Idiotas, de Raúl del Pozo en El Mundo

EL RUIDO DE LA CALLE

Hubo momento en el que un banquero ganaba 3.000 euros a la hora, más que un delantero centro, sin contar el plan de pensiones, y cuando ibas a verlo se quedaba con tus cerillas. Tenían en los sótanos a unos febriles empleados, con ojos menos de hombre que de alimaña, que compraban y vendían apretando teclas a gente que no veían. Ahora han perdido imagen. Nadie quiere cenar con un ladrillo y los banqueros empiezan a resultar gente de comba, tan embarazosos como los que describe W. C. Fields, borracho de nariz rosada: «Me gustan los ladrones -dice el payaso-. Algunos de mis mejores amigos son ladrones. La semana pasada tuve al presidente del banco cenando en casa».

Todo eso de que en provincias los líderes municipales evitan a los directores de las cajas se lo cuento al corresponsal de Libération. Hay en Toledo un abogado que huye de los empleados de entidad financiera, y además, lo dice: «Buenas están las cosas para alternar con vosotros». España vuelve a ser sino la enferma, la indispuesta; nos repudia y niega Francia. Convalece hasta el sol, las mariposas no arden este otoño. Retornan los hispanistas pelmazos y los enviados especiales. ¿Qué pasa?, preguntan. ¿Por qué otra vez España se interrumpe? Cuando vienen a hacer un reportaje me suelen visitar los de Libération. He quedado con ellos el martes, pero ya he hablado con Françoise Musseau, corresponsal del diario. Le cuento lo de los banqueros y le pregunto por Sarkozy, ese político con alzas, con empaque de gigoló, que ha vetado a Zapatero -a España- de la Cumbre del G-8, a la que van a ir países emergentes. «No creo que tenga nada contra España, ni contra Zapatero -dice-; es un litigio de liderazgo entre la derecha y la izquierda; basta que Brown apoye a Zapatero para que Sarkozy lo evite». Musseau, que ha vivido la España del esplendor y el deleite, cuenta ahora el desplome, asombrado de la metamorfosis. Viene de la Universidad de Alicante, donde todos los alumnos tienen coche. «¡Todos! Eso no ocurre en una universidad francesa. Los propios profesores están preocupados con esta juventud, que tendrá que cambiar su forma de vivir ante la crisis». Los zampabollos de hamburguesas, hijos de los de bocatas de calamares, van todos en coches de etanol a la universidad, muestran desinterés por la política, viven una pubescencia eterna, atados a la familia, se pierden por los arcos de los viernes, follan como tigres, pero son apolíticos en vísperas de ser paratas, ni siquiera mileuristas. Parece que algunos se embarcan en la generación Einstein, pero la mayoría se parecen a los que los griegos consideraban idiotas. Apolíticos, los peores analfabetos, «los que no saben que el precio del poroto (alubia quechua que también comía la plebe romana) depende de las decisiones políticas», dice Brecht.

El capitalismo hace dos siglos que agoniza. No se morirá nunca con esa estampida de dinosaurios motorizados.

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Todos los hombres del rey, de Pedro G. Cuartango en El Mundo

TIEMPO RECOBRADO

El drama del poder es que muchas veces hay que ensuciarse las manos para lograr los objetivos que el gobernante se marca.

La política tiene un lado oscuro que cuando trasciende produce náuseas, aunque no por ello hay que dejar de reconocer que la democracia parlamentaria es el mejor sistema de gobierno de todos los que existen.

La grandeza y las miserias del ejercicio del poder quedan retratadas en Todos los hombres del rey, la novela de Robert Penn Warren, galardonada con el premio Pulitzer en 1946.

La magistral obra de Penn Warren, valorada por el New York Times como una de las cien mejores novelas en inglés, se inspira en la figura de Huey Long, gobernador de Luisiana en los años 30.

Long era un joven idealista que denunciaba la corrupción y el inmovilismo de los dos grandes partidos en el Estado sureño. Llegó a gobernador con un programa radical de reformas, pero acabó enfangado en las mismas prácticas que tanta indignación le suscitaban.

El contrapunto de la historia que narra Penn Warren lo pone un periodista llamado Jack Burden, fracasado historiador y personaje cínico, cuyos comentarios ilustran la tragedia de un político que lo va perdiendo todo mientras acumula más poder.

La obra -llevada por Robert Rossen al cine- es un gran fresco sobre la sociedad americana del profundo sur en los años 30, cuando la Gran Depresión sumió en la pobreza a las capas medias de la población, dominadas por una generación de políticos corruptos y sin escrúpulos.

«Todo el mundo tiene un pasado oculto», dice el gobernador cuando le ordena a Burden que investigue a un viejo y honorable juez que se niega a apoyarle.

Los colaboradores del gobernador, todos los hombres del rey, son triturados en esa maquinaria de la política, en la que para triunfar hay que destruir al adversario.

El propio gobernador es un puritano abstemio, de austeras costumbres campesinas, que se transforma en un mujeriego alcohólico, que chantajea a sus rivales y manipula a sus seguidores.

La pregunta es si la supervivencia política exige la renuncia a los ideales y la práctica del poder desemboca necesariamente en la corrupción. Hemos visto en la historia reciente claros ejemplos que corroboran esta tesis pesimista.

Mitterrand, Köhl, González y Chirac acabaron totalmente desprestigiados por sus abusos. Bush, también y ello ha propiciado el fenómeno Obama. Me da la impresión de que ese lado oscuro le está empezando a pasar factura a Zapatero, que, tras anular a la oposición y ganarse con sus favores a la banca, ofrece ya los primeros síntomas de la prepotencia que llevó a la ruina moral a todos estos prohombres.

© Mundinteractivos, S.A.

Franco, en los calabozos de la conciencia, de Jordi Gracia en El País

El del crédito es un asunto tan inestable que parece que ahora las mismas empresas que lo disfrutaron han dejado de hacerlo de la noche a la mañana. Pero hay un tipo de confianza que siempre ha sido más difícil de ganar porque su territorio es difuso y casi imaginario; el valor de lo simbólico se sostiene no se sabe bien en qué pero opera de una manera decisiva, casi primordial. Y quizá el mérito mayor de la iniciativa del juez Garzón ahora, 70 años después de la Guerra Civil y 30 después de la muerte de Franco, estriba en su dimensión simbólica y no tanto en su capacidad operativa para hacer una justicia que ya no va a pagar nadie, porque los culpables están todos muertos y sus delitos presumiblemente prescritos. Lo recordaba una carta publicada en este periódico el pasado domingo, que concluía que es un derroche de tiempo y dinero de la justicia española el ocuparse en localizar y exhumar fósiles de acuerdo con la voluntad de sus descendientes.

No le falta razón. Las aperturas de hoy parecen dejar en un segundo plano las exigencias de orden sentimental, ético o espiritual, aunque la demanda de los descendientes de los fusilados en las cunetas no va más allá, en casi todos los casos, de la restitución de la dignidad o la aspiración más rasa aún de saber dónde fue tirado el cadáver de un abuelo o de un tío.

Sin embargo, mi conclusión ante el mismo razonamiento es la contraria. La dimensión que importa en este caso es simbólica y el objetivo último cumple con la lógica democrática: el contundente e irreprochable enjuiciamiento de una sublevación que rompió la baraja democrática y metió de bruces al país en una guerra civil que no existía antes del 17 de julio de 1936 a pesar de los disturbios, las violencias callejeras o los enfrentamientos armados. El valor simbólico de esa iniciativa está en sacar de la cabeza de cualquier incauto, de cualquier joven desinformado e impresionable, de cualquier heredero o descendiente de familias franquistas, la menor duda sobre la ilegitimidad de un alzamiento.

Pero la causa de Garzón va más allá: imputa también un plan de exterminio que no se aborta o se detiene con el final de la guerra, sino que se extiende bárbara y metódicamente durante los muy largos y sangrientos años de la posguerra, no sólo con la impunidad del poder político militar sino con la complicidad de la judicatura y la Iglesia, para empezar y como mínimo.

Tuvo que recordarlo Ridruejo en 1962 -y Ridruejo había sido uno de los sublevados de 1936-, así que sabía muy bien de qué hablaba cuando hablaba de una Iglesia de la Victoria que «olvidaría censurar los abusos de la violencia, la inmoralidad económica o el despojo de los derechos más comunes», además de haber actuado tras la guerra «sin resolución para intentar la mitigación de la violencia ni para cortar después la carrera de los abusos». Y eso que Ridruejo era entonces, y siguió siendo después, católico practicante, aunque intransigente con la Iglesia franquista.

De la misma manera en que hemos vivido 15 años de transición sin que nadie diese un duro en público por la versión franquista de la guerra y de su propia dictadura, en los últimos lustros hemos vivido social y mediáticamente una rehabilitación indecorosa de esa versión. Carece del menor crédito político, intelectual o historiográfico y, sin embargo, ha sido difundida con denuedo en libros y radios y periódicos, y ha sido respaldada explícita o implícitamente por los sectores más irresponsables y reaccionarios del Partido Popular. El castigo electoral está siendo largo para el PP, pero quizá ahora convenía restituir el crédito íntegro para la versión democrática sobre la guerra y la dictadura. El juez Garzón ha entendido útil esa iniciativa, no para hacer juicios a la historia, ni para enmendar la plana a nadie, sino para fortalecer simbólicamente la asediada interpretación racional y más justa del origen de la guerra y el aplastamiento de la Victoria.

Hoy, además, puede contar con una minuciosísima e irrefutable información sobre los campos de concentración, sobre los asesinatos programados, las persecuciones de civiles, las represalias privadas y los desmanes practicados en la primera década larga del régimen. Sólo tendrá valor simbólico pero es seguramente el que importa para que aquellos que vieron en la Segunda República la madre de todos los males entiendan con más ecuanimidad y justicia histórica qué pasó entonces y cómo fue la victoria de los sublevados.

La fortaleza de la democracia no necesitaba esa iniciativa de Garzón. La necesitaba esa suerte de capital simbólico que es atreverse a respaldar de frente la verdad histórica cuando está en riesgo de descrédito. Y el mejor modo, en 2008, es que Franco vaya haciendo compañía en los calabozos de la conciencia a su admirador confeso Pinochet, y por una vía directa. Es decir, a través de su imputación como responsable de insubordinación política y militar contra el poder surgido de las elecciones de febrero de 1936. Los insolventes éticos e historiográficos tendrán así algo más estranguladas las líneas de crédito.

Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española de la UB.

Incompetencia de Garzón, de Javier Pradera en El País

El fiscal de la Audiencia Nacional elevó ayer a Sala de lo Penal un recurso contra el auto dictado -dentro de las diligencias previas 399/06– por el juez Garzón, que se declaró competente para conocer las denuncias sobre los crímenes de los sublevados durante la Guerra Civil y de la «acción represiva» del Estado franquista hasta 1951. El ámbito temporal cubre desde el 17 de julio de 1936 hasta diciembre de 1951, fecha que marcaría la liquidación del maquis (pese a que los últimos emboscados de Cantabria, Juanín y Bedoya, sobrevivieron hasta 1957).

La veloz apertura -un día después de dictado el auto- del sumario 53/08 hubiese podido retrasar paradójicamente su tramitación, ya que las resoluciones de carácter sumarial deben ser recurridas en reforma ante el propio juez, que puede demorar indefinidamente su contestación por carecer de plazo. El fiscal advierte que cualquier obstaculización por Garzón de su recurso a la Sala «contravendría las reglas de la buena fe procesal».

Las profundas diferencias que separan jurídicamente al instructor y al ministerio público versan fundamentalmente sobre cinco interrogantes. 1. Si las matanzas perpetradas por los sublevados de 1936 a 1939 y por el régimen franquista hasta 1951 son tipificables penalmente como crímenes contra la humanidad (esto es, los delitos de lesa humanidad del artículo 607 bis del Código actual) o en su defecto como delitos de detención ilegal o secuestro sin dar razón del paradero (artículo 166). 2. Si el Código Penal de 1932 promulgado durante la Segunda República salva de la irretroactividad a determinadas acusaciones 3. Si la amnistía de la ley de 1977 aprobada por las Cortes Constituyentes excluye de su ámbito a los hechos denunciados. 4. Si los delitos son imprescriptibles. 5. Si la Audiencia Nacional es competente en el caso de que los delitos respeten el principio de legalidad, no estén amnistiados, no violen la prohibición de irretroactividad y no hayan prescrito.

Garzón responde afirmativamente a esas preguntas y emprende en consecuencia una ambiciosa indagación para descubrir el paradero de los supuestos secuestrados (este delito va siempre acompañado por la muletilla «en el marco o el contexto de crímenes contra la humanidad») y a los posibles responsables de esos delitos. En cambio, el fiscal Zaragoza contesta de forma negativa a las cinco cuestiones y hace una convincente enmienda a la totalidad de las tesis del instructor.

Los implacables enemigos de Garzón le niegan el pan y la sal a cuenta de las hipotéticas motivaciones de sus comportamientos (sed de celebridad, ambición de poder, vanidad escénica, etcétera), no sin antes haber exprimido en su día como un limón esas mismas pasiones en su beneficio propio. Pero no son los diagnósticos de esos aprendices de psicoanalistas -como Pedro J. Ramírez y demás ensabanados del Ku Klux Klan mediático patrocinado por Esperanza Aguirre- sino las razones expuestas por los juristas la vara de medir adecuada para las resoluciones de los tribunales. Abstracción hecha de los humores, las emociones y las ensoñaciones de Garzón, sólo importa saber -al igual que ocurrió con el caso Marey, el narcotráfico, la extradición de Pinochet, el ácido bórico y la ilegalización de la trama civil de ETA- si la instrucción de este sumario se ajusta o no a derecho

Por las mismas razones, la maliciosa atribución de oscuras motivaciones ideológicas a los críticos del auto de Garzón en su conjunto, acusándoles de boicotear las legítimas pretensiones de los deudos de los paseados a recuperar sus restos enterrados en fosas y a honrar su memoria, debe ser interpretada como una manipulación de los sentimientos y las emociones de los familiares comparable con la explotación política por la ultraderecha de la memoria de las víctimas de ETA.

Desde esta perspectiva, el escrito del fiscal Zaragoza defiende con sólidos argumentos que el auto de Garzón es una mediocre combinación de mediterráneos historiográficos, disparates jurídicos y sofismas legales dirigidos a reivindicar contra viento y marea su competencia como instructor de la Audiencia Nacional. Sirva como muestra de la fragilidad de la resolución (el análisis detallado de ese texto sin cimientos exigiría casi tanto espacio como sus 68 páginas) la forma en que se manipula la figura de los desaparecidos, siniestro eufemismo utilizado por las dictaduras chilena y argentina durante los años setenta para ocultar la tortura y el asesinato en los chupaderos de miles de opositores supuestamente huidos al extranjero. En España, la ferocidad de los bandos militares y de las proclamas de los generales -reproducidos con profusión en el auto- es la triste prueba de que los responsables de los paseos no se ocultaron en las sombras aunque enterraran a sus víctimas en fosas excavadas fuera de los cementerios. ¿No es macabro hablar de Federico García Lorca como un desaparecido, esto es, como un detenido ilegal cuyo paradero se desconoce pero que podría aparecer vivo en la Huerta de San Vicente con 110 años de edad?

¿Justicia o ‘garzonada’?, de Pilar Rahola en La Vanguardia

Empezaré por los argumentos estomacales, los más sencillos de plantear, no en vano no arraigan en la reflexión serena, sino que habitan en las tierras movedizas de las vísceras. Allí, toda emoción tiene quien la llore, toda rabia tiene quien la chille, y toda idea tiene quien la silencie. Desde esa perspectiva, la decisión del juez Baltasar Garzón representa un bálsamo para las entrañas, no en vano libera a los demonios que llevábamos dentro desde hacía décadas. ¿Quién, a pesar de los pactos de la transición, de la voluntad de mirar hacia delante, de las renuncias que la libertad exigió, quién no desearía un ratito de justicia severa, con los grandes franquistas sentados en el banquillo, pagando por sus crueles culpas? En los sueños de la ira, los culpables de las ejecuciones de miles de personas se las ven finalmente con la justicia, despojados de toda impunidad. Fueron miles de asesinados, desaparecidos, tirados en las cunetas del odio, condenados a morir por haber sido vencidos. Solo en el Camp de la Bota, el historiador Joan Corbalán ha contado 1.717 ejecutados, cuyos cuerpos eran sepultados en cualquier fosa común. En mi familia, el nombre de Carles Rahola, que tuvo el trágico «honor» de haber sido uno de los primeros en recibir el «enterado» de Franco confirmando su condena a muerte -ejecutada el 15 de marzo del 39-, su nombre, decía, se pronunciaba a media voz. Recuerdo que el relato de su asesinato conformó uno de mis primeros sentimientos de rabia, compromiso y sentido de justicia. De alguna forma, me educó sentimentalmente. Sin embargo, había tantos Carles Rahola en el seno de miles de familias vencidas, calladas, replegadas en su dolor y en su miedo, que recordar lo propio sólo tiene el valor de lo conocido. La maldad del franquismo se mostró en su forma más descarnada y cruenta en esos primeros años de asesinatos sin otro fin que la vendetta,la venganza y el odio.

Matar impunemente al vencido era la forma de instaurar el miedo en el comedor de casa, convertido cualquier ser anónimo en objetivo posible de la fatídica denuncia. Fue un régimen malvado y asesino y, como tal, no tengo ninguna duda de que es culpable del delito de crimen contra la humanidad. Por tanto, bienvenido Garzón y su gusto por protagonizar la versión española del Justiciero.

Bienvenido…, o no. Y es aquí donde mi artículo se vuelve difícil y, quizás, delicado. Con la convicción, pues, de que la transición política se basó en la impunidad de los culpables y en el olvido de las víctimas, y con la convicción añadida de que ello implicó una banalización de la dictadura, no estoy convencida de que Baltasar Garzón esté haciendo lo correcto. Primero, porque su iniciativa es el final del espíritu de la transición política y, como tal, implica que un hombre solo, desde su silla de juez, protagonice lo que no ha querido protagonizar una sociedad entera. Es decir, si los partidos políticos, sus seguidores y votantes, los parlamentos y el global social no han querido juzgar a la dictadura, ¿debe hacerlo un juez que se otorga ese privilegio? Y no valoro, en este caso, si la transición fue buena o mala, pero fue, y ese es el espíritu bajo el cual conformamos la sociedad actual. Si hay que revisar la naturaleza intrínseca de la transición política -que se fundamentó en un acuerdo de impunidad de los culpables de la dictadura-, ¿tiene que hacerse porque un juez quiere ganar el Nobel? ¿O porque se considera un Llanero Solitario de la justicia, incluso por encima de la propia sociedad donde la imparte? Tengo mis serias dudas de que el proceso al franquismo sea cosa de un hombre sólo, situado por encima de las contingencias de su propia sociedad. Además, según aseguran la mayoría de los expertos, el proceso iniciado presenta incoherencias legales muy considerables, y al durísimo auto del fiscal me remito. Si, como ha ocurrido en otras ocasiones, la instrucción de Garzón no es todo lo correcta deseable, podríamos estar ante una gran burbuja de expectativas, que se pincharía con la primera aguja legal no prevista. Lo digo porque Garzón está jugando con material muy sensible, desde la memoria de las víctimas hasta los sentimientos de los familiares, pasando por un proceso a todo un régimen cuyo capítulo histórico habíamos decidido cerrar. Si falla, no sólo añadirá un error más a otros de su biografía. Sobre todo fallará ante la esperanza de mucha gente. Y la decepción de un proceso fallido de esta naturaleza es indiscutiblemente trágica. Concluyo con la convicción, como aseveró Joan Culla, de que el juicio a la historia lo tienen que hacer los historiadores. Sin embargo, también creo que las culpas penales de los que mataron a seres humanos, con la impunidad de la fuerza de un régimen dictatorial, no tendrían que quedar impunes. Sin embargo, así lo decidimos, y así fundamentamos, para bien o para mal, el sistema de libertades actual. ¿Nos equivocamos? Probablemente. Pero la enmienda a ese error tendría que haber venido del ámbito parlamentario y social, y no de la vocación justiciera de un Llanero Solitario. Una vocación que, encima, puede  quedar en nada.

El tema es Europa y las ciudades, de Pasqual Maragall en La Vanguardia

Cuando los asesores de Clinton descubrieron que la clave para ganar las elecciones era la economía, el uno le dijo al otro, dándose un fuerte bofetón en la frente: «It´s the economy, stupid!». La llave era la economía.

De ahí el título que encabeza las consideraciones que siguen, que pudiera haber sido: «¡El tema es Europa, estúpido!». En efecto, en cierto sentido el tema central hoy es Europa, no es ni España ni Catalunya. Me explico. Catalunya y España se la juegan en Europa. No es el enfrentamiento Catalunya / Centro, ni Norte / Sur, ni Euskal Herria / España el que va a decidir la mayor parte de nuestro futuro. Es nuestro papel en Europa. O mejor dicho: la clave de nuestra calidad de vida está en Europa. En Europa y en la buena marcha de nuestras ciudades. Las naciones y los estados, y las comunidades autónomas, tienen mucho que ver con la redistribución de la renta – tema importantísimo- pero no tanto con la generación de la renta. Por supuesto que hacer o no hacer el Eix Transversal en Catalunya, sacar o poner peajes, invertir más o menos en educación, salud, etcétera, son opciones que tienen mucho que ver con el crecimiento y la felicidad, pero creo que algunos de los grandes temas se van a jugar en Europa o con fondos europeos de por medio. Y otros en cambio en el perfil que vayan adoptando las ciudades, las áreas metropolitanas o las comarcas en que vivimos. Es decir, en nuestro lebensraum,en nuestro escenario vital habitual. Aún admitiendo que cada vez más vamos a haber vivido cada cual en varios sitios o incluso continentes distintos en el curso de nuestras vidas.

Empecemos por Europa.

Vamos hacia una Europa americana con dos grandes partidos, el demócrata y el popular. Pero con interesantes mutaciones, como la liberal que puede representar un Gallardón (que era el tapado de Rajoy) o un Bayrou en Francia, o alguno de los nuevos ingleses que todavía no conocemos bien.

Pero sigamos por las ciudades.

Al nivel local, las ciudades deberían ir recuperando competencias de las naciones. Miren: Europa es nuestro nuevo Estados Unidos particular. Y si eso es así, si Bruselas es nuestro Washington, y Londres, Frankfurt o París son nuestros Nueva York, Chicago o San Francisco, entonces Madrid y Barcelona deberían ser como mínimo nuestro Los Ángeles.

Si las empresas son ya transnacionales, las naciones van a contar menos. No es que lo desee, pero no me parece mal. El siglo XX ha sido el siglo de las naciones. Y de las guerras entre naciones. El XXI va a ser distinto. Sí, hay conflictos, los va a seguir habiendo, pero la simplificación de un mundo con siete, ocho o diez grandes bloques, como mucho, ayudará a que el guirigay de las Naciones Unidas se convierta en eso que de forma algo beatífica se ha denominado el concierto de las naciones. La victoria de Obama ayudaría mucho, aun suponiendo que la realidad de sus actos acabe siendo inferior a las esperanzas que infunde este hombre.

Lo interesante será ver quién gobernará en Madrid y Barcelona. Zapatero ganó sus elecciones generales en Barcelona, habiendo perdido en Madrid y Valencia, y bajando algo en Andalucía. A Hereu se le ve tranquilo y con proyectos en marcha, si bien difíciles, como el de la plaza Lesseps (una nueva Sagrada Família), la conexión del tranvía de la Diagonal en el trozo que falta, entre Francesc Macià y la invariable plaza de las Glòries Catalanes, y un montón de nuevas vías de metro. Hay quien piensa que en las próximas elecciones habrá menos partidos. No estaría mal.

¿Qué más falta? En Barcelona sin duda restablecer el Área Metropolitana, la aglomeración de 4 millones y pico de habitantes en la que realmente vivimos. Y la conexión puerto-ferrocarril-aeropuerto-Zona Franca, que propiciaría un clúster de actividades sólo superado por Rotterdam, Hamburgo y Londres en Europa. Joaquín Coello, el dirigente de la potentísima empresa de certificación Applus, maneja datos importantes al respecto.

Por supuesto que todos (mejor dicho, algunos) tenemos parte de la culpa en no haber avanzado suficientemente en esa línea. Cuando la Generalitat suprimió la AMB que habían fundado Serratosa y Vilalta, y en la que yo trabajé como funcionario, se cruzó un Rubicón del que no ha habido vuelta atrás: el nacionalismo veía la AMB como una amenaza a la nación, y el socialismo, asentado en las diputaciones provinciales poco después, como una amenaza al sistema de partidos, muy ligado a las provincias.

Cuando a cambio tal vez de una importante financiación para los Juegos Olímpicos del 92, años antes de los mismos, el Ayuntamiento admitió que la alta velocidad ferroviaria no empezase por el tramo Madrid-Barcelona, que era lo lógico, sino por el Madrid-Sevilla, cometimos otro error. Se aceptó además que Barcelona-Valencia sería «velocidad alta» en vez de «alta velocidad»: 200 en vez de 300 kilómetros por hora. Luego llegó el PP y Aznar impuso el eslogan «de Madrid a cada capital de provincia en alta velocidad». Y Barcelona-Bilbao igual o peor que el tren Barcelona-Valencia.

Parte de esos errores (ojo, errores para Catalunya pero probablemente también desde la óptica de la maximización de beneficios en el conjunto de España) se cometieron siendo yo alcalde. Pido excusas por ello.

PASQUAL MARAGALL, ex presidente de la Generalitat de Catalunya.

Los Semellones y el derecho a la educación, de Luis Arias Argüelles-Meres en La Nueva España

Los Semellones (los Sumiones), concejo de Tineo, pueblo que, merced a las mezquindades de la Consejería que preside el político mejor pagado de Asturias, está cobrando un protagonismo indeseado. Las autoridades educativas, socialistas y emancipadoras, pertenecientes a la izquierda plural y transformadora de las Asturias, decidieron eliminar una unidad escolar so pretexto de no alcanzar el número de alumnos requerido. Ante ello, la asociación de padres actúa y se matriculan dos escolares más, pero la Consejería no sólo no rectifica, a pesar de que las familias afectadas deciden que sus hijos no acudan al colegio en tanto se resuelva la situación, sino que además guarda un silencio con el que demuestra su desconsideración total hacia estos ciudadanos y sus derechos, entre los que figura ser escuchados y atendidos por las autoridades democráticas. Me felicito por el coraje de los padres frente a la trapisonda de la Consejería. Y me felicito también por la actitud adoptada por el alcalde de Tineo, don Marcelino Marcos Líndez, pues, a pesar de pertenecer al mismo partido que gobierna Asturias, no se llamó a andanas y apoya, hasta económicamente si hace falta, el mantenimiento de esas dos unidades escolares en el Colegio de los Semellones. De hecho, según publica este periódico, no dudó en calificar de «ratería política» la actuación de las autoridades educativas del Gobierno astur.

¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la desfachatez de la Consejería de Educación? No les duele el dinero de sus decenas de asesores; incluso tuvieron a bien nombrar asesor educativo al señor Cuervo, ex alcalde de Cangas del Narcea, tras más de 20 años alejado de la tiza. Para eso es rumboso el señor Riopedre; no así para sufragar los gastos que ocasiona un aula en un pequeño pueblo de Tineo.

Occidente de Asturias, paraíso eólico. Occidente de Asturias, donde las canteras florecen cada vez más. Occidente de Asturias donde las obras de las infraestructuras en marcha sufren retrasos incomprensibles. Occidente de Asturias, donde los recortes educativos van a más.

¿Desconoce el señor Riopedre que hablamos de un entorno donde los padres no tienen el sacrosanto derecho a elegir centro, pues aquí la enseñanza concertada no es negocio? ¿Desconoce el señor Riopedre que esa unidad que se empeña en cerrar cuesta mucho menos de los que suponen los sueldos de sus docenas de asesores, asunto sobre el que sigue sin dar explicación alguna? ¿Es sostenible para la izquierda gobernante mermar derechos en el mundo rural?

Los Semellones, los Sumiones, topónimos que, por lo que parecen indicar las leyes fonéticas, pueden tener que ver con asemejarse, con igualdad, en este caso sería de derechos básicos, como la Educación.

Señor Riopedre y demás autoridades políticas y educativas de Asturias, voy a tomarme la libertad de reproducir una frase de Azaña en el Parlamento: «Permítame que me sonroje por cuenta de su señoría». En este caso, sería «por cuenta de todos ustedes».

Ya les vale, señores, ya les vale.

El juez y los ultras, de Lorenzo Cordero en La Voz de Asturias

El ojo del tigre

Desde que el juez Baltasar Garzón hizo pública su decisión de incoar un sumario sobre la represión franquista, a la ultraderecha española no le llaga su camisa azul al cuerpo. Esta peculiar derecha carpetovetónica, que tanto alborota en estos momentos, es la consecuencia lógica de un urgente renacimiento de los fundamentos ideológicos concretados por la prehistórica organización de Falange Española Tradicionalista y de las JONS; la cual, como se sabe, había sido perfectamente homologada con el fascismo europeo de la década de los 30, en el siglo pasado. No se olvide que FET y de las JONS fue -desde abril de 1937- el partido único con el cual el régimen franquista controló férreamente a la sociedad española durante casi cuarenta años, con la ayuda de tres útiles factores de dominio: la Prensa del Movimiento; el Sindicato Vertical y una burocratizada estructura orgánica de la Administración pública.

Ese pensamiento político, después de haberse sumido en un profundo letargo, que le duró veinticuatro años -desde 1978 hasta que Aznar ganó las elecciones generales de 2002 por mayoría absoluta- y de un breve periodo de precalentamiento, durante sólo cuatro años, para regresar al radicalismo derechista cuando Rodríguez Zapatero logró desahuciar a Aznar de la Presidencia del Gobierno, la ideología ultra, que parecía olvidada, vuelve a golpear a la opinión pública, incitándola a protestar contra la decisión del juez Garzón.

El caso es que esa esquinada derecha ha vuelto a poner el grito en el cielo por dos motivos clarísimos: a), porque el cielo siempre ha sido suyo con permiso de la Iglesia Católica preconciliar; b), porque, en este país, la derecha radical nunca aceptó la democracia de las libertades, sino únicamente la suya propia: la democracia orgánica. Pero que no cunda el pánico; porque ese anunciado intento de condenar jurídicamente a los responsables principales de la dictadura, que encarnaba aquel superlativo general, es probable que no pase de ser una voluntariosa declaración de buenas intenciones, con lo cual el proceso -si se abre- será simplemente virtual…

Ante esta posibilidad, el suspiro de alivio no lo exhalará únicamente la ultraderecha renacentista, sino también el Gobierno que preside J.L. Rodríguez Zapatero, quien, al parecer, tiene muy claro el asunto: El franquismo ha sido absolutamente juzgado por la historia. Lo ha dicho sin pestañear. Quizá sea un calculado regate dialéctico con el que el presidente pretende seguir controlando el balón, para luego pasárselo a quienes insisten en que ese complejo y delicado asunto jurídico hay que dejar que lo resuelvan los historiadores y no los jueces. Pero, ¿qué historiadores…? Los clásicos de la Historia de la Cruzada, evidentemente.

Así piensan impedir que la historia de aquellos incandescentes años de represión política acabe siendo la historia de los de abajo; en este caso, la de los partidarios de aplicar sensu estricto la (tímida) Ley de la Memoria Histórica… La historia de los de arriba siempre se escribe para mitificar a los gobernantes, pero jamás para someterlos a una justa censura ni para denunciar sus abusos de poder.

La petición de los certificados de defunción de los principales responsables del genocidio franquista, hecha por el señor Garzón, les ha inspirado a los humoristas de la renacida ultraderecha una serie de sarcasmos que constituyan una miserable falta de respeto para las víctimas de aquel implacable terrorismo de Estado. La perspicaz presidenta de la Comunidad de Madrid inició, con su habitual desparpajo, un disparatado ejercicio de historia comparada al reclamarle al juez que exija también el certificado de defunción de Napoleón, porque también mandó fusilar a cientos de españoles (siglo XIX).

Con idéntico desparpajo, otros cualificados protagonistas del nuevo retablo ultraderechista han solicitado lo mismo para otros personajes de la historia, que van desde mítico Viriato (?), hasta Leovigildo -el rey visigodo, autor del Codex revisus– pasando por Carlomagno, el padrino de Alfonso II el Casto y reconocido genocida, según dicen. En realidad, se trata de diluir la responsabilidad criminal del franquismo sumergiéndola en un espeso y disparatado jarabe (de palo de juez) con el ánimo de confundir a la opinión pública, que es su especialidad. Sin embargo, ¿por qué nadie ha tenido la ocurrencia de incluir a Caín…? Probablemente, porque es el personaje más siniestro de la historia fabulada por el hombre y, curiosamente, el que más podría parecerse al responsable principal del genocidio que señala con su dedo acusador al juez Garzón.

Como suele ocurrir cuando uno opina a contrapelo de la mayoría españolista, más de uno se va a sentir ofendido cuando lea -si por casualidad me lee- lo que acabo de escribir. Sobre todo, irritará a quienes, todavía a estas alturas de la película de la Transición, tienen un sentido selectivo del pasado. Es decir, aquellos que, cada mañana, al despertar comprueban complacidos que el timonel del Movimiento Nacional, atento centinela de la civilización occidental, todavía está ahí, a los pies de su cama. Se levantan y, con la tranquilidad que les proporciona su descubrimiento, en vez de decir: Buenos días…, gritan: ¡¡Arriba España!!.

Lorenzo Cordero. Periodista.

La crisis y América Latina, de Germán Ojeda en Rebelión

Público

No hay mal que por bien no venga. Las consecuencias del colapso del sistema financiero internacional se van a sentir con fuerza en la economía real de los países latinoamericanos en forma de caídas de la actividad, de la inversión y el empleo, pero también se van a llevar por delante las políticas neoliberales impuestas a la fuerza por las grandes instituciones financieras controladas por Washington –El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– que arruinaron estos países en beneficio de las multinacionales.

En efecto, esas instituciones financieras, creadas a partir de la Segunda Guerra Mundial para fomentar el desarrollo económico de los países del llamado Tercer Mundo, lo que hicieron en realidad fue fomentar la dependencia, imponiendo, a cambio de préstamos leoninos, un programa de privatizaciones y ajustes estructurales –mientras EEUU se endeudaba sin límites– que consistió básicamente en adelgazar hasta la anorexia a los Estados para darle a los mercados el control de las economías nacionales, un programa que en pleno auge de esa dictadura financiera se atrevieron a llamar Consenso de Washington.

Mediante el chantaje económico, la corrupción institucional y, cuando fue necesario, la represión de los gobiernos títeres apoyados por EEUU, todo fue mercadeado –la salud, las pensiones, el agua, las comunicaciones y los recursos energéticos–, todo fue puesto en almoneda en beneficio del capital transnacional mientras cada país se quedaba sin nada, sin empresas, sin servicios públicos y sin sectores estratégicos, provocando fracturas sociales sin precedentes que explican la llegada al poder de nuevos líderes en los últimos años.

Con el neoliberalismo ahora moribundo, sin embargo, la ruptura histórica latinoamericana con ese régimen de saqueo no va a ser igual en todos los países, lo que viene determinado por la vinculación de los distintos gobiernos a Washington. Así, países como México o Chile, atados a las privatizaciones, a las instituciones financieras internacionales y a tratados de libre comercio con EEUU tienen limitado su margen de maniobra, un margen que en el caso de Chile está creando ya graves problemas a cerca de 8 millones de chilenos con los fondos privados de pensiones afectados por las quiebras bancarias, mientras en México la crisis se traducirá en la brusca caída de las remesas enviadas por los emigrantes y en la bajada de los ingresos petroleros, lo que, para un país que vive principalmente de esas dos partidas, tendrá importantes efectos socioeconómicos.

En una situación muy distinta se encuentran países como Cuba, Venezuela o Brasil. Cuba puede verse beneficiada por la apertura de relaciones con el vecino del norte tras la victoria de Obama; en el caso de Venezuela, la situación es favorable porque, desde la llegada de Chávez, el país se ha ido desenganchando de las instituciones financieras norteamericanas; y Brasil dispone de más de 200.000 millones de dólares de reservas, tiene un fuerte mercado interno y va a seguir promoviendo una intensa política de infraestructuras, petrolera y alimentaria, al servicio del desarrollo nacional.

El Brasil de Lula se va a convertir en el eje de la nueva América Latina, aunque, sin duda, a costa de tensiones con sus vecinos, unas tensiones con Argentina por razones económicas y que serán políticas con Venezuela por los ritmos y la intensidad del proceso de integración que Chávez intenta empujar a marchas forzadas apoyándose en el Mercosur, el ALBA y el Banco del Sur, a la vez que promueve el llamado socialismo del siglo XXI.

Sin embargo, las lecciones históricas de una América Latina desunida durante la anterior crisis de 1929 o sometida al neoliberalismo deben ser aprendidas de una vez por todas. Del desastre del 29 algunos países hermanos pudieron recuperarse con políticas nacionalizadoras de los recursos estratégicos –por ejemplo, Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo en México– y de sustitución de importaciones para desarrollar el mercado interno, políticas que después se llevó por delante el neoliberalismo impuesto por Washington.

Ahora hay gobiernos –en Bolivia, Venezuela, Ecuador– que, apoyados por las grandes mayorías, defienden activamente esa integración, que ya no van a poder ser tumbados por las intrigas norteamericanas, que van a pasar de ser descalificados como populistas a ser populares, gobiernos que están comprometidos en sacar adelante un nuevo andamiaje institucional para defender la riqueza de sus recursos y el progreso de sus gentes.

Es la hora de la integración en América Latina, es la hora de la definitiva independencia, es la hora de la construcción de una economía social que anteponga lo público a lo privado y los intereses generales a los de los capitales, para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó, por ejemplo, en Chile o Argentina con la implantación a sangre y fuego de las dictaduras neoliberales, lo que pasó en México con el desastre financiero de 1994, lo que pasa en Colombia con la guerra “incivil”, lo que, en una palabra, ha venido pasando en los años negros del neoliberalismo.

Porque, después de la implosión del capitalismo financiero y del macro rescate internacional, las grandes potencias pueden repetir a gran escala, si nadie lo remedia, la experiencia mexicana de recuperar el sistema en quiebra con el dinero de los contribuyentes drenando en beneficio privado los recursos públicos, pueden volver a las andadas de la globalización financiera maquillada, pueden pasar del neoliberalismo al neocapitalismo.

América Latina no puede perder esta gran oportunidad histórica de construir para el bienestar y el progreso de sus pueblos la Patria Grande con la que soñaron sus libertadores.

Germán Ojeda es profesor titular de Historia Económica de España y América de la Universidad de Oviedo

Depravación judicial, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Acontecimiento inaudito por una causa audita. Rebelión corporativa por motivos corporativos. Paro de los secretarios judiciales por solidaridad de cuerpo con una compañera castigada por el poder extrajudicial. Plante de la corporación juzgadora por falta de medios materiales para despachar, en tiempo procesal, los asuntos judiciales. Esto no degrada la justicia, la corporativiza como estamento estatal separado de la sociedad. Ni la más remota relación con el vicio medular de la magistratura: su dependencia de los partidos y del Gobierno. Esto no la indigna y, por tanto, la deprava.

Dos cosas degradan la justicia. No separar los poderes estatales y fiar la independencia judicial a la solitaria conciencia del Juez. Pero la separación de poderes no basta para asegurar la independencia juzgadora, en los países que idearon la jurisdicción como fórmula de decir el derecho en nombre de un soberano. No la garantiza porque en las instituciones que encarnan las grandes emociones morales, como las de la fe en la justicia divina o en la humana, acaba prevaleciendo el espíritu de sus tradiciones corporativas, eclesiásticas o judiciales. Y es tradición heredada la que nos hace creer que los jueces son independientes por el hecho de que en el momento del fallo, como en la religión, están a solas con su conciencia. Pocos saben que, en el albor de la modernidad, el nuevo poder les negó incluso la conciencia. La primera ley organizativa de la justicia moderna, ideada por la Asamblea de la Revolución francesa, prohibió a los jueces que interpretaran las leyes.

La libertad de conciencia interpretativa la otorgó el Estado, cuando se percató de que la tradición de gentileza hacia lo sagrado, impediría pensar al justiciable que los jueces, como sacerdotes laicos, fueran capaces de prevaricar. Ningún magistrado admitirá que se deprava si deja de tomar una resolución justa en el momento adecuado, o borra indicios de criminalidad en algún colega. Pero, pese a las dilaciones que le permiten las costumbres forenses, o a la disculpa gremial, comprensiva del delito judicial, es un depravado. La prevaricación sólo existe en teoría. La institución judicial es la más baja en los prestigios sociales. El conflicto que la desgarra no es de orden corporativo. Proviene de la confrontación latente, que estallaría con la libertad política, entre los magistrados arribistas, proclives al partido que los promociona, y la pasión por descubrir la verdad en el supuesto de hecho juzgado, que es la genuina fuente de las vocaciones judiciales.

florilegio

«Si los jueces fueran justos, con ciencia en la prueba y equidad en el fallo, muchas veces el criminal sería inocente, y el culpable nunca sería absuelto.»

Refundación del capitalismo, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

A menudo descubrimos el Mediterráneo. Así les está ocurriendo en estos momentos a los mandatarios internacionales, cuando repiten la frase, acuñada, creo, por Sarkozy, de que es necesario refundar el capitalismo. Esa refundación se realizó mucho tiempo atrás, lo que pasa es que nos habíamos olvidado de ella y nos habían arrastrado de nuevo a los orígenes.

Siempre me ha sorprendido la caradura de algunos neoliberales -y estos últimos años casi todo el mundo actuaba como tal- que apuntan en su haber el fracaso del comunismo y aseguran que el único sistema viable era el capitalismo, entendido éste, claro está, con sus parámetros: libertad absoluta de capital, mercados y dinero, olvidando o queriendo olvidar que ese sistema, tal como lo conciben, había muerto mucho antes, en la crisis de 1929.

En otros tiempos era habitual en los manuales de economía distinguir tres sistemas económicos: el de planificación centralizada, propio de los países socialistas, el capitalista o de libertad absoluta de mercado y el de economía mixta. El tercero es una mezcla de los dos anteriores, porque, si bien en general acepta el mercado, niega su autorregulación, con lo que asume la necesidad de una intervención fuerte y decidida de los poderes públicos en la economía; si bien aprueba la propiedad privada, admite la conveniencia de que el Estado mantenga el dominio, el control e incluso la propiedad de sectores estratégicos y con un fuerte impacto en el bienestar de la sociedad o de sectores en los que la competencia sea imposible. Jurídicamente se le ha llamado Estado social y así figura en la carta magna de la mayoría de los países occidentales.

Este último es el único que, hoy por hoy, resulta viable y al único también que cabe atribuirle la victoria sobre el comunismo. Sin embargo, con un gran oportunismo, una vez que fracasó el socialismo real, los partidarios del capitalismo a secas se adjudicaron el triunfo y han pretendido, y en buena medida lo han conseguido, que las llamadas economías mixtas retrocediesen hacia el modelo que había fracasado ya con anterioridad. Los resultados están a la vista, y si hoy no se produce una catástrofe económica como la de 1929 será tan sólo porque los neoliberales no han conseguido por completo sus propósitos y porque se van a abandonar todos los dogmas que el pensamiento único había venido manteniendo.

No hay que refundar el capitalismo, únicamente se necesita retornar a ese sistema intermedio que nunca se debió abandonar. Me temo que la refundación del capitalismo de la que hablan los mandatarios internacionales no es más que una cortina de humo para ocultar y al mismo tiempo justificar los miles de millones de euros que les va a costar a los contribuyentes de todos los países este festival de libertad económica en el que algunos se han refocilado. Constituye simplemente un conjunto de parches que no van a solucionar los problemas de fondo y que desde luego no impedirán que dentro de unos cuantos años vuelva a producirse otra crisis como la actual.

La declarada intención de la Administración Bush de adoptar en el futuro medidas correctoras queda en evidencia cuando, tras la pretensión de gastar 250.000 millones de dólares de los contribuyentes en adquirir acciones de los bancos, renuncian a que el Estado intervenga en la gestión, manteniendo el principio de que toda intervención estatal es mala excepto para insuflar dinero con el que tapar los agujeros creados por los «buenos gestores». Lo más extraño de la cuestión es que éste sea precisamente el planteamiento de los gobernantes. Es como si dijesen: «No se fíen de nosotros que somos sectarios y corruptos y además malos gestores e incompetentes. Confíen en los banqueros y en los grandes empresarios, que aunque hagan estas pifias de vez en cuando son honestos y diligentes».

Pocas expresiones de mayor cinismo que la manifestada por la presidenta de la Comunidad de Madrid en el anuncio de la privatización del Canal de Isabel II, esgrimiendo como razón la conveniencia de que los madrileños participasen en la gestión del agua. Es decir, que ella no se considera representante de los madrileños y piensa que están mejor representados por las pocas personas y grupos económicos que adquieran las acciones. Es la misma filosofía que subyacía en los gobiernos de Aznar cuando, tras las privatizaciones, manifestaban que habían devuelto las empresas a la sociedad. ¿Cómo confiar en nuestros sistemas democráticos y en los gobernantes si son ellos mismos los que se descalifican?

Todo el programa propuesto por los mandatarios internacionales para refundar el capitalismo se reduce a limitar las retribuciones de los directivos y de los administradores y potenciar el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo primero está bien, pero resulta una ingenuidad pensar que es suficiente para conseguir que el sistema funcione adecuadamente y que la avaricia y el lucro privado no primen sobre los intereses generales. En cuanto al FMI, no deja de ser curioso que se ofrezca como solución colocar al zorro al cuidado del gallinero. El FMI ha sido el máximo defensor de ese sistema que nos ha conducido a la ruina. Su postura ha sido tan sectaria que se ha quedado sin trabajo porque la mayoría de los países emergentes han huido de él como de la peste, convencidos de que sus consejos -que en el caso de haberles concedido préstamos eran imposiciones-, lejos de ayudarles, les conducían al desastre.

Memento mori, de José Blanco en La Jornada

La frase latina (“recuerda que eres mortal”) se usó muy a menudo por los marxistas durante la última década del siglo XIX y las dos primeras del XX para referirse en sus debates a la muerte inevitable del capitalismo, a propósito de sus observaciones sobre la gravedad cada vez mayor de las crisis capitalistas. Muchos de ellos contribuyeron a crear la “teoría del derrumbe”; muchos otros estuvieron duramente en contra.

Simplificando, esa teoría concluía que habría una crisis económica final del capitalismo que abriría las puertas al socialismo. Todo empezó cuando a fines de los 90 del siglo XIX Eduard Bernstein plantea la necesidad de “revisar” algunos temas decisivos en Marx, con lo cual nació, cargado del desprecio de muchos contemporáneos, el término “revisionista”. Bernstein quería huir de la revolución como medio de instaurar el socialismo y planteaba que la educación de las masas y la persuasión civilizada podría dar lugar al socialismo a partir de la socialdemocracia.

De la fecha señalada hasta la primera posguerra, entraron en el debate un extenso número de los marxistas de entonces: Kautsky reaccionó duramente, luego siguieron Cunow, Tugan-Baranowsky, Conrad Scmidt, Louis Boudin, Rosa Luxemburgo, Hilferding, Grossmann, Bauer, principalmente. Las posiciones su multiplicaban y los desacuerdos también.

En el Manifiesto del Partido Comunista se dice que las crisis serían cada vez más severas y que los medios adoptados para vencerlos (“la destrucción forzosa de una masa de fuerzas productivas, la conquista de nuevos mercados y la más completa explotación de los antiguos”) darían resultados sólo a costa de “allanar el camino para crisis más extensas y destructivas y… debilitar los medios por los cuales se previenen las crisis”.

A pesar de su contundencia, de esta tesis no puede concluirse que, según el Manifiesto, una crisis económica catastrófica final abriría las puertas de un nuevo régimen social. En 1927 Rudolf Hilferding concluía que “el derrocamiento del sistema capitalista no debe esperarse como cosa que debe ocurrir fatalmente, ni se producirá por obra de las leyes internas del sistema, sino que debe ser un acto consciente del proletariado”.

Que el capitalismo morirá por obra y gracia de sus leyes inmanentes, no hay tal, y en ello tenía toda la razón Hilferding; pero, vista la historia del siglo XX, ya no puede decirse que el sujeto del cambio pueda ser el proletariado, al menos no los obreros industriales “típicos” a los que hacían referencia los marxistas aludidos.

Acaso vivamos en los próximos años la peor crisis capitalista de la historia, pero, a pesar de ser mortal, como cualquier otro régimen socioeconómico, la crisis de hoy no será la tumba del capitalismo. O existe un sujeto político organizado capaz de ser soporte de una transformación –aún no definida–, de alcance mundial que no sólo haya convencido a las mayorías de las sociedades del mundo, sino que en los hechos hubiere logrado operar ya parte sustantiva de la misma, o el capitalismo continuará cambiando para sobrevivir. Estos cambios serán resultado –me lo dijo Perogrullo– de la correlación internacional de fuerzas.

La crisis será profunda y no podrá ser atacada en todos sus frentes simultáneamente. En primerísimo lugar serán cambiadas las reglas inservibles del sistema monetario y financiero mundial (en rigor la desregulación es un enmarañado conjunto de reglas del juego propio de la selva financiera); pero ese cambio es de gigantesca complejidad y pueden pasar años antes de que una cierta correlación de fuerzas –que se irá construyendo en la lucha política de los poderosos– alcance un acuerdo satisfactorio y mínimamente eficiente para operar el comercio y las finanzas mundiales.

Los actores se sentarán en una lujosa mesa de un especialísimo lugar neoyorkino ultrarresguardado. Europa y Estados Unidos ya han declarado su propósito de presidir y dirigir el cambio. Pero de entrada no están de acuerdo. Y aún no habla Rusia, no lo ha hecho China, Japón ni otros poderosos países asiáticos, nada ha dicho India (aunque ya nos corrieron la cortesía a algunos liliputienses invitados de piedra). Cada uno tiene su partida en la mano, y no admitirán al imperio en vías de extinción más que como un jugador más sobre el green de la game table donde se decidirán los destinos del mundo.

¡Salvemos al capitalismo y a la libertad de comercio!, clama Bush; sí, pero para poder hacerlo requerimos de una regulación que no nos vuelva a meter en esta selva, dicen Sarkozy y José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea. Pelearán “n” rounds sin límite de tiempo.

Hoy no estaremos en el Bretton Woods de 1944/45, cuando prácticamente sólo había dos voces: John Maynard Keynes del lado inglés, con el poder de las ideas económicas, y Harry Dexter White, del lado gringo, con el inmenso poder político del principal vencedor de la Segunda Guerra Mundial y el poder económico sin par del país que representaba. Un momento en que el valor de la producción industrial estadunidense superaba a toda la del resto del mundo. Resultado: el cambio del cadáver del patrón-oro, por el nuevo patrón cambio oro, sistema monetario impuesto por Estados Unidos, por el cual se fijó el valor del dólar en términos de una determinada cantidad de oro y las demás monedas en términos de una determinada cantidad de dólares. Así el billete verde se convertiría en la divisa de pago internacional. La historia de ese sistema desembocó en los días que vivimos.