Reggio’s Weblog

Bajo el signo de la interinidad, de Santos Juliá en Domingo de El País

Posted in Política by reggio on 28 diciembre, 2008

Lo más curioso del año político que ahora acaba ha sido quizá la rapidísima amortización del resultado de las elecciones que, aunque mentira parezca, tuvieron lugar el domingo, 9 de marzo, con un resultado que reforzó la posición relativa de los dos grandes partidos. No había llegado aún el verano cuando el Gobierno había dilapidado ya todo su capital y daba muestras de agotamiento; y no había transcurrido el otoño cuando la oposición vio resurgir a una facción de cobardes que maquinaban en la sombra, según denuncia de la flamante secretaria general. Un Gobierno cansado y dividido, una oposición incapaz de avanzar ni un milímetro en su nueva estrategia: éste es el paradójico resultado de unas elecciones en las que los dos grandes partidos de ámbito estatal ganaron votos sólo para perder al cabo de unos meses la confianza de sus electores, que ya no se creen nada de lo que se les dice.

¿Por qué? Tal vez porque nunca ha estado más lejos el lenguaje de los dirigentes de ambos partidos de la cruda realidad de los hechos. Sólo una muestra entre mil posibles: en enero de 2008, el presidente Zapatero auguraba la creación de 100.000 empleos gracias a una imaginativa deducción de 400 euros del IRPF que había hecho torcer el gesto a su ministro de Economía; en diciembre, la cifra de parados cabalga hacia los cuatro millones y la destrucción masiva de empleo vuelve a ser nota característica de la economía española en tiempos de recesión. La prensa extranjera ha llevado a sus primeras páginas la noticia: The party is over, titulaba hace unas semanas The Economist; La fête est finie, proclama la portada de Le Point, en sendos reportajes sobre España.

Sí, en España, la fiesta se ha acabado y, mientras la oposición gira sobre sí misma, el Gobierno no sabe qué poner en el lugar antes ocupado por la euforia. De momento se ha valido de una coartada: nadie, en el mundo, previó la profundidad de la crisis, ¿por qué habría de preverla el Gobierno español? Mezclando churras con merinas, el Gobierno se ha apresurado a disolver, al menos en el discurso, la recesión española en el maremágnum de la crisis mundial. Todo, menos reconocer que, entre nosotros, las crisis económicas tienen causas endógenas ya seculares -baja productividad, elevado endeudamiento, alta inflación- que provocan efectos devastadores en el empleo. Mientras se mantuvo la orgía constructora, con una elevación insostenible de precios y una rampante corrupción municipal, creció la euforia: éramos los mejor preparados para hacer frente a cualquier crisis. Cuando de la orgía sólo quedó la resaca, y el superávit se transmutó en déficit, el Gobierno pretendió ocultar la realidad bajo un manto de palabras vacías.

Con lo cual, la crisis económica se reduplicó en crisis de confianza: éste no es un Gobierno dotado de un propósito, un discurso ni una política para hacer frente a los problemas que se van amontonando al socaire de la recesión económica. Problemas de competencia en el área económica, desde luego, fruto de una vana táctica de compensación de poderes entre oficinas y ministerios; pero también problemas con la financiación de las comunidades autónomas, algunas en franca rebeldía; con la justicia, ante las amenazas de jueces levantiscos que han perdido la brújula; con el Tribunal Constitucional, incapaz de cumplir en sí mismo la renovación de miembros a la que las leyes y la misma Constitución obligan; con la Iglesia católica, lanzada a una nueva guerra de crucifijos que el Gobierno no ha sabido cortar a pesar de tener a su favor sentencias judiciales; y, en fin, y por no hacer interminable la lista, con el pasado, sin atreverse a lo único en lo que realmente es competente y a lo que está obligado: enterrar dignamente a los muertos.

Vive, si vivir es simplemente verlas venir, a la espera de una sacudida que no acaba de llegar: desde el día siguiente a las elecciones, éste es un Gobierno interino, con fecha de caducidad señalada por el propio presidente cuando dejó bien claro que no era un Gobierno para durar. Interinidad que la crisis económica hace más insoportable, como la situación de los enfermos terminales a los que no se acaba de desconectar los tubos que artificialmente les mantienen en vida. El presidente pospuso entonces la crisis de fondo a favor de una remodelación cosmética, dirigida a ocupar la primera plana de la prensa mundial, chicas y chicos perfectamente maquillados para la foto. Pero, terminada la fiesta y consumida la euforia, el rímel se ha corrido y los ojos del Gobierno miran a ninguna parte mientras la oposición se entretiene mirándose al ombligo.

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De reforma constitucional a nueva Constitución, de Santos Juliá en Domingo en El País

Posted in Derechos, Historia, Libertades, Política by reggio on 14 diciembre, 2008

Cuando el 22 de julio de 1977 el Rey declaró abierta “la primera legislatura de las Cortes de la Monarquía”, se identificó a sí mismo, ante los diputados y senadores que le escuchaban, como “monarca constitucional”. No se trataba de una ocurrencia extravagante. De tiempo atrás, especialistas en derecho político venían discutiendo acerca de la mejor vía para llegar a la estación Democracia con salida en la estación Leyes Fundamentales, que no sólo Fernández-Carvajal consideraba una verdadera Constitución. El debate más divertido fue el de Jorge de Esteban y varios colaboradores, que definían las Leyes Fundamentales como una “Constitución abierta”, susceptible de desarrollarse según una interpretación “abierta, liberal y progresiva”, con Miguel Herrero y su “principio monárquico” que permitiría al rey, en el ejercicio del poder soberano, recurrir directamente a la nación.

Tal era el tenor del debate en los últimos años de la dictadura: la convicción de que las Leyes Fundamentales eran una verdadera Constitución, reformable sin necesidad de abrir un proceso constituyente, estaba más extendida de lo que hoy podría sospecharse. Ése era, desde luego, el supuesto del que partía la Ley para la Reforma Política, sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, cuando establecía que la iniciativa de “reforma constitucional” correspondía al Gobierno y, en segundo lugar, a las Cortes, o lo que es igual, diputados a remolque de ministros en el proyecto de reformar una sedicente Constitución: a eso estaba destinada lo que el Rey bautizó como primera legislatura de las Cortes de la Monarquía.

Pero todo eso -reforma y número de legislatura- se fue por el sumidero de la historia gracias al resultado de las elecciones. Los diputados no habían sido elegidos como constituyentes, pero no lo dudaron ni un minuto cuando, cinco días después del saludo del Rey, ocuparon sus escaños para celebrar el primer debate de política general. Felipe González abrió el turno para señalar como tarea inmediata de los allí reunidos la elaboración de una nueva Constitución. Lo mismo dijo Santiago Carrillo, aunque los dos portavoces que siguieron, Jordi Pujol y Xabier Arzalluz, interesados en recuperar sus respectivos estatutos de autonomía, no se ocuparon del asunto. Volvió a la carga Tierno Galván y remató la faena Joan Reventós cuando afirmó: “Éstas serán unas Cortes Constituyentes”.

Nadie, excepto Calvo Sotelo, como portavoz del partido del Gobierno, se refirió a la Ley para la Reforma Política, y aun en su caso no lo hizo para proponer una “reforma constitucional”, como estipulaba la ley, sino para insistir en que la iniciativa de lo que en este campo se fuera a realizar correspondía al Gobierno. No estuvieron de acuerdo los demás y quedó decidido que sería una comisión del Congreso la encargada de elaborar el proyecto de Constitución que habría de debatirse en el Pleno para su definitiva aprobación.

Así es como se hacían entonces las cosas. Aquellas Cortes no eran en su origen constituyentes, sino preconstitucionales, como se dice hoy cuando se propone abolir alguna de sus leyes. ¿Y cómo fue posible que de la una pudieran convertirse en la otra? Ése es el quid de la cuestión, pero quien no lo entienda es que no quiere entender una transición en la que ni el punto de partida, ni el punto de llegada, ni el camino intermedio estaban escritos en la mente omnisciente de ningún demiurgo, llámese Pizarra de Suresnes, Piloto del Cambio o Bloque de Poder, sujetos trascendentales que ocultan la verdad de la realidad de las cosas: que se avanzó por el método de dos pasos adelante, uno atrás, no fuera a ser que a las espaldas se abriera el abismo.

Los puristas que lamentan no haber plebiscitado previamente la forma de Estado pueden tranquilizarse: los cambios de forma política del Estado español acaecidos durante el siglo XX nunca fueron resultado de un plebiscito previo por el que el pueblo se pronunciase por la república o la monarquía. República y monarquía estaban ya allí, en mayo de 1931 y en julio de 1977, cuando los diputados decidieron comenzar los trabajos para dotar al Estado de sendas constituciones; que las Cortes encargadas de elaborarlas fueran convocadas como constituyentes o se atribuyeran a sí mismas esa naturaleza sólo afectó al producto final en un sentido: la segunda resultó más laboriosa, transaccional y ambigua que la primera, pero, quizá por eso, ha podido cumplir los 30 años si haber estado suspendida ni un solo día, un récord absoluto en nuestra asendereada historia constitucional.

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Amnistía como triunfo de la memoria, de Santos Juliá en El País

Posted in Derechos, Historia, Justicia, Memoria, Política by reggio on 24 noviembre, 2008

El primer gran movimiento unitario de la oposición, tras la muerte de Franco, fue exigir la libertad de los presos políticos como irrenunciable primer paso a la democracia. Los logros no obligaron a olvidar el pasado.

No sabía bien hasta qué punto acertaba el editorialista de EL PAÍS cuando afirmaba –La memoria histórica, 7 de enero de 1977- que la guerra civil ocuparía “en la memoria colectiva un lugar de primer orden durante décadas”. La guerra tiene que ser “objeto de una reflexión colectiva y de un debate abierto, en el que participen tanto quienes la hicieron como sus descendientes, tanto los vencedores como los vencidos”, se decía entonces, expresando una convicción compartida por un amplio sector de lectores, entre los que no faltaron voces del exilio, como la de Manuel Andújar, que envió una carta al director para subrayar la coincidencia de este editorial con la posición mantenida por él y el grupo de exiliados que dirigieron en México la revista Las Españas.

La memoria de la que tanto se hablaba hace más de 30 años tenía un objetivo: superar el pasado. Así lo entendía Manuel Tuñón de Lara, cuando se preguntaba en la presentación de Historia del Franquismo -excelente colección de fascículos de Daniel Sueiro y Bernardo Díaz Nosty- si por formar parte de la historia los hechos relatados en aquellos cuadernos debían ser olvidados. Y respondía: “Esos hechos y esos actos tienen que ser olvidados como condicionantes del presente y del futuro, como factores políticos. En cambio, hay que asimilarlos y explicarlos como historia”. Así era entonces la memoria histórica, la misma a la que se refiere Todorov cuando afirma que “si se quiere superar el pasado, en primer lugar, hay que fijar y establecer la propia historia”.

Fruto principal de aquella memoria fue el impresionante movimiento por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados que creció como la espuma en el primer semestre de 1976. Comenzó pronto, inmediatamente que se conoció el verdadero alcance del indulto concedido por el Rey al hacerse cargo de la jefatura del Estado. Y eso se supo casi al día siguiente, cuando Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, volvió a meter en la cárcel a Marcelino Camacho, condenado en el proceso 1001, indultado y vuelto a encarcelar en la más palmaria demostración de que el indulto regio era papel mojado; que el amo de la calle era él, Fraga, vicepresidente con licencia para retirar de la circulación a quienes estorbaban sus planes de reforma.

Liquidado el primer efecto del indulto, la reivindicación de amnistía sirvió de aglutinante a colegios profesionales, organizaciones vecinales y feministas, partidos y sindicatos todavía ilegales, para exigir, en el primer gran movimiento unitario de la oposición, la libertad de los presos políticos como irrenunciable primer paso a la democracia. Las manifestaciones por la libertad, la amnistía y el estatuto de autonomía en Barcelona los días 1 y 8 de febrero de 1976, la convocada en Madrid el 4 de abril, las concentraciones organizadas por las Gestoras Pro-Amnistía en Euskadi, todas ellas reprimidas con saña por la policía, culminaron, tras la caída del Gobierno Arias / Fraga, en la Semana Pro-Amnistía celebrada con multitud de actos entre el 7 y el 12 de julio, pocos días después del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno.

“El pueblo empuja, el Gobierno no puede soportar más la presión popular y arroja la toalla”, escribían los autores del Libro blanco sobre las cárceles franquistas, expresando un sentimiento común. La oposición unida había conseguido un triunfo y dado un paso adelante en la lucha por la democracia. Sólo un paso, pues la amnistía por fin decretada el 30 de julio de 1976, siendo la mejor de las posibles, no era la más amplia de las deseables, como escribió EL PAÍS. Pacata con los militares demócratas, dejó fuera además los actos que hubieran “puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas”. De modo que vuelta a empezar, sobre todo en Euskadi, donde se iniciaron huelgas de hambre y encierros en iglesias cuando pasó el 30 de diciembre y la amnistía total, la que iba a cubrir los delitos de ETA, se quedó sobre la mesa de un Consejo de Ministros abrumado ante el secuestro por los GRAPO del presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol.

Fue a partir de esta segunda oleada cuando la reivindicación de amnistía total adquirió un nuevo significado. Hasta entonces, al exigir la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados nadie planteaba, como contrapartida, una medida similar para quienes, como funcionarios de la dictadura, hubieran participado en la violenta represión de los “delitos” de asociación o de reunión. Desde comienzos de 1977, camino de las primeras elecciones generales, amnistía total comenzó a identificarse con fin de la guerra civil y de la dictadura. Y, en consecuencia, adquirió un nuevo contenido: había que amnistiar el pasado de todos para construir -como dirá Arzalluz- “un nuevo país en el que todos podamos vivir”.

Así se planteó por primera vez en la reunión que mantuvo Suárez con los delegados de la Comisión de los Nueve el 11 de enero de 1977 para hablar de las dos grandes cuestiones pendientes ante la convocatoria de elecciones: la amnistía y la legalización de todos los partidos. El Gobierno, que hubiera aceptado de buen grado “un gran acto solemne que perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidos por los dos bandos de la guerra civil, antes de ella, en ella y después de ella hasta nuestros días”, como propuso el representante del PNV, Julio Jáuregui, no se sintió con fuerzas para decretarla. Prefirió tomar el camino de las medidas de gracia, eliminando el inciso “puesto en peligro” del decreto del año anterior y recurriendo a la anacrónica figura del extrañamiento para sacar de la cárcel a un buen puñado de presos de ETA, entre otros a los condenados en el consejo de guerra de Burgos.

De modo que la amnistía total, como recordaron varios dirigentes de la oposición, quedaba emplazada para después de las elecciones. Y así fue. El primer día que entraron en el Congreso, los diputados del PNV presentaron una proposición de ley de “amnistía general aplicable a todos los delitos de intencionalidad política, sea cual fuere su naturaleza, cometidos con anterioridad al día 15 de junio de 1977”. ETA había puesto a prueba al Gobierno, asesinando a Javier de Ybarra, secuestrado días antes de las elecciones. A pesar de ello, la propuesta del PNV fue apoyada por el resto de los grupos de oposición, a los que se sumó UCD, de modo que el proyecto de ley incluyó también a las autoridades, funcionarios y agentes de orden público que hubieran cometido delitos contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Esa fue la sustancia de la Ley 46 / 1977, de 15 de octubre de 1977, de Amnistía: sacar de la cárcel a todos los presos de ETA y, a cambio, extender la amnistía a autoridades, funcionarios y policías. Hubo más, pero lo fundamental, en el ánimo de los proponentes y del Gobierno, consistió en simbolizar el comienzo de una nueva era de concordia dejando las cárceles vacías de presos por actos de intencionalidad política cualquiera que fuese su resultado. Para legitimar esta primera ley de las nuevas Cortes se habló de la guerra civil, de la dictadura, de las torturas y sufrimientos padecidos, se trajo el pasado al presente, pero con la intención de darlo por clausurado y cerrar una larga etapa de la historia. La guerra civil había en verdad terminado, comentó la prensa el día siguiente.

¿Fue la ley producto de una amnesia, causa de un olvido? ¿Midió con el mismo rasero a los presos políticos que habían luchado pacíficamente contra la dictadura y a sus carceleros y torturadores? En absoluto. Excluyó, sí, el pasado del debate parlamentario; pero no impuso una tiranía de silencio: el mismo día que fue aprobada, la revista de mayor difusión de aquellos años, Interviú, continuaba la publicación de una larga serie de reportajes sobre fosas con uno titulado “Otro Valle de los Caídos sin cruz. La Barranca, fosa común para 2.000 riojanos”. Y por lo que se refiere a los presos políticos que habían luchado con medios pacíficos, ya estaban en la calle desde un año antes, algunos ocupaban escaños en el Congreso y defendieron con vigor y convicción el proyecto de ley. A su coraje moral y a su determinación política debemos que la democracia echara a andar, asediada por las pistolas de quienes, a derecha y a izquierda, recibieron la amnistía como una muestra de debilidad del Gobierno.

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Siempre nos quedará París, de Santos Juliá en Domingo de El País

Posted in Economía, Política by reggio on 16 noviembre, 2008

Tras unos meses de desconcierto, gestos adustos, profundas ojeras e inquietante falta de liderazgo, el Gobierno de la nación, con su presidente a la cabeza, vuelve a tomar aire y a recuperar la sonrisa: ahí es nada que por fin España ocupe una silla en la reunión del G-20, destinada a debatir el nuevo orden financiero internacional. El alborozo ha sido grande; el alivio, mayúsculo: por unos momentos, la crisis ha quedado como suspendida en el aire mientras se ahonda a sus pies la sima del desempleo. Propenso como es a marcar hitos históricos, el presidente no ha podido evitar la calificación de la hazaña como el mayor éxito alcanzado por la diplomacia española en no se sabe cuántas décadas. Una pica en Flandes, como si dijéramos.

Y en verdad, la apuesta -si apuesta hubo y no se jugaba con cartas marcadas desde la primera mano- era arriesgada, y los modos, insólitos. La diplomacia suele trabajar pasito a paso y a la chita callando, sin anunciar desde el comienzo los objetivos últimos ni los medios para conseguirlos. El presidente español parecía, sin embargo, tan seguro de ganar el envite que gastó toda la munición en la primera andanada. ¿Era porque tenía ya en el bolsillo un pacto en relación con las dos sillas que, por el azar de la presidencia europea, correspondían al presidente francés? Si fue así, y partiendo del supuesto de que los Estados carecen de sentimientos y sólo saben de intereses, ¿cuál fue la contrapartida? ¿O quizá la histórica racanería francesa se ha transmutado por arte de birlibirloque en desbordante generosidad?

Sea lo que fuere, es lo cierto que el Reino de España ocupa en la cumbre de este G-20+1 una silla cedida por la República Francesa, lo cual no es ninguna novedad en las relaciones entre los dos vecinos, vinculados desde tiempos inmemoriales por una relación de amor / odio que casi llevamos inscrita en nuestro código genético. En política internacional, nada hay más al gusto francés que cumplir de vez en cuando el papel de ángel tutelar de la diplomacia española. Sin necesidad de remontar la mirada a nuestras guerras africanas, tal pretendió Giscard d’Estaing con la recién nacida democracia española y tal quiso repetir François Mitterrand con el entonces joven, y novato en aquellas lides, Felipe González.

Fue sin embargo González -probable-mente el político español del siglo XX mejor dotado para moverse por el mundo- quien dio un vuelco a aquella relación, acercándose a Alemania en una muy sonora iniciativa y reforzando la relación con Estados Unidos en un plano muy diferente del consolidado por la diplomacia franquista. No agravió al gigante americano, estableció una relación especial con el socio alemán, sin olvidar a la señora Thatcher en su isla, y obligó así a la gran République a mirar hacia el sur con otros ojos, muy lejos ya de la tradicional tutela, poniendo en su lugar una nueva relación de buena vecindad. Detrás quedaban los sinsabores de la pause impuesta por Giscard y del santuario de ETA mantenido durante unos años por Mitterrand en suelo francés.

Son historias de ayer: desde la entrada de España en la Comunidad Europea y la ratificación de su pertenencia a la OTAN, se ha modificado sustancialmente su presencia en el mundo. Sin embargo, este cambio tuvo más que ver con un brillante liderazgo que con la potencia económica, militar o cultural de España. Lo que quiere decir que un liderazgo menos capaz, sin volver las cosas a su estado anterior, puede provocar daños difícilmente reparables. Fue lo que pasó con la disparatada política internacional del presidente Aznar, echándose en brazos de EE UU, y es lo que ha venido cultivándose con la soledad, casi la ausencia, del presidente Zapatero en los foros internacionales: su lejanía y falta de implicación con la UE, su incapacidad de comunicación con EE UU.

España está hoy presente en una cumbre internacional a la que nada de lo realizado en los años anteriores permitía acceder. Se ha conseguido gracias al presidente francés. Bien está: me cuento entre los que creen que siempre nos quedará París. Pero esta manera de presencia no inaugura ninguna historia, más bien sucede lo contrario: volvemos a nuestra más vieja querencia: en momentos de apuro, que Francia eche una mano. La ha echado esta vez; nunca, cuando tal cosa ha ocurrido, ha sido gratis et amore. Quizá sea momento de que nuestra actual clase política -con su chocante déficit en idiomas- saque de esta experiencia una lección: no es malo chapurrear el francés para entenderse con los franceses en inglés, evitando, a ser posible, meter a nadie el dedo en el ojo.

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El pasado como representación, de Santos Juliá en Domingo de El País

Posted in Historia, Justicia, Libertades, Memoria, Política by reggio on 2 noviembre, 2008

Es curioso cómo cambia el paso del tiempo la visión del pasado. Hace tres décadas, todos los partidos de izquierda llevaban en sus programas la reivindicación de amnistía como primera conquista de la lucha por la democracia. Amnistía, y no indulto, equivalía a algo más que el fin de una injusticia; era la restitución de la razón política y moral a los que lucharon contra la dictadura. Por eso, cuando, después de grandes movilizaciones populares, el Gobierno de Suárez aprobó el 30 de julio de 1976, por decreto ley, una amnistía para los delitos de intencionalidad política -en la que ni se mencionaban los crímenes franquistas-, fue celebrada como un triunfo de quienes habían sido procesados, torturados y condenados por la dictadura. La amnistía fue, por emplear el lenguaje de la época, la conquista de la primera parcela de libertad.

Pero aquella amnistía dejó fuera los delitos de intencionalidad política que hubieran puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad física de las personas. Por eso, aprobada la Ley para la Reforma Política, una de las reivindicaciones de la oposición consistió en exigir, para antes de las elecciones generales previstas en esta ley, una nueva amnistía que abarcara también los delitos de intencionalidad política excluidos de la anterior; o sea, lo que, sin más rodeos, llamamos delitos de terrorismo.

De ese tipo, los más notorios eran los cometidos por ETA. No es sorprendente, pues, que fueran nacionalistas vascos los que reclamaran con más insistencia una segunda amnistía que, con los crímenes de ETA, cubriera -ahora sí- todo el pasado y se extendiera a los crímenes cometidos desde el inicio de la Guerra Civil. El argumento, expuesto en la Comisión de los Nueve por un exiliado del PNV, Julio de Jáuregui, consistió en traer al presente todo el pasado para tender sobre él una amnistía general con la que “se hubiera perdonado y olvidado a los que mataron al presidente Companys y al presidente Carrero; a García Lorca y a Muñoz Seca; al ministro de la Gobernación Salazar-Alonso y al ministro de la Gobernación Zugazagoitia; a las víctimas de Paracuellos y a los muertos de Badajoz; al general Fanjul y al general Pita; a todos los que cometieron crímenes y barbaridades en ambos bandos”.

Jáuregui y la Comisión de los Nueve pugnaron para que antes de las elecciones se celebrara un “acto solemne que perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidas por los dos bandos de la Guerra Civil, antes de ella, en ella y después de ella hasta nuestros días”. No lo consiguieron. El Gobierno no accedió a esta propuesta de la oposición, aunque, para facilitar la participación de los vascos en las elecciones, procedió a aprobar otros dos decretos parciales y una arcaica medida de extrañamiento que puso en la calle a los condenados en el célebre proceso de Burgos. La exigencia de una amnistía que cubriera también los delitos de sangre quedó pendiente para después de las elecciones.

Todos los partidos de la oposición, comenzando por el PNV, lo recordaron desde el primer día, cuando en los escaños del Congreso pudieron sentarse exiliados y presos políticos del franquismo. Fueron ellos los que con más calor defendieron una amnistía general que cerrara un periodo de la historia. Ya no quedaba en la cárcel ningún preso político de la dictadura, si por tal expresión se entiende a los que habían sido condenados por el ejercicio de los derechos fundamentales. Más aún, fueron presos políticos de la dictadura, como Marcelino Camacho, quienes, sin olvidar los sufrimientos padecidos, defendieron con más convicción el proyecto de ley de amnistía general, que el 14 de octubre de 1977 recibió el voto favorable de todos los grupos de la Cámara excepto el de Alianza Popular, que se abstuvo. Las cárceles se vaciaron del resto que aún quedaba de presos de ETA.

Hoy, con el paso del tiempo, aquellas dos amnistías se funden en una sola, por la que una oposición, humillada, amnésica, se habría visto obligada por los poderes fácticos a equiparar la lucha por las libertades con los crímenes del franquismo: presos de la dictadura a cambio de represores de la dictadura, así se representa el pasado. A los viejos del lugar no nos queda más que mirar atrás con cierta melancolía y tomar nota de cómo el paso del tiempo cambia su representación: lo que entonces fue lucha, ahora es humillación; lo que ayer fue recuerdo y conquista, hoy es amnesia y derrota. El hoy se proyecta sobre el ayer para, modificando los hechos, cambiar su representación y, con ella, su sentido en función de las políticas y los intereses del presente. Es ley de vida.

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La nueva clase, de Santos Juliá en Domingo de El País

Posted in Economía, Política by reggio on 19 octubre, 2008

Así que, después de todo, Marx tenía razón cuando afirmaba en aquel genial panfleto que fue su Manifiesto del Partido Comunista: “El Gobierno del Estado moderno no es más que el comité de administración de los negocios comunes de toda la clase burguesa”. Todos los conceptos de esta frase escrita hace más de siglo y medio han recuperado su brillo a la luz de los recientes acontecimientos. Gobierno del Estado moderno / comité de administración / negocios comunes / clase burguesa: nada falta, nada sobra. Ahí se encierra buena parte de la sabiduría política de nuestro tiempo. Lástima que la hayamos tenido tan olvidada.

Sí, claro, ha cambiado la cuarta pata del edificio, la clase burguesa, de la que el mismo Marx entonó la más sentida de las alabanzas, y que ahora se ha transformado en pelotón de facinerosos de los de toma el dinero y corre. ¿Qué tendrá que ver la nueva clase de ejecutivos financieros, que después de arruinar a sus empresas apañan multimillonarios despidos, con aquella burguesía que había ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo pequeño burgués en las heladas aguas del cálculo egoísta? Han sustituido las aguas heladas por piscinas climatizadas, y el cálculo egoísta, por incentivos perversos. No forman una clase, son una bandada de aves de rapiña. Que, no satisfecha con los incentivos propios, asaltaron el Gobierno del Estado con Busch al frente. La decadencia de la República Imperial, que algunos vaticinaban como un eslabón más de la inexorable ley del auge y la caída de los imperios, tiene su origen en el olvido de la regla de oro del capitalismo enunciada por Marx: el Gobierno del Estado como comité de gestión de los negocios comunes; no, como ha ocurrido en Estado Unidos, como presa arrojada a la voracidad de los elementos más rapaces de la nueva clase. Así no hay posibilidad de que el cálculo egoísta redunde en beneficio del capital en su conjunto. Así lo que se logra es que se hundan los negocios comunes y que el Estado naufrague en el empeño de sacarlos a flote.

La nueva clase mordió la manzana que le ofrecía la serpiente en su paraíso. Tras fagocitar la Banca, pretendió merendarse al Estado. Fuera el Estado interventor, barrer la basura socialdemócrata, escupir al rostro de la vieja Europa, hermosa como una Venus de museo, pero blanda, débil, mujer al fin. Era, hace 10 años, el New American Century, esa especie de Mein Kampf de los neoconservadores. Robert Kagan vendía desdeñoso su averiada mercancía por las universidades europeas. Dueños del mercado financiero mundial, convirtieron al Estado imperial en un Marte armado hasta los dientes. Despreciaban el Estado regulador; les bastaba el Estado depredador.

Y cuando llevaron el estrago a su propio sistema y la destrucción al último rincón del mundo, un líder del Partido Laborista chapado a la antigua encendió en la vieja Europa la lucecita que alumbraba el camino de salida. No es casualidad que haya sido Gordon Brown el partero de la mejor ocurrencia para sacar las castañas del fuego a los negocios comunes de toda la clase burguesa. A ningún gobernante procedente de la nueva clase, que hoy arruina Lehman y mañana exprime el Tesoro, se le podía ocurrir la fórmula de salvación; son ellos los que han hundido el sistema financiero mundial y los que han dejado a la República Imperial endeudada hasta las cejas. Y es un Gobierno del Estado moderno el que salva la situación, como ha ocurrido desde que existe ese sistema que hemos olvidado llamar capitalismo.

Es, por lo demás, el secreto a voces del triunfo histórico del capital: que los gobernantes de los Estados no son sus propietarios; más aún: que entre unos y otros hay una incansable hostilidad, traducida en una permanente vigilancia. Cuando se funden en un abrazo, se caen de bruces. Bush y Cheney al frente de sus negocios, vale; pero si su negocio es gobernar al Estado, malo, no para sus negocios, sino para el Estado y para los negocios de la clase burguesa en su conjunto. Por eso, el futuro es de China, que ha aprendido la lección. Ahí el Gobierno del Estado es un poder compacto, situado aparte, con sus ritos, sus decorados y sus corrupciones herencia del socialismo real, pero que actúa como un comité de gestión de los negocios de toda la clase burguesa. Mientras la República Imperial decae, China emerge como gran potencia capitalista: hemos visto la muerte del socialismo; no veremos el fin de la historia del mundo como historia del capital.

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Amén, de Santos Juliá en Domingo de El País

Posted in Derechos, Justicia, Política, Religión by reggio on 5 octubre, 2008

También tiene su gracia que el continuado despropósito en que ha consistido la prolongación de la vida del anterior Consejo General del Poder Judicial, con violación flagrante de la Constitución, y su renovación haya venido a culminar en la iglesia de Santa Bárbara, símbolo por excelencia de la fusión de todos los poderes espirituales y temporales en el Madrid de la dictadura. Todavía recordarán los mayores del lugar aquella ceremonia medievalizante en la que el cardenal Gomá, primado de las Españas, fundió en estrecho abrazo su venerable figura con la marcial apostura del general Franco, generalísimo de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Era el 20 de mayo de 1939 y el invicto caudillo, rodeado por más de una veintena de obispos, depositó su espada victoriosa a los pies del Santo Cristo de Lepanto, traído de Barcelona para tan fausta ceremonia.

No se ha inaugurado un régimen nacional y católico en esta ocasión, sólo se ha procedido a celebrar una Misa de Apertura del Año Judicial, que ya se las trae. Pero el presidente del poder judicial, recién propuesto, designado y nombrado por el presidente del poder ejecutivo, habrá oído seguramente de labios del presidente del poder eclesiástico impetrar a las alturas una bendición similar a la que puso fin a la ceremonia de Santa Bárbara: “El Señor sea siempre contigo. Él, de quien procede todo Derecho y todo Poder, y bajo cuyo imperio están todas las cosas, te bendiga y con amorosa providencia siga protegiéndote…”; bendición que ya impartió el arzobispo toledano Quirico al rey Wamba 1.266 años antes de que el cardenal Gomà, un corpulento catalán de Tarragona, envolviera en un efusivo abrazo al generalísimo -como escribe Gonzalo Redondo- y 1.335 años antes de esta llamada Misa de Apertura.

Y es que el tiempo no pasa sobre las realidades eternas y al final los pecados del poder ejecutivo vienen a lavarse en el agua bendita del poder eclesiástico. Tanta violencia ejercida sobre la Constitución durante estos dos últimos años; tanto pacto por la justicia, o sea, cuántos me llevo yo y cuántos te llevas tú; tanto descaro al recordar a cada uno de los miembros del Consejo quién manda aquí; tanta dejación del Parlamento o, peor aún, tanta desvergüenza de diputados y diputadas al recibir entre aplausos, palmaditas y besos a quienes, como exclamó uno o una de ellos o de ellas: ¡pero si son de los nuestros o de las nuestras!; tanto desprecio a la opinión que asiste atónita a la rendición de la clase judicial sin nadie que levante una voz contra esta farsa, para luego venir a escuchar misa en la iglesia de Santa Bárbara.

¿Nadie va a reaccionar? ¿No quedan magistrados, jueces, fiscales, juristas de reconocido prestigio capaces de proclamar bien alto que esto no puede seguir así? No se explica, la verdad, que el presidente del Gobierno se reúna con el jefe de la oposición, lleguen a un acuerdo sobre la persona que será nombrada presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ y lo pregonen a los cuatro vientos para que ninguno de los nuevos consejeros con ínfulas de independiente se llame a engaño: la primera competencia que la Ley Orgánica del Poder Judicial les atribuye -“propuesta por una mayoría de tres quintos para el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo”- ha sido objeto de mofa por la pareja que les ha nombrado. Eso, para que los nuevos consejeros vayan aprendiendo, si es que les quedaba algo por aprender.

Esta invasión de organismos del Estado, diseñados sobre el papel para garantizar el control y equilibrio de poderes, hasta convertirlos en terminales de los partidos, constituye uno de los más graves quebrantos de nuestro sistema democrático: tanto se ha vulnerado la Constitución en las relaciones del poder ejecutivo con el judicial, que ya forma parte de las costumbres políticas y se repite en cada ocasión a las bravas y por la cara. No afecta sólo al CGPJ, aunque en su caso, por la relevancia de su función y por ser el judicial uno de los tres poderes clásicos del Estado de derecho, los resultados, como se puede apreciar por la comatosa administración de justicia que padecemos, son una verdadera catástrofe.

Consciente tal vez del espurio proceso que le ha llevado a la cima del poder judicial, su nuevo y dignísimo titular ha peregrinado a Santa Bárbara para sentir el eco de la consoladora y milenaria plegaria de los arzobispos Quirico y Gomà: “El Señor, de quien procede todo Derecho y todo Poder, te bendiga”. Y el coro de los recién designados consejeros que responda: “Amén”.

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Fragmentos de Estado, de Santos Juliá en Domingo de El País

Posted in Política by reggio on 7 septiembre, 2008

Si alguien recordara a un afiliado del PSC que si ese partido existe y ha podido ganar elecciones, y gobernar ayuntamientos y llegar a la presidencia de la Generalitat, se debe en buena medida a que en el PSOE surgió, en los años setenta, un grupo de militantes andaluces que consiguieron acabar con el desierto que históricamente había sido Cataluña para los socialistas, seguramente se echaría las manos a la cabeza. “Pero ¡qué dice éste!”, exclamaría.

Y sin embargo, fue ese grupo y muy personalmente Felipe González quien -haciendo oídos sordos a los cantos de sirena de una confederación de todos los grupos y grupitos socialistas tan abundantes en aquellos años, y lanzando en su lugar una especie de partido federal sostenido en una fuerte espina dorsal- acertó con la fórmula del éxito y acabó con una historia centenaria de fracasos del socialismo español y del catalán en Cataluña. Fue la marca PSC-PSOE la que llenó una y otra vez el Palau, y la que dio el triunfo en todas las elecciones generales y en muchas locales.

El invento, como todo en la vida, tuvo sus límites. Por un puñado de votos, quizá por un exceso de confianza, Joan Raventós se dejó arrebatar el triunfo que todos daban por descontado en las primeras elecciones autonómicas. Pero como en política tampoco hay mal que por bien no venga, aquella derrota del PSC, luego ritual, comenzó a sentirse en el PSOE como una bendición cuando los escaños en las generales no daban para la mayoría absoluta. González hizo de la necesidad virtud y puso una vela a la Virgen de Montserrat pidiéndole que, por lo que más quieras, Virgencita, lo dejara como estaba: CiU en la Generalitat, PSC en los ayuntamientos.

Han pasado muchísimos años. Y un señor que se llama José Zaragoza, con tantas zetas en el apellido como aquel González del cuento, dice que PSOE es un partido y PSC es otro partido. No se atreverá Zaragoza, seguramente, a proponer que el secretario general del partido que es otro que su partido no acuda al Palau a echar su discurso. No se atreverá, no. Porque el día que el secretario general del PSOE no vaya al Palau, adiós PSC y adiós Generalitat. Pero sí, han pasado los años y el PSC ostenta la presidencia de la Generalitat mientras el PSOE ostenta la presidencia del Gobierno de España.

¿Son dos partidos? Eso ahora es lo de menos. Lo de más es que el PSC, cuando habla desde la Generalitat, dice: Cataluña quiere, Cataluña exige, Cataluña no admitirá. Y el PSOE, cuando replica desde el Gobierno, dice: el Estado quiere, el Estado exige, El Estado no admitirá. Ésta ha sido, en resumidas cuentas, la función representada este verano. El president de la Generalitat, cuando habla por su boca, es Cataluña, y el ministro de Hacienda, cuando replica por la suya, es el Estado. Y así, la verdad, no habrá manera de entenderse.

Cataluña es Estado de modo análogo a la manera en que PSC era PSOE. Si partieran de ahí, a lo mejor el acuerdo resulta más factible. Somos un Estado federal en el que el componente federativo cede cada día un palmo a la pretensión de bilateralidad. Si seguimos por ese camino, si la bilateralidad no se cohonesta con la multilateralidad, llegará un día en que una de las dos partes sucumba, o acabe devorada por la otra. Si el ministro de Hacienda es Estado y el presidente de la Generalitat es Cataluña, o sea, si el Estado no es también Cataluña y si Cataluña no es también Estado, uno de los dos sobra.

Cataluña no es fragmento de una totalidad de la que el Estado es otro fragmento: Cataluña es fragmento de Estado, como lo es también, que Dios nos asista, Extremadura. De distinta historia, sin duda, con diferentes características, faltaría más, y hasta con diferentes identidades colectivas, si tal cosa no fuera más que el último clavo ardiendo al que se agarran los comunitaristas, antes llamados organicistas, tras la disolución en el aire de las conciencias de clase. Si cada cual es fragmento y todos los fragmentos son Estado, entonces la bilateralidad tendría que acompasarse con la multilateralidad, como ocurre en los Estados federales.

Ésta es la tensión inherente al sistema creado hace 30 años. Un elemento fundamental de aquella creación fue el guión que unía PSC y PSOE y todos los guiones que vinieron después. Quizá los vientos soplen en la dirección apuntada por Zaragoza: guiones fuera. Acabaremos de saberlo el día en que un secretario general del PSC decida que no es grata la presencia de un secretario general del PSOE en el Palau Sant Jordi, de Barcelona, en vísperas electorales.

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La directiva de la infamia, de Santos Juliá en Domingo de El País

Posted in Derechos, Internacional by reggio on 13 julio, 2008

Dicho de la manera menos demagógica posible: el Parlamento Europeo ha aprobado, por resolución legislativa del 18 de junio, una directiva que establece la posibilidad de internar en centros penitenciarios por un plazo de seis meses, ampliable 12 meses más, a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno. Al establecer esta posibilidad, los parlamentarios europeos han tenido la delicadeza de aclarar que estos nacionales que sean internados en cárceles estarán separados de los presos ordinarios y gozarán de control judicial de su situación lo más rápidamente posible desde el comienzo de su internamiento. Han mostrado también una sensibilidad a flor de piel al disponer que los menores internados puedan participar en juegos y actividades recreativas adecuados a su edad.

Hay que restregarse los ojos para creer lo que se está leyendo, pero lo arriba transcrito es cita literal de parte de los artículos 15, plazo de internamiento de seis meses prorrogable por otros 12 meses más; 16, posibilidad de utilizar las cárceles; 17, internamiento de menores no acompañados, y 18, periodos más largos que lo más rápidamente posible para el comienzo del control judicial. Dejando de lado esta última virguería, propia de rábulas redomados, si hay alguna demagogia en todo esto es la cometida por los parlamentarios al aprobar una directiva que trata peor que a delincuentes a los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en el territorio de un Estado miembro, a los que por un procedimiento administrativo se les puede encerrar en una cárcel por un periodo de 18 meses.

Contaba una crónica del reciente congreso del PSOE que, en medio del jolgorio general, un delegado comentaba en voz lastimera que los socialistas no habían sabido explicar esta directiva del retorno, y que Leire Pajín, paradigma de renovación dentro de la renovación, le dijo: sí que es verdad, no lo hemos sabido explicar. ¿No lo han sabido explicar? ¿Cómo es eso? ¿Acaso no lee la flamante secretaria de organización del PSOE las declaraciones de su secretario general y presidente del Gobierno de España? Pues claro que lo han sabido explicar; demasiado bien lo han sabido explicar: la directiva europea es progresista. Eso es lo que dice el presidente del Gobierno: que la directiva es PRO-GRE-SIS-TA. También hay que restregarse los ojos para creerlo.

Pero puesto que estamos metidos en un acto de fe, vamos a creerlo. Vamos a creer que esta directiva es progresista y que quienes la han criticado lo han hecho por “ignorancia supina o demagogia irresponsable”. Vale: lo dice el presidente, y el presidente es un hombre honrado. Pero al explicar por qué la directiva es progresista y los críticos son ignorantes y demagogos, el presidente incurre en una pequeña falacia. Hasta ahora -dice- había nueve Estados de la UE que no guardaban plazos, ni establecían garantías jurisdiccionales para los nacionales de otros países en situación ilegal, ni nada de nada. Con la directiva habrá un plazo que nadie podrá superar. Tal es la explicación del avance progresista que Leire Pajín no supo ofrecer al delegado.

Volvamos a los hechos, única manera de responder a la fea costumbre de descalificar al crítico llamándole ignorante y demagogo: salvo dos diputados que votaron en contra, la representación del PSOE en el Parlamento Europeo ha votado a favor de una directiva que permite -¡pero no impone!, dicen las almas benditas, preservando así su buena conciencia- a los Estados miembros de la UE internar en una cárcel durante 18 meses a personas que no han sido procesadas por ningún delito. Es posible -y válido para el argumento- que, antes de esta directiva, nueve Estados tuvieran encerrados en pocilgas a los inmigrantes ilegales durante dos, tres o más años, sin procesarlos ni expulsarlos. Ahora, si para limitar el plazo de esta flagrante violación de derechos humanos se aprueba una directiva que permite a todos los Estados encerrar a esos inmigrantes durante 18 meses, entonces habremos reducido el nivel de infamia de unos Estados por el procedimiento de elevar el nivel de infamia de todos los demás. Éste es el hecho. Y este hecho, sencillamente, no tiene explicación, aunque el presidente, que es un hombre honrado, llame demagogos e ignorantes a quienes se preguntan si para aprobar este tipo de directivas merece la pena votar, primero, y mantener, después, a la clase política más costosa, mejor pagada y más viajada que nos representa en el Parlamento Europeo.

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Una crisis es una crisis, es una crisis, de Santos Juliá en Domingo de El País

Posted in Economía, Política by reggio on 15 junio, 2008

En el tiempo que llevamos de legislatura no ha dejado el Gobierno de recibir bofetones, y hasta algún que otro testarazo, no de la oposición -ensimismada en su crisis de identidad-, sino de los hechos, de la realidad misma de la vida, que en ocasiones se rebela y se descontrola. Fue, primero, el caso de las sentencias sin ejecutar, que no eran cientos, ni miles, sino cientos de miles; seguimos por la pertinaz sequía que iba a dejar sin agua a todas las comarcas catalanas, incluida su capital; vinieron después los policías corruptos, capaces de aterrorizar a un municipio durante más de veinte años sin que sus sucesivos alcaldes se enterasen; perduró el escándalo de la prolongación sine die y en fase terminal del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; en fin, y por no hacer la lista interminable, en aquel país de jauja en que ataban los perros con longaniza aparecieron unos grandes boquetes por los que se ha esfumado el superávit del que hasta ayer mismo el Gobierno se pavoneaba: no había otra potencia en el mundo tan preparada como España para hacer frente a lo que pudiera venir.

Como evidentemente ni siquiera habíamos previsto la magnitud de la crisis de todo orden, no sólo económica, que habremos de atravesar, y como este Gobierno que tenemos sólo a regañadientes parece dispuesto a dejar de cantar su letra preferida, aquella que dice: tout va très bien, madame la Marquise, no vaya a ser que se extienda el pesimismo, los ministros han decidido nombrar cualquier cosa que turbe la visión del idílico horizonte con vocablos imaginativos por ver si de esta manera transforman su naturaleza. Y así, al descomunal colapso de la justicia se llamó retraso; a las obras previstas para un trasvase de agua se llamó conducción; a la mafia policial se llamó caso aislado. Y lo que es más grande, y colmo de imaginación: al círculo vicioso formado por el aumento del paro y el hundimiento de la construcción, la subida de la inflación y la bajada del consumo, la escalada del Euríbor y la escasez de dinero, se ha llamado desaceleración acelerada.

Por más que el presidente se empeñe en no llamar a las cosas por su nombre, todo el mundo está ya al cabo de la calle acerca de lo que pasa por ser su inveterado optimismo y no es más que un ardid de mercadotecnia política. Lo grave es que también el ministro de Economía y Hacienda se deje llevar de esta moda posmoderna que consiste en creer que los hechos no existen, que sólo existen las representaciones y que, según cual sea la representación, así será el hecho. Creen, dicho al modo de Humpty Dumpty, en la ilimitada capacidad del que manda para cambiar el significado de las palabras. Si, por poner un ejemplo de otros tiempos, una negociación con un grupo terrorista se llama proceso de paz, será un proceso de paz, y si al final el sedicente proceso de paz salta por los aires, siempre habrá por ahí algún spoiler al que echar la culpa por no haberse enterado de qué iba verdaderamente la cosa.

No importa lo que la cosa sea en sí, puesto que no hay un en sí de la cosa: tal fue el gran descubrimiento de los constructivistas. Lo que importa es cómo la cosa se construye en cuanto hecho social, es decir, cómo se percibe la cosa por los destinatarios del mensaje, una masa a la que se presume amorfa y maleable. Y para construir el modo de percepción no hay nada como poner gesto de estar en el secreto de la cosa, susurrar: lo que yo te diga, y soltar: qué va, qué va, esto no es una crisis, esto es una desaceleración acelerada. Como antes: no, hombre, esto no es un colapso, esto es un retraso; esto no es un trasvase, es una conducción; esto no es una negociación, es un proceso de paz, y así.

En todos estos casos se produce una perversión del lenguaje que, mal que les pese a los que mandan, no conduce a la transformación de la realidad, sino a la percepción que el mismo hablante tiene de la realidad y al cabreo de quienes la sufren: a fuerza de repetir que esto no es una crisis, acaban creyéndose que esto no es una crisis y, como tienen poder, actúan como si, en efecto, esto no fuera una crisis. Lamentablemente, al final, la crisis les da un bofetón, la cosa se impone sobre el nombre ficticio y por más que se la quiera vestir de seda, mona se queda. Con un resultado tan perverso como el lenguaje en el que se origina este gran autoengaño: que el fatuo intento de transformar los hechos ocultándolos tras el velo de otro nombre, esfuma, si lo hubiera, el capital de credibilidad pacientemente acumulado por el hablante de turno.

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Máscaras fuera, de Santos Juliá en Domingo de El País

Posted in Medios, Política by reggio on 1 junio, 2008

El trepidante espectáculo que, de manera gratuita y sin entreactos, está ofreciendo el Partido Popular a sus adversarios políticos y al público en general ha alcanzado en la última semana cumbres impensables. Mira que habremos visto cosas maravillosas en todo este tiempo de luchas entre partidos y dentro de los partidos: campañas de acoso y derribo, fulgor de navajas, disidencias y escisiones. Nadie podía imaginar, sin embargo, que nos quedara por ver lo nunca visto: que el secretario de comunicación de un partido, responsable de su última campaña electoral, pidiera el relevo de su jefe desde las páginas del mismo periódico, El Mundo, cuyo director había convocado a la plebe a la rebelión contra el presidente de ese partido, para quien pidió el voto en las pasadas elecciones.

Claro es que, desde su mismo origen, en la relación de la prensa diaria con la política ha habido de todo: informar y opinar es participar en el debate público y, por tanto, intervenir en la política. Pero, desde la transición a la fecha, periodistas y políticos anudaron en España, y de manera muy especial en Madrid, una perversa relación de amor y odio de la que todavía no se ha exprimido todo el potencial destructor que lleva dentro. Madrid tiene eso, que el director de un periódico se trace como meta de su profesión aupar y derribar gobiernos o, en su defecto, aupar o derribar dirigentes de un partido. Es digna de psicoanálisis la fascinación que tal periodista ha ejercido y ejerce sobre todo tipo de políticos, comenzando por los últimos presidentes de Gobierno, con los que se ha retratado en el balcón o divagando durante horas por los jardines de la Moncloa, como su confidente privilegiado, manejando luego la información y las confidencias a su gusto y capricho.

Para acabar de enredar las cosas, resulta que Madrid es sede de la Conferencia Episcopal Española, propietaria de una cadena de radio que se ha trazado también como objetivo de su misión divina lo mismo que el director de El Mundo de su combate terrenal: aupar y derribar gobiernos. En ningún lugar del mundo puede un radioyente escuchar a un periodista crecientemente sulfurado insultar a una serie de políticos: ¡ratas, ratas, ratas, que sois unos ratas!, ¡miserables, mentirosos!, ¡qué sois todos unos ratas miserables y mentirosos! y, a renglón seguido, sin solución de continuidad, las dulces y melifluas notas de una musiquilla celestial convocando a los feligreses a celebrar un triduo a la Virgen Santísima de la Almudena. A eso se llama estrategia de confrontación bañada en la pila del agua bendita, quintaesencia de la impostura clerical.

Unidos en el mismo empeño, la emisora y el periódico se han propuesto, por decirlo rápidamente, cargarse a Rajoy. La embestida es tan brutal y, a la vez, tan medida, que quedará en los anales de la historia del periodismo como un caso único de relación entre medios de comunicación y poder político. Único, porque, con todo lo que ya ha caído, un destacado dirigente del PP se pone al servicio de esta estrategia de polarización, que exige lanzar un torpedo cada lunes por debajo de la línea de flotación de su actual líder, y publica una pieza con el exclusivo propósito de reforzar la maniobra periodístico-episcopal. La incomprensible audacia de Gabriel Elorriaga añade una página más a esta historia de la perversa relación que mantienen con los medios de comunicación los políticos que ejercen su oficio en Madrid.

Dejando de lado sus aspectos morales, relacionados con viejos valores sin curso legal entre políticos de nueva generación como la lealtad hacia los compañeros, lo más llamativo de semejante despropósito consiste en que agrava la fragmentación informe y desquiciada en que va cayendo cada día el PP bloqueando a la vez las posibles vías de solución. Porque ahora, tras el ataque de los medios de comunicación que le apoyaron en las elecciones y la incontenible sangría que alegremente desparraman cada lunes sus propios correligionarios, todo lo conseguido es que Rajoy pasa por valor político amortizado sin que aparezca en el horizonte ninguna fórmula capaz de sustituirle.

O sí, quizá haya una: que Ramírez y Losantos, Rouco y Cañizares se despojen de sus máscaras de periodistas y cardenales y salten de una buena vez como actores políticos de primer rango al centro de este teatro de la política madrileña, sostenidos en la probada habilidad táctica de Aguirre y Elorriaga. Ése sí que será un equipo indestructible en el que encontrará el Partido Popular el bálsamo para todos sus quebrantos y dolores.

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¿Qué le pasa al Partido Popular?, de Santos Juliá en Domingo de El País

Posted in Política by reggio on 18 mayo, 2008

Tan macizo como era, tan sólido y disciplinado, tan unido en torno a sus líderes, tan obediente a las voces de mando, tan presto a salir a la calle en defensa de los grandes valores de la patria, la religión y la objeción de conciencia, tan aguerrido en su lucha contra el terrorismo, tan soberbio en su soledad, sí, ¿qué le pasa al Partido Popular para que proliferen en su seno voces discrepantes, llamadas a la rebelión y a la resistencia, agravios entre líderes, fracturas entre las bases, mientras la dirección nacional balbucea excusas y manda callar a los adictos?

No será por un texto, por una ponencia, claro que no; ni tampoco por unas ideas, que andan las pobres de capa caída, en el Partido Popular y dondequiera; ni en fin por el abandono y la traición a principios inamovibles ni a esencias eternas: todo eso es retórica, que no carece de importancia, pero que como suele ocurrir con todas las retóricas oculta más que desvela el verdadero problema. Y el verdadero problema es… ¡ah! esa es la cuestión, que nadie es capaz de definir el verdadero problema y que, hasta que no se defina por quien debe hacerlo, seguirán las voces y los agravios, las rebeldías y los desplantes.

Una hipótesis podría ser la siguiente. El Partido Popular es la primera formación de la derecha española que logró, desde que existen elecciones democráticas, alcanzar el gobierno tras una larga travesía por un desierto en el que depuró su pecado original con las aguas bautismales del centro. Como la historia fue después lo que fue, ya casi todo el mundo ha olvidado que José María Aznar se presentó a las elecciones de 1993 con esta rotunda afirmación por bandera: “Yo nunca me he sentido identificado con la derecha clásica española”. Y por si no hubiera quedado claro, remachó: “No me identifico con la derecha española de 1930”. Ni con la derecha clásica, pues, ni con la moderna.

Esta especie de iluminación -o de travestismo político- dio resultado: Aznar no ganó esas elecciones, pero sí las siguientes y, sobre todo, las que vinieron después. Su triunfo estuvo sostenido en una estrategia dirigida a ocupar grandes parcelas del centro, desertado por sus primeros ocupantes, sin perder ni un voto por la derecha, incluyendo a la clásica española de la que había retóricamente abominado. Ocurrió luego que la derecha clásica española, más los herederos de la derecha confesional y clerical de 1930, fue erosionando poquito a poco al centro sobrevenido hasta imponer su estrategia en la segunda mitad de la segunda legislatura, convencida de que el socialismo imberbe de la Nueva Vía no era enemigo.

Rajoy fue parte de ese giro estratégico protagonizado por el rearme de la derecha clásica y llevado al paroxismo tras la pérdida de las elecciones de 2004, las del 14-M. Sin apartarse ni un milímetro de esa línea pretendió ganar las elecciones, convencido de que los votantes de ese sector que, con expresión afortunada, César Molinas ha llamado izquierda volátil se iba a quedar en casa, desalentado por las políticas socialistas en cuestiones como el Estatuto de Cataluña o la negociación con ETA. Era una apuesta arriesgada, como ya se podía imaginar: es imposible ganar unas elecciones basando toda la estrategia en la conservación de lo que se tiene -sobre todo si lo que se tiene huele a cerrado y sacristía- y en el desistimiento de los demás.

La operación no salió, qué le vamos a hacer. Y Rajoy sacó la inmediata consecuencia de que, como Aznar en el año 1993, había que soltar lastre de derecha española clásica para que el navío recuperara su equilibro. E inició la tarea como con desgana, como sin saber qué iba a poner en su lugar. Primero Zaplana, luego Acebes, más adelante… ¿Mayor y los suyos? Amigo, con la Iglesia -dicho sea metafóricamente- hemos topado. Por ahí, no. Si Aznar y Rato no están ni se les espera; si Zaplana y Acebes y Mayor son defenestrados, ¿cómo es que Rajoy, que era parte de esa dirección, pretende quedarse, llevado en andas por una nueva generación?

Y en esas estamos. Rajoy ha creído que puede decir, como Aznar: yo no me identifico con la derecha española clásica o, lo que es igual: quiero tener un equipo propio. Y se ha empleado a fabricarlo, sin nadie que le controle el partido, en el momento de mayor debilidad, el que media entre una derrota electoral y un congreso. Un momento propicio para que quienes se sienten en la cuerda floja, más quienes acechan su oportunidad, levanten la voz y le digan: no, majo, si nosotros caemos, tú te vienes con nosotros. Y así anda el patio, todo revuelto.

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