Reggio’s Weblog

Tras una derrota electoral, la vida interna de un partido cobra protagonismo. En muchas ocasiones, un sector “crítico” que anteriormente no existía comienza a pedir cambios. Generalmente, entre sus reivindicaciones suele haber demandas de democratización del funcionamiento interno. En grandes líneas, es lo sucedido en las últimas semanas dentro del Partido Popular. Tras los resultados del 9-M, aquellos que durante la anterior legislatura alentaron la estrategia de la crispación comenzaron a pedir la dimisión de Mariano Rajoy. Y cuando éste resistió y ellos vieron que su alternativa no podía triunfar en el próximo congreso del partido, se convirtieron en defensores de las primarias. Pero ¿son las primarias el mejor método de selección de líderes?

Las formaciones políticas son democráticas en la medida que permiten a sus miembros tener un papel activo en la toma de decisiones. Cuanta más gente pueda participar, más democrática es su organización interna. Y su contribución no debe reducirse a la selección de dirigentes, sino también a las labores programáticas y de definición ideológica. Ahora bien, abrir los partidos a la participación interna tiene beneficios pero también costes.

La principal ventaja de la democracia interna es que la receptividad de los políticos aumenta, cumpliendo así uno de los objetivos de la democracia: que los partidos escuchen a la ciudadanía. La apertura de la organización interna puede funcionar como un sistema de alerta temprana. Al igual que sucede en los aviones, cuando el rumbo de la nave es el equivocado comienzan a encenderse luces rojas. Una formación política que permite una amplia participación de sus miembros gana en señales de alarma y permite que el partido no se aleje de uno de sus principales fines: mantener sintonía con los ciudadanos. Un ejemplo puede clarificar esta idea. A finales de los ochenta y principios de los noventa, en el PSOE florecieron casos de corrupción, pero la férrea disciplina interna que impuso Alfonso Guerra no permitió que las luces rojas se encendieran, lo que terminó mermando los apoyos electorales de ese partido.

La democracia interna también tiene costes. Si una formación política está dividida en familias, su organización se puede debilitar. Surgirán dirigentes que compitan manifiestamente entre sí. Y este debilitamiento le restará fuerza electoral, porque los ciudadanos no apoyan a partidos divididos. Si nos centramos sólo en la selección de líderes, hay tres modelos posibles, cada cual con sus costes y beneficios. En primer lugar, los partidos pueden optar por elegir a sus dirigentes contando con la opinión de un número muy reducido de personas. El ejemplo más reciente es la selección de Rajoy como líder del PP al final de las dos legislaturas presididas por Aznar. En este modelo, la receptividad del partido es nula; nada garantiza que la nomenklatura siga las preferencias de la ciudadanía. En cambio, la disciplina interna garantizará la unidad.

En segundo lugar, pueden inclinarse por el extremo opuesto: las primarias. Así son muchos los que participan en el proceso de selección del líder. El partido es enormemente receptivo y las preferencias de la ciudadanía llegan de forma nítida. El coste es para su organización interna. Por un lado, conlleva un exceso de desgaste. No sólo los electores se pueden sentir desconcertados, sino que además la estructura interna se debilita. De hecho, en aquellos lugares donde se usan las primarias para seleccionar a los líderes, los partidos son frágiles. Por otro, si las primarias sólo se usan para elegir a candidatos electorales, la bicefalia se convierte en foco de inestabilidad.

Una tercera opción es elegir a los dirigentes a través de congresos. Es el modelo preferido por los partidos en las democracias parlamentarias. Cuando no son a la búlgara, los congresos nacionales incrementan la receptividad de los políticos. En la medida que dependen de numerosos delegados, aquellos que quieren ser elegidos deberán escuchar sus demandas. Algunos pueden considerar que este grupo de militantes no son una muestra representativa de la sociedad, pero lo cierto es que no existe evidencia empírica que demuestre que los miembros de un partido son muy diferentes del resto de ciudadanos.

El coste de este modelo de selección es el posible debilitamiento de la organización interna. Cuando la formación se encuentre muy dividida, los congresos hacen emerger esta fragmentación. No obstante, también es cierto que los cuadros intermedios pueden atemperar los posibles conflictos internos. Así el debilitamiento organizativo es menor que en las primarias.

Podemos concluir que los congresos son el modelo óptimo de selección de dirigentes: incrementan la receptividad de los partidos y su organización interna sufre menos desgaste que en los modelos más abiertos. En cuanto a las primarias, podrían ser una buena alternativa si todos los partidos las usaran, si se emplearan para algo más que seleccionar candidatos y si las reglas del juego estuviesen claramente delimitadas.

Pero las esporádicas reivindicaciones que escuchamos en la democracia española no parecen responder a una preferencia sincera. Más bien, son la reclamación de aquellos que se saben minoría dentro de una determinada organización. De hecho, muchos de los que ahora las proponen para el PP, las usaron en su momento contra el Partido Socialista.

Ignacio Urquizu es politólogo de la Fundación Alternativas.

La mejor manera de que no exista racismo es echar a los negros. Ése ha sido, en bruto, uno de los argumentos más utilizados por la derecha europea para alejar los miedos de su electorado. Hace ya años que la derecha descubrió que podía aplicar ese principio a la inmigración en general, especialmente en cuanto se empiezan a sentir los efectos de una crisis económica y comienza a aumentar el paro entre los nacionales, que son, precisamente, quienes ejercen el derecho a voto. La novedad ahora es que la izquierda, muerta de miedo ante el indudable efecto que todo lo relacionado con la inmigración tiene en su propio electorado, ha empezado a descubrir el mismo guión. Eso sí, con un toque muy suyo: en el fondo se trata de expulsarlos por estrictas razones humanitarias.

Sinceramente, lo peor de la Directiva sobre el Retorno de inmigrantes que ha pretendido aprobar esta semana la Comisión Europea, con el apoyo del Gobierno socialista español, es la desvergüenza de pretender presentarla como un avance en defensa de los derechos de los inmigrantes irregulares. Para evitar que Gobiernos energúmenos mantengan detenidos a inmigrantes irregulares por tiempo indefinido se pretende que todos nos convirtamos en energúmenos que los tienen detenidos 18 meses sin decisión judicial previa y con un control que se ejerce a posteriori, nada menos que “tan pronto como sea posible”. (En el caso español, ahora, la orden de detención la tiene que firmar un juez, que la revisa periódicamente. Imagínense lo que puede pasar si se detiene a los inmigrantes sin permiso de trabajo por decisión administrativa y luego se espera a que el juez de turno encuentre un momento libre).

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, probablemente ejerciendo su conocido sentido del humor, aseguró que se trata de una directiva destinada a que la apliquen Suecia, Holanda, Reino Unido y Dinamarca, entre otros países en los que no existe límite de detención y en los que, gracias a nuestro empeño democrático, la situación de los irregulares mejoraría muy notablemente. En nuestro caso, dijo, la directiva no haría falta porque somos más garantistas y nuestros irregulares están mucho mejor protegidos. Eso sí, el Gobierno va a aumentar el periodo de detención, porque los 40 días actuales no son suficientes para completar los trámites de expulsión, aunque seguramente no llegaremos a los seis meses que fija la directiva ni, desde luego, a los 18 meses de máximo.

La lectura del programa electoral del PSOE, elaborado mientras se discutía, y defendía, en Bruselas la dichosa directiva, le deja a uno, sin embargo, un cierto mal cuerpo. Dice así: “Proceder a una modificación del actual periodo de 40 días de detención de los inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ampliándolo a un periodo homologable con el resto de los Estados miembros de la UE y que permita el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites de identificación y repatriación” (el subrayado es mío).

El autoproclamado afán protector y democrático del Gobierno español no es compartido afortunadamente por todos los socialistas en Europa. Los franceses (un país en el que Sarkozy todavía no ha conseguido modificar el periodo máximo de detención, que es de 32 días, el menor de la UE) están muy en contra. También los socialistas italianos. Su portavoz en el Parlamento Europeo, Claudio Fava, parece que no ha entendido una palabra de las buenas intenciones españolas. Él considera que la directiva es más bien “una degradación jurídica que trata a los inmigrantes como subespecie humana”.

La derecha europea tampoco comparte unánimemente esa directiva. Es cierto que algunos quieren endurecerla aún más, pero también que hay eurodiputados de esos grupos que se echan las manos a la cabeza. Y por lo menos hay que reconocer que el portavoz del PP Europeo, el alemán Manfred Webber, tiene el buen gusto de no disfrazar las cosas: “Los centros de internamiento son instrumentos para presionar psicológicamente a los detenidos”. La idea es muy simple: “O te vas o te meto en la cárcel”. Nada menos que 18 meses.

Lo que tiene que quedar claro es que la Directiva 2008 disminuye las garantías jurídicas contempladas en la de 2005. En concreto resulta gravemente restrictivo el artículo 7, párrafo tres: “Los Estados miembros podrán adoptar una decisión administrativa, resolución judicial o acto independientes por los que se ordene la expulsión”. Si tener en Europa una política común de inmigración supone tener que aceptar la equiparación de una orden judicial y de una decisión administrativa, sería francamente mucho mejor para la salud del sistema democrático renunciar a esa política conjunta. Siempre será mejor soportar una sociedad cínica que unas leyes que legalizan y amparan ese cinismo. Y si el Gobierno español sufre por no ver avanzar los derechos democráticos de los inmigrantes irregulares, no tiene más que empezar por casa y revisar las lamentables condiciones de nuestros propios Centros de Internamiento de Extranjeros. Que casualmente han sido denunciados por jueces y no por decisiones administrativas.

solg@elpais.es

A CONTRAPELO

A Llamazares debe de parecerle que Saint Lagüe es un santo más laico a fuer de extranjero y a él elevaba sus plegarias por ver de recuperar lo que aquí abajo le había quitado una conjura entre la ley electoral, el sistema d’Hondt y el tsunami bipartidista, que es el hijo natural de los dos primeros.

El coordinador de IU comparecía ante la prensa en el Congreso para entonar una jaculatoria constructiva. Todo lo arreglaría la aplicación del sistema Saint Lagüe: ampliar en 50 el número de diputados, repartir los 50 escaños nuevos entre los restos nacionales y reducir a la mínima expresión la representación por provincia.

Según el coordinador general: «La fórmula Saint Lagüe es una de las que mejor cumple todas las propiedades de un sistema electoral proporcional cuando se aplica al tamaño de las circunscripciones que hoy establece nuestra Constitución». La frase no es un modelo de rigor descriptivo, aunque no se le puede negar cierto valor orientativo. Efectivamente, la fórmula Saint Lagüe es más proporcional que el sistema d’Hondt y mucho más que el mayoritario, pero menos que el sistema de proporcionalidad pura, sin salirnos del campo teórico. Cabe preguntarse por qué, una vez definidas como un bien deseable «todas las propiedades de un sistema electoral proporcional», no se opta por el que mejor las cumpla, sino por «uno de los que mejor cumple».

En realidad, los sistemas son convenciones para traducir los votos populares en representación institucional. Tanto el mayoritario como el proporcional tienen ventajas e inconvenientes: el primero tiende a acallar a las minorías, pero proporciona estabilidad. El segundo, justo lo contrario. Reino Unido o Italia, para gustos están los colores.

Llamazares ha sido el gran perjudicado en estas elecciones. También UPyD, el partido de Rosa Díez. La diferencia es que éste era una gran incógnita para sus votantes potenciales, mientras Izquierda Unida ha obtenido unos resultados bastante previsibles.

No ha sido la mecánica, don Gaspar, sino la política. Izquierda Unida ha empeñado mucho tiempo y esfuerzo en convertirse en una caricatura de sí misma, pero ambos le han cundido mucho, todo hay que decirlo. El seguidismo del PSOE durante toda la legislatura y sus llamadas a impedir la vuelta del PP al Gobierno tuvieron eco entre sus electores potenciales, que se tiraron al voto útil como un solo hombre; sólo el voto socialista masivo podría cumplir con eficacia tan loable empeño. Lo anterior no era obstáculo para que gobernaran algunos ayuntamientos con el PP. Mucho menos para que en el País Vasco sostuvieran mediante pacto de gobierno alcaldías de ANV, la marca con la que Batasuna burló la legalidad en las últimas elecciones municipales.

Cabe plantearse si los ciudadanos consideran que sus representantes públicos se ganan sus salarios y si están dispuestos a aumentar la plantilla del Congreso, mientras ven cómo la desaceleración disminuye los puestos de trabajo a su alrededor. La cuestión es que si no hay más diputados, no hay cambio posible. Ya se ha escrito que un sistema proporcional puro habría dado a IU 11 escaños más con los resultados del 9-M; UPyD habría ganado tres; los nacionalistas habrían perdido algún escaño y los dos partidos mayoritarios, 32 (17 el PSOE y 15 el PP).

He aquí una razón para la prudencia de Llamazares al renunciar al óptimo proporcional. Es más práctico que los 50 diputados necesarios para cuadrar las cuentas los pongan los ciudadanos que los partidos citados. No parece que éstos vayan a estar por la labor.

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EL REVES DE LA TRAMA

Juan José Ibarretxe, responsable de una parcela de la Administración pública de la nación española, ha expuesto sin ambages su concepto utilitarista de la educación, que concibe como un instrumento para realizar su sueño de una realidad nacional no española. Nada en Ibarretxe es sorprendente, así que no cabe conmoverse por su afán independentista, ni por su insistencia de martillo pilón en repetir sus obsesiones, ni por su afán de supeditar absolutamente todo a su pasión política. Pero bueno es subrayar sus fascinaciones cuando, como en el caso de la educación, dejan en evidencia un método injusto que lesiona derechos fundamentales de la persona en momentos cruciales.

Para el lehendakari, el sistema educativo es «un objetivo estratégico como país». La frase no es brillante, pero se entiende. De tal objetivo estratégico depende en gran parte «el futuro del pueblo vasco». ¿Qué se debe hacer, pues, con el sistema educativo? Adaptarlo para conseguir lo que llama «profundizar en nuestra identidad como pueblo». O sea, se trata de utilizar la educación de las personas para alcanzar en el futuro un objetivo político que consiste, aunque lo exprese con palabras menos alarmistas, en la construcción de una identidad nacional para, llegado el momento, culminarla con una separación del tronco común al que pertenece.

Desde hace muchos años venimos padeciendo como pueblo… español (que también existe en Euskadi: siempre se oculta que hay muchos vascos que se sienten españoles, además de vascos, o donostiarras, o alaveses…) los enfoques nacionalistas en unos casos, regionalistas en otros, de la enseñanza impartida en los colegios. Unas veces, esto es producto de una visión aldeana necesitada de un aire de grandeza y de amplitud de miras. Pero otras veces es producto de un plan político que busca crear ciudadanos de una sola dirección, atados a una interpretación cerrada y muchas veces retrógrada de la sociedad y de la historia.

La educación, que es el objeto de un derecho humano, tiene por finalidad formar personas. Y sobre ella decide en primer término la persona. La Constitución Española reconoce, con un respeto escrupuloso a los derechos humanos, que la educación es un derecho de la persona y que se imparte bajo el amparo de la libertad de enseñanza. En este marco tiene como fin «el pleno desarrollo de la personalidad humana» -no su conformación para una política- «en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales». Así lo dice el artículo 27 de nuestra Carta Magna.

Formar en la escuela ciudadanos para un proyecto político es un abuso de aspiración totalitaria y, en consecuencia, una injusticia para las personas víctimas de ese adoctrinamiento. Está muy bien enseñar euskara, que es un patrimonio español -aunque los médicos que deben aprenderlo deberían poder, entre tanto, ocuparse también de atender a los enfermos-, pero no es admisible conformar las mentes para que sólo vean una parte de la realidad. La educación como un instrumento para crear un determinado tipo de ciudadano fiel, dócil y manejable ha sido el objetivo de todas las dictaduras. La competencia de Ibarretxe no le faculta para conformar ciudadanos nacionalistas, sino para disponer los medios que permitan formar personas libres y responsables. Al concebir la educación como un procedimiento para construir la identidad del pueblo vasco, lesiona gravemente el esencial derecho a la educación, violenta la libertad personal, abusa desde el poder al pretender algo que no le corresponde.

© Mundinteractivos, S.A.

NOTAS DE MADRID

No hay desmentidos que valgan. La corriente favorable al aplazamiento del debate sobre la financiación autonómica es cada vez más robusta, en el interior del PSOE y en el propio Gobierno. Incluso podría asegurarse que esta es hoy la posición dominante en las estancias principales del palacio de la Moncloa. El debate asusta, por dos razones. Porque podría estropear el 47º congreso federal del PSOE, convocado para el próximo mes de julio. Y, sobre todo, porque coincide con el cambio de ciclo económico, expresión suave con la que estos días los medios oficiales se refieren a la crisis económica en ciernes. Crisis que viene con más fuerza de la prevista.

No, no hay desmentidos que valgan. Los socialistas andaluces aprietan fuerte, muy fuerte; no hay día en que no se produzca algún tipo de declaración pública de responsables de la Junta de Andalucía o del propio PSOE andaluz, al que me atrevo a calificar de Convergencia i Unió del Sur, puesto que actúa como el más genuino partido regionalista de Andalucía. Felipe González también ha pedido el aplazamiento del debate, para concentrar todas las energías en la política anticrisis. Alfonso Guerra le ha secundado. Y Mariano Rajoy, también. Rajoy ha dicho que esta vez está de acuerdo con González. ¡Caray! El frente es cada vez más amplio.

Sin ánimo de hurgar en ninguna herida, puesto que la situación política catalana se halla en fase de gran susceptibilidad, dos preguntas son obligadas en este peculiar momento: ¿podrá resistir el Govern de la Generalitat de Catalunya tanta presión?, ¿servirá para algo su alianza táctica con la Generalitat valenciana? El presidente José Montilla ha exigido desde el Parlament de Catalunya el cumplimiento estricto de la cláusula del Estatut que prevé que antes del 9 de agosto estén fijados los criterios de la nueva financiación de la autonomía catalana.

El punto débil de la posición catalana es el de siempre: la falta de cohesión. Desde la extinción del mandato de Josep Tarradellas, hace ya de ello 28 años, no es capaz de reconstruir el mínimo común de otras épocas; un mínimo común como el que encarnaron la Solidaritat Catalana (1906-09) y la Assemblea de Catalunya (1971-82). ¿Sería posible una Acció Catalana del siglo XXI? En estos momentos es casi imposible responder afirmativamente.

Y sin embargo, argumentos no le faltarían. En lo que se refiere a la financiación de la autonomía, ahí van cuatro razones para cuestionar la congelación del statu quo que con tanto ahínco defiende Felipe González:

1) La crisis económica tendrá una especial incidencia –en costes sociales- en aquellas autonomías con mayor número de inmigrantes, puesto que estos serán los más castigados por el paro. Las autonomías con mayor número de inmigrantes legalizados son Catalunya (798.904-21% del total); Madrid (780.752-20,9%), y Comunidad Valenciana. (581.985-15,6%), según datos oficiales de 2006.

2) Los servicios sociales que serán objeto de una mayor presión social en los próximos meses, se hallan transferidos a las autonomías.

3) La desaceleración de la economía y el creciente colapso del negocio inmobiliario está reduciendo de manera sustantiva los ingresos públicos. Pero esa disminución de ingresos afecta de una manera muy especial a los impuestos transferidos a las autonomías. La disminución en la recaudación del IVA también afecta de manera sustantiva a las administraciones autonómicas.

4) ¿Dónde están hoy el Norte y el Sur? ¿Dónde, los pobres y los ricos?¿Quién sufrirá con mayor severidad los estragos de la crisis que se avecina, el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet o la ciudad de Carmona, en la vega del Guadalquivir; el barrio de Entrevías en Madrid, o El Ejido, en la Almería de los prósperos invernaderos?

Preocupado por la crisis, pero confiando en las posibilidades del superávit acumulado, sostiene Felipe González que las autonomías deben esperar. Hay que priorizar, dice, las inversiones en infraestructuras, en vivienda protegida y en rehabilitación, como propone el Gobierno. La inversión pública es “generadora de actividad y recuperadora del empleo”. Mientras que, si el dinero se va a las autonomías, producirá un gasto improductivo. En manos del Gobierno, el dinero público cundirá, mientras que en manos autonómicas se volatilizará. El argumento pretende ser demoledor, pues enfatiza la responsabilidad del Gobierno, mientras que las autonomías aparecen como irresponsables en un momento grave. Habíamos olvidado la formidable capacidad que tiene Felipe (sin duda el mejor pico de oro de la democracia) para la falacia retórica. Ya cuando amenazó con dimitir ante sus marxistas compañeros y también cuando lo de la OTAN, la retórica felipista se construía sobre el mismo esquema: la emoción y el folklore ideológico son vuestros, pero la razón y la responsabilidad son mías. Sigue en las mismas: existen unos compromisos con las autonomías, cierto, pero “la única manera de afrontar la realidad es mirar de frente las necesidades de los ciudadanos”.

Analicemos las necesidades de los ciudadanos. De los votantes socialistas de la Catalunya metropolitana, por ejemplo, que deben compartir sus servicios de educación, sanidad y protección social con el millón largo de emigrantes que se han instalado en los últimos años en aquel entorno. Felipe ha estado pidiendo su voto allí con gran éxito. El gasto social es para ellos. No para una Catalunya genérica sino para unos ciudadanos de carne y hueso cuyo nivel de incomodidad puede llegar a ser insoportable. Es serio y responsable que a un socialdemócrata como González le preocupe activar la economía y reconvertir el empleo perdido, pero es chocante que un socialdemócrata sostenga que el gasto social no es una necesidad ciudadana, sino abstracta reclamación autonómica. En momentos de crisis debe pedirse a todo el mundo que se apriete el cinturón, naturalmente, pero estos temas deberían poderse discutir con luz y taquígrafos en una cámara federal. El sistema es casi federal, pero no dispone de mecanismos para la discusión. Aunque Miquel Iceta en su libro proclame una y otra vez el ideal federalista, no se observan ni tan siquiera avances de tortuga en tal dirección. El socialismo español trata a Montilla como a Pujol: he ahí un nuevo portador de egoísmo y abstracciones. Las dos líneas socialistas no avanzan en paralelo: el Govern de Montilla y el Gobierno de Zapatero chocarán fatalmente en un punto de esta discusión. Veremos quien tiene que retirarse cabizbajo. Si el PSC consigue un resultado aceptable, consolidará su posición. Pero si fracasa, el entero sistema catalán de partidos tocará fondo. Inmovilizado, sin capacidad de alternativa, eterno perdedor.

La vicepresidenta Fernández de la Vega insistió el miércoles, hablando del encuentro Zapatero-Ibarretxe, en un argumento que Josu Jon Imaz, ex presidente del PNV, formuló de manera más argumentada y pormenorizada la pasada semana desde su retiro norteamericano. Ambos –me baso en la más elaborada formulación de Imaz– insisten en que la toma de decisiones importantes para la sociedad vasca por una mayoría no abrumadora podría ser “una aventura” y, en todo caso, sólo “un ejercicio aparentemente democrático”, porque un “proyecto de futuro” requiere inexcusablemente del respaldo de “mayorías amplias y cualificadas”.

Es un argumento que me parece no sólo discutible, sino incluso eventualmente peligroso.

Vayamos por partes.

Lo primero que conviene precisar es que las decisiones tomadas por el voto de la mitad más uno no son “aparentemente democráticas”, sino realmente democráticas. La exigencia de amplias mayorías cualificadas es una práctica parlamentaria limitada a ciertos casos tasados, que no se extiende a las consultas populares. Recuérdese el caso del referéndum de autodeterminación que se celebró en 1995 en Quebec: los anti independentistas vencieron por sólo cinco décimas. Nadie dijo que ésa fuera una victoria inaceptable, ni había intentado descalificar de antemano el propio referéndum arguyendo que no estaba claro el resultado. En España se han tomado en referéndum (así sucedió en 1986) decisiones cruciales que contaron con el apoyo de sólo el 53,09 de los votantes. ¡Y con una abstención del 40,58%!

Hay otro punto crucial: si se impide una votación argumentando que sus partidarios no cuentan con una mayoría amplia y cualificada, el resultado no es que se elude lo nuevo: es que se perpetúa lo viejo. No es que no gane nadie; es que ganan los partidarios del “no”, y sin necesidad de acudir a las urnas.

Desde luego que es mejor que las cosas se hagan con un amplio consenso. Pero, si no hay un gran consenso para un cambio, ¿qué? ¿Se sigue hasta el infinito con lo mismo?

Y que conste que no estoy presuponiendo quién es mayoría y quién es minoría en la Euskadi actual. Eso también debería comprobarse en las urnas.

El documento que la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) dio ayer a conocer muestra la preocupación que, desde hace varios años, causan en esa asociación los procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional española. Incluido el juicio que se sigue actualmente contra Gestoras pro Amnistía y Askatasuna, en el que está encausado Julen Arzuaga, representante de la asociación de abogados vascos Eskubideak en la AED.

Basándose en la experiencia del seguimiento realizado en calidad de observadores del proceso 18/98, entre otros, los abogados de la AED han denunciado la carencia de garantías jurídicas fruto de la aplicación de leyes de excepción «que vacían de contenido principios universales del Derecho». Esa falta de garantías jurídicas se concreta en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la defensa, así como la criminalización de su ejercicio. Nada nuevo, como ha señalado el presidente de esa asociación; nada de lo que no sea consciente quien vive día a día la realidad de este país. La última muestra de esa falta de garantías la dio ayer el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con un auto en el que desestima el recurso de ANV contra la suspensión de sus actividades al considerar que el rechazo de las mociones «éticas» es un indicio que refuerza su decisión contra el partido ekintzale.

La habitual respuesta a esas denuncias ha sido la criminalización. Hasta el punto de que los 27 encausados en el sumario 33/01 lo están por llevar a cabo una labor tan cívica como alertar a la sociedad de las irregularidades y vulneraciones de derechos similares a las que la AED ha constatado y que denuncia en su documento. No son nuevas, por tanto, ni esas vulneraciones ni la denuncia de las mismas. Pero sí es reseñable e importante que profesionales del Derecho de diversos países europeos las constaten ante la opinión pública, porque es un modo de contrarrestar la anestesia a que, a base de represión y propaganda, los poderes del Estado someten a la ciudadanía para camuflar tras un discurso supuestamente democrático las continuas actuaciones contrarias al Derecho en el que dicen se sustenta el Estado español.

La crisis económica está golpeando de lleno a la parte más vulnerable del sector financiero, los establecimientos financieros de crédito -entidades autorizadas para conceder créditos pero que no captan depósitos- dedicados al crédito al consumo. Según los responsables de Obsidiana, la firma con la que Bankinter opera en este mercado, hay entidades cuya tasa de morosidad supera el 25%, aunque la media del sector se sitúa en el 3,3%.

Julio Zapatero, consejero director general de Obsidiana, explica que estas tasas corresponden a “establecimientos muy pequeños y muy poco representativos, normalmente de carácter regional”, cuyo importe de créditos concedidos no suele superar los 50 millones de euros. Cuando se incluyen los grandes brokers, propiedad de las entidades financieras, la media baja drásticamente hasta ese citado 3,3%, que viene a ser el triple de la morosidad actual de banco y cajas de ahorros.

Ahora bien, Zapatero también advierte que el 40% ó 50% del crédito de los grandes brokers financieros corresponde a hipotecas, cuya morosidad es mucho más baja que la del crédito al consumo. Si quitamos esta parte, la tasa sería muy superior a la cifra pública. Estas hipotecas suelen concederse a través de agentes de la propiedad (APIs), y su riesgo normalmente es superior al aceptado por la matriz bancaria del establecimiento.

Para cubrirse contra este aumento de la morosidad, los establecimientos financieros cobran unos tipos de interés muy elevados sobre sus créditos: una media del 19% TAE, aunque con una horquilla muy amplia en función del perfil de riesgo del cliente. En el caso de Obsidiana, el tipo va desde el 7,9% hasta el 24,9%.

Una purga inevitable

Aun así, distintas fuentes del sector consideran “inevitable” una purga de este sector en la que desaparecerán los establecimientos más pequeños y vulnerables precisamente por esta altísima morosidad. Y es que, en los años del boom inmobiliario y la liquidez ilimitada, aparecieron establecimientos como hongos, algunos de ellos verdaderos chiringuitos.

Por eso y por los excesivos riesgos que se han asumido en algunos casos -que han sido considerados el “subprime español”-, este sector está regulado por el Banco de España, que tiene un registro público de las entidades autorizadas. Los más conocidos son Cofidis, Celeris (cajas de ahorros), Cetelem (BNP Paribas), UCI (Santander y BNP), Santander Consumer Finance y BBVA Factoring.

A esta lista se ha unido ahora Obsidiana, una entidad que ya existía fruto de una asociación entre Bankinter y Capital One pero que ahora ha cambiado su nombre al asumir el banco español el 100% del capital. Su presidente y director general de Bankinter, Pablo de Diego, pretende que Obsidiana se diferencie del resto de establecimientos con una imagen rompedora, un mensaje positivo respecto al crédito (para vivir la vida, no para tapar agujeros) y un perfil de cliente muy alejado del subprime: sólo ofrecen tarjetas oro y platino.

Las ‘alegrías’ presupuestarias derivadas del alto crecimiento económico tocan a su fin. El vicepresidente Solbes anunció ayer, en el Congreso de los Diputados, que el gasto no financiero del Estado para el año 2009 -lo que comúnmente se denomina ‘techo de gasto’- crecerá únicamente un 5%. Exactamente igual que el PIB nominal (con inflación), lo que supone un sensible recorte respecto del 6,6% que, según lo presupuestado, crecerá este año.

Se trata de un ajuste relevante toda vez que cada punto del PIB (a precios corrientes) equivale a unos 11.000 millones de euros, lo que representa un recorte de algo más de 17.000 millones de euros respecto del crecimiento del gasto previsto para 2008. Teniendo en cuenta que este año el ‘techo de gasto’ aprobado por el Congreso asciende a 152.331 millones de euros, eso significa que para 2009 el Estado (sin incluir los gastos financieros) dispondrá de unos 160.000 millones de euros (al margen de la Seguridad Social).

Los menores recursos del Estado afectarán fundamentalmente a las comunidades autónomas y ayuntamientos, cuyos presupuestos de ingresos continúan anclados en gran medida en las transferencias que les llegan desde la Administración central. En concreto, algo más de un tercio de presupuesto de gasto se destina a la financiación de las Administraciones Territoriales en aplicación de los sistemas de financiación vigentes. Es decir, que de esos 160.000 millones, alrededor de 55.000 millones irán a parar a las arcas de los entes locales y autonómicos.

El ajuste en los recursos del Estado es consecuencia directa del enfriamiento económico, toda vez que la economía crecerá -siempre que se cumplan las previsiones del Ejecutivo- apenas un 2,3%, con un deflactor del PIB (calculado por el Gobierno) de 2,7 puntos porcentuales, lo que explica el 5% que, presumiblemente, crecerá el Producto Interior Bruto en términos nominales. Se trata de la tasa más baja desde la recesión del bienio 1992-93, ya que, incluso, en la ralentización de la actividad económica que se produjo en los años 2002 y 2003 el PIB nominal creció por encima del 7%.

Sin embargo, paradójicamente, el hecho de que la economía crezca menos este año no significará un ajuste del gasto público. Según la última revisión que ha hecho el ministro Solbes, el PIB nominal crecerá en 2008 un 5,5%, es decir 1,1 puntos porcentuales menos de lo previsto cuando se elaboraron los Presupuestos Generales del Estado. Esto significa que el gasto público crecerá al menos (probablemente algo más por la puesta en marcha de los llamados estabilizadores automáticos -desempleo-) un 6,7%, lo que significa que tendrán un comportamiento anticíclico y servirán para paliar el ajuste económico.

Ello es consecuencia del escaso margen de maniobra que tiene el Estado desde el punto de vista del gasto, ya que la mayoría de los recursos están previamente comprometidos. En concreto, las dos terceras partes del presupuesto.

El Estado recauda menos que en 2007

Como se ha dicho, un tercio se destina directamente a los entes territoriales, pero otro tercio corresponde a gastos que tienen una elevada rigidez en su presupuestación, como admite el Gobierno en el Informe Económico Financiero: intereses de la deuda pública, aportación a la Unión Europea, Clases Pasivas del Estado y Fondo de contingencia. El conjunto de estas partidas representa el 27,1% del gasto no financiero.

Los ingresos, por el contrario, son más sensibles al momento económico. Ayer Solbes admitió, por primera vez, que el Estado ha recaudado en el primer trimestre de este año 500 millones de euros menos que lo presupuestado. La cantidad es pequeña respecto a un montante superior a los 152.000 millones de euros, pero significativa porque, por primera vez en los últimos años, el Estado se ha ‘comido’ el colchón que suele reservarse Solbes para presentar al final del año unos resultados mejores que lo anunciado oficialmente.

Con la cantidad de necesidades que están surgiendo por doquier, necesidades financieras se entiende, no es casualidad que a mucha gente se le hayan empezado a ocurrir ideas para utilizar el Fondo de Reserva de las Pensiones. Es una caja muy golosa, nada menos que 51.000 millones de euros, unos 9 meses de nómina de las pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social, la que se acumula en el Fondo.

Naturalmente necesidades para echar mano de este dinero hay tantas como expertos lanzados a opinar sobre qué utilidad darle a este formidable stock de capital. Pero las autoridades se han encargado pronto de aclarar que la única finalidad del dinero del Fondo es asegura a largo plazo la percepción de las pensiones públicas por parte de los cotizantes del sistema y nada más. Es decir, nada de aventuras y sobre todo seguridad en la administración de este patrimonio. Los problemas que surjan en la vida económica y empresarial que se arreglen por otros medios.

El debate sobre qué hacer con tanto dinero junto, cuando la economía se tambalea, cuando las entidades financieras cortan el grifo del crédito o al menos lo restringen severamente porque no tienen liquidez, cuando las emisiones de capital en los mercados internacionales se presentan bastante dificultosas y cuando la rentabilidad del Fondo actual es más bien modesta (en torno al 4% anual de promedio en sus ocho años de vida), es un sugerente tema para fabricar ideas y propuestas alternativas. El debate ya se había iniciado hace un año, cuando la crisis económica (o la desaceleración, como la llaman algunos) asomada por las esquinas. Se dijo entonces que, con una Bolsa tan alcista, era una lástima que el Fondo de Reserva de las Pensiones no rentara algo más aprovechando el buen momento bursátil y que era una pena que los gestores del Fondo no aprovecharan la oportunidad para poner algo de dinero en el mercado de acciones.

Aunque parezca difícil de entender, ha sido el PP y en todo caso los sindicatos, quienes han puesto la proa a la sugerencia del Gobierno de colocar en Bolsa un 10% de los recursos del Fondo, que entre tanto logra sus rentabilidades invirtiendo en Deuda Pública de varios países europeos, España sobre todo. Por este motivo, el rendimiento de este patrimonio ahorrado, que en principio debe seguir creciendo al ritmo del superávit de las cuentas de la Seguridad Social que reflejan el equilibrio entre cotizaciones y prestaciones, está en cotas bastante modestas. Ha primado siempre el criterio básico de la seguridad más que el de la rentabilidad, huyendo de todo riesgo. Conviene recordar que si hace un año se le hubiera hecho caso a quienes pedían invertir el 10% del Fondo en Bolsa quizás a estas alturas algunos estarían lamentándolo o esgrimiendo pruebas de lo acertado de su rechazo.

Nada hay, sin embargo, escrito sobre este asunto en el resto del mundo en donde hay instituciones de tipo similar. Da la casualidad de que en los últimos meses, en los países emergentes (algunos de los cuales han acumulado ingentes cantidades de dinero al calor de la bonanza en los precios de las materias primas, sobre todo energéticas), han surgido importantes fondos denominados “soberanos” que han mostrado últimamente una intensa actividad tomando posiciones de inversión en los mercados (por ejemplo, suscribiendo casi en solitario algunas ampliaciones de capital de los bancos en crisis).

Si los fondos soberanos extranjeros, muchos de ellos con base en países árabes, están poniendo su grano de arena y aprovechando la oportunidad de tomar posiciones en los mayores bancos del mundo, ¿por qué un fondo de perfil más o menos similar no puede hacer lo mismo, por ejemplo, en España, suscribiendo emisiones de entidades financieras solventes como son las españolas? La idea ha empezado a circular y posiblemente no llegue a buen puerto. Pero el problema de raíz sigue siendo el mismo: la rentabilidad actual y reciente (últimos ocho años) del Fondo parece manifiestamente mejorable. Mientras esa insatisfacción no se resuelva, los espontáneos con ideas supuestamente mejores para dotar de mayor utilidad a las inversiones del Fondo van a proliferar.

El Gobierno va desfilando por el Parlamento para desgranar sus pretensiones. Si el miércoles la vicepresidenta informó a la Comisión Constitucional, ayer fue el vicepresidente quien compareció ante la de Economía y el ministro de Justicia en la correspondiente para, en este caso, poner sordina a la alarma creada tras el caso de la niña asesinada en Huelva y el informe sobre los desoladores retrasos en la gestión de la justicia.

Solbes construyó un informe a su estilo, burocrático y coherente, sin ruido, sin anuncios aparatosos y amarrado a la autoestima y a la confianza en el futuro. Huye de cualquier palabra inquietante y se aferra a algunos eufemismos del tipo “crecimiento a corto plazo más incierto y menos positivo… viviremos tasas de crecimiento inferiores al potencial… comportamiento del empleo menos favorable…”.

Estamos, pues, ante una deriva de reconocimiento progresivo de una economía que va a menos, que retrocede, pero evitando cuidadosamente cualquier palabra que huela a pesimismo o derrotismo. En el campo de lo concreto, el pronóstico del responsable oficial de la economía es que el año 2010 España recuperará tasas de crecimiento del orden del 3% y que, en cualquier caso, este y el próximo año el crecimiento del PIB español será superior al de la zona euro y al del conjunto de la UE.

A la hora de apuntar causas y orígenes del nuevo ciclo, Solbes insiste en apuntar al exterior, a las turbulencias financieras internacionales y al encarecimiento de materias primas básicas. De manera que el Gobierno no se siente culpable de nada. No obstante reconoce (vuelta a eufemismos) que el sector de la construcción residencial está en “un proceso de vuelta hacia niveles más sostenibles a medio y largo plazo”.

El vicepresidente, habilidoso alto funcionario que patina en el hielo sin despeinarse, no se mete en compromisos más allá de decir que algunas fases de la crisis son cíclicas y otras exteriores y que por tanto hay que esperar y ver, no meterse a redentor y recordar que hay problemas que no tienen arreglo (así que no enredar) y otros se arreglarán por sí mismos (de manera que tampoco enredar).

En la parte dispositiva reiteró lo ya conocido, que no quiere perturbar los procesos y que sin molestar demasiado se irán produciendo ajustes y reformas pactadas y que no alboroten, ajustes graduales, pocas aventuras y dejar correr.

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