A vueltas con el sistema electoral, de Rubén Ruiz-Rufino en El País

La estabilidad de los partidos políticos y la cohesión interna de los gobiernos son los logros del actual sistema electoral. Por contra, la falta de proporcionalidad y las listas cerradas resultan aspectos negativos

Nunca en nuestra reciente historia democrática habíamos asistido a un debate tan intenso sobre nuestro sistema electoral como el que hemos presenciado antes, durante y después de las últimas elecciones generales. El penúltimo ejemplo lo hemos visto en la primera sesión del debate de investidura. Allí, el líder de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, exigió al candidato a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una reforma del actual sistema electoral y el líder socialista, por su parte, se comprometió a crear una comisión para estudiar esta posibilidad.

El interés de todo el debate generado en torno al sistema electoral está más que justificado, pues estamos hablando del conjunto de reglas que organizan el aspecto más esencial de la democracia: las elecciones periódicas y competitivas por las cuales elegimos a nuestros representantes políticos. Sin embargo, cuando hablamos y discutimos sobre el sistema electoral solemos centrarnos en los aspectos más negativos olvidando, creo que injustamente, los importantes logros que ha generado. Convendría, por tanto, hacer una pequeña reflexión sobre las luces producidas por una de nuestras instituciones políticas que ha permanecido intacta desde el inicio de nuestra democracia.

El sistema electoral español se ha empleado en diez ocasiones desde 1977, y dos han sido sus principales consecuencias positivas. En primer lugar, hay que destacar la escasa fragmentación del sistema de partidos. Así, el Congreso de los Diputados ha estado fundamentalmente dominado por dos grandes partidos que se han alternado en el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), y una serie de partidos menores, fundamentalmente nacionalistas y regionalistas, que han jugado papeles importantes en determinados momentos.

En segundo lugar, y gracias en parte a nuestro sistema de partidos, España ha disfrutado de una relativa calma institucional que ha tenido su mejor reflejo en la duración de los distintos equipos de gobierno. Como es bien sabido, la ley electoral establece que las elecciones se celebren cada cuatro años y, si observamos la duración de todos los gobiernos desde 1977, el valor medio ha sido de aproximadamente cuarenta meses, algo más de tres años. Hay que mencionar, por excepcionales, los tres primeros gobiernos bajo el mandato de la Unión de Centro Democrático (UCD). Con una duración media de unos veinte meses, estos tres gobiernos estuvieron además sometidos a una grave crisis en el propio partido que originó la existencia de gobiernos dirigidos por distintos responsables. Exceptuando estos equipos, que se pueden considerar de transición, los gabinetes formados a partir de octubre de 1982 se han caracterizado por su longevidad. Es más, desde las elecciones de 1996, todos los gobiernos resultantes han cumplido escrupulosamente el plazo legalmente establecido.

Junto a esta longevidad, la cohesión interna de los equipos de gobierno es otro rasgo positivo que ha definido a nuestro Poder Ejecutivo desde 1977. De hecho, la escasa conflictividad en los diferentes gobiernos es uno de los elementos fundamentales para comprender el asentamiento de la democracia en España. En tan sólo treinta años, España ha pasado de ser una dictadura a una democracia cuyo funcionamiento se puede equiparar perfectamente a las del resto de democracias europeas. Nuestro sistema electoral ha permitido la creación de cuatro gobiernos donde un partido ha ganado la mayoría absoluta de escaños en el Congreso de los Diputados y seis donde el partido vencedor ha estado en minoría parlamentaria. En estos últimos casos, hay que señalar que los gobiernos han sobrevivido gracias a apoyos parlamentarios con otras formaciones políticas y, curiosamente, no se han producido gobiernos de coalición. La ausencia de coaliciones en circunstancias que habrían favorecido su aparición es una particularidad del sistema político español. Si se observan datos de otras democracias occidentales, e Italia es un buen ejemplo, se aprecia que la forma de gobierno de coalición, esto es, un gabinete formado por miembros pertenecientes a dos o más partidos políticos, ha sido y es muy frecuente. Sin embargo, en España ha predominado la idea de que el partido ganador de las elecciones es el partido que controla el gobierno, a pesar de haberse dado las condiciones para generar gobiernos de coalición.

La ausencia de gobiernos de coalición y, sobre todo, las mayorías absolutas generadas por el sistema electoral han facilitado que los partidos en el gobierno hayan podido llevar a cabo las importantes reformas económicas y estructurales que han colocado a España en los vagones de cabeza entre las democracias más industrializadas. Es difícil imaginar que estos mismos logros se hubieran alcanzado si nuestro sistema electoral hubiera generado gobiernos inestables y poco duraderos. El ejemplo más cercano al que podemos recurrir es el sistema electoral empleado durante la II República. Y sus resultados no son precisamente alentadores. De 1931 a 1939 se celebraron tres elecciones generales que produjeron más de veinte gobiernos distintos. Sin duda, esta inestabilidad institucional fue uno de los factores negativos que impidió llevar a cabo las reformas que promovían los distintos partidos políticos y que además contribuyó a la polarización política con el resultado trágico que todos conocemos.

Por supuesto, estos efectos positivos generados por el sistema electoral español deben contraponerse a las consecuencias negativas que son las que han dominado el debate actual. La falta de proporcionalidad es, seguramente, el reproche más claro que podamos atribuirle. La desproporcionalidad afecta principalmente a partidos nacionales con apoyos sensiblemente inferiores a las grandes formaciones políticas. El ejemplo más contundente se encuentra en Izquierda Unida (IU), que en estas últimas elecciones ha vuelto a ser la tercera fuerza más votada y, sin embargo, se ha convertido en la sexta fuerza parlamentaria llegando incluso a perder su propio grupo en el Congreso de los Diputados. Pero junto a la desproporcionalidad, también hay que considerar la rigidez con la que los ciudadanos eligen a sus representantes.

El sistema de listas bloqueadas y cerradas puede generar al menos dos restricciones a los electores. Por un lado, restringe la libertad del votante para decidir al representante más preferido. El votante ve limitada su capacidad de elección a una única dimensión: la ideológica. Por otro, esa falta de capacidad del votante para elegir a la persona que lo represente tiene la consecuencia más grave en la ausencia de mecanismos para premiar o castigar la actuación de un diputado durante su mandato. El elector no puede responsabilizar a un representante concreto de la mala gestión realizada durante el periodo para el que fue elegido sin castigar a la formación política a la que pertenece. El votante no tiene, pues, una opción para castigar al mal político y a la vez votar por su fuerza política preferida. Como consecuencia de ello, el elector puede bien abstenerse o bien votar a su segunda opción política preferida. O dicho de otro modo, el propio sistema electoral podría estar promoviendo la abstención de ciertos votantes.

Estas sombras no son irresolubles y existen propuestas que tratan de solucionar, si no totalmente, al menos parcialmente estos defectos. Por ejemplo, a nuestro sistema actual se le podría añadir un colegio electoral de 50 diputados elegidos a nivel nacional que se repartieran de forma totalmente proporcional para reducir la desproporcionalidad que genera. Sin embargo, es injusto centrar toda la atención del debate en estas últimas cuestiones sin reconocer que disfrutamos de un sistema electoral que ha contribuido de manera fundamental al lugar que ocupa hoy España entre las democracias industrializadas.

Rubén Ruiz-Rufino es politólogo y autor del estudio La reforma del sistema electoral español en las elecciones al Congreso de los Diputados, publicado por la Fundación Alternativas.

El péndulo arrítmico, de Javier Pradera en El País

La historia del Partido Nacionalista Vasco (PNV) escrita por Santiago de Pablo, Ludger Mees y José Antonio Rodríguez (Crítica, 2 vol., 1999 y 2001) fue titulada El péndulo patriótico como metáfora de la oscilación entre el pragmatismo autonomista y el radicalismo independentista del movimiento fundado por Sabino Arana. Ni los esfuerzos por mantener el equilibrio entre ambos extremos evitado rupturas, ni el péndulo regulador se mueve de forma acompasada. El temor a las crisis internas explica la habitual prudencia de los dirigentes jelkides: la renuncia de Imaz a repetir como presidente del PNV y las cautelas de su sucesor, Iñigo Urkullu, obedecen a esa causa.

El pragmatismo autonomista de la Comunión Nacionalista Vasca (nombre adoptado por el PNV en 1916) sufrió en 1921 la escisión independentista del grupo Aberri. Reunificado en 1930 bajo su antigua denominación, el PNV fue desafiado durante la República por el radicalismo de Jagi-Jagi. La creación de ETA (desgajada de EGI, las juventudes del PNV) en el franquismo dejó a la democracia como pesada herencia una base electoral del nacionalismo violento en torno al 10% del censo.

Las motivaciones últimas de la escisión en 1986 de Eusko Alkartasuna (EA), fruto de la dimisión en 1984 como lehendakari de Carlos Garaikoetxea, remiten al ámbito de las luchas por el poder; sin embargo, los celos personales del entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y los conflictos de la poderosa organización vizcaína con las agrupaciones de Navarra y Guipúzcoa fueron acompañados por los ecos doctrinarios de las viejas polémicas entre autonomistas moderados e independentistas radicales. Las consecuencias electorales a corto plazo fueron desastrosas: en las autonómicas de 1986 el PNV perdió el 40% de los 450.000 sufragios cosechados en 1984.

El traumático recuerdo de esas escisiones anima la voluntad de impedir la reincidencia y alimenta el ensueño de una reunificación nacionalista. El vergonzoso acuerdo secreto del PNV y de EA con ETA en el verano de 1998 y el Pacto de Estella inmediatamente posterior fueron el primer paso en el ilusorio camino hacia la reconciliación de la familia nacionalista. La vuelta a la actividad criminal de ETA quebró pronto esa candorosa ilusión. Tras sustituir en 1998 como lehendakari a José Antonio Ardanza, presidente de un Gobierno de coalición con el PSOE durante casi 12 años, Ibarretxe se ha convertido en el depositario del compromiso milenarista con una Euskal Herria independiente formada por el País Vasco, Navarra y los territorios ultrapirenaicos franceses. Los votos nacionalistas radicales prestados a Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria, primero por Batasuna para la aprobación del proyecto de nuevo Estatuto en diciembre de 2004, y después por EHAK -una segunda marca del brazo político de ETA- en mayo de 2005 para investirle otra vez lehendakari, convirtieron al PNV en deudor de su apoyo. La convocatoria anunciada por Ibarretxe el pasado septiembre para la celebración el próximo 25 de octubre de un referéndum/consulta de autodeterminación -aprobado antes por el Parlamento de Vitoria con el inevitable apoyo de la segunda marca de Batasuna- confirma esa unidad de propósito soberanista.

Si la generosa renuncia de Imaz a presentarse a la reelección como presidente del PNV fue un síntoma de que las tensiones dentro del partido se hallaban al borde de la ruptura, el alineamiento de Joseba Egibar con el radicalismo independentista -el presidente del PNV en Guipúzcoa es un firme sostén de Ibarretxe- deja poco espacio a las fórmulas conciliatorias de Urkullu. Tras el asesinato de Isaías Carrasco, la inicial oposición de Egibar a las «mociones de censura éticas» presentadas por el PSE y el PNV contra 16 ayuntamientos controlados por ANV con mayoría simple (han fracasado ya la interpuestas en Mondragón, Hernani y Bergara) fue una provocación.

Pero las críticas lanzadas contra el referéndum/consulta de Ibarretxe por el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, y el alcalde Bilbao, Iñaki Azkuna, indican que la paciencia de los moderados está a punto de colmarse. Aún mayor es la irritación de los votantes: el 9-M, los socialistas lograron el 38% de los votos, un porcentaje superior a la suma de PNV (27%), EA (4,5%) y EB (4,5%), los tres socios del Gobierno de Vitoria.

El obstruccionismo o la abstención de EA y EB ante las «mociones éticas» contra ANV han terminado por arruinar las posibilidades de éxito de esa iniciativa conjunta -en sí misma extraña y escasamente viable- del PNV y del PSOE. Las próximas elecciones autonómicas -en octubre de 2008, caso de adelanto, o en la primavera de 2009- tal vez permitieran al PNV prescindir de unos aliados tan volubles y desleales como son EA y EB; ese viraje, sin embargo, difícilmente llegaría a producirse si Ibarretxe continuase siendo el candidato a lehendakari del PNV y ganase las elecciones.

La vida de nosotros, de Enrique Gimbernat en El Mundo

TRIBUNA LIBRE

Con motivo de un curso sobre Derecho y cine, organizado por el Consejo General del Poder Judicial, y dirigido por el fiscal Torres-Dulce y por el magistrado Juan Ramón Sáez, recientemente he tenido la oportunidad de volver a ver la película alemana La vida de los otros. En esta obra de arte, en la que un espía de la Stasi, mediante micrófonos ocultos e intervenciones telefónicas, irrumpe en la intimidad de un dramaturgo sospechoso de disidencia, se reflejan, impactantemente: el coraje de algunos intelectuales que, corriendo el riesgo de una muerte civil e incluso física, mantienen la defensa de sus principios en un país de régimen dictatorial; la cobardía de otros que, posteriormente, arrepentidos de una claudicación que les ha llevado a denunciar a las personas más queridas, sólo encuentran en el suicidio la manera de liberarse de su sentimiento de culpa; la empatía del espía con el espiado que, finalmente, le lleva a pasarse al bando de su víctima, y la gratitud que esta última expresa literariamente al agente de la Stasi que, para salvar al dramaturgo, ha arruinado su carrera política.

Pero de lo que aquí me voy a ocupar no es de la vida de los otros, es decir: del asalto a la intimidad desde la perspectiva del espía, sino de la vida de nosotros, es decir: de hasta qué punto aquí -en España- y ahora -en 2008- los servicios secretos españoles pueden vulnerar impunemente el secreto de nuestras comunicaciones y nuestra intimidad.

Entre 1982 y 1993, bajo gobiernos socialistas, y a través del llamado Centro de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico, el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), efectuó escuchas y grabaciones ilegales de las conversaciones mantenidas por un número indeterminado de ciudadanos, entre los que se encontraban desde el Rey a periodistas, pasando por destacados políticos, siendo condenados posteriormente los autores de esos hechos por un delito contra el secreto de las comunicaciones. Después, y ahora ya bajo un Gobierno del Partido Popular, el CESID siguió espiando delictivamente, mediante la instalación de micrófonos ocultos y la intervención de teléfonos, en la sede de HB en Vitoria, siendo descubiertas y denunciadas esas actividades delictivas en 1998 y condenados los agentes que las habían realizado.

Pero como el PSOE y el PP, para cuando cualquiera de ellos formara Gobierno, querían seguir fisgoneando en la intimidad de nuestras vidas, de ahí que rápidamente llegaran a un acuerdo para aprobar, en 2002, una norma que les permitiera continuar desplegando su actividad antijurídica de espionaje con un aparente respaldo legal: esa norma es la Ley Orgánica (L.O.) 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (el CNI que ha pasado a sustituir al antiguo CESID), que constituye un vergonzoso fraude constitucional.

La L.O. 2/2002 tiene un artículo único en el que se establece que el director del CNI podrá solicitar a un magistrado especial «autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones», y que ese «magistrado acordará mediante resolución motivada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas la concesión o no de la autorización solicitada». Según el art. 127 en relación con el 342 bis LOPJ ese magistrado especial será nombrado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de entre los magistrados del Tribunal Supremo, y su mandato tendrá una duración de cinco años.

A diferencia de otros ordenamientos jurídicos, donde sus Constituciones dejan abierta la posibilidad de que la intervención de las comunicaciones pueda llevarse a cabo por los servicios de Inteligencia con el simple permiso de una autoridad administrativa, los parlamentarios constituyentes españoles, que tenían muy presentes los abusos que se habían cometido, sin autorización judicial, por el espionaje y la policía franquistas, sirviéndose de las escuchas telefónicas para acorralar y perseguir, prioritariamente, a la oposición democrática, redactaron el art. 18.3 de la Constitución Española (CE) con el siguiente texto: «Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial».

Como se deduce de los debates parlamentarios que culminaron con la aprobación de la Constitución de 1978, lo que pretendían los parlamentarios con ese art. 18.3 era que la intervención de las comunicaciones pudiera decretarse exclusiva y excluyentemente dentro del marco de los procedimientos criminales -siempre dirigidos por un juez- y que en ningún caso ni la policía, ni los servicios de Inteligencia, pudieran emprender por su cuenta atentados contra la intimidad de las personas si no disponían previamente de una autorización judicial. Esta conclusión no se deriva únicamente de la que efectivamente fue la voluntad del legislador constituyente, sino de la más elemental lógica jurídica: si en 1978, al tiempo de redactarse la Constitución, el único procedimiento en el cual era jurídicamente posible que la autoridad judicial pudiera decretar el levantamiento del secreto de las comunicaciones era el regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (y no, por ejemplo, en los regulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil o por la Ley de Procedimiento Laboral), era necesariamente a ese proceso (penal) al que objetivamente se estaba refiriendo la CE cuando prevé, excepcionalmente, que se puede levantar judicialmente el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a la intimidad familiar y personal.

Con ello, la Constitución garantizaba a los ciudadanos, en su art. 18, que si una persona no había cometido ningún delito o, al menos, no existían indicios firmes de que fuera a ejecutarlo, tenía la seguridad (jurídica) de que nadie -ni siquiera un juez- podía asaltar ni sus comunicaciones ni su intimidad (en este sentido, por todas, y tajantemente, las sentencias del TC 299/2000, de 11 de diciembre y 165/2005, de 20 de junio).

Pero como los dos partidos políticos españoles con posibilidad de alcanzar el Gobierno querían seguir teniendo la posibilidad -como habían hecho hasta entonces cuando ocuparon el poder- de escudriñar -por muy íntimo y secreto que ello fuera- en la vida de nosotros, se inventan, mediante la L.O. 2/2002, un supuesto «procedimiento» y una desnaturalizada «resolución [judicial] motivada» para que el CNI pueda «proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España» (éstos son, según el art. 4 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y entre otros, las funciones y los objetivos de nuestros servicios secretos), con lo que, sobre esa base normativa, sería «legal» intervenir las conversaciones de, por ejemplo, empresarios, periodistas, intelectuales, políticos, abogados o magistrados -aunque no existiera el mínimo indicio de que hubieran podido cometer un delito o de que lo estuvieran preparando- para determinar, entre otros extremos, cuáles son sus vidas o sus orientaciones sexuales, o la de sus cónyuges, qué enfermedades padecen, si tienen o no hijos drogadictos, etcétera, pues, según los resultados a los que se llegara en esas invasiones «prospectivas» de la intimidad, podría alcanzarse la eventual conclusión de que son personas «chantajeables» por terceros y que ello puede poner en peligro los «intereses políticos, económicos, industriales, comerciales o estratégicos de España».

La L.O. 2/2002 es inconstitucional por dos motivos.

En primer lugar porque si, como está fuera de discusión, y ya he señalado, el único procedimiento vigente en 1978 en el que era viable que un juez autorizara el levantamiento del secreto de las comunicaciones era el procedimiento criminal -con todas las garantías que le rodean-, no es constitucionalmente posible que la L.O. 2/2002 instaure ahora un «procedimiento» o «expediente» donde se puedan acordar igualmente escuchas telefónicas sin ninguna de las garantías preceptuadas para aquél. Así, y entre otras: que a lo largo del procedimiento penal -y aunque esté decretado el secreto de las actuaciones- se exige «la intervención del Ministerio Fiscal, garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos por lo dispuesto en el art. 124.1 CE» (así, por todas, la sentencia del TC 165/2005, de 20 de junio); y que, una vez levantado ese secreto de las actuaciones, el propio interesado puede conocer e impugnar, junto al Ministerio Público -por ausencia o por defectos de motivación o por otros vicios-, la constitucionalidad de la medida, impugnación que pueden hacer valer tanto ante el juez instructor, como ante la Audiencia Provincial, como ante el Tribunal Supremo, como, finalmente, ante el Tribunal Constitucional. En cambio, en el procedimiento o expediente de la L.O. 2/2002, el auto que acuerda invadir el secreto de las comunicaciones y la intimidad del interesado nunca podrá ser impugnado ni recurrido: ni por este último ni por el Ministerio Fiscal, ya que en ese expediente no tiene intervención alguna el Ministerio Público y ya que el interesado -y hasta que se muera- nunca va a tener conocimiento de que sus conversaciones han sido intervenidas.

La L.O. 2/2002 es inconstitucional, en segundo lugar, porque constituye una tomadura de pelo el requisito que establece que el magistrado especial podrá acceder a la solicitud del CNI «mediante resolución motivada». Ciertamente que, como ha puesto reiteradamente de relieve el TC, «la intervención de las comunicaciones telefónicas sólo puede considerarse constitucionalmente legítima cuando, además de estar legalmente prevista con suficiente previsión, se autoriza por la autoridad judicial en el curso de un procedimiento mediante una decisión suficientemente motivada y se ejecuta con observancia del principio de proporcionalidad» (sentencia del TC 184/2003, de 23 de octubre). Pero lo que sucede es que la motivación de la resolución judicial no se exige por la motivación misma, sino porque sólo con esa motivación es posible alcanzar dos fines constitucionales: «De un lado, exteriorizar las reflexiones que han conducido al fallo como factor de racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que paralelamente potencia el valor de la seguridad jurídica, de manera que sea posible lograr el convencimiento de las partes en el proceso respecto de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control por los tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido este Tribunal a través del recurso de amparo» (sentencia del TC 108/2001, de 23 de abril; véanse también, en el mismo sentido, y entre otras, las sentencias del TC 108/2001 y 165/2005).

A la vista de estas dos finalidades que justifican por qué la resolución debe de ser motivada, la que establece la L.O. 2/2002 es papel mojado y debe ser considerada, por ello, inconstitucional ya que, en primer lugar, no se pone en conocimiento del interesado ni del Ministerio Fiscal, por lo que es imposible que esa motivación pueda «lograr el convencimiento de las partes respecto de la corrección y justicia de la decisión», siendo así que, por no poder personarse en el expediente, nunca sabrán si esa resolución existe ni, por consiguiente, y mucho menos aún, cuál es su contenido y ya que, en segundo lugar, tampoco se les garantiza ni al interesado ni al Ministerio Fiscal la posibilidad de controlar la corrección de la resolución ante tribunales superiores, no sólo porque, obviamente, no se puede recurrir lo que no se conoce, sino porque, además, la resolución del magistrado especial es irrecurrible y, por ello, no puede ser examinada por tribunal superior de clase alguna.

Quién de nosotros, que nunca ha cometido delito alguno, está siendo investigado en estos momentos en sus conversaciones y por qué motivo, qué secretos e intimidades nuestras conoce ya el Gobierno, es imposible de saber. El Estado puede entrar a saco en la vida de nosotros, pero, a diferencia de lo que sucedía antes de la entrada en vigor de la L.O. 2/2002, ya ni siquiera nos podemos defender.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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Una oferta que ningún diputado raso rechazaría, de Casimiro García-Abadillo en El Mundo

A FONDO

Ha sido una gestión rápida, casi instantánea. Tras un encuentro casual en un restaurante de Madrid hace un par de semanas, el pasado viernes César Alierta y Eduardo Zaplana desayunaron en la sede de Telefónica. El presidente de la compañía tenía ya diseñada la oferta. Una oferta difícil de rechazar. El portavoz del PP en el Congreso durante la anterior legislatura pasa de ser «diputado raso» a convertirse en embajador plenipotenciario para Europa de la mayor empresa española.

Zaplana se lo transmitió ayer a Rajoy y, en pocos minutos, la noticia se convirtió en la comidilla política del día. Esperanza Aguirre lo consideró un mal síntoma, porque supone la retirada de la primera línea de un hombre valioso; José Blanco estuvo elegante y le deseó suerte (él sabe que en la política a veces toca abrazo y a veces bocadillo), y Alfonso Guerra, un tanto demagógico, dijo que el alicantino busca ahora en la empresa privada la relevancia que ha perdido en su partido; y dinero, claro.

La marcha de Zaplana es, hasta cierto punto, lógica. Sus últimos cuatro años yo no se los deseo ni a mi peor enemigo. Y todo para quedar, al final, amortizado. La política es una trituradora.

Pero, ¿por qué Telefónica? Aunque la gestión ha sido de Alierta y sólo de Alierta, muy pocos conocen tan bien a Zaplana como Javier de Paz (que se incorporó al consejo de la compañía el pasado mes de diciembre junto a Manuel Pizarro). De Paz y Zaplana han hecho de puente, en ocasiones muy determinantes, entre el presidente del Gobierno y Rajoy en una legislatura marcada por los desencuentros.

Un dato. Fue Zaplana el que, a través de De Paz, informó a Zapatero de que había ganado las elecciones en la noche del 14 de marzo de 2004.

La clave De Paz es importante porque significa que este movimiento cuenta con la luz verde de Moncloa.

Zaplana lo ha sido todo en política: concejal de Benidorm, presidente de la Comunidad Valenciana, ministro de Trabajo, ministro portavoz,… Nunca ha rehuido la pelea, y le ha tocado desempeñar un papel muy difícil y, en muchas ocasiones, desagradable en estos últimos cuatros. Seguramente, sin su empeño el PP hubiera dado carpetazo a la investigación sobre el 11-M.

Algunos le han criticado por su excesivo afán de protagonismo y porque no ha sabido, dicen, engranar con eficacia el Grupo Parlamentario (que, ¡vaya tropa!). Su enfrentamiento con su sucesor al frente de la Generalitat, Francisco Camps, ha alcanzado cotas difíciles de imaginar. La situación llegó a ser insostinible. Hasta el punto de que, a mitad de legislatura, Zaplana le ofreció la dimisión a Rajoy, que se la rechazó de plano.

Con todo, y a pesar de haber sido machacado por algunos medios de comunicación, es uno de los líderes más apreciados del centro derecha. Tras el 9-M, Rajoy le ofreció una portavocía, pero él ya había decidido retirarse. Sigue siendo buen amigo de Aznar.

casimiro.g.abadillo@el-mundo.es

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Lo común no debe ser frontera, de Salvador Cardús en La Vanguardia

Sin lugar a dudas, la España de las autonomías ha servido para cohesionar territorialmente a las distintas «nacionalidades y regiones», por utilizar aquellos términos tan constitucionales como vagos del artículo 2, imprecisión exigida por la necesidad de un acuerdo político que relegara aspectos tan fundamentales como este para más adelante. Pero es también esta España de las autonomías la que hasta el día de hoy ha contribuido a separar Valencia y Catalunya, mucho más que durante el franquismo. En la propia Constitución ya se introdujo el veneno de la desconfianza en el artículo 145.1 ( «En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas») pensado para este caso, artículo que ponía la tirita antes que nadie se hubiese arañado. Y, después, el Estatuto valenciano se negoció desde España con el ojo puesto en Catalunya, sembrando el germen de la división, para que ni la lengua, ni la bandera ni el propio nombre oficial de la comunidad, pudieran sugerir proximidad alguna. Es cierto que el anticatalanismo valenciano es muy anterior a la Constitución española. Pero no es menos cierto que la transición, en Valencia, no quiso superarlo, sino todo lo contrario: incorporó esa misma tradición en su propio ADN político para vencer los recelos de futuras aproximaciones entre dos territorios que compartieron tantas vicisitudes, que a pesar de todo mantienen tantos vínculos culturales y a los que les aguarda un gran futuro de colaboración.

Todo aquello que a finales de los setenta y principios de los ochenta solo eran medidas precautorias, luego la realidad política lo alimentó, en un caso claro de autocumplimiento de profecía. La victoria del nacionalismo en Catalunya sirvió de pretexto para alimentar demagogias de confrontación de todo tipo, primero con los gobiernos de los socialistas valencianos, y luego con los del PP. Ciertamente, desde Catalunya se cometieron errores, más de omisión que de acción, pero aquí no cabe repartir las responsabilidades a partes iguales porque no sería justo. Y quien pagó el pato del enfrentamiento fue la lengua y la cultura comunes, las cuales, precisamente por ser compartidas, se manipularon hasta alzarlas como fronteras infranqueables. ¡Cuánta estupidez se ha gastado en intentar demostrar que lo mismo era distinto! ¡Cuánta irresponsabilidad sometiendo un patrimonio lingüístico común, que lo es de la humanidad, a una división en la que todos perdíamos! ¡Y cuánto despilfarro para alejar países culturalmente hermanos! Pocos casos habrá en el mundo en los que la cultura común no sirva para dialogar, sino para confrontar. Y de todos los conflictos, el más descarado, la pretensión reiterada de evitar que los canales de TVC lleguen a la Comunidad Valenciana, nombre que oculta el tan políticamente peligroso País Valencià. Pensar que en el siglo XXI aun se quieran poner puertas al campo de la televisión y por compartir una misma lengua y cultura, es verdaderamente demencial.

Desde el campo de la cultura y la reflexión intelectual, siempre se ha visto que en esa confrontación todos salíamos perdiendo. Y no solo en el campo de la cultura y la lengua, sino especialmente en el del progreso económico. La cantidad de libros e informes publicados lo avala sin discusión. En primer lugar, porque los datos del interés común han estado siempre sobre la mesa para quien los quisiera ver. ¿Habrá que recordar, por poner un ejemplo, desde cuándo y por parte de quiénes se ha reclamado la necesidad del tren de gran velocidad hasta Alicante y Murcia? Y en segundo lugar, porque las propias víctimas de esa falta de colaboración económica han sido el mundo de la cultura y sus industrias. Ha sido ridículo no aprovechar un mercado lingüístico y cultural de trece millones de habitantes. De manera que no se diga que la confrontación cultural ha frenado la colaboración económica, porque si la cultura ha servido de excusa, lo ha sido por manipulación política.

Ahora parece que se están descongelando las relaciones en el campo económico. El lunes pasado, en este mismo periódico, Josep Vicent Boira escribía un magnífico artículo sobre el coste del anticatalanismo – el autor también citaba a la «soberbia catalana»- y el «lucro cesante» que ha comportado, de carácter económico, sí, pero añado yo, también social, cultural y, por supuesto, político y democrático. Habrá que esperar a ver cómo avanza el deshielo, porque el Gobierno español, y particularmente el PSOE, ya ha empezado a mostrar su nerviosismo. Pero es cierto que, al menos desde el punto de vista cultural y lingüístico, es posible que los movimientos del PSC levanten menos ampollas de los que pudiese haber levantado CiU. Y, en cualquier caso, qué duda cabe que la crisis económica, con una Catalunya que ha perdido el liderazgo económico en los últimos años y con una Valencia económicamente envalentonada, supone un mayor equilibrio en la relación y una más clara y urgente necesidad de colaboración.

Ahora ya es posible imaginar que algún día, lo que históricamente ha unido más a catalanes y valencianos, dejará de ser su gran frontera actual. Pero no sólo eso, sino que pronto se verá que compartir un espacio cultural y comunicativo es una ventaja estratégica de la que hay que lamentar no haberla aprovechado antes.

salvador.cardus@uab.cat

Más sobre la España inacabada, de Lluís Foix en Los Blogs de La Vanguardia

El 2 de mayo era fiesta nacional en mi ya lejana infancia. No había escuela aunque, en el campo, los agricultores proseguían con sus labranzas primaverales. Eran los primeros tiempos del franquismo y todo lo que pudiera reafirmar la unidad de España debía ser solemnemente conmemorado.

Se argumenta estos días que la resistencia de la sociedad española contra la invasión napoleónica fue la simiente de la unidad nacional. Ganó la guerrilla desorganizada contra la Grande Armée, desde Bailén hasta Zaragoza, pero se suele pasar por alto que un factor decisivo fue la intervención de los ejércitos del Duque de Wellington en lo que los británicos conocen como «The Peninsular War». No se trata de menospreciar la lucha de la guerrilla sino de poner en su contexto la derrota de Napoleón en España.

Tampoco se comenta que los afrancesados, muchos españoles ilustrados que aceptaron la llegada de Napoleón por entender que traía los principios de la Revolución, fueron los perdedores. Muchos tuvieron que exiliarse. La victoria militar propició la primera Constitución española, la de Cádiz de 1812, que abría un nuevo periodo en la historia peninsular,

Comenta Josep Fontana en su Historia de España que lo que daría de sí el siglo XIX fue nefasto para los españoles que perdieron tontamente casi un siglo. En el terreno de la lucha por las libertades democráticas, afirma Fontana, parece difícil escapar a la conclusión de que la historia de España entre 1808 y 1874 es la historia de un fracaso.

Hasta la llegada de la Restauración en 1874 el balance es desolador. Poco más de 15 años de intentos democratizadores contra 66 de autoritarismo. La Restauración, con la reinstauración borbónica de Alfonso XII, fue esencialmente un acto de fe en la convivencia hispánica, según escribió Jaume Vicens Vives.

El siglo pasado fue igualmente catastrófico hasta la llegada de la democracia en 1976 y la Constitución de 1978 que ha producido el periodo más largo de progreso, libertades y entendimiento entre los españoles. No hay precedentes en nuestra historia común.

A pesar de ello, España es un proyecto inacabado, siempre en busca de una solución que nos permita vivir en paz. Las dos Españas se han enfrentado de muchas maneras, con frecuencia vertiendo ríos de sangre, y siempre basculando entre un estado centralista y un estado plural.

A comienzos del siglo pasado, Ortega y Gasset definió a España como una posibilidad antes que un hecho. El filósofo no negaba la existencia de España, sino que le preocupaba que no tomara la forma que él esperaba. Es memorable el intercambio de discursos en las Cortes de la República entre Ortega y Azaña a propósito de la aprobación del Estatut de Cataluña de 1932.

El franquismo eliminó el debate a la brava. Incluso en plena transición se abortó un golpe de Estado. De Riego en 1814 a Tejero en 1981, más de cincuenta intervenciones de salvadores armados de la patria, con resultados tan siniestros como los cientos de miles de muertos ylas décadas de atraso que provocó la guerra civil, han marcado la historia de la España contemporánea, donde cada intento de avance hacia la democracia ha venido generalmente seguido a muy corto plazo por una vuelta a la «normalidad» autoritaria.

Desde el segundo mandato de Aznar, concretamente a partir de 2001, se volvió a plantear este inacabado debate. Cuando hoy seguía por televisión el debate sobre la traída de agua a Barcelona, un trasvase, sí un trasvase, del Ebro, he pensado que seguíamos instalados en la eterna discusión.

Los socialistas y los populares votaron lo mismo aunque por razones distintas. El gobierno Zapatero pensando que no era un trasvase y el Partido Popular intentando convertir en ley lo que es un simple decreto de emergencia. Curiosamente, las dos fuerzas nacionalistas catalanas, por razones distintas, se han abstenido. Zapatero empezó su primera legislatura hablando de la España plural y al abrir la presente sesión en el Congreso se refirió más sobriamente a la España diversa.

Ya sé que no se alcanzará un proyecto compartido por todos, entre otras razones porque en democracia estos pactos son prácticamente imposibles, que asegure la convivencia entre las tierras peninsulares sobre el modelo de Estado.

Pero hay un hecho que me interesa resaltar. La España autonómica ha cambiado muy positivamente la realidad hispánica. La cesión de competencias a todos los territorios ha comportado entregar también poder económico, burocrático y político. Las provincias irredentas de las que hablaba Ortega se han redimido.

La riqueza y los centros de decisión ya no se concentran exclusivamente en Madrid. Zapatero tiene que contar con Andalucía y también con Cataluña. Los grupos socialistas en estas dos comunidades están vinculados al PSOE pero no a cualquier precio. Veremos próximamente como los socialistas catalanes van a plantar cara, de alguna manera, a las decisiones que puedan ser perjudiciales para los catalanes.

Lo mismo ocurre en el Partido Popular donde el poder mediático y político madrileño no decide sin la complicidad de los populares valencianos, murcianos, gallegos, andaluces y catalanes.

Rajoy lo dijo bien claro en Elche hace unos días al afirmar con valentía que no iba a hacer lo que le dictaran un periódico (El Mundo de Pedro J) o una emisora de radio (la COPE de Jiménez Losantos). Esperanza Aguirre no se atreve a plantar cara a Rajoy porque sus ejércitos centralistas son inferiores a los periféricos.

Es improbable por no decir imposible que se recupere el Estado centralista. No solamente porque los partidos nacionalistas se opongan sino porque la realidad social, económica, cultural y política repartida en las comunidades lo va a impedir.

¿La solución? Una España federal simétrica en su formulación oficial, con las asimetrías que convenga. Euskadi y Navarra ya son asimétricas. ¿Por qué no pueden propugnarse distintos grados de asimetría? Este es el debate de fondo, sin solución inmediata.

El lenguaje laico del Estado, de Reyes Mate en El Periódico

LA PRESENCIA DE SACERDOTES EN LOS COMITÉS ÉTICOS DE LOS HOSPITALES DE MADRID

El sueño laicista no se ha cumplido: ni la religión es un asunto privado ni la razón ha sido capaz de organizar el mundo

Alarma social causó por unas horas la noticia de que Rouco Varela y Esperanza Aguirre, cardenal y presidenta de Madrid, respectivamente, habían firmado un acuerdo que permitía la presencia de un representante eclesiástico en el comité de ética y de cuidados paliativos de los hospitales públicos. La alarma se desinfló cuando se supo que el tal acuerdo reproducía otro, firmado hace 11 años, que había pasado desapercibido porque nada raro había ocurrido por la sencilla razón de que no se había puesto en práctica. Ni un cura en comité alguno de ética.

La falta de novedad puede quitar importancia a la noticia, pero no al hecho del convenio. Estos comités no toman efectivamente decisiones, sino que «asesoran a la dirección de un hospital» cuando los deseos del paciente no coinciden con los del médico en asuntos tales como la sedación terminal de un enfermo o la reanimación o no de un bebé con malformaciones letales. El comité no decide, pero quien tome la decisión tendrá que contar con su informe. Estamos, pues, ante un organismo que tiene un gran papel en asuntos del mayor interés, porque tocan la vida y la muerte.

¿Cál es el problema? Hay un aspecto coyuntural, a todas luces secundario, que explica el morbo informativo de la noticia. Se llama Esperanza Aguirre. En la osada lideresa del Partido Popular, que pide un debate de ideas para tapar sus ambiciones políticas, el citado acuerdo es como la negación práctica de sus ideales liberales. ¿Acaso no forma parte del liberalismo la neutralidad ideológica del Estado, la libertad de conciencia, es decir, la separación entre Iglesia y Estado? Este apaño con la Iglesia católica pone de manifiesto que, cuando ella levanta la bandera liberal, no es la del liberalismo progresista, sino la del neoliberalismo reaccionario. Ya que estamos asistiendo al duelo Rajoy-Aguirre, como si de un espectá- culo nacional se tratara, la complicidad del cardenal de Madrid con la presidenta era un combustible periodístico que no se podía desaprovechar. Esto es lo anecdótico.

Lo significativo e importante, sin embargo, es el lugar que ocupa la religión en una democracia moderna. Lo que nos enseña la tradición liberal es que el lenguaje del Estado es laico. Los criterios morales y políticos tienen que ser racionales, accesibles a todos, explicables con las luces de la razón. A la hora de hacer leyes o de desarrollarlas –como hace este Convenio para la asistencia en los hospitales–, hay que considerar a cada miembro de la sociedad como un ciudadano, aunque sea creyente. Quien represente a ese Estado, aunque sea en un modesto, pero oficial comité de ética de un hospital, tiene que hacerlo como ciudadano y no como delegado de una confesión religiosa. Esto es el abecé del liberalismo, de ahí el desasosiego de la noticia. El hecho de que el convenio firmado entre Alberto Ruiz-Gallardón y Rouco Varela en 1997 haya pasado desapercibido porque nunca fue activado no le quita gravedad.

Pero con esto no está todo dicho. La lógica liberal condenaba la religión a «asunto privado», es decir, consideraba que el lugar de la religión era la conciencia del individuo o la sacristía. Y eso es lo que no ha ocurrido. La religión está en la calle porque es un asunto público. Basta pensar en el islam o en el catolicismo en América Latina o en el budismo en el Tíbet. El sueño laicista de la modernidad no se ha cumplido: ni la religión es un asunto privado ni la razón secularizada ha sido capaz de organizar racionalmente el mundo. No se trata de renunciar al Estado laico ni a la secularización de la política y de la ética. Pero sí que hay que repensar la relación entre religión y política, partiendo del supuesto de que la política democrática necesita aliados morales y de que la religión es, queramos o no, un asunto público. Por eso se habla ahora de que estamos en una sociedad «postsecular». Esto es lo que le cuesta entender al PSOE.

En esta sociedad postsecular hay que escuchar a la religión y conocer lo que tengan que decir las confesiones sobre el sentido del sufrimiento, la eutanasia o los cuidados paliativos. Más allá de las voces reaccionarias de algunos de sus representantes, estas tradiciones han reflexionado mucho sobre la vida y la muerte, sobre el sentido de lo sinsentido o sobre la esperanza de los desesperados, y no hay razón para desaprovechar esas reservas de sentido. Cuando en la Europa hitleriana todo el mundo callaba, fueron algunos pocos obispos católicos los que protestaron contra los planes eugenésicos nazis. Esas voces deben ser escuchadas. El problema es saber dónde y cuándo. Su lugar no es el Estado o las instancias oficiales, sino la plaza pública o, dicho de otra manera, tienen que dejar oír su voz cuando la sociedad debate esos asuntos, para formarse una opinión fundada, antes de que se formalice la decisión en leyes. A partir de ese momento, el único lenguaje posible es laico. Por eso no es de recibo la presencia de un representante del Servicio de Asistencia Religiosa en las comisiones de ética.

Si resulta contradictorio que la liberal Aguirre estampe su firma al pie de este convenio con la Iglesia, no lo es que lo haga el otro firmante, Rouco Varela, porque este está convencido de que en asuntos de moral, el lenguaje del Estado no debe ser laico. El cardenal le ha metido un gol a la lideresa por toda la escuadra.

Reyes Mate. Filósofo e investigador del CSIC.

Los bajos salarios y la inflación hunden el consumo de las familias a niveles de la recesión de 1993, de Carlos Sánchez en El Confidencial

No son buenos tiempos para el empleo. Tampoco para lo salarios. Pero si a esto se une un alto nivel de endeudamiento de las familias -superior al 130% de su renta disponible- y una inflación instalada desde hace meses por encima del 4%, el resultado no podía ser otro que un desplome del consumo de los hogares desconocido desde la recesión del bienio 1992-93.

El último dato que avala este escenario lo dio ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), que anunció una caída de las ventas al por menor del 5,5% en términos reales una vez eliminado el efecto calendario. No se recuerda un dato tan malo desde al menos quince años, lo que da idea de la aceleración del ajuste y del progresivo deterioro de la capacidad de gasto de las familias. En particular, a la hora de adquirir equipamiento para el hogar, cuya evolución se ha desplomado un 17% respecto de marzo del año pasado, mientras que el gasto en alimentación ha retrocedido un 5% en términos reales.

El deterioro del gasto hunde sus raíces en el escaso margen de maniobra del que disponen los hogares para hacer frente al nuevo escenario monetario (el euribor cerrará abril en un 4,8%), pero también tiene que ver con el hecho de que los salarios se han quedado definitivamente atrás respecto a lo que aumentan los precios. Un informe elaborado por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ha puesto de manifiesto que en 2006 el 74,4% de los trabajadores estaba amparado por una cláusula de revisión salarial para compensar la desviación del IPC. Sin embargo, esta cláusula sólo fue efectiva en el 46% de los convenios, es decir, menos de la mitad. La Comisión recuerda en su informe sobre negociación colectiva que “no todas las cláusulas tienen carácter retroactivo”, ya que en muchos casos sirven “únicamente” para fijar el nivel salarial de partida para el nuevo ejercicio.

La espiral inflacionista

La Comisión recuerda que, en contra de lo que normalmente se da por hecho, las cláusulas de revisión salarial no aceleran la espiral inflacionista (lo que puede explicar que la patronal CEOE las defienda ahora a capa y espada). Por un lado, porque está demostrado que en los convenios con cláusula el incremento inicial del salario es inferior al que se aplica en los convenios que carecen de ella. En segundo lugar, porque la diferencia entre los crecimientos inicial y final de los salarios es siempre menor que la desviación entre la inflación final y la prevista, lo que supone una pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Y todo ello siempre que se produzca una revisión de las nóminas para compensar la subida de los precios, ya que hay que recordar que en España (datos de la EPA del primer trimestre) existen 16,8 millones de asalariados, pero únicamente 9,8 millones sustancias sus relaciones laborales a través de un convenio de empresa o de sector.

Los aumentos de productividad tampoco han servido para ganar poder adquisitivo para un número sustancial de trabajadores. En los últimos años, los avances de productividad han sido en todos los casos inferiores al 1%, pero el porcentaje de trabajadores que han pactado incrementos salariales iniciales superiores a la suma de la inflación y al aumento de la productividad apenas ha superado el 50% de los trabajadores con convenio, lo que pone de relieve la moderación salarial practicada en la economía española.

Esta moderación explica en buena medida el frenazo al consumo de las familias, que dibuja una senda claramente descendente desde el 4,9% registrado (media anual) en el año 2000. El año pasado la tasa de aumento se situó en el 3,1%, pero es que para 2008 y 2009 el propio Ministerio de Economía ha estimado un crecimiento del 2,2%. Tasa que a luz de lo que ha ocurrido en el primer trimestre -con una caída del 3,6% en lo que va de año- es muy probable que tenga que volver a ser revisada. Sobre todo teniendo en cuenta el desplome de las expectativas económicas, como reflejan todos los indicadores de confianza, ya que en un contexto macroeconómico incierto, las familias restringen el gasto ante la posibilidad de que alguno de sus miembros pierda el empleo.

El salario supone más del 90% de la renta disponible de las familias, por lo que el empleo es el factor determinante de su nivel de gasto. Y la economía española lleva dos trimestres consecutivos destruyendo puestos de trabajo en términos no desestacionalizados.

Ministro de Inmigración, con otro aire, de Enrique Badía en Estrella Digital

Sin prodigarse demasiado, el nuevo ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha dado suficientes muestras de sustentar un discurso y unas ideas sobre inmigración no demasiado coincidentes con la que venía siendo doctrina desde el año 2004. Su característica esencial es que dice en voz alta y sin eufemismos lo que muchos piensan, pero no expresan públicamente por el dudoso pudor de no alejarse de lo tenido por políticamente correcto. La duda —lógica— es si con el tiempo atemperará su discurso y, lo que es más importante, hasta qué punto tendrá capacidad para implementar sus postulados en la vida real.

Cualquiera que haya seguido su trayectoria sabe que, en la medida de sus posibilidades, lo ha hecho en su larga década al frente de un municipio que, aunque adherido sin solución de continuidad a Barcelona, es la segunda concentración demográfica de Cataluña: L’Hospitalet. Una ciudad cuyo elevado componente migratorio viene de antiguo: primero, proveniente de otras zonas de España; en los diez últimos años, llegados de varias decenas de países del resto del mundo. Sabe, por tanto, de lo que habla y ha tenido oportunidad de poner en práctica siquiera una parte de lo que patrocina hacer. Sólo que acceder a una cartera ministerial tiene bastante de reto para quien procede de la gestión municipal: contrariamente a lo que suele pensarse, se dan mayores limitaciones para aplicar ideas a la realidad.

Una propuesta que ha merecido especial resonancia es que los inmigrantes puedan votar, al menos en los comicios de alcance municipal; opción que ya tienen los de origen comunitario, en virtud de los tratados que rigen la Unión Europea. Pero quizás más interesante sea el matiz que introduce, tanto en ésta como en otras que ha formulado y las varias más acumuladas en sus años de alcalde: graduar la concesión de derechos a criterios de implantación y, en definitiva, temporalidad.

El razonamiento suena atractivo y preñado de lógica: no puede considerarse lo mismo al inmigrante recién llegado que al ya establecido y a ser posible integrado en la comunidad que ha elegido para vivir y trabajar. O, por decirlo de otra manera, no debería mantenerse la drástica diferenciación entre negar derechos y otorgarlos todos por la simple posesión de los ansiados papeles. Una visión del fenómeno, o si se prefiere una concepción de la política migratoria que discurre lejos de lo que hasta ahora ha sido considerado doctrina oficial.

Sin duda, ese eventual giro ideológico comporta replantear muchas cosas, pero es posible que abriera una vía de solución a problemas reales que, no por negados desde la esfera pública, dejan de ser sentidos por la sociedad. Por ejemplo, en la prestación de servicios tan esenciales como la salud o la educación, en los que, se admita o no, muchos ciudadanos autóctonos se sienten hasta discriminados o cuando menos mal atendidos como consecuencia de la afluencia foránea. Así lo reflejan las encuestas, independientemente de que les asista o no razón, o sea más consecuencia de la falta de previsión, organización y planificación de las administraciones encargadas de prestarlos, que atribuibles a unos inmigrantes que simplemente ejercitan derechos que les han sido otorgados.

Es una evidencia que en los últimos diez años se ha incrementado en más de un diez por ciento la población española, pero el dato resulta engañoso si no se desagrega y considera que en ciertos territorios el añadido triplica ese porcentaje: son los casos de Madrid y Cataluña, más concretamente del área metropolitana de Barcelona que el ministro Corbacho conoce tan bien. Y la realidad es que las administraciones no han respondido, ni en campos concretos ni globalmente, a esa multiplicación.

Ha faltado, en suma, correspondencia entre atribución de derechos a recibir prestaciones y capacidad de atenderlos. No ya anticipadamente, que sería lo deseable, sino incluso en paralelo o a continuación. Lo que a todas luces es más grave y reprobable para quienes han ostentado u ostentan esa responsabilidad.

ebadia@hotmail.com

Mediocracia, primarias y Partido Popular, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Los periodistas y los distintos medios de comunicación son propensos a referirse a la partitocracia, denuncian frecuentemente la dictadura de los partidos políticos y la ausencia de democracia interna que padecen, dominados despóticamente por los aparatos. No les falta razón, pero me temo que a la hora de dar soluciones equivocan la receta, de manera que de seguir sus consejos la situación sería infinitamente peor.

Bastante más peligrosa que la dictadura de los partidos es la de la prensa. Si la democracia está ausente de las formaciones políticas, mucho más de los medios de comunicación social. No parece que los directores de los periódicos o de los programas radiofónicos o televisivos se elijan por votación de los trabajadores, y mucho menos de los lectores u oyentes. Desde la prensa se argüirá que ellos se someten a diario a un proceso electoral, el del mercado, el de los consumidores que pueden o no comprar el diario o cambiar de dial. Pero el argumento es falaz, porque con la misma razón los partidos políticos podrían afirmar que ellos también se someten periódicamente al veredicto de las urnas, también a ellos pueden y no pueden votarles. En uno y otro caso la libertad del ciudadano queda restringida a escoger entre productos iguales, a elegir entre la coca-cola y la pepsi-cola.

La libertad de prensa y de información se ha convertido en un espejismo que tan sólo sirve de coartada a unos cuantos privilegiados que, sin ningún título, pretenden imponer sus tesis a la sociedad. A la mayoría de los periodistas les resulta bastante difícil, por no decir imposible, mantener posiciones contrarias a la dirección del periódico y a los poderes económicos que se encuentran detrás; si quieren vivir y prosperar, no tienen más remedio que abdicar de sus propias ideas y personalidad para asumir dogmáticamente la ortodoxia del medio y defenderla militantemente.

La postura despótica de los medios no queda restringida a su vida interna sino que se proyecta hacia el exterior. Aspira a condicionar las estructuras sociales, entre otras formas a través del control de los partidos afines, marcando sus comportamientos y actividades. Es más, cuando alguien desde la dirección de esa formación política intenta mantener una cierta independencia, le hacen la guerra hasta que logran desbancarle. Si no lo consiguen, usan sus cañones propagandísticos para pregonar que en ese partido no existe democracia interna, denuncia que, por supuesto, no lanzaban cuando les hacían caso.

Al menos durante estos últimos cuatro años una serie de medios que están en la mente de todos han condicionado de forma llamativa las actuaciones del Partido Popular, y no resulta descabellado afirmar que han sido causantes en buena medida de que perdiese las últimas elecciones. Pero, curiosamente, tras los comicios se han lavado las manos, sin asumir responsabilidad alguna. Por el contrario, se han erigido en jueces y la han exigido a los demás, dispuestos a aupar como líderes alternativos a sus candidatos para, de esta forma, seguir mandando y pontificando dentro de esa formación política. La campaña contra los que se oponen a sus dictados es feroz, y cuando se han sentido impotentes para cambiar según sus conveniencias la dirección, han comenzado a gritar reiteradamente que no existe democracia interna.

El último truco que están empleando es el de propugnar primarias de cara a las próximas elecciones. La celebración de primarias ha tenido siempre buena prensa. Se ha tomado como signo de participación popular y de mayor democracia. No participo de tales ideas. Cuando hace ocho años la practicó el PSOE, ya planteé que todos estos argumentos escondían una falacia y que, lejos de incrementar la democracia, propiciaban el caudillismo.

Ese discurso mendaz que pretende poner como ejemplo a EEUU y que declara contemplar con envidia su proceso electoral parte de un error de fondo. Al margen de que no parece haber muchos motivos para envidiar la democracia norteamericana, resulta incoherente hablar de primarias cuando no existen las secundarias. A diferencia de EEUU, nuestro sistema electoral no es presidencialista ni mayoritario, sino parlamentario y proporcional, aun cuando la proporcionalidad acabe adulterada por la Ley D’Hont y, sobre todo, por la circunscripción provincial. En nuestro país las elecciones en sentido estricto no son para elegir al presidente del Gobierno, sino para escoger diputados que a su vez designarán a aquél.

Es verdad que en la práctica se juega con un equívoco, ya que todos los partidos designan a su candidato a presidente del Gobierno, aun aquellos que por ser minoritarios no tienen ninguna probabilidad de gobernar. Un equívoco y una corruptela que vienen muy bien a los partidos mayoritarios porque de esta manera se lanza a la opinión pública el falso mensaje de que la contienda se reduce únicamente a dos opciones, aquellas que tienen posibilidad de formar gobierno.

Las primarias, además, acentúan uno de los principales defectos de nuestro sistema electoral, el caudillismo, diluyendo todo poder colegiado y concentrándolo en una sola persona. Una constante de los autócratas es su pretensión de entenderse directamente con las masas, prescindiendo de instituciones y autoridades intermedias. Ellos y el pueblo. Son partidarios de las consultas populares, de referéndum. Se produce la paradoja de que lo que a primera vista puede parecer signo de democracia y de participación popular se convierta en un instrumento de absolutismo.

Dentro de una formación política, ¿quién osaría poner límites y equilibrar la autoridad de quien fuese elegido por todos los afiliados? Tal vez el poder del aparato habría desaparecido, pero para ser sustituido por el de una única persona. Por el contrario, antiguamente, en sus orígenes, y en aquellos partidos que aspiraban a un juego más democrático, la dirección era fundamentalmente colegiada. No había ni presidente ni secretario general, sino simplemente “primer secretario”, elegido por el resto de la dirección y como un primus inter pares.

Lo que sin duda se incrementaría de manera notable con la introducción de elecciones primarias en las formaciones políticas, al igual que con las listas abiertas, sería el poder de la prensa y de los medios de comunicación que podrían favorecer de forma decisiva a unos candidatos frente a otros. No sé si desaparecería la partitocracia, pero de lo que estoy seguro es que se instalaría la mediocracia en mayor medida de lo que lo ya está.

http://www.telefonica.net/web2/martin-seco

Lengua y Literatura en el Bachillerato riopedriano, de Luis Arias Argüelles-Meres en La Nueva España

La Consejería de Educación del Gobierno astur continúa sus afanes y desvelos en pro de una magnífica e insuperable calidad de enseñanza. Se anuncian cambios en el Bachillerato cuyas propuestas, borradores, anteproyectos o lo que fuere, ya obran en poder de los centros docentes. En la materia en que se me autoriza impartir clase el despropósito es considerable.

En los últimos años, en 1.º de Bachillerato, la Literatura Española abarcaba desde la Edad Media hasta los Siglos de Oro, ambas épocas incluidas. Pero hete aquí el cambio que se anuncia. Se incluirán dos siglos más. Y, eso sí, el número de horas lectivas no se modifica: seguirán siendo tres semanales. Téngase en cuenta además que no sólo se imparte Historia de la Literatura, sino también Lengua, tanto sintaxis como contenidos lingüísticos propiamente dichos.

Con respecto al 2.º de Bachillerato, equivalente (es un decir) al COU, en los últimos años se impartían tres siglos de historia de la literatura: XVIII, XIX y XX, más análisis del texto, más sintaxis, más una batería de epígrafes lingüísticos. Con el proyecto que se nos presenta, no se sabe bien si en el temario entrará siglo y medio, es decir, desde la 2.ª mitad del XIX hasta la actualidad, o si se volverá a concentrar sólo en el siglo XX. Porque, pásmese el lector, en estos borradores, la 2.ª mitad del XIX está consignada en los programas tanto de 1.º como de 2.º de Bachillerato. Algún problema de coordinación debió haber. Bien sabe Dios que la cosa no quedará por falta de asesores.

Si en 1.º de Bachillerato, en tres horas lectivas, hay que dedicar tiempo a la sintaxis y a ciertos contenidos lingüísticos, que alguien se pregunte qué espacio queda para impartir la Historia de la Literatura Española desde las jarchas hasta Clarín y Galdós. Y, en lo que se refiere a 2.º de Bachillerato, hay cuatro horas semanales para impartir análisis de texto, que es una de las pruebas más clásicas de la PAU, sintaxis con cierta profundidad, más aquellos otros temas que se refieren a los lenguajes sectoriales, a la historia de la lengua española, a la situación lingüística desde el 78 a esta parte, así como al español de América. Añádase lo que figuraba en el programa en los últimos años, es decir, la Historia de la Literatura Española de los siglos XVIII, XIX y XX, más la narrativa Hispanoamérica en el siglo XX.

Antes de que se impusiera la LOGSE, en COU, había horas lectivas diferenciadas para lengua y literatura, y ésta se ceñía sólo al siglo XX, con el matiz de que la literatura en este curso sólo era impartida a los que optaban por Letras.

Ahora, con casi la mitad de las horas que antes se distribuían para Lengua y Literatura, resulta que entran en los contenidos 2 siglos más. Y, aun en el caso de que el programa de 2.º se redujera sólo al siglo XX, con o sin la 2.º mitad del XIX, lo que está por confirmar, seguiríamos con una enseñanza de la Historia de la Literatura Española basada en una metodología de autores y obras del estilo del listín telefónico.

Bien sabemos, señores y señoras de la Consejería, que corren malos tiempos para la lírica, para la épica, para la dramaturgia, para la narrativa, para el ensayo y para todos los géneros y subgéneros literarios que en el mundo han sido. Bien sabemos, señores y señoras de la oposición, que ahora mismo tienen ustedes otras cosas y crisis que les apremian mucho más. Pero les rogaría a los unos y a los otros que se tomasen la molestia de pensar en el nuevo Bachillerato riopedriano, por supuesto, en todas las materias. Y, en el caso que nos ocupa, quiero creer que ninguno de ustedes tiene nada personal en contra de la lengua de Cervantes. No la tratan muy bien en su uso, pero, al menos, permitan que los estudiantes puedan aprenderla y, llegado el momento, utilizarla algo mejor que ustedes.

¡Tanto hablar en contra de la memoria, en contra de que el aprendizaje de la literatura tenía que ir mucho más allá del conocimiento de un listado de autores y obras y ahora resulta que los abanderados de la LOGSE, de las pedagogías más «molonas» obligan a que la literatura sea eso: autores y obras! ¡Hay que ver, hay que ver, hay que ver!

El antiguo Bachillerato, el BUP, tenía aspectos manifiestamente mejorables; ciertamente era demasiado historicista. Y, aun así, vendría muy bien recordar que en modo alguno el Bachillerato LOGSE es mejor. Pues bien, siendo esto así, ningún partido político está dispuesto a acometer una reforma de la enseñanza del Bachillerato que redunde en una mejor formación del alumnado. Porque, créanme, lo que no valen son parches. Y esto es lo único que se hace.

¿Es necesario repetir que una lengua es también su literatura y que una deficiente formación en historia literaria es un lastre muy difícilmente superable?

Por tanto, dígame, señor Riopedre, ¿qué tienen usted y sus consejeros áulicos en contra de la literatura?

La otra iglesia, de Lorenzo Cordero en La Voz de Asturias

El ojo del tigre

La inteligencia española se nutre con la leche de dos singulares amas de cría, las cuales están presentes en todos y cada uno de los momentos capitales de la vida nacional. La primera es la Santa Madre Iglesia, Católica, Apostólica y Romana. La segunda, el Alma Mater, es decir, la no menos secular Universidad Española. Las dos son expertas en el arte de enseñar educando y en educar enseñando; a partir de cuya experiencia didáctica, ambas determinan la conciencia pública de la sociedad que constituye la esencia del país. Decir que los españoles en general son hijos reputados de dos iglesias deterministas es una perogrullada tan simple, que el sólo hecho de advertirla descalifica a quien osa denunciarla.

Entre la Santa Madre y el Alma Mater fluctúan, por un lado, el ser y el estar de los españoles; y el saber y el actuar de los mismos, por el otro. Durante muchos años, la Universidad española estuvo -y en gran medida, lo sigue estando- sometida a la autoridad moral de la Iglesia Católica. En el texto de aquel oneroso Concordato firmado entre el Estado franquista y la Santa Sede se decía: En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del Dogma y de la Moral de la Iglesia católica… (Art. 26). Esto suena tan antiguo, que es posible que esa injerencia explícita de la Santa Madre en el Alma Mater pertenezca ya al capítulo de la arqueología ideológica española.

Pero, si no la letra, lo que suena todavía es la música. Lo que ni se oye ni se escucha es la letra y la música del Concilio Vaticano II, uno de cuyos decretos decía: La Iglesia no quiere mezclarse en modo alguno con el gobierno de la autoridad terrena. Aquel memorable Concilio de las Libertades -tan cínicamente menospreciado hoy- pretendía defender la libertad de vivir: para creer, para amar, para practicar la fe, para servir a Dios…

Vuelve a estar de moda la necesidad de reclamar la autonomía universitaria. Esta antigua reclamación fue matizada, hace más de treinta años, por un grupo de profesores universitarios en Madrid, en un Manifiesto de la Universidad en el que se decía, además de otras cosas, que era mucho mejor crear un par de universidades realmente autónomas, capaces de crear doctrina autonómica, de acertar, equivocarse y rectificar hasta conseguir un modelo practicable y respetable. No se hizo así, porque la experimentación y la novedad siguen asustando, y se dio de golpe una autonomía a quien no la quería ni estaba preparado para ella. Cualquiera que lea los tristes estatutos de casi todas las universidades ha de preguntarse para que c… (sic) querían la autonomía (1972).

Cuando se invoca la autonomía universitaria, lo que en realidad se está pidiendo es una absoluta seguridad en la financiación de sus funciones públicas. Quizás, también se esté reclamando una Universidad libre. ¿Quién arriesgaría su prestigio personal afirmando que, en la actualidad, la Universidad es libre? La respuesta es tan obvia que el simple hecho de formular la pregunta podría ser considerado una ocurrencia irrespetuosa con la realidad, o una descarada provocación. Es evidente que, a partir de 1939, la Universidad nunca ha sido libre. Mucho menos cuando en 1943, un grupo de intelectuales falangistas dictaron un texto preliminar para una Ley de Ordenación Universitaria con el pretexto de fijar los principios básicos para una Universidad pública y estatal: La Universidad es el ejército teológico para combatir la herejía y la creadora de la falange misionera que debe afirmar la unidad católica. En aquella ley, escrita al calor del fragor retórico de aquel tiempo histórico (el franquismo teologal) lo que importaba era garantizar la mística del grupo y no las tareas científicas que se le deben suponer a la institución universitaria.

Años después, uno de los redactores de la citada ley confesaría que su pretensión era defender el monopolio de las universidades por el Estado, pero que no fue posible salvar el obstáculo que representaban las cauciones que, previamente pactadas con la jerarquía eclesiástica, se habían establecido. (Antonio Tovar. Un comentario personal sobre la Universidad libre. Revista de Occidente. Madrid. 1.967).

Coincidiendo con las recientes elecciones para rector en la Universidad de Oviedo ha vuelto a especularse sobre su presente y su futuro. De este episodio llaman la atención dos cosas: una, que la Universidad de Oviedo parece confiar su futuro al mercado de los intereses de las empresas privadas; otra, la elevada abstención electoral que han protagonizado los estudiantes. La primera, provoca muchas filias; pero también algunas severas objeciones; la segunda, reclama una honda reflexión sobre el estado actual del movimiento universitario. Precisamente, al calor de las desatadas pasiones que, cuarenta años después, provocan los recuerdos de aquel mítico Mayo del 68 en París. Un suceso que no fue, en realidad, una revolución auténtica, sino una prolongada algarada protagonizada por los hijos de papá en aquella Europa de la nueva burguesía posbélica.

Adjudicarle a la institución universitaria española la responsabilidad de abastecerles a las empresas privadas profesionales idóneos para resolver sus necesidades y garantizar sus intereses, quizá suponga reconvertir a la Universidad en un mayúsculo Centro de Formación Profesional altamente cualificado. Para quienes no son partidarios de esa reconversión universitaria, porque consideran que ésa no es la función que le corresponde realizar a la institución académica, sería injusto aceptar que las necesidades empresariales privadas se financien con dinero público: Es una vuelta de tuerca más de lo que Galbraith llamó la revolución de los ricos contra los pobres, las empresas no se conforman con pagar cada vez menos impuestos: ahora quieren también el dinero de los contribuyentes. Y a esto se le ha llamado poner a la Universidad al servicio de la sociedad. (Golpe de Estado en la Academia. Carlos Fernández Liria. Público, pág. 6, lunes, 31-marzo-2008).

En cuanto a la inhibición demostrada por los estudiantes en las recientes elecciones, ¿qué decir? Que el sistema puede sentirse satisfecho de su minucioso trabajo de desactivación de los mecanismos de la rebeldía juvenil. Ya en mayo del año 1978, un grupo de profesores y estudiantes universitarios ovetenses, agrupados bajo el nombre de un colectivo llamado Once de Diciembre, planteaba en un análisis crítico del movimiento universitario bajo el franquismo (revista Alborá ) la necesidad de abrir un debate en profundidad sobre este asunto: Hay un abandono de las posiciones utopistas de la fase radical del movimiento universitario, generando corrientes antiutopistas a la búsqueda de paraísos de circunstancia (el pasota y el enrollado, en la jerga marginal)…

Si sólo dos de cada diez universitarios han votado en las pasadas elecciones, ¿en dónde estaban los ocho restantes? Probablemente, enrollados en el paraíso de la actual sociedad de consumo.

Lorenzo Cordero. Periodista.