Dignidad de la fe, dignidad del ateísmo, de Javier Otaola en El País

La Asociación Humanista Británica impulsó el pasado octubre una campaña ateísta con la que pretendían recaudar el dinero suficiente para insertar este mensaje en los autobuses del Reino Unido: «Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de tu vida». La frase tiene ese delicioso toque escéptico tan del gusto de los ingleses; ni siquiera hace una declaración taxativa, sino que se limita a indicar una probabilidad.

La idea, que ha tenido repercusión y ha recibido el apoyo de intelectuales de renombre, entre otros, Richard Dawkins, autor de El espejismo de Dios, ya ha llegado a España, al haber aceptado tal publicidad la empresa municipal de autobuses de Barcelona.

Rowan Williams, el arzobispo de Canterbury, se tomó con evangélica deportividad esa campaña, celebrando el interés, al menos dialéctico, que Dawkins se tomaba por la idea de Dios. Pero no he visto tal deportividad entre nosotros. Por el contrario, he escuchado comentarios de furibunda repulsa respecto de la campaña por parte de creyentes, comentarios que me han parecido injustos.

Las opciones religiosas y metafísicas, creyentes o increyentes, son apuestas personales, es decir, juegan efectivamente con un factor de probabilidad que el gran cristiano y matemático Blas Pascal ya analizó en el siglo XVII. Como todas las apuestas, cada uno las hace a su riesgo y ventura.

Si la existencia de Dios fuera una evidencia, no sería motivo de fe, ni de apuesta. Se trata por lo tanto de un terreno propio de la libertad de cada uno, y su plausibilidad debe discutirse en el ámbito de la sociedad civil. Personalmente, yo prefiero hacer una apuesta creyente, por problemática que sea, pero creo que tan legítimo es hacer una apuesta atea o agnóstica. Y no creo que haya nada de incorrecto en que los ateos publiciten sus opiniones y las defiendan argumentadamente en el ámbito de la sociedad civil, del mismo modo que lo hacen las diferentes opciones religiosas, por cierto, de manera mucho más masiva. No es competencia de los poderes públicos en una sociedad abierta y democrática pronunciarse sobre cuestiones de esa índole, sino garantizar la convivencia de todos en un marco de derechos y deberes equitativamente establecidos.

Siendo fundamentalmente la democracia parlamentaria un sistema convivencial y una orto-praxis, una reflexión siempre en curso, planteada como tarea y no una ortodoxia doctrinal, cerrada y definida de una vez y para siempre, elude en su seno la confrontación entre diferentes opciones de sentido como el teísmo religioso de una fe revelada, el deísmo, el agnosticismo o el humanismo ateo, enmarcando su discurso colectivo en la búsqueda del punto en el que se da la coincidencia, negociando en cada caso un determinado consenso. Eso es, en definitiva, una Constitución.

Al proclamar los valores constitucionales de 1978, establecimos un acuerdo básico que admite la dignidad de cada una de las posiciones religiosas, filosóficas e ideológicas representadas de una manera abierta en una sociedad abierta. Lo que no significa que todas las opciones nos tengan que parecer del mismo modo válidas o correctas. La dignidad de las diferentes opciones no nace del valor de verdad que puedan tener, que será el que cada uno le atribuya en cada caso, sino de la autenticidad y el deseo de veracidad que es preciso suponerse en toda persona de buena fe, en definitiva, de la propia dignidad de la conciencia humana, frágil y mudable.

En última instancia, las ideas no son dignas y respetables, de hecho, difícilmente lo pueden ser todas cuando se niegan y contradicen tan rabiosamente, pero sí lo son las personas que las sostienen y defienden, en la medida que lo hacen de buena fe.

La democracia, como forma de organización de la convivencia, no busca proponer una determinada opción religiosa o metafísica, ni puede permitirse ninguna clase de adoctrinamiento, creyente o increyente, sino que busca hacer posible la convivencia entre personas que tienen interés real en cooperar de una manera equitativa, de generación en generación, a pesar de hallarse divididas en sus concepciones del mundo y de la vida (Rawls).

Será en el seno de la sociedad civil, y no en el marco de la representación política, donde se podrán discutir las cuestiones de orden religioso o metafísico, y en ese juego de mutuas interpelaciones, cada uno tomará sus propias decisiones. Ahora bien, deberemos aceptar deportivamente la inevitable puesta en cuestión que inevitablemente nos producirá esa libertad de opinión y de pensamiento, y ese contacto con los otros. En el seno de una sociedad abierta caben perfectamente diferentes alternativas de sentido, filosóficas, metafísicas y religiosas, siempre que acepten las reglas del juego de la democracia.

A mí todo esto me parece, además de muy democrático, muy evangélico, ya que, en contra de lo que las tradiciones eclesiales suelen decir, el texto evangélico relativiza radicalmente todas las pertenencias y todos los dogmas religiosos, y sitúa por encima de todo una sola cosa: la compasión como fuente última de salvación. Y si no, leamos lo que dice Mateo 25: «Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui huésped, y me recogisteis; desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí». En todo caso, disfrutar de la vida es un buen consejo para todos.

Javier Otaola es abogado y escritor.

El ‘bus ateo’ como síntoma, de Josep Ramoneda en El País de Cataluña

Que el llamado «bus ateo» sea motivo de polémica dice mucho sobre la escasa tradición liberal de este país, consecuencia del extraordinario peso del comunitarismo tanto en su versión religiosa como en su versión identitaria. Una asociación privada ha decidido gastarse un dinero para que dos líneas de autobuses lleven un anuncio que dice así: Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida. En los buses hemos visto de todo, anuncios de películas y espectáculos, carteles electorales, mensajes comerciales y otros intentos de quedarse con el personal. Los anunciantes reservan el espacio, pagan y si no hay nada ilegal en la propuesta, por mucho que el bus sea un servicio público, (también lo es la televisión) poco hay que objetar. Afortunadamente, no vivimos en una dictadura católica como era el franquismo ni en un régimen fundamentalista. Los promotores de la polémica campaña no violan ninguna ley, no cometen ningún delito, tienen el mismo derecho a poner este anuncio que los que hacen cualquier otro tipo de propaganda política, religiosa o ideológica. Hay asociaciones antiabortistas, por ejemplo, que nos bombardean publicitariamente por tierra, mar y aire. Tienen todo el derecho. Como me parece perfectamente lógico que algunos cristianos se sientan interpelados y contesten por el mismo procedimiento.

Con la globalización, las religiones han perdido los monopolios territoriales y el mercado de las almas se ha puesto extremadamente duro y competitivo. Son tiempos difíciles para todos, también para las religiones. Aunque, sin duda, sabrán sacar partido de la coyuntura porque como es conocido su mejor caldo de cultivo son las desgracias de los humanos. Por los clásicos sabemos -quizá por John S. Mill, más que por cualquier otro- que lo importante no es que la religión sea verdadera, sino que sea útil. Y en estos momentos hay religiones con problemas para convencer de su utilidad.

A mí, personalmente, el texto de este anuncio, presuntamente ateo, me parece ridículo. La palabra «probablemente», que encabeza el anuncio, podría hacernos pensar en unos ateos tan sensibles al temor de Dios que son muy prudentes al negar su existencia. Pero, en realidad, nuestros ateos locales no han hecho más que traducir el anuncio que una asociación inglesa puso en los autobuses, en un contexto en que la palabra «probablemente» respondía irónicamente a otro mensaje publicitario. La frase es entre tópica e ingenua, anclada en la presunción de que los creyentes no pueden gozar de la vida. Ni la creencia ni la increencia garantizan la felicidad. Pero además, en un país católico como éste, todos sabemos el gusto que da comer la fruta prohibida. Afortunadamente, para el bien de la convivencia, abundan los pecadores.

Pero si arcaico y desplazado es el texto del anuncio, también lo son algunas de las reacciones y respuestas, que corresponden inevitablemente al guión de las ideologías comunitaristas. El peso de la religión católica en el pasado ha sido tan alto que, en el fondo, al no creyente se le ha tolerado pero nunca ha sido plenamente reconocido. Siempre ha sido considerado un ser en falta. Por parte de los funcionarios de Dios, por supuesto, que, hablan siempre con la impunidad y la arrogancia del que se cree con derecho a salvar a los demás. Pero también por parte de importantes sectores ciudadanos que ven el catolicismo como una pieza clave de la sopa nacional. Un montón de veces hemos oído la advertencia de no herir la sensibilidad de los cristianos. Nunca nadie se ha preocupado por la sensibilidad de los no cristianos, como si por el hecho de ser ateos no tuvieran sensibilidad, estuvieran más cerca de las bestias que de los hombres. Y, sin embargo, los medios van llenos de declaraciones de autoridades religiosas que son una verdadera ofensa para cualquier sensibilidad ya ni siquiera atea, simplemente agnóstica.

Hemos oído repetir que racionalmente no se puede ser ateo porque no es posible demostrar que Dios no existe. La experiencia, es decir, este territorio que se forma cuando el sujeto entra en contacto con la realidad, me ofrece cada día montones de pruebas de que Dios no existe; en cambio, no he visto todavía ninguna que me haga pensar lo contrario. Y en todo caso si existiera, este Dios que permite atrocidades, como vemos todos los días, muchas de ellas ejercidas en su nombre, no merece, desde luego, ser respetado ni adorado. Ya lo decía Norman Manea, a través de uno de sus personajes literarios, «el gran guionista de los cielos nos ha contratado para eso»: para distraerse con la tragedia de la muerte. Pero obviamente toda experiencia es subjetiva, por tanto, comunicable pero no susceptible de ser transferida a los demás. Cada cual tiene la suya.

En los argumentos leídos estos días en torno al anuncio trasluce también la eterna apelación a lo nuestro. Hay cosas como la religión católica que, por ser nuestras, de toda la vida, merecen una consideración y una protección especial. Y hay elementos extraños como los ateos que no tienen por qué venir a enredar. Nada raro en un país en que los liberales se cuentan con los dedos de una mano y en que las ideologías comunitaristas han campado siempre a sus anchas. Es un país con tendencia a estrechar, a empequeñecer el espacio de lo posible. Acostumbrados a funcionar sobre sobrentendidos, sobre espacios compartidos de los que nunca nadie acaba de definir qué se comparte y hasta dónde se comparte, la impertinencia de negar a Dios, aunque sea sólo probablemente, resulta extravagante.

De esta necesidad de controlar el perímetro de lo socialmente digno de ser reconocido, adolecen las reacciones a esta campaña. Ni el mensaje me parece especialmente brillante, ni creo que el debate ideológico tenga que hacerse a través de los anuncios de los autobuses u otros soportes parecidos. Aunque bien es verdad que también las campañas electorales pasan por ellos. Estamos en tiempos de eslóganes y de propaganda, y no se puede reprochar a un grupo de ateos que acuda, para explicar su buena nueva, a los mismos recursos técnicos que los que propagan la buena nueva de que Dios existe, de que el aborto es un crimen o de que el detergente X lava más blanco. Al fin y al cabo, son distintas formas de relato y de representación de las que también vive el hombre.

Juzguen ustedes a la Justicia, de Pedro Luis Viguer Soler en El Mundo

TRIBUNA / JUSTICIA

España ocupa el puesto 36 de un total de 42 estados europeos en cuanto a número de jueces por habitante

Los sistemas informáticos de los juzgados son incompatibles entre las distintas comunidades autónomas.

Los jueces españoles hemos levantado la voz pidiendo que se atiendan nuestras históricas reivindicaciones de más medios para dignificar la Justicia y hacerla más eficaz, y esto ha generado un cataclismo que ha hecho temblar los cimientos del sistema judicial, incluido el anuncio de una posible huelga. En esta situación es preciso que los ciudadanos tengan elementos de juicio para valorar si nuestras peticiones responden a un fin legítimo o si se trata sólo de una reacción corporativa.

Nuestra Administración de Justicia, lenta, caduca y agotada en sus esquemas, necesita aires nuevos, un cambio de mentalidad que pasa por que quienes nos gobiernan, encargados de gestionar los fondos públicos, asuman cuanto antes que es necesario afrontar de una vez por todas la transformación organizativa y de medios que necesita la Justicia. Lamentablemente, somos conscientes de que es un asunto que nunca ha interesado a los políticos porque es poco rentable electoralmente.

El urgente esfuerzo presupuestario que llevamos años esperando no se ha producido. En España sólo se ha dedicado a la Justicia el 0,9% de los Presupuestos Generales del Estado en 2007, el 1,02% en 2008 y en 2009 el porcentaje será del 1,11%, frente al 3% o 4% de otros países de nuestro entorno.

Urgente es incrementar el presupuesto y también determinar el número de juzgados necesarios, en función de la carga de trabajo que puede asumir cada órgano judicial. Y es muy sencillo: se trata de dividir el número de asuntos que ingresan todos los años en cada orden jurisdiccional (civil, penal, social, contencioso administrativo) por el número de procedimientos que, como máximo, puede resolver cada juzgado anualmente (lo que se conoce como módulos de entrada, que ya están fijados por el Consejo General del Poder Judicial). Esta sencilla operación -que los poderes públicos no han sido capaces de realizar hasta la fecha- nos indicará el número de jueces necesarios para asumir con eficacia el volumen de trabajo.

Resulta escandaloso que hoy por hoy sea indiferente que en un juzgado se registren 1.000, 1.500 o 2.000 asuntos al año aunque su módulo de entrada (el número adecuado de asuntos) sea de 500.Y en este desquiciante sistema es el juez el que, al final, asume el exceso, lo que es una auténtica barbaridad porque una situación así reduce las posibilidades de acierto y perjudica la calidad del trabajo que realizamos. No es el juez, con su esfuerzo personal, quien tiene que asumir este exceso de trabajo. Se trata de un problema de política judicial cuya solución incumbe a los responsables políticos.

Es preciso que se creen los juzgados y tribunales necesarios, sin pretextos, excusas ni demoras, dotándolos generosamente de los medios personales y materiales que precisan. España ocupa, en cuanto a número de jueces por habitante, el puesto 36 de un listado de 42 estados de Europa realizado por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia. Tenemos 10 jueces por cada 100.000 habitantes -sólo por delante de Armenia, Azerbayán, Dinamarca, Turquía, Georgia y Malta; por detrás de Moldavia (12,3 jueces), Ucrania (14,8) o Albania (12,5), y muy lejos de Portugal (16,7 jueces), Rumanía (18,6), Grecia (19,9), Rusia (20,7), Alemania (24,7), Luxemburgo (35,6) o Croacia (42,9)-.

En la ciudad de Valencia, por ejemplo, donde tenemos 101 juzgados, se necesitarían 38 más para ajustar su entrada a la fijada por el CGPJ, pero en 2009 se crean sólo tres. Los juzgados de lo Mercantil deberían soportar una carga de trabajo de 350 asuntos, pero en 2008 en Valencia superaron los 1.200 y sólo el año pasado los procesos concursales se incrementaron un 234%; los pleitos civiles y laborales han aumentado un 30% en 2008 y los de ejecución hipotecaria se duplicaron. El juzgado de Vigilancia Penitenciaria tiene a su cargo 3.000 presos cuando deberían ser 1.000. En el Registro Civil los expedientes de nacionalidad se han incrementado un 1.000% desde el año 2001 En fin, las cifras hablan solas.En España somos unos 4.400 jueces, pero si se adoptara, por ejemplo, la ratio jueces/habitantes de Portugal, deberíamos ser 6.800, y si nos guiamos por la de Alemania, 11.000.

No sólo el número de juzgados creados ha sido insuficiente, sino que las respuestas del Ministerio y de las comunidades con competencias en Justicia han sido siempre desesperantemente lentas, tardías y escasas. Y como los jueces, movidos por un sentimiento de responsabilidad resolvemos los asuntos que se registran sea cual sea su volumen, se produce un efecto perverso que desincentiva al Ministerio de Justicia a la hora de crear juzgados o incrementar el número de jueces.

En España, cada dos magistrados resuelven los asuntos correspondientes a tres. Se obliga a los jueces a circular a 150 Km/h por una carretera donde la velocidad debería estar limitada a 100 Km/h, incrementando así el riesgo de accidente, del que además somos responsables si se produce; y es que sólo se puede responder de aquello que se puede controlar. ¿Puede un cirujano realizar en una mañana 12 intervenciones quirúrgicas? Un juez civil celebra en una mañana hasta 12 juicios y vistas que luego debe sentenciar.Un juez de instrucción puede celebrar hasta 40 juicios de faltas.

Hablamos del Poder Judicial, tercer poder del Estado, que tiene encomendada la tutela y garantía de los derechos de los ciudadanos; a pesar de ello, incomprensiblemente no se encuentra en un plano de igualdad en medios personales y materiales con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ni siquiera frente a la Administración.A todos nos parecería absurdo que el Gobierno no pudiera desarrollar su cometido por estar sobresaturado, o por falta de ordenadores, o funcionara con secretarios de Estado sustitutos… Y sería impensable que el Poder Legislativo no pudiera tramitar las Leyes o lo hiciera con desesperante lentitud porque una buena parte de los funcionarios de las Cortes Generales fueran interinos y carecieran de la mínima formación, o porque no se cubrieran las vacantes del personal. Sería un escándalo. Pero resulta que esto es exactamente lo que sucede en el seno del Poder Judicial.

La Administración de Justicia ha sido la gran olvidada de la Transición en España, y ante la gravedad de la situación los jueces creemos que es necesario alertar a la sociedad y a los poderes públicos en búsqueda de su apoyo y su complicidad, porque nuestra democracia lo exige a gritos. Hay que incrementar -triplicando al menos- el presupuesto destinado a Justicia como nunca se ha hecho antes, y para ello es necesario que el Gobierno de la Nación y los de las comunidades autónomas con competencias en Justicia hagan un esfuerzo a la hora de priorizar sus inversiones del dinero público. Si para ello es necesario dejar de realizar una determinada obra pública, un faraónico proyecto o un evento de especial relevancia, así tendrá que hacerse, porque no es de recibo abandonar a su suerte a un servicio público esencial mientras se destina el dinero de todos los españoles a otros menesteres menos urgentes.

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI los juzgados no estén interconectados por vía telemática o que los sistemas informáticos de las comunidades autónomas sean incompatibles entre sí? ¿No es éste un claro ejemplo de desidia o de incapacidad por parte de los encargados de gestionar la Administración de Justicia? Nuestra organización judicial es arcaica, no se ha adaptado a las nuevas realidades sociales, y además, es poco ágil, con juzgados incomunicados entre sí, cuya organización es igual a la de hace 100 años, con un elevado porcentaje de jueces sustitutos, con una oficina judicial caduca cuya reforma proyectada hace cinco años no ha sido desarrollada ni implantada, con un elevadísimo número de funcionarios interinos carentes de formación, con normas procesales del siglo XIX y unos jueces sobrecargados que resuelven un volumen de asuntos muy superior al que pueden asumir. ¿Alguien podría explicarnos por qué no está la Justicia entre las prioridades de nuestros gobernantes?

Podrá objetarse que nos encontramos en un mal momento para acometer este tipo de actuaciones a causa de la crisis, pero precisamente por ello es el momento de intervenir ante el enorme incremento de asuntos que la propia crisis está provocando, y de realizar un esfuerzo económico sin precedentes como ya se ha hecho en el pasado en otros ámbitos de la Administración Pública, incluso recientemente en ciertos sectores privados. A nadie se le ocurriría en una situación de emergencia escatimar los medios necesarios para paliarla. Somos conscientes de que este tipo de medidas no pueden llevarse a cabo de la noche a la mañana sino en un periodo razonable (dos o tres años), pero, hasta la fecha, el Ministerio de Justicia no ha movido ficha. No hay en el horizonte ninguna inversión extraordinaria. Todo sigue igual.

¿Saben nuestros gestores públicos que si la Justicia funciona eficazmente se refuerza el sistema económico, se reduce la morosidad, se agiliza el intercambio comercial y el tráfico mercantil, se garantiza la seguridad y el orden público, se resuelven conflictos en el ámbito laboral, se controla eficazmente la legalidad de la actuación urbanística, la contratación administrativa, la actuación de los poderes públicos, etc ? ¿Por qué a pesar de tales evidencias no se invierte en Justicia?

Por todo ello los jueces hemos dicho basta, y hacemos un llamamiento a nuestros gobernantes para que afronten de una vez por todas la necesaria reforma de la Justicia aportando además los recursos que precisa. Lo pedimos desde la responsabilidad y desde un profundo conocimiento de la preocupante situación en la que se encuentra la Administración de Justicia, y sobre todo, porque amamos nuestra profesión y queremos ejercerla de manera digna. Simplemente queremos una Justicia eficaz para los ciudadanos, quienes a buen seguro ya empiezan a comprender que aquí hay algo muy distinto a un mero movimiento endogámico y corporativo. A ellos les corresponde ahora valorar, a la vista de la situación expuesta, si tales reivindicaciones son o no justas y legítimas, y emitir su sabio veredicto. Ojalá nos sea favorable.

Pedro Luis Viguer Soler es magistrado-juez decano de los Juzgados de Valencia.

© Mundinteractivos, S.A.

El día que vivimos peligrosamente, de Casimiro García-Abadillo en El Mundo

A FONDO

Han pasado casi 100 días y ahora podemos contarlo con cierto detalle.El propio Zapatero, como recoge hoy Marisa Cruz, ha comentado que, a principios de octubre de 2008, «el sistema estuvo al borde del colapso». ¡Y vaya si lo estuvo!

Recordarán que fue el día 6 de octubre cuando el presidente convocó por sorpresa en Moncloa a los representantes de los bancos y cajas más importantes de España.

Hacía apenas tres semanas del hundimiento de Lehman Brothers y del colapso de la mayor aseguradora del mundo (AIG), lo que provocó el desplome de todas las bolsas.

El pánico se había extendido por toda Europa como una nube tóxica.Irlanda había decidido garantizar el 100% de los depósitos de sus bancos. Justo un día antes de la reunión de Moncloa, Alemania había imitado a Irlanda (aunque previamente Merkel había criticado la decisión).

Ese día, el Ibex cayó más de un 6% y Wall Street abrió con fuertes pérdidas, cerrando con un recorte de casi 5 puntos.

Zapatero (acompañado por Javier Vallés y José Enrique Serrano, que no abrieron la boca durante la reunión), se había aprendido la lección. En resumen: era consciente de la gravedad del momento.

Los banqueros fueron al grano. Alfredo Sáenz (Botín no acudió a la cita) no se anduvo por las ramas. La Banca española, a pesar de su solvencia, estaba sufriendo las consecuencias del miedo irracional. Y puso un ejemplo. El día anterior, cuando Alemania acordó garantizar todos los depósitos de sus bancos, la multinacional Siemens decidió no renovar los certificados de depósito que tenía con el Santander, lo que significó la retirada de unos 1.000 millones de euros de sus cuentas.

Pero eso no era lo peor. De manera inaudita, agencias e instituciones públicas españolas habían retirado sus depósitos de la Banca para meter su dinero en letras del Tesoro. Es decir, que mientras que el Gobierno presumía de que la Banca española era la más solvente del mundo, sus instituciones le retiraban miles de millones de euros para cobijarse en la seguridad de la deuda del Estado.

Realmente, la situación era dramática, porque hacía muchos, muchos años que no se veía a los clientes acercarse a las ventanillas para retirar sus ahorros y llevárselos a casa o meterlos en cajas de seguridad.

Zapatero reaccionó de inmediato. Las instituciones públicas que habían retirado su dinero de los bancos (como, por ejemplo, Adif) rectificaron.

El presidente se comprometió con los banqueros a que se elevaría la garantía de los depósitos, independientemente de la decisión que se adoptara en el Ecofin que al día siguiente iba a celebrarse en Luxemburgo.

En la reunión de Moncloa se pergeñaron las dos medidas que días después anunció el presidente: los avales de liquidez y la constitución de un Fondo de Adquisición de Activos para la Banca.

Afortunadamente, la situación ha mejorado mucho más de lo que pensaban los más optimistas. De hecho, la semana pasada el BBVA colocó una emisión de 1.000 millones en apenas dos horas. ¡Quién lo iba a decir hace tres meses!

Las cacareadas ayudas a la Banca sirvieron como terapia. Es decir, que actuaron como tranquilizante para los clientes. Por fortuna, la solvencia de nuestro sistema financiero (con alguna excepción) sirvió para superar aquel trauma.

© Mundinteractivos, S.A.

Cuestión de desconfianza, de Kepa Aulestia en La Vanguardia

La crisis financiera echó a rodar un término de impreciso significado, confianza,que con su reiterado uso por parte de los responsables institucionales, y a medida que la recesión se ha acercado a cada ciudadano, parece haberse apagado. Se hablaba de recuperar la confianza de los mercados, de los consumidores, en el sistema financiero, en las entidades bancarias, en las autoridades, incluso en uno mismo y en el país. Esa parecía la llave que sacaría al mundo desarrollado de la crisis. Pero si ya no está tan presente en la retórica voluntarista quizá se deba a que el escepticismo reinante la ha vaciado de contenido. Los efectos sociales de la crisis no están dando lugar a una gran convulsión. No hay correspondencia alguna entre la pérdida de un millón de empleos y las contadas movilizaciones que han trascendido a la opinión pública.

Ello se debe a distintas causas: a su especial incidencia sobre la población inmigrante, a que ha afectado a puestos de trabajo diseminados por un sinfín de empresas y, sobre todo, al insistente anuncio de una pandemia global e ineludible. Pero es posible que la contestación se esté manifestando precisamente en forma de desconfianza y recelo en el seno de cada empresa, en relación con las entidades financieras o ante las medidas de estímulo fiscal.

Muchas de las personas que están yendo al paro tienen razones para sentirse engañadas; de igual forma que muchas de las familias cuyos ahorros han menguado se sienten estafadas en su ingenuidad. Si nadie se rebela es porque al final todo el mundo sabe que hasta las consecuencias de la crisis forman parte de las reglas del juego. Y porque, con razón o sin ella, los afectados tienden a sentirse responsables de lo que les sucede. Esto último refleja la eficacia de un sutil mecanismo de alienación que socializa las culpas de lo que le ocurre al sistema o a cada unidad de negocio aunque las decisiones sean privativas de unos pocos. Además, el mínimo de codicia que explica la conducta confiada de cada ahorrador y el mínimo de insensatez que describe la trayectoria de cada empleado contribuyen a atemperar los ánimos y a acallar las protestas en tanto que suscitan sentimientos de culpa. Lo cual no quiere decir que no se esté generando una réplica sorda en la actitud social; que no se estén produciendo cambios que probablemente se agudicen a lo largo del difícil año que comienza.

Las relaciones laborales que surgieron de la larga crisis que dio inicio en los 70 y se prolongó durante los 80 dejaron en buena medida atrás el paradigma colectivo a causa de la atomización social e individuación a que dio lugar aquella década. Además, en poco tiempo miles de trabajadores pasaron a ser también pequeños inversionistas. La aproximación al pleno empleo durante los últimos años de crecimiento indujo un plus de confianza general: en la linealidad ascendente de la carrera profesional, en el mantenimiento al alza del nivel de vida de cada cual, en una pronta jubilación gracias a los ahorros o en los rebotes que seguían a las caídas bursátiles. Nuestro instinto más primario tiende a retroceder a tan paradisiaca etapa agarrándose a los restos que de ella se mantengan hoy o en el futuro próximo. Pero la inestabilidad de las relaciones económicas y laborales subraya la soledad del afectado por la crisis, sea empresario, directivo, inversor o trabajador. Y tiende a sustituir la confianza por la desconfianza como mecanismo de autodefensa de quien puede sentirse agredido o sencillamente defraudado. Como resultado de la propia crisis, será aún más inevitable la flexibilización del mercado de trabajo. Pero también será inevitable que al cinismo del empleador le replique el empleado con cinismo; y al vínculo contractual inestable con indiferencia hacia la suerte que corra la empresa.

El pequeño emprendedor que sufra en este tiempo se retraerá, evitará asociarse con otros y atenderá a proveedores y clientes con un escepticismo rayano en el desplante. El ahorrador se fiará más de la rentabilidad que le ofrezca su propio colchón que de los reclamos publicitarios de los fondos de inversión. Si las cosas no empiezan a enderezarse, el recelo ante el clamoroso silencio que guardan las entidades crediticias podría convertirse en indignación, por callada que sea. Y a medida que trascurran las semanas la eventual intangibilidad de los resultados que obtengan las iniciativas públicas contribuirá al desapego ciudadano respecto a la esfera política. Hace unos meses se demandaba confianza en general, pero hoy urge identificar concretamente en qué facetas de la vida económica y social está arraigando la desconfianza para remediarla.

Armas, de Miquel Roca i Junyent en La Vanguardia

No hay guerra sin armas. Y, por lo que parece, en este momento todo el mundo tiene armas. En todas partes, cualquier grupo puede acompañar sus reivindicaciones con el uso de las armas más sofisticadas. Ya no se trata de fusiles ni bombas de mano: misiles, tanques, cañones, de todo. Da la sensación de que esto de comprar armamento debe ser muy fácil; como si hubiera muchos hípers cuya sección de armas gozara de grandes descuentos. Las armas parece que están de permanente oferta.

Sin embargo, esto no debería ser así. Las fábricas de armas son comercio de Estado; o están nacionalizadas o sometidas a muy rigurosos controles. No se vende a quien sea; los compradores suelen ser estados reconocidos internacionalmente y los suministros deben guardar una cierta proporcionalidad con su dimensión o con sus necesidades, también internacionalmente conocidas y asumidas.

Pues no es así. Muchos gobiernos que se proclaman pacifistas, negocian con las armas que en su territorio se fabrican y son muy poco escrupulosos al identificar los destinatarios de los suministros. Pequeños estados compran armas para ejércitos que no tienen. Las armas siguen trayectos que nadie se ocupa de controlar y que finalmente llegan a donde no se quería que llegasen.

El uso de las armas siempre acaba con muertes civiles. Los fabricantes y estados que avalan y toleran comercio ilegítimo de estas armas están detrás de estas muertes civiles. No aprietan el gatillo, pero ponen el fusil en manos del que lo usa. ¡Basta de hipocresías y cinismos! Muchos gobiernos progresistas y conservadores, de países de nuestro entorno más inmediato, negocian con las armas que acaban sembrando la muerte de muchos civiles. Incluso, a veces, lideran manifestaciones en favor de una paz que su «comercio» hace imposible.

Cada país, España incluida, debería dar explicaciones sobre lo que pasa con las armas que en su territorio se fabrican. ¿A quién se venden? ¿Con qué garantías sobre su destino final? ¿A cambio de qué? ¿Quién toma las decisiones de venta? ¿Cómo se documentan y justifican? Queremos tener la conciencia tranquila; no sólo apelamos a la paz en la calle, sino que luchamos por ella en el comercio de armas. Y esto sería fácil de conseguir, si se quisiera de verdad.

La Asturias que pone la mano, de Luis Arias Argüelles-Meres en La Nueva España

Así es y así nos parece. Asturias no puede alegar crecimiento de la población para recibir más dineros al Estado porque lo que sucede es justamente lo contrario: no sólo envejecemos, sino que además cada vez somos menos. Asturias tampoco encuentra asidero para recibir un plus financiero sobre el pretexto de la dispersión de sus habitantes, puesto que casi todos residen en el área central. Asturias no dispone de un conejo en la chistera como el que acaba de sacar el Presidente gallego: aquí la lengua autóctona no tiene carácter oficial y, en consecuencia, no vale demandar dinero al Estado para el desarrollo del bable.

Ante todo ello, en Asturias, Gobierno, sindicatos y patronal parecen estar de acuerdo en argumentar que debemos ser recompensados a resultas de las grandes reconversiones que tuvieron que hacerse en los últimos años: minería, industria y agricultura. Me pregunto cuántos han sido los que, tan pronto leyeron esto, reaccionaron, saltando de la silla, golpeando la mesa, o haciendo un gesto de indignación. ¿Tan grande es la desmemoria, tan hiperbólica es la desfachatez? Primero, ¿no es cierto que, desde las instancias de poder, se vino esgrimiendo un discurso en virtud del cual ya habíamos superado la crisis resultante de las reconversiones? Segundo, ¿no es indiscutible que todas las reconversiones de los últimos años fueron negociadas por nuestros representantes políticos y sindicales, con la anuencia, en más de un caso, de los empresarios? ¿Están dispuestos los sucesivos gobiernos que hemos tenido a reconocer, en consonancia con este último discurso, que se han negociado mal las reconversiones? Ítem más: ¿tendrán a bien admitir que no se han administrado debidamente los fondos que aquí llegaron para paliar esas reconversiones, fondos que fueron una especie de liquidación, aceptada, de un modelo industrial, de un modelo de explotación del campo?

¿Qué responsabilidades asumen ante su ciudadanía los gobiernos autonómicos, en este caso, el de Asturias? ¿Va a resultar que todo depende de la mayor o menor generosidad del Gobierno central de turno?

Y otra cosa: si la nueva financiación del Estado, que tanta preocupación genera en Asturias, es una consecuencia, entre otras, del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿por qué todos los representantes asturianos del PSOE en el Parlamento español lo votaron afirmativamente? ¿En qué quedamos?

En todo esto hay más de un problema y más de un ámbito de responsabilidad. El primero de ellos es el nuevo modelo de financiación, que, de entrada, no parece contentar a nadie, aunque el mohín de desaprobación desaparece casi por completo en los responsables de las autonomías tan pronto concluyen la entrevista con Zapatero. Puede que, en efecto, sobren territorios sagrados y falte ciudadanía, es decir, visión de Estado, tanto por parte de los llamados gobiernos centrales como del lado de las administraciones autonómicas. En todo caso, en términos estatales, estamos poco menos que en un callejón sin salida, porque casi nadie está por la labor de reformar la Constitución, aunque casi todo el mundo se muestra dispuesto, con mayores o menores reservas, a aceptar el dinero que Zapatero y Solbes les ofrecen. Esto no son más que parches e improvisaciones que, andando el tiempo, pasarán factura.

¿Y qué decir de Asturias? ¿Qué decir de esta especie de mendicante «movimiento regional» de políticos, sindicatos y empresarios, que piden compensaciones económicas por unas reconversiones a las que dieron su aquiescencia? ¿Qué decir de una FSA tan poco resuelta a defender en el Parlamento español los intereses específicos de Asturias? ¿Qué decir de don Álvaro Cuesta, aquel candidato socialista al Congreso que se presentaba ante el electorado como un dirigente del PSOE que tenía comunicación fluida con Zapatero para trasladar al Presidente los problemas y necesidades de Asturias? ¿Ha abierto la boca desde que surgió el debate de la financiación? Seguro que tiene que atender asuntos de mayor importancia que los de su tierra. ¿Qué decir del PP, que no está de acuerdo con la financiación que se avecina, aunque parezca mostrarse satisfecha su carismática y chiripitifláutica lideresa madrileña? ¿Qué decir de unos sindicatos que negociaron y aceptaron las reconversiones por las que ahora se pide una compensación ulterior? ¿Qué decir de todos aquellos empresarios, asociados a partidos y sindicatos con los que tanto viajan, que asumen ese mismo discurso? ¿Qué decir de una opinión pública y publicada adormecidas hasta lo preocupante?

La Asturias que pone la mano ante una nueva financiación que no nos beneficia, ante la que guardaron silencio hasta que la cosa es poco menos que irreversible. ¿Se ha preguntado alguien cómo se piensa afrontar el momento en que concluyan las grandes obras del Estado aquí? ¿Se pedirán más «hospitalones» y más «muselones»? ¿Se ha preguntado alguien si deben rendir cuentas a consecuencia de la forma en que se administraron los fondos de las reconversiones? ¿Se ha preguntado alguien si no va siendo hora de iniciativas parlamentarias en Madrid por parte de nuestros representantes socialistas ante lo que se nos viene encima? ¿Se ha pronunciado alguien acerca de la humillación que supuso para Asturias la forma en que fue recibido nuestro presidente en la Moncloa para tratar el tema de la financiación?

La Asturias que pone la mano por no haber sabido defenderse a sí misma, ni durante las reconversiones ni ante la nueva financiación del Estado. La Asturias que pone la mano, que se despuebla y que continúa dormida.

Por qué me encanta esta crisis, de S. McCoy en El Confidencial

Hoy cambiamos de tercio y vamos a darle al tema un sesgo medianamente optimista, que ya va siendo hora. Premisa principal: esta crisis va a traer mucho más bueno que malo a nuestro país. No les quepa ni la menor duda. Tengo la más que firme convicción. Casi como el puedo prometer y prometo de Adolfo Suárez durante los primeros años de democracia. El argumentario que les propongo es, seguramente, discutible, matizable; hasta censurable. O no. Pero en cualquier caso, pretende simplemente establecer un punto de partida, una primera toma de conciencia de la tarea tan apasionante que tenemos por delante: recuperar el valor de la sociedad como motor de cambio… a mejor, cosa que no siempre ocurre. El resto del discurso, a favor o en contra de esta modesta tesis, lo construirán ustedes con sus aportaciones, as usual. No se corten: valor y al foro, que es todo suyo.

¿En qué me baso? Miren ustedes, creo sinceramente que se va desmontar en España la fantasía que atribuía al “tener” el liderazgo en la escala de valores colectiva. Una riqueza que se ha probado efímera, coyuntural, volátil. Íbamos a lo Di Caprio en la proa del Titanic pensando que el envoltorio garantizaba nuestra seguridad. Y el choque contra el iceberg de la crisis ha puesto de manifiesto que el casco estaba construido con tornillos de mala calidad, como ocurriera por otra parte en la realidad. Era todo una gran mentira. Y esa constatación de la verdadera situación, y de su impacto sobre nuestras vidas, esa muerte de lo circunstancial y el reencuentro con lo esencial, va a traer consigo muchas y muy buenas consecuencias.

¿Cuáles? En primer lugar, una fulgurante recuperación de la austeridad como modo de vida. Es un concepto mucho más amplio que el de frugalidad, contención impuesta o no a la hora de tomar decisiones de gasto y/o consumo. Una reducción semántica lícita, en cuanto refleja de modo inmediato el efecto de la incertidumbre o la carencia sobre el ciudadano, pero excesivamente restrictiva, a juicio de quien esto escribe. La austeridad no es únicamente privación, sino que va más allá. Es reconocer el valor de las cosas, apreciar el esfuerzo necesario para obtenerlas y tener la disponibilidad de ánimo de conservarlas. Es, en definitiva, adecuar las necesidades de cada uno a los parámetros de la normalidad. Vivir según las propias posibilidades. Poner cada cosa en su sitio. Se dice tradicionalmente que no es más feliz quien más tiene sino quien menos necesita. Permítanme que les diga una cosa: es una verdad como un templo. Y ojalá que, aunque pueda venir impuesta al principio, la austeridad llegue para quedarse. Ha llegado la hora de dejar de mirar al vecino y vivir la propia realidad.

En segundo término, va a resurgir la figura de la autoridad. Mientras es el hombre el que gobierna su propio barco, sobran los consejos. Pero en medio de la tempestad, cuando la nave parece que zozobra, se pone de manifiesto la necesidad de una guía adecuada que ayude a capear la borrasca. No me estoy refiriendo a lo que a primera vista pueden entenderse por prescriptores. Políticos, medios de comunicación e incluso jueces han perdido, salvo contadas excepciones, su papel como tales a través del proceso de degeneración de intereses que ha contaminado su actividad en los últimos años. Estoy hablando, por el contrario, de esas figuras que tradicionalmente han contribuido a fijar la escala de valores de la sociedad. Padres y profesores, fundamentalmente. Volverá a estar de moda, como figura emergente en los próximos meses e incluso años, un monosílabo olvidado: no. El pilar de cualquier educación. Y se redescubrirá la libertad no como la posibilidad de elegir entre las múltiples alternativas que pueden determinar mi rumbo vital sino como la coherencia que se deriva de aquél que, sabiendo dónde quiere llegar, toma las decisiones correctas.

Por último, y estoy seguro que esto daría para una mayor profusión de ideas, la pérdida de la gravitación de la vida sobre la propia persona y la incapacidad de actuar sobre ella como el hombre quisiera, va a traer consigo una vuelta de la trascendencia. No entro en el discurso materialista de la mayor o la menor alienación que esto supone o puede dejar de suponer; ni tampoco en el concepto de autoengaño consolador que puede llevar implícita para algunos esta constatación. Lo que subrayo es que hay determinadas preguntas en el hombre que le persiguen desde que toma conciencia de su ser hasta que se muere, cuestiones que se ven periódicamente ahogadas por la apariencia de control sobre la propia vida, ilusión que ayuda a pasar por encima de ellas. Yendo al ejemplo católico, las iglesias están en muchas ocasiones llenas de la utopía de la juventud, dependiente, y de la necesidad de cubrir el riesgo de eternidad de los mayores, dependientes. Y es que la dependencia es, sin duda, una puerta abierta a la trascendencia. Y la apertura madura a la trascendencia, en cualquiera de sus manifestaciones espirituales, supone una gota de agua adicional en el rescate de muchos valores que se encontraban acumulando moho en el trastero de la sociedad o que, presentes en el día a día, habían perdido su acepción original, manoseadas por intereses espúreos.

Crisis como la que estamos viviendo, debido a las causas que las fundamentan y a los espejismos de autosuficiencia que generan, requieren de mecanismos correctores de calado que, desgraciadamente, se han de prolongar en el tiempo para que pongan de manifiesto sus efectos. Sin embargo, son absolutamente necesarios como modo incluso de evitar la destrucción de los pilares que sustentan la estructura de la sociedad. Una sociedad pendular, la que vivimos, para la que esto sí que va a suponer un auténtico cambio de paradigma en relación con el modo de entender la propia existencia y su relación con el medio estos últimos años. Un proceso necesario del que, esperemos, seamos capaces de extraer lo mejor de nosotros mismos en términos de contención, recuperación de la autoridad y rescate de los valores morales. Un trabajo individual o familiar con indudable repercusión colectiva. Eso o la desesperación, la xenofobia y la inseguridad. ¿Entienden ahora por qué me encanta esta crisis?

La crisis deja una deuda de 48.000 millones de euros a las próximas generaciones, de Carlos Sánchez en El Confidencial

El abultado déficit presupuestario -cerca de un 3,5% del PIB en 2008 para el conjunto de las Administraciones Públicas- va a dejar un auténtico ‘roto’ en el bolsillo de los españoles. Pero no sólo en los coetáneos, sino también en sus descendientes. Hasta el pasado 23 de diciembre, es decir, apenas una semana antes de que acabara el año pasado, el endeudamiento neto del Estado creció en 48.244 millones de euros respecto del año anterior. Y a esta cantidad hay que sumar las cifras que aporten las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las empresas públicas.

Eso significa que cada uno de los 46 millones largos de españoles tiene que sumar unos 1.000 euros adicionales a sus deudas particulares. Ese dinero se destinará a pagar los compromisos de pago adquiridos por el Estado a lo largo del año pasado. En particular, para sufragar el desequilibrio entre ingresos y pagos. Dicho en otros términos, cada trabajador recibió 400 euros del Estado en la célebre paga aprobada antes de las elecciones generales, pero tendrá que devolver algo más de 1.000 para financiar esa cantidad y otros gastos en los que ha incurrido el Estado desde entonces.

Los datos del Tesoro Público indican, en concreto, que el Estado se vio en la obligación de emitir en 2008 algo más de 113.000 millones de euros, a los que hay que restar amortizaciones por valor de 64.953 millones. Esto significa que la deuda viva del Estado en circulación -lo que realmente todavía tiene que devolver a quienes compraron títulos públicos- rozará por primera vez los 350.000 millones de euros. Hasta el pasado 30 de noviembre, la cifra ascendía a 345.110 millones, pero en diciembre el Tesoro ha sido especialmente activo a la hora de intervenir en los mercados financieros en busca de dinero.

Para hacerse una idea de lo rápido que se han deteriorado las cuentas públicas hay que tener en cuenta que hasta el mes de abril del pasado año, la financiación neta del Estado -saldo entre emisiones y amortizaciones- era negativa, lo que significa que el endeudamiento iba decreciendo respecto del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, a partir de la primavera se produjo un brusco cambio de tendencia que finalmente ha acabado con una deuda del Estado -sin contar el resto de las Administraciones Públicas- equivalente al 32% del PIB. En concreto, rondará los 320.000 millones de euros. Y es que hay que tener en cuenta que no todo el endeudamiento contabiliza a efectos del Protocolo de déficit excesivo.

Emisiones a corto y largo

Los datos del Tesoro indican que las dos terceras partes de esas emisiones se realizaron mediante la puesta en circulación de títulos a medio y largo plazo (bonos y obligaciones), y el resto a corto plazo (letras). En términos absolutos, la deuda pública ha crecido de una forma intensa en los últimos veinte años. Hasta el punto de que en 1987 se situaba en 87.009 millones, cuatro veces menos que actualmente. En términos relativos, sin embargo, España continúa siendo una de las naciones europeas con menor endeudamiento público, un 36,2% en 2007, muy por debajo del 67,6% alcanzado en 1996, año que significó un cambio de tendencia que se aceleraría con la posterior entrada de España en la unión monetaria y el saneamiento de las cuentas públicas.

El tipo medio de la deuda que se ve obligado el Estado a pagar por captar ahorro entre los inversores se situó en noviembre en el 4,40%, ligeramente por debajo del 4,53% registrado un año antes. La rentabilidad de las obligaciones a 10 años se situaba en el 4,79% en noviembre para el conjunto de la deuda, si bien la de las nuevas emisiones se sitúa un punto por debajo.

La vida media de las emisiones del Tesoro se situó en 2008 en 6,62 años, en línea con lo que ha sucedido en los últimos ejercicios, pero muy por encima de los registros de los años 90, cuando apenas se esperaban los tres años como media. Esto significa un desahogo para el Tesoro a la hora de articular su calendario de emisiones, que en 2009 será especialmente intenso al calor del empeoramiento del déficit público. Tanto en España como en la UE, lo que obligará al Tesoro a elevar las rentabilidades para hacer más atractivas sus emisiones.

Europa ante el horror en Gaza, de Alberto Piris en Estrella Digital

Parecería como si sobre la invasión de Gaza por el ejército de Israel estuviera ya todo dicho y todo discutido. Tan abrumadora viene siendo la proliferación de opiniones, declaraciones, comparaciones e informaciones, que resulta casi imposible añadir nada nuevo, sea para vencer la permanente sensación de horror que se sufre al contemplar a diario la ciega violencia desatada, sea para contribuir, siquiera en una mínima parte, a que se dé un paso hacia el fin de esta nueva barbarie.

Si no queremos convivir con el horror o, lo que es peor, ser cómplices de él, es obligado esforzarse por abrir un camino que permita entender algo de lo que está ocurriendo. Esto resulta muy difícil ante el riguroso control de la información -arma de guerra- al que Israel ha sometido a los medios de comunicación. Sólo sabremos lo que los atacantes desean que sepamos. Lo demás habrá que intuirlo, adivinarlo o averiguarlo mediante otras fuentes alternativas, que también están sometidas a la subjetividad propia de un conflicto de esta naturaleza.

En principio, y por encima de todo, es imposible resistirse a la necesidad moral y de justicia de estar cerca del que sufre, del que es atacado, del que muere bombardeado, del que lleva sometido a una inicua, duradera e intolerable opresión desde la artificial creación del Estado de Israel. Era justo y necesario estar del lado de los judíos perseguidos y exterminados por los nazis y es justo y necesario estar del lado de los palestinos hoy atacados por el Ejército de israelí. Ejército al que apoya, no se olvide, la inmensa mayoría del pueblo que con insistencia se viene proclamando sucesor de los que sufrieron el Holocausto. Ejército, el de Israel, que también sacrifica hoy (no otro significado tiene la palabra «holocausto») a otro pueblo que es, como eran los judíos para los dirigentes de la Alemania nazi, un obstáculo para sus designios nacionales y chivo expiatorio de todos los males que aquejan al pueblo elegido, sea éste el ario o el preferido por Jehová.

El Estado de Israel goza de una impunidad que a muchos se antoja incomprensible. Si cualquier otro país del mundo se hubiera servido de la fuerza militar como lo hace ahora el Gobierno israelí, sobre él habría recaído la condena más severa; sus embajadores habrían sido expulsados de las capitales del mundo que se tiene por civilizado y hasta su propia pertenencia a la ONU habría sido puesta en entredicho.

Quede bien claro que el Gobierno de Israel no es un régimen nazi; cualquier comparación a este respecto es falsa y poco favor hacen a la paz los que aducen tan irreal paralelismo. Pero el Gobierno de Israel viene haciendo tabla rasa de cualquier norma internacional que pueda afectar en lo más mínimo a sus intereses. Es el país que más ha violado las resoluciones del Consejo de Seguridad y el que menos ha sido castigado por tan continuada vulneración. En suma, es el miembro rebelde, indisciplinado, pendenciero y peligroso de la comunidad internacional; provisto, además, de armas nucleares. La excepcionalidad israelí está avalada, apoyada y sostenida materialmente por EEUU, que para conservarla no duda en utilizar muy distintos patrones de medida para Israel y para el resto del mundo, con el consiguiente descrédito internacional.

Resulta natural, pues, que todas las miradas se dirijan a EEUU cuando se trata de resolver este enrevesado problema. No es desacertado sospechar que la solución del conflicto, si existe, está en Washington. Y, si está en Washington, Obama tendrá algo que decir y algo que hacer al respecto. Lo poco que hasta ahora se le ha oído no es muy esperanzador: «Si alguien lanzara cohetes contra mi casa, donde duermen mis hijas, haría todo lo que pudiera para impedirlo», dijo, sosteniendo la hipótesis israelí de que la invasión de Gaza es consecuencia de los ataques palestinos con sus cohetes de fabricación artesanal. Su tan alabada ecuanimidad no le llevó a considerar que el pueblo encerrado en la mayor prisión que existe hoy en el mundo, la franja de Gaza, también ve llover sobre las casas donde duermen sus hijas toda la furia destructora del ejército más potente de Oriente Próximo, y también hace todo lo que puede para evitarlo, aunque esto sea muy poco y se considere terrorismo, con el que se intenta oponerse al terrorismo de Estado israelí.

Ante esto, es obligado sentir la vergüenza de pertenecer a la Unión Europea. Preocupada por la falta de calefacción que supone un problema para muchos de sus ciudadanos, muestra su honda indignación con Rusia, a la que acusa, sin demasiada razón, por la escasez del suministro de gas y amenaza con represalias, pero no es capaz de mostrar la misma irritación ante al reiterado asesinato de palestinos que se está produciendo en su más inmediato entorno.

Incapaz de una acción conjunta, Europa mira a la Casa Blanca, esperando que desde allí venga la solución milagrosa del problema. ¿Y si Obama, como quienes le precedieron, sigue su misma línea de actuación u otra muy parecida? ¿Seguirá Europa retorciéndose llorosa las manos, limitándose a mostrar su indignación ante un horror que pudo ser evitado si hubiera actuado con más decisión? Todo nos induce a sospechar que, mal que nos pese, así ocurrirá.

Alberto Piris. General de Artillería en la Reserva.

Condenada táctica, de Robert Fisk en Página 12

¿A qué le teme Israel? Usar la excusa de “áreas militares cerradas” para evitar la cobertura de su ocupación de la tierra palestina es algo que sucede desde hace muchos años. Pero la última vez que Israel jugó este juego –en Jenin, en 2000– fue un desastre. Imposibilitados de constatar la verdad con sus propios ojos, los periodistas citaban a los palestinos que afirmaban que los soldados israelíes habían cometido una masacre –e Israel se pasó años negándolo–. En realidad hubo una masacre, pero no a la escala que originalmente se informó.

Ahora el ejército israelí está intentando nuevamente la misma condenada táctica. Prohíban la prensa. Mantengan fuera a las cámaras. Hace pocos días, sólo horas después de que el ejército israelí entrara a Gaza para matar a más miembros de Hamas –y más civiles, por supuesto– Hamas estaba informando la captura de dos soldados israelíes. Los periodistas en el terreno podrían haber aclarado la verdad o la mentira sobre esto. Pero al no haber ni un solo periodista occidental en Gaza, los israelíes tuvieron que decirle al mundo que no sabían si la versión era verdadera o no.

Por otro lado, los israelíes son tan inflexibles que las razones para prohibir la entrada a los periodista se entienden muy fácilmente: hay tantos soldados israelíes que van a matar a tantos inocentes, que agregarle imágenes de la matanza sería demasiado. No es que los palestinos hayan ayudado mucho. El secuestro hace meses de un trabajador de la BBC en Gaza por una familia de la mafia palestina –finalmente liberado por Hamas, aunque eso no se recuerda ahora– fue lo que le puso el punto final a la presencia permanente de la televisión occidental en Gaza. Pero los resultados son los mismos.

Allá en 1980, la Unión Soviética echó de Afganistán a todos los periodistas occidentales. Quienes estábamos informando sobre la invasión rusa y su brutal final no podíamos volver a entrar al país –excepto que fuéramos acompañados de guerrilleros mujahedines–. Recibí una carta de Charles Douglas Hume, que era el editor de The Times –diario para el que yo trabajaba– en la que hacía una importante observación. “Ahora que no tenemos una cobertura regular desde Afganistán –escribió el 26 de marzo de ese año–, estaría muy agradecido si no dejas pasar ninguna oportunidad de informar sobre historias confiables de lo que está pasando en ese país. No debemos dejar que los hechos en Afganistán desaparezcan del papel sólo porque no tenemos un corresponsal ahí.”

No debe sorprendernos que los israelíes utilicen la vieja táctica soviética para cegar la visión del mundo de una guerra. Pero el resultado es que las voces palestinas –contrariamente a la de los periodistas occidentales– dominan ahora las ondas magnéticas. Los hombres y las mujeres que están bajo ataques de artillería y aéreos a manos de los israelíes están contando su propia historia por televisión y por radio y en los diarios como nunca lo han podido hacer antes, sin el “equilibrio” artificial que tanto periodismo televisivo impone al reportear en vivo. Quizás esto se convierta en una nueva forma de cobertura: permitir que los participantes cuenten su propia historia. El otro lado de la moneda, por supuesto, es que no hay occidentales en Gaza para repreguntar los sinuosos relatos de Hamas de los hechos; otra victoria para la milicia palestina, entregada en bandeja por los israelíes.

Pero también hay un lado más oscuro. La versión de los hechos de Israel recibió tanto crédito de la moribunda administración Bush que la prohibición a que los periodistas entren en Gaza puede tener muy poca importancia para el ejército israelí. Para cuando podamos investigar, cualquier cosa que estén tratando de ocultar habrá sido superada por otra crisis en la que puedan sostener que están en “la primera línea” de la “guerra del terror”.

Robert Fisk. De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

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El holocausto palestino, de Carlos Fazio en La Jornada

¿Quién puede condenar la violencia en general sin contradecirse? Ante los pogromos de palestinos en Gaza, esa vieja pregunta, repetida en diferentes épocas, queda hoy de nuevo sin respuesta. En nuestras sociedades capitalistas de caos, exclusión y muerte, no es dable una valoración única de las diferentes formas de violencia y de todos sus responsables por igual en todo tiempo y lugar. Huelga decir que existe mucho cinismo, y una doble moral convenenciera que ha trocado en estupidez y complicidad muchas mentes lúcidas, que en la coyuntura se refugian en sofismas o han guardado un silencio profundo, legitimador, ante la barbarie genocida de la operación Plomo Fundido ordenada por las autoridades políticas y militares del Estado de Israel en los territorios árabes ocupados.

“Bárbaro –dice Tzvetan Todorov– es quien niega a otro la plena condición humana. Cometiendo actos bárbaros no se defiende la civilización contra la barbarie: se capitula ante ella haciéndola legítima” (ver Antonio Muñoz, “Una conversación”, “Babelia”, El País, 1º/11/2008). Al respecto, el diario conservador Times, de Londres, consignó que en su actual guerra de exterminio y limpieza étnica infinita, el ejército de ocupación israelí está utilizando proyectiles que contienen napalm y fósforo blanco, armas incendiarias prohibidas que provocan mutilaciones y quemaduras mortales en niños, mujeres y ancianos hacinados en Gaza, convertida en un gran campo de concentración y dividida por Israel en guetos o bantustanes tipo apartheid. También se ha divulgado el uso de bombas de racimo y de un nuevo tipo de armas denominadas Explosivos de Metal Inerte Denso (DIME), hechas con una aleación de tungsteno. Sin duda, métodos dignos de los nazis en sus acciones más brutales.

No obstante, escudadas en una orwelliana autodefensa antiterrorista con visos de “guerra justa” –merced a una legitimada deconstrucción de categorías que esconde la tensión constituyente de la violencia original (la ocupación militar de Palestina por Israel condenada en múltiples resoluciones de Naciones Unidas) y suprime de raíz el derecho a la rebelión, la resistencia, la autodeterminación del pueblo palestino y su lucha por la liberación nacional, mientras convierte al agresor en “víctima gratuita” atacada sin razón–, muchas buenas conciencias, en convivencia pacífica con el statu quo del polo dominante, siembran inteligibilidad o confusión sobre el conflicto y sus causas, al tiempo que asumen como válidas las frías acciones de barbarie reguladora y las rutinarias matanzas burocráticas, asimétricas e (in)humanas ejecutadas por las tropas de asalto del gobierno de Israel, consideradas crímenes de guerra por el derecho internacional consuetudinario.

Hace casi medio siglo, ante el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, decía Bertrand Russell en relación con el conflicto de Vietnam: “No se puede equiparar la opresión del agresor a la resistencia de la víctima. Sólo quienes no pueden distinguir entre el levantamiento del gueto de Varsovia y la violencia de la Gestapo, o la lucha por su vida de los partisanos yugoslavos, la resistencia en Noruega, la lucha clandestina en Dinamarca y el maqui francés, de un lado, y los ejércitos invasores nazis, de otro, pueden dejar de enjuiciar los actos de Estados Unidos como moral y cualitativamente diferentes de los actos de la resistencia vietnamita”. A propósito, Raquel Tibol señaló en estas páginas: “Nada más parecido al gueto de Varsovia que el cerco impuesto por Israel a los palestinos, sin que falten muros, alambradas y prohibiciones a introducir alimentos, medicinas, electricidad, así como el libre tránsito de la gente. Nada más parecido al Holocausto que el genocidio contra toda la población palestina, sin que falte el horror de eliminar indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños cuya tierra ha sido invadida” (“Similitudes”, La Jornada, 4/1/2009).

En 1991, ante la creciente ola fascista en Occidente, tras señalar que “el silencio y la inmovilidad societaria han dado pauta a la emergencia del neonazismo”, Arnoldo Kraus, se preguntaba: “¿Ha muerto realmente Hitler?” (“Neonazismo: otra mirada”, La Jornada, 27/11 y 4/12/1991). Con diferentes variables, la respuesta es no. Las víctimas de ayer se han convertido en los victimarios de hoy. Auschwitz es, hoy, Gaza. Y también la nueva Guernika, como antes Faluya. La actual “carnicería” tiene responsables. Para usar la expresión del rabino Yeshayahu Leibovitz, los responsables son los dirigentes “nazi sionistas” de Israel, una potencia colonial militarista en una región estratégica de la economía mundial, que ha sido definida por expertos juristas internacionales como un Estado terrorista. Estado que cuenta, además, con una bien aceitada infraestructura mundial de propaganda, que convierte en “autodiados antisemitas” y seguidores de los Protocolos de los sabios de Sión a aquellos intelectuales de origen judío (Chomsky, Herman, Zinn, Finkelstein, Petras) que objetan su racismo vandálico de Estado. La acusación de antisemitismo es un arma recurrente de la matonería sionista, verbigracia, los casos de Alfredo Jalife y José Steinsleger en La Jornada.

Con conocimiento del sufrimiento humano y convertidos en “rentistas del Holocausto” (Saramago dixit), los nazi sionistas Olmert, Barak, Dagan y Tzipi Livni –discípulos/as ideológicos de Teodoro Herzl y sus seguidores Gurión, Meir, Peres, Rabin, Sharon, Netanyahu–, bestializan al otro, la nueva “raza maldita” palestina. Ésa es la razón de los periódicos asesinatos selectivos y en masa de hombres, mujeres y niños, en función de una política planificada por Dagan y Sharon en 2001, cuyo objetivo hoy es la captura militar de Gaza y el exterminio de milicianos de Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica), para terminar de erosionar la unidad nacional palestina y proceder luego a la expulsión total de sus tierras a los habitantes árabes. No obstante, igual que en Varsovia, bajo el cielo de plomo que esconde el cielo azul, la resistencia palestina sigue allí.