La conciencia laxa de los objetores, de Javier Pradera en El País

La semana pasada se publicaron en su integridad las sentencias dictadas el 11 de febrero por el Pleno de la Sala III del Supremo sobre la aceptación por el Tribunal Superior de Andalucía y la desestimación por el Tribunal Superior de Asturias (en tres ocasiones) de las peticiones de objeción de conciencia contra la materia Educación para la Ciudadanía (EpC) y los Derechos Humanos, Educación Ético-Cívica y Filosofía y Ciudadanía presentadas por padres de alumnos. La lectura de esas cuatro resoluciones pone de manifiesto la dudosa buena fe y la falta de honradez intelectual de la campaña lanzada por la Conferencia Episcopal y por el PP contra la incorporación a los planes de estudio de esas asignaturas obligatorias, utilizando además a los escolares, a sus padres y a sus profesores como carne de trinchera.

Esa ofensiva forma parte de una estrategia general de la Jerarquía Eclesiástica y de la derecha conservadora para exigir al Estado aconfesional de la Constitución de 1978 que subordine la moral de toda la sociedad española a los mandamientos religiosos obedecidos sólo por una parte de la ciudadanía. Durante el franquismo, el Concordato con la Santa Sede aseguró con siete candados la servidumbre de las costumbres y de la enseñanza a la doctrina vaticana. Las zonas de autonomía conquistadas tras el restablecimiento de la democracia en los ámbitos de la libertad sexual, divorcio, control de la natalidad, interrupción voluntaria del embarazo y matrimonio homosexual han encontrado la feroz resistencia de la Conferencia Episcopal. El terreno de la educación (en los aspectos financieros y de contenidos) ha sido también escenario de batallas campales de una Iglesia católica que se resiste a perder su antiguo y rentable monopolio educativo.

Pero una sociedad democrática que descansa sobre el pluralismo necesita un espacio ético común subyacente a los idearios sectoriales de los ciudadanos. Los derechos humanos garantizados por la Constitución expresan los valores que sirven de sustrato moral al sistema político. La beligerante actitud de la jerarquía eclesiástica contra esa ética compartida, independiente de la religión y subyacente a los derechos fundamentales, está en el trasfondo de la consigna dada a los padres de familia (que corrió como reguero de pólvora) para plantear la objeción de conciencia. Las sentencias dictadas por el Supremo cierran el camino a los casos aún pendientes de juicio. La objeción de conciencia ahora rechazada invocaba los artículos 16.1 (que ampara la libertad ideológica) y 27. 3 de la Constitución (que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones). Según las sentencias, la nueva materia es ajustada a derecho: su obligatoriedad es un deber jurídico válido. La Constitución no otorga a la objeción de conciencia ante un deber jurídico la condición de derecho fundamental de alcance general; sólo la menciona a propósito del servicio militar. El reconocimiento de esa dispensa en el campo educativo es inexistente. Y los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos se hallan limitados por los derechos del Estado sobre la materia amparados por los parágrafos 2 y 5 del artículo 27 de la Constitución.

Una pléyade de periodistas y tertulianos chistosos de profesión pretenden desacreditar la disciplina mediante chuscos paralelismos con el anterior régimen. Siempre obediente a sus asesores mediáticos, Esperanza Aguirre también descalificó EpC como versión socialista de la Formación del Espíritu Nacional franquista. Los objetores asturianos consideran los contenidos de la asignatura como adoctrinamiento ideológico propio de «los regímenes fascistas o marxistas-leninistas». Y quienes impusieron bajo el franquismo la obligatoriedad de la enseñanza de religión y defienden ahora la catequesis católica como asignatura del mismo rango que las matemáticas culpan a la nueva disciplina de tratar de imbuir en el alumnado los falsos valores del relativismo, el positivismo y la ideología de género. Sucede, sin embargo, que EpC, incorporada en 2007 a los planes de estudio, no es una herencia del franquismo -con el que convivió simbióticamente la Iglesia católica- sino una innovación pedagógica de los sistemas democráticos, patrocinada por la Recomendación de 2002 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y por la Recomendación Conjunta del Parlamento de Europa y del Consejo de la UE de 2006.

La cabeza voraz de la solitaria, de Javier Pradera en El País

Hasta que no sea desenredada por los tribunales la enmarañada madeja de los espionajes dentro del PP y de los negocios ilegales del caso Correa realizados a su sombra (o en su beneficio), los protagonistas de esos sórdidos manejos político-financieros tendrán la garantía constitucional de la presunción de inocencia que ampara a los imputados en procesos penales. Fortificados tras esa barrera institucional, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy se han apresurado a negar que el PP esté relacionado ontológicamente con esas fechorías. Sin embargo, los predecentes de ese tipo de escándalos en la España democrática han solido vincular de manera inextricable la corrupción individualizada de los bribones con la corrupción institucional de los partidos. No es fácil distinguir entre el cohecho pagado a una formación política y el soborno cobrado por un cargo público o funcionario en su propio beneficio, ni tampoco saber si el comisionista del frac que dice hablar en nombre de un partido se embolsa en realidad la coima recibida.

La información sobre los gastos y los ingresos de los partidos es discretamente administrada por sus dirigentes. No se trata sólo de la historia secreta de la financiación forzosamente irregular de las formaciones políticas (de nueva creación, como UCD y AP, o emergidos de la clandestinidad, como el PCE, el PSOE o el PNV) durante los turbulentos años de la transición a la democracia, tras cuatro décadas de partido único. Consagrados por el artículo 6 de la Constitución como el instrumento fundamental de la participación política y de la formación de la voluntad popular, el Estado pone hoy a su disposición considerables recursos presupuestarios a fin de que desempeñen ese papel. En 2008, el conjunto de los partidos con representación parlamentaria recibió un total de 78 millones de euros para sus gastos de funcionamiento ordinario. Las subvenciones asignadas a los gastos electorales del 9-M ascendieron a 45 millones de euros (20 para el PP y 19,5 para el PSOE). Hay también una jugosa pedrea de dinero público destinado a los grupos parlamentarios (de las Cortes y las comunidades autónomas) y municipales y a las fundaciones. Los partidos pueden recibir donaciones individuales hasta 100.000 euros.

A juzgar por síntomas detectables también ahora en el caso Correa, esas cantidades nada despreciables resultan insuficientes. La necesidad de ingresos parece irse multiplicando a medida que el techo de gastos continúa elevándose, al igual que la línea del horizonte se aleja del viajero. Los sobresueldos, los gastos de representación, los automóviles, la infraestructura administrativa, los viajes y las escoltas de los dirigentes se suman a los locales de las sedes con su correspondiente burocracia, las campañas electorales de altísimo coste y la contratación remunerada de empresas de servicios para realizar las tareas propias del trabajo voluntario gratuito de los militantes tales como la organización de los mítines o la distribución de la propaganda.

La voraz cabeza de la solitaria instalada en las tesorerías partidistas exige todavía más dinero, sólo conseguible ya mediante la financiación irregular, un eufemismo utilizado para no emplear el término delictiva. La ganzúa es la utilización de las Administraciones públicas -central, autonómica o local- bajo control de un partido, a fin de conceder licencias, subvenciones, recalificaciones urbanísticas o adjudicaciones de obras públicas y de servicios contra el pago de comisiones o de cantidades a tanto alzado por las empresas o las personas beneficiadas. (Dicho sea de paso, el estallido de la burbuja de la construcción no sólo ha agravado la recesión económica sino que puede mermar los ingresos ilegales de los partidos procedentes de los ayuntamientos).

El PP se ensañó con las acusaciones dirigidas contra el PSOE -de forma justificada (el caso Filesa) o no- por episodios de financiación ilegal; además le endilgó la exclusiva de esas prácticas irregulares, pese a ser comunes a casi todos los partidos (baste recordar el caso Naseiro o el caso Cañellas de los populares). Los medios de comunicación alineados con Aznar elevaron entonces a los altares a las mismas personas -produce vergüenza ajena releer los viscosos halagos del director del diario El Mundo al juez Garzón- a las que hoy injurian groseramente.

Aunque el PP trate todavía de rehuir el bulto saboteando la comisión de investigación del Parlamento madrileño, o hinchando como un buñuelo la coincidencia de Garzón en una montería con el ministro Bermejo a fin de apartarle de la instrucción del caso Correa (una causa de recusación tan inexistente como ridícula), antes o después deberá afrontar sus responsabilidades como partido en este pestilente asunto.

Los límites del optimismo, de Javier Pradera en El País

Tres días antes de que Joaquín Almunia diese cuenta de las previsiones de Bruselas sobre la marcha de la economía comunitaria, el vicepresidente Solbes informaba de las actualizaciones introducidas por el Gobierno en el Programa de Estabilidad 2008-2011. El espejismo del círculo virtuoso de desarrollo económico a salvo de crisis cíclicas forjado por tres lustros de crecimiento ininterrumpido, creación de empleo y mejora de las cuentas públicas se ha evaporado en el arenal depresivo. El vigor y la amplitud de la actual recesión aconsejan una prolongada cura de humildad (si no de arrepentimiento) a los economistas que castigan a la opinión pública con su jerga oscurecedora y extravían a los políticos con su arrogancia omnisapiente. El terremoto que sacudió el sistema crediticio americano en agosto de 2007 y alcanzó dimensiones dramáticas en el mundo entero a partir del otoño de 2008 ha visto agravados sus efectos en España a causa del sector inmobiliario; iniciado en los primeros años del mandato de Aznar, el boom de la construcción residencial prosiguió durante la primera legislatura de Zapatero. Las advertencias sobre las peligrosas implicaciones de ese monocultivo del ladrillo fueron despreciadas olímpicamente: el consejo de no cambiar de caballo mientras se cruza un torrente olvidó la posibilidad de que montura y jinete pudieran ser arrastrados por las aguas turbulentas de la crisis. El endeudamiento exterior para hacer frente a las inversiones inmobiliarias ha debilitado igualmente las defensas de la economía española frente a la recesión.

El cuadro macroeconómico actualizado por el Consejo de Ministros el pasado viernes adelanta que en 2009 el PIB sufrirá una caída del 1,6%, la tasa de paro escalará hasta el 15,9% (desde el 11,1% de diciembre de 2008 y el 8% de septiembre de 2007) y el déficit público se elevará al 5,8% (frente al 3,4% registrado en el actual ejercicio y los superávit de años anteriores). Aunque las perspectivas para 2010 y 2011 ofrezcan una mejoría comparativa de los indicadores, el mantenimiento del paro en niveles ligeramente por debajo del 16% y la acumulación de los déficits anuales ponen de relieve que las consecuencias de la crisis tardarían en ser absorbidas.

La asunción de esas previsiones para el próximo trienio parece indicar que el Gobierno ha comprendido finalmente que la negación verbal de la existencia de realidades desagradables es un conjuro ineficaz para hacerlas desaparecer. En las economías de mercado de un mundo globalizado, el talante optimista del poder político no crea puestos de trabajo duraderos. Las previsiones serán fiables o suscitarán desconfianza (por las fuentes utilizadas, la metodología aplicada y la cualificación de los investigadores) y resultarán acertadas o erróneas (sólo el tiempo lo dirá) en función de su correspondencia con los hechos: en cualquier caso, pertenecen al ámbito del conocimiento y no pueden ser sustituidas por los buenos deseos. La conciliación propuesta por Gramsci entre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, o la paradoja defendida por Scott Fitzgerald sobre la necesidad de seguir actuando a partir de ideas contradictorias, podrían servir de pauta a las relaciones entre las antipáticas previsiones formuladas a palo seco por los economistas y los planes proyectados por los políticos para frenar o invertir su cumplimiento.

Por si las previsiones del Gobierno anunciadas por Solbes no hubiesen sido ya una medicina difícil de tragar para quienes confunden el principio de realidad con el pesimismo, la comparecencia anteayer de Joaquín Almunia en Bruselas habrá consternado a los que identifican las falsas ilusiones con el optimismo. Según las previsiones de la Comisión Europea, la economía española retrocederá en 2009 un 2%, la tasa de paro llegará al 16,1% y el déficit público alcanzará el 6,2% del PIB, indicadores todos ellos situados por encima de los avanzados por Solbes. La recuperación europea «gradual y modesta» tendrá en España ritmos más lentos que la media comunitaria: el ajuste de la construcción explica en buena parte ese desfase.

Esos cuadros macroeconómicos tal vez sean considerados erróneos por quienes permanecen fieles al espíritu de los iniciales diagnósticos gubernamentales sobre el carácter pasajero de la crisis comenzada en la segunda mitad de 2007. O quizás les parezcan insuficientemente sombríos a los que pronostican desde 2004 el final apocalíptico del mandato de Zapatero. Pero el optimismo y el pesimismo no son los términos más adecuados para describir esas encontradas posturas: los optimistas que actúan únicamente porque piensan que van a ganar están muy próximos a los pesimistas que anuncian el fin del mundo cuando pierden la esperanza de seguir mangoneándolo.

Delitos, penas y víctimas, de Javier Pradera en El País

El proyecto de reforma del Código Penal (enmarcado teóricamente en el Pacto de Justicia del Gobierno y el PP) ha sido acremente desaprobado por el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 expertos en la materia. El documento crítico lamenta que la propuesta para la modificación del cercano código de 1995 se haya hecho a golpe de telediario o de titulares de crónica negra periodística a fin de tranquilizar a una sociedad conmocionada por sucesos tales como la excarcelación de De Juana Chaos o la muerte de Mari Luz Cortés. La Exposición de Motivos del anteproyecto confirma indirectamente el diagnóstico sobre el oportunismo de la reforma al lamentar que las estructuras jurídicas del derecho penal se adapten con tanta dificultad a los cambios de la realidad social «a causa de las garantías fundamentales de la seguridad jurídica». Los «efectos perniciosos» de esa tendencia a la estabilidad garantista del ordenamiento jurídico criminal son «una constante preocupación» para el legislador que se siente obligado a responder a las demandas populares. Los abusos sexuales y el terrorismo constituyen un ejemplo de las más de 80 modificaciones impuestas al Código Penal de 1995 por la «mutabilidad de la dinámica social».

La tensión entre el deseo de complacer a los futuros electores y el deber de mantener la vigencia de los derechos fundamentales proclamados por la Constitución ha producido en este caso múltiples desaguisados. Si el endurecimiento de buena parte de las sanciones anteriormente existentes resulta desproporcionado, la creación de la pena accesoria de libertad vigilada -con una duración de uno a 20 años- aplicable después del cumplimiento completo de la condena de reclusión, plantea problemas de constitucionalidad. Una persona sentenciada a 40 años por un delito grave de terrorismo podría encontrarse a la salida de prisión con la obligación de tener que cumplir otros 20 en un régimen de vigilancia extracarcelaria.

El documento del Grupo de Estudios recuerda que la función del Derecho Penal no es «la satisfacción de la venganza privada» ni «la asunción por el Estado del papel de víctima». El movimiento de péndulo ha oscilado desde la injustificada invisibilidad o marginación ante la opinión pública de las víctimas hasta el recordatorio permanente de que la función de la pena no puede limitarse a la reinserción de los reos, sino que se extiende al restablecimiento de la paz social, la reparación de los efectos del delito y la retribución a los damnificados. Pero ese cambio de perspectiva no debería tirar por la ventana el legado del Siglo de las Luces ni retroceder hasta los principios de venganza, resarcimiento y expiación de la ley del talión. La política criminal de un sistema democrático no puede estar dictada ni condicionada por las asociaciones de víctimas en sentido estricto (los supervivientes de atentados terroristas y los damnificados directamente por un delito) o amplio (los deudos de las víctimas propiamente dichas). Aunque la pretensión de lo que Rafael Sánchez Ferlosio denomina el victimato sea dictar al Estado de derecho cómo regular los delitos y las penas, tampoco faltan los mutilados o heridos por atentados (como Eduardo Madina, José Ramón Recalde y Gorka Landáburu) capaces de separar sus derechos como víctimas y sus obligaciones como ciudadanos.

El proyecto de reforma del Código Penal es tan minucioso que no cabe atribuir a simple negligencia la escandalosa omisión de la financiación ilegal de los partidos, una epidemia infecciosa que ha corroído durante los últimos años la legitimidad de los sistemas democráticos de toda Europa y que constituye en España el origen de los abusos urbanísticos y los fraudes inmobiliarios en el ámbito municipal. Se diría que los partidos parecen dispuestos a unirse mediante un juramento mafioso secreto para despenalizar en la práctica los cohechos y las prevaricaciones que alimentan sus tesorerías mediante comisiones ilegales, donativos ficticios y abusivas cancelaciones crediticias; por lo pronto, ya se han autoexcluido de la nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Como ha demostrado la frustrada experiencia de los planes del Gobierno contra la violencia de género, ni la exasperación de las penas ni la ampliación de los tipos logran disuadir determinada clase de comportamiento criminal. El proyecto de reforma tampoco parece prever las indeseadas consecuencias que deparará su puesta en marcha a unos juzgados colapsados y unas cárceles hacinadas. El reportaje de Manuel Altozano publicado en EL PAÍS del viernes subrayaba que a comienzos de noviembre había en España 73.000 reclusos (esto es, 156 por cada 100.000 habitantes frente a una media de 102 de la Unión Europea), pese a que la tasa de criminalidad española se sitúa entre las más bajas del continente, especialmente en los delitos que implican violencia física o psíquica sobre la víctima.

La desunión de los unidores, de Javier Pradera en El País

La IX Asamblea Federal de Izquierda Unida (IU) cerró sus sesiones el pasado fin de semana sin que los 790 delegados llegaran a un acuerdo para sustituir a Gaspar Llamazares -dimitido del cargo con anterioridad- como coordinador general. Las cinco corrientes representadas en el congreso -el Partido Comunista de España (PCE), la Izquierda Abierta de Llamazares y la Tercera Vía (o N-II) son las principales- se limitaron a elegir a los 90 miembros del Consejo Político (la mitad del total) reservados a la Asamblea. Habrá que aguardar, así pues, a que las federaciones territoriales cubran los otros 90 puestos del máximo órgano de IU para que la sede vacante del coordinador sea ocupada. Entre tanto, una comisión colegiada de 14 personas presidida por el comunista Cayo Lara se hará cargo provisionalmente de la marcha de la asendereada formación cuya voz en el Parlamento seguirá siendo paradójicamente el dimitido Llamazares.

Fundada en 1986 en la estela del no al referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, y estructurada inicialmente como una coalición de partidos y personalidades hegemonizada por el PCE, el posterior colapso de la Unión Soviética aconsejó a los dirigentes comunistas continuar manteniendo en un segundo plano sus siglas para las comparecencias electorales y apostando por un frente unitario dirigido a desplazar a los socialistas hacia el centro del espectro. En la década de los noventa, la astucia táctica de Aznar, consciente de que el PP sólo podría ganar las elecciones si el PSOE perdía votos a la vez por la derecha y por la izquierda, y la oscura complicidad de Anguita, para quien socialistas y populares eran el anverso y el reverso de la misma moneda política, crearon un juego de espejos propio del valleinclanesco Callejón del Gato. En este baile de máscaras, Aznar reconoció solemnemente a IU como único representante de la verdadera izquierda mientras Anguita acuñaba la parábola neoevangélica de las dos orillas, contraponiendo la ribera habitada en orgulloso aislamiento por IU y la margen ocupada de manera promiscua por el PP y el PSOE. La contribución de Anguita a la imaginería política era una versión cursi de la estrategia de clase contra clase con que la III Internacional equiparó socialdemocracia y socialfascismo abriendo el camino a la toma del poder por Hitler.

La estrategia de la pinza construida por el PP e IU para desgastar a los socialistas por ambos flancos rindió excelentes resultados a los populares: rompió las alianzas municipales y autonómicas entre PSOE e IU tras las elecciones de 1995 y le permitió conquistar el Gobierno al año siguiente con un apurado margen de 300.000 votos. En cambio, el ensueño italiano del sorpasso de los comunistas en su carrera electoral con los socialistas albergado por Anguita no resistió el contraste con la realidad: sus mejores resultados en las urnas de 1996 ni siquiera llegaron a superar el máximo alcanzado por el PCE en 1979 (10,8% de votos y 23 escaños). Por el contrario, durante el mandato del PP las cifras electorales de IU -con Anguita ya dimitido- cayeron casi a la mitad; en la convocatoria de 2008 la candidatura de Llamazares sólo obtuvo el 3,8% de los votos y 2 diputados.

A la vista de esos hechos, parece evidente que IU no dispone de un claro espacio propio en el escenario político. Parafraseando la letra de una conocida copla, cabría concluir que ni con los socialistas ni sin ellos tienen remedio las penas de IU: como aliado, porque pierde independencia, y como adversario, porque favorece a la derecha. De añadidura, el sistema electoral beneficia a los dos grandes partidos de ámbito estatal, que se reparten el 80% de los votos y el 90% de los escaños en las Cortes Generales. Por lo demás, la autonomía de las ramas territoriales sobrepasa en algunos casos los límites de flexibilidad permisible incluso a una organización confederal: la presencia de IU en el Gobierno de Vitoria, por ejemplo, no tiene fácil explicación.

La hoja de ruta aprobada por una desahogada mayoría de la Asamblea Federal para proceder a la refundación de IU -tal vez con nuevas siglas- en 2010 no presenta novedades de carácter organizativo ni de contenido ideológico. La ratificación de sus señas de identidad anticapitalistas, republicanas y alternativas o los llamamientos a la integración en sus filas de comunistas, socialdemócratas de izquierda, ecologistas, feministas y pacifistas no servirán en sí mismos para solucionar la crisis.

La sensación de gallinero revuelto transmitida por la IX Asamblea Federal de Izquierda Unida, incapaz siquiera de ofrecer al público un relato comprensible de las cuestiones debatidas y de los argumentos y de las soluciones propuestos por las tendencias enfrentadas, deja la desoladora impresión de que la supuesta batalla ideológica no es sino un disfraz de luchas por el poder movidas por ambiciones y rencillas personales libradas entre sus dirigentes que responden a una lógica muy alejada de los intereses y las reivindicaciones de sus votantes reales o potenciales.

Incompetencia de Garzón, de Javier Pradera en El País

El fiscal de la Audiencia Nacional elevó ayer a Sala de lo Penal un recurso contra el auto dictado -dentro de las diligencias previas 399/06– por el juez Garzón, que se declaró competente para conocer las denuncias sobre los crímenes de los sublevados durante la Guerra Civil y de la «acción represiva» del Estado franquista hasta 1951. El ámbito temporal cubre desde el 17 de julio de 1936 hasta diciembre de 1951, fecha que marcaría la liquidación del maquis (pese a que los últimos emboscados de Cantabria, Juanín y Bedoya, sobrevivieron hasta 1957).

La veloz apertura -un día después de dictado el auto- del sumario 53/08 hubiese podido retrasar paradójicamente su tramitación, ya que las resoluciones de carácter sumarial deben ser recurridas en reforma ante el propio juez, que puede demorar indefinidamente su contestación por carecer de plazo. El fiscal advierte que cualquier obstaculización por Garzón de su recurso a la Sala «contravendría las reglas de la buena fe procesal».

Las profundas diferencias que separan jurídicamente al instructor y al ministerio público versan fundamentalmente sobre cinco interrogantes. 1. Si las matanzas perpetradas por los sublevados de 1936 a 1939 y por el régimen franquista hasta 1951 son tipificables penalmente como crímenes contra la humanidad (esto es, los delitos de lesa humanidad del artículo 607 bis del Código actual) o en su defecto como delitos de detención ilegal o secuestro sin dar razón del paradero (artículo 166). 2. Si el Código Penal de 1932 promulgado durante la Segunda República salva de la irretroactividad a determinadas acusaciones 3. Si la amnistía de la ley de 1977 aprobada por las Cortes Constituyentes excluye de su ámbito a los hechos denunciados. 4. Si los delitos son imprescriptibles. 5. Si la Audiencia Nacional es competente en el caso de que los delitos respeten el principio de legalidad, no estén amnistiados, no violen la prohibición de irretroactividad y no hayan prescrito.

Garzón responde afirmativamente a esas preguntas y emprende en consecuencia una ambiciosa indagación para descubrir el paradero de los supuestos secuestrados (este delito va siempre acompañado por la muletilla «en el marco o el contexto de crímenes contra la humanidad») y a los posibles responsables de esos delitos. En cambio, el fiscal Zaragoza contesta de forma negativa a las cinco cuestiones y hace una convincente enmienda a la totalidad de las tesis del instructor.

Los implacables enemigos de Garzón le niegan el pan y la sal a cuenta de las hipotéticas motivaciones de sus comportamientos (sed de celebridad, ambición de poder, vanidad escénica, etcétera), no sin antes haber exprimido en su día como un limón esas mismas pasiones en su beneficio propio. Pero no son los diagnósticos de esos aprendices de psicoanalistas -como Pedro J. Ramírez y demás ensabanados del Ku Klux Klan mediático patrocinado por Esperanza Aguirre- sino las razones expuestas por los juristas la vara de medir adecuada para las resoluciones de los tribunales. Abstracción hecha de los humores, las emociones y las ensoñaciones de Garzón, sólo importa saber -al igual que ocurrió con el caso Marey, el narcotráfico, la extradición de Pinochet, el ácido bórico y la ilegalización de la trama civil de ETA- si la instrucción de este sumario se ajusta o no a derecho

Por las mismas razones, la maliciosa atribución de oscuras motivaciones ideológicas a los críticos del auto de Garzón en su conjunto, acusándoles de boicotear las legítimas pretensiones de los deudos de los paseados a recuperar sus restos enterrados en fosas y a honrar su memoria, debe ser interpretada como una manipulación de los sentimientos y las emociones de los familiares comparable con la explotación política por la ultraderecha de la memoria de las víctimas de ETA.

Desde esta perspectiva, el escrito del fiscal Zaragoza defiende con sólidos argumentos que el auto de Garzón es una mediocre combinación de mediterráneos historiográficos, disparates jurídicos y sofismas legales dirigidos a reivindicar contra viento y marea su competencia como instructor de la Audiencia Nacional. Sirva como muestra de la fragilidad de la resolución (el análisis detallado de ese texto sin cimientos exigiría casi tanto espacio como sus 68 páginas) la forma en que se manipula la figura de los desaparecidos, siniestro eufemismo utilizado por las dictaduras chilena y argentina durante los años setenta para ocultar la tortura y el asesinato en los chupaderos de miles de opositores supuestamente huidos al extranjero. En España, la ferocidad de los bandos militares y de las proclamas de los generales -reproducidos con profusión en el auto- es la triste prueba de que los responsables de los paseos no se ocultaron en las sombras aunque enterraran a sus víctimas en fosas excavadas fuera de los cementerios. ¿No es macabro hablar de Federico García Lorca como un desaparecido, esto es, como un detenido ilegal cuyo paradero se desconoce pero que podría aparecer vivo en la Huerta de San Vicente con 110 años de edad?

Letras al vencimiento, de Javier Pradera en El País

El mes de agosto ha deparado abundantes informaciones sobre la coyuntura económica y otras letras giradas para ser pagadas al vencimiento en el próximo otoño. La política anticíclica, la financiación autonómica, la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su integridad y de cinco de los doce magistrados del Constitucional (TC), el presupuesto de 2009, el pronunciamiento de la Sala Especial del Supremo acerca de la ilegalización de ANV y PCTV como segundas marcas de Batasuna y las sentencias del TC sobre el Estatuto de Cataluña y el recurso interpuesto por el Gobierno contra la ley autonómica del Parlamento Vasco sobre consultas populares aprobada el pasado junio forman parte de ese paquete. Las brasas de la guerra reavivada en el Cáucaso y el descuento anticipado de las elecciones presidenciales americanas de noviembre estarán también presentes en los debates de política exterior.

Los resultados del 9-M han modificado el marco de juego de la política parlamentaria. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido hace varias semanas registra casi un empate entre PSOE y PP. El retroceso en escaños de Esquerra y de Izquierda Unida han dejado al PSOE sin la posibilidad de recurrir a la ayuda de sus dos principales aliados durante la anterior legislatura para sumar la mayoría en situaciones comprometidas. La discusión sobre la financiación autonómica, el carácter bilateral o multilateral de la negociación y los criterios aplicados para fijar los importes aleja un acuerdo parlamentario estable del Gobierno con CiU.

La sorda guerra interna librada en el seno del PNV desde la dimisión de Josu Jon Imaz también dificultará los eventuales acuerdos de reciprocidad entre el Gobierno y el grupo parlamentario nacionalista en el Congreso para aprobar en paralelo los presupuestos de 2009 tanto en las Cortes Generales como en la Cámara vasca. El llamamiento del lehendakari Ibarretxe a los ciudadanos vascos para que denuncien al Estado español ante el Tribunal Europeo por violación de derechos fundamentales si el TC declarase -cosa altamente probable- la inconstitucionalidad de la ley de consultas (que establece, regula y convoca para el próximo 25 de octubre un referéndum disfrazado de consulta demoscópica sobre la autodeterminación del País Vasco el año 2010) sería simplemente un chistoso sucedido de la tierra si no fuese por la irresponsable esquizofrenia político-jurídica que implica su formulación. El presidente de la Comunidad Autónoma de Euskadi no puede simultanear el desempeño de su cargo estatal con el anuncio de su insumisión a título de ciudadano particular.

Las declaraciones de los principales dirigentes del PP parecen confirmar por el momento -habrá tiempo durante el resto de la legislatura para comprobar la sinceridad de ese giro- su propósito de guardar lealtad al sistema constitucional; la explotación demagógica de catástrofes y desgracias para desgastar al Gobierno durante la anterior legislatura (como la obscena manipulación con fines partidistas de los incendios forestales de Galicia y Guadalajara o de las muertes de soldados españoles en Afganistán y el Líbano) contrasta con el sobrio tratamiento dado por los líderes populares al trágico accidente de Spanair.

Las intemperantes respuestas del Gobierno a críticas razonadas, tanto del aterrizaje en la pasarela de un lobby del director de la Oficina Económica presidencial nada más cesar en su puesto, como del apoyo de la mayoría de los eurodiputados socialistas españoles a la reciente Directiva del Retorno de inmigrantes aprobada por el parlamento de Estrasburgo, son un ejemplo del rígido almidonamiento de las altas instancias gubernamentales tras cuatro años de poder. Agotada -por absurda- la táctica defensiva de negar las evidencias de las graves repercusiones de la crisis internacional sobre la economía española, agudizadas por el desfondamiento del sector inmobiliario y el elevado déficit exterior, el presidente del Gobierno ha anunciado su próxima comparencia en el Congreso para informar sobre la situación. Zapatero parece haber comprendido que una cosa es el optimismo antropológico sobre el sentido de la vida y otra muy distinta el optimismo geológico referido al buen comportamiento de las placas tectónicas.

Las direcciones del PSOE y del PP salieron aparentemente reforzadas de sus respectivos Congresos celebrados al comienzo del verano. Pero así como los pescados comienzan siempre a pudrirse por la cabeza, las amenazas visibles de división interna para los partidos suelen proceder de organizaciones territoriales que desempeñan en la vida política española -estatal, autonómica y municipal- un destacado papel. La victoria del PSOE o del PP en las elecciones generales de 2012 puede depender de que los socialistas catalanes y los populares madrileños -descontentos ahora con su dirección nacional- permanezcan fieles, cambien de caballo o se abstengan en las urnas.

Clase política y sociedad civil, de Javier Pradera en El País

La renuncia del diputado Eduardo Zaplana al escaño y su contratación por Telefónica como delegado para Europa ha coincidido con el anuncio de que el ex director de la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas, estará al frente -si el informe del Ministerio de Administraciones Públicas sobre compatibilidades lo autoriza- de la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN). El tránsito desde los cargos públicos por elección o por libre designación hasta los puestos de alta responsabilidad en las empresas privadas no puede ser juzgado sólo -aunque también- con arreglo a los criterios del derecho; hay normas políticas, éticas e incluso estéticas que tienen igualmente un ámbito de competencia.

Porque la ley reguladora de Conflictos de Intereses de Altos Cargos 5/2006 o el Título XIX del Código Penal sobre delitos contra la Administración Pública (incluido el tráfico de influencias) no agotan la complejidad ni abarcan todos los matices de las zonas fronterizas entre los poderes político y económico. Ni que decir que la garantía constitucional de presunción de inocencia ampara los comportamientos de los políticos -como de los restantes ciudadanos- mientras no se demuestra lo contrario. La prosa jurídico-administrativa de la norma 5/2006 se presta a diversas interpretaciones: el artículo 8 limita el ejercicio de las actividades privadas, durante los dos años siguientes al abandono del puesto, a los miembros del Gobierno, a los secretarios de Estado y a los demás altos cargos enumerados por el artículo 3. David Taguas -el secretario de Estado que sustituyó a Miguel Sebastián cuando éste fue candidato a la alcaldía de Madrid- se halla sometido a esas cautelas. En cambio, Zaplana, portavoz parlamentario del principal partido de la oposición durante la anterior legislatura, abandonó el Gobierno hace cuatro años tras la derrota electoral del PP.

Las interrogantes sobre estos polémicos casos se hallan cargadas de implicaciones normativas de carácter extrajurídico, también vinculantes. ¿Tiene Zaplana los saberes especializados, la experiencia internacional y el dominio de idiomas indispensables para ser el delegado de Telefónica en Europa? ¿No resulta algo chirriante que Taguas pase sin solución de continuidad a defender los intereses sectoriales de las constructoras después de haber sido su interlocutor como representante del interés general del Estado?

En cualquier caso, el reclutamiento de la clase política y sus vías de comunicación -de ida y vuelta- con la sociedad plantean conflictos de todo tipo. La alternancia en el poder (central, autonómico y municipal) de los partidos resucita para los cargos electos y de libre designación situaciones semejantes a las vividas en las novelas de Galdós por los funcionarios cesantes de la clientelar España de la Restauración. El enorme incremento del gasto público y del intervencionismo estatal durante las últimas décadas no sólo multiplica los puestos representativos y ejecutivos reservados a los políticos de partido, sino que también eleva los niveles de ingresos, el prestigio social, la capacidad de influencia y los recursos humanos, materiales y de servicios puestos a disposición de sus titulares. El revés de la trama es el duelo padecido por los beneficiarios de esas posiciones privilegiadas cuando pierden el cargo a consecuencia de una derrota electoral o de un cese. Como enseña el caso de Eduardo Zaplana, la conservación del escaño como diputado raso no siempre sirve de consuelo a los políticos defraudados por el tropiezo electoral de su partido o por la pérdida de poder en la nomenklatura organizativa; Acebes, Pizarro y Costa pueden ser las próximas víctimas de ese síndrome.

La expulsión del paraíso no implica problemas laborales para el personal de las diferentes Administraciones públicas, con derecho a la excedencia especial y la reserva de plaza (salvo los militares). El significativo porcentaje ocupado dentro de los cargos electos o de libre designación por enseñantes (de maestros a catedráticos), funcionarios de distintos niveles, jueces, fiscales, diplomáticos, letrados del Consejo y abogados del Estado, registradores de la propiedad y otros cuerpos de la Administración, tal vez se deba a la falta de riesgo que significa el paso de la burocracia a la política en viajes de ida y vuelta sin límites de número y tiempo.

Aunque la excedencia especial también se aplica en las empresas privadas, el privilegio comparado de los llamados servidores públicos es su doble acceso a la organización estatal: como políticos que hacen las leyes, dictan los decretos, ordenan los gastos y trazan las líneas de actuación, por un lado, y como funcionarios que aplican las normas y mantienen la maquinaria en marcha, por otro. Si esa tendencia se acentuase, las habituales invocaciones a la sociedad civil como instancia controladora de una clase política que teóricamente la representa serían una mera ficción retórica: a uno y otro lado de las urnas estarían siempre las caras de los miembros de la burocracia estatal.

El péndulo arrítmico, de Javier Pradera en El País

La historia del Partido Nacionalista Vasco (PNV) escrita por Santiago de Pablo, Ludger Mees y José Antonio Rodríguez (Crítica, 2 vol., 1999 y 2001) fue titulada El péndulo patriótico como metáfora de la oscilación entre el pragmatismo autonomista y el radicalismo independentista del movimiento fundado por Sabino Arana. Ni los esfuerzos por mantener el equilibrio entre ambos extremos evitado rupturas, ni el péndulo regulador se mueve de forma acompasada. El temor a las crisis internas explica la habitual prudencia de los dirigentes jelkides: la renuncia de Imaz a repetir como presidente del PNV y las cautelas de su sucesor, Iñigo Urkullu, obedecen a esa causa.

El pragmatismo autonomista de la Comunión Nacionalista Vasca (nombre adoptado por el PNV en 1916) sufrió en 1921 la escisión independentista del grupo Aberri. Reunificado en 1930 bajo su antigua denominación, el PNV fue desafiado durante la República por el radicalismo de Jagi-Jagi. La creación de ETA (desgajada de EGI, las juventudes del PNV) en el franquismo dejó a la democracia como pesada herencia una base electoral del nacionalismo violento en torno al 10% del censo.

Las motivaciones últimas de la escisión en 1986 de Eusko Alkartasuna (EA), fruto de la dimisión en 1984 como lehendakari de Carlos Garaikoetxea, remiten al ámbito de las luchas por el poder; sin embargo, los celos personales del entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y los conflictos de la poderosa organización vizcaína con las agrupaciones de Navarra y Guipúzcoa fueron acompañados por los ecos doctrinarios de las viejas polémicas entre autonomistas moderados e independentistas radicales. Las consecuencias electorales a corto plazo fueron desastrosas: en las autonómicas de 1986 el PNV perdió el 40% de los 450.000 sufragios cosechados en 1984.

El traumático recuerdo de esas escisiones anima la voluntad de impedir la reincidencia y alimenta el ensueño de una reunificación nacionalista. El vergonzoso acuerdo secreto del PNV y de EA con ETA en el verano de 1998 y el Pacto de Estella inmediatamente posterior fueron el primer paso en el ilusorio camino hacia la reconciliación de la familia nacionalista. La vuelta a la actividad criminal de ETA quebró pronto esa candorosa ilusión. Tras sustituir en 1998 como lehendakari a José Antonio Ardanza, presidente de un Gobierno de coalición con el PSOE durante casi 12 años, Ibarretxe se ha convertido en el depositario del compromiso milenarista con una Euskal Herria independiente formada por el País Vasco, Navarra y los territorios ultrapirenaicos franceses. Los votos nacionalistas radicales prestados a Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria, primero por Batasuna para la aprobación del proyecto de nuevo Estatuto en diciembre de 2004, y después por EHAK -una segunda marca del brazo político de ETA- en mayo de 2005 para investirle otra vez lehendakari, convirtieron al PNV en deudor de su apoyo. La convocatoria anunciada por Ibarretxe el pasado septiembre para la celebración el próximo 25 de octubre de un referéndum/consulta de autodeterminación -aprobado antes por el Parlamento de Vitoria con el inevitable apoyo de la segunda marca de Batasuna- confirma esa unidad de propósito soberanista.

Si la generosa renuncia de Imaz a presentarse a la reelección como presidente del PNV fue un síntoma de que las tensiones dentro del partido se hallaban al borde de la ruptura, el alineamiento de Joseba Egibar con el radicalismo independentista -el presidente del PNV en Guipúzcoa es un firme sostén de Ibarretxe- deja poco espacio a las fórmulas conciliatorias de Urkullu. Tras el asesinato de Isaías Carrasco, la inicial oposición de Egibar a las «mociones de censura éticas» presentadas por el PSE y el PNV contra 16 ayuntamientos controlados por ANV con mayoría simple (han fracasado ya la interpuestas en Mondragón, Hernani y Bergara) fue una provocación.

Pero las críticas lanzadas contra el referéndum/consulta de Ibarretxe por el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, y el alcalde Bilbao, Iñaki Azkuna, indican que la paciencia de los moderados está a punto de colmarse. Aún mayor es la irritación de los votantes: el 9-M, los socialistas lograron el 38% de los votos, un porcentaje superior a la suma de PNV (27%), EA (4,5%) y EB (4,5%), los tres socios del Gobierno de Vitoria.

El obstruccionismo o la abstención de EA y EB ante las «mociones éticas» contra ANV han terminado por arruinar las posibilidades de éxito de esa iniciativa conjunta -en sí misma extraña y escasamente viable- del PNV y del PSOE. Las próximas elecciones autonómicas -en octubre de 2008, caso de adelanto, o en la primavera de 2009- tal vez permitieran al PNV prescindir de unos aliados tan volubles y desleales como son EA y EB; ese viraje, sin embargo, difícilmente llegaría a producirse si Ibarretxe continuase siendo el candidato a lehendakari del PNV y ganase las elecciones.

Un Gobierno de vacas flacas, de Javier Pradera en El País

El Gobierno formado por Zapatero tras su investidura ha recibido como envenenado regalo de bautismo una nueva rebaja de las estimaciones ya pesimistas sobre la economía española en los próximos años. Durante la anterior legislatura, la estrategia de crispación atizada por el PP quedó suavizada por los buenos datos sobre empleo, afiliación a la Seguridad Social, reducción de la deuda pública, superávit presupuestario y tasas de crecimiento; sólo el déficit exterior por cuenta corriente, el diferencial de inflación con Europa y el peso excesivo de la construcción de viviendas afeaban el balance. En el último trimestre de 2007, sin embargo, empezaron a ser perceptibles las consecuencias para la economía española de la crisis financiera desatada durante el verano por las hipotecas subprime en Estados Unidos.

No existe ya duda, en cualquier caso, de que la segunda legislatura de Zapatero será -cuando menos en sus dos primeros años- un bíblico período de vacas flacas; el frenazo en la industria de la construcción afecta ya a un importante sector productivo, laboral y empresarial. Las principales incógnitas a despejar son la duración y la profundidad de esa etapa de ayuno y cilicio. Aparte de la regularidad -constatada empíricamente- de los ciclos económicos, las fases ascendentes y descendentes de los movimientos ondulatorios no responden a patrones rígidos que permitan siempre recetar los mismos remedios a los enfermos y calcular su periodo de convalecencia.

En su discurso de investidura, Zapatero limitó los efectos del «periodo de desaceleración» económica a la primera mitad de la legislatura. Pero la caída de las tasas de crecimiento, el aumento de la inflación, los cierres empresariales y la destrucción de empleo son función de variables que resultan, en buena parte, de imposible control por un solo Estado. En los momentos de auge de la economía mundial, los Gobiernos suelen sentir la tentación de colgarse medallas y reclamar la autoría de una prosperidad llovida del cielo con el mismo derecho que podría tener un corcho mecido en la cresta de las olas a presumir de su potencia para elevar el nivel de las aguas; a la inversa, sería no sólo injusto sino también absurdo culpar al Ejecutivo de Zapatero -como hizo ridículamente el PP durante la campaña electoral- de las réplicas de un movimiento sísmico iniciado en Estados Unidos. La globalización de la economía es la causa de que el origen último de las crisis transmitidas a todas las regiones del planeta -como «el efecto mariposa» de los naturalistas- pueda localizarse en un remoto lugar. Por lo demás, las decisiones vinculantes adoptadas por las autoridades comunitarias de Bruselas y de Frankfurt reducen el ámbito de autonomía de España como socio de la Unión Europea.

Durante la temporada de vacas gordas de la anterior legislatura, el PP se limitó a ignorar o menospreciar la bonanza económica reinante bajo el primer Gobierno de Zapatero como un mero efecto inercial de los milagrosos mandatos de Aznar; el Gobierno deberá irse preparando a que la oposición niegue el pan y la sal a sus medidas anticíclicas, financiables en parte con el superávit presupuestario conseguido gracias a la victoria de las hormigas capitaneadas por el vicepresidente Solbes frente a las cigarras partidarias de aumentar el gasto público.

Pero seguramente los mayores problemas del nuevo Gobierno surgirán a la hora de cumplir el compromiso asumido por Zapatero de «no sacrificar las políticas sociales ni abdicar del afán de progreso social» de su programa. Los que recibirán una atención especial mientras la economía española crezca poco -subrayó el presidente del Gobierno durante el debate de investidura- serán los desempleados, los pensionistas, los discapacitados y las víctimas de la violencia.

Para ese difícil ejercicio circense sobre el alambre nada sería más peligroso que los conflictos personales en el seno del Gobierno sobre las líneas políticas a seguir y las medidas a aplicar. En ese sentido, la generalizada impresión de que el vicepresidente Solbes (cuya contribución al triunfo socialista del 9-M como número dos de la lista por Madrid fue decisiva al apagar el farol de Manuel Pizarro en un debate televisivo que modificó las expectativas electorales) y el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián (otro prestigioso economista, aunque derrotado y manteado quijotescamente en su primera incursión ante las urnas en las municipales de 2007) emiten en distinta frecuencia no podrá deshacerse con rotundos desmentidos oficiales cuyo contraproducente efecto es confirmar los temores o los deseos -según cuales sean las perspectivas de los oyentes- sobre la existencia de esas discrepancias actuales o potenciales. En la vida política, la apariencia y la realidad están separadas por fronteras demasiado borrosas como para no extremar al máximo -incluido el presidente del Gobierno- el mundo de las formas.

Guerra cortés de investidura, de Javier Pradera en El País

A casi todos los observadores de la vida política española les tomó de sorpresa la renuncia anticipada de los socialistas a conseguir la investidura de Zapatero como presidente por mayoría absoluta -en primera vuelta- a través de la negociación de su grupo de 169 diputados con otras fuerzas parlamentarias para alcanzar así el nivel requerido de los 176 escaños. Hoy podrá comprobarse si se confirma o no ese propósito. De aplazarse hasta el viernes la investidura, que sería votada entonces por mayoría simple, la principal razón será la inmadurez de las condiciones objetivas existentes para armar un pacto cuatrienal -entre el Gobierno y las minorías nacionalistas- con vocación de estabilidad y permanencia: las uvas políticas estarían verdes en el arranque de la legislatura tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda.

Los dos partidos asociados en Convergència y Unió (CiU) -suman 10 diputados en la Cámara baja- celebrarán en los próximos meses sus respectivos congresos; la paradoja de que CiU, la coalición arrinconada en la oposición -tras gobernar durante dos décadas largas Cataluña- aunque ganase por mayoría simple de votos y diputados las elecciones autonómicas de noviembre de 2007, pudiera ser a la vez el socio permanente de los socialistas en las Cortes Generales no tiene armonización fácil ni explicación comprensible a corto plazo.

Las ambigüedades, contradicciones y virajes de la política de alianzas del PNV (con seis diputados en el Congreso, insuficientes en sí mismos para dar la mayoría absoluta a Zapatero) son el resultado de diversos factores: entre otros, el obcecado propósito del lehendakari Ibarretxe de imponer al Estado un ultimátum soberanista, la dimisión del audaz innovador Josu Jon Imaz como presidente del partido fundado por Sabino Arana, las diferencias de carácter territorial entre las organizaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, el regreso al crimen y a la violencia callejera del nacionalismo radical y la caída del voto jelkide en las municipales y legislativas. Hasta que ese confuso panorama no se aclare, las alianzas estables entre el Gobierno y el PNV serían arriesgadas.

Tampoco los socios parlamentarios de los socialistas durante la anterior legislatura ofrecen -excepto el BNG- un asidero firme para eventuales pactos. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no sólo ha caído desde sus ocho diputados de 2004 a los tres de 2008 sino que se halla además desgarrada por una dramática lucha interna de facciones en vísperas de su próximo congreso. También la coalición IU-ICV -capitisminuida como fuerza parlamentaria- vive una grave crisis de identidad, necesitada de una redefinición ideológica y orgánica.

Las diferencias entre las investiduras presidenciales de 2004 y de 2008 no se refieren sólo a la oferta sino también a la demanda. Las experiencias de la anterior legislatura seguramente han enseñado a Zapatero una mayor prudencia a la hora de concertar alianzas y de excluir apoyos: los comportamientos maniaco-depresivos de ERC a propósito del Estatuto de Cataluña y de la lealtad constitucional, la caricaturesca y unilateral versión del trágico pasado de los españoles defendida por IU en el debate de la mal llamada Ley de la Memoria Histórica y las desestabilizadoras consecuencias para el sistema democrático del aislamiento del PP son algunas de las lecciones que tal vez haya podido extraer de su anterior mandato el candidato a ser investido de nuevo presidente del Gobierno.

La primera intervención de Zapatero recurrió a un ritornello -«Mi idea de España»- para estructurar el catálogo de problemas y el programa de soluciones que su próximo mandato se propone afrontar. Tal vez la sustitución de las referencias a la España plural -tan frecuentes en la anterior legislatura- por la expresión la España diversa -menos cargada de connotaciones ideológicas- sea algo más que una mera cuestión de estilo. El candidato dirigió «con particular énfasis» su oferta de consenso sobre los asuntos de Estado al líder del principal partido de la oposición. Lejos de alimentar el fantasma de las dos Españas, Zapatero reconoció noblemente la deuda de las gentes de hoy con la generación enfrentada por la Guerra Civil y el franquismo: «Unos pusieron la memoria, otros el olvido, y entre todos la reconciliación».

Las réplicas de Rajoy y las dúplicas de Zapatero no tuvieron siempre un tono amable y transmitieron sólo a medias mensajes conciliatorios; sin embargo, ofrecieron al menos un perfil de agresividad menor que sus intervenciones parlamentarias en la anterior legislatura. Algunos inquilinos de los escaños del PP no han aprendido, en cambio, las normas de la cortesía parlamentaria; el ex ministro y diputado Arias Cañete, que denunció durante la campaña electoral la abusiva demanda de mamografías de las inmigrantes en contraste con la destreza de los camareros gaditanos y las excelencias de la manteca colorá, fue llamado al orden por el presidente del Congreso.

Paradojas electorales, de Javier Pradera en Domingo de El País

Los resultados electorales de los socialistas catalanes (PSC) y vascos (PSE-EE), que cruzaron los primeros la línea de meta el 9-M en sus respectivas comunidades, fueron seguramente las mayores sorpresas de la jornada. El PSC recibe 1.670.000 votos (el 45,33% del total), obtiene 25 escaños (cuatro por encima de 2004) y aporta el 14,7% de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista. El PSE-EE logra 9 escaños, gana por vez primera en las tres provincias y consigue 450.000 votos (el 38%).

Ciertamente, Cataluña y el País Vasco han sido durante las últimas décadas el principal laboratorio del llamado voto dual: esto es, el diferente comportamiento de los electores según se trate de las convocatorias autonómicas (campo favorable para los nacionalistas) o de las generales (terreno donde tienden a dominar los partidos de ámbito estatal). Pero la distancia registrada el 9-M entre los 25 diputados del PSC y los 13 diputados nacionalistas (10 de CiU y 3 de ERC) bate cualquier marca anterior; sin olvidar que la tortuosa negociación del Estatut bajo la presidencia de Maragall, la elevada abstención del referéndum de ratificación estatutario y las plagas de Egipto desencadenadas sobre los servicios públicos de Barcelona (hundimientos en el barrio del Carmel, colapso en el aeropuerto, apagones eléctricos, cortes en los trenes de cercanías, retraso del AVE) no auguraban grandes éxitos para el partido de gobierno. El PSE-EE relega al PNV al segundo lugar con 7 diputados y reúne más votos que los tres partidos del Gobierno de Vitoria sumados.

Además de vencer a las opciones nacionalistas, PSC y PSE-EE han quedado muy por encima de los pobres resultados del PP local: el 16,39% en Cataluña y el 18,50% en el País Vasco, frente a una media nacional del 40,11%. Ese fracaso resulta paradójico para la imagen popular. Rajoy se presentó como un San Jorge alanceador del dragón nacionalista en su cueva; también acusó a los socialistas de haber promovido un frente unido con nacionalistas de toda laya (incluida ETA) para romper España y distribuirse luego sus restos.

La niña de Rajoy, que hablará obligadamente inglés, también podrá estudiar libremente catalán, euskera y gallego si vive en comunidades donde esos idiomas sean lenguas oficiales. La chica será en cualquier caso una española tan españolísima como la Concha que proclama su orgullo canoro en El niño judío. Pero las series del CIS sobre los sentimientos de identidad no cuadran con el patrioterismo zarzuelero. Según el estudio de noviembre de 2006, un 42% de los encuestados declaran sentirse tan catalanes como españoles, frente a quienes se manifiestan sólo catalanes (14%) o sólo españoles (9%). En la encuesta de diciembre de 2005 en el País Vasco, un 32% de los encuestados se sentían tan vascos como españoles; otro 24%, sólo vascos, y un 5,6%, sólo españoles. Mientras el PP no entienda el pluralismo de los sentimientos identitarios no podrá avanzar en Cataluña y el País Vasco.