Reggio’s Weblog se traslada a una nueva dirección

Hoy a través de una red wifi, he podido entrar en esta página que abandoné, cuando dejó de funcionar el pasado día 3 de marzo de 2009; en unos quince meses, hasta el día 2, había publicado 4.950 artículos, que generaron 365.800 visitas y originaron 1.o73 comentarios; otra base de datos que dejo en la red, como las dos anteriores, y la que empece a crear en el nuevo alojamiento.

A partir de ahora, nos podrán encontrar en esta nueva dirección:

www.caffereggio.net

Déme su dinero, pero no me controle, de Antón Costas en El País de Cataluña

Imagine la siguiente escena. Un amigo cuya empresa está en riesgo por una gestión imprudente o negligente le viene a ver para pedir que le ayude a recapitalizar la empresa y evitar su quiebra. Hasta aquí la cosa es normal.

Usted valora la posibilidad de hacerlo, debido a que considera que, por motivos de interés general, es importante mantener la empresa, pero a cambio quiere controlar cómo se va a usar su dinero. Esto también parece normal.

Pero, entonces, escucha estupefacto como su amigo le dice que lo que él quiere es su dinero, pero no que controle sus decisiones ni su salario, ni mucho menos que le sustituya. Y para más inri le da una razón ofensiva: no quiere que usted entre en el consejo de administración porque le considera un mal gestor. Y se lo dice él, que es el causante del desaguisado.

En resumen, aunque está dispuesto a ayudar, a riesgo de sufrir un perjuicio económico, lo que obtiene a cambio es burla y maltrato. Dicho en forma de nuestro refranero, «cornut i pagar el beure».

Ésta no es una escena imaginaria. Es lo que está ocurriendo estos meses. Algunos banqueros y analistas están pidiendo a gritos que los gobiernos inyecten dinero público en bancos en riesgo de quiebra por mala gestión. Pero rechazan que los poderes públicos puedan intervenir para controlar que ese dinero de los ciudadanos se utilice para recapitalizar el banco y hacer volver el crédito a las empresas y las familias, y no para beneficio de sus propios gestores.

El argumento que utilizan para rechazar ese control es que el sector público es un mal gestor. Y lo dicen aquellos que, con su conducta financiera negligente o poco prudente durante los años de vacas gordas, han puesto en riesgo los ahorros de los depositantes y el dinero de los accionistas.

La presunción de que el sector privado es en todos los casos un gestor eficiente y que el sector público es, por el contrario, siempre malo no está avalada ni por la teoría económica ni mucho menos por la evidencia histórica y cotidiana.

En el caso del sistema financiero, la historia de los dos últimos siglos da muestras de una sorprendente incapacidad de los banqueros para evitar las situaciones de crisis y quiebras. Tanto que economistas solventes como es el caso de Minsky, discípulo de J. M. Keynes, e historiadores reconocidos como Charles P. Kindlerbeger hablan de la intrínseca naturaleza inestable de la banca. En este sentido, es ilustrativo leer alguno de los trabajos de este último autor publicados en castellano sobre Las crisis bancarias, o el más conocido de Manías, pánicos y cracks.

Esa incapacidad para hacer una gestión prudente se puso especialmente de manifiesto en las crisis bancarias de los años 1930 y 1980. Y lo está siendo también ahora en la crisis de 2008.

Aunque los jóvenes directivos de la banca no lo sepan, la crisis financiera de la década de 1980 se llevó por delante un tercio de la banca española de la época. Fue el buen hacer del sector público, apoyado en una buena pila de dinero de los contribuyentes, el que consiguió mantener a flote el conjunto del sistema y rescatar a algunos de los bancos que habían naufragado por mala gestión privada.

Por cierto, la mayor solidez que hasta ahora ha mostrado el sistema bancario español ante la contaminación de las hipotecas basura y de otros activos financieros de alto riesgo y mala calidad no se debe a la mayor bondad de nuestros banqueros, sino a las lecciones que las autoridades sacaron de aquel cataclismo. Para minimizar que volviese a ocurrir, el Banco de España, a la cabeza del cual estaba el malogrado Mariano Rubio, impuso una regulación más estricta de las prácticas bancarias. Ese control público fue en su día contestado airadamente por los banqueros, pero hoy es visto como tabla de salvación en la crisis actual, al menos hasta ahora, y es la que el grupo de expertos del G-20 sugiere para la banca internacional.

Este éxito, al menos en términos comparados, de la regulación española ofrece una lección sobre la que volveremos en otra ocasión: el error de confundir la defensa del libre mercado con los mercados desregulados.

La banca es un servicio público esencial en una economía moderna. Y como tal hay que preservarla. Como decía mi buen amigo Juan José Ruiz Gómez en un artículo publicado en este diario, «sin bancos no hay paraíso» (17-02-09). Pero la banca no son los banqueros. No los deberíamos considerar como los héroes del capitalismo. La historia nos dice que en muchos casos son más bien depredadores que creadores de riqueza. Leer hoy el relato de las causas de las quiebras bancarias que en la década de 1930 hicieron el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), organismo que tuvo que lidiar con los bancos quebrados, como la Federal Reserve Board de Estados Unidos es un correctivo para el descaro de algunos banqueros que vienen a decir «déme su dinero, pero no me controle».

Hemos de salvar la banca de los banqueros negligentes. Y la hemos de salvar porque el coste para toda la sociedad de no hacerlo es mayor que el coste del rescate. El temor a ser acusado de socializador no debería impedir hacer lo que hay que hacer. Pero, por otro lado, lo que no es admisible es que se pretenda utilizar masivamente el dinero de los contribuyentes pero que no se admita su control.

El reto para las autoridades es encontrar los mecanismos que permitan salvar a los bancos con el menor coste para los contribuyentes. Pero eso requiere, en cualquier caso, el control público de los bancos intervenidos. Otra cosa es dejadez de responsabilidad en el uso del dinero público.

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.

1-M, unos resultados envenenados, de Ignacio Urquizu en El País

El pasado domingo, vascos y gallegos no sólo han evaluado y elegido Gobiernos. Además, los resultados electorales en Euskadi y Galicia van a influir en las estrategias que vienen desarrollando el Partido Socialista y el Partido Popular durante el último año. Tras las últimas elecciones generales, ambas formaciones se enfrentan a numerosos dilemas, y el domingo aparecieron algunas respuestas a los mismos, a la vez que se generaron nuevas intrigas.

En principio, podríamos pensar que el Partido Popular es el gran vencedor: recupera el Gobierno gallego y puede jugar un papel relevante en el País Vasco. Pero lo cierto es que sus resultados electorales están lejos de ser excepcionales. Según los datos provisionales, respecto a las elecciones de 2005, pierde casi un tercio de su electorado en el País Vasco y gana algo más de dos puntos en Galicia. Es decir, sigue siendo un partido minoritario en Euskadi y, como viene sucediendo desde 1979, la primera fuerza política gallega. Su euforia hay que leerla en clave interna, puesto que con quien competía Mariano Rajoy era con parte de su propio partido.

En el último año, el liderazgo del PP ha sido constantemente cuestionado por un sector relevante de esa organización. Las redes de espionaje en la Comunidad de Madrid sólo han confirmado la profunda desconfianza que reina dentro del partido. Pero las noticias sobre la trama de corrupción, que afecta a las finanzas del PP, han frenado temporalmente las disputas internas: no hay nada que una más a un partido que la existencia de una teoría de la conspiración en la que un enemigo externo pretende acabar con todo el mundo.

Los resultados de Galicia y País Vasco van a reforzar el liderazgo de Rajoy y su apuesta por la moderación. No obstante, es una tregua temporal, porque los críticos siempre podrán decir que el enorme descenso en el País Vasco se debe a la renuncia a las esencias y alentarán el riesgo de perder apoyos entre su electorado más tradicional.

Por su lado, el Partido Socialista tiene motivos para la preocupación, pero no tanto por pasar a la oposición en Galicia -de hecho, sólo ha gobernado seis de los 28 años de existencia de la Xunta- como por los dilemas que le plantea cualquiera de las decisiones que adopte en Euskadi. Dos son las alternativas: reeditar los gobiernos de coalición PNV-PSOE u optar por la alternancia con el Partido Popular. Los dos escenarios presentan problemas. Si Patxi López elige la alianza con los nacionalistas, su mensaje de cambio puede verse frustrado. Seguramente, desde el PP y sus aliados mediáticos se daría comienzo a una campaña negativa, presentando a los socialistas como rehenes de las minorías nacionalistas. Esta imagen es la que quería evitar Rodríguez Zapatero en su investidura, cuando renunció al apoyo del resto de grupos parlamentarios. Pero si con este pacto en Euskadi se consigue dar oxígeno al sector más moderado del PNV y, además, garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Rodríguez Zapatero, los beneficios pueden ser enormes.

Apostar por la investidura de Patxi López como lehendakari con los votos del Partido Popular no está exento de riesgos. El beneficio más inmediato es la presencia de un no nacionalista en Ajuria Enea. Pero esta decisión lleva al PSOE a un futuro electoral incierto. Parte de la victoria socialista de marzo de 2008 se explica por el enorme apoyo recibido en el País Vasco y Cataluña. En aquellos momentos, ciudadanos nacionalistas votaron al Partido Socialista para impedir la victoria del PP, y éstos no entenderían ahora posiciones frentistas. Además, la coalición de gobierno PSOE-PP goza de escaso apoyo popular. Según la encuesta del CIS, sólo un 4,6% de vascos la apoya y la gran mayoría de ellos son votantes del PP.

Mientras el PSOE no consiga aumentar sus votos en los principales feudos conservadores -Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia-, mucha de su futura suerte electoral va a depender de que logre mantener sus apoyos en el País Vasco y Cataluña. Un pacto con el PP no le ayudará en este objetivo y, además, no existe la certeza de que los votantes socialistas vayan a aumentar en el resto de España por este motivo.

Finalmente, los resultados electorales del domingo envían una clara señal al Gobierno. Sería erróneo pensar que la gestión de la crisis económica no afecta electoralmente al PSOE porque gana votos en Euskadi y los pierde en Galicia. Es razonable pensar que si los ciudadanos tuvieran una mejor opinión de la gestión de la crisis, los socialistas habrían obtenido un mayor respaldo en ambas comunidades. Sabemos que en sistemas descentralizados, la gestión del Gobierno central influye en las expectativas electorales del partido en los espacios regionales. Por ello, Rodríguez Zapatero debe cambiar el rumbo de su estrategia y, tal y como viene haciendo las últimas semanas, mostrar un perfil más realista.

Las elecciones europeas van a ser muy importantes. Si el PSOE no consigue recuperar la confianza de los ciudadanos, no podemos descartar una victoria del Partido Popular en las elecciones de junio, algo que reforzaría notablemente el débil liderazgo de Mariano Rajoy.

Ignacio Urquizu es politólogo de la Fundación Alternativas y profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

El PNV prepara la barricada, de Enric Juliana en La Vanguardia

ELECCIONES PAIS VASCO Y GALICIA

Lo comido por lo servido. El auge socialista en el País Vasco compensa el tremendo fracaso en Galicia. Esa era ayer la valoración más grata a los oídos de la Moncloa. Dos a cero en Riazor, uno a dos en San Mamés, y arreando que aún queda mucha Liga. Esa era la consigna del PSOE, mientras los almuecines de la derecha jugueteaban con una sugerente fantasía: la definitiva emasculación del nacionalismo (del nacionalismo catalán, vasco y gallego, se entiende). El viejo sueño de una periferia sin atributos.

Certificado el vuelco gallego, el foco de atención se desplaza al País Vasco, donde se va a jugar una partida de mus por todo lo alto. El mus es la más genuina matriz de la ideología nacional vasca. El propio sistema de elección del lehendakari se asemeja a ese popular juego de cartas, inventado por los vizcaínos y exportado a Madrid por los mozos que abandonaban el caserío para servir en la Corte de los Austrias.

No hay en el Parlamento vasco un proceso de investidura con ceremoniosa consulta del presidente de la Cámara a los grupos políticos para evaluar cuál es la mayoría con más posibilidades. No hay intermediación, ni juego florentino. Los candidatos se presentan, exponen su programa y son votados. Gana el que obtiene la mayoría absoluta en la primera votación. Si nadie la alcanza, la presidencia se obtiene por mayoría simple. En caso de empate, las votaciones pueden ser sucesivas hasta 60 días después de la fecha de constitución del Parlamento. Transcurrido este tiempo y en caso de persistir el empate, se convocan nuevas elecciones. Auténtico juego del mus. Quien quiere ser lehendakari grita «¡voy!», todos calculan su juego y los votos muestran el valor real de las cartas de cada uno.

Patxi López gritó «¡voy!» el domingo por la noche en la sede del Partido Socialista de Euskadi (PSE) al declarar ante las cámaras de televisión que no renunciaba a ser el «lehendakari del cambio». Ese «¡voy!» reverberaba ayer por toda España. Partido Popular y Unión para el Progreso y la Democracia (UPyD) parecen dispuestos a dar su voto a Patxi López, sin exigir como contrapartida un gobierno de coalición. López gobernaria en solitario, al menos en una primera fase. Pese a la extrema modestia de su resultado (un diputado), la señora Rosa Díez galleaba ayer un poco. Si el PSOE acaba obteniendo un diputado más por Álava, UPyD será perfectamente prescindible.

«Que vienen los españoles». En ese punto estableció ayer el Partido Nacionalista Vasco su primera línea defensiva. Los nacionalistas califican de «agresión política» un posible pacto de investidura entre PSOE, PP y UPyD. Y una solemne palabra preside desde ayer la barricada de Sabin Etxea: «antivasquismo». El senador Iñaki Anasagasti, siempre en primera línea, ya amenaza con retirar todo tipo de apoyo parlamentario al Gobierno socialista.

Para atemperar el choque y la dialéctica frentista, el PSOE podría ofrecer la presidencia del Parlamento vasco al PNV. La gran coalición PNV-PSOE está en la cabeza de mucha gente (en España y en Euskadi), pero no será puesta en juego hasta más adelante. Ahora no es el momento.

Por si acaso, Convergència i Unió ha comenzado a pedir cartas. Incluso ERC se acercó al tapete verde. Si el PNV se echase al monte, la estabilidad parlamentaria quedaría casi totalmente en manos de los nacionalistas catalanes. De Convergència. Y de Unió. Con un punto de por medio, dada la fluctuante afinidad de criterios entre Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida sobre el papel de CiU en la gobernabilidad española. Mas advirtió ayer que no se dejará tentar fácilmente. Están pendientes la financiación de la Generalitat y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. En este ángulo de la mesa, el juego también será denso. Un rompecabezas de mil demonios.

El PSOE jugó ayer la sota de bastos. Y el tres de espadas. La cabeza de Emilio Pérez Touriño fue cortada en seco para poder presentar el descalabro gallego como un percance regional. A la vista de los desastrosos resultados en Vigo, Pontevedra y A Coruña, la calle Ferraz desea evitar que cunda la idea de un imparable declive socialista en las grandes áreas urbanas. Busca neutralizar un peligro serio e inminente: que en el horizonte de la vida pública, Zapatero comience a dibujar una parábola descendente.

Si tú no vas, ellos (y Patxi) vuelven, de Francesc-Marc Álvaro en La Vanguardia

EL ESPECTADOR

Estoy deseando que Zapatero empiece a dejarse ver por Catalunya para calentar motores en apoyo del president Montilla de cara a los próximos comicios catalanes, previstos para el 2010. ¿Cómo se lo hará el presidente español para justificar ante los catalanes el previsible pacto PSE-PP para investir a Patxi López como lehendakari? Recuerden que fue gracias a alimentar el miedo al PP que el PSOE arrasó en las últimas generales en Catalunya. «Si tú no vas, ellos vuelven» fue el lema de la calle Nicaragua para movilizar a la parroquia y hacer olvidar las mentiras de Zapatero y el menosprecio exhibido por Maleni,Solbes y demás fenómenos. Los socialistas son como Mortadelo, el personaje de los mil disfraces: pueden presidir

Euskadi con la ayuda del españolismo del PP y UPyD y, a la vez, pueden presidir Catalunya con el independentismo de ERC. Lo que no mata engorda. ¿No habíamos quedado en que los populares son la encarnación del mal? Al parecer, en Euskadi son menos malos.

Los rebotes catalanes de un escenario vasco de cambio prometen diversión a raudales. Con López de lehendakari gracias a una coalición de perdedores contra Ibarretxe, será interesante ver cómo el PSC trata de hacer creíble su catalanismo federalista. No es de prever que el resultado de la financiación y el fallo del Estatut en el Tribunal Constitucional sean de mucha ayuda para Montilla. También serán dignos de estudio, en este contexto, los mensajes que ERC difunda para motivar a sus desorientados votantes. Los de Puigcercós no podrán criticar en ningún momento el acuerdo PSE-PP en Euskadi porque es similar a la suma que hace posible el tripartito. Sólo cambian los motivos: supuestas políticas de izquierdas aquí, políticas constitucionalistas allí. Si legítimo es lo primero, legítimo es lo segundo. Seguro que los dirigentes de ERC, aquejados de vasquitis, sabrán explicárselo a sus amigos de EA, que se han pegado el batacazo padre. De paso, se pueden llegar a Santiago y aprender del BNG una lección: ser muleta del socialismo gris sale muy caro.

Rajoy gana, a Zapatero le abandona la suerte y caen algunas caretas. Lo que más se parece a un español de izquierdas es un español de derechas, decía Josep Pla, extremo que la operación Patxi López confirmará con claridad. La Moncloa preparó con cuidado esta arquitectura cuando impidió que, en Navarra, los socialistas pactaran con los nacionalistas. ¿Y qué hará Zapatero en Madrid para sostenerse sin vascos ni gallegos? Le queda Duran Lleida, que debería triplicar el precio de cualquier apoyo. Y le queda un revigorizado Rajoy, opción que -tal como está el patio- tampoco debe descartarse.

‘Slumdog Millionaire’, de Lucía Méndez en El Mundo

ASUNTOS INTERNOS

La euforia que desde el domingo se ha apoderado de Rajoy permite vaticinar que las celebraciones del PP van a ser tan largas como las bodas de Camacho. Tanta alegría incontenida puede parecer excesiva, pero hay que comprenderla. El líder del PP ha recibido tan pocas satisfacciones que no se le debe negar el derecho a la juerga al menos una semana. Luego ya tendrá tiempo de aterrizar, porque un líder cuestionado no se convierte en Disraeli de la noche electoral a la mañana.

Lo que ha conseguido es muy meritorio. Ahora todo el mundo se apuntará al triunfo, pero hace un mes la victoria del PP por 39 escaños en Galicia era tanto o mas improbable que el guión de Slumdog Millonaire, en el que un chaval analfabeto de las cloacas de Bombay se hace millonario respondiendo a preguntas culturales en televisión. La película ha fascinado al mundo entero de la misma forma que Rajoy no sale de la fascinación por su hazaña. El PP llegaba a las elecciones gallegas en su peor momento.A las divisiones internas que amenazaban con desangrar el partido, vino a unirse el asunto de la corrupción. En semejantes circunstancias, a ver quién era el guapo que apostaba por un resultado tan contundente.Habrá que revisar algunos lugares comunes del análisis político y electoral.

Sin embargo, la alegría de Rajoy tiene también otro motivo. El candidato que ha logrado la rotunda mayoría absoluta es quizá el político del PP que más se parece a él mismo. Es gallego, sucedió a un líder carismático como Fraga y tampoco es la alegría de la huerta ni levanta pasiones a su paso. Pensándolo bien, se dirá el presidente del PP, si Feijóo ha logrado la mayoría absoluta en Galicia, ¿por qué no puede lograrla él en España? El futuro presidente de la Xunta, efectivamente, es desapasionado y frío. Tan desapasionado como para no permitirse esbozar siquiera una sonrisa después de semejante resultado electoral -parecía que había empatado- y tan frío como para diseñar una campaña durísima contra sus adversarios con asuntos como el de los gastos del dimitido Touriño que el PP sabe perfectamente que no son para tanto. El candidato socialista seguramente ha sido un mal presidente, pero no es una persona amante del lujo y la ostentación.En cambio, la foto de Quintana en el yate fue, sin duda, una jugada maestra.

Ayer mismo, mucha gente descubrió de pronto las enormes virtudes políticas que adornaban a Feijóo y que habían permanecido ocultas hasta la fecha. El 1-M ha deparado éste y otros sucesos extraordinarios.Las ele-cciones vascas han convertido a Zapatero en un hombre de Estado que ha conseguido por las buenas lo que Aznar intentó por las malas: desalojar al PNV después de casi 30 años. Si el mérito de Feijóo es también el de Rajoy, o viceversa; también el mérito de López es el de Zapatero. Siendo igual de milagroso que lo de Galicia, el cambio en el País Vasco es más trascendente para la Historia. Aunque Zapatero no pueda celebrarlo como Rajoy.El 1-M fue la primera alegría para el presidente del PP en muchos años y también el primer disgusto serio del presidente del Gobierno desde que ocupa el cargo. Sin olvidar a Blanco, que está el hombre bastante triste.

© Mundinteractivos, S.A.

Se vende Audi, de Raúl del Pozo en El Mundo

EL RUIDO DE LA CALLE

El coche, uno de los mitos de la escapada, el amor furtivo y la muerte (Camus, James Dean, JFK), está al borde del aniquilamiento.Se lo dice uno que no sabe guiar ni siquiera un Buggy de golf y que el otro día dio dos vueltas de campana en un barranco.Pero eso no significa que no me hayan deslumbrado los automóviles. Ahora el mundo es un cementerio de coches, un bosque de chapa, una maldición de dióxido, un carrito de paralíticos, un verdugo de gatos. En el último mes la venta de vehículos ha descendido hasta la mitad. Alfonso XIII conducía 30 hispano-suizos con todo el bigote, un coche que según los vanguardistas era una obra de arte superior a una silla Luis XV o a un búfalo con cuernos de humo. Desde el Rolls en el que Luis Miguel Dominguín se pasaba por la piedra a Ava Gardner entre los olés del gasógeno, al Cadillac de Arruza o el Buick azul de Manolete, el coche ha sido un sueño de reyes, de triunfadores, de fracasados y de toreros. Los matadores, antes de comprarse la ganadería, que les arruinaría después, posaban ante su Mercedes.

El Mercedes fue coche de capitalistas (no me refiero a los que sacaban en hombros a los toreros), hasta que llegó el Audi, que manejan triunfadores del ladrillo, tiburones y jerarcas de la política. Uno de esos Audi ha quedado en el garaje de los espectros como el de Ceaucescu. Núñez Feijóo, que va a ser presidente de la Xunta de Galicia, quiere prescindir de ese trasto tuneado porque piensa que hay que sepultar una época de fanfarronería, briboneo y engreimiento. Ayer ofreció el cachivache que perteneció a Emilio Pérez Touriño, comunicándole a Susanna Griso en Espejo Público que si conocía a alguien que lo quiera comprar, ahí lo tiene, porque no lo necesitan. No es cosa de ponerse en plan krausista coñazo o mormón virtuoso, pero creo que Nuñez Feijóo, quien haciendo footing llegó al poder, acierta cuando dice que es mejor cambiar los usos y lujos del poder. Con esa fábula dice a los suyos y a los otros que hay que enmendar la ruta.

No sé si José Luis Rodríguez Zapatero, que hasta ahora siempre ganaba, insistirá o no en su geometría variable de la España plural o reflexionará en que algo pasa cuando hay el paulatino retroceso del nacionalismo en las tres comunidades históricas, como un aviso de la Historia sarcástica y su asimetría de ciclos.El hastío de los ciudadanos ante esos expoliadores, que hacen cola en el pesebre de un Estado decrépito, es un tañido de campanas.

No era descentralización, sino rapacería; no era la España plural, sino la del saco. Si esto sigue así llegará un momento en el que nadie se aventurará a comprar un coche usado a un político.

© Mundinteractivos, S.A.

Colapso bursátil. España no puede mirar hacia otro lado, de S. McCoy en El Confidencial

¿Qué es lo que está provocando la caída salvaje de los mercados de acciones en este terrible comienzo de marzo?

Primero, la constatación efectiva por parte de los inversores de la dimensión real de la crisis, que se manifiesta con mayor virulencia en las economías más transparentes y flexibles, como puede ser el caso de Japón y Estados Unidos (miren este impagable post, que certifica lo que señaló Warren Buffett este fin de semana: que la economía del país está “en ruinas”; sí es el mismo Buffett que decía en septiembre buy, buy, buy), y en las más dependientes del flujo de capital extranjero, caso de algunas naciones antes-llamadas-emergentes que ahora dejaran de merecer tal calificación.

Segundo, el temor a que la actuación de los gobiernos haya sido precipitada, improvisada y poco efectiva y a que su munición empiece a escasear cuando es más necesaria que nunca; prueba de ello serían las noticias que sobre Citigroup (conversión de acciones preferentes en ordinarias) o AIG (nueva inyección de liquidez) hemos conocido a lo largo de esta semana, la dimisión del Consejero Delegado de Freddie Mac o las dudas a la eficacia real del Plan de Obama.

Tercero, el miedo a que lo que queda por aflorar en los balances bancarios sea, al menos, similar a lo ya conocido lo que implicaría que nos encontramos a mitad de camino del saneamiento financiero: entidades que negaban la mayor, como HSBC, han tenido que pasar por el aro de la ampliación de capital mientras que periodistas tan poco sospechosas como Gillian Tett de FT advierte sobre lo que está por venir en el campo de los CDOs.

Cuarto, los propios datos empresariales con sus recortes de estimaciones y dividendos, los mayores en la historia moderna de las finanzas. La prensa norteamericana se ha quedado conmocionada por el primer recorte del pago a sus accionistas de General Electric desde 1938. De depresión a ¿depresión? y tiro porque me toca.

Quinto, el efecto apalancamiento con nuevas aperturas de posiciones cortas por determinados operadores del mercado y cierre precipitado, o más bien desesperado, de determinadas apuestas financiadas, como consecuencia del cierre del grifo del crédito. Curioso ver cómo la caída del valor de las carteras, sobre el mismo nivel de financiación, obliga a la liquidación forzada, o la contemporización momentánea, en gigantes como la propia PIMCO. Ya se sabe, consejos vendo y para mí no tengo.

Sexto, el propio pánico de los inversores que dispara la volatilidad incluso en las opciones a más largo plazo, como recogía ayer este interesante artículo de Bloomberg que hace una extrapolación a mi juicio errónea de lo que cabe esperar de los mercados en los dos próximos años a partir del precio de unos productos derivados cuyas fluctuaciones son notables en el tiempo.

Así podríamos seguir hasta que la yema de los dedos se nos quedara en carne viva de tanto teclear. Cada uno de ustedes estoy convencido que podría añadir otras tantas causas a las ya señaladas. Pero no es la finalidad última de este post de hoy.  Lo importante es saber qué lecciones se pueden aprender de lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras y no repetir los errores intramuros, que aún hay un hálito de esperanza al que aferrarse.

¿Cuáles son las principales lecciones que, de todo lo anterior, podemos extraer?

Primera, no estamos mejor que nadie. El ritmo más lento de deterioro de nuestra economía frente al de otras naciones, paro aparte, se debe precisamente a su falta de cintura. Unas rigideces interiores que provocarán una ralentización más pausada que en otras naciones más flexibles y abiertas pero igualmente una más tardía recuperación si las cosas siguen como hasta ahora. Reformar estructuralmente es aprovechar como país la crisis para limpiar nuestras ineficiencias y posicionarnos de cara al despertar futuro, cuando éste se produzca. No hay motivo para la complacencia del tuerto en el reino de los ciegos. Aprovechemos la oportunidad.

Segunda, las prisas son malas consejeras. No se pide al gobierno que haga sino que haga bien. En el enloquecido mundo actual muchas autoridades han desligado su acción de la eficacia que le es exigible y, por tanto, han condenado a sus ciudadanos a una serie de iniciativas sin pies ni cabeza de imposible concreción con el único afán de dar la sensación de que están aun habiendo renunciado a lo que son o deberían ser. Dice Solbes que hemos agotado el saldo. No va más. Bueno, pues hagamos una gestión eficiente de lo que tenemos y enmarquemos todas las actuaciones dentro de una serie de iniciativas generales que cuenten con el mayor consenso posible. No puede ser que un gobierno se dedique sin desmayo a tomar decisiones tácticas sin haber reflexionado sobre su estrategia a seguir. Administrar recursos abundantes es fácil. La escasez agudiza el ingenio. A pensar tocan.

Tercero, la confianza se pierde muy rápidamente pero su recuperación es un proceso mucho más lento que pasa necesariamente por la transparencia, esto es: por un conocimiento exhaustivo de lo que sucede. La banca española carece de titulizaciones en cuantía similar a las que han causado sucesivos quebrantos en la banca internacional. Pero tiene un subprime propio que es el crédito promotor. Los parches terminan reventando cuando la presión aumenta, como hemos visto en Estados Unidos. La solución ha de ser global y el modelo sueco sigue siendo la referencia. No es momento de fusiones parciales consensuadas políticamente sino de un análisis del sistema financiero español en su totalidad, liquidación de las firmas inviables, transferencia de recursos y reforzamiento de las entidades solventes. Desde la perspectiva de la confianza, es un proceso doloroso pero que beneficia a todos.

Cuarto y último, el entramado empresarial español debe hacer valer su fortaleza acumulada a lo largo de los últimos años, su diversificación internacional y su posición privilegiada en determinados mercados y sectores. Servidor cree firmemente en la higiene derivada de cualquier crisis, que provoca la supervivencia de los que tienen mayor capacidad de adaptación que no tienen por qué necesariamente ser los más fuertes. Se trata de un proceso en el que las condiciones que determinan su éxito o su fracaso ya no son nacionales ni regionales, sino globales. Es momento de que esa perspectiva, que está en el carnet de identidad de las principales compañías nacionales, se traslade al conjunto de las sociedades mercantiles de este país. Piensa global, actúa local. Ten en cuenta el mundo en que vives y aprovéchate de él.

Reforma de la Financiación Autonómica, de Manuel Conthe en su Blog en Expansión

09:48 02-03-2009

[Resumen del debate en el Consejo Asesor del 19-2-09]

El Consejo Asesor de Expansión-Actualidad Económica contó con la presencia del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, D. Carlos Ocaña, quien expuso los rasgos esenciales del nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común (es decir, todas menos País Vasco y Navarra) que el Gobierno propuso a éstas el pasado 30 de diciembre.

La negociación final sobre dicha propuesta se reanudará previsiblemente en marzo, una vez concluyan las elecciones autonómicas en Galicia. El acuerdo deberá aprobarse (preferiblemente con un consenso lo más amplio posible) en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que, presidido por el Vicepresidente Económico  y Ministro de Economía y Hacienda, incluye a todas las Comunidades Autónomas.

Tras la detallada exposición del Secretario de Estado, el debate entre los miembros del Consejo dejó entrever puntos de vista dispares, sin que este resumen pueda aspirar a reflejar con fidelidad el punto de vista mayoritario de todos ellos.

Situación de partida

En el año 2006, el conjunto de las 15 Comunidades Autónomas de régimen común dispusieron de unos recursos totales de 110.030 millones de euros, que se distribuyeron entre Comunidades de acuerdo con los criterios pactados en 2001. El origen de esos recursos fue el siguiente:

		Importe (millones euros)	%
Tributos estatales cedidos íntegramente y recaudados por CCAA	Transmisiones y Actos Jurídicos	17.960	16,3
	Sucesiones y Donaciones	2.549	2,3
	Juego	2.717	2,5
	Total	23.226	21,1
Tributos propios de las CCAA (ej. Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos)		4.610	4,2
Tributos compartidos con Estado (IRPF, IVA e Impuestos Especiales)		49.783	45,2
Transferencias del Estado (Fondo de Suficiencia y Garantía de Financiación Sanitaria)		32.411	29,5
Total		110.030	100

En términos de gasto, España es hoy un país muy descentralizado. Del gasto total de las Administraciones Públicas, el gasto de las Comunidades Autónomas representó en 2007 el 35,9% del total, por delante de la Seguridad Social (28,7%), Administración Central del Estado (22%) y Corporaciones Locales (13,4%).

Razones de la reforma

Las razones que llevaron al Gobierno central a proponer en 2007 una reforma del Sistema de Financiación Autonómica de las Comunidades de régimen común fueron esencialmente las siguientes:

–       Las significativas diferencias a partir de 1999, como resultado de la asimétrica distribución geográfica de los flujos de inmigración, en el crecimiento de la población de las distintas Comunidades, que no eran explícitamente tomadas en cuenta por el Sistema vigente -aprobado en 2001-. En consecuencia, y pese a que el Sistema ha proporcionado crecimientos de los recursos muy superiores a los incrementos registrados por la población y el PIB, han surgido reclamaciones de quienes consideraban insuficientes tales recursos para atender la prestación de servicios a la población en aquellas Comunidades con mayor crecimiento demográfico.

–       Las carencias del sistema a la hora de incentivar la corresponsabilidad basada en la autonomía de las Comunidades.

–       El debate político derivado de la reforma de varios Estatutos de Autonomía.

–       Las limitaciones técnicas del vigente modelo (especialmente, la falta de ajuste automático a las variaciones de población y las ¿modulaciones¿ -es decir, recursos específicos atribuidos de forma discrecional a  algunas Comunidades-).

Cambios esenciales

La «Propuesta base para un Acuerdo» que el Gobierno hizo a las Comunidades el pasado 30 de diciembre introduce los siguientes cambios respecto al modelo vigente:

1. Se eleva el porcentaje de cesión de los tributos estatales compartidos: del 33 % al 50% (IRPF), del 35% al 50% (IVA) y del 40 % al 58% (Impuestos Especiales).

Ese aumento del porcentaje de cesión de tributos irá acompañada, sin embargo, de una reducción de las transferencias del Estado, que bajo el nuevo modelo se reducirán del 30% al 10% de los recursos totales del Sistema de financiación.

2. Con cargo a los recursos del Sistema, se segrega un llamado «Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales» que se distribuirá entre las 15 Comunidades de acuerdo con su «población ajustada».

Este Fondo tiene como objetivo otorgar a cada una de las Comunidades los recursos precisos para que presten a sus ciudadanos, en plena igualdad de condiciones, los llamados «servicios públicos fundamentales». Entre ellos se incluyen, sin duda, la educación, la sanidad y los servicios sociales, conceptos todos mencionados como «esenciales» en el artículo 206.3 del Estatuto de Cataluña. A juicio del Gobierno y de otras Comunidades ese concepto incluiría también otros servicios transferidos, como por ejemplo la justicia.

Para sortear, no obstante, posibles discrepancias interpretativas entre Comunidades sobre qué servicios deben considerarse «fundamentales», la propuesta sustituye el difícil criterio de estimar el coste de prestación de los servicios y sigue un criterio cuantitativo: prevé que la dotación de recursos al Fondo de Garantía sea cierto porcentaje fijo -previsiblemente, el 80%-  de los ingresos tributarios del Sistema.

El reparto de los recursos de este Fondo entre Comunidades se actualizará cada año, de acuerdo con la «población ajustada» de cada una de ellas. Para calcular esa variable, se partirá de la población de derecho en cada Comunidad, introduciéndose ciertos ajustes en función de ciertas variables, que influyen sobre el coste de prestación de los servicios fundamentales:

–       Superficie territorial de la Comunidad

–       Dispersión territorial de su población

–       Insularidad

–       Porcentaje de población mayor de 65 años (que influye sobre servicios sociales)

–       Porcentaje de población menor de 18 (que influye sobre gasto en educación)

–       Distribución por tramos edades de la población (que influye sobre gasto sanitario).

3. Se crea un «Fondo de Suficiencia Global», con cargo al cual

–       Se financiarán el resto de competencias transferidas (es decir, los servicios públicos no fundamentales );

–       Se garantizará que en el año base ninguna Comunidad reciba un nivel de recursos inferior al recibido según el modelo anterior. Con ello se cumple el llamado «principio de respeto del statu quo«, que ha venido observándose en todas las reformas previas.

Este Fondo atiende al hecho de que las competencias transferidas a las Comunidades, además de los servicios fundamentales, incluyen otros gastos (obras públicas, vivienda, regulación, administración, instituciones políticas, etc.) que deben ser también financiados.

El Fondo de Suficiencia complementa los tributos cedidos no incluidos en el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y se nutrirá de transferencias del Estado, cuyo importe se actualizará anualmente según la variación del índice de los llamados «Ingresos Tributarios del Estado» (ITE).

Su distribución entre Comunidades se efectuará de forma individualizada, con el fin de asegurar que, entre el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, los recursos tributarios que no forman parte del anterior, y este Fondo, todas las Comunidades reciben los mismos recursos que hubieran recibido con el anterior sistema. Además de para garantizar el statu quo,  se dotará a este Fondo de recursos adicionales destinados a fortalecer la capacidad de las Comunidades para atender los servicios del Estado de Bienestar, teniendo en cuenta factores como el nivel y crecimiento de su población ajustada o de su población dependiente.

4. Se crean unos llamados «Fondos de Convergencia», que se nutrirán exclusivamente de transferencias del Estado. Serán dos:

–       «Fondo de Competitividad»: Tendrá por objetivo reducir las diferencias entre Comunidades de financiación por habitante que resulte de la aplicación de los criterios de reparto anteriormente descritos.

–        «Fondo de Cooperación»: Tendrá por objetivo dotar de más recursos a las Comunidades de menor renta por habitante .

Para suavizar el esfuerzo presupuestario del Estado, el importe de sus transferencias al Fondo de Suficiencia y a los Fondos de Convergencia se aproximará progresivamente, en un plazo de 3 años, el nivel que se pacte en el Acuerdo final.

La Propuesta presentada por el Gobierno propone, para reforzar aún más la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, que se aumente la capacidad de las Comunidades para modificar, dentro de su ámbito territorial, ciertos aspectos de los tributos compartidos, como, en el caso del IRPF

·      El mínimo personal y familiar exento.

·      Las deducciones de la cuota por adquisición o alquiler de vivienda

·      La escala autonómica del Impuesto

Esa capacidad normativa no ha podido hacerse extensiva al IVA aplicado en la fase minorista a los no empresarios ni profesionales, porque la Comisión Europea considera su ejercicio incompatible con las Directivas comunitarias que regulan el tributo.

Tras la exposición del Secretario de Estado, el debate entre los miembros del Consejo Asesor dejó traslucir opiniones muy diversas, que se centraron en las siguientes cuestiones:

Oportunidad y necesidad de la reforma

Algunos miembros cuestionaron la necesidad del proceso de reforma, que atribuyeron en exclusiva a la exigencia por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña de una mejora en la financiación obtenida. Recordaron que hasta el ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha cuestionado públicamente, tras el inicio de la crisis económica, si el momento elegido había sido oportuno. En contra de ese punto de vista se adujo, sin embargo, que la reforma aspira a rectificar ciertos defectos estructurales en el modelo vigente, que son ajenos a la situación coyuntural de la economía. Otros también la atribuyeron a la necesidad de corregir el creciente déficit que el aumento de la población ha causado en la provisión de servicios como la sanidad y la educación en muchas Comunidades.

A juicio de algunos, una vez iniciada la reforma, debiera haberse aprovechado para abordar otras cuestiones conexas, tales como:

–       La introducción de incentivos a la eficiencia en el gasto público;

–       El reforzamiento del «Pacto de Estabilidad interno», esto es, de los mecanismos para facilitar el cumplimiento por España de las reglas de disciplina presupuestaria establecidas en el Tratado para los miembros del euro. Como manifestación de una insuficiente «lealtad institucional», se señaló que algunas Comunidades Autónomas son remisas a proporcionar al Estado la información contable precisa para que éste la traslade a los organismos internacionales.

–       La reforma del sistema de financiación de las Corporaciones Locales. El aumento del porcentaje de IRPF, IVA e Impuestos Especiales cedido a las Comunidades impedirá que el Estado pueda utilizar fórmulas de cesión parcial a favor de los Ayuntamientos.

Efecto sobre el déficit presupuestario

Se señaló que la nueva reforma entrañará que la Administración Central del Estado pierda recursos en beneficio de las Comunidades Autónomas, sin que en esta ocasión esa transferencia de recursos venga motivada por la transferencia de nuevas competencias, un proceso concluido en 2001. Otros recordaron, sin embargo, que a pesar de que no haya existido nuevo traspaso de competencias, el aumento del coste inherente al desempeño de las ya asumidas (por ejemplo, las derivadas de la nueva  Ley de Dependencia) justifica ese aumento neto de financiación a favor de las Comunidades.

Algunos sostuvieron que esa transferencia neta de recursos desde el Estado a las Comunidades no aumentará el déficit presupuestario del conjunto de las Administraciones Públicas -el relevante a efectos del procedimiento de «déficit excesivo» en la Unión Europea-, puesto que el aumento del déficit del Estado se verá compensado por un menor déficit de las Comunidades, siempre y cuando éstas sigan prestando sus servicios al mismo nivel de calidad. En la medida en que la calidad aumente -y esto es posible e incluso necesario en la sanidad y la educación-, el déficit consolidado podría aumentar. No obstante,  si ese aumento de calidad en la prestación de algunos servicios fuera socialmente considerado necesario, la forma de contrarrestar el posible aumento del déficit consolidado sería subiendo los impuestos. A fin de que el déficit consolidado no aumente es previsible, además, que el Acuerdo final contenga una cláusula que formule como objetivo ese principio.

Pero la opinión dominante fue que el aumento de financiación a las Comunidades entrañará casi seguro un concomitante aumento del gasto de éstas para mejorar los servicios prestados (p.ej. en materia de dependencia, gastos que ahora no llevan a cabo por limitaciones financieras), lo que, en ausencia de una paralela reducción de gastos de la Administración Central, producirá inevitablemente un aumento del déficit  presupuestario agregado.

Debilitamiento del Estado central

Algunos señalaron que la reforma parece un paso más en el proceso histórico de «despiezamiento» del Estado central a favor de las Comunidades Autónomas, cuya estructura administrativa tiene mayores problemas de «clientelismo» y de falta de un funcionariado de alto nivel (p.ej. Cuerpos especiales) que la del Estado. La Administración Central parece haber aceptado sin discusión las supuestas virtudes del aumento de peso de las Comunidades, muchas de las cuales aspiran a un régimen de concierto similar al de Navarra o del País Vasco, sin parangón en otros Estados federales. Esa argumentación fue rechazada de plano por otros, que recordaron que la propia Constitución Española configura España como un Estado de las Autonomías y consideraron no demostrado que la calidad del funcionariado estatal sea mayor que la del autonómico. La reforma contribuirá a fortalecer la cohesión e igualdad de trato de todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, e incorporará por primera vez una garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales gestionados por las Comunidades.

El presidente del Consejo Asesor, Manuel Conthe, defendió a título individual la conveniencia de mantener el Impuestos de Sucesiones (una vez elevados significativamente los mínimos exentos) y preguntó si, especialmente tras la caída de ingresos provocada por la crisis económica, se había debatido un posible acuerdo que limitara el desafortunado proceso de «desfiscalización competitiva» sobre ese tributo que, iniciado por algunas Comunidades, ha terminado generalizándose. El Secretario de Estado respondió que la fijación de un nivel mínimo del impuesto nunca se puso sobre la mesa de negociaciones, ni está ya en la agenda política, al menos durante esta Legislatura.

Corresponsabilidad fiscal

La opinión dominante, si no unánime, fue que han fracasado rotundamente los esfuerzos para que el ciudadano atribuya al gasto de las Comunidades Autónomas parte de la presión tributaria que soporta: los ciudadanos perciben los grandes tributos (IRPF, IVA…) como tributos exclusivamente estatales, sin que las referencias a las Comunidades en los formularios de la declaración anual del IRPF hayan alterado esa percepción. Es dudoso, pues, que el aumento de los porcentajes de cesión de tales impuestos sea percibido como un aumento de la responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos. Se señaló que esa percepción habría sido distinta si, en su día, el Estado hubiera aprobado una drástica reducción de los tipos impositivos del IRPF, seguida luego de la aprobación de otras Leyes que, sobre la misma base imponible, hubieran establecido los tipos de imposición autonómica.

Discrecionalidad excesiva

Aunque la necesidad de reforma del sistema vigente se fundamentó en parte en el deseo de superar el carácter discrecional y ad hoc de las  «modulaciones» en el reparto de recursos entre Comunidades, se señaló que la Propuesta del Gobierno ha terminado incurriendo en el mismo defecto: con la excepción del Fondo de Garantía, los demás Fondos se repartirán según criterios que pudieran ser pronto puestos en tela de juicio y, en consecuencia, no resultar perdurables. En particular, se señaló que:

–       Hubiera sido posible fundamentar el reparto del Fondo de Suficiencia Global y el de Competitividad en índices objetivos: la aplicación de tales índices habría dado resultados muy similares a los pactados (incluidos el respeto al statu quo y la disminución de la dispersión en la financiación por habitante), pero habría dado bases más sólidas y menos arbitrarias a los cálculos y habría permitido basar la evolución temporal de los recursos en la variación de los criterios objetivos que los determinan en el año base.

–       El Fondo de Cooperación no responde al objetivo de financiación de las competencias que tienen asumidas las Comunidades, sino a un objetivo de desarrollo regional, que está ya atribuido el Fondo de Compensación Interterritorial, que está fuera del Sistema de Financiación.

–       Para algunos, el Fondo de Competitividad, al proporcionar financiación a  Comunidades ricas, tiene cierto parentesco lejanos con el célebre «cheque británico» en la Unión Europea, lo que podría entrañar dificultades en su aceptación política. Ese parangón fue, sin embargo, considerado equivocado por otros.

–       Los Fondos de Cooperación y de Competitividad recuerdan a las antiguas variables de reparto de recursos según la pobreza relativa y el esfuerzo fiscal, que nunca fueron generalmente aceptadas y que con el tiempo acabaron prácticamente desapareciendo.

Oscuridad y falta de transparencia

Algunos miembros subrayaron la oscuridad y complejidad del modelo propuesto: si no es fácil de entender por muchos miembros del Consejo Asesor, será difícil que pueda ser entendido por los ciudadanos y sus representantes políticos  Se indicó, no obstante, que el nuevo sistema no es más complejo y oscuro que los anteriores.

Parte de la complejidad puede deberse, sin duda, a la necesidad de que el Acuerdo final concite el mayor apoyo posible de las 15 Comunidades y del Estado, lo que ha exigido la activa y excepcional participación del Presidente del Gobierno. Pero también contribuye a la oscuridad de la Propuesta el abuso de una terminología poco esclarecedora.

Esa falta de claridad, unida al carácter ad hoc de muchos de sus mecanismos, hace prever que el nuevo sistema pueda ser objeto de debate político continuo.

Perfeccionamiento técnico

El Consejo Asesor no tuvo tiempo para debatir otras cuestiones que, muy  técnicas, tienen un gran impacto sobre los resultados del modelo de financiación. Se citaron, en particular, dos:

–       La definición y aptitud del índice de Ingresos Tributarios del Estado (ITE) utilizado para actualizar el importe de las aportaciones del Estado al Fondo de Suficiencia y la conveniencia de sustituirlo por otro que mantenga a lo largo del tiempo la equidad horizontal y vertical del Sistema.

–        La falta de actualización del concepto de «recaudación normativa» (esto es, la que se atribuye teóricamente a cada tributo cedido, en condiciones estándar de tipos impositivos y base imponible), cada vez más alejado de la recaudación real.

A juicio de algunos, para asegurar la estabilidad y perdurabilidad del nuevo modelo, y con independencia de que en esta ocasión no se posible reformarlos,  sería aconsejable crear un Comité de Expertos que, en un plazo prudencial (por ejemplo, un año),  haga propuestas concretas sobre ambas cuestiones, que volverían a ser sometidas a la aprobación del Consejo de Política Financiera y Fiscal.

Euskadi y algo más, de Enrique Badía en Estrella Digital

La estricta matemática parlamentaria sugiere, tras los resultados electorales del pasado domingo, la formación del primer gobierno no nacionalista en Euskadi desde 1979… ¿o no?

De entrada, vuelve a ponerse sobre la mesa la procedencia o no de considerar la candidatura a presidir el gobierno del cabeza de la lista más votada; una tesis que ha discurrido lo suficientemente quebrantada como para que esgrimirla suene a inútil intento de autoconsolación. Dicho lo cual, tampoco se puede pasar por alto que unas sumas son más fáciles que otras ni la incidencia que los pactos en la comunidad autónoma pueden tener en un Congreso de los Diputados en que ningún partido ostenta la mayoría absoluta. Y resta todavía un tercer factor a tener en cuenta: las difíciles relaciones que, en términos generales, mantienen PSOE y PP y sus respectivas expectativas cara a los próximos comicios europeos del mes de junio, librados en distrito único a nivel estatal.

Yendo por partes, a nadie escapa que el Gobierno que encabeza Rodríguez Zapatero necesita mantener un horizonte de alianzas parlamentarias que refuercen su exigua mayoría. Cabe preguntarse, por tanto, hasta qué punto puede permitirse una ruptura con los nacionalistas vascos, añadida a las relaciones cada vez más difíciles que mantiene con Convergencia i Unió. Lo que, a su vez, conduciría a considerar la posibilidad de una reedición del pacto PNV-PSE para formar ejecutivo en Vitoria, aunque ello acarrease con casi asegurada probabilidad la sustitución de Ibarretxe como lehendakari; algo que, por cierto, quizás no desagradara del todo a sectores del propio PNV.

No es ningún secreto que una parte relevante de la dirección socialista, incluido el propio Rodríguez Zapatero, apuesta por una colaboración más estrecha con el nacionalismo moderado, a modo de fórmula idónea para reforzar el perfil centralista e inmoderado del PP en los territorios con mayor sensibilidad autonomista. Son notorios la incomodidad que causa el tripartito que gobierna Cataluña y el diseño de gobierno socioconvergente por el que apostaba Moncloa tras las elecciones posteriores a la revisión del Estatut. Un escenario que se encargó de frustrar el líder catalán, José Montilla, nada inclinado a ceder a Artur Mas -lista más votada- la presidencia de la Generalitat. ¿Es equiparable el escenario abierto en Euskadi?

La otra hipótesis manejada desde la noche electoral, bien es verdad que con carácter relativamente mayoritario, sitúa al socialista Patxi López al frente del ejecutivo vasco. Requeriría, como es lógico, el apoyo de los 13 parlamentarios del PP y acaso del único representante de UPyD, dependiendo del desenlace final del recuento del voto inmigrante en Álava, que bien podría sumar un nuevo escaño al PSE, en detrimento de EA. Ahora bien, ¿cómo materializar ese apoyo? Cabe pensar en un gobierno de coalición PSE-PP o un acuerdo de legislatura, dando apoyo a un gabinete socialista monocolor. Seguramente es pronto para inclinarse hacia una u otra opción, pero la expectativa de un ejecutivo estrictamente minoritario que, entre otras cosas, estaría llamado a convivir con tres diputaciones de mayoría nacionalista, sugiere un riesgo de inestabilidad que podría acabar haciendo efímera la experiencia.

Lo resultante en Euskadi no será en absoluto neutral en términos de política estatal. Privar al PNV de poder gubernamental en Vitoria resta potenciales apoyos al gobierno socialista en el Congreso de los Diputados y obliga, bien a tejer alianzas más estrechas -¿estables?- con los nacionalistas de CiU, bien a pergeñar algún tipo de pacto de Estado para los asuntos más vidriosos con el PP.

Lo primero tiene que superar el escollo de Cataluña, donde CiU fue el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas, pero se vio privado del poder como consecuencia de la alianza entre PSC, ERC e IU. Lo segundo choca con las revitalizadas aspiraciones del PP de vencer con holgura en los comicios europeos del próximo junio y las dificultades de obtener algo a cambio de su apoyo al Ejecutivo socialista.

Sin perjuicio de todo ello, valdría la pena reflexionar sobre la evidente oportunidad que tienen los dos grandes partidos de colocar la excepcionalidad por encima de sus aspiraciones partidistas. La situación en Euskadi lleva siéndolo desde hace más de tres décadas. La economía lo es desde hace más de un año. ¿Suficiente para que dejen de únicamente pelearse, día sí, día también?

Proudhon y la ‘demoacracia’, de Rafael Cid Estarellas en Público

Opinión a fondo

Hay aniversarios que no tienen quien les escriba. Darwin, el sabio que facilitó la base teórica para romper amarras con el creacionismo, está siendo justamente celebrado en su doscientos cumpleaños. También Lincoln, el presidente norteamericano que desde la política acabó con la segregación racial, tiene su merecida cuota de reconocimiento. Pero apenas ha tenido eco el bicentenario de otro coloso de la emancipación, Pierre Josep Proudhon (1809-1865), el tipógrafo francés que acuñara el término anarquía como sinónimo de no-autoridad para identificar una escuela de pensamiento que pretendía pasar por la izquierda al liberalismo y al socialismo mediante la acción directa y el autogobierno de la sociedad civil. A los liberales, por su solipsismo de mercado, y a los socialistas, por su enrocamiento estatista. Y sin embargo, a pesar de ese desdén, la historia le reivindica. El suicidio del socialismo de Estado, tras su holocausto económico y vital; el no menos trágico derrumbe del neoliberalismo de mercado; y la búsqueda de una salida de urgencia refundando un poscapitalismo subvencionado deberían suscitar una renovada atención intelectual sobre el hombre que desbrozó caminos para que la sociedad industrial cambiara de base sin sacrificar la libertad ni renunciar a la conquista de la felicidad. Una utopía está para cuantos, desde Thomas Hobbes a Carl Schmitt, creyeron imposible un imaginario colectivo sin representación política exclusiva, que empezó a dejar de ser ucrónica cuando, primero en el mayo del 68, y ahora en la Grecia del siglo XXI, los movimientos populares irrumpieron enarbolando proclamas demoacráticas.

Autodidacta, hombre de acción, obrero orgulloso, político desengañado, agitador de muchedumbres, periodista, escritor, revolucionario romántico y misógino confeso, todo eso fue Proudhon. Pero, igual que Carlos Marx decía respecto a sus seguidores, el padre del anarquismo nunca fue anarquista, sino simplemente proudhoniano. En esta lábil distinción se esconde en buena medida la aún insuficientemente reconocida actualidad de su pensamiento. Porque Proudhon, precursor de la dialéctica y del socialismo científico, no edificó su proyecto transformador desde la “nada teórica”. Inmerso en la realidad de su tiempo, soportando por experiencia propia las contingencias de la clase trabajadora, jamás dejó que sus convicciones, incluso las más arraigadas sobre la negatividad del autoritarismo y el decisionismo, le llevaran a erigirse en un doctrinario ni en un líder. Proudhon era “revolucionario, pero no atropellador”.

Universalmente reconocido en la frase “la propiedad es un robo”, que tantas lecturas merecería hoy ante vorágine depredadora de banca y gobiernos, Proudhon sigue siendo un gran desconocido. Aunque, por su trayectoria personal y por su obra, se trata de uno de los más importantes renovadores de la democracia que ha existido y quizás el primero que supo ver que la emancipación política y la lucha contra la explotación económica eran inseparables. El propio Marx, amistoso rival primero y luego su principal increpador, le dedicó 60 elogiosas páginas en su Sagrada Familia y saludó la edición de Qué es la propiedad afirmando que “la obra de Proudhon tiene para la economía social moderna la misma importancia que la obra de Sieyés Qué es el tercer estado tiene para la política moderna”, y que “su libro es el manifiesto científico del proletariado francés”.

El desprestigio de la política profesional y el déficit de legitimidad que su sistemática corrupción acarrea fue anticipado en su día por el autor del Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria, quien entendía que la única respuesta sostenible ante la barbarie capitalista radicaba en la democracia económica, una iniciativa transformadora que sólo podía promover un proletariado “fuera de toda legalidad, actuando por sí mismo, sin intermediarios”. Lejos del pretendido ingenuismo con el que se le ha querido fosilizar, en Proudhon hay un pensador honesto, vigoroso y comprometido que vio en la humanidad de los productores, el federalismo y el mutualismo los factores para el auténtico progreso social. Un librepensador radical que diferenció entre la injusta y usurpadora propiedad de los medios de producción y la necesidad de la posesión como atributo de la dignidad individual; que criticó la mitificación de las huelgas en situación de desigualdad de fuerzas respecto al capital porque podían debilitar al proletariado al aumentar su miseria, y que, consecuente con su activismo, creó un banco del pueblo para facilitar el crédito gratuito. Todo para desarrollar el proyecto de su vida, “la idea de la nueva democracia”, como dejó dicho en el prólogo de La capacidad política de la clase obrera, libro escrito un año antes de su muerte y editado póstumamente.

Por ello no se entiende su solapamiento a nivel académico e histórico y la obstinación por desmerecerlo. La pretendida caducidad del legado de Proudhon queda desmentida por la frecuencia de las expresiones de acción directa en calles y pueblos, hoy Lebrija, ayer Atenas. Porque el mapa no es el territorio. La insistencia en calificar de desregulación a la causa del crac en ciernes, juzgando anomía lo que en realidad ha sido una acción Estatal unilateral en toda regla, y la contumacia en explorar alternativas en una vuelta al Estado-patrón (regulación), podrían estar en la raíz de ese prejuicio hacia Proudhon y lo que significa. Se olvida que la crisis sistémica actual no es una perturbación económica más, sino una crisis civilizatoria, y que cualquier remedio que no implique salirse del sistema puede resultar baldío. Proudhon lo previó. Por eso la centralidad de la ética anarquista como compromiso de responsabilidad y su llamamiento a la acción directa solidaria para organizar la convivencia de abajo arriba en base al trabajo productivo. Esa es la vigencia de Proudhon y su demoacracia. Porque cuando todos gobiernan (democracia) nadie manda (anarquía).

Rafael Cid Estarellas es Jefe de la unidad de comunicación de ANECA

Cambios regionales, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

En los feudos oligárquicos de Vasconia y Galicia, el orquestado ruido de las urnas autonómicas ha puesto en sordina la noble voz del silencio. Como sucede en el resto de España, ante cada convocatoria electoral, la oligarquía de partidos estatales, pregonada por los medios informativos, propaga el temor de que el silencio de la inteligencia política y de la conciencia moral, expresado con la abstención voluntaria, pueda ser escuchado por la buena fe infantil de quienes, sin ganas de dejar el mundo de las ilusiones y entrar en el de la realidad, creen estar viviendo en una democracia donde el voto individual elige la representación política de la sociedad en el Estado.

Que esto lo crea el vulgo adoctrinado por la propaganda oficial, como en las votaciones franquistas, puede ser comprendido, aunque en modo alguno disculpado, como si en un hermoso día de sol se creyera que llueve porque así lo anuncia el parte meteorológico. Que esto lo difundan los partidos de la oligarquía y sus medios de comunicación no puede ser comprendido sin acudir a los fines fraudulentos que los motivan. Los comprendemos como a los crímenes pasionales. Pero que esta grosera deformación de la realidad, que esta mentira contra lo que percibe el sentido común y la evidencia de lo que sale de las urnas, se dicte en aulas profesorales y libros de texto, eso no puede comprenderse, a no ser que profesores y escritores sean unos cínicos vividores que han renunciado al ejercicio de la mente y de la conciencia a cambio de un salario garantizado. La abstención no crecerá más de un tercio mientras los votantes perciban que, en unas elecciones legislativas, en realidad se elige el gobierno de un partido o de una coalición de partidos. O sea, a la antidemocrática inseparación de poderes, sin representación de los electores ni de la sociedad civil.

Esto es lo que ha sucedido en Galicia, donde la mayoría de los votantes ha querido que, sin ser representados por diputados personales ni por nadie, -los partidos estatales sólo se representan a sí mismos en esta Monarquía de Partidos- no obstante cambie el gobierno gallego, volviendo a la tradición fraguista, para que todo siga igual que durante el franquismo en las cuestiones regionales que había sido trastocado por la coalición del socialismo con el nacionalismo gallego. Según Jellineck, el resultado habría sido reaccionario. En cambio, la elección entre partidos estatales ha sido progresista en el País Vasco. La reacción, encarnada en el nacionalismo regional, sucumbe ante los votos al socialismo y nacionalismo central. Distinto es que, a falta de mayoría absoluta, los pactos partidistas de gobierno lleven a término la coalición del vasconacionalismo con la españolía socialista, bajo la dirección del mismo o de distinto lehendakari, o al experimento de una coalición de socialismo y nacionalismo españoles.