Poco terreno para la ambigüedad, de Salvador Cardús i Ros en La Vangurdia
La mejor noticia de la política catalana en el 2009 va a ser que la negociación para la financiación va a llegar a su fin, sea cual sea el acuerdo. Este final de un asunto que era capital en la redacción, negociación y aprobación del nuevo Estatut, sumado a la también esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre algunos puntos del texto, van a permitir pasar página a un periodo del que se podrán sacar muy buenas lecciones para el futuro. Después de tal experiencia ya nada va a ser igual en la política catalana por mucho que los partidos quieran simular, mientras puedan, que todo sigue más o menos como antes.
Para empezar, el final de los envites políticos creados por el nuevo Estatut -no se olvide: una ley orgánica española- va a obligar a poner el acento en la buena gobernación, que buena falta nos hace.
Desde su aprobación, y con razón, la cuestión de la financiación ha quedado fijada como la gran prueba del nueve de la bondad del Estatut y ha capitalizado toda la tensión política. Pero la crisis financiera del 2008 ha convertido casi en agua de borrajas cualquier resultado posible del acuerdo. La mejor hipótesis final apenas cubriría la disminución de ingresos actual de la Generalitat.
Así, financiación aparte, lo que ahora urge es que se tomen buenas decisiones para administrar la escasez, reanimar la actividad económica, no abandonar las políticas estratégicas como en educación, fundamentales para el largo plazo, y atender las demandas sociales básicas para mantener la cohesión y la paz social mientras siga aumentando el paro.
Pero mientras se dedican esfuerzos a la administración de lo que hay, el país en su conjunto -y no sólo los partidos- deberá reflexionar a fondo sobre su próximo horizonte, sobre lo que debería haber y cómo llegar a ello. El acuerdo sobre la financiación y la sentencia del Constitucional habrán servido para acabar definitivamente con la ingenua idea que aseguraba que el nuevo Estatut ya era el horizonte catalán para los próximos veinticinco años. Sí: idea ingenua, aunque parezca que la política partidista deje poco espacio para la candidez. Pero ¿no era de una gran -y grave- puerilidad política pensar que un nuevo Estatut iba a conseguir que se acabara de una vez por todas -o para las próximas dos décadas- con las negociaciones fenicias que, se decía, tanto perjudicaban a nuestra imagen en España? ¿Y no era de un candor sin fronteras pensar que el nuevo Estatut permitiría satisfacer las aspiraciones nacionales en el plano lingüístico e identitario en un Estado unitarista?
La sentencia del Constitucional y sus efectos colaterales y el acuerdo de financiación van a cerrar un ciclo histórico en el cual los dos partidos catalanes mayoritarios habrán tenido oportunidad de medirse con el gobierno central y en las mejores condiciones imaginables: CiU con mayorías relativas del PSOE y el PP, y el PSC coincidiendo con él mismo en el gobierno del España. CiU, por su parte, por mucho que ahora se lleva las manos a la cabeza, difícilmente podrá borrar su pecado original de ser responsable directo de las limitaciones intrínsecas de este Estatut, que vendió al país como una garantía definitiva de progreso cuando aún pensaba que podría administrar su puesta en marcha desde un gobierno que luego no supo merecer. Por lo que respecta al PSC, ahora está tomando la misma medicina que había sido administrada a los gobiernos de Pujol. El PSC siempre sostuvo que la mala relación de Catalunya con España era culpa del estilo negociador y del victimismo de los nacionalistas catalanes. Ahora comprueba sobre sus propias costillas el uso del anticatalanismo para mantener o aumentar los privilegios territoriales en España, con los que se paga el precio de su unidad nacional. En cuanto a los partidos menores, tampoco el PP va a salir bien parado de su doble discurso aquí y allá, y ERC o ICV van a tener que mostrar, definitivamente, hasta dónde son capaces de tragar con tal de estar en el gobierno. Todos los partidos catalanes intentarán llegar a las próximas elecciones del 2010 sin que se rompa nada. Pero todos saben que o tienen nueva mercancía por vender, y de muy buena calidad, o la indiferencia electoral va a establecer un récord propio del libro Guinness y con muchas posibilidades de que organizaciones residuales acaben dando la lata en los siguientes cuatro años. Un panorama demasiado poco halagüeño como para no tomar decisiones serias.
El 2009, pues, será el gran año del fin definitivo de la grave ingenuidad histórica del catalanismo, nacionalista o no, en su apuesta por un posible encaje de nuestras aspiraciones nacionales con la imposible España plural que este ha necesitado inventar. Por mucho que se intenten reconstruir las ambigüedades, las apuestas estarán mucho más claras. Se podrá escoger lo que se quiera: o subordinación a un modelo español que no sólo nos iguala a las regiones pluriprovinciales sino también donde la afrenta anticatalana es usada para cohesionar al resto, o apuesta por la soberanía en un marco de diálogo entre iguales con España y de participación leal en la construcción europea. Quizás lo segundo aún parezca utópico, pero lo primero ya se ha demostrado definitivamente imposible. El territorio para las bienintencionadas medias tintas quedará reducido amuy poca cosa, y esto valdrá también para la propia sociedad civil catalana. Buenas noticias, como decía, para el 2009.
Un pacto para tener futuro, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
Muy a contra corriente, lo sé, sigo confiando en la gran capacidad de nuestro país para incorporar positivamente a la reciente población forastera. Y entiendo por positivamente el saber sumar los nuevos catalanes a un proyecto nacional común, o dicho de otro modo, el seguir construyendo con ellos el complejo objetivo de ser un sol poble.Pero una de las principales dificultades de análisis de los procesos migratorios es que reclaman una perspectiva temporal larga, generalmente de más de una generación, y eso nos deja biográficamente fuera de tal capacidad. Hablando claro: por largo que sea el resto de mi vida, sé que ya no tendré la fortuna de comprobar y celebrar el acierto de mi pronóstico.
Cuando se me reprocha mi perspectiva confiada con argumentos alarmistas, suelo proponer a mi interlocutor que intente situarse en el punto de vista de un catalán de principios del siglo XX al cual se le informara de los cambios demográficos que acontecerían a lo largo del siglo. ¿Qué pronóstico habría hecho al saber que, estando en los 1.900.000 habitantes, en los próximos 100 años llegarían más de tres millones de no catalanes, y por lo tanto de no catalanohablantes, y que se acabaría el siglo -gracias a su aportación a la natalidad del país- en algo más de 6 millones? Desde su perspectiva, desde aquel contexto social y cultural y pensando en el futuro nacional de Catalunya, ¿alguien habría sido capaz de prever un futuro nacionalmente mejor -aunque lo sepamos precario- del que disfrutamos? Yo creo que ni remotamente. También habría augurado nuestra desaparición. Pues bien: mi apuesta es que estamos en un proceso parecido. Condicionados por viejos esquemas identitarios que aplicamos a nuevas realidades sociales, y faltos de una visión a medio y largo plazo, solemos desarrollar imágenes catastrofistas que abocan nuestra especificidad nacional a su disolución.
No voy a discutir aquí si las nuevas migraciones son distintas de las anteriores y más peligrosas desde el punto de vista identitario. No comparto esta idea, pero no es el momento de desarrollar la cuestión. En cambio, creo que una diferencia crucial con las experiencias pasadas está en el hecho de que, por primera vez en nuestra historia, tenemos una administración pública propia con capacidad para desarrollar políticas de inmigración. Y estas políticas van a hacer posible que los plazos y las condiciones de incorporación de la nueva población, ahora casi toda extranjera, sean menos duras y más rápidas para el conjunto de los nuevos y viejos catalanes. En este punto, el Pacte Nacional per a la Immigració viene a darme la razón. Se trata de un documento con un alto grado de madurez por lo que respecta a la capacidad de tratar con rigor y valentía un asunto harto difícil. Además, ha conseguido el apoyo de la inmensa mayoría social y política catalana. Por supuesto, que exista un pacto nacional con buenas propuestas no soluciona automáticamente nada. En primer lugar, porque una cosa es tener buenas intenciones y otra es tener el poder para aplicarlas. Los catalanes nos pensamos como si tuviéramos Estado, y no sólo no es propio, sino que lo tenemos en contra. En segundo lugar, la capacidad de incorporación de conocidos y extraños a un proyecto nacional común ha residido -y sigue residiendo- en una tradición cultural y unos estilos de vida forjados en la larga experiencia de anteriores y antiguas inmigraciones. Nuestra fuerza está en la propia gente que ha aprendido a negociar cara a cara los conflictos derivados de los cambios y a autogestionar los procesos de acomodación. Las políticas públicas bien dirigidas deben ser bienvenidas, pero sin perder de vista dónde se gesta la realidad social catalana, que es en la calle, en la escalera de vecinos, en el aula, en la cola del súper o en la del CAP. El Pacte no debe crear la falsa ilusión de que la intervención pública puede sustituir ese esfuerzo cotidiano.Finalmente, las medidas del pacto deben aplicarse. Que se marque el objetivo de no perder calidad en los servicios públicos o que no se creen redes paralelas de asociaciones de inmigrantes está muy bien. Pero no es el caso actual. Precisamente, no llegué a tiempo para la presentación del pacto nacional porque estuve haciendo más de dos horas de cola en una visita médica programada en el sistema de salud público. Y ya veremos si el PSC desiste en reproducir el modelo de federaciones de casas regionales -ahora por continentes- que aplicó en los años ochenta para sus estrategias clientelares. De la misma manera, es fundamental que se cree el nuevo «sistema universal de acogida» o que la lengua catalana siga siendo un instrumento de anclaje en la nueva sociedad para el inmigrante. Luego habrá que ver si así lo entienden desde las policías municipales hasta las distintas ONG en sus usos lingüísticos con los nuevos catalanes.
Dejo aparte el único elemento malsonante del pacto nacional, ese eslogan que reza «Per viure junts i juntes», que por un exceso de corrección política, mientras con una mano nos propone una unión al margen del origen, con la otra se nos separa por razón de sexo. Qué le vamos a hacer. Paguemos con gusto el precio de la tendencia en el discurso político a cambio del buen resultado final en el resto.
Toques de confianza, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
En Catalunya se tiene conciencia de vivir tiempos de incertidumbre en tanto que país, como nación. Es un clima al que se llegó mucho antes de la crisis económica actual y que, según las circunstancias, podría apuntar más allá de esta. Tener conciencia de algo, de todas maneras, no significa que la percepción que ha llevado a tal estado ni las conclusiones que se derivan de este se ajusten exactamente a la realidad. Y es que la realidad objetiva no justifica el nivel de desasosiego que alimenta el actual momento de baja autoestima. Pero lo grave es que, como reza el clásico principio sociológico, «aquello que se define como real, es real en sus consecuencias», y en este sentido, el pesimismo produce, inevitablemente, decadencia.
Algunos analistas han considerado que la raíz de la incertidumbre catalana está en la constatación de que España, en algunos aspectos, ha superado a Catalunya. Olvidan que en parte el progreso español se ha producido gracias a Catalunya y contra Catalunya. Es decir, con nuestra solidaridad y con su anticatalanismo. Además, este tipo de análisis suele proceder sospechosamente de los que creen que el nacionalismo catalán siempre ha necesitado un adversario y que no se ha valido por sí mismo. Pero en algo tienen razón: en Catalunya las reafirmaciones sólo a la defensiva pierden apoyo, y ya no se dan las antiguas simpatías exteriores con sólo exhibir la condición de nación y cultura maltratadas. En Catalunya, actualmente, no se piensa la nación en positivo, y eso puede acabar ahuyentando a propios y extraños.
Particularmente, la tesis del amedrentamiento ante una España imparable me parece algo pueril para explicar tanta insatisfacción. Pero sí es cierto que la incertidumbre se ha traducido en una falta radical de confianza. Ya no estamos tan seguros de si la voluntad de ser nación y de querer construirla sigue siendo una expresión mayoritaria en el pueblo catalán. Y damos por descontado que no existen ni liderazgos ni estrategias para salir de los desafíos más inmediatos, como la financiación y los recursos al Tribunal Constitucional, ni para dibujar grandes horizontes de futuro. De modo que, un día sí, otro también, se están pronosticando malos augurios para el futuro de la lengua catalana, de la educación, de la empresa, de la sanidad o de nuestra imagen exterior. Parece que la sociedad catalana coincide con los antisistema que hace unos meses se manifestaban detrás de una pancarta que en un mal catalán rezaba así: «Està tot fatal«.
Es en este contexto de pesimismo que Dèria Editors acaba de publicar un libro, Toc d´alerta, en el que los presidentes Jordi Pujol y Heribert Barrera dialogan con valentía, guiados por el periodista Salvador Cot. El libro quedará ya para siempre como testigo excepcional del estado de ánimo actual. Las palabras de uno y otro tienen un alto valor a la hora de denunciar la actual incapacidad de Catalunya para marcar objetivos estratégicos. Los dos presidentes -Pujol defendiendo su política pasada a favor de la gobernabilidad de España, Barrera constatando la inutilidad y el fracaso de los intentos de hacer pedagogía- coinciden en la gravedad del momento. Los acuerdos básicos son importantes, como es la crítica al populismo de la «cultura del no» que practican ciertas minorías ideológicamente antiguas, o en las dudas de ambos sobre lo que pueda significar desde el punto de vista nacional el paso de una Catalunya de seis a otra de ocho millones de catalanes. Pujol cree que los catalanes dimiten fácilmente de su condición y de ahí su debilidad, y Barrera cree que si no hay un giro sustancial en los próximos diez años, la catalanidad podría acabar en una etnia minorizada en su propio territorio. Barrera y Pujol, dos hombres incansables y de profundas -pero distintas- convicciones nacionales, de los que no dimiten de nada, hombres de su tiempo, también se confiesan pesimistas.
Decía que Toc d´alerta va a convertirse en un testigo de la actual incertidumbre y de cómo ha contaminado incluso a dos personalidades de sólidas convicciones siempre orientadas a la acción. Pero también creo que el libro marca el punto final de este desmoronamiento moral. En mi opinión, el toc d´alerta llega muy a tiempo. Por una parte, y no es algo menor, que Pujol y Barrera hayan aceptado este diálogo con tanta franqueza, ya es una señal de cambio. Y fue una señal que toda la sociedad civil fuera capaz de participar la semana pasada en Esade en un acto común a favor de la educación. Como decía admirado un buen amigo catalán nacido navarro, estas cosas sólo pasan en Catalunya. Y es otra señal de cambio radical que en las universidades se esté produciendo una magnífica reacción en contra de la minoría del està tot fatal que hasta ahora ha conseguido aparecer como el único interlocutor de una comunidad que trabaja en la perspectiva martí-i-poliana del «tot està per fer, i tot és possible«.
La Catalunya de los ocho millones, que será distinta de la inventada por Pujol y de la deseada por Barrera, aún está por imaginar. Pero existe un fondo de país con voluntad clara no sólo de salvar la lengua, sino de usarla para tener voz propia en el mundo. Yel inicio del giro que reclama Heribert Barrera para seguir siendo un sol poble lo vamos a ver desde ahora mismo. De lo que estamos hartos es de tanto pesimismo.
La universidad invisible, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
Son las nueve de la mañana del lunes 17 de noviembre y van llegando los estudiantes -aunque nadie les pide ninguna identificación y hay pocas caras conocidas- de distintas universidades para llevar a cabo la anunciada ocupación de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Estábamos avisados desde el día 13 por un correo electrónico enviado por la «Assemblea de Polítiques i Sociologia», en la que se nos informaba de su decisión unilateral de sustituir las clases por «espacios de debate, charlas y otras actividades» y comunicaban, ya autoproclamados como jefes de la institución, que «la facultad estará abierta con normalidad».
Su normalidad, claro. Están bien organizados. Tapan con nuevos rótulos que llevan ya preparados los propios de las aulas:
Menjador, Dormitori 1, Dormitori 2…Tienen previsto el servicio de cocina, con los enseres correspondientes. Llegan con sacos de dormir y mochilas. Se apropian del espacio público para convertirlo en su casa y establecen controles en la entrada de los pasillos. Filman la ocupación y fotografían a los que se resisten a abandonar su actividad docente y discente. La ocupación se ha realizado en contra de la voluntad de la mayoría abrumadora de los estudiantes de la facultad yde los profesores a los que no se ha consultado nada. Y por primera vez en los casi treinta años que llevo en la universidad, y a la vista de la resistencia activa de los estudiantes que quieren ejercer su derecho de estudiar, llego a temer que pueda producirse algún choque entre ellos con violencia física. La coacción verbal y gestual ha sido norma desde el primer momento, aunque es cierto que esta vez vigilan los límites de esta. Por parte de las autoridades se les han ofrecido espacios para sus debates y charlas con el objeto de evitar que se pierdan clases, oferta que no toman en consideración: quieren imponer la interrupción de la actividad normal a la mayoría, y lo consiguen en buena manera.
Autoritarios, caprichosos, se trata de una minoría bien dirigida por una élite iluminada entrenada en las técnicas de ocupación, incluida la de conseguir un desmesurado protagonismo mediático. Los ocupantes cuentan, por una parte, con la participación de un grupo de entusiastas ilusos, educados en un antiinstitucionalismo que los hace inconscientes a la manipulación populista y les impide comprender que la democracia necesita reglas formales. Por otra parte, suman un número indeterminado de parásitos que se apuntan a todas las fiestas menos a la del saber. Practican un aristocratismo – compartido con una pequeña parte del profesorado-que les permite imaginar una universidad fuera del sistema, sin obligaciones con el mercado de trabajo, ni con las necesidades de la economía nacional o internacional ni con el ciudadano que, con sus impuestos, les paga los estudios. Exigen diálogo, pero no atienden a razones. Paradójicamente, recurren a las garantías que les ofrece la institución siempre que les favorezcan, y por ello no es extraño que sean exasperantemente reglamentistas. Cuando el miércoles, con mis estudiantes, quisimos tener la clase en nuestra aula habitual – a aquella hora, un «dormitorio» vacío-,nos echaron con malas maneras porque era «su» territorio ocupado, de uso exclusivo.
La institución académica, por su parte, titubea. Una larga historia de actitudes condescendientes ante este tipo de conductas ha permitido muchas confusiones y son un mal punto de partida para poner las cosas en su lugar. Tampoco ayuda la administración universitaria, que huye del conflicto abierto como gato escaldado, y aconseja a la institución universitaria una prudencia cobarde y una tolerancia perversa ante el abuso, no sea que vaya a crecer el problema: se dialoga paciente -e inútilmente- con el ocupante y se dejan desamparados los derechos de la mayoría. Además, la autoridad universitaria no consigue, o no quiere, o no sabe, tener voz propia en el conflicto. Sólo existe la versión del ocupante. Los medios no muestran interés en preguntar a los que quieren ejercer su derecho al estudio. La universidad no comunica su punto de vista ni su decisión, posiblemente porque no la tiene tomada, pendiente del desarrollo de los acontecimientos y confiando en que la situación se resuelva sola, por cansancio, aunque sea a costa de la erosión de su propia autoridad y prestigio público. No debe sorprender que luego nuestra universidad sea objeto de análisis crueles e injustos. Pero no se dejen engañar por lo que les muestran. Detrás de los que usurpan la voz de los universitarios, más allá de los gobiernos timoratos o de la indecisión institucional, existe una universidad que trabaja con seriedad, que aspira a ser europea y a internacionalizarse más aun, que compite con los mejores para ser excelente y que quiere responder al compromiso de ser útil al ciudadano que la sostiene. Es la universidad que quiere convertir el desafío de pertenecer al espacio europeo de estudios superiores en una oportunidad para salir definitivamente de espacios más confortables, pero sin futuro. Dedicados a nuestro trabajo diario, hemos explicado poco lo que hacemos. Quizás deberíamos convertir estas últimas y lamentables ocupaciones en una buena oportunidad para contarlo y dejar de ser invisibles.
Copago y buena salud, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
Estoy absolutamente a favor de la implantación de un sistema de copago sanitario moderado, tanto en la atención primaria y hospitalaria pública, como en el gasto farmacéutico. Pero también creo que en ningún caso debería ser defendido como medida para paliar la crisis, aunque circunstancialmente sirviera para ello. El copago de los servicios públicos – los sanitarios y todos los demás- debería ser simplemente una medida al servicio de la buena educación sanitaria de los ciudadanos y, en definitiva, de nuestra propia salud.
En primer lugar, el copago tiene una función autorreguladora que favorece la racionalización del uso de los servicios sanitarios. No hacen falta grandes estudios científicos para argumentarlo, aunque sean necesarios para medirlo con exactitud. Basta llegarse hasta una consulta pública y hacer una hora de cola para descubrir que mezcladas con las personas verdaderamente necesitadas de atención, se encuentran un sinfín de gentes que acuden al médico como entretenimiento. El simple pago de una tasa, por pequeña que fuere, supondría un alivio en las colas y una mejor atención médica. En este caso, el copago apenas tendría ningún efecto en el ahorro de la factura sanitaria pública, pero mejoraría la calidad asistencial.
Por otra parte, el copago, junto a una factura detallada del conjunto del gasto efectuado en cada servicio médico, debería producir un aumento de la conciencia de lo que cuesta este tipo de atención. Nos hemos acostumbrado al uso – y abuso- de sistemas carísimos de diagnóstico y los exigimos para cualquier nimiedad. No se trata de dejar a nadie sin atención, por supuesto, pero lo que no es razonable es este camino alocado que, a más calidad y mejor asistencia, lleva a más insatisfacción y quejas. Tal como podemos consultar los precios aproximados de los distintos modelos de automóviles o de los nuevos televisores de pantalla plana, sería deseable que también pudiéramos saber con facilidad los costes de las intervenciones quirúrgicas más habituales, del gasto anual que supone atender a un enfermo crónico con diabetes o del precio que se acaba pagando por una conducta irresponsable como ciertas formas de agresión auditiva propias de algunas actividades de ocio.
Tan importante como los anteriores objetivos, el copago serviría para favorecer conductas más responsables en la medida que frenaría la automedicación y forzaría a desarrollar una cultura sanitaria individual y familiar apta para dar respuesta a aquellas enfermedades más habituales que, en la mayoría de los casos, no necesitan atención médica profesionalizada. Saber distinguir un resfriado común, no alarmarse ante una ligera subida de la temperatura o atender adecuadamente una indigestión, por solo recordar algunas de las indisposiciones que treinta o cuarenta años atrás todo el mundo sabía cómo solucionar, debería volver a ser un patrimonio ciudadano a favor de una mayor autonomía y responsabilidad personal.
No me cabe ninguna duda de que estos cambios también podrían suponer un cierto ahorro y, en cualquier caso, un mejor uso del gasto actual. Pero me parece un error justificar el copago como una medida para tiempos de crisis, ya que sugiere al contribuyente que, con tal decisión, el sistema va a ser o menos generoso o más injusto. Nada de eso tendría por qué ser cierto. El copago debería prever las exclusiones justificadas de esta obligación y asegurar, precisamente, que contribuye a una mejor redistribución de la renta, justo lo que ahora no ocurre. En realidad, una correcta aplicación del copago llevaría a lo contrario: a un sistema sanitario más eficiente y a una mayor calidad de atención y, en este sentido, a un sistema realmente más generoso y a un modelo más justo para todos. Y por si existiera alguna duda, para tomar ejemplo sólo hace falta ver cómo funcionan los sistemas sanitarios europeos de los países más avanzados en prestaciones sociales (véase La Vanguardia del 24 de octubre).
Sí, ya sabemos que los responsables políticos no parecen estar por la labor. En Catalunya, la tímida propuesta de copago se refiere tan sólo a la factura farmacéutica, que es justo sobre lo que el Govern no tiene competencia. Y el Gobierno central, que podría, ya ha dicho que no. Quizás se piense que no sería popular. Y, ciertamente, planteado como una medida para apretarse el cinturón, no lo va a ser. Lamentablemente, llegamos tarde: el copago debería haberse aplicado en los momentos de menor apuro económico. En cualquier caso, se trata de un asunto de tanta importancia – nos jugamos el futuro de nuestro sistema de previsión- que quizás debería plantearse como resultado de un pacto político nacional. Y, por supuesto, debería ser anunciado y comprometido en los propios programas electorales. Hay que aplicarlo bien, pero no tengo la menor duda de que el día que un dirigente político se atreva a decir la verdad a la gente, por dura que esta sea, sobre el negro futuro de la Seguridad Social si sigue tal como ahora está, que sea capaz de poner remedio al desorden y el abuso sanitario – por otra parte, conocido por la mayoría-, y que pida una mayor corresponsabilidad de cada uno de nosotros en nuestra propia salud, se va a ganar la confianza de todos.
Ambición educativa y cambio, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
El mayor obstáculo con el que se enfrenta cualquier situación de crisis es el de la resistencia al cambio. Y como nuestro sistema escolar pasa por unos momentos de grave desconfianza mutua entre los agentes que participan en él, las actitudes a la defensiva definen la principal dificultad para su mejora. En estos momentos, el sistema educativo catalán presenta una de las caras más conservadoras -poca disposición al cambio- que pueda recordarse en décadas. También es el actual clima de reproches el que provoca que los sucesivos informes que llegan a la luz pública, por muy rigurosos que sean, se reciban mal y se interpreten peor, convirtiéndose en armas arrojadizas y no en motivo de reflexión. Y digo los que salen a la luz pública, porque muy posiblemente los informes más graves están prudentemente guardados.
Quizás recuerde el lector el último informe público de la Fundació Jaume Bofill, Equitat, excellència i eficiència educativa a Catalunya -en realidad, un avance de resultados- realizado con los datos de PISA del 2006. El informe, impecablemente realizado por Ferran Ferrer y su equipo de investigadores, en todo momento sitúa el valor del mismo en sus justos límites. Las conclusiones se adecuan prudentemente a los datos comparativos entre los países de la OCDE, y si en alguna cosa son mesurados es en no repartir responsabilidades y limitarse a constatar realidades. Desgraciadamente, como decía, este informe tampoco parece que haya suscitado tanto el debate y la reflexión como la autodefensa y la descalificación. Y es una lástima, porque aun sin ser experto, una lectura atenta ya sugiere muchos interrogantes a los que deberíamos ser capaces de dar respuesta.
En líneas generales, y en términos comparativos, los resultados de nuestros escolares no son buenos en ninguno de los frentes analizados. Hasta ahora nos habíamos escudado de la falta de excelencia educativa en la garantía de equidad. Pero el informe muestra que si esta se sitúa, efectivamente, en la media de los países de la OCDE, en cambio, oculta desigualdades significativas por género, nivel socioeconómico y origen. Sobre los escasos niveles de excelencia ya teníamos noticia y, además, ahora se observa que, si tenemos en cuenta el nivel cultural y económico de las familias y el gasto público en educación, los resultados tampoco son, comparativamente, satisfactorios. La fuente de los datos, la metodología empleada, siempre son discutibles y mejorables, qué duda cabe, pero nadie pretende que estos midan realidades completas, sino simplemente que sirvan de aproximación comparada, y en este punto, PISA cumple bien su objetivo.
Pero vayamos a la interpretación, que es lo que importa. Lo primero que debe considerarse es que PISA no es un examen para poner nota a los maestros y profesores. Por decirlo de manera justa, es un examen a la sociedad a través de sus jóvenes de quince años. La debilidad de un sistema educativo es la debilidad de un sistema social. Y debemos aceptar que la sociedad catalana no es capaz, en estos momentos, de conseguir buenos objetivos educativos. Otra cosa es la atribución de responsabilidades, sobre lo que ni PISA ni la Fundación Jaume Bofill sugieren nada. Por decirlo con una exageración: las diferencias de resultados entre Finlandia y Catalunya ¿se deben a unos malos sistemas pedagógicos, a su mala implantación o al distinto papel que asumen los padres, a las horas que pasan juntos padres e hijos o, entre muchos otros factores, al valor objetivo -reconocimiento y sueldos- que cada sociedad ofrece según el nivel de las calificaciones y, en general, de conocimiento y preparación académica?
En segundo lugar, PISA tampoco tiene en cuenta la estructura particular de la sociedad que estudia a la hora de medir equidad, excelencia y eficiencia. Por poner un ejemplo sencillo, quizás en Catalunya existan demasiadas diferencias entre nativos y extranjeros, pero cualquier comparación debería tener en cuenta, por lo menos, cantidad, origen y tiempo que llevan aquí. En este sentido, lo que sería realmente interesante sería abundar en la comparación de países o regiones lo más parecidas a nuestra estructura interna. Así, esperamos con impaciencia el estudio completo de la Fundació Jaume Bofill por si nos pudiera proporcionar más elementos de juicio. Por ejemplo, deberíamos poder saber por qué ciertas regiones españolas consiguen mejores resultados con una proporción semejante de extranjeros, con parecido nivel socioeconómico o similar gasto público en educación. Y, ¿por qué no estudiar las razones de los altos índices de fracaso escolar en California? O, ¿por qué no estar atentos a los resultados de la reciente iniciativa francesa, que organizó una operación popular bajo el título de «Primera jornada de rechazo al fracaso escolar», que afecta a uno de cada cinco escolares de nuestro país vecino?
No nos engañemos: cuando hablamos de crisis del sistema educativo no sólo estamos hablando de escuelas, de maestros y de sus sindicatos. De manera que, ni aquellos se sientan agredidos, ni el resto nos sintamos librados de responsabilidad. Mientras todo el mundo crea que ya hace lo que debe y que la culpa es de los demás, seguiremos en el mal camino. Una mayor ambición educativa exigirá cambios profundos a todos los actores: administración, profesionales, padres y madres, empresas y medios de comunicación. ¿Estamos dispuestos a ello, o vamos a seguir cómodamente en la lamentación y resistiendo ante cualquier cambio?
La crisis, una oportunidad, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
Una vez más se ha podido comprobar hasta qué punto sirve de poco el pensamiento racional, técnico y científico, ni la experiencia, a la hora de evitar que se produzca una catástrofe en el plano económico y político. La actual crisis económica -que tiene también mucho de política- no parece que haya encontrado preparadas a las instituciones mejor informadas y asesoradas, sean públicas o privadas. El mundo de los negocios, y el resto en general, se mueve por intereses y estos sólo atienden a la reflexión racional cuando les favorece. Nadie parece capaz de echar el freno antes que los demás en la carrera alocada hacia un poco más de beneficio.
También es cierto que las advertencias sobre una posible crisis quizás no fueron ni lo bastante claras, ni lo suficiente rotundas, ni lo necesariamente unánimes como para evitar lo peor. En un cierto sentido, los avisos de crisis se parecían a los de los padres cuando alertan a sus hijos con un «que te vas a caer», frase incapaz de parar la caída y la función de la cual, en el fondo, no es tanto evitar el trompazo sino poder afirmar, a posteriori, la autoridad paterna. Y también se podría aplicar a esta crisis aquello de quan fou mort, el combregaren,porque hasta que la crisis financiera no ha sido una evidencia no han salido todos los doctores a certificar la muerte de este modelo de crecimiento.
De todas maneras, esta crisis económica que algunos no tienen reparo en comparar con la de 1929, particularmente en su gravedad, creo que tiene una nueva dimensión que la hace completamente distinta de la anterior. Se trata del papel que desempeña la información. Y es que la cantidad, la velocidad y la audiencia de la información disponible ahora es infinitamente superior a aquella. La información, y también aquello que va estrechamente asociado a estas tres propiedades: la cantidad de desinformación, de ruido o, si se quiere, de confusión.
En cierto sentido, podría decirse que se trata de la primera crisis económica verdaderamente mediática. Una dimensión que tiene efectos contradictorios. Así, qué duda cabe de que la crisis se agrava proporcionalmente a la facilidad actual para globalizar las reacciones que contraen los mercados. Los medios de comunicación son portadores, por naturaleza, de malas noticias. Y una crisis es un apetitoso caramelo informativo. Pero también es cierto que los excesos informativos banalizan la realidad contada. Por saturación informativa, si uno se acostumbra a que le cuenten el número de muertos en la carretera el fin de semana, de la misma manera nos acabarán pareciendo habituales las cifras de la crisis. La gran circulación de información hace más difícil crear un verdadero estado de pánico.
Deberíamos acabar de una vez por todas con aquello de confundir a los medios de comunicación con simples mensajeros, idea simple en la que estos se escudan para eludir responsabilidades. El problema no está en la tentación de matar al mensajero inocente que transporta el sobre sin conocer el contenido de la mala noticia, sino en reconocer que los medios de comunicación son actores, en este caso de una crisis en la que deberían asumir la responsabilidad de su papel. Y no digo tanto de haberla provocado, que sería atribuirle demasiado protagonismo, sino su obligación de no agravarla y, a ser posible, de contribuir a su solución.
Por supuesto que no estoy pensando que se deba ocultar información. Me refiero, en primer lugar, a la necesidad de una cierta contención en los excesos catastrofistas que, en todo caso, deberían estar compensados con aquellas opiniones menos llamativas pero que delimitan mejor el alcance de lo sucedido y lo por acontecer. En segundo lugar, es importante que la información señale con precisión a los responsables de la crisis. ¿Todo el mundo actuó con insensatez? ¿No podemos fiarnos de nadie ni de ninguna institución? En todo caso, que se diga quién ha sacado la mayor tajada antes, y quiénes intentan sacar provecho ahora. En tercer lugar, creo muy conveniente que se contribuya a dar algunas indicaciones sobre cómo sobrevivir a la crisis pero, sobre todo, que se nos explique en qué sentido puede ser provechosa. La crisis se llevará por delante a algunos inocentes, seguro, pero también depurará a muchos irresponsables. Además, quizás nos retorne a todos, bancos, empresas, instituciones públicas y particulares, a mejores prácticas económicas. ¿Hay algo que aprender de la crisis actual? Estoy ansioso de poder leer no sólo a pájaros de mal agüero – dicho sea con todo el respeto-, sino también a los que puedan introducirnos a lo que podría ser un decálogo de buenas prácticas económicas.
Sin querer enmendar la plana a ningún experto en catástrofes -todos lo somos cuando el agua ya nos llega hasta el cuello-, me pregunto si en la creación de un cierto estado de ansiedad no se esconde algún interés. Las recientes declaraciones de George Bush, en esta línea, así me lo dieron a entender. La amenaza de un posible pánico, ¿simplemente forma parte objetiva de la crisis, contribuye a su solución porque justifica ciertas medidas o puede provocar lo contrario de lo que se supone que se quiere evitar? En definitiva, la pregunta es: ¿no sería más inteligente empezar, lo antes posible, a considerar la actual crisis económica como una gran oportunidad para orientar racionalmente mejor nuestro futuro?
El primer paso, la educación, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
Esta semana han empezado las clases de un curso escolar trascendental para el futuro del sistema educativo catalán. En realidad, el curso ya empezó hace quince días o más, porque maestros y profesores se enfrentan estos días a un proceso organizativo verdaderamente complejo y delicado, opaco a los ojos del resto de una comunidad educativa impaciente por colocar a niños y niñas en el aula. Y va a ser trascendente porque se va a aprobar la esperada ley de Educación de Catalunya.
Me apresuro a decir que lo verdaderamente trascendente no es la ley en sí misma, sino la recepción social de la que sea merecedora. Ninguna ley puede resolver los grandes desafíos con los que se enfrenta si, además de ser aprobada, no es recibida con interés, si no suscita el entusiasmo necesario que pueda servir de acicate para que todos los sectores implicados se comprometan con sus objetivos. Y si es cierto para cualquier ley, no se me ocurre otro terreno en el que se aplique con mayor razón que en el de la educación. No estamos hablando de una ley sectorial que afecte a los intereses de un pequeño grupo, sino que incumbe muy directamente a una notable mayoría social y, de manera determinante, al conjunto de la sociedad porque afecta al futuro de todos.
Sin ser un jurista experto en leyes educativas, me atrevo a decir que se trata de una buena ley, pensada para sentar unas bases generales sólidas, sin ser detallista y pensada para estar vigente mucho tiempo. Me gusta especialmente que haya sido capaz de reducir al mínimo la verborrea ideológica, que por otra parte suele ser la que antes envejece. Por supuesto, la ley establece objetivos y principios. Pero los justos, y pasa a lo verdaderamente relevante, que es el establecimiento de las bases organizativas del sistema escolar que los deben garantizar. Además, la ley parte del derecho a la educación, pero deja bien claro que la educación también es un deber. Ofrece autonomía a los centros a cambio de entrar en una cultura de la evaluación que deberá hacerlos más eficientes y transparentes. Ofrece vías para que se pueda desarrollar una verdadera carrera profesional que premie la responsabilidad y la calidad del trabajo. Y mejorando las condiciones de equidad, se propone abrir las puertas a la excelencia. Y, por sólo citar otra línea fundamental, no sólo ofrece la posibilidad de una mayor participación de las familias, sino que la supone y les exige un mayor compromiso.
Pero la nueva ley de Educación de Catalunya, aunque fuera aprobada de manera unánime en el Parlament, podría ser saboteada en su aplicación posterior si no se dieran, por lo menos, cuatro condiciones mínimas. Y la primera, y no la menor, es que el departament que ha tenido el coraje de desarrollarla responda ahora con una ejemplar capacidad de gestión. Que no es la situación actual, por cierto. Se discute mucho de los maestros y su formación y de las familias y sus dejaciones. Pero una de las mayores grietas por las que el sistema pierde fuerza es la de su mala gestión administrativa. Sería un verdadero drama que la aplicación de tantas buenas intenciones como apunta la ley se estropeara aumentando la ya actual pesada burocratización. Las escuelas no se pueden dirigir como si de una empresa se tratara, pero en la administración pública, por favor, pongan a buenos organizadores de empresa y recursos humanos. Que el departament defienda la ley con una buena gestión de la misma.
La segunda condición está en la capacidad por generar confianza en un sector profesional que ha recibido muchos palos, algunos justos, la mayoría injustos, y que arrastra no tanto una baja autoestima como la convicción de ser poco estimado. Si la nueva ley sirve para que se reconozcan sus esfuerzos, la mayoría de profesionales de la educación van a realizar, una vez más, la tarea titánica de dar respuesta a los nuevos retos educativos en estos tiempos aciagos. La tercera condición, sin duda la más difícil, consiste en conseguir que las familias y los propios alumnos, lleguen a entender que la educación no es sólo un derecho exigible, sino fundamentalmente una obligación para con ellos y con la sociedad que se la ofrece. Sin este compromiso al que la nueva ley es tan sensible, volvería a fallar una de las piezas que hasta ahora se han mostrado más defectuosas de la maquinaria educativa. Finalmente, esta ley va a necesitar el apoyo de la sociedad que últimamente se ha mostrado más sensible a la denuncia de los fallos que a la colaboración a la hora de empujar el carro en el que vamos todos subidos.
No es fácil pedir confianza y colaboración cuando se parte de un bajo estado de ánimo. Pero permítanme un ejercicio de ingenuidad: ¿se imaginan el placer y el honor de poder ser protagonistas del proceso que nos va a sacar del atolladero actual, de saber que dentro de diez años -que pasan en un abrir y cerrar de ojos- se va a reconocer el golpe de timón y la aportación que supo hacer la actual comunidad educativa al resurgir de este admirable país? ¿O les apetece seguir en nuestro clima depresivo, complacido en la lamentación constante? No me cabe la menor duda que la escuela, nuevamente, va a dar el primer paso para que el país salga del actual hastío nacional.
salvador.cardus@uab.cat
Solbes, Chaves, esos radicales, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
Gustó, y me gustó, el discurso del president en Vilopriu, la semana pasada. Después del fondo y forma amenazantes de Solbes el día antes en el Congreso, Montilla respondió con un digno «no aceptaremos ninguna imposición; no se puede responder con imposiciones a las razones de Catalunya». Gustó, y me gustó, también, la manera de expresar la situación de los socialistas catalanes, y por extensión, de la política catalana, en España: «Estamos muy solos». Y fue un acierto recordar que existe un pensamiento unitarista muy anclado en España y -si no me equivoco, por primera vez- que existe un nacionalismo español que en realidad oculta intereses locales.
Nada de lo que dijo Montilla es nuevo y que no se haya reflexionado y contrastado por activa y por pasiva. Lo que gustó, pues, no fue la originalidad o la agudeza del análisis, sino que lo dijera un Montilla president de la Generalitat y ante la militancia de su partido.
Parco en palabras y enemigo de las altisonancias, su discurso debe entenderse con toda la gravedad que se desprende del tono claro – clar i català,diríamos- que utilizó. Montilla sabe que en este asunto de la financiación se juega mucho más que su presidencia. Ahí se discute sobre el futuro de la hegemonía socialista en Catalunya, tan largamente trabajada y que, en una perspectiva histórica, el fracaso del Estatut podría convertirla casi en el sueño de una noche de verano.
Pero más profundamente, está en tela de juicio la credibilidad de las propias instituciones políticas catalanas, su capacidad para conseguir el trato justo de sus ciudadanos y, por añadidura, la credibilidad de los propios políticos a la hora de anteponer, finalmente, los intereses generales a los personales y de su partido. Montilla sabe que no dispone de la manga ancha con la que se juzgaban los tacticismos del president Pujol. Al contrario, puesto bajo sospecha de acabar cediendo a los intereses del PSOE frente a los de Catalunya, los gestos de Montilla se mesuran de manera mucho más severa.
En cambio, no puedo estar nada de acuerdo con la idea sostenida por el president Montilla en este mismo discurso al considerar que un fracaso en el encaje de la financiación supondría el desbordamiento de «radicalismos de todo tipo». «Si decepcionamos, los radicalismos crecerán». En un primer nivel de crítica, cabría preguntar al president Montilla qué es lo que va a hacer el propio PSC si fracasa la negociación.
Quiero pensar que no va a aceptar resignadamente que no se atiendan las muy buenas razones catalanas para exigir un acuerdo que, por lo demás, sigue siendo de mínimos y, esperemos, se ajuste al Estatut, es decir, a la legalidad vigente. Por decirlo así, imagino que quien primero va a demostrar firmeza va a ser el propio PSC, utilizando su verdadera fuerza en las Cortes, y no por eso va a ser una actuación «radical». Lo digo porque lo que realmente decepcionaría sería un PSC que no actuara en consecuencia y que se vería desbordado, si no por radicalismos, por lo menos, en las urnas.
Pero a un nivel más profundo, lo que no me gusta de la idea sostenida por José Montilla, es que califique de «radicalismos» a las posibles reacciones a un fracaso en el respeto estricto al Estatut aprobado en las Cortes allá y por referéndum aquí. En realidad, quien de momento exhibe un radicalismo insensato y amenazante es el Gobierno español con su testarudez en incumplir el Estatut y, después de dos años, al no haber dado la oportunidad de llegar a un acuerdo de financiación. Por no decir que Catalunya lleva ya demasiado tiempo marcada por ese radical expolio fiscal, enmascarado bajo la etiqueta de «solidaridad». Radicales en su falta de trato justo con los catalanes lo han sido todos los gobiernos españoles que han escatimado de manera extrema las inversiones que se necesitaban para dar el aire que exige una economía avanzada como la catalana y prestar los servicios que la conviertan en una sociedad justa.
Me refiero, pues, a que ya es hora de señalar a los radicales donde realmente se encuentran. De ninguna manera podrán tacharse de «radicalismos» las muestras de indignación que se puedan producir. Como tampoco podrá juzgarse, ni desde la secretaría del PSC ni desde la presidencia de la Generalitat, como radicalismos moralmente parecidos las probables reacciones políticas en contra del acuerdo por parte de quienes quieren mantener sus privilegios. Cuando Montilla califica de «radicalismos» y no de «dignas y justas reivindicaciones» las posibles reacciones a la falta de acuerdo, sin pensarlo se sitúa al otro lado de la negociación.
Tal y como ya es hora de señalar con la máxima claridad dónde está realmente el nacionalismo exacerbado, intolerante y xenófobo, también ha llegado el momento de distinguir sin vacilaciones dónde está la radicalidad. Y hay que tener un juicio claro al respecto, porque si algún error se ha cometido desde Catalunya, desde los primeros días de la recuperación de unas instituciones políticas nacionales democráticas, ha sido el de la falta de firmeza y una vergonzosa muestra de tibieza por miedo a no ser tildados, precisamente, de radicales.
No nos confundamos: en la acepción de extremosos, los verdaderos radicales son Solbes y Chaves, así como radicalismo es el expolio fiscal que sufre Catalunya, junto con el País Valencià y las Illes Balears. Y la respuesta catalana a la continuidad de esta radical situación, que esperemos que la haya si se da el caso, habrá que calificarla de firme, justa, digna, responsable y ejemplar. Por dura que llegue a ser.
Con los intereses por delante, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
Hay que recibir con entusiasmo -siempre con una cierta reserva, para evitar futuras depresiones- que el Gobierno y el principal partido de la oposición se hayan puesto de acuerdo para hacer un frente común en la negociación del sistema de financiación que deriva del nuevo Estatut de Catalunya. Hasta ahora, sólo se había producido un acuerdo formal de este tipo cuando nuestros parlamentarios se pusieron de acuerdo aquí y luego presentaron en las Cortes el proyecto de Estatut. La alegría duró poco, y de inmediato se comprobó que Catalunya no sabría defender sus intereses de manera conjunta. Tampoco esta vez. El resultado es conocido. En Madrid «pasaron el cepillo» al Estatut que tenía el apoyo del 90 por ciento del Parlament de Catalunya, luego vino la maniobra chapucera que ha tenido tan graves costes para todos los partidos catalanes -incluso los supuestamente favorecidos- y, finalmente, se llegó al referéndum en un clima de depresión nacional, salvado in extremis por la movilización de las instituciones de orden -casi todas- a los llamamientos dramáticos a favor del sí.
El nuevo acuerdo para la financiación, en cambio, me parece mucho más sólido. No porque Gobierno y CiU hayan cambiado mucho, sino por que ya no estamos hablando de principios sino de intereses. Fue Winston Churchill quien dijo que los países no tenían principios, sino intereses. Y bien, parece que finalmente se ha descubierto un interés común capaz de someter los vagos principios partidistas a las conveniencias nacionales. En cierta manera, podría decirse que la zozobra nacional catalana que va de noviembre del 2003 a julio del 2008 ha mostrado, precisamente, el recorrido que lleva desde la soflama patriótica, cargadísima de principios, a la dura realidad dominada por el pragmatismo de los intereses. Y, de un modo u otro, este camino lo han tenido que recorrer todos los partidos. El discurso del domingo pasado del presidente Montilla ante Rodríguez Zapatero, anteponiendo los intereses de Catalunya y sus ciudadanos a los amores al líder, es justo la expresión de ese viaje que, también retóricamente, había empezado en aquello de que si ganaba Zapatero, ganaba Catalunya, para llegar hasta el pragmático «quien bien te quiere te hará llorar», anunciado por Montilla.
No se crean que me acabo de caer del caballo, y que a partir de ahora voy a creer a pies juntillas que los discursos políticos anuncian toda la verdad y nada más que la verdad de las cosas. No: los discursos forman parte de la realidad, ya sea para mostrarla, para ocultarla o para enmascararla. Pero, valgan para lo que valgan, no pueden menospreciarse. No se puede matar tot el que es gras,como hacía Felip Puig, considerando que el discurso de Montilla era puro teatro. Teatro lo es todo: también las apariciones en el escenario de Felip Puig, la casa gran del catalanismo, y, en un cierto sentido, lo es la actual apuesta por un frente común. Por no abundar en esos grandes actores, Tarradellas y Pujol, tan versátiles para pasar cómodamente de la tragedia al vodevil y la prestidigitación. De manera que no parece muy inteligente intentar desenmascarar al principal actor justo cuando está a punto de recitar el monólogo que más conviene al país. La gestión de los intereses nacionales exige este tipo de teatralidades. Y la gran novedad es que, en este momento, la teatralidad está al servicio de los intereses y no al contrario como hasta ahora.
Por todo ello, repito, recibo con entusiasmo el frente común, el frente de país, con el cual se va a negociar el nuevo modelo de financiación. Preguntarse si hay tongo en la voluntad de unos u otros, o en el propio acuerdo, es no tener en cuenta que, excepto en las guerras cruentas, el resto de las negociaciones políticas -y de todo tipo- se basa en la capacidad de hacer creíble la amenaza de utilizar toda la fuerza a disposición de cada una de las partes. Lo fundamental es que en esta ocasión se tiene la capacidad de coacción que supone la suma de los diputados de los partidos del Gobierno catalán y de los de CiU. A esta capacidad, debe añadirse el hecho de que los intereses de Gobierno y oposición coinciden, ya que cualquier gestión futura, gobiernen unos u otros, dependerá de lo que ahora se vaya a conseguir. Además, lo que es verdaderamente extraordinario: los intereses particulares de los partidos también coinciden con los de Catalunya. Y por si fuera poco, después de tanta sequía de victorias, incluso de esperanzas, los dioses incluso parecen dispuestos a ser generosos a la hora de acercar los intereses de valencianos y baleares. Sin ironías: mejor, imposible.
Ciertamente, la posición catalana, en estos momentos, es óptima. Y, en consecuencia, la responsabilidad de nuestros dirigentes es máxima. El contexto de crisis económica, al contrario de lo que parece, podría ayudar a asentar unas bases más realistas para el nuevo modelo, sin los engaños fáciles de los tiempos de bonanza. Debemos añadir la circunstancia de un Gobierno más bien frágil en Madrid. Quizás no sea lo más deseable, pero también habría que saberlo utilizar a favor nuestro. Estoy seguro de que España va a comprender mejor las razones de los intereses catalanes que los principios, siempre confusos, de nuestros corazones. Se trata de una gran oportunidad.
No era victimismo, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
La contundente respuesta del president José Montilla a la provocación de Felipe González es muy de agradecer. El artículo «Falso dilema» del presidente catalán, publicado el domingo pasado en El País, trituraba con argumentos claros e inapelables el gesto amenazador del antiguo presidente español, en forma de otro artículo anterior en el mismo periódico, «Crisis y prioridades». Tuvo que ser doloroso leer el artículo de González en el Palau de la Generalitat. Un político que pocos meses antes había sido reclamado por el PSC para avalar una campaña electoral en la cual la presencia de Rodríguez Zapatero no estaba nada claro si ayudaba a sumar o a restar votos. Las razones de tal provocación las desconozco, aunque la estructura argumental del escrito de Felipe González sugiere que se trataba de un disco solicitado, ya que dedicaba dos terceras partes a analizar la crisis económica internacional para luego, con una argumentación falaz y sin venir a cuento, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, llegar a la conclusión de que debería dejarse para más adelante la negociación de la nueva financiación en España.
De la presencia de Felipe González por Catalunya durante las pasadas elecciones sólo escuché elogios acerca de su lucidez y visión de estado. Quizás sean ciertas. Pero el ex presidente acaba de demostrar que sigue sin entender qué es Catalunya, como no lo comprendió durante su largo mandato. Y si uno de los personajes más influyentes y más supuestamente lúcidos del PSOE cree lo que acaba de escribir, a pesar de las buenas razones de José Montilla, hay que prepararse para lo peor. Porque está claro que el PSOE no tiene alma federalista, como le supone nuestro presidente. Dar a entender, como hacía González, que sólo las inversiones centralizadas pueden atender a las necesidades inmediatas de los ciudadanos o que las políticas autonómicas no pueden tener efectos anticíclicos, es tanto como descalificar la funcionalidad del modelo autonómico. Con amistades como González, habrá pensado Montilla, sobran los enemigos.
Y si la provocación es evidente en Felipe González cuando recurre a los prejuicios unitaristas ante la falta de argumentos racionales, la respuesta de Montilla no sólo está cargada de buenas razones para exigir el cumplimiento de la ley que pone fecha a la nueva financiación, sino que contiene algunas reflexiones certeras que van más allá de tal reivindicación. Efectivamente, el president José Montilla acierta cuando señala al anticatalanismo explícito no sólo como causa en la actual resistencia al cambio de modelo de financiación, sino, en general, a su instrumentalización electoral. Montilla, además, señala directamente al PSOE cuando le acusa de pasividad por creer que «el coste de hacer frente a la demagogia es demasiado alto». La defensa de Montilla del cumplimiento de la ley, de la bondad económica de un modelo descentralizado y la injusticia de una política redistributiva que castiga a los catalanes, es impecable. Y sólo lamento que se siga confundiendo a la opinión pública con el uso del término solidaridad para referirse a esta redistribución de la riqueza, como si las políticas fiscales fueran cosa de las hermanitas de la caridad.
Hasta aquí, que es mucho, todo bien. Pero la respuesta de José Montilla también tiene su punto débil. Y no es otro que el de vincular estrechamente una posible desafección política de los catalanes hacia el Estado y la política española con la posible deslealtad de España con Catalunya. Naturalmente, no es que Montilla no tenga razón a la hora de establecer esta relación, sino que se queda corto en dos sentidos. El primero, porque la desafección catalana hacia España no es un futurible que dependa de la actual negociación, sino una realidad antigua y mucho más sólida de lo que se suele dejar entrever por parte de los que defienden su unidad. Y es que la actual financiación autonómica, tan injusta como sostiene Montilla, ya es resultado de un persistente e histórico anticatalanismo que no sólo afecta a la hacienda de los catalanes, sino al respeto de su especificidad cultural y lingüística. De manera que lo único que puede sorprender es que la actual desafección no sea proporcional a la enormidad histórica del anticatalanismo. Es decir, que no sea muchísimo mayor.
Pero Montilla se queda corto también al limitarse a hablar de «desafecto». Para algunos, pocos o muchos, la reivindicación del concierto económico o de cualquier atributo político relacionado con la condición de nación que exigimos para Catalunya, tiene poco que ver con el desafecto. Todo lo contrario, los derechos nacionales de los catalanes no deberían resultar de ninguna reacción a ciertas provocaciones anticatalanas y, en ningún caso, no deberían abocar a ningún tipo de falta de afecto hacia España. Hay riesgo de mayor desafección, sí, si los catalanes se sienten desatendidos por España. Pero que nadie crea que Catalunya es una nación sólo por despecho al maltrato. El cumplimiento de la ley, para los catalanes, es también cuestión de dignidad nacional.
En fin, que después de tantos años, sabemos que las reivindicaciones del nacionalismo político catalán no eran puro victimismo al servicio de sus intereses electorales y para ocultar su supuesta incapacidad para la buena administración. Cierto comentarista filosocialista justificaba hace unos días las reivindicaciones del gobierno catalán ante Madrid con la famosa frase de Henry John Temple, cuando decía que Inglaterra no tenía amigos permanentes, sino intereses permanentes. Bienvenidos al club. Pero sean consecuentes. Aquí no hay sólo problemas de solidaridad ni de desafectos. Los hay de intereses, y para concretar, de intereses nacionales. Si sólo espantan con los desafectos, se van a encontrar, como le ha ocurrido a Montilla, que le han respondido que «allá, son todos compañeros». Y «primos», claro.
El agua, que todo lo enturbia, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia
Aun siendo muy crítico con el actual estilo de gobierno y de oposición en Catalunya, no comparto los análisis que atribuyen todos los males a la estricta incompetencia personal de unos u otros. Ni siquiera en el caso actual de la gestión de una amenaza grave de sequía. Precisamente, el hecho de que en momentos se haya llegado al surrealismo, más bien sugiere que la explicación del desbarajuste no puede estar en la simple incapacidad personal de los responsables, y menos entre personas de gran sentido común y probada experiencia política.
Creo que es un error de funestas consecuencias el menosprecio de los adversarios políticos. Confundir el desacuerdo con la incompetencia, la discrepancia de intereses con la sospecha de corrupción, la diferencia política con la descalificación moral o la divergencia de proyectos con la falta de patriotismo, sólo sirve para provocar una mayor desconfianza generalizada entre el ciudadano y la gestión de lo público. Además, a quien perjudica de manera más clara esta actitud es al que menosprecia, porque le impide hacer un juicio correcto de la realidad y actuar de manera eficaz sobre ella. Las últimas elecciones han sido, para quien la quiera aprender, una gran lección sobre las malas consecuencias de las lecturas fáciles y cómodas – es decir, partidistas- de la realidad política. Pero, lo que es peor, a menudo la lógica del menosprecio delata la incapacidad, o la poca legitimidad, para el ejercicio de una rigurosa e implacable crítica política. El moralismo es la muleta del impotente.
Tampoco creo que la actual falta de liderazgos fuertes se deba a la escasez de líderes. Haberlos, haylos, pero estos sólo aparecen cuando se dan las condiciones de posibilidad. Ahora mismo, un fuerte liderazgo populista quizá sería la peor salida de todas las imaginables. Sería preferible la existencia de buenos equipos humanos, bien cohesionados y bien liderados, pero resistentes a la tentación populista que algunos añoran. Pero si no tenemos tales equipos, si da la impresión de que en política no están los mejores o, peor, que los mejores dejan de serlo y se pierden justo cuando entran en política, si los líderes se queman rápidamente o hacen mutis por el foro, es que el problema no está principalmente en los individuos, sino en las reglas de juego.
El caso de la crisis del agua, que ya tiene un alcance mayor que el de la solución urgente de los problemas que pueda producir la sequía, en cuanto se calme un poco, debería ser estudiado para poner en claro los determinantes de la permanente inestabilidad de la política catalana y la sensación de desastre en la que se ha instalado en los últimos años. Porque lo que es indiscutible es que, se trate de los trenes, de la luz eléctrica, del agua o de cualquier otro desafío, ni gobierno ni oposición dan la talla ni ofrecen la imagen de país serio ni de políticos responsables. Incluso si se tratara de un gobierno que hace el ridículo ante una oposición exigente, podría pensarse que sólo hay que esperar que lleguen mejores tiempos. Pero no es así. El oportunismo de CiU sacando el tema del Ródano aprovechando la sequía, la estúpida provocación no censurada por CDC del ex alcalde de Tarragona avisando que él rezaba a la Virgen para que no lloviera para no facilitar las cosas al gobierno o la exigencia de imposible cumplimiento pidiendo que sea el gobierno catalán quien resuelva algo sobre lo que no tiene competencias, sólo es equiparable a la tontería del gobierno de no querer llamar a los trasvases por su nombre, a la insensatez de desafiar al Estado con empezar unas obras sin permiso como hizo el secretario de organización del PSC o al ridículo de reaccionar irritadamente por la cortesía parlamentaria de Zapatero hacia Duran. Y hasta ahora, la política catalana ha hecho el ridículo ante imponderables accidentales y meteorológicos. Asusta pensar qué pasará cuando se trate de reaccionar a la sentencia del Constitucional o de acordar la nueva financiación a la que obliga el Estatut.
La gran cuestión está en saber por qué gente, cuya seriedad personal no me parece razonable que pueda ponerse en duda, actúa de manera tan disparatada y, según los indicios, sin darse cuenta de ello. Y sólo tengo dos líneas de razonamiento para explicarlo. O es una crisis de las formas políticas, o es un mal estructural de la política catalana, una especie de aluminosis que habría maltrecho las vigas sobre las que se aguantaba todo el escenario catalán. La hipótesis de la crisis de las formas arrancaría de las consecuencias del debate estatutario en Catalunya, donde se cruzaron todos los límites del respeto básico. Unos a otros, los partidos se acusaron de lo peor. Y, una vez perdido el respeto, reconstruir las bases de una relación constructiva es casi imposible. Ahora estaríamos en tiempos de zancadillas permanentes, ajustando cuentas pasadas, impidiendo cualquier avance.
La hipótesis del mal estructural aun sería más grave. El problema estaría en las reglas de juego, en la disonancia entre lo que se pretende ser y lo que el sistema político permite. Por volver al agua: si el Govern no tenía en sus manos la posible solución a la sequía, ¿por qué meterse en tal berenjenal? Y si CiU vivió en propia piel la irresponsabilidad de los que atizaron el conflicto territorial por el agua, ¿por qué siente ahora la tentación de una revancha que sólo puede acabar mal? ¿Qué reglas arrastran a unos y otros a las aguas turbias del propio desprestigio? ¿En qué espiral perversa se ha metido la política catalana? ¿Habrá que esperar la aparición de nuevos actores políticos no atrapados en el actual laberinto?
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