Reggio’s Weblog

La financiación y una ópera de Donizetti, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Economía, Política by reggio on 30 enero, 2009

TRIBUNA: DESCENTRALIZACION POLITICA

El autor ironiza sobre nuestro modelo autonómico y el deseo de Zapatero de agradar a cada presidente regional – Analiza cómo funciona la descentralización en Alemania y las reformas para garantizar la unidad y la solidaridad

Nuestro genio organizativo carece de fronteras que puedan apreciarse a simple vista. Esta observación se constata con el sistema que estamos inventando para la reforma de la financiación de las comunidades autónomas. Hasta ahora, los Estados federales habían ensayado y practicado diversos modelos, pero tan original como el nuestro no existe ejemplo en el Derecho comparado.

Este ir y venir de los presidentes autonómicos al Palacio de la Moncloa -donde son recibidos por un presidente del Gobierno que, por su buena disposición de ánimo, quiere contentar a todos-, recuerda a la magnífica figura de Dulcamara de la ópera de Donizetti L’elisir d’amore, que contaba con un elixir para cada avería como ahora hay un fondo para cada necesidad.

Creo que el sistema Dulcamara es un sistema como cualquier otro. La política tiene mucho de invención, de manera que las mugas a la imaginación las instalan los propios protagonistas. Con todo, y por si puede servir de algo, que no creo, voy a contar sumariamente lo que está ocurriendo, precisamente en estos momentos, en Alemania.

El lector cómplice que me siga sabrá que he aireado por estos pagos -a través de libros y de las páginas de EL MUNDO- los trabajos de la reforma federal llevada a cabo en aquel país. Un proceso que fue complejo y que acabó en el verano de 2006, momento en el que el Parlamento federal alemán estuvo en condiciones de aprobar una nueva versión de parte de la Constitución de 1949 destinada a modernizar un sistema federal que hacía agua por muchos costados.

Subrayé el método empleado. Una Comisión donde tenían asiento todos los protagonistas de la política federal y federada -más unos cuantos expertos en Derecho público- fue la encargada de revisar el sistema político y sus intimidades: funciones futuras del Bundesrat, reparto de competencias entre la Federación y los Länder, presencia de estos en la política europea… Al final, como he adelantado, el retoque de unos cuantos artículos de la Constitución federal que allí todos acatan y cumplen.

Se ultimaba así la primera parte de la reforma. Porque hay dos más. Vamos a verlas. La segunda, conocida como Föderalismuskommission II, es la que se ocupa de la financiación de los Länder. Habrá una III, también muy interesante, ya me referiré a ella.

Pues bien, ¿de qué va la segunda comisión? Obviamente de dinero, de su reparto. En primer lugar, se ha constatado que las relaciones entre la Federación y los Länder son poco transparentes. El derecho tributario es competencia de la Federación; los Länder, en asuntos que les afectan, codeciden, pero en general hay pocos impuestos -y no muy relevantes, la segunda vivienda, por ejemplo-, que éstos pueden establecer autónomamente. El impuesto de la renta se reparte entre la Federación, los Länder y los municipios; los ingresos por el valor añadido, por su parte, se los llevan la Federación y los Länder.

Hay conflictos cuando la Federación aprueba leyes cuyas consecuencias financieras soportan los Länder o los municipios: una previsión federal, verbigracia, respecto a las plazas de guardería infantil.En este caso, a partir de ahí, son los Länder los que han de prestar el apoyo económico a los municipios que las gestionan.Se dan otros muchos casos que convierten a estas formas mixtas de ejercicio de competencias y de financiación en ejemplos de prácticas burocráticas poco eficaces, que, además, desdibujan las responsabilidades políticas y limitan el control democrático.

En segundo lugar, en este sistema, para garantizar el equilibrio interterritorial, se reparten cada año 30.000 millones entre cinco Länder ricos y 11 pobres. Son cantidades destinadas a compensar a los más desfavorecidos pues la Constitución obliga a los poderes públicos a asegurar a todos los alemanes unas iguales condiciones de vida. Los Länder que pagan se consideran castigados y, al final, en peores condiciones que los que reciben, lo que conduce a que también, por esta vía, se haga borrosa la responsabilidad de las autoridades de tales Länder. Hay otro fondo de solidaridad que llega hasta 2019 y que está destinado a los Länder incorporados desde la antigua RDA, pero de éste nadie trata porque es un tema tabú.

En fin, los esfuerzos realizados en los últimos 15 años para limitar el endeudamiento de la Federación, de los Länder y de los municipios han fracasado. El Sarre es el Land más endeudado pero Berlín no le anda a la zaga y lo mismo ocurre con la Baja Sajonia y con la mayoría de los Länder ex-RDA. El Tribunal Constitucional de Karlsruhe anda enredado en varios pleitos con las consecuencias jurídicas de esta situación.

Hay diversas propuestas sobre la mesa para resolver todo este embrollo que sumariamente he descrito. Los Länder han adquirido mucho poder político porque los sucesivos gobiernos federales han dependido de ellos en el Bundesrat para aprobar sus leyes.Por eso de lo que se trata con la reforma I y con esta II es limitar ese poder para conjurar el peligro de que el Estado alemán, privado de mecanismos eficaces para garantizar la unidad y la solidaridad, se convierta en una simple agregación de Länder.

Para solucionar estos problemas es para lo que existe la Comisión II a que he hecho referencia. ¿Cuántos y quiénes pertenecen a la misma? Hay 32 comisionados: 16 han sido nombrados por el Parlamento federal (Bundestag) y 16 por el Senado (Bundesrat). El Parlamento ha enviado a varios miembros del Gobierno federal y hay varios diputados de la mayoría y de la oposición. Están, asimismo, representados los presidentes de los Länder y de los municipios. La presidencia la ostentan conjuntamente el presidente del grupo parlamentario socialdemócrata y el presidente del Land de Baden-Württemberg, que pertenece a la democracia cristiana (ahora en la oposición).

todos ellos empezaron a trabajar a principios de 2007, han celebrado varias reuniones y sus debates pueden seguirse a través de los correspondientes sitios de internet. El compromiso es terminar a lo largo de esta legislatura pero, en estos momentos, las perspectivas no son muy alentadoras pues hay por medio elecciones regionales que complican el panorama y dificultan los pactos. Hay que tener en cuenta que, para alcanzarlos, han de ponerse de acuerdo todos los participantes, la Federación y los Länder, y que los que reciben cuentan con una clara mayoría en el Senado (Bundesrat), de manera que es impensable su respaldo a soluciones que puedan perjudicarles.

Dejé adelantado que hay una III Comisión en el horizonte, aún no concretada. ¿De qué se ocuparía? Pues de la disminución del número de Länder, porque se estima que 16 son demasiados y que muchos de ellos carecen de la pertinente consistencia poblacional y económica. Al final quedarían alrededor de seis para los 80 millones largos de habitantes de la República Federal Alemana.

Para afrontar esta operación existe resistencia por parte de muchos políticos -de todos los partidos- y por parte de algunas poblaciones, cuyo voto es necesario porque la Constitución prevé el referéndum. Pero, incluso, se piensa en una posible reforma constitucional para suprimir este requisito de la participación popular. En cualquier caso, esta Comisión III está aún muy verde aunque hay ya muchos estudios publicados -económicos, geográficos, etcétera- acerca de la dimensión ideal de un Land y del camino que habría de tomar una reforma de esta envergadura.

Al llegar ahora al final me pregunto para qué me habré molestado en escribir este artículo porque, bien mirado, ¿qué tenemos que ver nosotros con los alemanes?

Francisco Sosa Wagner, es catedrático y cabeza de la lista de UpyD al Parlamento Europeo. Su último libro es Carl Schmitt-Ernst Forsthoff: coincidencias y confidencias (Marcial Pons, 2008).

© Mundinteractivos, S.A.

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Bolonia y los estudios de Derecho, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Educación by reggio on 16 diciembre, 2008

TRIBUNA LIBRE

En las Facultades de Derecho españolas somos muchos los profesores discretos, con años de ejercicio y con un abultado currículum, que no damos crédito a lo que vemos. De nuevo estamos presenciando una reforma que se lleva por delante planes, títulos, contenidos de las asignaturas, en medio de la opacidad que proporciona un lenguaje cabalístico, preñado de una palabrería tan esotérica que llega a ser cómica: hay cientos de protocolos, evaluaciones, autoevaluaciones, habilidades, competencias, destrezas: un festival inventado por pedagogos a la violeta.

Fuera de este ruido que solo entienden los iniciados, lo que llama la atención de esta batahola es la falta de explicaciones acerca del alcance de la reforma por parte de las autoridades ministeriales. Es de notar que, pese a que buena parte de las competencias universitarias se hallan alojadas en las Comunidades autónomas, el organigrama de la Administración central sigue florido y en permanente crecimiento: contamos con ministerio, secretaría de Estado, direcciones generales, presidencias de Agencias … no nos falta de nada, estamos bien servidos. Pues bien, practicamente nadie de quienes ocupan tan elevadas poltronas se ha tomado la molestia de comparecer en los periódicos para, pluma en mano, explicarnos a los universitarios el arcano de sus designios y hacerlo en el lenguaje apropiado que merecemos quienes somos profesionales de la Universidad y por tanto no podemos aceptar camelos de bisutería política.

Porque ha de saberse que lo que Bolonia significa no es aceptado o es ampliamente discutido en países que merecen mucho crédito. En tal sentido, se conoce poco que en el documento firmado por los partidos cristiano-demócrata y social-demócrata para la formación del actual Gobierno alemán, en ese mismo importante y solemne documento, se rechaza «Bolonia» para los estudios de Derecho en las Facultades alemanas: «la formación de los juristas -puede leerse- ha de acomodarse a las exigencias de las profesiones jurídicas. Como no se advierte una necesidad en tal sentido, los partidos firmantes rechazan la incorporación del proceso de Bolonia a la formación de nuestros juristas».

A pesar de este precedente, silencio de nuestro mando hispano. Y para hacer juego, silencio de los mandados. Porque es de ver asimismo el mutismo de claustros, de juntas de Facultad o de profesores individuales. Pocos colegas han comparecido en los medios para exponer sus puntos de vista y esto vale para la Prensa nacional y, por lo que conozco, la regional, cuando ambas se han mostrado siempre solícitas a la hora de acoger las reflexiones de quienes a ellas se aventuren. Hay excepciones notables que mucho se agradecen pero que no hacen sino realzar el escenario de sigilo que denuncio. Resulta triste decirlo, y más para quienes humildemente luchamos contra las autoridades franquistas en el último tramo de la vida de la dictadura: había más vida en las juntas de Facultad de aquella época que en las de ahora. Infinitamente mayor conciencia pública, mayor valentía y mayor audacia. ¿Cómo es posible que la democracia haya tenido este efecto narcótico?

Y, por lo que se refiere a los estudios de derecho, silencio ominoso del Ministerio de Justicia y de los colegios profesionales, de abogados, de notarios etc, así como de las asociaciones de jueces y magistrados. ¿Es que no interesa a ninguno de ellos cuál sea la formación de los juristas? Muy en especial, me dirijo al Ministerio de Justicia ¿puede sin más desentenderse de lo que se va a enseñar en las facultades de Derecho? Pero ¿cómo es posible una indiferencia tan frívola?

Son ahora los estudiantes -pocos- quienes se han levantado en algunos centros contra la reforma enarbolando unas banderas que, aunque de forma confusa, dan en la diana de sus trucos. Así, por ejemplo, cuando denuncian la entrega de la Universidad y sus títulos a las necesidades de las empresas, lo cual es en esencia cierto porque llevamos muchos años oyendo la cantinela de que la Universidad ha de ponerse al servicio de la sociedad. Lo que es a un tiempo cierto y falso. Porque si las demandas sociales han de ser atendidas, será previa su adecuada valoración y, por supuesto, sin descuidar el mundo de las «Humanidades» o de los enfoques básicos imprescindibles -de la Filosofía, de la Física o de la Matemática-, hoy relegados a un último plano por un Gobierno que, encima, blasona de «progresismo». De forma un poco provocadora pero bien expresiva Tomás y Valiente nos dejó escrito que «la Universidad es y debe seguir siendo muy tradicional, profundamente sospechosa y un poco inútil». Bolonia. Precisamente a Bolonia debemos los juristas nuestro oficio. Allí nació la escuela de los glosadores que puso a punto, por medio de un nuevo método, el Derecho Romano justinianeo para ser utilizado en el espacio del Sacro Imperio Romano Germánico. Nada se entiende de la Historia de Europa desde el siglo XII para acá sin saber lo que Bolonia y sus juristas significaron.

Pues bien, de Bolonia viene ahora de nuevo un cambio en los métodos. Se trata de que docentes y discentes trabajen más y lo hagan en seminarios, en clases prácticas, en sesiones de debate … Todo ello debe destronar la «clase magistral», lo cual no quiere decir exiliarla porque, aunque parezca una exageración, aún quedan «maestros» en las Facultades de Derecho. Pocos pero quedan. Tales innovaciones han de ser bienvenidas y ni siquiera los viejos nos oponemos a ella, conscientes como somos de que nuestro trabajo tradicional se encuentra obsoleto desde hace muchos años, yo diría que desde Gutenberg.

Ahora bien, esta dimensión de la reforma nada tiene que ver con la entrega del diseño de las titulaciones y de los planes a las más de cincuenta Facultades españolas, es decir, a sus profesores y catedráticos y a sus descoloridos órganos de gobierno. Porque es de advertir a quienes viven fuera del «alma mater» que en ella cada centro universitario se dispone a aprobar en los próximos meses las reglas por las que se van a formar generaciones y generaciones de jóvenes licenciados en Derecho y lo hace prácticamente de manera libre (fuera de unos burocráticos controles a posteriori), guiados por una única brújula: los intereses individuales de los profesores -y de los estudiantes- que colaboran en estos desaguisados. Se suprimen asignaturas, se aumentan o se reducen horas lectivas en cambalaches de pasillos y en trueques de favores o en intercambio de venganzas. Así estamos y es bueno que lo sepan quienes me lean y viven al margen de este zoco.

Es decir, podríamos decir que, por un lado, hay Bolonia y, por otro, la variante española, que llamaremos de Chamberí, y que abarca todo aquello que se ha metido de matute por nuestras autoridades en el ambicioso plan de creación del espacio europeo. Pero de verdad ¿qué espacio europeo puede crearse cuando los planes de las Facultades de Derecho son distintos entre Valencia y Castellón, Sevilla y Córdoba, Santiago y La Coruña, León y Valladolid? ¿Qué posibilidades tendrán los estudiantes para la «movilidad»? Como bien se ha señalado en un documento de UPyD, antes que el espacio europeo habrá de crearse el espacio español, fragmentado en más de cincuenta pedazos a causa de nuestras invenciones y de la forma desorientada en que se está conduciendo el proceso.

Es hora de detener esta alocada carrera y autoridades para ello no nos faltan. Y es la hora llegada asimismo de formar una Comisión de juristas, todos de avanzada edad y sin intereses directos implicados, procedentes de las distintas profesiones jurídicas (catedráticos, abogados, magistrados, notarios …), para que formulen un plan uniforme y mínimo destinado a la formación de los licenciados en toda España. La única desgracia que le falta a la Justicia española es que se llegara a consumar la extravagancia en curso.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Su último libro es Carl Schmitt-Ernst Forstoff: coincidencias y confidencias. (Marcial Pons, 2008).

© Mundinteractivos, S.A.

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El Estado, caja de socorros, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Economía, Internacional, Política by reggio on 18 noviembre, 2008

TRIBUNA LIBRE

Las turbulencias financieras constituyen una magnífica ocasión para meditar sobre cuestiones muy de fondo de nuestras estructuras políticas y administrativas, así como acerca de su relación con algunas instituciones públicas y privadas: el Estado, los bancos, las grandes empresas de sectores clave de la economía, los partidos políticos… ¡Ahí es nada!

Del Estado sabemos que está viviendo una transformación de muy amplios vuelos. La Teoría tradicional, que se ha explicado a lo largo del siglo XX y que tiene su punto de partida en la gran obra de Jellinek -traducida al español en 1914 por Fernando de los Ríos-, ha conocido en Europa una erosión de espectaculares dimensiones. De sus tres elementos clásicos, el territorio, la población y el poder, ¿qué sobrevive? En el territorio tradicional se han formado grietas aparatosas y las fronteras con sus guardias y sus alambradas, aquellas ciudades-frontera, entrañables ciudades hermafroditas, un poco católicas, un poco protestantes, son hoy día un recuerdo apto para contarlo a los hijos. No es, ciertamente, que el territorio se haya disuelto, pero sí ha perdido su vestimenta absoluta, arrolladora o la exclusividad que le acompañó durante mucho tiempo.

Pero, ¿y la población? La aparición en el espacio europeo de unos pueblos venidos de todos los continentes está convirtiendo a la nacionalidad en algo contingente, de suerte que se ha volatilizado en buena medida su condición de elemento decisivo en la estructura del Estado. Es más: no resulta aventurado sostener que se está formando un pueblo europeo, aunque se trata de un proceso lleno de incógnitas y de complejos meandros, forzosamente lento: tan lento como por cierto fue históricamente el proceso de creación del pueblo español o del pueblo alemán, que no surgieron en un rato perdido de la Historia.

En fin, del poder concebido como instancia con voluntad soberana, superior, única en el territorio, ¿qué queda? Hoy en día, a tal voluntad no se llega sino a través de pactos con otros Estados. Por decirlo con palabras de nuestro Tribunal Constitucional: «España es Estado miembro de las comunidades europeas y, por tanto, sujeto a las normas del ordenamiento comunitario que poseen efecto directo para los ciudadanos y tienen primacía sobre las disposiciones internas» (sentencia -entre otras- 130/1995 de 11 de septiembre). No se trata simplemente de una cesión de atribuciones, sino que se están conformando nuevas potestades y un nuevo haz de competencias que, además, afecta a los tres poderes del Estado que van viendo cómo menguan implacablemente sus atribuciones. Convengamos en que no quedan núcleos duros de la disponibilidad del Estado: todos se han ablandado y el mismísimo sacrosanto espacio que ocupa la Constitución ya no puede considerarse seguro ante las mudanzas que vive.

Pero el Estado es como la materia en la física: ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Agónico el Estado nacional tradicional, es preciso proclamar bien alto un ¡viva el Estado!. Porque el Estado no puede convertirse en un ser fantasmal y melancólico que vague sus soledades por los espacios. Antes al contrario, se necesita un poder fuerte y democráticamente organizado que legitime decisiones y medidas que afectan a millones de ciudadanos, que sea capaz de hacer frente a su responsabilidad, es decir, que tenga siempre a punto y engrasado un marco que permita depurar los conflictos sociales evitando su degeneración en un polvorín, capaz de poner contra las cuerdas el delicado orden de la convivencia, es decir, la vieja pax pública, justamente uno de los títulos que están en su origen, allá en la remota Edad Media.

Esto es lo que hacen en estos días los Estados europeos -o el estadounidense-: aparcadas las recetas neoliberales que han pretendido someterlo a una inflexible cura de adelgazamiento, se presentan de nuevo en el escenario luciendo su energía, formidable y ordenadora. Todos se han vuelto hacia él pidiéndole una caridad, la mano amiga que nos ayude a atravesar el río crecido y en ejarbe.

Ahora bien, es un Estado que ya no puede actuar solo, sino de forma coordinada con otros Estados y con los grandes bloques espaciales. Como ha escrito Ulrich Beck, «la ganancia del poder transnacional del Estado tiene que pagarse hasta el último céntimo con las monedas, pequeñas y grandes, de la autonomía nacional, lo que significa que la transnacionalización del poder estatal y la desespacialización de la política van acompañadas de una paulatina autodesnacionalización del Estado y su reñida soberanía».

Este es el modelo que, a trancas y barrancas, con todas las dificultades imaginables, nos ofrece la construcción europea en la que es obligado creer y en la que es obligado avanzar para erigir esa Europa cosmopolita que nos libere de la miopía nacional. Es -como he explicado en algún lugar- la Europa de un poeta como Schiller, autor del Himno de Europa (A la alegría de la Novena de Beethoven) y que utilizó Alemania para su Wallenstein, Francia para La doncella de Orléans, Suiza para Guillermo Tell e incluso España para su Don Carlos.

Precisamente esta crisis nos ha puesto de manifiesto de manera expresiva la exactitud del discurso que vengo sosteniendo. No habrá más forma de organizarse en el futuro, para dar respuesta a las secuelas que las circunstancias actuales dejarán en nuestras pieles, que abandonando la ciencia zombi de la mirada nacional. Pues el gran poder económico, tanto el de las instituciones públicas como el propio de los grandes conglomerados privados, que antaño se ejercía sobre un territorio acotado, tiene hoy como signo distintivo el hecho de independizarse de lugares concretos, es decir, moverse en un marco de extraterritorialidad, que es su arma formidable.

Pero al mismo tiempo descubrimos la enorme dependencia de las instituciones públicas, con poderes de ejecutividad y de coerción en parte cuestionados, de las poderosas instituciones privadas y, en especial, de unos institutos de crédito, que, al entregarles todos nosotros nuestras nóminas, nos atrapan en un abrazo tan ceñido que quedamos uncidos a su suerte: gozosa si es buena; desventurada si es aciaga. No parece haber escapatoria. El Estado, caja de socorros.

A todo ello hay que añadir, para complicar la maraña, la dependencia de los partidos políticos de esos mismos bancos a los que deben sumas ingentes de dinero. Un cierto escalofrío recorre el cuerpo cuando pensamos en esta realidad estremecedora.

Con estos mimbres habremos de construir una nueva teoría del Estado, una nueva explicación que sepa interpretar la realidad de unas instituciones políticas y administrativas zarandeadas a conciencia. Estamos ante el eterno complexio oppositorum en que se han debatido siempre, a lo largo de la Historia, las grandes organizaciones y donde han labrado sus habilidades y su fortaleza.

Se comprenderá, a la vista de este nuevo panorama, cuán viejos se nos ha quedado la hucha de conceptos en la derecha y en la izquierda. Como ha escrito Víctor Pérez Díaz en su última y magnífica obra -El malestar de la democracia-, «no es que en cada momento y lugar no haya diferencias; sino que izquierda y derecha, en general, aspiran a una definición y a una determinación unívocas que unifiquen su trayectoria en el largo plazo; y es esa la determinación que falta o, cuando no falta, es vacua».

Y se comprenderá, asimismo, con cuánta caspa se nos aparece ahora toda la teoría de las «competencias blindadas» de Estatutos como los de Cataluña, Andalucía, etcétera. Por cierto, cuando se trata de engrasar el sistema financiero, ¿dónde están esas comunidades autónomas que tanto brío suelen poner a la hora de instalar la mesa petitoria? Porque debe saberse que en Alemania los Länder han sido llamados a pasar por caja. Así se las gasta el federalismo serio. Por aquí gastamos un federalismo que «facie a todas guisas tuerto e falsedat», que diría el abuelo Gonzalo de Berceo.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Su último libro es Carl Schmitt-Ernst Forsthoff: coincidencias y confidencias (Marcial Pons, 2008).

© Mundinteractivos, S.A.

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Las dificultades legales para disolver un ayuntamiento, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Derechos, Justicia, Libertades, Política by reggio on 30 septiembre, 2008

TRIBUNA LIBRE

Hoy está perfectamente prevista en nuestra legislación la posibilidad de disolver los órganos de las Corporaciones Locales «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales». Así lo determina el artículo 61. 1 de la Ley de Bases del Régimen Local, que incluye un complejo procedimiento, alicatado de garantías, para la adopción de esta medida extrema.

Porque, en efecto, se atribuye la competencia al máximo órgano político-constitucional del Estado, es decir, al Gobierno de la Nación. Este ha de actuar siempre con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, y puede iniciar el procedimiento bien a iniciativa propia, bien a solicitud del Ejecutivo regional. Pero necesita para ultimarlo y poder aprobar la medida el «acuerdo favorable del Senado», en cuyo seno es la Comisión general de las comunidades autónomas la llamada a informar (artículo 56, letra n del actual Reglamento de la Cámara).

Este sistema procede de la regulación de nuestras Administraciones locales aprobada en abril de 1985, pero por ley orgánica de 10 de marzo de 2003, llamada de Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales, se añadió un párrafo (que no tiene carácter orgánico) en el que se concreta un supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, aunque existe la obvia posibilidad de que pueda haber otros. Sería el caso de aquellos «acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».

Se sabe que el mecanismo del artículo 61 ha sido ya empleado por un decreto de abril de 2006 para disolver el Ayuntamiento de Marbella, por haber contravenido éste «de forma sistemática» la legalidad en el otorgamiento de licencias urbanísticas y haber incurrido en otras lindezas que el Decreto desmenuza. Por su parte, el párrafo nuevo, fruto de la reforma de 2003, podría ser hoy aplicable a aquellos ayuntamientos afectados por las sentencias de los Tribunales de justicia que han declarado la ilegalidad de determinados partidos o grupos políticos.

Ahora bien, de acuerdo con los principios generales propios de las actuaciones públicas y con la forma prudente en que el precepto está redactado, es evidente que la actuación del Gobierno habría de respetar, entre otros, el principio de proporcionalidad que, nacido en la jurisprudencia del Tribunal europeo, se halla acogido por los distintos Tribunales constitucionales y administrativos de los países de la Unión. Incidentalmente diré que al mismo, y en referencia al Tribunal Constitucional alemán, ha dedicado un magnífico trabajo Bernhard Schlinck, catedrático de Derecho Público que es muy conocido como escritor y como autor de El lector, una novela apasionante que ha sido leída por miles de personas en todo el mundo y desde luego en España.

Pero sigamos con nuestro asunto. Para decirlo muy resumidamente, nuestros Tribunales, el Constitucional y el Supremo, conectan la proporcionalidad con el valor de la justicia y con los principios de interdicción de la arbitrariedad y del Estado de Derecho. De suerte que, para que se ajuste a los mandatos constitucionales, se necesita que la medida a emplear sea la idónea, es decir, adecuada para el fin pretendido; necesaria, especialmente exigible cuando se trata de limitar derechos fundamentales, lo que obliga a analizar cuidadosamente la posible existencia de alternativas menos aflictivas; en fin, respetuosa con el análisis que en economía se llamaría de coste /beneficio, es decir, que no vaya a producir más desventajas que utilidad. Dicho en lenguaje coloquial, que no pretenda abatir gorriones a cañonazos.

Todas estas cautelas, como se ve exquisitas filigranas, son las que obran en nuestro Ordenamiento para poder disolver, de acuerdo con la legalidad, los órganos democráticamente elegidos de un Ayuntamiento.

Y ahora procede explicar la curiosidad que ofrece nuestra historia reciente y lo hago para posible pasmo de aquellos que contemplan el pasado con la mirada superficial de quien habla de oídas o lee con pereza, cum incuriam, que dirían los clásicos.

Porque en ese pasado, en la Monarquía de la Restauración y en la II República, técnicas similares a la analizada, a saber, las de suspender un Ayuntamiento o desplazar a los alcaldes elegidos era algo habitual, juego de niños, podría decirse. El lector ha leído bien: la II República, esa época que hoy algunos se empeñan en presentar como un compendio afortunado de respeto a las reglas democráticas, hacía y deshacía en las corporaciones locales con maneras de dómine de malas pulgas.

Cuando en 1931 se revisa la obra de la Dictadura de Primo de Rivera (Decreto-Ley de 16 de junio, luego convertido en ley) se deja subsistente el Estatuto municipal de 1924 (de Calvo Sotelo) pero se vuelve en algunas materias a la ley de 1877. En especial, se acogen sus previsiones acerca de la suspensión temporal de alcaldes y ayuntamientos, atribuida a los gobernadores civiles, y con una participación ex post del juez tan débil que en los intentos de reforma de Maura (1907 – 1909) se quiso rectificar tal estado de cosas disponiendo garantías más afinadas. La opción que los gobernantes de 1931 hicieron por la legislación de 1877 constituyó pues una apuesta decidida por un sistema de injerencia gubernativa en la vida de las corporaciones locales que había sido criticado por muchas voces durante la Monarquía alfonsina. El proyecto de Maura y la supresión de estas técnicas de intervención por Primo de Rivera es consecuencia de ello, si bien es verdad que el Dictador no se tomó jamás en serio la obra de Calvo Sotelo y por tanto su contenido fue en la práctica papel mojado.

En el año 1931 no se desconocía pues que el manejo del arma de la suspensión en épocas electorales había sido algo absolutamente habitual e incluso que tenía a veces carácter cómico. Según Gumersindo de Azcárate, buen estudioso del régimen local de la época, un Ayuntamiento fue suspendido en período electoral porque no había ordenado el encendido de todas las luces. En un libro, cuyo autor es Pedro Pérez Díaz, publicado a principios de siglo y dedicado justamente a este tema, puede advertirse la desesperanza del autor cuando escribe que «los derechos políticos son para los amigos, los cuales además no delinquen nunca ni quebrantan el Derecho».

Es decir, se diseñó el cañamazo para que, a lo largo del periodo republicano, en ayuntamientos grandes y pequeños, las suspensiones de alcaldes y su sustitución por personas afines nombradas por los gobernadores fuera constante. Hace poco, en esta misma página, contaba yo mismo el ejemplo curioso de las elecciones para nombrar a los representantes de las regiones en el Tribunal de Garantías constitucionales, momento en el que fue necesario discutir largamente si los corporativos suspendidos -muchos y en todos los territorios- podían o no participar en los comicios.

En fin, al atender la República a la Administración local con una ley específica, en 1935, se autorizó la suspensión gubernativa de alcaldes «cuando la provincia a que pertenezca el término municipal se halle en alguno de los tres estados de prevención, alarma o guerra definidos por la Ley de Orden público». Estados excepcionales que en aquellos años fueron los normales por lo que el recurso a esta medida resultó tan frecuente como son los rebaños de nubes en los cielos.

Hoy, lo hemos visto, la legislación de régimen local es muy respetuosa con los poderes locales elegidos. Justamente por ello, aplicarla no sería sino empuñar la batuta de la legitimidad democrática.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Su último libro es Carl Schmitt-Ernst Forsthoff: coincidencias y confidencias (Marcial Pons, 2008).

© Mundinteractivos, S.A.

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El Tribunal de Garantías y otras añoranzas, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Derechos, Historia, Memoria, Política by reggio on 12 septiembre, 2008

TRIBUNA LIBRE

De quienes todavía siguen invocando con admiración la Constitución republicana, puede decirse que propenden a coger el rábano por las hojas, es decir, suelen tergiversar su contenido y su práctica. Entre otros extremos, se ha olvidado que tal texto no estuvo en vigor en toda España casi nunca, sobre todo en aquellos de sus títulos más sensibles, como fue el tercero, que albergaba las libertades fundamentales de los españoles. Bien bonitos fueron los derechos a la libertad de expresión, de residencia, de reunión y demás, pero bien fea fue la ley de Defensa de la República (luego Ley de Orden público) que permitía arruinarlos, como en efecto ocurrió hasta 1936, cuando la gran batahola destruye sin más todo atisbo de filigrana jurídica.

Debemos a Manuel Ballbé haber demostrado en Orden público y militarismo en la España contemporánea (Alianza, 1985) la lejanía que existió entre el texto constitucional en punto al ejercicio de los derechos y libertades individuales y la realidad diaria, así como la aguda anotación de que las técnicas jurídicas destinadas al mantenimiento del orden público siguieron estando impregnadas de militarismo. Todo ello condujo a que las limitaciones del derecho de reunión o de expresión fueran desde un principio clamorosas. Miguel Maura cuenta en sus memorias (Así cayó Alfonso XIII, Ariel, 1982), cómo a raíz de un conflicto reunió a los directores de periódicos, «incluso a los suspendidos», para explicarles que «estaban ante un ministro que dispone de plenos poderes en materia de orden público». Y bien que entendieron la advertencia: nadie se atrevió a publicar una línea acerca de los sucesos que el ministro quería ocultar a la opinión pública. Y parecidas referencias son constantes en el propio Azaña. Lo más relevante pues de esta legislación no es su existencia, ya grave, sino su uso continuo, tanto en el bienio social-azañista como en el radical-cedista y, por supuesto, tras la victoria del Frente Popular. Por todo ello, puede afirmarse que, por meses y bien pocos, se cuenta la vigencia de la normalidad constitucional en el conjunto del país. Afirmación que se halla bien documentada y al alcance, en cualquier librería española, del curioso que quiera atenerse a hechos y no a ensoñaciones sectarias.

Por otra parte, en un momento como el presente, en el que a nuestro Tribunal Constitucional tanto se le critica -y con avaladas razones-, conviene recordar el precedente que supuso el Tribunal de Garantías Constitucionales alumbrado por la Constitución de 1931 (y estudiado con rigor, entre otros, por Ruiz Lapeña y Bassols). Su composición nos orienta acerca de la calidad del engendro que salió de la mente de los padres constituyentes que, como se sabe, escribieron el texto en sesiones que terminaban «a la hora de ir a tomar los churros», lo que hizo decir a Azaña que aquella República no era de «trabajadores» sino de «trasnochadores».

En la cúspide de aquel Tribunal republicano había un Presidente designado por el Parlamento. Curiosa la discusión suscitada acerca de los requisitos que debía reunir. Si en el Anteproyecto figuraba el de ser licenciado en Derecho, en el Proyecto del Gobierno desaparece tal mención, sin duda por considerarlo un tiquismiquis o porque, según Alvaro de Albornoz «tampoco necesita serlo el presidente del Gobierno o el ministro de Justicia», afirmación que demuestra el desparpajo con que el político radical-socialista se movía en los mundos de la política y el Derecho. Pero lo bueno es que este caballero fue el presidente del Tribunal de Garantías hasta que dimitió con motivo de los sucesos de octubre de 1934. Le sucedería Fernando Gasset, del partido radical, que también dimitió en julio de 1936, probablemente al advertir que de poco servía el Tribunal cuando ya chorreaban sangre «los muros de la patria mía».

Venían después: dos diputados elegidos libremente por las Cortes; un representante por cada una de las regiones españolas; dos miembros nombrados por todos los Colegios de Abogados; en fin, cuatro Profesores de Facultad de Derecho.

Naturalmente los diputados pertenecían a las distintas formaciones políticas y fueron cambiando en función de las mayorías parlamentarias. Entre los vocales abogados hubo nombres como Calvo Sotelo y César Silió, figurón que fue del maurismo. Y, entre los salidos de las filas de las Facultades de Derecho, deben anotarse los catedráticos Miguel Traviesas, privatista asturiano, Salvador Minguijón, historiador aragonés, Francisco Beceña, procesalista asturiano, y Carlos Ruiz del Castillo, constitucionalista, vinculado a la CEDA y que ocuparía cargos en el franquismo.

Pero el grupo verdaderamente pintoresco de aquellos jueces era el procedente de las regiones españolas. Eran nada menos que 13. Como regiones no había más que una, Cataluña, las demás tuvieron que ser inventadas ad hoc: Asturias, Andalucía, Castilla la Nueva, Castilla La Vieja, Extremadura, Galicia, León, Vascongadas, Valencia … En ellas, al carecer de órganos propios, votaban los concejales de los Ayuntamientos. El proceso de selección se convirtió, sin melindre jurídico alguno, en un asunto político de primer orden. De tal importancia que la derrota que sufrió el Gobierno de Azaña condujo a la postre a la disolución de las Cortes en octubre de 1933. Las derechas se habían organizado y las izquierdas, en el dulce uso del poder, no prestaron la debida atención aunque muchos gobernadores civiles desempeñaron su función muñidora al mejor estilo de los tiempos de Posada Herrera o de Romero Robledo. En sus Memorias, Azaña apenas si quiso dar relevancia a esta contienda que, sin embargo, acabó determinando la caída de su Ministerio.

Una cuestión significativa se planteó. Elegían, como hemos visto, los concejales de los Ayuntamientos. ¿Pero qué ocurría cuando los Ayuntamientos estaban suspendidos? Porque era práctica corriente en aquella, hoy añorada, República que las corporaciones locales se hallaran suspendidas -sin intervención judicial- y sus órganos de gobierno sustituidos por comisiones gestoras o concejales interinos designados gubernativamente en función de la filiación política. Sólo a lo largo de una ardua discusión se llegó a la conclusión de que tales concejales irregulares no estaban legitimados para votar.

En aplicación de este procedimiento, hubo jueces regionales socialistas, radicales, cedistas, tradicionalistas, radical-socialistas, del republicanismo gallego, tan alejados entre ellos en sus concepciones políticas como unidos por un lazo común: ninguno de ellos necesitó para acceder a la magistratura ostentar el título de licenciado en Derecho.

De este engendro no podía salir más que una jurisprudencia para el olvido: nadie recuerda hoy, en los medios especializados, qué dijo el Tribunal republicano sobre tal o cual cuestión. Un sonrojante silencio ha caído sobre aquella obra, sombra de sombras o verduras de las eras, según prefiera el lector.

Resultado este anunciado pues, ya en su concepción, buenas invectivas había recibido el Tribunal. Desde la derecha, el diputado Royo Villanova, catedrático de Derecho Administrativo, le dedicó discursos demoledores destinados a demostrar que, con el Tribunal Supremo, la Justicia española se sobraba para depurar el Ordenamiento, tal como ocurría en los Estados Unidos. Pero, desde la izquierda, y sin florituras, Indalecio Prieto se despachó afirmando que «el Tribunal equivaldrá en el sistema constitucional al apéndice en el sistema intestinal: no servirá más que para producir cólicos».

Quede dicho lo que antecede, en este otoño de 2008 que la economía apuñala, para aplacar las añoranzas republicanas de tanto incorregible laudator temporis acti o elogiador del tiempo pasado, un latinajo horaciano que, por cierto, recuperó un diputado de la República, el escritor Ramón Pérez de Ayala. El sectarismo tiene que buscar hoy más afinadas fuentes de inspiración histórica.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Su último libro es Carl Schmitt-Ernst Forsthoff: coincidencias y confidencias (Marcial Pons, 2008).

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Una carroza a Schönbrunn, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in General by reggio on 21 agosto, 2008

TRIBUNA LIBRE

El autor realiza un recorrido veraniego por Centroeuropa y reflexiona sobre la tradición de los balnearios, el encanto de Berlín y el matrimonio entre modernidad e historia en Viena

Ahora está de moda citar a Montaigne y sus Ensayos, lo que se conoce menos es el Diario de un viaje que hizo desde Francia a Italia por Suiza y Alemania a la búsqueda de balnearios para remediar sus males en sus buenas aguas. Un librito precioso que yo leí en una edición alemana -aunque creo que existe una traducción española- y que es el que me ha aficionado a los balnearios en mis viajes por el centro de Europa. Este año he dado con dos pueblecitos, uno en la Selva Negra, Bad Wildbad, donde se celebra un Festival dedicado a Rossini por el hecho de que el compositor buscó en aquel lugar recuperar una salud que ya le resultaba demasiado burlona. Y otro en las cercanías de Fráncfort, Bad Homburg, donde vivió algún tiempo Dostoievski aunque nunca se supo si llegó allí a repostar o a gastarse en el casino el dinero que no tenía. Eran tiempos en que los balnearios eran lugares amenos, enclaves aparejados para reparar averías corporales y practicar el dulce deporte de la charla, charlas azuladas por una atmósfera pura o para leer esa novela tanto tiempo preterida. O para enamorarse de forma imprudente, como hizo Goethe cuando había pasado los 80 años y se encontró con una muchacha de 17. O para tramar asesinatos literarios como los de Simenon, que sacó buen partido a algunas ciudades balnearias a las que mandó a Maigret para quitarle de copas a deshoras y, de paso, para desenredar algún lío.

Ha tenido muchas resonancias artísticas el balneario como armonía de soledades, porque el balneario ha llevado siempre dentro de sí un caudal rumoroso de silencios.

Y ha sido además punto de encuentro de artríticos inofensivos y de enfermos imaginarios en busca de la sedación calmosa y vivificadora. Esto de los artríticos es cosa bien seria, y por eso uno de los pocos poemas que escribió Pío Baroja -médico, por cierto, de un balneario- está dedicado a ellos y en él termina proclamando la gran verdad: «que somos -los artríticos- productos natos de selección, que vamos por la vida con distinción». Grandes próceres, los artríticos.

Ocurre sin embargo que los balnearios actuales han incorporado técnicas que los convierten en lugares de exploración muy complejos. En primer lugar, en la mayoría de ellos apenas se toman las aguas, porque saben a diablos y porque en la parafarmacia venden todos los oligoelementos en una pastilla efervescente con sabor a mango. En segundo lugar, porque se han impuesto los masajes que, además, han derivado en modalidades barrocas: el digitomasaje y la estimulación muscular que, si bien suena a lujurioso tejemaneje, es un casto utensilio lleno de traviesos electrodos que endurecen el abdomen, los glúteos y hasta los muslos, sedes libidinis, en el decir de los clásicos.

Si se quiere más, se puede echar mano del masaje shiatsu y por siete u ocho euros se compra una bola con púas redondeadas que sirve para practicar la reflexoterapia de manos y de cervicales. Los más vehementes disponen de un rodillo de masaje manual que es definitivo para la relajación de ese guerrero urbano en que todos nos hemos convertido. O se puede recurrir a la talasoterapia podal, al jacuzzi portátil, a la chocoterapia, a la vinoterapia…

Un lío que no ha hecho sino oscurecer la benéfica tradición de los balnearios, aunque sigan siendo recomendables pese a todo este esfuerzo ofuscador, sobre todo si tienen el detalle de organizar para las soirées conciertos y representaciones de ópera con la delicada oferta, en los intermedios, de frágiles canapés y copas glamurosas de champán.

Cerca de Bad Homburg está Fráncfort. Una ciudad algo chabacana si se tiene en cuenta que es la capital financiera de Europa. Con todo, la vista desde uno de los puentes del río Meno de la silueta que forman los grandes rascacielos es magnífica: en primera fila están las casas tradicionales de la burguesía y, detrás, las torres del Deutsche Bank, del Commerzbank, del Banco Central europeo, etc., ejerciendo un evidente papel de guardaespaldas de vidas y conciencias claramente arrebatado al que antes correspondió a la catedral. Las salchichas son abominables, pero esta es una circunstancia adversa que los ciudadanos sobrellevan allí con envidiable dignidad.

Para viajar a Berlín desde Fráncfort hay que hacerlo en tren, pues permite observar las modulaciones del paisaje a medida que se avanza hacia el norte. Aunque la frontera no exista, aún se advierte con nitidez la entrada en el territorio de lo que fue la República Democrática, que dejó una estupenda herencia de miseria y de ultrajes al paisaje que, la verdad, no se merecía porque compone una sinfonía amable de colores azulados, verdosos y ocres, algo diluidos pero decorosos. La nueva estación central de Berlín es un prodigio y responde a la tradición alemana de grandes estaciones de ferrocarriles, como ocurre con la de Leipzig, una ciudad que está puesta ahí para dar sentido a su estación que, en otro caso, hubiera quedado en una situación ridícula, un poco como la del novio que espera infructuosamente a la novia. Este año el acontecimiento principal era la visita de Obama y su discurso ante la columna de la Victoria. Muy insípido el guiso que le salió al candidato, que además, según supe después por la prensa de Berlín, lo leía con la ayuda de esos artilugios técnicos que ahora permiten que uno se las eche de orador cuando no pasa de lector de ocurrencias ajenas. Había un gran ambiente de fiesta, supongo que el mismo que se hubiera creado si el podio lo hubiera ocupado el Papa o el ganador del Tour. Terminaba la temporada pero hubo tiempo para asistir a un Teseo de Händel, que aunó una filigrana de voces, especialmente las de contratenor, para una puesta en escena osada que un catedrático de la Freie Universität trató de justificar en una conferencia que dictó como aperitivo de la representación.

Berlín fue una ciudad, como escribió Ignacio Sotelo, «ocupada, escindida, amurallada, subvencionada y plagada de solitarios». Hoy, destruida su infamante muralla, es un festival de gentes que se acompañan las unas a las otras y que disfrutan del verano en sus calles y en sus lagos unidos entre sí por atrevidos canales. Y es una ciudad donde se ha puesto freno a la invasión de los coches, por lo que el tráfico es contenido y humano. La famosa avenida Unter den Linden, arteria central de Berlín, se puede atravesar sin riesgo para el propio esqueleto prácticamente sin mirar los semáforos. Ello se debe a una política que ha apostado por los servicios públicos y por evitar los aparcamientos subterráneos en los centros de las ciudades, tan rentables como destructores. Hasta que esta idea tan simple no se les meta en la cabeza a nuestros gobernantes municipales y autonómicos, el ruido y la contaminación seguirán siendo los verdaderos propietarios de los espacios urbanos. ¿Cuándo nos enteraremos de que el metro y el tranvía son la libertad? El coche debe quedar para personas con dificultades: ministros y señoras embarazadas.

Para llegar a Viena se impuso una parada en Praga con cuya belleza y magnificencia no han podido ni los comunistas ni los nacionalistas checos ni los turistas. Y ya es constancia y burlona firmeza saber resistir tan temibles enemigos.

Y al final, Viena, que ha metido el gran bisturí de la modernidad en el decorado del Imperio, por todas partes omnipresente. Los austriacos, al término de la Primera Guerra Mundial, tendrían que haber proclamado una nueva modalidad de república, la república imperial, con un presidente y un emperador repartiéndose las cartas del mangoneo. A ratos, porque en definitiva de ratos y sorbos está hecha la vida. Y deberían haber hecho con el Imperio lo mismo que con el Danubio: alejarlo lo justo para mantenerlo cercano y así poder seguir siempre mirándose en su espejo y ver reflejado en él la carroza que en los veranos conducía a Schönbrunn.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Su último libro es Carl Schmitt y Ernst Forsthoff: coincidencias y confidencias.

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Estado, territorio y energía, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Asturias, Derechos, Ecología, Economía, Energia, Medio ambiente, Política by reggio on 3 julio, 2008

TRIBUNA LIBRE

En el mundo de las construcciones políticas sobre las que nuestra existencia descansa, fruto de un patrimonio hereditario amasado a lo largo de varios siglos, son muchos los elementos que se tambalean, sometidos como están a la acometida de circunstancias nuevas y agresivas. Una delicada teoría del Estado, pensada por mentes poderosas del pasado, es la que nos sirve aún como rosa de los vientos en nuestras cogitaciones, pero bien sabemos que muchos de sus capítulos se hallan sometidos a una intensa revisión. En un país como Alemania, de donde proceden las formulaciones más brillantes acerca del Estado -¿cómo no pensar en Jellinek, Carl Schmitt, Kelsen o Forsthoff?-, se suceden en estos últimos años los títulos de trabajos, que suelen ser de habilitación para cátedras universitarias, en los que se abordan de forma crítica los ingredientes tradicionales explicados por los oráculos del pasado (autores como Utz Schliesky o Stefan Haack, entre otros, se inscriben en esta línea de pensamiento revisionista).

Pues bien, uno de esos elementos pasados por el cedazo de las nuevas plumas es el del territorio sobre el cual el Estado se asienta o, si queremos emplear las palabras de Kelsen, «el ámbito espacial de la validez de un orden jurídico». Y es que, a poco que se observe, advertimos que las aristas del territorio así como las fronteras, con sus guardias y sus alambradas, tan propias de contrabandistas románticos y de espías, están siendo desmanteladas y donde antes hubo seguridad hoy se ha formado un espacio que desbarata el contorno de influencia de las administraciones, habilitadas como están para desplegar su eficacia en problemas de la convivencia abiertos ya a un orden continental o a las veces planetario. Tal ocurre con la protección del ambiente o la prevención del cambio climático, objeto de pleitos de alcance mundial. Lo mismo acontece respecto a la lucha contra la evasión fiscal y la protección de la salud o la expansión de epidemias o epizootias.

Todo ello no quiere decir que el territorio haya perdido su naturaleza básica a la hora de determinar las hechuras del Estado. Significa sencillamente que ha perdido su vestimenta absoluta, arrolladora, o sin más la exclusividad que le acompañó durante mucho tiempo. Pero en los estados descentralizados como el nuestro se añade además una circunstancia que, afectante asimismo al territorio y a su uso, resulta cada día más clamorosa. Y que, como concierne al ejercicio mismo de las atribuciones estatales, conviene detenerse en ella.

Me refiero a las grandes decisiones públicas que al Estado competen y que, lógicamente, han de proyectarse sobre un determinado espacio físico: la línea ferroviaria, la autopista, el tendido eléctrico de largo alcance (de alta tensión o de muy alta tensión), el gasoducto, etcétera, son todas cuestiones que trascienden el interés de un espacio regional determinado para afectar al conjunto de los intereses nacionales que el Estado representa. En estos casos ocurre que, cuando la instalación proyectada es reputada beneficiosa por la ciudadanía para sus intereses inmediatos y tangibles, el Estado no suele encontrar dificultades sustanciales a la hora de llevar a cabo sus designios. El uso del territorio se hace en medio del aplauso generalizado. El ejemplo podría ser el AVE, si se excluye la actitud arriscada del terrorismo vasco empeñado en impedir su llegada a aquellas tierras, actitud que recuerda la de Gregorio XVI (Papa entre 1831 y 1846), quien se opuso a la construcción de líneas ferroviarias por los estados pontificios con el argumento de que por ellas circularían con más facilidad las ideas liberales. Y no le faltaba razón al Pontífice.

Ahora bien, fuera de este caso trágico pero estrambótico, estas complacencias no se producen cuando se trata de instalaciones respecto de las cuales el ciudadano medio ya no advierte su beneficio personal de manera directa. Pensemos en la energía eléctrica. Hay ejemplos en muchos lugares de España, como es el caso reciente de algún municipio de la costa gaditana que pretende prohibir por referéndum la energía eólica. Pero fijémonos en la salida de la energía del norte, en Asturias, para llegar a los mercados del resto del país, en dirección a Galicia, Cantabria o Castilla.

No entro en el debate de fondo, es decir, si esa energía es necesaria; en todo caso, mi opinión en este punto carece de valor. Con todo, a la vista de algunos datos oficiales, Asturias precisaría sacar de su territorio excesos de producción eléctrica y ello porque se están instalando plantas de generación de energía limpia (las de ciclo combinado que pretenden sustituir a las contaminantes térmicas) en un programa que se inicia en los tiempos de Felipe González, bajo cuya autoridad se declaró (marzo de 1986) la utilidad pública de la línea. Pues bien, desde entonces, el problema ha sido el trazado, el concreto territorio -justo de lo que este artículo trata- por el que ha de discurrir la línea de alta tensión. La compañía Red Eléctrica Española ha ofertado distintos recorridos, y los propios presidentes autonómicos afectados han sellado, con un apretón de manos, compromisos específicos al respecto. Todo en vano, pues cualquier movimiento es respondido por asociaciones de vecinos, ecologistas y ayuntamientos, incluso el padre de Rodríguez Zapatero firmó -sin duda con buena intención- un escrito de protesta. Hasta ahora han tenido éxito, pues el problema sigue en el aire aunque el Gobierno, en su plan energético para el período 2008-2016, ha incluido como actuación prioritaria «la línea de alta tensión entre Sama y Velilla del río Carrión». Pero, conocedor del avispero, ha vuelto a pedir que se modifique el trazado.

Todo ello está justificado: vecinos, alcaldes y ecologistas tienen sus razones; de otro lado, Red Eléctrica Española no es maestra en desplegar habilidades diplomáticas. Pero no es menos cierto que para el Estado, representante de los intereses de España entera, la línea es imprescindible y lo es así desde hace más de 20 años. Pero no se hace. Adviértase que las obras del AVE están causando, por parajes muy similares, destrozos ecológicos manifiestos, ante los que nadie protesta.

Naturalmente que el territorio «no es del Estado», que éste ha de acomodarse a las competencias repartidas entre los municipios y las comunidades autónomas y a los procedimientos previstos en las leyes, que ha de garantizar la audiencia de las poblaciones y sus legítimas reivindicaciones… Todo esto nadie puede discutirlo, pero al final es el Estado el llamado a decidir sus concretos usos cuando se hallan afectados intereses que comprometen al conjunto de los españoles. Los ordenamientos federales cuentan, entre el arsenal de sus técnicas, con la cláusula de prevalencia, contenida en el artículo 149.3 de la Constitución, para obligar a que sus determinaciones sean acatadas y sus opciones políticas cumplidas.

Ahora, medite el lector lo que ocurriría si al Gobierno se le ocurriera aprobar un plan de construcción de centrales nucleares. ¿Dónde podría emplazarlas? ¿Se imagina alguien la que se armaría en cualquier Comunidad Autónoma ante el anuncio de una vecindad tan conflictiva? Decenas de años pasarían antes de que una sola máquina estuviera en condiciones de mover tierras.

La falta de control sobre el territorio, atrapado en una red inextricable de competencias y tramitaciones superpuestas unas sobre otras, la falacia en la que se ha transmutado la «ejecutividad» de las decisiones administrativas -que sólo se aplican a quienes carecen de capacidad de reacción-, debilitan al Estado y lo pueden convertir -así ocurre ya en muchos asuntos- en mero jefe de una estación de maniobras de intereses sectoriales y locales. Provisto de un silbato que nadie atiende.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Su último libro es ‘Carl Schmitt-Ernst Forsthoff: coincidencias y confidencias‘ (Editorial Marcial Pons).

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La vacuna como síntoma, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Derechos, Política by reggio on 27 mayo, 2008

TRIBUNA LIBRE

Se nos sermoneará que España está más cohesionada que nunca, pero la realidad se aleja de esta suerte de hipnotismo que se viene administrando desde los púlpitos de la corrección política, con sospechoso tesón. Precisemos: España, esa compleja entidad colectiva plena de esencias y presencias, va a su aire: productiva, inquieta, creadora, cada vez más ajena a los discursos políticos, siempre a medio camino entre la fábula y la ficción tragicómica. A esa España, que por supuesto no se rompe ni se desgarra, no aludo. Me refiero al Estado que, sometido al pulso de la fragmentación, ofrece las trazas de un astro menguante.

Los ejemplos a exhibir son tan abundantes que emiten ya sonoras alarmas. Así, en el problema del agua chapotean conflictos derivados de la política de obras hidráulicas, pero también las previsiones de los nuevos estatutos que han tenido la mano larga a la hora de apropiarse de ríos enteros, incluso de aquellos que tienen la osadía de traspasar las fronteras españolas y adentrarse en algún país extranjero. El río, para el Estatuto por el que fluye parece haber sido la proclama de una facundia autonómica que el Estado no ha sabido combatir con medios adecuados, todos ellos por cierto, en la alcancía de la legislación española desde hace mucho tiempo. Hay ya incluso alguna provincia que pretende quedarse con su río, emulando así en avidez hídrica a sus hermanas mayores, las comunidades autónomas. Sólo falta que los municipios se apunten al festín. De ahí que se amontonen los pleitos y se llame a las puertas del Tribunal Constitucional para que éste enderece los desaguisados que esparcen por doquier políticos tan largos de ambiciones como cortos de mesura en la administración de la res publica.

Por su parte, los dineros públicos han desatado una guerra entre comunidades, enfrentadas hoy ya las ricas con las pobres, las del este con las del oeste, y las del sur con las del norte. Se lanzan entre ellas balanzas como proyectiles, o se recurre a acuñar criterios de inversión del Estado en función de los intereses de cada cual: quién blande la población, joven o envejecida, castiza o inmigrante; quién la superficie forestal; quién el turismo. Sólo falta que se invoque el consumo de sidra o el de paella para allegar recursos y construir fortunas regionales. Un deslizadero éste que amenaza despeño, bendecido -de nuevo- por el Parlamento, por el Gobierno, incapaces de administrar el sacramento del orden y la disciplina en asunto de tanta sustancia. Ya veremos cómo se encarrila todo este embrollo y si será también el Tribunal de la calle de Domenico Scarlatti de Madrid el que al final se vea obligado a concertar lo que los políticos han desconcertado. Y veremos qué secuelas deja: de agravios no satisfechos, de rencillas entre vecinos, de afrentas, todas a la espera de ser saldadas en algún combate próximo. La víctima siempre es la misma: la solidaridad entre los españoles, una de las piezas que justifican nada menos que al Estado moderno, construido precisamente para fabricar cohesión entre las clases sociales y entre los territorios. En Italia, tras las recientes elecciones, se está cociendo el mismo guiso y ahí está el Norte poderoso desafiando al Sur menesteroso. Pero, en aquella península, las banderas de la insolidaridad y del egoísmo las enarbola la derecha más reaccionaria mientras que, en estos pagos, ¡encima! llevan vitola de progreso.

Pues ¿qué decir de la Sanidad? Acaba de aparecer un libro -Integración o desmoronamiento. Crisis y alternativas del sistema nacional de salud, firmado por Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, político socialista que tuvo significadas responsabilidades en Asturias-, donde se analiza sin vacua palabrería la situación en que se halla el que quiso ser modelo sanitario. Para Vigil, «el sistema nacional de Salud tiende cada vez más a configurarse como un sistema no excesivamente articulado, poco armónico y de creciente heterogeneidad que, además, carece de instrumentos eficaces para fortalecer su cohesión, dado que para funcionar depende casi en exclusiva de la mejor o peor voluntad que en cada caso y momento tengan los gobiernos autonómicos… por lo que no resultan en absoluto extrañas las decisiones y los actos de descoordinación que emanan de los distintos integrantes del servicio nacional de Salud y que favorecen claramente la fragmentación del conjunto».

Un camino por el que se llega a situaciones tan pintorescas como la que ofrecen los distintos calendarios de vacunaciones o la más inquietante del gasto farmacéutico, pues en algunas regiones se restringe la dispensación de unos fármacos que en otras se recetan con largueza. De igual forma, son manifiestas ya las diferencias que existen entre comunidades en relación con las listas de espera, con la salud bucodental, con los servicios de salud mental y otras especialidades y superespecialidades. El riesgo, para Vigil, es claro: se está a un paso del «descoyuntamiento del actual servicio nacional, el cual podría llegar a mutar en 17 sistemas sanitarios diferentes».

Por su parte, la Ley de Dependencia, estrella de la política social del Gobierno, se proyecta sobre la realidad de forma renqueante y, por supuesto, a 17 velocidades distintas pues todo queda al albur de la voluntad política, del dinero y los medios personales empleados, de las prioridades de cada región… La mayoría de los ciudadanos que se acercan a las oficinas para que los servicios correspondientes valoren su grado específico de discapacidad pasan una auténtica crujía que sólo tiene de emocionante el hecho de ser distinta y de diferente alcance en cada Comunidad Autónoma.

Si pasamos a otro servicio público vertebrador, el de Educación, las conclusiones son las mismas, sólo que en este ámbito nos encontramos en un estadio más maduro de fragmentación, agravado por la vuelta de tuerca que se percibe en la política lingüística de las comunidades bilingües. Pero hay más. En el caso de la enseñanza superior y respecto de los títulos universitarios, una responsabilidad indeclinable del Estado -artículo 149.1.30 de la Constitución-, la ley reciente de universidades opera con una agresiva frivolidad: se suprime el modelo general de títulos por lo que el panorama que se avizora es el de una diversidad abigarrada de títulos de libre denominación en cada universidad, vinculados tan sólo a directrices mínimas del Gobierno, válidas para vastas áreas de conocimiento, y a la intervención -más bien formal- de la Comunidad Autónoma y del Consejo de Universidades, que siempre habrán de preservar «la autonomía académica de las universidades».

A todo esto hay que añadir la amenaza, que pende sobre el empleo público, de aprobar 17 leyes de funcionarios y sobre la Justicia que, si el Todopoderoso no lo remedia, verá nacer en breve 17 consejos regionales judiciales, como si no fuera castigo suficiente el general de Madrid. Etcétera, etcétera.

De verdad, ¿exige la diosa de la autonomía que ardan en su pebetero tantas y tan variadas ofrendas?

Para sortear la angustia se impone una pregunta final: ¿Tiene todo esto remedio? Creo que sí. En mi opinión, enderezar los pasos dados de forma tan atolondrada exige retomar el camino y señalar una meta que, a estas alturas, no puede ser otra que la del Estado federal. Un Estado que, cuando está asentado y produce frutos cuajados (EEUU, Alemania, etcétera), no es sino una modalidad de Estado unitario, con potentes instrumentos de cohesión y con junturas bien engrasadas.

Lo demás es crear poderes neofeudales y facilitar la consolidación de redes clientelares. Es decir, asumir el riesgo cierto de la esqueletización del Estado.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y autor (en colaboración con Igor Sosa Mayor) de El Estado fragmentado (Trotta, 2007).

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El desgobierno de lo público, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Derechos, Política by reggio on 1 abril, 2008

TRIBUNA LIBRE

Una carencia del panorama bibliográfico hispano es la referida al análisis de nuestras instituciones, del sistema político y de sus claves de funcionamiento. Lo contrario ocurre en Francia donde entrar en una librería es un gozo para los aficionados a este tipo de literatura. En Italia ha hecho furor en fechas bien recientes un libro titulado La casta, que ofrece las vísceras del sistema parlamentario con crudeza quirúrgica. En la misma Alemania, donde el hombre de pluma en ristre es bastante más circunspecto, en los últimos años, sin embargo, es de ver cómo se arraciman títulos golosos que abarcan tanto el estudio del cuerpo del poder político como de las pústulas que padece el sistema federal.

Por el contrario, en España, en las obras de fácil acceso (otra cosa son los libros de texto para universitarios), no existen explicaciones sencillas, solventes y atractivas, bien escritas, de la Constitución y de la maquinaria institucional; mucho menos estudios comprometidos de la fea realidad que se halla agazapada tras el texto legal, es decir, de sus engaños y fraudes. Dicho de otra forma: no hay clases de fisiología, menos de patología. Ni siquiera las épocas electorales, como la que acabamos de vivir, parecen propicias para ofrecer estos frutos. Claro es que por estos pagos se lleva más la sal gruesa del mitin donde, en lugar de las divinas y latinas palabras valleinclanescas, lo que se esparcen son esos conjuros mágicos con los que los oradores administran el santo sacramento del truco y la trápala.

Menos mal que siempre hay excepciones estimulantes. Una de ellas -hay más pero quedan en círculos muy restringidos- es la obra que acaba de publicar Alejandro Nieto titulada El desgobierno de lo público. A los lectores amantes del género que podríamos llamar de acoso y derribo de los tópicos, el nombre de Nieto les suena bastante. Con justicia, porque lleva años publicando libros que disparan sobre el blanco de nuestra realidad institucional, a la que enfrenta a un juego de espejos que, hábilmente desplegado, permite su contemplación in puribus.

El primero de ellos fue La organización del desgobierno, que cosechó un gran éxito; incluso destacados miembros de los círculos gubernamentales lo leyeron con sumo interés. Lástima que el mismo interés pusieron en no hacerle el más mínimo caso y pasaron página como si no hubiera quedado denunciada sin piedad la deforme realidad de nuestras Administraciones. A él siguieron otros como La nueva organización del desgobierno y El desgobierno judicial, una crítica de nuestro sistema de justicia, de los mecanismos de elección de los magistrados que están en la cumbre de los Tribunales, de la contaminación política que ya nadie se molesta en disimular. En fin, no queda títere con cabeza en las páginas que al gobierno de los jueces dedica Nieto. Lectura imprescindible para las personas a quienes aburren las insulsas palabras del lenguaje institucional, abismo de vacuidades, cueva de Montesinos de todos los encantamientos verbales.

Ahora, en El desgobierno de lo público, lo que trata de averiguar Nieto es «si la Monarquía constitucional nacida en 1978 constituye un auténtico sistema democrático o si, por el contrario, se ha desviado en la perversión de un desgobierno». Que el autor diferencia, por un lado, del mal gobierno al definirlo como «el establecimiento o fijación de unas políticas públicas erróneas», por otro, de la mala administración que sería «su gestión o realización desacertada». El desgobierno supone, por el contrario, «una condición distinta puesto que lleva consigo la nota de intencionalidad y no la mera ignorancia o incapacidad que provocan un mal gobierno o una mala administración».

Si el lector juzga este juego de conceptos poco provocador, allá va este otro referido a las técnicas de manipulación con que desde el poder se nos obsequia a los ciudadanos: «Gracias a ellas puede desgobernarse descaradamente bajo la cobertura de un sistema formalmente democrático. Los monarcas y los caudillos absolutistas no aceptaban el presupuesto electoral que para ellos suponía un cierto riesgo de fracaso. La clase política moderna lo acepta puesto que sabe que con unas elecciones debidamente manipuladas (como sucedía hasta hace poco -se refiere a la Restauración-) o con unos electores debidamente manipulados, como hoy se practica, se puede entrar tranquilamente en el juego democrático sin riesgo alguno».

Otro rasgo del «desgobierno» es la personalización en el ejercicio del poder y la recuperación de las relaciones feudales. Los viejos poderes absolutos ligados a un rey, caudillo o gran timonel ya no se llevan. Podría decirse que los caudillos ya no nacen, sino que se hacen, «se fabrican y venden con técnicas refinadas». Lo importante no es la calidad del producto, sino su presentación publicitaria y el hecho de que «el carisma individual y la fuerza hipnótica no dependen tanto del protagonista como del escenario». Consecuencia de ello es que «hoy no hacen falta políticos sino actores». Pues no «vivimos en la edad de la razón sino de la imagen y de la publicidad: mi partido es progresista y lo contrario es fascista y no necesito explicar qué es lo progresista ni qué es lo fascista».

Al estar hoy, además, el sistema político constituido por una red de relaciones personales e intereses singulares, se está poniendo en pie un sistema feudal remozado que conecta a los individuos por intereses de grupo, territoriales y corporativos: «algo concreto se da a alguien y algo concreto de él se recibe».

Ese peligro de feudalización nueva y, por tanto, joven y vigorosa conoce muchas variantes, pero la que más interesa a Nieto es la representada por el partido político que «da a los suyos cargos determinados que ocupar, acceso al poder y protección universal incluso en supuestos delictivos. Y recibe en contraprestación fidelidad y servicios».

Nieto no cuestiona la existencia de los partidos ni cae en nostalgias dictatoriales, tan propias de las críticas a la democracia que se hicieron en los años 30 por plumas totalitarias, de derechas o de izquierdas. Para él «una democracia parlamentaria no puede funcionar sin partidos» pero «lo que hoy se discute es el alcance real de la transformación de una democracia verbal en una partitocracia real que ha significado la transferencia del poder estatal a los partidos y la instauración de un Estado de partidos».

Partidos que lanzan al «abordaje del Estado», de un Estado desideologizado donde «el enfriamiento ideológico se pretende compensar con un calentamiento verbal, con la estigmatización del adversario, con el insulto personal, con la declarada intención de convertir las elecciones no en una lucha política, y mucho menos ideológica, sino en un fenómeno catártico que permite la exteriorización de pulsiones agresivas aunque hayan sido artificialmente provocadas… Por donde se descubre el parentesco entre la confrontación electoral y la deportiva que acompaña a los grandes encuentros futbolísticos». De ahí, añado yo, la necesidad del bipartidismo, porque al balón juegan dos y nada más que dos.

Las estructuras funcionariales, me refiero a las reales, no a las que circulan por la ley que regula el empleo público, o el papel de los intelectuales «incapaces de elaborar un pensamiento sólido al negarse a salir de su surco disciplinar, lo que les impide ganar perspectiva y volumen en una visión completa» son asuntos que, asimismo, aborda Nieto en este ensayo que debe servir para que las mentes se vuelvan flexibles y críticas, de análoga forma a cómo las terapias modernas sirven para recuperar la elasticidad del cuerpo agarrotado. Quien no se sienta concernido por el libro de Nieto es que tiene, en vez del alma de nardo del árabe español, el alma irrecuperable de un subsecretario empedernido.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y autor del Prólogo para españoles al libro de Luciano Vandelli, Trastornos de las instituciones políticas (Trotta, 2007).

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La democracia en España, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Derechos, Política by reggio on 14 febrero, 2008

TRIBUNA LIBRE

Se acerca la fecha de la gran fiesta de la democracia, fiesta entreverada de lo profano y lo sagrado pues aúna palpitaciones religiosas con calambres bien terrenales. En estos días, el político, ectoplasma televisivo, se nos aparece en carne mortal por calles y mercados, expuesto al contagio de ese votante que ha sido para él durante toda la legislatura apenas un garabato de humo. Es el de las elecciones día de ilusión y en esa ilusión que genera radica su fuerza de seducción. Por eso, los dictadores, que fusilan las ilusiones antes que a los hombres, las prohíben.

En las elecciones creemos como en los Reyes Magos, hasta que nos damos cuenta de que los diputados que elegimos son los padres. Porque la democracia tiene mucho de gran trampantojo, de papel pintado de la voluntad popular. De esas calcomanías que repiten imágenes con desesperante rutina y falta de estro. Es así en todos los países europeos, pero uno lamenta que en el nuestro la democracia haya perdido con tantas prisas su lozanía. Porque todo parece indicar que hemos sido demasiado aplicados en el empeño de quitarle la careta y el resultado es que la tenemos, joven aún, pero ajada y deslucida.

Sin los polvos cosméticos de nuestra mirada piadosa la democracia española no enseña más que arrugas y una piel sin irrigar.

Ahora bien, justo porque no hay alternativa al sistema democrático, es por lo que resulta necesario cavilar sobre él y someter a nuestra mirada crítica cada uno de sus ingredientes porque nosotros no podemos vivir la ensoñación que vivieron nuestros abuelos cuando se dejaron arrullar por los cantos de la sirena totalitaria, comunista o fascista. Esas experiencias, terribles, han convertido a la tal sirena en un escualo, del que procede huir resueltamente.

A todo ciudadano consciente deberían preocuparle las patologías de la res pública aun sabiendo que extirparlas no es tarea fácil, pues se cuenta con obstáculos poderosos: de un lado, la animadversión de una clase política que, por ser muy conservadora, rechaza hablar de enfermedades y de medicinas; de otro, la indiferencia de una población que se limita a contemplar el tiovivo -entre carnavalesco y religioso- de los procesos electorales y a descalificar sin matices a sus protagonistas.

Pero si en el pasado Locke no se hubiera entregado a sus cogitaciones, Rousseau no hubiera ensayado con la voluntad general, o Tocqueville se hubiese limitado a estudiar los establecimientos carceleros en América, hoy todos seríamos bastante más pobres y padeceríamos instituciones angustiosamente más birriosas.

En esta campaña electoral estamos viviendo esos males de una manera bien elocuente. Decirlo no sé si contribuirá a algo; por lo menos, será hacer una señal expresiva de que estamos vivos.

El de mayor bulto es el de los partidos políticos mayoritarios y su comportamiento vulgar. En algún sitio he escrito que la democracia española es adúltera porque ha engañado al pueblo, su legítimo cónyuge, y se ha ido de picos pardos con los partidos, que encima la han dejado embarazada de tópicos y consignas.

La democracia de partidos, en los términos en que ha desembocado la nuestra, deja de ser democracia para convertirse en oligarquía de secretarios generales y secretarios de organización, los personajes que con más denuedo -y con mayor eficacia- adulteran el sistema. Hemos vivido esta legislatura acontecimientos de una gran magnitud, el más clamoroso es sin duda el de una revisión a fondo de la estructura del Estado, a partir de la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía, y se quería llegar más lejos, con la modificación constitucional, la del Senado, la línea sucesoria en la Corona, etcétera. Esas fueron, al menos, las intenciones iniciales del Gobierno. Pues bien ¿alguien ha sabido de un debate en el seno del partido del Gobierno sobre estas cuestiones de tanto calado? ¿Se ha convocado un Congreso para que los militantes y sus delegados debatan, aclaren, propongan y resuelvan? ¿En el seno de los grupos parlamentarios de las Cortes se han oído voces razonadoras apoyando ésto, discrepando de aquéllo? El más espeso de los silencios ha sido un clamor. Y en el partido de la oposición las cosas han circulado de modo parejo. A la vista de esta decepcionante realidad, advertimos cómo las organizaciones partidarias se hallan presas de la voluntad de un puñado reducido de sus dirigentes máximos que, en el colmo de su autoritarismo, no se fían ni tan siquiera de quienes son sus parciales o incluso comparten con ellos la singladura en las instituciones del Estado.

A ello se une el hecho de que los partidos políticos se han acostumbrado a ocupar todo aquel espacio que a su alrededor carezca de los pertinentes anticuerpos. Es lo que podríamos llamar la tentación tentacular del partido, la irrefrenable vocación que se le despierta por meter baza y enredar en todo achaque o negocio humano: da igual que se trate de una operación empresarial relevante o de conceder un premio literario (son clamorosos los galardones importantes que se dan sin escrúpulos desde las más altas instancias políticas). Ocurre, además, que los actuales dirigentes de los partidos, al carecer la mayoría de ellos de una vida profesional fuera de sus organizaciones partidarias, tienden a ver la vida toda sub specie del enfrentamiento con ese adversario que da sentido a su pobre existencia.

Por su parte, el acto-estrella de esta campaña, a saber, los mítines, se convierten en la suma de todas sus letras y de todos sus argumentos. Pero el mitin es la bazofia de la democracia y los ciudadanos deberíamos rechazarlos como un acto de mínima indisciplina y de higiene intelectual. Los debates o no existen o son debates ortopédicos donde se discute antes la forma que el fondo, antes el color de la corbata del presentador que el asunto del meollo o sustancia. ¿Por qué no están ya debatiendo los cabezas de lista en las provincias al amparo de actos que siempre están dispuestos a propiciar los periódicos e instituciones locales? ¿Qué les impide el torneo dialéctico y, de paso, enterarse de por dónde circulan los intereses de los ciudadanos? Cabezas de lista algunos de los cuales llevan años de cabezas sin que haya sido posible advertir qué albergan en ellas.

Y, para colmo, los actuales partidos nacionales, como una empresa que no confiara excesivamente en la bondad de sus productos, son expertos en falsear la competencia. Ahí están los esfuerzos que desarrollan en Cataluña los Ciudadanos y, en el resto de España, el partido Unión, Progreso y Democracia de Rosa Díez y Fernando Savater para empinarse y conseguir alzarse con esos trofeos de la representación nacional que rompan un duopolio exasperante. Muy pocos periódicos -éste entre ellos- acogen sus movimientos y las declaraciones de sus portavoces en sus páginas.

Es preciso quebrar esta inercia. ¿Cómo? Desde el seno mismo de las organizaciones partidarias, reivindicando sus militantes y los representantes elegidos en sus listas -diputados, concejales, etcétera- espacios de libertad y de discusión de los grandes asuntos. Lo que he dicho respecto de la arquitectura del Estado se puede trasladar a grandes problemas como el urbanismo, la vivienda, la sanidad y otros que han estado en la agenda de las instituciones políticas sometidos todos ellos sin excepción al envaramiento de la consigna y la frase hecha. Consigna y frase hechas que procede casi siempre de un indocumentado que, desde lo alto de un artificial organigrama, rellena con tópicos sus clamorosas carencias de lecturas y de reflexión.

En fin, desde la ciudadanía que ha de emitir un grito de rebeldía contra tanta farsa. Un grito, seco, hiriente y bravo.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de León y autor (junto a Igor Sosa) de El Estado fragmentado, Trotta, 2007.

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Valencia, las aguas y el Tribunal Constitucional, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Derechos by reggio on 11 enero, 2008

TRIBUNA LIBRE

El agua, al salirse de su cauce natural y estancarse, se convierte en charco. Valencia, que ha sido tierra sabia en administrar sus aguas y ahí está su milenario Tribunal como testimonio, se halla en el centro de un torbellino causado por discrepancias con sus vecinos aragoneses, catalanes y castellano-manchegos. La regulación que de su patrimonio hídrico hacen los respectivos estatutos de autonomía, queriendo cada uno de ellos llevar el agua a su molino, es el origen de ese charco judicial en el que se oye un desconcertado croar de ranas en forma de demandas, alegaciones y considerandos. Un barullo que tiene su causa en el hecho de que el Estado ha renunciado a disciplinar para todo el territorio nacional el agua de sus ríos olvidando lo que la Ley de Aguas -ley impulsada por el Gobierno socialista- señala desde 1985, a saber que «las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico». Claro como el agua. Se advertirá que pocos ejemplos como éste avalan de una manera más patente la tesis que he defendido (con Igor Sosa Mayor) en el libro El Estado fragmentado. Para recomponer los fragmentos se llama al Tribunal Constitucional, obligado a hacer volver las aguas a su cauce con sus razonamientos jurídicos. De momento, el pasado mes de diciembre, ya ha roto aguas.

Y ha producido una argumentación meditada, a la que se han añadido votos particulares trabados con brillantez. El debate ha sido sin duda, en el seno de la institución, de altura. Ello debería ser garantía de acierto porque espero que nuestro Tribunal Constitucional nunca haga verdad el comentario ácido formulado por Ernst Forsthoff en febrero de 1957 ante la sentencia del caso Elfes, un asunto que coleaba desde 1953: «A los jueces de Karlsruhe, cuanto más piensan una sentencia, más mediocre les sale».

Las palabras de nuestro Tribunal son siempre importantes pues nos va mucho en ellas. Deben tener como punto de mira la coherencia del Estado, no las vacuidades de la España plural y la nación de naciones.

Uno de los puntos conflictivos que se han suscitado es el de la relación entre los estatutos de autonomía con las leyes orgánicas anunciadas por la Constitución. Para aclarar el asunto a quienes no están obligados a conocer estas escabrosas intimidades, se trata de saber qué vale más, si lo que diga sobre el Poder Judicial el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica, o la ley orgánica específica que sobre el Poder Judicial apruebe el Parlamento en virtud del artículo 122 de la Constitución. El tema no es baladí porque está en juego el alcance del Poder Legislativo del propio Estado. Pues bien, el Tribunal nos ha dicho algo importante y es que «los estatutos de autonomía no pueden desconocer los criterios materiales empleados por la Constitución cuando reenvía la regulación de aspectos específicos a las correspondientes leyes orgánicas, pues dichos criterios, referidos a materias concretas para cada ley orgánica, determinan el ámbito que la Constitución les reserva a cada una de ellas, ámbito que, por tal razón, se configura como límite para la regulación estatutaria». Es decir, que vale más la ley concreta del Poder Judicial, por seguir con nuestro ejemplo.

Lástima que, a renglón seguido, se añada que «no puede desconocerse tampoco la diferente posición de los estatutos respecto de las leyes orgánicas […] (lo que) determina la superior resistencia de los estatutos sobre las leyes orgánicas, de tal forma que éstas no pueden modificarlos formalmente». Y termina: cuando exista colisión entre estatutos y leyes orgánicas, será el Tribunal que interpreta la Constitución el llamado a decidir, extremo éste que ya sabíamos porque para eso están los jueces.

La vía hacia nuevos embrollos está anunciada. Todo ha quedado pues en agua de borrajas.

Mayor contundencia emplea el Tribunal para reducir las ínfulas constituyentes de los nuevos estatutos. Han incorporado éstos su lista de derechos fundamentales al modo como lo hacen las constituciones. Tal proceder no constituiría un peligro si España viviera integrada en su Constitución de 1978. Como no es así, porque existen partidos que planean violarla de la manera más grosera, defendiendo el ejercicio del derecho a decidir, ha hecho bien el Tribunal en precisar que tales derechos «necesitarán para adquirir plena eficacia del ejercicio por el legislador autonómico de la competencia normativa que le es propia […] (por lo que son) directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos».

Buen quiebro el del Tribunal para evitar la proliferación de constitucioncitas. Sólo que esto no es lo que dicen literalmente los estatutos, pues el de Valencia alude expresamente a la regulación de «los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos valencianos». Tal forma de resolver la cuestión por parte del Tribunal conecta con las teorías que defienden el derecho a interpretar de forma distinta a la permitida por la letra, es más, que ven en la propia letra una suerte de espejismo a disolver entre las interpretaciones probables (cualquiera que haya leído a Perelman conoce estas habilidades). Pero quienes se han aventurado por estos parajes resbaladizos saben que se impone limitar las posibilidades de interpretación que así se abren, pues resultan demasiado imprecisas. Para ello se recurre, por ejemplo, al contexto, que sería el lugar donde encontraría acomodo una palabra y se descubriría la función que cumple un vocablo. Este habría sido el camino interpretativo elegido, de forma consciente o inconsciente, por el Tribunal, y ha llevado a un lugar seguro.

En fin, el último punto es el referido al artículo 17 que «garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal». Este precepto, que continúa aludiendo al derecho a «gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura…», es una muestra elocuente de la forma fragmentada de elaboración de los estatutos. ¿Cómo se puede aludir al derecho al agua de una cuenca excedentaria que no está en el territorio de la comunidad que tal derecho invoca? ¿Qué pasa si la comunidad vecina, donde pueda hallarse ese agua que se reclama, se niega a ello? Yo puedo declarar mi derecho a todo lo que le sobre a mi vecino, pero si mi vecino no tiene pareja inclinación ¿cuál es la eficacia de mi declaración? Para salvar este escollo se recurre en el Estatuto valenciano a la «legislación estatal»: se ostenta el derecho tan sólo en los términos de la ley del Estado. Por donde descubrimos que el Estado sirve para algo. Y a esta referencia tranquilizadora se aferra el Tribunal para declarar la constitucionalidad del texto.

Pero esa referencia hace al precepto sencillamente superfluo. ¿Qué diríamos si mañana el Estatuto de Murcia proclamara que la comunidad tiene «derecho a la explotación e investigación de los fondos marinos de la plataforma continental de acuerdo con lo dispuesto en la Convención sobre el derecho del mar»? Nos parecería un despropósito. Aunque, como sostenía Oscar Wilde, lo superfluo es magnífico, pues lo necesario ya lo tiene todo el mundo, lo cierto es que éstas son paradojas aptas para un salón. En las leyes es un vicio y así lo declaró el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1989 que anuló -justamente por superfluo- el artículo 5 de la Ley de Régimen Local.

En el agua de estos conflictos se refleja la silueta de la indecisión.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de León.

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El ciudadano y la rosa, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

Posted in Política by reggio on 8 noviembre, 2007

TRIBUNA LIBRE

A duras penas vemos cómo aparecen en el espacio político español nuevas ofertas que tratan de corregir las tradicionales, representadas por los partidos mayoritarios. No les va a ser fácil encontrar un hueco en los medios de comunicación para hacer llegar sus mensajes a los ciudadanos, porque suponen una novedad y todo sistema establecido es reacio a acogerlas en su seno. Me parece que es el profeta Mahoma quien asegura que «toda innovación es extravío» y a esta máxima parecen acogerse los actores que se mueven en el escenario donde se representa el juego democrático instaurado en España hace ya 30 años.

Tiene cierta gracia que, entre nosotros, pueda hablarse todavía de progresistas y conservadores en relación con los partidos políticos, cuando lo cierto es que los establecidos constituyen el ejemplo más acabado y sólido del conservadurismo, si por tal se entiende su vocación por conservar el poder así como el mecanismo electoral que les permite llegar a él y disfrutarlo. Cualquier perturbación les incomoda, como incomoda a todo burgués cualquier reivindicación que altere su digestión de individuo instalado y satisfecho.

Hemos llegado a una situación en la que, incluso quien acumule varias afecciones oculares, advertirá que la democracia en España ha sido literalmente secuestrada por los partidos políticos, que se han apropiado de ella y la tratan y manejan a su antojo, según lo imponen sus cambiantes caprichos. Podría afirmarse que nuestra democracia es una democracia adúltera, que ha abandonado a su legítimo cónyuge, que es el pueblo, para irse de jolgorio con los partidos mancillando así un pacto sagrado. Todo el supremo enredo al que estamos asistiendo relacionado con el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional -enredo de comedia y no alta, sino de sainete con tintes de astracán- tiene su origen en el hecho de que los partidos políticos no se contentan con ejercer las sustanciosas funciones que les asigna el artículo 6 de la Constitución de 1978, sino que pretenden, además, manejar, por medio de un artilugio a distancia, el sistema nervioso de la justicia, haciéndola sierva de sus ocurrencias, humores y humoradas. Orillando todas las barreras convencionales y aun las buenas maneras. Esta actitud trastoca por completo el edificio de los poderes constitucionales, tal como han sido configurados por la ortodoxia jurídica, y es ocasión para que salte por los aires esa teoría política perfilada y sutil que es cabalmente la teoría democrática.

Pero a los partidos políticos tradicionales parece darles igual, convencidos como están de que lo importante es conseguir victorias, pequeños triunfos parciales, los que se obtienen en cada enfrentamiento, en cada esquina, armados con el trabuco de la intriga, frente a un rival convertido en hostis, aunque esas victorias lleven al deterioro irreversible del sistema y lo instale en el corazón de las tinieblas.

Liberar a la democracia del entramado diabólico de lianas que han ido tejiendo los partidos políticos y dotarla de nuevo de un aspecto elástico, fibroso y ágil, no es tarea de un fin de semana. Y no lo es precisamente por el carácter conservador de sus actores, engastados ya hoy en unos privilegios que les permiten saciarse en los pechos del poder y derramar en su entorno beneficios, prebendas y premios de análoga manera a como las derramaba el monarca absoluto: para asegurar lealtades y adhesiones.

Sin embargo, si no queremos convertirnos en estatuas o limitarnos a llorar en las puertas de los templos, se impone intentar al menos la transformación del tablero donde se juega el juego trucado. Y uno de los modos es abrir el abanico de las ofertas electorales, ampliando su espectro. Es decir, creando nuevas formaciones políticas. Nuevos partidos. Este es el empeño en el que se hallan embarcados algunos arrojados en el escenario español. Su actitud gallarda, con maneras que se atreven a desafiar la inmovilidad de las cosas, es un júbilo -en el que tintinean muchas alegres campanillas- para quienes creemos que el sistema democrático, porque está regado con los mejores fertilizantes, es capaz de limpiarse de adherencias indeseables y regenerarse.

El ejemplo alemán es bien elocuente: la irrupción de los verdes en el panorama político se produjo cuando un grupo de personas se percataron de que ni el partido socialdemócrata ni el cristiano demócrata o el liberal les representaba en sus planteamientos políticos que por supuesto nada tenían que ver con las monsergas de la identidad a la que tan dados somos por estos pagos, sino con cuestiones más concretas como la política fiscal, la de transportes o la de energía. En 1977 consiguieron los primeros concejales y en 1998 entraron triunfales en el Gobierno federal de Berlín de la mano de la socialdemocracia. Han remado en muchas singladuras y han servido para remover las aguas de la política alemana, ejerciendo además una influencia determinante en la renovación de las formaciones políticas tradicionales.

En España, me parece que no me equivoco si afirmo que las nuevas propuestas tienen todas ellas un denominador común: el deseo de limitar la influencia de los partidos políticos nacionalistas (especialmente, vascos y catalanes) en el Gobierno de España. La situación, por su evidencia, es bien conocida: una ley electoral, confeccionada cuando, después de habernos confesado los pecados del franquismo, estábamos cumpliendo la penitencia impuesta por las exigencias de la Transición, ha primado en las Cortes a tales formaciones. Y éstas han usado y abusado de su posición de dominio para condicionar a los gobiernos de España: a los que han sido, al que es, y -si no se remedia- al que será. Y lo han hecho abiertamente o envueltas en gemidos engañosos o en melindres de desdén.

Partidos que simplemente no creen en el Estado, pues algunos no se recatan en ocultar su vocación independentista -incluso la proclaman con descaro-, son los que han de ayudar a los partidos nacionales en su tarea de conducir y gobernar ese mismo Estado. Es decir, estamos autorizando a las lubinas a que redacten el reglamento de la piscifactoría. Un despropósito de dimensiones colosales.

Muchos somos por ello conscientes del gran trampantojo que se exhibe en nuestra fachada democrática. Ahora parece que tenemos la suerte de que unos pocos están dispuestos a contribuir a desmontar el engaño. Alegra porque justamente es la denuncia del engaño la tinta con la que siempre se ha escrito la historia del progreso.

Ocurre, sin embargo, que estos bien intencionados políticos, digámoslo claramente, las gentes de varios foros cívicos, las personas que se mueven en torno a los Ciudadanos de Cataluña o se han afiliado al partido de Fernando Savater y Rosa Díez, se nos presentan divididos y enfrentados por cuestiones que parecen bien secundarias y desde luego puramente nominales.

Gran lástima produce tal espectáculo y gran decepción para quienes seguimos sus movimientos con la esperanza de que logren agitar el panorama político, embalsamado en enredos sectarios y en ritos cómplices. Porque ese objetivo, el de descomponer el atrezzo de la escena española, sólo se logra con un racimo de diputados en las Cortes. Y, a su vez, esa presencia exige que se emita un mensaje nítido al votante resumido en la siguiente fórmula: vótenos para conseguir que los partidos nacionalistas dejen de condimentar todas las salsas de la política española. Así de simple. Me parece que poco más hay que discurrir en punto a líneas programáticas o banderas ideológicas.

Porque si, a las dificultades que el sistema político establecido vaya aparejando con los potentes medios a su alcance, se unen las derivadas de una carrera en solitario, ayuna de armonía o tintada por personalismos extemporáneos, los resultados serán catastróficos para los abanderados de tan noble causa y -lo que es fatal- para el tratamiento antiarrugas que reclama nuestro sistema democrático.

Es decir, nos quedaremos sin el ciudadano y sin la rosa.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo y autor (junto con Igor Sosa Mayor) de El Estado fragmentado (Trotta, 2007).

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