Reggio’s Weblog

La escopeta nacional y europea, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 25 febrero, 2009

La Comisión ha abierto expediente sancionador al reino de España por déficit excesivo. Supongo que algo parecido tendrá que hacer con los otros veintiséis países de la Unión. En estas circunstancias, todos ellos se están saltando a la torera la disciplina presupuestaria. Y es que no están los tiempos para remilgos. Se trata de salvar los trastos. Por eso no hay nada más ridículo que, al tiempo que se escucha el grito de sálvese quien pueda y se desmoronan todos los principios en los que se basaba lo poco que había de Unión Europea, la Comisión continúe con sus ritos como si nada hubiese pasado. Lo mejor que puede hacer es entonar el mea culpa y autodisolverse.

La crisis nos está enseñando que de nada vale la estabilidad presupuestaria si el país está desestabilizado, y que tan peligroso o más que el endeudamiento público es el privado. Pero la inercia es grande, y los tópicos, numerosos; por ello, el Gobierno español practica la ley del péndulo. Un día afirma que hay que reactivar la economía y acuerda créditos extraordinarios para poner en funcionamiento una serie de proyectos -muchos de ellos sin estar maduros- y al día siguiente declara que hay que ser austeros y aprueba recortes presupuestarios.

El plan de restricciones presupuestarias es, como la mayoría de estos planes, un completo desastre, no sólo porque si se quiere reactivar la economía lo que menos se precisa es austeridad, sino porque lo barato termina siendo caro y los recortes se van a traducir en una mayor ineficacia de la Administración. En primer lugar, es curioso que se deje fuera de las medidas a los ministerios de nueva creación, cuya necesidad parece muy dudosa, y a las agencias, esos engendros administrativos instaurados por este Gobierno, que con el pretexto, como siempre, de flexibilizar la gestión se configuran con mecanismos de control más laxos y con la posibilidad de que el político de turno pueda contratar a quien quiera.

En segundo lugar, la medida de eliminar vacantes y de reducir la oferta de empleo público parece contraproducente en un momento en el que el objetivo primario es crear empleo. Sólo va a servir para empobrecer aún más los servicios públicos y, lo que es peor, en muchos casos para externalizarlos. Ante la escasez de empleados públicos, los distintos organismos encargarán las tareas a consultoras o empresas privadas. El precio será mayor y por tanto el gasto público y las posibilidades de control, menores, y menores las garantías para los administrados.

Las políticas que van en detrimento de la Administración suelen ser muy populares. Existen medios poderosos interesados en ello, que se esfuerzan en crear el clima adecuado, pero lo cierto es que todas esas actuaciones, al revés de lo que se cree, no suelen ir contra los funcionarios, sino contra la sociedad y los administrados. El deterioro de la justicia que los distintos gobiernos han permitido y propiciado no perjudica principalmente a los jueces, sino a los ciudadanos.

En tercer lugar, el plan afecta únicamente a la Administración central, pero ésta representa en nuestro país tan sólo una porción reducida del sector público, tanto más si se dejan fuera de consideración las pensiones y el seguro de desempleo. Uno de los graves problemas que hoy tiene España es que carece de un sector público unitario con el que actuar, en especial en tiempo de crisis. Chaves acaba de descubrirlo, cada Autonomía otorga su propia licencia de caza, y por eso con buen criterio propugna que haya una sola a nivel nacional. Y me pregunto yo qué tal si la educación, la sanidad, la justicia, las ayudas sociales, las cajas de ahorro y especialmente los impuestos vuelven a ser nacionales, ya que no pueden ser europeos, sin que se den diferencias en función de la región en la que se vive.

Por cierto, hablando de cacerías, nadie ha planteado la pregunta verdaderamente importante acerca de aquella en la que participaron el ministro de justicia y el juez superestrella. ¿Quién la pagó y por qué? El sueldo de ministro y de juez como mucho da para cazar perdices.

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Encarecimiento del despido, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía, Laboral by reggio on 18 febrero, 2009

Más temible que la propia crisis económica es contemplar cómo hay quien en nuestro país se enroca en las posiciones que han conducido a ella. Este es el caso del actual gobernador del Banco de España, hasta hace poco secretario de Estado de Hacienda y en los diez primeros años del felipismo secretario de Estado de Economía y Comercio.

Hay que reconocer que Fernández Ordóñez ha cambiado poco o nada sus planteamientos en los últimos veinticinco años. Ello tiene su cara y su cruz. Su cara, es un hombre de convicciones; nadie le podrá acusar de ser un converso al neoliberalismo económico. Su cruz, la actual crisis económica está demostrando lo errado que estaba, y continuar anclado en los dogmas de antaño linda con la demencia, a menos que sea por intereses como los que animan a la CEOE, lo que sinceramente no creo que sea el caso de Fernández Ordóñez.

El gobernador del Banco de España comienza aseverando que las indemnizaciones por despido van de los 20 a los 45 días por año trabajado. No es cierto. Los que tal afirman olvidan que una tercera parte de los contratos (los temporales) carecen de indemnización. Tampoco gozan de ella los despedidos por causas disciplinarias, aquellos que un tribunal juzga justificados bien por un rendimiento deficiente del trabajador bien por cualquier otra falta.

Veinte días de salario por año prestado de servicio tienen como indemnización los trabajadores despedidos por las llamadas causas objetivas, graves dificultades de la empresa, ya sean de tipo tecnológico o económico. Por último, nos encontramos con aquellos llamados improcedentes, los que en puridad no deberían existir, puesto que no responden a razones ni objetivas ni subjetivas, excepto el capricho o la voluntad del empleador. En teoría, la indemnización es la equivalente al salario de 45 días por año de antigüedad; digo que en teoría porque, a partir de aprobar lo que malamente se denominó plan de fomento del empleo indefinido, los contratos firmados a su amparo tienen sólo derecho a una indemnización de 33 días por año. Pues bien, es esta modalidad de despido, la caprichosa, la que se pretende abaratar proponiendo una indemnización de 20 días por año, igualando todas las extinciones de la relación laboral, tanto las justificadas como las que no lo son.

El secretario general de la UGT afirma que lo que se intenta con esta propuesta es aprobar el despido libre, pero lo cierto es que éste, excepto para los delegados sindicales, existe ya en España desde hace muchos años. Nada impide que un empresario despida al trabajador que quiera. Lo que se pretende es que el despido, además de ser libre, sea gratuito.

Fernández Ordóñez se fija en un hecho innegable, la velocidad enorme con que el desempleo comenzó a crecer en España nada más comenzar la crisis, y que ha situado a nuestro país a la cabeza de Europa. De esa anomalía concluye que nuestro mercado de trabajo está enfermo y que necesita cura, por la vía de desregularlo aún más y de abaratar el despido, y para ilustrar su argumento nos ofrece el ejemplo de dos países en los que, según dice, la indemnización por despido es muy reducida y la tasa de paro también. No entiendo cómo un hombre aparentemente inteligente como Fernández Ordóñez puede incurrir en tales simplificaciones. De la coincidencia en el tiempo o en un sujeto de dos fenómenos, de ninguna manera se puede concluir que uno es la causa del otro y menos cuál es la causa y cuál el efecto. Seguir tal procedimiento nos podría conducir a las inferencias más descabelladas. En esto se distingue una mentalidad mágica de otra científica.

Una de las aberraciones del neoliberalismo económico es creer que los mercados están cerrados en sí mismos y que la causa de los problemas que, por ejemplo, puede tener el mercado de trabajo se encuentra en el propio mercado de trabajo y no en otras áreas de la economía, en el sector productivo o incluso en el mercado financiero. Las comparaciones internacionales deben realizarse con mucho tiento, puesto que son numerosas las variables que intervienen. La causa de las reducidas tasas de paro de Austria y Suiza hay que buscarla tal vez muy lejos del propio mercado laboral, en otras áreas económicas; y la baja indemnización por despido, lejos de ser la causa, es quizás la consecuencia. Cuando la tasa de paro es tan baja y el trabajador despedido encuentra inmediatamente empleo no se precisa que la indemnización sea cuantiosa.

Pero no hay por qué negar que nuestro mercado laboral tiene graves defectos, aunque precisamente en la dirección contraria a la que apunta el gobernador del Banco de España. Es el exceso de flexibilidad y de desregulación el que permite que la crisis se traslade inmediatamente al mercado de trabajo, y que el ajuste recaiga de forma fulminante sobre los trabajadores. Con toda seguridad, si el despido fuese más caro, en especial en lo que hace referencia a los contratos temporales, la tasa de desempleo sería inferior. Pensar lo contrario no sólo va contra las leyes económicas, sino contra el sentido común.

Fernández Ordóñez afirma que “deberíamos estar todos de acuerdo en que la mejor protección contra el desempleo no es la que se preocupa del subsidio del parado, sino la que consigue que la mayoría no pierda el trabajo”. Pues no, señor gobernador, no estamos de acuerdo. Volvemos a emplear el argumento tan profusamente utilizado en otros tiempos de la caña y el pez. “Mejor que dar un pez es enseñar a pescar”. El problema es que no siempre es posible enseñar a pescar, al menos con la rapidez que necesita el que está muriéndose de hambre.

Pero es que, además, en estos momentos la medida más eficaz para que la mayoría no pierda el puesto de trabajo es preocuparse por la prestación de desempleo. Fernández Ordóñez debería apartar por un momento la vista de la oferta económica para fijarla en el lado de la demanda, actitud que reviste especial importancia en esta crisis que es de demanda. Debería olvidar por un instante la microeconomía para adentrarse en la macroeconomía y comprender que lo que aparentemente es bueno para una empresa considerada en solitario termina siendo fatal si se generaliza para todas ellas y para la economía en su conjunto. Lo que ahora precisan las empresas es demanda y es en la reducción del consumo donde se encuentra el talón de Aquiles. En la actualidad, el dinero público mejor empleado es el que se destina a los parados, cuya propensión a consumir estará próxima a la unidad.

Incrementar la prestación por desempleo y permitir que los parados continúen consumiendo no es sólo una exigencia del Estado social, sino el mejor instrumento para impedir que otros trabajadores sean arrojados al paro.

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Responsabilidad de la banca, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 11 febrero, 2009

Una de las verdades que están quedando meridianamente claras en esta crisis es la importancia que la banca tiene en la marcha de la economía. Es una realidad que deberíamos conocer desde antiguo; sin embargo, parece que la teníamos bastante olvidada y, aferrados al tópico de la mayor eficacia de lo privado y a la desconfianza de la política, habíamos abandonado un sector estratégico y vital para el interés nacional a su propia dinámica.

El sector financiero no sólo se encuentra en el origen de la crisis, sino que se está revelando como uno de los mayores obstáculos a la hora de vislumbrar la salida. En estos momentos, en España -pero también en Europa- asistimos perplejos a una polémica que tendría el carácter de sainete, si no fuese porque entran en juego factores fundamentales para la sociedad. El Gobierno acusa a la banca de no dar créditos y las entidades financieras se defienden afirmando que no hay demanda, al menos solvente; afirman que en una economía en retroceso y ante las dificultades por las que están pasando las empresas sería una enorme irresponsabilidad incrementar la concesión de créditos. Pero lo cierto es que precisamente en estas circunstancias es cuando se precisa que la oferta de crédito sea mayor; de lo contrario, las dificultades de muchas de empresas aumentarán y se multiplicarán las quiebras.

Por otro lado, hay comportamientos de las entidades financieras que cuadran mal con esa imagen benéfica que pretenden ofrecernos. Hasta cierto punto, podría parecer lógico el endurecimiento de las condiciones referentes a la solvencia, corrigiendo así la alegre barra libre del pasado, pero lo que resulta difícil de justificar es el endurecimiento del precio. Y no me refiero, por supuesto, al tipo del euribor, que viene dado en parte por el BCE y en parte por los mercados financieros, me refiero al diferencial que aplican. ¿Por qué tiene que ser ahora mayor que en los años anteriores? La única explicación posible se encuentra en su afán de lucro y en su intento de compensar vía precio la reducción en el volumen de negocio. ¿Es lógico que mientras toda la sociedad está sufriendo de una u otra manera el impacto de la crisis y computa pérdidas, ellas continúen manteniendo fabulosos beneficios?

Un argumento que hábilmente han venido barajando estos días desde la AEB es que las dificultades presentes de las empresas y de las familias provienen de las deudas que han contraído en la década pasada: el endeudamiento no es de los bancos, sino de la economía nacional. Cierto, pero ¿las entidades financieras no han tenido nada que ver en esta situación? Porque si hay que buscar culpables, ellas serían las primeras después de los respectivos gobiernos. Ellas han sido en buena medida las propulsoras en los años anteriores de la burbuja inmobiliaria y de consumo. La enorme deuda exterior que ahora poseen es sólo la contrapartida de la alegría pasada en la concesión de créditos en el interior.

Dos son los factores que propiciaron la conducta irresponsable de la banca en la precedente etapa. Por una parte, trasladaron el riesgo a los clientes mediante el sistema de interés variable, originando en ellos un cierto espejismo acerca de los créditos que podían asumir. Por otra parte, el euro les ha permitido financiarse fácilmente en el exterior eludiendo el riesgo de tipo de cambio. En ningún momento pensaron que la situación creada era insostenible y que, por fuerza, las circunstancias tenían que acabar cambiando. ¿Son conscientes los bancos del peligro que hoy amenaza a la economía española? ¿Suponen que si las cosas empeoran no les va a afectar, o es que acaso creen que una vez más les va a salvar papá Estado? ¿Qué ocurriría con las entidades financieras si nos viésemos obligados a salirnos del euro y a devaluar la peseta a continuación?

En este asunto, al igual que en otras muchas facetas de la economía, se rompe el axioma mantenido por el liberalismo económico de que lo que es bueno para una empresa o entidad financiera lo es para el conjunto de la economía nacional. Para un banco concreto, su óptimo aparente desde el punto de vista de la rentabilidad puede consistir en adoptar una postura conservadora y reservona, pero, extrapolada a todas las entidades financieras, puede conducir al desastre de la economía y de la propia banca, al producir nuevas quiebras e impagados.

Tal vez a los bancos no se le puede pedir que dejen de ser bancos; está en su naturaleza, como en el cuento del alacrán, pero al Gobierno sí se le puede pedir que sea gobierno y adopte las medidas oportunas.

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Salir del euro, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 4 febrero, 2009

Frente a una visión ingenua de la crisis, la expuesta por Zapatero en el programa televisivo Tengo una pregunta para usted, según la cual todo se achaca a las hipotecas subprime y al mal funcionamiento del sistema financiero de EEUU, se alzan otras voces con un análisis más serio que consideran los anteriores acontecimientos tan sólo como el detonante, y que sitúan la causa de la crisis en las enormes contradicciones acumuladas por un sistema económico, el neoliberal, que hace agua por todas partes y que en España ha creado unos desequilibrios devastadores.

Entre estas últimas voces se encuentra la del premio Nobel Paul Krugman, que sugiere que el euro no es una buena idea para España. Compara a nuestro país con Florida, pero, a diferencia del Estado americano, España no posee una unión política que le respalde, puesto que ni Europa ni la Unión Monetaria lo son. En Europa no existe tampoco un mercado integrado como el de EEUU.

Para algunos, lo dicho por el premio Nobel no constituye ninguna novedad. Hemos criticado reiteradamente Maastricht y el proyecto de Unión Monetaria tal como se concibió. La pretensión de mantener una moneda única entre países muy heterogéneos, sin otros lazos de unión más que los de la libre circulación de mercancías y de capitales y de un remedo de presupuesto, no podía funcionar. La falta de integración en el mercado laboral, en la protección social y en el propio sistema tributario y presupuestario hacen casi imposible el mantenimiento a largo plazo de un tipo de cambio fijo y sin posibilidad alguna de ajuste, tal como se configura en la Unión Monetaria.

Con anterioridad a la creación del euro, el Sistema Monetario Europeo había lanzado ya un mensaje de advertencia en 1993. Las monedas fueron incapaces de mantenerse en el margen al que se habían comprometido. Concretamente en España, el déficit por cuenta corriente alcanzó el 3% del PIB, lo que nos parecía en ese momento un nivel insostenible. La peseta no aguantó la presión y el entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, muy a su pesar, se vio en la obligación de aceptar cuatro devaluaciones casi seguidas. Fue esta modificación del tipo de cambio la que permitió reconstruir la competitividad que se había perdido al mantener durante bastantes años una tasa de inflación superior a la de nuestros vecinos.

Los defensores a ultranza de la Unión Monetaria contraatacan afirmando que nuestra permanencia en el euro ha permitido financiar hasta ahora, aunque con dificultades, nuestro déficit exterior, lo que hubiera sido imposible de continuar con la peseta. Pero es que de no haber estado en el euro nunca hubiéramos llegado a este nivel de endeudamiento porque la devaluación y, por tanto, la corrección de nuestro déficit exterior se hubiesen producido mucho antes.

Pretenden convencernos de que las devaluaciones son nocivas porque representan un empobrecimiento frente al exterior. Pero tras ese argumento se esconde una falacia. Las devaluaciones no causan el empobrecimiento (al igual que la medicina no genera la enfermedad), únicamente reconocen en el orden monetario lo que ya ha ocurrido en la economía real y ayudan así a corregir el desequilibrio. La mentira radica en afirmar que la renta per cápita española había superado a la italiana cuando sólo se trataba de un espejismo contable al realizar las cuentas con una moneda sobrevalorada. Hemos vivido cerca de doce años en un mundo ilusorio y la realidad nos vuelve a colocar en nuestro sitio. El déficit exterior por cuenta corriente no alcanza como en el año 1993 el 3% del PIB, sino el 10%.

Pero nos equivocaríamos si concluyésemos de todo lo anterior que la solución es sencilla, y que basta salirse de la Unión Monetaria. Es cierto que nuestra clase dirigente podría y debería haberse puesto en contra del Tratado de Maastricht en lugar de situarse al frente de la manifestación. Es verdad que en 1998 el Gobierno habría podido y debido no entrar en el euro; es muy posible que entonces ni siquiera se hubiera constituido la Unión Monetaria porque Italia hubiese adoptado la misma postura y Francia se hubiese negado a ir en solitario con Alemania. Todo eso se podría haber hecho, lo que ya no resulta tan fácil es dar marcha atrás una vez llegados a la situación actual y con el nivel de endeudamiento exterior que tenemos.

Nos han conducido a una encrucijada de difícil salida. Antes o después, los desequilibrios tienen que corregirse, pero las alternativas son a cual peor. O salirse del euro y devaluar, con un impredecible coste a corto plazo, o recesión, paro, reducciones salariales y riesgo de establecerse permanentemente en la depresión.

Todo ello era perfectamente previsible. Los que criticamos fuertemente el Tratado de Maastricht y la Unión Monetaria lo hicimos desde el convencimiento de que si permanecía el diferencial de la inflación con los países de la zona euro y si no se podía realizar el ajuste de la competitividad en el campo monetario devaluando la moneda, se efectuaría en el ámbito de la economía real, cuyo coste mediante paro y reducciones salariales caería sobre los trabajadores. Eso es lo que está ocurriendo. Durante diez años se ha vivido en una orgía económica en la que algunos se han enriquecido. Ha llegado la hora de pagar la factura. Sólo que ahora el coste va a recaer principalmente sobre los trabajadores.

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La batalla del empleo, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía, Laboral by reggio on 28 enero, 2009

Los intereses económicos aprovecharon la crisis de los años 70, llamada del petróleo, para modificar el sistema económico de acuerdo con sus conveniencias. A partir de los gobiernos de Reagan y Thatcher, el sistema de economía mixta ha ido involucionando hacia un sistema neoliberal. Parece que en esta crisis, a juzgar por determinadas manifestaciones, pretenden de nuevo aplicar la misma estrategia con una gran irresponsabilidad (esta crisis nada tiene que ver con las de los años 73 y 79). El PP y los medios afines proponen rebajas fiscales y la CEOE pide al PSOE abaratar el despido, reformas laborales y, cómo no, reducir las cotizaciones sociales.

El pasado día 24, Juan Antonio Sagardoy publicaba en el diario El País un artículo con el mismo título que he escogido para encabezar estas líneas. En él recoge todos los tópicos que los intereses empresariales aplican al mercado de trabajo. Todo el artículo va destinado a mostrar la ineficacia de las políticas pasivas (prestaciones del seguro de desempleo) y a cantar las excelencias de las políticas activas (incentivos empresariales), según la nomenclatura al uso, nomenclatura que, dicho sea de paso, nunca he entendido. Las llamadas políticas activas no son tales, como no sea para los empresarios, porque en realidad para lo único que sirven es para incrementar el excedente empresarial.

El señor Sagardoy afirma que nadie contrata a quien no necesita ni despide a quien necesita. Estoy de acuerdo, pero lo que no comparto son las conclusiones que pretende extraer. Precisamente porque nadie contrata a quien no necesita, de poco servirán los incentivos fiscales y demás beneficios a los empresarios. Éstos no invertirán ni generarán empleo si no están seguros de vender sus productos y sus servicios. Lo que realmente se precisa, por tanto, es mantener e incentivar la demanda.

El señor Sagardoy minusvalora los efectos de las obras públicas y de las prestaciones del seguro de desempleo, pero son precisamente estas medidas las más apropiadas para incentivar la demanda. Si de cebar la bomba se trata, hay que procurar que la pérdida de los efectos del multiplicador sea mínima y, por tanto, que las actuaciones públicas estén lo más cercanas posible a la demanda (inversión pública, ya que no hay ninguna seguridad de que la inversión privada reaccione) o se dirijan a colectivos con alta propensión a consumir, es decir, con escasa capacidad de ahorro. En este ranking, los parados ocupan un puesto de honor, e incrementar la cobertura y la prestación por desempleo no sólo es una medida óptima desde la perspectiva de la justicia social, sino también de las más eficientes a la hora de realizar una política expansiva.

Fundamentar el crecimiento económico y la creación de empleo en los bajos costes laborales es un camino que no conduce a ninguna parte. Siempre habrá países con salarios más bajos y más reducidas cargas sociales. Entrar en esa batalla competitiva es una carrera sin fin. Los bajos salarios de nuestra economía no han impedido que nuestro país se haya situado a la cabeza de Europa en la velocidad con que se destruye el empleo. No conviene olvidar, además, la otra cara de la moneda. Las remuneraciones de los trabajadores, incluyendo las prestaciones sociales, son el reverso del consumo y éste constituye la parte más importante de la demanda y, por tanto, del PIB.

Sagardoy tiene razón al afirmar que nadie despide a quien necesita. Pero sí se despide a quien se ha necesitado ayer y a quien se va a necesitar mañana. La cuestión se plantea en saber quién va a soportar el coste de la crisis, y por qué los empresarios que han obtenido cuantiosos beneficios en el pasado y van a volver a obtenerlos en el futuro no pueden asumir el coste actual. ¿Cuántas empresas podrían mantener a sus trabajadores aunque fuese con la contrapartida de ganar un poco menos? Existirán sin duda aquellas que están obligadas a despedir a sus empleados porque de ello depende su viabilidad, pero autorizar el despido cuando no es imprescindible por el simple hecho de que se pueda ajustar la plantilla provisionalmente, haciendo así ganar más dinero a las empresas, aparte de injusto, produce efectos muy negativos sobre la actividad económica.

La flexibilidad en el despido lo único que provoca es un agravamiento de la crisis al deprimir aún más la demanda. Algo que los empresarios deberían tener muy en cuenta es que lo que en un primer momento de forma individual aparece beneficioso para ellos se puede convertir en contraproducente si se generaliza. Una generalización del despido más allá de lo necesario termina volviéndose contra las empresas al deprimir la demanda y la actividad.

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La Unión Europea y las Autonomías, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía, Política by reggio on 14 enero, 2009

Por si cabía alguna duda, la crisis económica ha dejado absolutamente patentes los defectos y contradicciones de la Unión Europea. Ésta ha resultado inhábil para dar una respuesta unitaria. Tras muchas reuniones, los mandatarios europeos sólo han sido capaces de recomendar que los distintos Estados instrumenten las medidas que consideren adecuadas, sin ponerse ni siquiera de acuerdo sobre cuáles tendrían que ser éstas. Cada país ha aplicado las que le han parecido más correctas, aunque, al ser dispares, entraban en contradicción con el mercado único, asentado, al menos teóricamente, sobre la hipótesis de la libre concurrencia. En una economía globalizada y en medio de una crisis mundial existe el peligro de que las respuestas parciales y diversas sean insuficientes e incluso contraproducentes.

Nada de esto es nuevo y algunos venimos denunciándolo desde la firma del Acta Única. Lo que puede resultar más novedoso es que similares desequilibrios y déficit de integración que se producen en la Unión Europea los hayamos incorporado a la estructura política nacional. Si Europa, dada su falta de integración, parece impotente para dar una respuesta a las graves dificultades económicas, nuestro país se orienta por el mismo camino al transferir el potencial financiero y fiscal a las Comunidades Autónomas, lo que sin duda tendrá implicaciones mucho más peligrosas. Si el presupuesto comunitario es insuficiente para garantizar en todos los países miembros una cobertura similar de prestaciones y servicios sociales, de forma análoga éstos van a ser diferentes en las distintas Autonomías, al tener cada una de ellas una capacidad recaudatoria dispar y al ser insuficientes los fondos de compensación creados, al igual que lo son los europeos para conseguir la equiparación.

Si la falta de armonización impositiva en Europa genera un dumping fiscal por el que los Estados se ven constreñidos a ir eliminando paulatinamente toda progresividad de los sistemas tributarios y a eximir de gravamen al capital y a las empresas, bajo la amenaza de la deslocalización y de la emigración del dinero, la autonomía financiera de la que se dota a las Comunidades va a repetir el fenómeno a una escala inferior, y por tanto más peligrosa, en el interior de España, porque la competencia desleal en materia tributaria se va a producir entre las regiones con efectos más devastadores para la progresividad del sistema tributario, cuyas primeras víctimas están siendo ya el impuesto de patrimonio y el de sucesiones.

Si el presupuesto comunitario se asienta sobre el falso principio de que quienes tributan son los Estados y no los europeos, esta suposición está funcionando ya en el imaginario colectivo de nuestro país cuando se escucha decir con toda normalidad que hay Comunidades que colaboran más que otras al fondo común, olvidando que los únicos que tributan son los ciudadanos y, por el momento y mientras el sistema tributario se mantenga unitario, todos de la misma forma en función de su capacidad económica.

Existe, sin embargo, una diferencia entre la Unión Europea y el Estado español: mientras que la primera se encuentra en un proceso, aunque lento, de convergencia y cabe la esperanza de que algún día la integración sea mayor, el segundo está sometido a una fuerza centrífuga que hace que progresivamente aumente la desintegración.

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Gaza cuestiona la legitimidad de Afganistán, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Política, Internacional by reggio on 7 enero, 2009

Ante el drama de Gaza, lo único que la llamada comunidad internacional -EEUU, la Unión Europea, Rusia y la ONU- se ha atrevido a pedir es una prórroga de cuarenta y ocho horas coincidiendo con el año nuevo. Pero ni siquiera eso ha sido capaz de conceder Israel, acostumbrado a tener patente de corso para sus actuaciones de filibustero.

Solo los múltiples intereses económicos que maneja el sionismo internacional pueden hacer olvidar el origen terrorista del Estado de Israel y únicamente esos mismos intereses pueden ocultar que practica con frecuencia el terrorismo de Estado. Resulta difícil dar otro apelativo, por ejemplo, al bombardeo en aguas internacionales de un buque como el Dignity, cargado con ayuda humanitaria, poniendo en peligro a una tripulación pacifista. En realidad, la denominación que cabe otorgar a la actuación de los judíos en Palestina es la de genocidio, calificativo que nos hemos apresurado a dar a otras situaciones con menores motivos.

El genocidio cometido hace ya más de sesenta años por los nazis contra los judíos de ninguna manera puede servir de coartada para que estos actúen con total impunidad contra los palestinos, contraviniendo todas las convenciones internacionales, violando los derechos humanos y haciendo caso omiso de las resoluciones de la ONU. Desde 1967, Israel ocupa un territorio que no le pertenece, pero además, como potencia ocupante está muy lejos de cumplir las obligaciones que el derecho internacional impone, condenando a los palestinos a condiciones infrahumanas. Israel pretende justificar sus razias de castigo en la legítima defensa, pero en todo ordenamiento jurídico, hasta en el derecho penal de cualquier Estado, se estipula que, para ser legítima, la respuesta a la violencia tiene que guardar una cierta proporción, lo que resulta totalmente imposible de aplicar al comportamiento del Estado judío.

La situación creada en Palestina, la conducta de Israel y la permisividad de la ONU y de las grandes potencias deslegitiman la legalidad y el llamado orden internacional y transforman en verborrea hipócrita el discurso de los mandatarios de los países occidentales. ¿Por qué razón se condenan unos genocidios y no otros? ¿Por qué se interviene en determinados países y no en otros? ¿Por qué Iraq o Irán no pueden tener armas de destrucción masiva e Israel sí? El respaldo incondicional que EEUU concede en sus crímenes de guerra a Israel, aparte de constituir uno de los hechos más cínicos de la política internacional, se encuentra en el origen de la casi totalidad del terrorismo islámico. Este quizás no tenga justificación, pero sí explicación en el odio amasado y acrecentado durante años.

Bush despide sus ocho años de gobierno sin cambios, tal como se ha comportado en este tiempo, como terrorista y criminal de guerra. No ha tenido ningún empacho en respaldar durante su última comparecencia las actuaciones de Israel, culpando, sin ninguna matización, de las matanzas en Gaza a Hamás. Ciertamente, Bush es un caso extremo de déspota internacional, pero, por desgracia, en el conflicto de Israel y Palestina la postura de los distintos presidentes americanos no ha sido muy diferente. Son muchos los que hoy miran a Obama creyendo que va a representar un cambio radical, pero quizás en este asunto, como en tantos otros, el cambio va a ser mucho menor que el esperado. De hecho, ya es significativo que no se haya querido pronunciar sobre los bombardeos a Gaza, lavándose las manos con el argumento de que no podía haber a la vez dos presidentes en EEUU, cuando, sin embargo, no ha tenido ningún reparo en pronunciarse en materia económica.

El papel de la UE no está siendo mucho más airoso. Es verdad que los países europeos pueden escudarse en la tesis de que sin EEUU poco pueden hacer para presionar a Israel, pero eso no es totalmente cierto. Su discurso podría ser bastante más claro y expeditivo. Sarkozy y su gobierno han dado muestras de una gran ambigüedad y tibieza, y resulta totalmente inaceptable que Israel continúe manteniendo su condición de país preferente de la UE.

Por otra parte, a EEUU se le podría presionar con mayor contundencia. Todos aquellos países, entre los que se incluye España, que colaboran en las misiones militares (no humanitarias) del imperio, deberían hacerle ver que el unilateralismo tiene que terminar y que Norteamérica no puede decidir en solitario en qué territorios se puede intervenir y en cuáles no, o a qué países hay que forzar y a cuáles no, a no ser que quiera encontrarse también aislada en las misiones bélicas. Iraq constituyó una buena señal de aviso, pero parece absurdo contentarse con ese paso y no aplicar el mismo criterio a otras intervenciones. ¿Cómo justificar la ocupación de Afganistán por las resoluciones de la ONU y permitir al mismo tiempo que Israel las incumpla de forma manifiesta?

La actuación de Israel en Palestina desenmascara la hipocresía que se esconde tras la llamada comunidad internacional, su doble rasero de medir, y desmonta el discurso pletórico de tartufismo de nuestros gobernantes acerca de las llamadas misiones humanitarias.

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Dejadme solo, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 31 diciembre, 2008

“Dejadme solo”. Algo así ha debido de decir Zapatero, al ver que la negociación autonómica no avanzaba, presionado por sus hermanos catalanes y seguro de ser el elegido para poner de acuerdo a todas las tribus. Si por algo acabará pasando a la historia ¿a la pequeña? será por su voluntarismo, que no es lo mismo que ser voluntarioso. El voluntarioso pone voluntad y esfuerzo en sus tareas y en el cumplimiento de sus obligaciones. Quien practica el voluntarismo es un iluso que cree que puede conseguir todo lo que se propone. El voluntarismo constituye un sesgo cognoscitivo, una forma equivocada de tomar decisiones, basada únicamente en lo deseable y agradable y no en la evidencia o en la realidad. Es una falacia lógica, ya que se tiene por verdadero o falso aquello que se quiere que lo sea.

El voluntarismo ha estado tradicionalmente unido a la religión y a la fe. “Creo porque es absurdo”, afirmaba Pascal. Y toda la filosofía de Kierkegaard se fundamenta en el voluntarismo. La creencia como un salto en el vacío. El milagro es posible. El ángel detendrá la mano de Jacob antes de que aseste el golpe homicida. También hay un voluntarismo progresista. En algunos casos, remite al anarquismo. Anouilh, en “La alondra”, cambia el final de Juana de Arco. En el momento en que va a ser quemada en la hoguera se produce el prodigio y surge la apoteosis y la glorificación. En otras ocasiones, el voluntarismo se expresa mediante el constructivismo social. ¿De qué clase es el de Zapatero?

Zapatero debe de oír también voces que le indican que puede alcanzar todos sus objetivos. Habita un optimismo trascendental creyendo que la realidad se adaptará siempre a sus deseos, a la imagen que se ha construido del mundo y de los acontecimientos. La cuestión es que la realidad es mostrenca, terca, y no se pliega sin más a cualquier pretensión. Zapatero se embarcó en la elaboración de un nuevo estatuto para Cataluña. También pidió que le dejaran solo y terminó entregándose a Mas y a CiU, aprobando un texto imposible de cumplir que ahora le pasa factura. Creyó que iba a convencer a ETA para que entregase las armas -“dejadme solo”- y, si se descuida, acaba pactando con ella el diseño del Estado. Supuso que bastaba con no pronunciar la palabra crisis para que esta se diluyese y lo cierto es que nos hemos adentrado en la más dura recesión conocida desde el año 29.

Ahora grita de nuevo “dejadme solo” y se ha implicado directamente en la negociación con las Autonomías, cuando la más elemental prudencia aconsejaba que se hubiese quedado en retaguardia. En una huida hacia delante, va recibiendo a todos los presidentes de las Comunidades y diciéndole a cada uno de ellos lo que quiere oír. Todos salen satisfechos. El problema surgirá más adelante cuando las cifras no cuadren porque, por más voluntarismo que se derroche, tres más tres nunca pueden ser cuatro. Cada Autonomía quiere que el reparto se realice en función de la variable que le conviene. Los ricos, Cataluña, Madrid, Valencia, se inclinan por la población. Andalucía acepta esta magnitud pero siempre que se prime a la que está en edad escolar. Galicia y Extremadura quieren que se tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión. Y así sucesivamente. Solo desde el pensamiento ilusorio se puede creer que se va a dar satisfacción a todas las partes.

Lo que quizás subyace detrás de la multiplicación dispar de promesas y compromisos es la intención de que el Estado pague la fiesta, es decir, que ponga más dinero sobre la mesa. Riesgo por inundación, creo que lo ha llamado Rajoy. Pero me temo que ni aun así se lograría solucionar el problema, porque, por ejemplo, lo que en último término pretende Cataluña no es tanto subir en el reparto cuanto ser más agraciada que el resto de las Comunidades, especialmente de las más pobres y a las que eufemísticamente llama “menos dinámicas”.

El Estatuto catalán diseña un sistema de financiación que imposibilita el acuerdo unánime, ya que ataca en su raíz la política redistributiva del Estado. Esta no puede reducirse a que todos los españoles, vivan donde vivan, reciban igual, tal como propugna Aguirre, y mucho menos que las Comunidades que más aportan sean las que más obtengan, como reclaman los catalanes. La función redistributiva implica que las Comunidades más pobres sean las que más perciban. La pretensión de limitar la solidaridad ¿que no es solidaridad sino justicia? ataca directamente a nuestro Estado social. Cuadrar el círculo es querer conjurar bilateralidad y multilateralidad. Las conversaciones que ha mantenido Zapatero con los distintos presidentes de las Comunidades Autónomas no son más que una pantomima orientada a disfrazar las negociaciones bilaterales entre él y Montilla, de acuerdo con las exigencias de los catalanes.

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La Cumbre de Bruselas, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía, Política by reggio on 17 diciembre, 2008

Se produce un contraste llamativo entre los escasos resultados que se derivan de las cumbres europeas y el discurso siempre triunfalista de los líderes cuando acaban. Siempre hablan de acuerdos históricos, y lo cierto es que, en la mayoría de los casos, lo que hay son componendas ambiguas e incluso pasos atrás como los del cangrejo.

No constituye ninguna novedad señalar el desprecio con el que, en el proyecto europeo, se considera a los ciudadanos, eludiendo cuando es posible cualquier votación popular y, cuando no lo es, pretendiendo lograr su asentimiento por todos los medios accesibles, incluso repitiendo el escrutinio cuantas veces sea necesario hasta obtener un resultado positivo. Esto es lo que ahora ocurre con Irlanda.

La Constitución europea cayó ante el “no” francés y el de los Países Bajos. Se ha intentado invertir la situación salvando las partes esenciales como una modificación del tratado, de manera que pudiera ser aprobado por los parlamentos nacionales sin necesidad de someterlo a referéndum. Irlanda era la excepción y también la piedra en la que ha embarrancado el llamado Tratado de Lisboa. Ahora se modifica éste para que dicho país pueda consultar de nuevo a sus ciudadanos.

La modificación es especialmente significativa. La Comisión se configura con tantos integrantes como Estados miembros, de manera que cada uno de éstos, por pequeño que sea, puede tener su propio comisario, 27 ahora, 28 tras la incorporación de Ucrania. Es difícil ver en este diseño el menor atisbo de unidad política, sino más bien una cámara de representación de todas las naciones. Cada comisario irá a defender los intereses del país al que representa. Europa siempre ha tenido un déficit democrático pero, después de la ampliación, posee además un problema de gobernación. Una Comisión y un Consejo de 27 o 28 miembros difícilmente van a ser operativos.

Este mismo aspecto de ser un conglomerado de países y nada más se ha puesto de manifiesto en el acuerdo tomado para reactivar la economía. No hay plan europeo sino tan sólo la suma de 27 planes nacionales. Van a ser las finanzas de los Estados las que soporten el coste del proyecto, sin que ni siquiera se hayan armonizado las actuaciones dejando a cada país que decida las medidas expansivas que va a tomar. El único rasgo común es el coste, cifrado en el 1,5% del PIB de cada Estado, planteamiento altamente difuso porque cada uno de ellos podrá incluir en el paquete medidas ya tomadas o que de cualquier forma fuese a tomar, así como calcular los costes de forma arbitraria.

El abanico se deja tan abierto que los Estados pueden incluso elegir entre incrementar los gastos o reducir los impuestos. Aparentemente puede pensarse que las dos actuaciones son similares -y cuantitativamente lo son, ambas son expansivas y van a incrementar el déficit público-, pero cualitativamente son muy distintas ya que van a tener efectos dispares sobre la distribución de la renta.

En principio, hay que pensar que la bajada de impuestos va a favorecer a las clases medias, y principalmente a las altas, desde luego mucho más si se trata de impuestos progresivos como los de la renta, sociedades, patrimonio o sucesiones. Incluso, cabe la sospecha de que una disminución en el tipo de IVA, tal como propone el premier británico, va a traducirse, al menos parcialmente, en un incremento del excedente empresarial, siendo muy dudoso que se traduzca en una bajada significativa de los precios. Por otra parte, en una situación de deflación no parece que haya que actuar en primera instancia sobre los precios sino sobre la demanda, y esto se consigue de forma mucho más directa incrementando el gasto público en infraestructuras o en subsidio para el desempleo. Por una vez, Zapatero tiene razón.

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En manos de los banqueros, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 10 diciembre, 2008

Algunos son pertinaces e irredentos. Por ejemplo, Fernández Ordóñez que, con todo lo que está cayendo, centra el peligro en que el Estado intervenga. El 19 del pasado mes hizo unas declaraciones en las que alertaba acerca del riesgo que, según él, se produce en las capitalizaciones de los bancos con entrada de representantes del Gobierno en los consejos de administración, calificándola de nefasta si se cae en la tentación de obligar a esas entidades a conceder créditos: “En el momento en que obliguemos a un banco a dar un crédito a quien no lo va a pagar, nos habremos cargado el sistema financiero”.

El caso es que, para destruir el sistema financiero, se valen ellos solos, y ya lo hubiesen hecho si no llega a ser por la actuación de urgencia del sector público y por el dinero de los contribuyentes. ¿Nos olvidamos, acaso, de que han sido las propias entidades financieras y la autorregulación las que se encuentran en el origen de esta crisis? Son los bancos los que han concedido créditos a quien no podía pagarlos –las famosas hipotecas subprime– y han sido los bancos los que han titulizado esa basura, la han vendido a otros bancos y han contaminado el sistema.

Incluso, refiriéndonos a España, hay mucho que decir respecto al comportamiento de nuestras entidades financieras. Se ha pregonado su solvencia y buena salud en comparación con las de los otros países. La explicación es sencilla. No han tenido demasiadas ocasiones de contaminarse. Dado nuestro déficit exterior, nuestros bancos no podían ir a los mercados internacionales a comprar activos, ni de buena ni de mala calidad, sino a emitir pasivos, a endeudarse. Era difícil, por tanto, que adquiriesen en el extranjero activos de dudosa procedencia.

Otra cosa es la contaminación interior porque, sin llegar a la aberración de las hipotecas subprime, al conceder créditos con excesiva alegría y permitir el apalancamiento, las entidades financieras han sido, en buena medida, las causantes de la burbuja inmobiliaria y del brutal endeudamiento de nuestra economía. Esas personas tan sabias y expertas que dirigen los bancos quizás se han autoengañado pensando que las condiciones económicas iban a permanecer inmutables (buen ejemplo de ello son los préstamos a Sacyr); pero de lo que no hay duda es de que han engañado a los clientes y a la sociedad en su conjunto.

La cultura financiera de la mayoría de los ciudadanos es escasa y, por lo general, se fían de lo que les diga el banco, sin ser capaces de discernir muchas veces la verdad de la mentira. En unos momentos en los que los tipos de interés eran excepcionalmente bajos, las entidades financieras impusieron el interés variable con lo que el riesgo pasaba de éstas al cliente al que se engañaba, o al menos se confundía, presentándole una oferta que no era real. Casi todo el mundo, cuando va a demandar un crédito, en lo que se fija es en la cuota que va a tener que pagar todos los meses, y si ésta es asequible teniendo en cuenta sus ingresos. Pero, con interés variable y especialmente con largos plazos de amortización, esa cuota puede modificarse de manera sustancial, ya que casi todo lo que se paga en los primeros años son intereses, por lo que variar el tipo de interés, también lo hace y casi en la misma proporción la mensualidad. Tal escenario va a conducir a un fuerte incremento de la morosidad, y a crear una situación económica angustiosa en muchos ciudadanos.

Este comportamiento de las entidades financieras contrasta con el que están practicando en la actualidad. Desde la propia vicepresidencia económica se ha mostrado preocupación por que el crédito no llega a las empresas o a las familias y, cuando llega, lo hace con unas condiciones draconianas. En plena recesión, casi deflación, las entidades financieras están cobrando a sus clientes unos tipos de interés desmedidos, integrados por dos factores diferentes. Por una parte, el nivel del Euribor (tipo al que los bancos se prestan entre ellos), dado que presenta una diferencia anormal con respecto a la tasa de interés que marca el BCE, hecho que éste debería tener en cuenta al fijarla.

Pero el otro factor es que la banca, sin razón aparente, aplica un diferencial sobre el Euribor muy superior al que fijaba anteriormente, y, además, lo completa con domiciliación de la nómina, seguro de vida, del hogar, fondo de pensiones y no se sabe cuántas cosas más, lo que constituye todo ello un pago en especie. No se trata, por tanto, de que los bancos se hayan vuelto más cuidadosos a la hora de decidir a quién prestan, ni que exijan más garantías -lo que parecería lógico, dada la ligereza con la que se han comportado en la etapa anterior-. Se trata de que parecen querer compensar ahora, a costa de los clientes solventes, las pérdidas que pueden derivarse de las alegrías de antaño. Lo cierto es que están encareciendo el crédito y ahondando la recesión.

A quienes temen que el poder político entre en la banca, habrá que decirles que difícilmente lo hará peor que el poder económico y los llamados independientes. Además, al Gobierno se le pueden exigir responsabilidades; a los banqueros, nunca. Parece evidente que cada cierto tiempo las entidades financieras entran en crisis y, bajo las amenazas de que se tambalea todo el sistema y la economía en su conjunto, enormes cantidades de fondos públicos tienen que acudir en su ayuda. Habrá que pensar que el crédito y el dinero son asuntos demasiado importantes para dejarlos en manos de los banqueros. Desde luego, no tiene sentido que, como en la antigua URSS, los taxis sean públicos, pero a lo mejor tampoco lo tiene que, como en nuestros países, los bancos sean privados.

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Desconcierto en la Unión Europea, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Política, Economía by reggio on 3 diciembre, 2008

Cuando la mayoría de los estudiosos de la economía se enfrentan al análisis de la crisis de 1929 (siempre que no estén guiados por prejuicios e intereses particulares) coinciden en que su importancia, su amplitud y su duración estuvieron originadas en buena medida por la falta, o al menos tardanza, en reaccionar de las autoridades económicas. Cuando por fin actuaron, era ya demasiado tarde y la recesión se perpetuó durante bastantes años.

En la crisis actual parecía que ya habíamos aprendido y que nuestros gobiernos no iban a caer en la teoría estúpida de que lo mejor es no hacer nada y dejar que la economía se depure sola de los malos humores. Todos han hecho prolijas declaraciones sobre la necesidad de intervenir y, en la mayoría de los casos, además, abdicando de sus discursos anteriores. No obstante, el tiempo está demostrando que cuando se ha actuado durante treinta años de una determinada manera, no es tan fácil cambiar rápidamente de rumbo. Durante todo este tiempo, los Estados han ido abdicando de sus competencias y renunciando a los medios para ejercerlas, y ahora se sienten impotentes, no saben qué hacer y acaban dando bandazos.

Quizá el caso más típico de desconcierto se sitúa en la Unión Europea, construida de acuerdo a un modelo neoliberal y, por ello, incapaz en los momentos actuales de dar una respuesta coherente. Bruselas propone un plan anticrisis de 200.000 millones de euros -el 1,5% del PIB comunitario-, pero a la hora de la verdad, cuando se examina detalladamente el desglose, resulta que todo queda a la iniciativa de los Estados. Sálvese quien pueda. De los 200.000 millones, 170.000 los tienen que aportar e instrumentar los países miembros. Cada uno según se le ocurra y como dios le dé a entender. La Unión Europea aporta sólo los 30.000 restantes, aunque tampoco esto es totalmente cierto, porque una parte es un simple préstamo del Banco Europeo de Inversiones y la otra son meros adelantos de los fondos estructurales. En ninguno de los dos casos representa un incremento real de gasto comunitario.

El hecho de que cada Estado tenga que realizar su propio plan deja, sin lugar a dudas, en entredicho todo el proyecto europeo y sus dogmas más sacrosantos, defendidos con ahínco desde el principio. Si algo perseguía con la furia más inusitada la Comisión era el proteccionismo, condenando todo aquello que denominaba ayudas de Estado. Bien es verdad que por sus propias contradicciones era incapaz de impedir la competencia desleal en dos importantes áreas, la fiscal y la laboral, pero se oponía con todas su fuerzas a cualquier subvención directa. Pues bien, no es que ahora las permita, es que las recomienda. Resulta realmente irónico escuchar a los mandatarios internacionales arremeter contra el proteccionismo y más tarde anunciar no se sabe cuántas medidas para ayudar a sus empresas o entidades financieras.

Otro dogma que se desmorona, aunque Almunia se empeñe en hacer juegos malabares, es el del déficit público. Ante la gravedad de la situación económica, pocos son los que se acuerdan del Pacto de Estabilidad. Vamos camino de una deflación típica, por eso no es extraño que desde Europa se vuelva la mirada hacia la teoría keynesiana; pero la inercia es tan fuerte que a la hora de proponer medidas concretas se inclinan hacia la teoría de la oferta con reducción del IVA y del impuesto sobre la renta, y bajada de cotizaciones sociales. Pero la mayor rémora del pasado se encuentra en la renuncia a utilizar la política monetaria. El Banco Central Europeo parece no haberse enterado de cuál es la situación actual y los representantes democráticos de los países no se sienten con la autoridad suficiente para forzarle a tomar decisiones.

La teoría keynesiana propone, por supuesto, para momentos semejantes a éste, una política fiscal expansiva, pero siempre que se haya agotado la virtualidad de la política monetaria. Recordemos lo de la trampa de liquidez, el ejemplo del caballo y del abrevadero, y la imposibilidad de hacerle beber si no quiere. En este momento no es que estemos lejos del abrevadero, sino que mantenemos el caballo atado a kilómetros de distancia. Para que las actuaciones presupuestarias y fiscales puedan tener éxito contra la recesión es imprescindible la existencia de una abundante liquidez y un gran número de recursos ociosos.

Tiene lógica que en los momentos actuales echemos mano de Keynes. El problema es que ha estado tanto tiempo postergado, cuando no condenado en el infierno de lo no correcto, que la mayoría desconoce su doctrina y utiliza un sucedáneo.

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Brufau o Alekperov, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía, Política by reggio on 26 noviembre, 2008

Uno a uno se están derrumbando todos los tópicos del neoliberalismo. Ahora comprobamos en qué consiste el mito del capitalismo popular. Repsol está a punto de pasar a manos de Lukoil, una empresa forjada en las rapiñas de las privatizaciones de Rusia. Adelantada, por lo que se ve, de un capitalismo popular en el que las empresas estatales se han convertido en propiedad de los dirigentes del antiguo régimen, que no son distintos de los del nuevo y que se han hecho ricos -todos ellos- a costa del erario público. Nosotros seguimos aplicadamente los pasos del maestro, y también aquí unos pocos, de no ser nadie, pasaron a ser grandes empresarios gracias a la venta de las empresas públicas.

El Gobierno dice diego donde dijo digo, y acepta que Sacyr e incluso La Caixa vendan su participación en Repsol a la compañía rusa. Y es que hay que sacar del atolladero al señor Rivero, que, según dicen, es amigo de Zapatero y que además entró en Repsol, si no inducido, sí al menos con las bendiciones del Gobierno, y de paso también al señor Botín y al Banco de Santander, que ha prestado ingentes cantidades a la constructora, y necesita por tanto asegurar la solvencia de sus créditos. La farsa es de tal calibre que la vicepresidenta del Gobierno no tiene pudor en afirmar que lo importante es que los ejecutivos sean españoles, como si esto se pudiese asegurar, y además como si a los ciudadanos les importase mucho que al frente de la empresa esté un tal Brufau o un tal Alekperov, los títulos de su legitimidad no son demasiado diferentes.

El colmo del despropósito es escuchar a De Cospedal acusar a Zapatero de que pone en peligro un sector estratégico nacional, y a Montoro denunciar que Repsol vaya a dejar de ser española, porque fue precisamente el Gobierno del PP el que, al tomar la decisión de privatizarla, permitió que la empresa dejase de ser de todos los españoles, con lo que resulta imposible controlar más tarde en manos de quién está, cosa que, además, importa ya muy poco. Queda muy bien que el PP hable de sectores estratégicos, pero éstos se ponen en peligro desde el mismo momento en que el control deja de ser estatal y pasa a manos privadas.

La liquidación del sector público empresarial ha sido una de las mayores expoliaciones que se ha realizado contra la sociedad española, expoliación en la que, sin duda, tienen culpa todos los gobiernos, pero los del PP se llevan la palma. De poco vale lamentarse ahora. Antes o después, todos los sectores estratégicos estarán controlados por empresas extranjeras o multinacionales y, desde luego, el Estado se verá absolutamente incapaz de garantizar unos servicios adecuados y de instrumentar una política económica coherente. Los ciudadanos lo pagaremos pero, como en Rusia, algunos se habrán forrado.

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