Reggio’s Weblog

Balanzas y ética, de Pedro Puy en El País de Galicia

Posted in Derechos, Economía, Política by reggio on 4 agosto, 2008

A estas alturas del debate sobre las balanzas fiscales, quién haya tenido la paciencia de seguir los muchos análisis aparecidos desde que el ministerio presentase sus seis versiones del pasado 15 de julio, habrá deducido, correctamente, que las balanzas confirman que en España la redistribución territorial funciona y es muy intensa (aunque difícil de medir con precisión); que por ello los territorios en los que la renta personal es inferior a la media son los que arrojan un mejor saldo en la balanza fiscal, y viceversa; y que las comunidades que gozan de un régimen fiscal especial, las dos forales y Canarias, arrojan un resultado llamativamente favorable para ellas en términos de contribución neta a los gastos de la Administración central, lo que exacerba las demandas de otras Comunidades ricas.

Puede, también, haber descubierto que por muy sorprendente que parezca es posible encontrar a algunos que, como los nacionalistas gallegos, son incapaces de reconocer frente a toda evidencia que el Estado del Bienestar en España funciona, y que ello es bueno, particularmente para Galicia; y también puede haber concluido, en sentido inverso, que las reivindicaciones de algunas autonomías, como la catalana, tienen cierto fundamento, pues no resulta del todo lógico que las administraciones de los territorios en los que se generan más rentas dispongan de muchos menos recursos per cápita que las de menor renta media, cuando prestan los mismos servicios, e incluso teniendo en cuenta que hay factores (como la dispersión de la población, o su envejecimiento; pero también la extensión territorial o la congestión) que encarecen la prestación de esos mismos servicios (cosa que, por cierto, respecto de algún bien público sabemos, pero que está lejos de haber sido contabilizada a nivel global).

Sin embargo, apenas se han hecho comentarios sobre los aspectos éticos implícitos en el método de elaboración de las balanzas fiscales. Hace unos días, José Antonio Griñán recordaba, en un excelente artículo publicado en EL PAÍS y refiriéndose a la seguridad social, la improcedencia técnica de mezclar en una misma balanza los flujos de solidaridad interterritorial con los flujos de solidaridad intergeneracional. Pero, más allá de la conveniencia técnica de contabilizar en la balanza (de un solo año, como ha hecho el ministerio) unos flujos monetarios que tienen su origen en cotizaciones generadas de forma dispersa tanto en el tiempo (vida laboral) como en el territorio (flujos migratorios internos), la cuestión de si la seguridad social misma debe integrarse o no en el cálculo de la balanza fiscal es básicamente una cuestión ética.

Coincidiendo, precisamente, con la oficialización de las balanzas fiscales en España, y en un curso de verano celebrado en Barcelona, un reconocido experto en financiación subcentral, el profesor de la Universidad de Friburgo Bernard Dafflon, hizo enrojecer a más de uno de los presentes cuando manifestó con vehemencia que, tecnicismos al margen, introducir la Seguridad Social en una balanza fiscal territorial era intrínsecamente “perverso”; que por ello, en Suiza, cuando se encargó a un grupo de expertos contabilizar los flujos territoriales de la seguridad social los economistas locales se negaron a hacerlo por razones estríctamente éticas, consiguiendo que desde entonces en Suiza no se publiquen estadísticas territorializadas de la Seguridad Social; y que por pura ética profesional, ningún economista, suizo o zuavo, debería prestarse a analizar lo que es un mecanismo de solidaridad personal, a través del cual los que tienen trabajo y salud ayudan a los que no pueden trabajar, desde una perspectiva de flujos territoriales. Una cuestión ética que se debe acompañar de un dato adicional: la exclusión de la seguridad social de las balanzas fiscales autonómicas reduce a la mitad el déficit fiscal de comunidades como Madrid o Cataluña.

Un viejo chiste de la profesión económica cuenta que cuando Dios creó la luz, el Diablo le contestó creando las tinieblas; que cuando creó el sexo, el Diablo contratacó creando el matrimonio. Y que cuando creó un economista, tras acusar el duro golpe y meditarlo mucho, el Diablo replicó creando otro. Desde el humor, la profesión económica acostumbra a recordarse a sí misma que la economía ni es una ciencia exacta, ni sus intereses y conclusiones analíticas son éticamente neutros. Como las balanzas fiscales.

Anuncios
Tagged with:

Bilateralidad múltiple, de Pedro Puy en El País de Galicia

Posted in Economía, Política by reggio on 2 junio, 2008

Hace unos 20 años, recapitulando a propósito de la publicación de una compilación de sus principales trabajos sobre el desarrollo del federalismo en América, el conocido politólogo norteamericano William Riker concluía: “Las disputas intergubernamentales son inherentemente necesarias al federalismo; claramente, si no hay disputas, o es porque el sistema político federal ha sido completamente centralizado, o porque se ha colapsado”. Como especie dentro del conjunto más amplio de los sistemas políticos federales, el Estado de las Autonomías, sin llegar a ser propiamente un estado federal, comparte la característica esencial enunciada por Riker. Y pocos ámbitos mejores para comprobarlo que el relacionado con las disputas sobre la financiación autonómica.

El vigente sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es el resultado de un complejo proceso de negociaciones políticas de todo tipo desde sus orígenes. Entonces las necesidades de gasto de los nuevos gobiernos autonómicos fueron fijadas bilateralmente a través del conocido método del coste efectivo (que sigue en vigor cuando se realizan nuevos traspasos competenciales), con el resultado de que las valoraciones se determinaron, muchas veces, por criterios de afinidad política antes que por criterios técnicos. Después, generalizado el hecho autonómico y en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano, sólo, “de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera”), han sido sucesivas negociaciones políticas, cada una en un contexto político concreto, las que han condicionado la evolución del sistema de financiación autonómica.

El resultado es un sistema que difícilmente puede ser más complicado y que no se ajusta a ninguno de los modelos comparados de los países federales, pero que contiene, porque se han ido aceptando a petición de cada uno de los gobiernos autonómicos en función de su coyuntural capacidad de influencia, elementos utilizados en prácticamente todos ellos. Parte de los ingresos propios son de índole tributaria, como en Estados Unidos y Suiza, pero con severas limitaciones al ejercicio de la autonomía normativa, limitación que no existe en esos países. La otra gran porción de los ingresos proviene de la participación en los ingresos del Estado, pero no se hace el reparto, como en Alemania, en base a la recaudación territorializada, sino a través de un Fondo de Suficiencia que aúna objetivos de suficiencia y solidaridad y que contiene, para su cálculo, nada menos que (1) una limitación inicial (recursos a repartir para financiar tres “bloques” de gasto autonómico: servicios comunes, sanidad, y servicios sociales); (2) un cálculo de las necesidades de gasto para cada comunidad que se realiza de acuerdo con distintos criterios (población, dispersión, territorio, insularidad…) según el bloque de que se trate, y dos reglas técnicas de modulación que se aplican con posterioridad al reparto inicial; (3) una ponderación adicional que se aplica a continuación para minorar las necesidades de gasto en función de la capacidad fiscal de cada comunidad; y (4) unas garantías mínimas de evolución de los recursos que garantizan un suelo de incremento para cada comunidad a lo largo del tiempo.

Y si las reglas parecen (porque lo son) difíciles de comprender, facilitando el poco democrático recurso, por las autoridades autonómicas, de la ilusión fiscal, más aún lo son los resultados: ni la renta per capita, ni el PIB per capita, ni el coste real de prestación de los servicios en cada territorio, parecen explicar que los recursos que obtiene cada comunidad sean tan diversos. Y por si todo ello no fuera suficiente, dos comunidades, la vasca y la navarra, mantienen, mediante su peculiar sistema foral (confederal) de financiación, un plus de recursos muy superior al de la media de las 15 comunidades de régimen común para prestar más o menos los mismos servicios, lo que acentúa el agravio comparativo y las tensiones del sistema.

Nada hay de extraño, Riker dixit, en el hecho de que cada vez que se renegocia la financiación autonómica aparezcan disputas. Sí resultan, en cambio, mucho más extrañas a los sistemas políticos federales que estas discusiones pivoten exclusivamente sobre el “qué hay de lo mío” y fuera del marco de un modelo general y coherente de financiación; y que estas disputas no se resuelvan en un foro legislativo adecuado para el análisis, la discusión y la adaptación del sistema (como el que debería ser nuestro Senado). Las negociaciones bi, multi, parcialmente laterales y colaterales tienen lugar en agradables citas gastronómicas en las que resulta más sencillo, ahora sí con coherencia, que los amigos puedan arrimar el ascua a su sardina.

Tagged with: