gracias a la temeraria política de compra de hipotecas de las dos entidades nacionalizadas, el sistema financiero norteamericano pudo seguir contaminando el planeta con sus subprime,mientras se inflaba con beneficios ficticios. Las dos entidades compraban esas hipotecas y así este podía seguir pedaleando en la bicicleta.

Cuando el fuego ya estaba fuera de control, las hipotecarias se encontraron sin capacidad para obtener más recursos en el mercado. Es decir, no había ya tontosque compraran sus acciones, ni, sobre todo, sus emisiones de deuda respaldadas por unas hipotecas con masa de impagados. La detención del flujo paralizaba el mercado hipotecario estadounidense, es decir, lo dejaba sin liquidez, algo que el lector ya sabe que no sólo pasa en Estados Unidos, también en España por poner un ejemplo. Así pues, este fue uno de los detonantes clave de la nacionalización.

Pero hay otro tanto o más importante. La lista de primos compradores de deuda de las dos hipotecarias había crecido mucho y en el club figuraban incluso bancos centrales. Según algunas estimaciones, hasta el 20% de su deuda, es decir, un billón de dólares (700.000 millones de euros), estaba en esas manos. Según la prensa de EE. UU., la situación era tan complicada que el Banco Central de China comenzó a estudiar formas de ampliar su capital para asumir las pérdidas y evitar la insolvencia.

Incluso sin suspender pagos, si el mercado seguía igual y devaluaba la deuda de las dos hipotecarias hasta reducirla a cenizas, la situación no habría quedado muy lejos de una especie de suspensión de pagos del mismo EE. UU. Algo absolutamente insostenible para la primera potencia mundial y para su divisa. También, obviamente, para el sistema financiero mundial.

Parece, pues, que estamos ante una medida de emergencia antes que frente a una intervención destinada a mejorar la situación. Mientras no aparezcan nuevos elementos que apunten a lo contrario, de momento seguimos a peor.

En el caso español las consecuencias sólo pueden ser negativas. La nacionalización de las dos entidades revela en parte el agravamiento de la crisis de liquidez que golpea también con fuerza la economía española, aunque Pedro Solbes se empeñe en negarlo.

Ahora puede haber más escasez de crédito. Más aguda para las economías que se consideren vulnerables. Entre ellas la española, a la que cada vez le cuesta más colocar títulos en el exterior. Incluidos los de la deuda pública. Algún banco internacional ya ha dado la orden de no comprar nada que provenga de España. Ya no es sólo un problema privado.

Posiblemente, lo único positivo del asunto es comprobar que el Tesoro de EE. UU., que dirige Henry Paulson, tiene claro que es mejor hacer algo antes que nada. Aunque es cierto que allí el desastre es de dimensiones siderales.

El cambio de modelo, pendiente de Iberia, de Manel Pérez en La Vanguardia

LA VENTANA INDISCRETA

El Gobierno cumplió el pasado viernes el compromiso formal del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de presentar antes de las vacaciones su nuevo modelo de gestión aeroportuaria. Pero ahí se quedó, no pasó de lo formal. El cambio de esquema, cuyos rasgos más generales se insinuaron tras el último Consejo de Ministros, deberá esperar, según las previsiones de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, al menos otros dos años. Es decir, no es descartable que la presente legislatura se quede sin alumbrarlo y que el debate sobre la gestión aeroportuaria sea de nuevo elemento estrella de los programas electorales de las formaciones políticas catalanas en las elecciones generales del 2012. Más seguro aún si los comicios tuvieran que adelantarse.

Esta lentitud en abordar el problema no es nueva y seguro que presidirá su desarrollo hasta el último día. Pero ahora hay otro elemento adicional que obliga al Gobierno y a quienes impulsan este modelo a tomárselo con calma: la absorción de Iberia por British Airways.

Mientras los términos de esa operación no estén completamente claros – y los propios protagonistas hablan de más de un año para que tal cosa sea posible-, el Gobierno no dará ningún paso irreversible en la redefinición del esquema aeroportuario español. Lógico, por un lado, pero engorroso para quienes quieren dinamizar cuanto antes el aeropuerto de El Prat, máxime en tiempos de crisis como los actuales en los que la competencia por mantener los niveles de actividad son de máxima premura.

El tráfico en el aeropuerto barcelonés ya está padeciendo la sana competencia del AVE, la crisis económica y la subida de los precios, en parte por la escalada del petróleo, en parte por la concentración de líneas aéreas que buscan recuperar la rentabilidad elevando sus tarifas. La crítica situación de muchas aerolíneas juega en contra de los aeropuertos secundarios y en esta categoría está de momento el barcelonés en el modelo imperante en España.

Un factor agravante es lo inexplicable que resulta el hecho de que el arranque de la nueva terminal Sur de El Prat vaya a tener lugar sin haber cambiado el modelo. El despliegue óptimo de esa nueva infraestructura en las actuales condiciones del mundo de la aviación comercial depende de una esmerada gestión comercial. Y esto es lo que el mundo económico catalán considera que no está ni mucho menos asegurado.

Aunque ya habrá tiempo para conocer con más detalle la propuesta, los primeros indicios, especialmente lo dilatado del proceso, obligan a tomar el movimiento del Gobierno con suma cautela.

Se sigue hablando de modelo de gestión centralizado. Es decir, una nueva sociedad que dejará de llamarse Aena – hay que saber cambiar las palabras para mantener las esencias- seguirá centralizando la gestión de todos los aeropuertos. Y lo hará en red, como con especial gracejo y placer repite la ministra de Fomento cada vez que tiene ocasión de hablar del asunto. El pasado viernes no fue la excepción.

La gestión centralizada en red no puede ser la solución pues esta ha sido hasta ahora el origen esencial del problema. Implica la supeditación del conjunto de los aeropuertos, incluido el de El Prat pese a superar los 30 millones de pasajeros, a los intereses de Iberia y de la nueva infraestructura que es la T-4 de Madrid-Barajas. Por eso las instituciones económicas y la sociedad civil catalana exigieron el cambio de modelo y por ello ahora se está sometiendo a debate público un tema que hasta hace bien poco era coto cerrado para especialistas. El Gobierno deberá evolucionar y repudiar esa concepción.

Obviamente, no se puede anunciar una privatización parcial, la venta del 30% y la entrada de la Generalitat o de la Comunidad de Madrid en los consorcios de gestión de sus respectivos aeropuertos, con un 19%, y pensar que todo puede continuar igual. La puesta en marcha de esa nueva estructura provocará cambios. Pero la perspectiva es demasiado lejana para las urgencias económicas y las expectativas de la sociedad catalana.

Así no se puede ir de vacaciones, de Manel Pérez en La Vanguardia

LA VENTANA INDISCRETA

La confusión parece haberse instalado en el centro de mando de la economía española. El equipo del Gobierno, con el vicepresidente Pedro Solbes al frente, ha vuelto a revisar las previsiones de crecimiento… y parece creer que puede dejar todo lo demás igual. Las mismas recetas le sirven a idéntico paciente a pesar de que los síntomas de la enfermedad se han agravado. Así lo ha reconocido el facultativo encargado de su curación. ¿Cómo es posible no adaptar la política económica tras pulverizar a la baja todos los cálculos hechos anteriormente? ¿Se requieren las mismas medicinas cuando el crecimiento se prevé del 2,3% que cuando se habla del 1,6% y del 1% (por qué no el 0%) para el año próximo?

Parece ser que para Solbes y su equipo sí. Se mantiene el mismo calendario para la recuperación o salida de la crisis, el segundo semestre del año próximo, pero ciertamente es difícil saber por qué. Apostar por esas fechas el mismo día que se reconoce que las cosas están mucho peor es, cuando menos, sorprendente. Por no decir incoherente.

En el fondo de esa actitud subyacen dos planteamientos. El primero, que en un mundo globalizado y con la política monetaria cedida al Banco Central Europeo (BCE) el margen de actuación de los gobiernos nacionales es tan limitado que casi es mejor no ponerlo a prueba.

Argumento que se refuerza por el innegable carácter internacional de la actual crisis (las subprime,la subida del precio del petróleo y los alimentos, la pérdida de fuerza de las principales economías del mundo…). Ciertamente, algo de verdad hay en esta aproximación y cualquier acción debe tener eso muy en cuenta.

Pero la crisis tiene en España características especiales, por la dependencia de la construcción y de la financiación exterior, ambas en estado de colapso.

Por eso, a la vista del tsunami que parece estar preparándose es simplemente irresponsable no pensar en mecanismos para que una tormenta tan peligrosa como la que se anuncia haga el menor mal posible. La Unión Europea no puede ser sólo un corsé restrictivo que deje indefensas a las economías en peligro. Debe aportar propuestas y soluciones y el primer interesado en encontrarlas debe ser el Gobierno español. La Unión Europea debe hacer algo más que contemplar el derrumbe de una economía como un profesor impertinente o un padre represor que se conforta verificando lo acertado de sus negros presagios.

La otra idea es la de que la economía española debe purgar sus excesos del pasado. ¡De acuerdo! Pero ¿hasta qué punto? Es temerario dejar que la bola de nieve que se está formando siga ganando fuerza y velocidad. Las economías son máquinas complejas con inercias muy poderosas. Igual que es muy difícil atemperar una burbuja incluso en sus fases iniciales, mucho más trabajoso es colocarse al final de la pendiente para reducir la velocidad de caída. Y parece que hay quien se siente proclive a que así sean las cosas.

El pinchazo de la actividad económica en España ha adquirido ya una fuerza que ha sorprendido a todos los analistas, incluso a los que ahora presentan los más negros presagios y que hace sólo unos meses pensaban en una evolución a la baja mucho más moderada. Comenzó en el inmobiliario y la construcción, se trasladó al consumo y afecta ya claramente a sectores significativos de la industria y los servicios…, los que en los análisis teóricos del pasado debían ser los relevos en la fase de la posburbuja. Y ahora empieza a carcomer ya a las instituciones financieras.

Ese es el problema de los ensayos de desaceleración controlada: que se hacen con fuego real y se escapan de las dimensiones de las probetas. De seguir así, España camina hacia una situación económica explosiva, purgando los excesos pero sin soluciones alternativas. Reducirá el peso de la construcción inflando el desempleo, la economía sumergida y la crisis social. Ya no valen los cálculos sobre cuánto se desacelerará la actividad. La situación requiere planes, propuestas y acción. Y un discurso que transmita a los agentes sociales que se trabaja con un objetivo, de forma activa. El Gobierno, y más concretamente Pedro Solbes, no puede dejar que los españoles se vayan de vacaciones en el actual estado de desmoralización, pensando que cuando vuelvan tal vez se encuentren sin ocupación o con la empresa en la bancarrota.