Reggio’s Weblog

Déficit en las pensiones, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 14 febrero, 2009

En 1995 la Seguridad Social se encontraba en déficit ya que las cotizaciones sociales no eran suficientes para atender al pago de las pensiones, de las prestaciones de asistencia social y de parte del gasto de asistencia sanitaria, ya que otra parte corría a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. Para hacer frente a los pagos por prestaciones a cargo de la Seguridad Social, la Tesorería de dicho sistema tuvo que recurrir a préstamos de entidades financieras.

El cambio de Gobierno en 1996 llevó a cabo el saneamiento de la Seguridad Social transfiriendo al Presupuesto del Estado todas las obligaciones derivadas del sistema sanitario y las prestaciones de asistencia social que en lo sucesivo se financiaría en su totalidad con los impuestos generales. Las cotizaciones sociales se mantendrían sin variación para financiar las pensiones. El contador del déficit de la Seguridad Social se puso a cero.

Se inició el desarrollo del Pacto de Toledo para que comenzara a surtir sus efectos, aunque fueran mínimos, en el Presupuesto para 1997. En el Programa de Estabilidad, presentado por el Gobierno español para el periodo 2002-2004 a la Comisión Europea, se decía que se habían adoptado medidas para crear y dotar gradualmente un Fondo de Reserva para el sistema público de pensiones. A juicio de la Comisión la mayor carencia del Programa de Estabilidad es que no contenía información detallada sobre las medidas que debían tomarse para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo.

Según información aparecida en la prensa, el secretario de Estado de la Seguridad Social ha manifestado que 2008 ha cerrado con un superávit de 14.428 millones de euros, el 1,31% del PIB; en el año anterior dicho porcentaje fue del 1,34% del PIB, y que para 2009 también se prevé cerrar con superávit, pues aunque la situación económica es muy mala, la salud financiera del sistema no se va a ver afectada.

En enero de este año el número de afiliados al sistema de Seguridad Social ha descendido en 349.569 y el número de parados se ha incrementado en 198.838 personas. No me extrañan estos resultados pues para el corriente año se prevé que continúe la recesión durante todo el periodo, la caída del PIB se situará cercana al -2% y el paro se situará a finales de año en 4,5 millones, el 18,5% de la población activa. Dejarán de cotizar al sistema en 2009 los 1,3 millones de trabajadores que han quedado en paro en 2008 y además al menos la mitad de los 1,4 millones, que aumentará en total el paro en 2009. Sólo en el pasado mes de enero se han perdido, como hemos dicho, 349.569 afiliados. En cambio, el gasto en pensiones continuará su continuo ascenso, como viene sucediendo todos los años. Con estos datos, nada tiene de extraño que sea casi seguro que en 2009 el sistema de pensiones públicas entre en déficit.

El déficit se producirá aun incluyendo como cotizaciones sociales las pagadas a la Seguridad Social por el Instituto Nacional de Empleo por los trabajadores en paro que cobran la prestación de desempleo. El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) establece que las cotizaciones sociales efectivas comprenden las cotizaciones sociales que pagan en su propio beneficio los desempleados. Parece desprenderse que las cotizaciones del Inem por los desempleados deberían considerarse como transferencias entre Administraciones públicas. De ser correcta esta interpretación, el déficit del sistema de pensiones públicas sería aún mayor.

Tiene dentro de sí el sistema de pensiones públicas contributivas una bomba de relojería a consecuencia de la falta de equidad (proporcionalidad), al haberse utilizado el sistema como un instrumento de redistribución de la renta y no como lo que realmente debe ser: un instrumento para distribuir la renta de un individuo entre consumo y ahorro en el ciclo vital de esa persona. La falta absoluta de proporcionalidad lo demuestran las diferentes tasas de retornos obtenidos según los años de cotización: con 35 años, el 4,4; con 25 años, el 5,4, y con 15 años, el 7,8.

Otra muestra de esa falta de equidad nos la dan las tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año, que son en el Régimen General del 91,9% con 35 años cotizados, del 73,6% a los 25 años, y del 45,8% con 15 años, las tasas más altas de la Unión Europea. Las tasas de sustitución para que el sistema fuera sostenible serían del 62,8%, del 43,8% y del 24,8%, respectivamente. Las diferencias de estos porcentajes con lo que existen en la práctica son abismales, lo que demuestra la falta de viabilidad del sistema.

Algunos piensan que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que asciende a 54.000 millones de euros, puede hacer frente a los desequilibrios que la crisis puede ocasionar en el sistema. Craso error, el Fondo de Reserva servirá para financiar el déficit sin tener que acudir al mercado de capitales, pero el déficit no desaparece.

La sostenibilidad sólo se logrará con la reforma, ¿para cuándo se va a convocar de nuevo el Pacto de Toledo?, es muy urgente. Cuando se produjo el cambio de Gobierno en 2004 tocaba la reunión del Pacto de Toledo, pero ha transcurrido toda una legislatura y parte de otra sin que se haya llevado a efecto. Las consecuencias de tal decisión se empezarán a notar este año y los sucesivos. Nada hay peor que seguir la postura del avestruz, los problemas no se resuelven solos, empeoran. La Comisión Europea ha advertido en diversas ocasiones al Gobierno español de la necesidad de reformas para hacer sostenible el sistema de pensiones.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Alarmante déficit público, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 31 enero, 2009

Presumíamos de ser uno de los mejores países de la Unión Europea en cuanto a la situación de nuestras finanzas públicas: un superávit presupuestario que en 2007 alcanzaba el 2,2% del producto interior bruto (PIB) y deuda pública de sólo el 36,2% del PIB. En dicho año se percibía el inicio de la crisis real de la economía española que afectaba al sector de la construcción de vivienda y la crisis financiera originada por las hipotecas subprime de Estados Unidos que empezaba a repercutir en todo el mundo.

Tales hechos fueron ignorados por el Gobierno español que no reconoció la crisis que en 2008 empezó a afectar a nuestra economía, considerando que era una ligera desaceleración. Tal postura le llevó a no adoptar medidas profundas para hacer frente a la crisis, sino continuos parches, que sólo han servido para pasar de un superávit presupuestario del 2,2% a un déficit en 2008 del 3,6% del PIB, es decir, hemos empeorado en sólo un año en 5,8 puntos de PIB en cuanto a situación en las cuentas públicas, y hemos sobrepasado el techo del 3% señalado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La deuda pública ha alcanzado el 39,5% del PIB.

Para 2009 la Comisión Europea prevé un déficit público del 6,2% y la deuda pública se situaría en el 48% del PIB. Al continuar la recesión en 2010, el déficit continuará en tasa elevada, 5,7%, según estima la Comisión, y la deuda, en el 52%.

En los déficits de dichos años no están incluidos el mayor coste de los nuevos sistemas de financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que entrarán en vigor en 2009, que aumentarán el déficit hasta el 7,7% en 2009, y hasta el 7,2% del PIB en 2010.

En cuanto al gasto en 2008, derivado del Fondo Estatal de Inversión Local por importe de 8.000 millones de euros, aprobado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, es de suponer no está incluido en el gasto de 2009. Ante la imposibilidad de realizar las inversiones en 2008, el crédito tendrá que ser incorporado al Presupuesto de 2009 que será el año que recogerá las inversiones, y por tanto su incidencia en el déficit.

Al tratarse de una transferencia de capital desde el Estado a los ayuntamientos, ha aparecido información de que tal opción no tendrá incidencia en el déficit ya que el gasto del Estado se compensa con un ingreso en los ayuntamientos, pero se olvida de las inversiones que realizan los ayuntamientos financiadas con dicha transferencia, que sí que tienen incidencia en el déficit, en cuyo caso el déficit de 2009 aumentaría hasta el 8,4% del PIB, casi tres veces el margen autorizado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Aunque otros países de la Unión Europea han sobrepasado el techo de déficit del 3% del PIB, sin embargo ninguno en la proporción que se espera alcance España, que desborda toda previsión, tanto cuantitativa como temporal. Estoy seguro que España será objeto de expediente por la Comisión Europea por el fuerte nivel del déficit público y su larga duración.

En la actualidad se discute si aun en época de recesión es bueno o malo un nivel de déficit como se prevé tenga España en el bienio 2009-2010. La idea básica que se tuvo en cuenta para proponer reglas de obligado cumplimiento sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública ha sido que un país que esté en una senda de crecimiento continuo del déficit y de la deuda pública puede crear efectos externos negativos sobre el resto de la zona euro, bien obligando a otros países a seguir políticas más deflacionistas de optar por estabilizar sus ratios deuda pública/PIB, bien presionando al BCE para que rebaje su política monetaria.

Los Gobiernos de algunos Estados miembros, entre ellos España, se han olvidado de efectuar las reformas estructurales para hacer sus economías más flexibles y más competitivas, entre ellas la reforma del gasto público, que le hubiera dado un mayor margen de maniobra temporal para absorber la caída del ciclo, sin traspasar el límite del 3% de déficit.

Empíricamente ha quedado demostrado que los fuertes déficits públicos de Japón y los incrementos de deuda no han servido para sanear su economía durante 10 años. Como dice el profesor J. Shiller, de hecho los déficit presupuestarios actuales reflejan problemas de largo plazo que no son los que contempla la teoría keynesiana, de modo que las discusiones acerca de los déficits se deberían replantear en términos de problemas intergeneracionales.

Como consecuencia de los déficits, la deuda de un país aumenta y traslada la carga financiera a las futuras generaciones, lo que produce un cambio de riqueza de una generación a otra, que los políticos no quieren poner de manifiesto. Prefieren que las generaciones presentes, que son las que les votan, cobren sus pensiones, reciban la sanidad gratuitamente y puedan disfrutar de otros servicios gratuitos, imponiendo cargas a futuras generaciones a través de los déficits, cuya financiación se efectuará con impuestos que pagarán aquéllos.

Junto a los déficits actuales, preocupa fuertemente a la Comisión Europea las obligaciones que se derivan del fuerte envejecimiento de la población, con el consiguiente efecto sobre las pensiones públicas, que para España hacen no sostenible el sistema a partir de 2015. Por ello el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pretende que los Estados miembros de la Unión Monetaria dispongan de un margen suficiente para hacer frente a las futuras obligaciones de la protección social derivadas del envejecimiento de la población.

Dejemos por tanto el Pacto de Estabilidad tal y como está, que no sólo tiene en cuenta el presente, sino el futuro, y que los Estados miembros realicen las reformas estructurales necesarias para sanear sus economías y eliminen las rigideces, ineficiencias y falta de equidad que las intervenciones públicas han ido generando en sus economías.

El comisario de Economía de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha dicho que el Pacto de Estabilidad está para respetarlo y que sólo en supuestos muy excepcionales, que deberán ser justificados por el Estado miembro, sería aceptado sobrepasar el techo de déficit del 3% del PIB.

En el contexto de una política fiscal estricta, como la diseñada en el Pacto de Estabilidad, que limita a corto plazo la función estabilizadora del Presupuesto, especialmente en una recesión, con tipos de cambio fijos y escasa movilidad de la mano de obra, los mecanismos de ajuste macroeconómico son las reformas estructurales. Y si no se realizan urgentemente, la salida de la crisis sólo será posible si los agentes sociales (empresarios y trabajadores) toman conciencia de la necesidad de un reajuste en precios (beneficios) y salarios. En caso contrario, el ajuste se producirá vía aumento del paro; es lo que ocurre en España.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Ética y transparencia en la gestión pública, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 17 enero, 2009

Al comienzo de la década de los noventa surgió en la sociedad inglesa la preocupación sobre si era aceptable o no el comportamiento ético de políticos y funcionarios en el ejercicio de las funciones de servicio público que tenían encomendadas. Ante tal hecho, el primer ministro inglés constituyó un comité para estudiar el problema y evacuara un informe en el plazo de seis meses. En mayo de 1995 el presidente remitió al primer ministro el Informe sobre Normas de Conducta en la Vida Pública, conocido como Informe Nolan, que era el presidente de dicho comité, siguiendo la tradición inglesa. El ámbito del informe abarca a los diputados, ministros, funcionarios, organismos públicos no departamentales ejecutivos y organismos del Servicio Nacional de Sanidad.

Los principios del Informe Nolan que deben aplicarse a los ámbitos de la vida pública son los siguientes:

Desinterés. Los que ocupan cargos públicos deberían tomar decisiones sólo con arreglo al interés público.
Integridad. Los que ocupan cargos públicos no deberían tener ninguna relación financiera u otra con terceros u organizaciones que puedan influirles en el desempeño de sus responsabilidades oficiales.
Objetividad. En la gestión de los asuntos públicos, incluidos los nombramientos públicos, de contratación pública, o la propuesta de individuos para recompensas y beneficios, los que ocupan cargos públicos deberían elegir por el mérito.
Responsabilidad. Los que ocupan cargos públicos son responsables de sus decisiones y acciones ante el público, y deben someterse al control que sea apropiado para su cargo.
Transparencia. Los que ocupan cargos públicos deberían obrar de la forma más abierta posible, en las decisiones que toman y en las acciones que realizan. Deberían justificar sus decisiones y limitar la información sólo en el caso de que esto sea lo más necesario para el interés público.
Honestidad. Los que ocupan cargos públicos tienen la obligación de declarar todos los intereses privados relacionados con sus responsabilidades públicas, y de tomar medidas para solucionar cualquier conflicto que surja, de tal forma que protejan el interés público.
Liderazgo. Los que ocupan cargos públicos deberían fomentar y apoyar estos principios con su liderazgo y su ejemplo.

Pienso que diputados, senadores, Gobierno, ministros y funcionarios deben tener un comportamiento ético y, derivado de él, transparencia absoluta en todas sus actuaciones. Comportamiento ético y transparencia son bienes públicos puros, pero con mayor razón debe serlo en el sector público, donde al faltar el filtro del mercado, debe ser sustituido por dichos principios, que son a los entes públicos lo que el mercado es a las empresas.

Estamos asistiendo a una quiebra general de los valores morales tanto en la vida política como en la privada, en el político y en el ciudadano, en el sector público y en el empresarial. Ante este comportamiento se demanda una nueva regeneración; el papa Juan Pablo II afirmó la necesidad de una radical renovación personal y social, capaz de asegurar justicia, solidaridad, honestidad y transparencia.

La situación en todas las Administraciones públicas de los tres niveles de gobierno existentes en España es la siguiente:

Descrédito de los políticos y de la función pública. Para González Pérez la corrupción ha alcanzado cotas difícilmente superables, y Alejandro Nieto ha dicho que ‘los españoles sentimos que la corrupción nos rodea, que la política y la Administración, como la economía y la sociedad, están corrompidas hasta la médula; pero vivimos desconcertados sin lograr asumir lo que está pasando’.

María Feria considera que estamos ante una corrupción que se ha calificado de sistemática, pues ‘se ha superado en parte la tradicional idea de corrupción como un acuerdo secreto entre un particular y un funcionario público que pactan una determinada contraprestación singular al margen de la ley y de sus deberes, para pasar a considerarla como un elemento más del sistema’. Otros ejemplos de descrédito en el ejercicio de la función pública los tenemos en los plenos del Congreso de los Diputados, casi medio vacíos en muchas de sus sesiones, que culminó en la sesión de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009, la principal ley económica del Estado, con gran número de diputados ausentes, y en una gestión sin transparencia, como las obras del AVE a Barcelona y a Málaga, y el caos habido en el aeropuerto de Barajas.

Falta de eficiencia y despilfarros en la ejecución de las políticas públicas. Aumento de funcionarios, de asesores, de ministerios, de direcciones generales, de creación de representaciones de las comunidades autónomas en el exterior, duplicando las del Estado, renovación de los parques de automóviles, de despachos y de mobiliario en general, etcétera, etcétera.

Falta de transparencia en las cuentas públicas y en la información económica. Respecto a las cuentas públicas, la mejora ha sido evidente tras la inclusión en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (2002) y en la Ley General Presupuestaria (2003) del principio de transparencia. Se han clarificado las relaciones entre presupuesto y contabilidad nacional para medir la capacidad/necesidad de financiación de los agentes públicos, si bien se ha introducido el mercadeo en la aprobación de los Presupuestos del Estado. En cuanto a la información económica, faltó transparencia, lo que dio lugar a un importante retraso en el reconocimiento de la crisis.

Falta de memoria económica en bastantes proyectos de leyes que impide contrastar a posteriori la calidad de las previsiones realizadas en cuanto al aumento del gasto.

Anteponer los intereses de los partidos a los de la nación. Antes de las elecciones ya advertí que la fuerte crisis que se avecinaba hacía necesario un Gobierno de coalición para realizar las reformas estructurales que la economía española necesita. Ninguno de los dos grandes partidos lo consideró necesario, y así nos va.

No se evalúan las políticas públicas, a pesar de la creación de una agencia con tal cometido, cuyos resultados podrían servir de base para que la sociedad confiara en una regeneración de la clase política.

Me parece necesario hacer algo similar a lo de Inglaterra.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Política monetaria ‘versus’ política fiscal, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 3 enero, 2009

La crisis financiera desatada a nivel mundial ha dado lugar a que muchos e importantes países hayan entrado en recesión: EE UU, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Todos han utilizado la política monetaria como instrumento para salir de la recesión, a cuyo efecto sus bancos centrales han ido rebajando de manera acelerada los tipos de interés, en Europa más pausadamente.

En EE UU, la Reserva Federal (Fed) ha bajado los tipos de interés del 5,25% al 1% desde septiembre de 2007, y para impedir un colapso crediticio ha concedido préstamos y nuevas líneas de crédito a la banca por un importe superior al billón de dólares. A pesar de todo el crédito escasea. En un entorno de dura recesión los bancos hacen acopio de fondos y endurecen las condiciones crediticias. Junto a tales actuaciones de la Reserva Federal, el Tesoro, a través del Fondo de Apoyo a Activos Sin Liquidez, ha inyectado 335.000 millones de dólares a la corriente monetaria. La política fiscal de apoyo a empresas y familias ha sido igualmente empleada, si bien en mucha menor intensidad que la política monetaria, dado el alto déficit público de EE UU y a que la crisis tuvo su origen en la economía financiera y no en la economía real, aunque después la primera ha tenido efectos devastadores sobre la segunda.

Bien por la ineficiencia del sistema bancario de EE UU, incapaz de transformar la reducción de tipos de interés en un aumento del crédito, bien por el comportamiento de las empresas y las familias insensibles a las rebajas de los tipos de interés en su consumo o inversión, dadas las lóbregas perspectivas de futuro, la Fed ha implantado una nueva política monetaria para hacer frente a la recesión y alejar al país de una deflación.

En el comunicado de su última reunión dice que su objetivo en el futuro es apoyar el funcionamiento de los mercados financieros y estimular la economía a través de operaciones de mercado abierto y otras medidas que incrementarán el balance de la Fed a niveles muy altos. Establece tres medidas: mantener el nivel de tipos de interés de 0% a 0,25%, que dichos tipos se mantengan durante un cierto tiempo, y compras de bonos de titulización y deuda del Tesoro con vencimiento a largo plazo, con la finalidad de aplanar la curva de tipos de interés a corto y medio plazo. La eficacia de estas medidas está por ver. Puede, como decía Milton Friedman, que se esté pidiendo a la política monetaria objetivos que no puede cumplir, y Keynes decía que cuando una economía está cogida en la trampa de la liquidez, la política monetaria deja de ser efectiva para influir en la actividad económica. Pienso, sin embargo, que la nueva política monetaria de Ben Bernanke, unida a impulsos de la política fiscal, puede tener resultados positivos. Que así sea.

Y en España, ¿que medidas se pueden tomar para salir de la recesión? Se estima que 2008 acabe con un crecimiento del 1% del PIB en términos reales, si bien con los dos últimos trimestres con crecimiento intertrimestrales negativos, lo que técnicamente nos sitúa en recesión. El paro habrá superado los tres millones. Para 2009, el Fondo Monetario Internacional había previsto que España continuaría en recesión todo el año (-1% del PIB) pero en la reunión de Madrid el pasado mes de diciembre para conmemorar el 50 aniversario de la incorporación de España al Fondo, su director gerente manifestó que la revisión que se estaba realizando ensombrecía aún más la previsión para nuestro país. La estimación de la Fundación de las Cajas de Ahorros es una caída del PIB del -1,5%; las dos estimaciones dan para España una recesión continuada de seis trimestres.

El paro podría sobrepasar los cuatro millones, el 16,5% de la población activa; el déficit público puede estar cercano al 6% del PIB; la inflación continuaría en descenso, situándose en el 0,6% como tasa media del año; el consumo caerá el 2%; el déficit exterior rondará el 8% del PIB, y experimentará un fuerte ascenso el déficit público por la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. El FMI considera que si no hay reformas, España puede quedarse estancada en un proceso de baja productividad, bajo crecimiento y un largo reequilibrio de los balances, en el que será difícil retornar a una deuda pública baja, con la posibilidad, estimo yo, de deflación.

Paso a analizar las reformas urgentes a realizar para salir de la recesión antes de que entremos en deflación. España tiene una doble crisis: la de la economía real, que es una crisis propia a consecuencia del hundimiento del sector de la construcción, y una crisis financiera importada, consecuencia de la crisis global de tal naturaleza.

Al BCE corresponde la política monetaria. El Gobierno ya ha tomado, a través de la política fiscal, medidas para incrementar la liquidez de la banca a través de la compra de activos no líquidos de los mismos y hacer posible la apertura del grifo crediticio a las pymes y a los trabajadores autónomos. Este sistema está funcionando con ineficiencia, lo que requiere un urgente control del mismo por el Banco de España o miles de empresas desaparecerán a corto plazo con efectos sobre el paro. Al ICO, como agente financiero del Estado, se le han ampliado sus dotaciones para aumentar sus préstamos y créditos, el problema es que tal organismo no tiene red para operar directamente con las pymes, autónomos y familias, teniendo que utilizar el sistema bancario.

La crisis real de nuestra economía sólo se corregirá con un plan de inversiones en infraestructuras que aumente la demanda interna global, complementario al dotado en el Presupuesto 2009 y al que el Gobierno ha aprobado a fines de noviembre del pasado año por 8.000 millones de euros para la realización de proyectos de obras por los ayuntamientos. Dado el elevado déficit que se prevé para 2009, la financiación del plan complementario de infraestructuras al que nos hemos referido se efectuaría con bajas en gastos corrientes del Presupuesto 2009. A tal efecto se congelarían los sueldos de los funcionarios y los aumentos de plantillas y de altos cargos, se darían de baja todos los aumentos de crédito habidos en el capítulo 2o: compra de bienes corrientes y de servicios, y en el capítulo 4o, por subvenciones a empresas públicas y privadas, y se retrasaría a 2010 la entrada en vigor del nuevo proyecto de Ley de Financiación de Comunidades Autónomas; es decir, algo parecido a lo que se hizo en el Presupuesto 1997 para ingresar en la Unión Monetaria.

El presidente del Gobierno debería salir en televisión explicando las razones de estas medidas: detener el crecimiento del paro. Como final, aunque no por su importancia, hacer que todos los altos cargos tengan un comportamiento ético y austero en sus actuaciones y el que se desvíe de esta línea cese de inmediato.

Simultáneamente, el Gobierno aprobará las siguientes reformas estructurales que no suponen aumento del gasto: flexibilidad del mercado de trabajo, mayor competencia en los mercados de bienes y servicios y una reforma de la educación con el objetivo de mejorar su calidad. Estas medidas son el inicio de un plan para cambiar nuestro modelo productivo, junto a otras que sí requieren aumento del gasto público, que ya expuse en el artículo publicado en este diario el 20 de diciembre.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Recesión, ¿corta o larga?, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 20 diciembre, 2008

Ya estamos técnicamente en recesión. En el tercer trimestre del corriente año el crecimiento intertrimestral ha sido del –0,2% y todos los pronósticos, tanto de organismos internacionales como de expertos nacionales, indican que en el cuarto trimestre será también negativo.

El paro sobrepasará a fin de año los tres millones de personas, el 13% de la población activa, con aumento de más de un millón que se ha generado por todos los sectores de la economía (agricultura, industria, construcción y servicios), el resultado neto de las empresas ha caído en el tercer trimestre por primera vez en 15 años, el déficit público puede alcanzar el 3,5% del PIB y el déficit exterior estará cercano al 10% del PIB. Sólo la inflación se ha salvado de la catástrofe cayendo en el mes de noviembre al 2,4%, terminando el año, a juicio del secretario de Estado de Economía, en el 2%; desde enero de 1987 no se había producido un descenso interanual tan fuerte.

Para 2009 el Fondo Monetario Internacional prevé que España continuará en recesión todo el año, con un crecimiento negativo del PIB de, al menos, –1%. Con unas perspectivas sombrías, los expertos estiman que el paro puede situarse en el 16,5%; el déficit público puede alcanzar el 6% del PIB, el doble del límite fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; la tasa media de precios al consumo para el conjunto del año será del 0,6%, y un déficit exterior superior al 7% del PIB.

Nos encontraríamos así a finales de 2009 con seis trimestres continuados de caída de la actividad, lo que en principio me hace pensar que no se trata de una recesión corta en forma de V, sino al menos de una recesión en forma de U y, por tanto, de duración temporal media. Sin embargo, creo que la estructura productiva de nuestra economía, la baja productividad, el fuerte endeudamiento exterior del conjunto de la economía, el alto endeudamiento de las familias y de las empresas y la rigidez del mercado de trabajo y la indexación salarial con la inflación hacen previsible que la recesión se extienda al menos al año 2010. El Fondo Monetario Internacional considera que si no hay reformas España puede quedarse atascada en un proceso de baja productividad, bajo crecimiento y un largo reequilibrio de los balances, en el que será difícil retornar a una deuda pública baja. Nos situaríamos así en una recesión larga que se representa con la letra L.

Considero que la recesión será larga por el hundimiento del sector de la construcción, que representaba en torno al 17% del PIB. Dado que la sustitución de la aportación de dicho sector al PIB sólo es posible con la exportación de bienes y servicios de otros sectores, lo que requiere que su producción sea competitiva con la de otros países, que no es posible a causa de nuestra baja productividad. Por otra parte, nuestro nivel salarial no permite exportar bienes y servicios de poco valor añadido en competencia con los países emergentes, por lo que hemos de cambiar nuestra estructura productiva a bienes de más valor añadido con las reformas estructurales que más adelante expondremos.

Por otra parte, hay que tener presente la posibilidad de que en 2009 entremos en deflación debido a una larga caída del consumo, lo que está originando un continuo descenso de la inflación, que la Fundación de Cajas de Ahorros sitúa en el 0,6% como tasa media del IPC del próximo año, llegando a registrar tasas negativas en los meses de junio y julio, en una situación de recesión y de paro creciente.

Las medidas a adoptar podemos clasificarlas en dos grupos: con efecto a corto plazo y reformas estructurales con incidencia a medio y largo plazo. La principal medida con efecto a corto plazo debería ser facilitar créditos a las empresas, especialmente a las pymes y trabajadores autónomos, y con tal objetivo se aprobó el decretoley de adquisición de activos a bancos y cajas de ahorros para proporcionarles liquidez. Sin embargo, hasta ahora no ha surtido efecto tal medida y los citados agentes económicos se encuentran en situación de parálisis, al faltarles el oxígeno de la corriente monetaria. Es acuciante resolver este problema, bien a través de las instituciones financieras privadas y/o del Instituto de Crédito Oficial.

En cuanto a las reformas estructurales, el FMI dice que de no adoptarse, España podría caer en un equilibrio de baja competitividad, bajo crecimiento y desempleo alto. Recomienda la reforma del mercado laboral con los objetivos de suprimir la indexación de los salarios con la inflación, descentralización de la negociación colectiva, ligando los salarios a la productividad en cada empresa, y abaratamiento del despido; tales objetivos han sido también señalados por el Banco de España para la reforma del mercado de trabajo.

Igualmente señala el FMI una reforma en los mercados de bienes y servicios, suprimiendo todas las barreras que entorpecen la competencia entre las empresas. A mi juicio, tales reformas deberían ir acompañadas de un cambio profundo en el proceso productivo de la educación, con competencia entre centros públicos y privados y provisión pública; reforma del proceso de I+D+i en el sector público para una mayor integración entre centros de la Administración para evitar duplicidades y coordinación con el sector empresarial para conocer sus necesidades de innovación; reforma del sistema público de pensiones públicas contributivas para hacerlo sostenible, eliminando así su influencia desestabilizadora a medio plazo sobre la política presupuestaria, y por último, una reforma del sistema energético, reduciendo nuestra fuerte dependencia del exterior y su mayor coste. La apertura de un debate amplio y no ideologizado sobre la energía nuclear deviene imprescindible.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Plan contra la recesión, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 6 diciembre, 2008

Para evitar que cada Estado de la Unión Europea tome medidas dispares contra la recesión, que ya ha aparecido en un gran número de ellos, la Comisión Europea presentó una propuesta de coordinación de los planes que están elaborando los Estados miembros. Berlín lanzó la advertencia de que el conjunto no debería sobrepasar el 1% del PIB comunitario (130.000 millones de euros), en tanto que el presidente francés era partidario de llegar al 1,5%.

El plan formaría parte de la estrategia común de la zona euro y de los objetivos que se aprobarán por el Consejo Europeo del 11 y 12 de diciembre para los 27 Estados miembros. Un plan de 200.000 millones de euros, de los cuales 170.000 millones se financiarían por los Estados miembros y el resto por la Comisión Europea, ofreciendo para el sector del automóvil una línea de financiación de 500 millones de euros a cargo de los Presupuestos nacionales, del comunitario y de la propia industria.

El comisario Joaquín Almunia ha advertido que abrirá procedimiento de déficit excesivo a los países que superen el límite del 3% de déficit público, si bien se mostró dispuesto a flexibilizar dicho límite de acuerdo con lo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite.

Para a dar mi opinión sobre el plan aprobado para España por el Consejo de Ministros del 28 de noviembre, es preciso analizar la situación de la economía española. En el tercer trimestre del corriente año el crecimiento intertrimestral ha sido del -0,2% y se espera que en el cuarto trimestre sea también negativo (-0,4%), lo que sitúa a España técnicamente en recesión. El paro sobrepasará a finales de año los 3 millones de personas, cerca del 13% de la población activa, el déficit público superará el 3,5% del PIB y el sector inmobiliario continuará hundiéndose: Habitat se ha declarado en suspensión de pagos, y Colonial y Metrovacesa están al borde del desastre.

El resultado neto de las empresas cayó en el tercer trimestre por primera vez en 15 años, y el déficit exterior, a pesar de la fuerte caída del consumo y de la inversión, será bastante elevado. Sólo una noticia aparece como buena: la caída de la inflación hasta el 2,4% en el mes de noviembre. Pero tal hecho, que en principio es bueno, crea temores por la rapidez de su descenso, por las previsiones para mediados del año próximo que lo sitúan en el 1% con una situación de recesión y de paro creciente, que hace aumentar el riesgo, con un consumo en descenso continuo, de que España entre en deflación. Para el próximo año el Fondo Monetario Internacional prevé para España un crecimiento negativo del -2%, y las estimaciones de paro se sitúan a finales de año en el entorno del 16,5% y el déficit público puede superar el 5% del PIB.

Con este panorama el Gobierno ha aprobado un plan para reactivar la economía española, del que hemos hecho mención con anterioridad. La cuantía de dicho plan es de 8.000 millones de euros, su financiación se efectuará a través de la emisión de deuda por el Estado, con el objetivo de emplear a 200.000 parados en un año, mediante la realización de proyectos de obras de los ayuntamientos en el periodo de principios de abril de 2009 a fin de marzo de 2010. Los ayuntamientos percibirán el 70% del importe al adjudicarse el proyecto de obra y el 30% a la finalización de la misma.

A este plan hay que añadir otro de 3.000 millones de euros que se destinarán: 800 millones al sector del automóvil, 600 millones a actuaciones medioambientales, 500 millones a actuaciones en I+D+i, 400 millones a dependencia, 400 millones a rehabilitación de casas cuartel y comisarías, 120 millones a rehabilitación de viviendas y 30 millones a turismo social.

Resulta de lo expuesto que el nuevo gasto aprobado por el Gobierno asciende a 11.000 millones de euros, el 1,1% del PIB español, que se encuentra dentro del porcentaje propuesto por la Comisión Europea. El Gobierno ha aprobado por decreto-ley, que tendrá que ser convalidado por el Congreso, créditos extraordinarios por los citados 11.000 millones de euros. Como quiera que el crédito se aprobará este año, figurará en la liquidación del Presupuesto de 2008. Sin embargo, dada la fecha en que nos encontramos, el gasto se realizará en 2009, por lo que es de suponer que el Gobierno haya previsto la incorporación del citado crédito extraordinario al Presupuesto del año 2009, para que el gasto pueda ser imputado al mismo.

El problema que realmente tiene el plan aprobado por el Gobierno es que con un déficit previsto para el próximo año superior al 5% del PIB, con el plan aprobado por el Gobierno el déficit público sobrepasará el 6% del PIB, es decir, el doble del techo del 3% fijado para no incurrir en el procedimiento por déficit excesivo. Y aunque es bien cierto que tal límite se flexibilizó posteriormente, lo fue con determinados condicionantes, que no son cumplidos por las actuaciones del Gobierno al duplicar el déficit permitido.

Con independencia de lo anterior, el cuantioso déficit que se alcanzará tendrá efectos muy perjudiciales sobre la prima de riesgo de la deuda pública española, aumentándola fuertemente, lo que repercutirá en el monto de intereses que tendremos que pagar, lo que a su vez incidirá en más déficit y en mayor emisión de deuda. Dada la elevada cuantía de deuda a emitir y la escasa liquidez existente en los mercados financieros, pueden existir dificultades para colocar toda la deuda.

El control de los gastos de inversiones que realicen los 8.000 ayuntamientos, la mayoría de ellos sin el soporte administrativo y técnico adecuado para gestionar de manera eficiente los fondos que se le asignen por el Estado, me hace dudar del buen fin del plan aprobado.

Pregunto por qué una y otra vez seguimos con parches para tratar de arreglar la grave crisis que padece la economía, sin que se haya efectuado un diagnóstico global de las causas que nos arrastran a la recesión. Tal diagnóstico nos servirá de base para las reformas estructurales que debemos realizar para salir del pozo en que estamos hundidos. Sólo con dichas reformas será posible cambiar el modelo de crecimiento que hemos tenido, basado en la demanda interna, a un modelo competitivo, basado en la demanda exterior. Lo demás es perder el tiempo y que la recesión se transforme en una depresión duradera.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

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Paro y crisis, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 8 noviembre, 2008

En la encuesta de población activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al tercer trimestre del año, el paro asciende a 2,6 millones de personas, el 11,33% de la población activa. En cuatro meses consecutivos el paro ha pasado de 1,76 millones (8%) a 2,6 millones (11,3%). Somos el país de la Unión Monetaria con mayor tasa de paro, con más de tres puntos sobre la media de dicha zona. La economía española no sólo no absorbe las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo, sino que incluso ha destruido empleo en el último trimestre, 78.800. Y no sólo esto, sino que además su calidad empeora.

En el tercer trimestre casi 100.000 empleos fijos menos y sólo 7.700 temporales menos, y los hogares con todos sus miembros activos en paro han aumentado en 84.300. Todos los sectores de la economía han generado parados en el tercer trimestre: 57.600 en la construcción, 47.700 en los servicios, 27.200 en la industria y 26.900 en la agricultura.

En los dos últimos trimestre de este año se prevén crecimientos intertrimestrales negativos del PIB: -0,2% y -0,4%, lo que quiere decir que la economía española entrará en recesión. El paro se situará en cerca de tres millones, el 12% de la población activa.

Para el próximo año el Fondo Monetario Internacional prevé para España un crecimiento negativo del -2,2% del PIB, situando la tasa de paro en el 15% de la población activa, más de cuatro millones de personas. La causa principal de haber llegado a esta situación se encuentra en el modelo de desarrollo que ha adoptado nuestra economía, basado en la demanda interna: construcción, gran generadora de empleo y consumo. En 2007 la construcción de viviendas supuso una aportación al PIB del 18%. En el corriente año se estima que la caída de la construcción residencial será del -9,3% y ésta continuará.

El Gobierno ha previsto en el Informe Económico y Financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 un crecimiento del PIB del 1% (tres puntos más que el FMI) y una tasa de paro del 12,5% de la población activa (2,5 puntos menos que el FMI). Como consecuencia de una estimación de dicha tasa tan alejada de lo que va a suceder, las dotaciones consignadas en el crédito presupuestario para atender la prestación de desempleo tendrá que ser suplementada en el transcurso del ejercicio de manera significativa, aumentando el déficit público. El principio de estabilidad presupuestaria, que es básico en el Tratado de la Unión, queda roto, ya que sin contar la Seguridad Social, el déficit público de la Administración central, autonómica y local se estima para el próximo año en el citado informe de los Presupuestos Generales del Estado en el 2,7% del PIB, cercano al límite máximo del 3% fijado en el Tratado de la Unión.

En cuanto al superávit de la Seguridad Social, hemos de decir, por un lado, que no depende de decisiones del Gobierno, sino principalmente de la demografía (envejecimiento de la población), y por otro, que es exagerada la estimación del superávit de la Seguridad Social para 2009 (0,8% del PIB), cuando las afiliaciones a la Seguridad Social están cayendo, el paro aumentando y el número de pensionistas y la pensión media subiendo.

Para atenuar la fuerte subida del paro hubiera sido necesario un aumento significativo de las dotaciones en capital humano, físico y tecnológico, y lo que se desprende del Presupuesto consolidado para 2009 es lo contrario: los gastos corrientes aumentan a una tasa doble que los gastos de capital.

Dado que existen más de 600.000 viviendas terminadas sin vender, el esfuerzo presupuestario para absorber paro tendría que haberse dirigido a los que emplean bastante mano de obra, caso de las infraestructuras, aunque no tanto como la construcción de viviendas. Sin embargo, la dotación para dicha política se reduce en el 10,4% en el Presupuesto 2009.

El paro seguirá creciendo, pues la crisis continuará, ya que según el FMI España no recuperará hasta 2012 su tasa potencial de crecimiento del 3%. Aunque el Estatuto de los Trabajadores Autónomos contempla la extensión de la prestación de desempleo a dicho colectivo, como todavía no se han dictado las normas de desarrollo del mismo, se encuentran totalmente desamparados de la citada prestación los trabajadores autónomos que entran en paro. Si a la pérdida del puesto de trabajo se le une que quedan sin el recurso procedente de la prestación de desempleo, la situación se convierte en pavorosa. Urge el desarrollo del mencionado estatuto, para que los trabajadores autónomos no caigan en la pobreza absoluta.

El paro es la cara más dolorosa de la crisis que estamos teniendo, que se verá acentuada con la entrada en recesión de nuestra economía, a consecuencia del crecimiento negativo en los dos últimos trimestres del corriente año. Como ya hemos señalado, el FMI prevé que nuestro producto interior bruto experimentará en 2009 una reducción del -2,2% y que no se recobrará la tasa de crecimiento potencial hasta 2012. Es decir, que la recesión durará año y medio, y en los dos años siguientes tendremos una ligera reactivación.

Ante tal panorama, el Gobierno tiene que reaccionar realizando las reformas estructurales que desde hace años los analistas económicos venimos pidiendo. El problema que tiene nuestra economía es que es necesario sustituir la demanda interna derivada de nuestro modelo de desarrollo basado en la construcción y en el consumo de las familias por demanda exterior, aumentando nuestras exportaciones, y ello sólo se conseguirá aumentando la productividad, ya que nos hemos quedado en tal indicador a la cola de los países de la Unión Europea. Pero tal hecho no se consigue por decreto, sino efectuando las reformas estructurales que mejoren la gestión de los factores de la producción y de los procesos productivos, tanto del sector público como del privado. La reforma de la educación, de la investigación, del mercado de trabajo, del mercado energético, de la competencia, etcétera, podrá sacarnos de la crisis; en otro caso podremos estar con crecimiento plano, como Japón, 10 años.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Control de fondos públicos, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 25 octubre, 2008

La crisis financiera mundial originada en EE UU en el segundo semestre del pasado año, a consecuencia de la crisis de las hipotecas subprime, ha creado una fuerte desconfianza en los mercados financieros, donde nadie presta a nadie. El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE, de 7 de octubre, acordó las líneas generales de actuación coordinada entre los Estados miembros para preservar la estabilidad del sistema financiero, que deben ajustarse a los principios de intervención limitada en el tiempo, protección de los intereses de los contribuyentes y respeto a las reglas del mercado interior europeo. Con base en lo expuesto, el Gobierno español ha tomado los siguientes acuerdos:

Real Decreto de 10 de octubre sobre elevación a 100.000 euros de los importes garantizados de los depósitos en entidades de crédito, cuya garantía anterior era de 20.000 euros. La reserva para hacer frente a este compromiso está en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, constituida por aportaciones de dichas entidades. Parece lógico que al elevarse la cuantía garantizada, la reserva del citado fondo se aumente, pero el decreto nada dice sobre tal cuestión. Es necesario que inmediatamente se aclare esto, pues si es el Estado el que asume tal obligación, se necesitará norma con rango de ley.

Real Decreto-Ley del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros con la finalidad de apoyar la oferta de crédito a la actividad productiva de empresas y a los particulares. El fondo se nutre con financiación presupuestaria por un importe de 30.000 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 50.000 millones, a cuyo efecto se concede al Presupuesto en vigor un crédito extraordinario por importe de 10.000 millones de euros, ampliable hasta un importe de 30.000 millones, que se financiará con deuda pública.

En el proceso de tramitación en las Cortes Generales del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 se requerirá habilitar los créditos necesarios para completar la financiación de la dotación máxima del fondo prevista en el decreto-ley. Para la administración, gestión y dirección del fondo se crea un consejo rector y una comisión ejecutiva, enumerándose en el citado decreto-ley las funciones de los mismos. El régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control del mencionado fondo se ajustará a lo dispuesto en el número 2 del artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ya que esta ley es aplicable a todos los fondos carentes de personalidad jurídica, cuya dotación se efectúa mayoritariamente desde los Presupuestos Generales del Estado.

El artículo 27 de la Ley General Presupuestaria (LGP) dispone que los créditos presupuestarios de la Administración general del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o por las modificaciones realizadas conforme a la LGP.

Como ya hemos dicho anteriormente, el real decreto-ley que crea el fondo para la adquisición de activos financieros establece, en su artículo 1, que su finalidad es apoyar la oferta de crédito a la actividad productiva de empresas y a los particulares; por tanto el control de los fondos públicos concedido al citado fondo por el crédito extraordinario habilitado en el propio real decreto-ley que crea el fondo debe basarse en la finalidad asignada al fondo.

El artículo 5 del real decreto-ley que crea el fondo establece que la Intervención General de la Administración del Estado controlará el mismo a través de la auditoría pública en los términos previstos en la LGP. Esta ley establece tres modalidades de auditoría pública (artículo 164): la de regularidad contable, la de cumplimiento y la operativa, si bien la Intervención General podrá determinar la realización de auditoría en los que se combine objetivos de las tres modalidades. Estimo que la auditoría operativa y la de cumplimiento constituyen conjuntamente las más adecuadas para verificar la finalidad del fondo que ya hemos expuesto con anterioridad.

A mi entender, la auditoría pública debería realizarse mensualmente por la Intervención General, a través de funcionarios del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Administración del Estado, a quien corresponde el control de los fondos públicos, y de funcionarios del Banco de España, expertos en operaciones de crédito. Ahora bien, dado que el artículo 162 de la LGP dispone que la auditoría pública consistirá en la verificación realizada con posterioridad, y que el artículo 163 de la misma ley establece que la auditoría pública se ejercerá sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la operación interventora y de control financiero permanente, considero que la actividad del fondo referente a inversiones en instrumentos financieros emitidos por entidades de crédito y fondos de titulización, respaldados por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras, deberán estar sometidos al control previo de la Intervención General, que lo realizará a través de funcionarios del Cuerpo de Interventores y Auditores y de funcionarios del Banco de España.

El control parlamentario corresponde al Congreso de los Diputados, el cual cuatrimestralmente remitirá al Ministerio de Economía y Hacienda un informe sobre la gestión del fondo.

A mi juicio, a dicho informe deberá adjuntarse el informe de la auditoría pública y el informe emitido por los interventores sobre las inversiones del fondo referidos anteriormente. Por último, estimo que no es conforme a lo establecido en la LGP lo dispuesto en los números 3 y 4 del artículo 2 del repetido decreto-ley, referente a los rendimientos de los activos financieros en que se hayan materializado las dotaciones del fondo y a la imputación a las dotaciones del mismo de los gastos que ocasione su gestión.

Real decreto-ley en relación con el plan de acción concertada de los países de la zona euro, en virtud del cual se autoriza el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España a partir de la entrada en vigor del decreto-ley. Para el año 2008 se podrán conceder avales con tal finalidad hasta un importe de 100.000 millones de euros y su concesión se efectuará de acuerdo con los requisitos señalados en la ley.

El artículo 2 del decreto-ley autoriza, con carácter excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2009, la adquisición de títulos emitidos por las entidades de crédito que necesiten reforzar sus recursos propios, incluyendo participaciones preferentes y cuotas participativas. Los acuerdos de adquisición se adoptarán previo informe del Banco de España; nada se dice sobre el control de esta operación que debe estar sometida a la LGP. Al no habilitar crédito para tal operación, es de suponer que en el trámite parlamentario del proyecto de Presupuestos para 2009 se incluirá la oportuna dotación.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Mensajes de los Presupuestos, de José Barea en Cinco Días

Posted in Política by reggio on 11 octubre, 2008

El primer mensaje que recibimos de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 es que el crecimiento del gasto no financiero, una vez consolidados los presupuestos de los organismos que lo integran, crecen el 5% con respecto a los del año anterior: tasa superior a la prevista para el PIB a precios de mercado del 3,5%. Tal decisión no parece muy aconsejable en una época de fuerte crisis, camino de la recesión, como la que estamos atravesando, que continuará en el próximo año, acompañada de una aguda crisis financiera a nivel mundial, que está ocasionando una fuerte restricción crediticia de las instituciones financieras españolas. Tal política nada tiene que ver con la austeridad presupuestaria que preconiza el Gobierno, que da lugar a un déficit de la Administración central del 1,5% del PIB.

El segundo mensaje es que el principio de estabilidad presupuestaria, que es básico en el Tratado de la Unión, queda roto, ya que sin contar la Seguridad Social, el déficit público de la Administración central, autonómica y local se estima para el próximo año en el 2,7% del PIB, cercano al límite máximo del 3% fijado en el Tratado. En cuanto al superávit de la Seguridad Social, hemos de decir que no depende de decisiones del Gobierno, sino principalmente de la demografía. A partir del 2015, en que el envejecimiento de la población se acentúa, el sistema de pensiones públicas no será sostenible y entrará en déficit, si antes no se efectúan reformas estructurales. Por otra parte, parece exagerada la estimación de superávit de la Seguridad Social para 2009 (0,8% del PIB), cuando las afiliaciones están cayendo, el paro aumentando y el número de pensionistas y la pensión media subiendo.

El tercer mensaje que emana de los Presupuestos es que los gastos sociales van a resolver la crisis que estamos teniendo. En la página 99 del Informe Económico y Financiero se dice que ‘los Presupuestos para 2009 seguirán priorizando la inversión productiva para garantizar el crecimiento futuro y mantendrán el gasto social para apoyar a los ciudadanos más perjudicados’. Analicemos con las cifras del Presupuesto esta afirmación.

Los Presupuestos consolidados para 2009 aumentan con respecto a los de 2008 en las dotaciones asignadas a operaciones corrientes, operaciones de capital y activos financieros en 15.374,01 millones de euros, éste es el margen que tiene el Gobierno para asignar nuevos recursos a las políticas de gasto. Dicha asignación aparece para 2008 y 2009 en el cuadro de la página 138 del Informe Económico y Financiero. De los 15.374,01 millones de euros citados, corresponden a los servicios públicos básicos 181,65 millones de euros (el 1,18%); al gasto social, 15.063,16 millones de euros (el 97,98%); las actuaciones de carácter económico experimentan una reducción de 656,98 millones de euros, el -4,27% del aumento del total del gasto, y a las actuaciones de carácter general le corresponden 786,16 millones de euros, el 5,11%.

En resumen, del aumento en las políticas de gasto, casi el 98% corresponden al gasto social, las políticas que contribuyen al cambio del modelo de desarrollo (educación, infraestructuras, e I+D+i) apenas participan del aumento de la tarta o inclusive se reducen sus dotaciones.

Si del cuadro de políticas de gasto se eliminan las dotaciones del capítulo VIII, activos financieros, incluyendo sólo las de operaciones corrientes y las de capital, la participación en el aumento de las dotaciones a distribuir entre las políticas de gasto experimentan una ligera variación: servicios públicos básicos 0,10%, gastos sociales 94,60%, actividades de carácter económico -0,30% y actividades de carácter general 5,60%. Como puede observarse, a los gastos sociales corresponde también en este supuesto la casi totalidad del aumento del gasto.

El cuarto mensaje es que, para salir de la crisis, se hubiera requerido un fuerte aumento de las dotaciones en capital humano, físico y tecnológico, y lo que se desprende del Presupuesto consolidado para 2009 es lo contrario: los gastos corrientes aumentan a una tasa doble que los gastos de capital.

Un quinto mensaje es que los gastos de personal van a aumentar a una tasa (5,6%) superior a la del IPC, quizás para recuperar el diferencial de inflación habido en el corriente año, entre la real y la prevista. Que los incrementos de salarios se liguen con la inflación da lugar a efectos económicos conocidos de segunda ronda, introduciendo una espiral inflacionista en todo el proceso productivo. Además, es un mal ejemplo para la Administración autonómica y local, así como para la negociación de los convenios colectivos.

El sexto mensaje es que si bien las operaciones de capital tienen una tasa de aumento del 2,6%, las inversiones reales directas del Estado, organismos autónomos administrativos y Seguridad Social disminuyen en el 2,7%, las transferencias de capital a sociedades estatales y entidades públicas empresariales aumentan en el 10%.

Un último mensaje se desprende de los Presupuestos en relación con la distribución territorial de la inversión real en 2009, relativa al sector público estatal y es que frecuentemente dicha distribución aparece más ligada a criterios políticos que a análisis económicos. En efecto, en los estatutos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña e Islas Baleares se incluyen determinados criterios para establecer, de forma permanente o temporal, el volumen de la inversión total que el Estado ha de destinar al territorio de la comunidad respectiva. De ellas, cuatro tienen Gobierno del PSOE y una del PP. Para el resto de las comunidades, el Informe Económico Financiero no explicita los criterios que han servido de base para localizar los proyectos de inversión en cada comunidad (análisis coste-beneficio, coste-eficacia, coste-eficiencia, etcétera).

Las infraestructuras son bienes de capital, generalmente de naturaleza pública, de difícil sustitución, que sustentan la estructura productiva y facilitan la distribución y el consumo, tanto privado como público, como la actividad humana en la sociedad. Según la OCDE, forman parte del stock de capital las carreteras, autopistas, infraestructuras hidráulicas, estructuras urbanas, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Otros autores incluyen las construcciones y equipamientos de sanidad y educación, así como las actividades culturales y recreativas.

En 2001, la OCDE revisó la metodología empleada. En sus nuevos manuales distingue entre el capital riqueza y el capital productivo. Las nuevas estimaciones toman en consideración 15 tipos de activos, de los cuales cuatro pertenecen al grupo de las infraestructuras (carreteras, autopistas de peaje, infraestructuras hidráulicas y ferrocarriles) y tres al sector de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC): software, hardware y telecomunicaciones. Tanto la elasticidad con relación al PIB de las infraestructuras y de las TIC son altas, pero las de estas últimas son inclusive más elevadas, y tanto unas como otras tienen un efecto positivo sobre el crecimiento de la economía.

Por ello es preocupante que cuando la inversión real del sector público estatal asciende según los Presupuestos a 31.482 millones de euros, su distribución territorial y sectorial se efectúa con criterios políticos, sin que se realicen los oportunos análisis sobre su influencia en el PIB nacional y regional. En este campo de análisis de proyectos de inversión, la Administración central del Estado se ha deteriorado.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Administración y productividad, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía, Política by reggio on 27 septiembre, 2008

De la crisis en la que está inmersa la economía española sólo se saldrá si aumentamos la productividad, que haría posible incrementar nuestras exportaciones a otros países, que sustituyeran a la fuerte caída de la demanda interna que estamos padeciendo, con el doloroso efecto sobre el paro. Sin embargo nadie se ha preocupado de lo que hay que hacer para aumentar la productividad del principal agente económico de la nación: la Administración pública, que maneja casi el 40% del PIB de nuestra economía. A ello va dedicado este artículo.

La modernización de la Administración debe ir dirigida a incrementar la eficiencia en la producción de los servicios colectivos. Las dos líneas de pensamiento que hoy se debaten para conseguir dicha eficiencia, y por tanto incrementar la productividad, son: un nuevo modelo de Administración pública y la introducción de criterios de mercado en su funcionamiento.

Una nueva organización y un nuevo sistema de dirección de la producción son los pilares sobre los que hay que asentar la modernización de la Administración (El problema de la eficiencia del sector público en España, J. Barea y A. Gómez Ciria. IEE 1994). La organización que se propone se asienta en un principio básico: la separación absoluta entre los órganos encargados de la elaboración de las políticas públicas -departamentos ministeriales a nivel central, consejerías a nivel de comunidades autónomas y concejalías a nivel de ayuntamientos- y los centros encargados de producir los servicios colectivos.

El número de los órganos públicos, y por tanto de los funcionarios que los rellenan, ha ido creciendo con el tiempo. Sin ir más lejos, este año, con una fuerte crisis económica, se han aumentado de manera espectacular, tanto el número de ministerios como de secretarías de Estado, sin explicación alguna que lo justificara. La separación a que nos hemos referido es coherente con la distinción entre los dos tipos de funciones que realizan las Administraciones: la normativa de gobierno y la de gerenciar la producción.

El proceso de elaboración de las políticas públicas debería terminar con una evaluación ex ante de la política en cuestión, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la equidad. En el Estado, dicha evaluación debe ser realizada conjuntamente por el órgano que tendrá a su cargo la elaboración y la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, y debería ser adjuntado al proyecto de ley que se remita a las Cortes. En el Congreso debería crearse un Servicio de Evaluación de Políticas Públicas que tendría a su cargo el informe sobre dichas políticas, que se entregaría tanto a los diputados como a los senadores. En el campo de la producción de servicios colectivos, la Administración debe actuar de forma gerencial, maximizando el excedente entre inputs y outputs, como lo hace un centro privado que puede producir, como en el caso de la sanidad y de la educación, el mismo servicio que el centro público.

Y si el proceso productivo de los centros privados está sujeto al Derecho privado, cuando la Administración realiza dicho proceso en sus centros (hospitales, universidades, escuelas), la regulación jurídica debe ser la misma: el Derecho privado. Sujetarla al Derecho administrativo es hacer ineficientes a los centros públicos que producen servicios colectivos.

En cuanto a la introducción de criterios de mercado en la producción de servicios públicos, se ha desarrollado un debate alrededor de las ventajas y los inconvenientes de privatización de la producción de determinados servicios, aunque la financiación continúa siendo pública. Todas las experiencias realizadas de privatización de la producción han finalizado con importante reducción de costes, manteniendo o mejorando el nivel de calidad de los servicios. La creación de mercados mixtos competitivos entre el sector público y el sector privado funciona con éxito en varios países que los han implantado.

Los centros de responsabilidad, que serían los encargados de producir los servicios colectivos, constituyen la verdadera armazón de la organización que se propone para hacer eficiente la Administración pública. No son las direcciones generales ni los organismos autónomos, sino cada hospital, cada instituto de enseñanza media, etcétera, es decir, cada centro que produce un servicio no de mercado. Estos centros de responsabilidad deberían funcionar como verdaderas empresas que producen servicios colectivos, combinando factores de la producción.

La organización como instrumento de eficiencia debe adquirir en la Administración pública un papel tan destacado como en la empresa privada. En la Administración pública, la teoría de la organización prácticamente puede considerarse inexistente. Es inconcebible que la empresa más grande del país, que produce miles de tipos diferentes de servicios, en miles y miles de centros productivos extendidos por todo el país, no se haya preocupado de su organización.

En cuanto a la gestión, la fijación de objetivos constituye el punto clave de todo el proceso de planificación, programación y presupuestación. La ejecución de los presupuestos de los centros de responsabilidad, ejecutores de las políticas públicas, corresponderá a los mismos, en virtud de la autonomía de gestión que deben tener dichos centros. La delegación de facultades ha de ir acompañada de un cambio de mentalidad de los directivos de los centros de responsabilidad. El jefe debe actuar como un verdadero gerente, su preocupación se desplazará hacia los resultados de la gestión: objetivos, costes y calidad de los servicios. Su mentalidad será empresarial, distinta de la burocrática y formalista imperante hoy en la Administración pública, trasladando su preocupación del proceso al producto.

La Agencia de Evaluación de Políticas Públicas debería analizar cada año dos o tres políticas que se estén efectuando, para ver si cumplen los objetivos que justificaron su aprobación y si se realizan con eficacia, eficiencia y equidad. El informe sería público, para que los ciudadanos, que son los que las financian, conozcan cómo se aplican sus impuestos, enviándose, una vez conocido por el Gobierno, a las Cortes y al Tribunal de Cuentas. Este último debería constituir una sección para el análisis de las citadas evaluaciones de las políticas públicas; el informe que emita se enviará a todos los consejeros. Si del informe de la Agencia de Evaluación se desprende que la política pública no tiene ya razón de ser, el Gobierno debería acordar dar por finalizada la misma, evitando así los frecuentes comentarios de que si difícil es entrar en el presupuesto, más difícil aún es la expulsión del mismo.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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¿Adónde van las finanzas públicas?, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía, Política by reggio on 22 septiembre, 2008

Para intentar vislumbrar por dónde puede ir el proyecto de Presupuesto del Estado para 2009 es necesario analizar el entorno económico en el cual dicho Presupuesto va a desenvolverse.

Para el próximo año, Funcas ha previsto que continuará la caída de la actividad económica, situando el crecimiento del PIB español en el -0,5%, con una tasa de paro de 14,8% (en 2008, del 11,3%) y un déficit público del -2,4% (0,6% en 2008). Con este entorno macroeconómico de Funcas, la política pública manifestada por el presidente del Gobierno es que no sólo no habrá ni un solo recorte en las prestaciones de la protección social, sino que inclusive algunas de ellas tendrán una subida por encima del índice de precios al consumo.

En cuanto a medidas para impulsar la salida de la crisis, considera el Gobierno que las adoptadas son suficientes. En el periodo de recesión en que nos encontramos, creo que debe primar la eficiencia a través de medidas que aumenten la productividad, pues sin ella la política de aumento de los gastos sociales no será sostenible. Pero la ganancia de productividad sólo se conseguirá a través de medidas de ajuste que a veces son dolorosas y, como dice el profesor Schiller, los políticos prefieren que las generaciones presentes, que son las que votan, cobren sus pensiones, reciban la sanidad gratuitamente y puedan disfrutar de otros servicios gratuitos, imponiendo cargas a futuras generaciones a través de los déficit, cuya financiación se efectuará con los impuestos que pagarán estos últimos.

El problema que tiene la economía española es que la demanda interna de vivienda y de consumo experimentaba tan altas tasas de crecimiento que el ahorro interno era incapaz de financiar, y hubo que acudir a préstamos del exterior. Pero esto se ha acabado, tanto por causas internas como externas, y el problema es que si queremos salir de la crisis, que el paro no siga aumentando y se recupere el crecimiento del PIB, no queda otro camino que sustituir la disminución de la demanda interna que hemos tenido por un aumento de la demanda exterior.

Pero esto no se resuelve por decreto, sino por una mejora en la eficiencia de los procesos productivos y de los factores de la producción, que hará posible una mejora de la productividad y, por tanto, que seamos competitivos frente a otros países, aumentando las exportaciones y disminuyendo las importaciones, pero no por caída del crecimiento, sino por incremento de la productividad.

La mejora de la productividad puede conseguirse tanto con medidas que no incidan en el Presupuesto como con decisiones que sí tienen repercusiones presupuestarias. Entre las primeras podemos citar: la reforma del mercado de trabajo y la liberalización de los mercados de bienes y servicios.

Con relación a la primera, el Gobierno ha dicho que se estará a lo que acuerden los agentes sociales (sindicatos y empresarios), lo cual quiere decir que nada se conseguirá respecto a sustituir que los salarios se indexen con la inflación por una relación con la productividad de cada empresa, es decir, interesar a los trabajadores en el aumento de la productividad.

También la rebaja del coste del despido al nivel de la media comunitaria dará lugar a un incremento de la contratación de trabajadores fijos, ya que las empresas estarían interesadas en la mejora de la formación de sus trabajadores, lo que incidiría en un aumento de la productividad, sin que afectara al Presupuesto. La liberalización de los mercados de bienes y servicios aumentaría la competencia y por tanto la productividad, eliminando las trabas de 17 mercados regionales creados por las comunidades autónomas.

Las medidas que aumentan la productividad, pero que tienen incidencia presupuestaria, son las inversiones en educación, investigación, desarrollo e innovación, que a juicio de la Comisión Europea deben aumentarse. Nuestra educación es de calidad ínfima, como han puesto de manifiesto los informes PISA de la OCDE y el más reciente, que sitúa a España a la cola de los países de la OCDE. Los alumnos españoles son incapaces de transformar información en conocimiento, éste en innovación y ésta en crecimiento, y en la economía moderna tal posibilidad depende del capital humano y del capital tecnológico, pero es necesario que la gestión de estos factores se efectúe con eficiencia. La reforma de todo el proceso productivo de la educación y de la I+D+i y su conexión con las necesidades de las empresas es imprescindible, justificaría una fuerte asignación de recursos a estas partidas.

Por último, la reforma de la Administración pública, con el objetivo de ganar eficiencia, debe ser una tarea inmediata, suprimiendo estructuras administrativas desorbitadas y el crecimiento continuo de funcionarios. Un fuerte ajuste en el gasto de funcionamiento de los servicios públicos es necesario (personal y compra de bienes y servicios corrientes) y en subvenciones, que últimamente han proliferado sin justificación alguna.

Un Presupuesto expansivo para ayudar a salir de la crisis tiene sentido; sin embargo, que el Presupuesto tenga un fuerte déficit para aumentar de forma descontrolada el gasto social no haría más que agravar los problemas.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

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El coste de la crisis, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 13 septiembre, 2008

En este artículo se pretende efectuar una aproximación al coste que la actual crisis económica va a suponer para la economía española en el periodo 2008-2010. La base que nos ha servido para dicho cálculo son las previsiones efectuadas por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), las efectuadas por el Gobierno cuando se elaboró el Presupuesto para 2008 y la tasa de crecimiento potencial de la economía española.

Partiendo de tal información, el coste de bienestar para los españoles medido por el menor crecimiento de la economía española es para el corriente año de 23.100 millones de euros (tasa de crecimiento del 3,3% prevista por el Gobierno frente al 1,1,% de Funcas) y para el conjunto del trienio de 78.600 millones de euros, teniendo en cuenta las previsiones para 2009-2010 de Funcas, la Comisión Europea de noviembre de 2007 y la tasa potencial de crecimiento de nuestra economía (3%).

Tan fuerte caída de la actividad económica, 7,2 puntos del PIB previsto, incluida la recesión esperada en el segundo semestre de 2008, da lugar a un fuerte crecimiento del paro, que se prevé por Funcas que alcance tasas del 11,3% en 2008, del 14,6% en 2009 y del 16% en 2010, el doble que en 2007, lo que supone más de 3,5 millones de personas. Es el coste más doloroso de la crisis, pues afecta directamente a las personas, existiendo miles de familias en que todos los potencialmente activos se encuentran en paro.

Las consecuencias económicas para las finanzas del Estado están ya llamando a la puerta; el crédito previsto para el pago de la prestación de desempleo está a punto de agotarse y el Estado tendrá que transferir al Instituto Nacional de Empleo los fondos necesarios, que incidirá en un aumento del déficit público (4.000 millones de euros). Precisamente, Funcas ha estimado que el déficit del conjunto de las Administraciones públicas será, en porcentaje del PIB, del -0,6% en 2008, del -2,4% en 2009 y del -3% en 2010, lo que supondrá un aumento de la deuda (o una reducción de activos financieros), con el consiguiente aumento de la carga financiera y, en su caso, una deducción de los ingresos financieros derivados de los activos financieros que se enajenan.

La previsión de que en 2010 el déficit público alcance el 3% del PIB dará lugar a una fuerte advertencia de la Comisión Europea para que se adopten las medidas fiscales necesarias (en gastos y/o en ingresos) para tratar de situarlos por debajo del límite máximo de déficit público autorizado en el Tratado de la Unión Europea. Otro coste de la crisis, ya que en 2007 nos encontrábamos en superávit.

La caída de la actividad económica, con el consiguiente aumento del paro, incidirá fuertemente en el consumo de los hogares, que en el presente año sólo crecerá el 1%, experimentando una caída del -0,4% en 2009, para empezar en 2010 la recuperación con un crecimiento del 1,3%. Otro coste de la crisis.

Otro componente de la demanda interna, la formación bruta de capital fijo (inversión) va a tener un comportamiento desastroso en el trienio 2008-2010, ya que en estos años sus tasas de crecimiento serán negativas: -2% en 2008, -6,6% en 2009, y -0,5% en 2010. La construcción residencial continuará su derrumbe, con crecimientos negativos en los tres años: en 2008 del -9,3%, en 2009 del -17,8% y del -11,1% en 2010, lo que explica la fuerte subida del paro, aunque he de decir que los demás sectores de la economía española son también generadores de paro: agricultura, industria y servicios.

Dentro de la inversión es preocupante el comportamiento del sector equipo y otros productos que en 2008 sólo va a crecer el 0,5%, con una fuerte caída en 2009, en el que se prevé un crecimiento negativo del -5,5%, que repuntará en 2010 con una tasa de aumento de sólo el 2,6%. Hay que tener en cuenta que en 2007 la tasa de crecimiento de equipos y otros productos fue del 11,6%. Es éste otro de los costes de la crisis de la economía española.

Llega el momento de preguntarnos si nuestra crisis es consecuencia de la crisis financiera originada en Estados Unidos como consecuencia de las hipotecas subprime, como ha dicho el presidente del Gobierno, o si por el contrario son causas internas derivadas de nuestro modelo productivo. A mi entender son estas últimas las que han dado lugar a la situación en que nos encontramos. La necesidad de financiación de la economía española alcanzó en 2003 el 3% del PIB, sólo cuatro años más tarde llegó al 10% del PIB como consecuencia de un desarrollo basado en la demanda interna: vivienda y consumo. Como el ahorro interno no era suficiente para financiar tal demanda, las empresas y las instituciones financieras acudieron a préstamos del exterior.

El crecimiento desequilibrado de la economía española y la pérdida de competitividad originado por dicho modelo de desarrollo ha dado lugar a que los prestamistas empezaran a dudar de la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento. Esta percepción dio lugar a que desde mediados del pasado año empezaran a notarse ya síntomas de comienzo de crisis en la economía española, comenzando las dificultades para endeudarse con el exterior.

Cierto es que la crisis financiera global iniciada en Estados Unidos y la desconfianza que ha originado, ya que nadie presta a nadie, está influyendo en España, si cabe con más intensidad que en otros países, a consecuencia del derrumbe de nuestro mercado inmobiliario y del fuerte monto de las titulizaciones hipotecarias colocadas en los mercados financieros mundiales. Pero el origen de la crisis, como ya he dicho, se encuentra en nuestro modelo de crecimiento y el fuerte endeudamiento exterior necesario para su funcionamiento. Y no olvidemos la inflación, que se sitúa en el entorno del 5%.

La falta de reformas estructurales necesarias para cambiar el modelo productivo hará que la crisis sea larga, pues el Gobierno no parece decidido a acometerlas; recordemos que Japón estuvo 10 años con crecimiento plano. Varios artículos he escrito sobre esta cuestión, el último ha sido en este mismo diario el 30 de agosto, con el título: Cuánto durará la crisis.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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