Reggio’s Weblog

¿Nostálgicos de Pujol?, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 18 julio, 2008

La memoria, en general, es corta, y la memoria política más aún. Por eso no me parece superfluo recordar que, hace apenas un lustro, había en este país mucha gente -adversarios, analistas e incluso allegados- que no daba un céntimo por el futuro de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En las postrimerías de la presidencia de Pujol y después, tras la conquista del gobierno de la Generalitat por parte de las izquierdas coligadas, los pronósticos sobre Convergència eran más bien agoreros. El partido no sobreviviría a la retirada del padre fundador, al eclipse del hiperliderazgo que lo estuvo guiando durante tres décadas. Lejos del poder que la había engordado, CDC iba a languidecer inexorablemente, eso si no sufría un colapso rápido, al modo de la Unión de Centro Democrático. En todo caso, los cientos, los miles de paniaguados y oportunistas que se afiliaron por clientelismo, para ser delegados territoriales de esto o gerentes de aquello, huirían en desbandada hacia siglas más prometedoras. Y por supuesto, la siempre frágil coalición con Unió Democràtica estaba a punto de volar por los aires. De hecho, allá por 2003-2004, todos los partidos electoralmente fronterizos con CiU ya se estaban repartiendo sus despojos y algunos edificaron buena parte de sus hoy fracasadas estrategias sobre la hipotética adquisición de ese botín.

Sin embargo, Convergència -o mejor dicho, la realidad sociopolítica de un millón de votantes que hay detrás de las siglas- ha demostrado ser sólida y ha resistido bastante incólume estos cinco años en la oposición, con las altas y las bajas normales e incluso, entre estas últimas, con alguna que merecía puente de plata. Que el señor Miró i Ardèvol haya dejado de practicar el entrismo ultramontano en el seno de CDC y se disponga -o eso sería lo honesto- a medir su representatividad social encabezando una lista católico-integrista en las próximas elecciones, es una buena noticia para la coherencia y la credibilidad del partido que lidera Artur Mas.

El pasado fin de semana, durante su 15º congreso, éste pareció superar al fin el duelo por la pérdida del gobierno catalán, evitó lamerse las heridas y recrearse en los “agravios” recibidos, aun cuando no pudo evitar unas dosis de melancolía ante las victorias aritméticas que luego se frustran en la trastienda de los pactos postelectorales. Al realizar su informe de gestión sobre el periodo 2004-2008, Mas habló de “los cuatro años más difíciles de la historia del partido”, aludió a lo dura que es la “travesía del desierto” e hizo notar que a la victoria de CiU en las autonómicas de noviembre de 2006 le faltaron sólo 40.000 votos, tres diputados, para conquistar la presidencia de la Generalitat. En todo caso, y a diferencia de lo sucedido durante aquella campaña, la demonización del tripartito, la idea de un contubernio espurio para arrebatarles el poder, el mensaje del famoso DVD Confidencial Cat, todo esto estuvo ausente de los debates congresuales.

El golpe todavía duele, pero Convergència va asumiendo que, si permanece en la oposición, es ante todo por su propia incapacidad para alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente y sólo en segundo término por la dificultad de encontrar socios de gobierno. Si esto último depende de voluntades ajenas, lo primero está en manos propias: se trataría de ilusionar y movilizar de nuevo a los cientos de miles de electores que, habiendo votado a CiU alguna vez, por Todos los Santos de 2006 se quedaron en casa, y en menor medida, de atraer a los votantes decepcionados de otras opciones nacionalistas que en su día les parecieron mucho más radicales y hoy les suscitan más bien perplejidad.

Es a explorar, a tantear estos territorios de crecimiento o de recuperación, a lo que el 15º congreso de CDC dedicó muchas horas de debates en ponencia y varios kilos de papel en forma de enmiendas. ¿Con qué resultado? De creer a numerosos comentaristas periodísticos, con el resultado de acentuar la deriva soberanista -tal es la expresión consagrada-, de mimetizar el discurso de Esquerra Republicana y dejarse arrastrar por ésta al maximalismo en materia de autogobierno; lo cual -concluyen esos mismos análisis- aleja a Convergència de la centralidad catalanista, es incompatible con la recuperación del poder y liquida aquella fructífera ambivalencia que tan bien gestionó Jordi Pujol durante dos décadas.

A este modo de ver las cosas me gustaría plantearle algunas objeciones. Por una parte, también la Convergència de 1984 a 1995 albergó pulsiones y actitudes que hoy calificaríamos de soberanistas. No hace falta apuntar nombres; bastará recordar los gritos de Pujol, president! Catalunya independent! que resonaban frente al hotel Majestic cada noche de mayoría absoluta, o cierta moción parlamentaria por el derecho de autodeterminación, o la llamada “fiebre báltica” de 1990-91… Pujol no las abonó, pero se guardó bien de condenarlas, porque formaban parte, y parte no anecdótica, de su proyecto catch all. Además, por aquel entonces CiU representaba al nacionalismo casi sin competencia, con una Esquerra domesticada y minúscula. ¿Cabe comparar ese panorama con el de hoy, cuando ERC cogobierna y CDC chupa banquillo? No, la Cataluña de 2008, tras las agresiones del aznarismo, tras los equívocos del Estatuto de 2006, tras el mareo de las balanza fiscales, tras las crisis en las infraestructuras, tras los boicoteos y los manifiestos, ya no es la de 20 años atrás, y añorar los funambulismos catalanistas de Pujol carece de sentido.

Pero es que, además, en ciertos casos resulta cómico, o cínico. Tiene gracia que hoy echen de menos la moderación de Pujol quienes en su día lo acusaban de separatista encubierto o de genocida lingüístico, de azuzar a sus “cachorros” en la tumultuosa inauguración del estadio olímpico (1989) o durante la campaña del Freedom for Catalonia, por ejemplo.

Gracias a Dios, existen las hemerotecas.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Manifiestos y automutilaciones, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Cultura, Derechos, Educación, Política by reggio on 4 julio, 2008

Sin duda, el rasgo más admirable del Manifiesto por la lengua común que, desde hace una docena de días, surca el ciberespacio y reina en determinados ambientes mediático-políticos, es la tenacidad de sus padres espirituales. No cabe calificar de otra manera -bueno, sí, también podríamos llamarlo contumacia- el hecho de que quienes en 1981 promovieron el llamado Manifiesto de los 2.300 contra la apenas anunciada normalización del catalán (Federico Jiménez Losantos, Amando de Miguel) estén hoy, 27 años después, entre los impulsores del nuevo alegato. Les acompaña en la cruzada un Alejo Vidal-Quadras que lleva casi dos décadas cultivando políticamente el imaginario conflicto lingüístico en Cataluña. Y figuran en lugares destacados del séquito los babélicos inspiradores, ya 10 años atrás, de manifiestos soi-disant bilingüistas. Aquellos que, alrededor de la supuesta persecución contra el castellano por parte de la Generalitat, montaron incluso un partido político; y, ahora que el juguete se les ha roto, vuelven incansablemente a la carga por la vía del “intoxica, que algo queda”.

Archiprevisible en cuanto a los padrinos, el manifiesto lo es todavía más por el contenido. De un lado, el falaz mantra según el cual “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. (…) Las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias…”. Ah, ¿no? Y entonces, ¿por qué existen en España más de un centenar de disposiciones legales de todo rango que imponen el castellano en múltiples ámbitos, desde el etiquetaje comercial hasta los prospectos farmacéuticos? La filosofía de fondo que inspira el texto de marras se puede sintetizar en muy pocas palabras: aprender o conocer el catalán, el euskera o el gallego -dice- es “un deseo encomiable”, un acto de cortesía; el conocimiento del castellano, en cambio, es “una obligación”. En esta diferencia de rango entre unas lenguas y la otra reside el meollo del asunto.

Por otra parte, y aun tratándose, según quienes la agitan, de una cuestión candente, difundida además por poderosos medios de comunicación y apoyada incluso por la cadena televisiva más vista en Cataluña, tampoco puede decirse que el número de adhesiones al manifiesto sea abrumador. Cualificadas sí lo son. Anteayer, tras 10 días de intensa campaña, se acercaban a las 90.000, descollando entre las últimas la del victorioso y cesante seleccionador español de fútbol, Luis Aragonés, y la del periodista deportivo José María García, también conocido por Butanito. Y bien, si tenemos en cuenta que sólo el partido de Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) -la sigla política más comprometida con esta operación-, obtuvo el pasado marzo en toda España 306.078 votos, podremos calibrar la magnitud del evento.

Sería bueno, pues, que desde el catalanismo transversal no confundiéramos los molinos de viento con gigantes. Y sería excelente que las aparatosas maniobras de ciertos adversarios no eclipsasen los tiros en el pie que a veces nos damos, las inexplicables mutilaciones que nos autoinfligimos. Les pondré un par de ejemplos.

Hace algunas semanas, el conjunto de las universidades del principado acordó que, en adelante, se exigiría a los profesores de nueva incorporación acreditar el nivel C de lengua catalana. La norma incluye buen número de excepciones y deja a cada universidad un amplio margen de discrecionalidad para aplicarla con sensatez. Además, quienes conocemos la enseñanza superior por dentro sabemos que ésta se halla a una distancia sideral de cualquier forma de monolingüismo en catalán. Sin embargo, dos universidades, la Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra, creyeron necesario desmarcarse de aquel acuerdo y anunciar que no lo aplicarían, no fuera caso que se las tildase de provincianas o de excluyentes. Se trata de un simple gesto sin efectos prácticos, lo sé; pero de un gesto acomplejado, que hace suya la lógica de todos los manifiestos citados más arriba: por el mero hecho de defender y usar el catalán se nos presume localistas, cazurros y discriminadores, y es preciso que demostremos no serlo.

Segundo ejemplo, también del mundo universitario. Como bien saben, éste se halla en plena digestión de las directivas de Bolonia, el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, y entre otras cosas ello comporta la reforma de todos los planes de estudios, un proceso siempre complejo en el que suele florecer el “quítate tú para ponerme yo”. Pues bien, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que es desde hace casi cuatro décadas el centro de donde salen la mayor parte de los titulados en Periodismo de este país, ese proceso de reforma todavía en curso emite algunas señales inquietantes. A día de hoy, el borrador de nuevo plan de estudios excluye la historia de Cataluña siquiera como materia optativa, la elimina por completo. Es decir, si el error no se corrige, nuestros futuros periodistas se incorporarían a la profesión sabiendo, sobre la Revolución Industrial, el carlismo, la Semana Trágica o la Guerra Civil, aquello que buenamente recordasen del bachillerato, ni una palabra más.

Me consta que tanto el rectorado de la UAB como el decanato de la facultad citada son conscientes del problema y procurarán remediarlo. Hace falta que puedan. En todo caso, la cuestión es otra: ¿a alguien se le ocurriría suprimir del itinerario formativo de un periodista la redacción o el derecho de la información? No, claro que no. ¿Por qué, pues, puede tomarse en consideración siquiera como hipótesis suprimir la historia del propio país?

Seguiremos informando.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Lo visto y lo leído, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Medios, Política by reggio on 27 junio, 2008

Hace tiempo que, aquí y en muchas otras latitudes de Occidente, la política de masas -es decir, la política desarrollada pensando en los medios de comunicación, y mayormente en el medio televisivo- es ante todo representación, teatro: buena, mala o regular puesta en escena de la imagen propia, y erosión más o menos eficaz de la imagen del adversario. Los contenidos, las ideas, cotizan más bien a la baja; basta ver el irrefrenable auge de prósperos asesores y gabinetes de imagen o de comunicación, por contraste con la lánguida y cuestionada existencia de las fundaciones ideológicas de los partidos.

Desde esta perspectiva, casi toda la crisis vivida por el Partido Popular a lo largo de los últimos meses ha sido una batalla de imagen, de golpes de efecto mediáticos, de mensajes subliminales que culminaron durante el congreso valenciano del pasado fin de semana. También el aznarismo recurrió a tales armas: recordemos la cadencia con que, durante algunos lunes de esta primavera, se anunciaban las deserciones y los golpes bajos contra Mariano Rajoy, al objeto de presentarlo como un loser, como un perdedor nato; recordemos (véase EL PAÍS del 19 de junio, página 15) la foto de la señora condesa de Murillo, doña Esperanza Aguirre, rodeada de travestidos y transexuales para darse aires de progre, aun a riesgo de que la borren del Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios españoles, que es una publicación muy chapada a la antigua…

Sin embargo, fueron finalmente Rajoy y los marianistas quienes se alzaron con la victoria de imagen ante ese nebuloso jurado que forman los medios y la opinión no militante pero informada. El suyo ha sido un triunfo atribuible a méritos propios: el perfil moderno, laico, de mujeres jóvenes aunque sobradamente preparadas que ofrecen tanto Soraya Sáenz de Santamaría como María Dolores de Cospedal, la astucia al compensar las ruidosas bajas de María San Gil o de Ortega Lara con la promoción de Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, el ingreso en la ejecutiva de Ana Botella como un guiño hacia los nostálgicos de su esposo…

Pero, sobre todo, el resultado mediático del XVI Congreso del PP -no hablo ahora del resultado orgánico- se debe a los excesos de sus adversarios. Los desaires gestuales y verbales de José María Aznar, los reproches públicos o privados con que se despidieron los nombres más ligados al desastre del 11-M (Ángel Acebes, Ignacio Astarloa, Vicente Martínez Pujalte…), la campaña insidiosa de El Mundo, la verborrea insultante del rey de la radiodifusión episcopal…, todo esto ha provocado un efecto bumerán, un vuelco emocional entre muchos opinadores o simples ciudadanos que, hasta ahora, contemplaban al revalidado líder del PP con piadoso desdén: si Aznar lo desautoriza, si Pedro J. lo castiga a diario, si la estrella de la Cope lo ridiculiza con tanta saña, quizá este Rajoy es mejor de lo que parecía, después de todo.

El caso es que, desde hace siete días, una amplia mayoría de la prensa española y catalana subraya la ruptura obrada por Rajoy con “el modelo de Aznar”, glosa el carácter “abierto” del “nuevo Partido Popular”, su afán por no inspirar miedo, su disposición al diálogo con los nacionalistas periféricos… Cierto, si se atiende sólo a las imágenes. Radicalmente falso, si leemos por extenso las ponencias aprobadas, más allá de los resúmenes periodísticos.

¿Ruptura, o siquiera inflexión ideológica con respecto al pasado aznarista, cuando el equipo de Rajoy pactó 11 folios de enmiendas a la Ponencia Política con el compromisario Alejo Vidal-Quadras, reelegido además miembro de la ejecutiva? Con Vidal-Quadras, que fue el hombre de Aznar en Cataluña hasta 1996, luego el hombre de Aznar en la FAES, más tarde quien denunció la política lingüística catalana ante la ONU y el Parlamento Europeo. ¿Apertura del Partido Popular hacia Convergència i Unió (CiU), hacia el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuando la aludida Ponencia Política, tras reafirmar “la unidad de la Nación española como sujeto histórico-político”, añade que “no caben, dentro del orden constitucional español, otros sujetos históricos que tengan la consideración de naciones, comunidades nacionales o entidades similares, o de los que se predique que poseen identidad nacional”?

Sí, ciertamente, se han suprimido las descalificaciones más duras que María San Gil había redactado contra el PNV. Pero los nacionalismos siguen siendo un “problema histórico para el mantenimiento de la unidad de España”; y es preciso “evitar que adquieran una desmedida influencia las fuerzas políticas empeñadas en romper los fundamentos de la convivencia nacional”; y el nuevo Estatuto catalán -del que la ponencia abomina explícitamente por dos veces- forma parte de “las desviaciones de signo confederalizante producidas en la organización territorial del poder del Estado”, que será preciso corregir cuando el PP regrese al Gobierno central. ¿Qué espacio para el pacto con CiU piensa tener un Partido Popular que propugna la “reforma parcial de la Constitución” para reforzar las competencias estatales, reducir la autonomía a mera descentralización y “mejorar el sistema electoral” (sic) en detrimento de los partidos periféricos?

En el PP renovado, la imagen va por un lado, y el texto por otro. ¿Cuál de los dos registros prevalecerá? De momento, anteayer, el texto ganó la primera batalla: Rajoy, Cospedal, Soraya, etcétera, se adhirieron en bloque al manifiesto promovido por el diario El Mundo -sí, El Mundo- en defensa de la lengua castellana presuntamente amenazada. Coincidieron, entre los firmantes, con Federico Jiménez Losantos, que la víspera los había calificado de “golfos”.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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El PP, en busca de la emancipación, de Joan B. Culla i Clarà en El País

Posted in Política by reggio on 27 mayo, 2008

Rajoy se vio obligado en la anterior legislatura a mantener al equipo de Aznar para no reconocer los errores del 11-M. Hoy, su intento de virar al centro, como Aznar en 1996, es visto por sectores del PP como una traición

El 15 de marzo de 2000, todavía meciéndose en la euforia de la mayoría absoluta conquistada tres días atrás, el entonces vicesecretario general del Partido Popular y director de la exitosa campaña electoral de Aznar, Mariano Rajoy, se refirió a la delicada situación del PSOE, derrotado y descabezado tras la dimisión de Joaquín Almunia: “Son momentos difíciles que pasan todos los partidos. A nosotros nos tocó hace años y nos volverá a tocar Dios sabe cuándo. Deben (los socialistas) darle vueltas para no equivocarse”.

Bien, todo hace pensar que el “Dios sabe cuándo” es ahora. Efectivamente, en las más de tres décadas de historia que el hoy llamado Partido Popular acumula a sus espaldas no es fácil encontrar crisis internas de la gravedad de la que se manifiesta estos días. Puestos a buscar antecedentes, aparecen apenas dos. El primero tuvo lugar durante el otoño de 1978 cuando, en las postrimerías del debate constitucional, la cúpula de Alianza Popular se partió por la mitad entre los pragmáticos que, capitaneados por Manuel Fraga, deseaban incorporarse de lleno al incipiente marco democrático, y los integristas de derechas (los Gonzalo Fernández de la Mora, José Martínez Emperador, Federico Silva Muñoz…) que rechazaban la Carta Magna porque ésta no hacía referencia a Dios, incluía el nefando término nacionalidades, etcétera. Ya por entonces algunos exaltados tacharon a Fraga de traidor, pero la ruptura afectó poco a las modestas bases aliancistas de la época, y la crisis fue en último término positiva para AP, pues le permitió desprenderse de la ganga ultraderechista que la lastraba.

La otra gran revuelta intestina contra el aparato partidario estalló, tras larga incubación, a mediados de 1988, tuvo como blanco el frágil liderazgo de Antonio Hernández Mancha y culminó en enero siguiente con el eclipse de éste ante el imparable retorno de Manuel Fraga, consagrado por el 9º Congreso de AP. Conviene precisar que, durante aquellos meses de cuchillos largos, ni el peor de sus enemigos acusó a Mancha de traición o heterodoxia doctrinal; sólo de ligereza, inconsistencia, inmadurez o amiguismo. Aquélla fue, por otra parte, una crisis atípica, pues el ariete de quienes querían descabalgar al “presidente nacional” era, nada menos, el padre del partido o, por decirlo con palabras de Federico Trillo, “el dueño del inmueble”: Fraga. La operación consistió, por tanto, en desalojar a unos intrusos y restablecer el orden natural y legítimo de las cosas.

Según es sabido, la desembocadura de aquel proceso de “refundación” tuvo lugar en Sevilla en marzo-abril de 1990, cuando José María Aznar López recibió del 10º Congreso del Partido Popular una autoridad omnímoda que iba a ejercer sin cortapisas durante casi tres lustros. Como hacen todos los poderes, también el aznarismo quiso realzarse a posteriori cargando las tintas sobre la situación heredada. El Congreso de Sevilla -explicaría más adelante Francisco Álvarez Cascos- acabó “con el fulanismo, las camarillas, las facciones y las divisiones, el monólogo y el autismo, las filtraciones, el autoritarismo, el aislamiento nacional del partido y el centralismo dogmático”. Y bien, ¿qué ha ocurrido para que, 18 años después, el PP haya recaído, casi palabra por palabra, en el cuadro clínico tan crudamente descrito por el vehemente político asturiano?

Naturalmente, esa pregunta no tiene una respuesta simple ni unívoca. De todos modos, y a mi juicio, el origen remoto de la crisis actual se sitúa, como la referencia que abría este artículo, tras la obtención de la mayoría absoluta, en marzo de 2000. La amplitud de aquel triunfo hizo creer a los dirigentes populares que tenían por delante al menos una década de hegemonía, desató la prepotencia del Gobierno -favorecida, además, por la coyuntural debilidad de la oposición socialista- e indujo a un Aznar liberado de las ataduras de Pujol a fijar como objetivo estratégico de la legislatura la neutralización política de los nacionalismos periféricos, con especial empeño y particular encono contra el nacionalismo vasco.

Ése fue -y no deberíamos olvidarlo- el contexto en el que tuvo lugar la investidura sucesoria de Mariano Rajoy. Un contexto no ya de enfrentamiento político-electoral, sino de criminalización moral del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y, por analogía, de todas las fuerzas que cuestionasen el concepto uninacional de España. Un contexto en el que, a cada nuevo asesinato etarra, aumentaba dentro o cerca del PP el predicamento de las voces tanto individuales como colectivas (María San Gil, Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz, el Foro de Ermua, Basta Ya, la Asociación de Víctimas del Terrorismo…) que habían hecho del combate contra cualquier nacionalismo distinto del español su razón de ser. Un contexto en el cual el Gobierno y el partido de Aznar tendían a situar a adversarios, críticos y contraopinantes ante un dilema perverso: o con la Constitución (interpretada por el PP), o con ETA.

Si el Partido Popular no hubiese sido prisionero de esta lógica, de esta obsesión antinacionalista, los atentados del 11 de marzo de 2004 no habrían arruinado sus expectativas electorales ni cerrado a Mariano Rajoy las puertas de La Moncloa. Pero las trágicas circunstancias de aquella derrota iban a tener para el aspirante pontevedrés otros efectos nocivos. Le obligaron a navegar durante toda la legislatura con una tripulación heredada, porque sustituir a sus primeros oficiales (Zaplana, Acebes, Astarloa y compañía) hubiera supuesto reconocer errores o culpas en la gestión informativa del 11-M. Forzado, pues, a sostenella y no enmendalla -tanto en relación a las bombas de Atocha como respecto de la cuestión territorial y los nacionalismos periféricos-, el partido de Rajoy (¿era en verdad el suyo?) devino cada vez más rehén de ciertos medios de comunicación que le dictaban la agenda y el discurso, le organizaban las manifestaciones antigubernamentales y mantenían al núcleo duro de la militancia enganchado a las teorías conspiranoicas acerca de la matanza en los trenes. Todo ello, con el explícito aval de Aznar y entre desdenes y puyas sobre la falta de agresividad y de cuajo de maricomplejines Rajoy.

Se diría que éste quiso apurar el cáliz hasta las heces, o someter la estrategia del integrismo moral e identitario (contra las bodas homosexuales, contra la Educación para la Ciudadanía, contra el Estatuto catalán…) al test irrefutable de unas urnas sin bombas. El pasado 9 de marzo, esas urnas se abrieron y dibujaron, tras cuatro años de movilización, el techo alto pero insuficiente de la derecha integrista, centrípeta, aislada y hosca. Y Mariano Rajoy, tras algunas dudas, decidió seguir al frente del PP, pero esta vez con tripulantes de confianza y su propia carta de navegar. ¿Para adentrarse en las procelosas aguas de la traición y del entreguismo? No parece. Más bien para darse la posibilidad de hacer, llegado el caso, lo mismo que hizo en su día José María Aznar: virar tácticamente al centro y entenderse con el PNV y con Convergència i Unió. ¿O es que hemos olvidado ya sobre qué vigas levantó el PP, desde 1996, su mayoría absoluta de 2000? Pues sobre pactos del Majestic, sobre figuras como las de Rodrigo Rato o Josep Piqué y sobre cálidos almuerzos entre Álvarez Cascos y Xabier Arzalluz.

Ahora, sin embargo, presuntas intenciones de este tipo -presuntas, porque ninguna ponencia, ningún documento público las explicita- son presentadas como actos de quintacolumnismo, de connivencia con el enemigo. Y un clásico combate intrapartidario por el poder entre ambiciones encontradas se disfraza de cruzada ética, de lucha por los principios. Con una singularidad: el papel que, como guardianes de esos principios, se arrogan un diario, una cadena radiofónica y, detrás de ésta, algunos jerarcas eclesiásticos.

Durante la primera década del posfranquismo, fueron comunes los intentos de determinados poderes patronales o bancarios de tutelar mediante préstamos, avales y donativos a los distintos partidos de centro y derecha (AP, UCD, PDP, CDS, PRD…), de dictarles alianzas y hasta imponerles liderazgos. Si, además de salvar su cabeza política, Mariano Rajoy consiguiera ahora emancipar al PP de la tutela moral de ciertos liberales a lo Torquemada, Mazarinos de secano y otros aprendices de brujo, todos los demócratas le deberíamos gratitud por ello.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Chantaje moral, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 23 mayo, 2008

Hasta donde hoy sabemos, un resumen de lo ocurrido podría ser el siguiente: tras la dulce derrota del 9 de marzo, Mariano Rajoy se apresuró a autorrevalidar su liderazgo y a concederse una tercera oportunidad para alcanzar La Moncloa. Consciente de que tales pasos no despertaban entusiasmo entre la vieja guardia heredada de Aznar, el presidente del PP lanzó sobre ésta un plan de jubilaciones anticipadas o inducidas al que se acogieron, con pose dolida y tácitos reproches de ingratitud hacia el jefe, nombres tan conspicuos como Eduardo Zaplana o Ángel Acebes. Paralelamente, Rajoy configuraba a su alrededor un nuevo equipo de confianza, más joven y de talante al parecer más abierto, simbolizado por la portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría.

A esas alturas, la inquietud de la vieja guardia ya era grande, y se tradujo en la tentativa de Esperanza Aguirre de erigirse en rival de Rajoy y disputarle el liderazgo durante el congreso previsto para el mes de junio. Sin embargo, aquel intento pinchó; planteado el duelo como una lucha por el poder, el presidente popular en ejercicio contaba con el apoyo del aparato y de casi todas las baronías territoriales, excepto la madrileña. Es verosímil que fuera entonces cuando alguien (¿Jaime Mayor Oreja? ¿El propio José María Aznar?) decidió situar la batalla en otro terreno más propicio: el de la firmeza de los principios doctrinales y éticos, frente a la presunta blandenguería, al supuesto tacticismo del entorno de Rajoy o del mismo Rajoy. Es ahí donde irrumpió en escena, como el arma secreta del anti-rajoyismo, María San Gil.

Convendrán conmigo en que, desde su anuncio el domingo 11 de mayo de abandonar la ponencia política congresual por “diferencias fundamentales” en el seno de la misma, el gesto de la líder del PP vasco ha tenido efectos y consecuencias muchísimo más graves que todos los amagos de Esperanza Aguirre, unas semanas atrás. Cosa chocante, porque mientras Aguirre preside una próspera y potente comunidad autónoma con el apoyo del 53% de los votantes, San Gil encabeza una oposición menguante, que en los comicios de 2005 perdió cuatro escaños y bajó hasta el 17% de los votos.

Entonces, ¿cuál es la clave del impacto que María San Gil Noain, a modo de proyectil rompedor, ha causado en las posiciones de Rajoy? Por supuesto, es ese intangible llamado autoridad moral. Testigo del brutal asesinato de Gregorio Ordóñez por ETA en 1995, es fama que aquel suceso la impulsó a la actividad política en el seno del Partido Popular, primero como concejal de San Sebastián (1995-2004), luego como presidenciable y diputada en el Parlamento de Vitoria. Naturalmente, todos los electos vascos del PP -y del PSOE- se juegan la vida, todos llevan escolta; pero a San Gil aquel origen sangriento de su vocación, una vehemencia verbal a veces excesiva (por ejemplo, cuando calificó a Patxi López de “fascista”, o cuando dijo que “con Franco vivíamos en paz”) y un antinacionalismo integérrimo la convirtieron pronto en “la valiente política vasca”, en el ídolo de la derecha mediática madrileña, en la Juana de Arco -heroína y casi mártir- del españolismo en Euskadi. Con decir que Paco Umbral la calificó un día de “santa”… Es en esta condición casi sagrada de monopolista de la verdad con respecto al tema vasco, de depositaria del genuino patriotismo español en aquel escenario hostil, que San Gil le ha retirado la confianza a Rajoy asestándole así un durísimo golpe.

Con todo, se supone que no estamos hablando de santos, sino de política, un campo donde debería imperar alguna racionalidad. La propia María San Gil ha admitido, en medio de su desplante, que la ponencia política para el 16º Congreso del PP recoge la práctica totalidad de los postulados que ella abandera. Así debe de ser, pues en los 236 epígrafes que componen dicha ponencia (25 folios) no hay nada, absolutamente nada, que induzca a pensar en un cambio de la estrategia territorial o identitaria del Partido Popular, ninguna base para hablar de un “acercamiento a los nacionalistas”.

Todo lo contrario. Impregnan el texto en cuestión una férvida defensa tanto de la Constitución de 1978 como “de la idea, de la realidad, de la historia y del proyecto de España”, aderezadas con la afirmación casi obsesiva de la soberanía nacional única residente “en el conjunto del pueblo español”. Al mismo tiempo, la ponencia está llena de gravísimas descalificaciones contra los nacionalismos periféricos (“hay fuerzas políticas empeñadas en romper los fundamentos de nuestra convivencia…”, “la permanente deslealtad al marco autonómico y sus límites ha otorgado a los partidos nacionalistas una capacidad de arbitraje y desestabilización que no podemos permitir…”, “el conjunto de los nacionalismos coincide en intensificar un proceso disgregador de la Nación española”); ataca frontalmente “modelos, como el de Cataluña, (que) plantean relaciones inadmisibles de cosoberanía con el Gobierno de España”; y proclama el “derecho básico e inaplazable” a “estudiar en castellano en todo el territorio nacional y en todas las etapas del sistema educativo”. Y bien, ¿qué más debía incluir la dichosa ponencia para inspirar plena confianza a María San Gil? ¿Los Veintisiete Puntos de la Falange? ¿Las arengas de Queipo de Llano?

Tres semanas atrás, y según los medios afines, José María Aznar transmitió a sus allegados que sólo metería baza en la crisis del Partido Popular si ésta se agravaba. Esta semana ha intervenido. ¿Porque las cosas están peor, o porque ya no aguantaba más entre bambalinas?

Joan B. Culla i Clarà, es historiador.

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Compañeros, pero no primos, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Economía, Política by reggio on 16 mayo, 2008

Definitivamente, el tema de la nueva financiación autonómica se ha alzado -con permiso de la crisis en la cúpula del Partido Popular- al primer puesto de la agenda política española para la recta final del curso 2007-2008. Es en este contexto de calculadas maniobras territoriales, de acercamientos tácticos entre gobiernos autónomos de distinto color mientras los correligionarios se amenazan veladamente unos a otros (“nos vamos a ver las caras”), de mensajes admonitorios de Felipe González y apostillas jacobinas de Alfonso Guerra, es ahí donde el presidente Rodríguez Zapatero decidió el pasado domingo, en Barakaldo, hacer las primeras alusiones públicas a tan peliaguda cuestión. A mi juicio, no acertó ni el marco ni el mensaje, y me gustaría argumentar por qué.

En primer lugar, un acto de partido -la Fiesta de la Rosa del PSE-PSOE- no resulta el escenario más adecuado para desbrozar asuntos de Estado, y el de la financiación autonómica lo es de primera magnitud. El artículo que José Montilla había publicado la víspera en EL PAÍS -y que Zapatero tenía sin duda en la cabeza durante su discurso vizcaíno- no lo firmó como primer secretario del PSC, sino como presidente de la Generalitat. En ese texto, no se argumentaba sólo en nombre de los votantes socialistas catalanes, sino también en el de los demás votantes, de los abstencionistas y hasta de los que no tienen derecho a votar, pero sí tarjeta sanitaria e hijos escolarizados. La persistencia durante años de una financiación -cito al presidente Montilla- “clamorosamente injusta” ha dado lugar a un problema político, económico y social que perjudica a más de siete millones de personas; por respeto a ellas, no debería ser manoseado en latiguillos de mitin.

Por añadidura, la respuesta que el inquilino de La Moncloa dio a la preocupación expresada por el presidente catalán -la de que al final prevalecerá la unidad, porque “ante todo nos llamamos compañeros, seamos de donde seamos”- es por completo improcedente. Lo que en estos momentos dirimen Chaves, Montilla, Fernández Vara, Pérez Touriño, Antich, etcétera, no son unos puestos en la ejecutiva federal del PSOE ni unas cuotas de poder orgánico; son intereses socioterritoriales contrapuestos, desequilibrios y disfunciones en el reparto de los recursos públicos, de cuya resolución deberán dar cuenta no ante los militantes, sino ante el conjunto de los ciudadanos de cada comunidad. Por tanto, la apelación a la fraternidad socialista, a la unidad del partido, está fuera de lugar. ¿O acaso es más socialista, más propio de compañeros, el actual modelo de financiación que uno distinto, menos ruinoso para Cataluña?

Aunque la pregunta parezca retórica, hay motivos para sospechar que no pocos la responderían afirmativamente, y no sólo el ya retirado Rodríguez Ibarra. En efecto, cuando exhibe su peso electoral para preservar los propios intereses, la Andalucía de Chaves “hace lobby“; si Cataluña, incluso presidida por un socialista nacido en Iznájar (Córdoba), invoca el Estatuto vigente para reclamar un trato financiero más justo, entonces lo que sucede es que los catalanes amenazan y chantajean, resquebrajan la Constitución y son terriblemente insolidarios. A la satisfacción -incluso con creces- de las reclamaciones económicas de ciertos territorios se la llama “solidaridad”; al mero planteamiento de las aspiraciones catalanas en la materia se le denomina “egoísmo nacionalista”.

Cuando Pasqual Maragall hablaba de replantear las relaciones Cataluña-España, de revisar a fondo ambos nacionalismos, cuando propugnaba el protagonismo catalán en la construcción de un Estado federal o aludía a una “España en red” en vez de radial, barones, apparatchiks y corifeos del socialismo español aseguraban no entender nada, desdeñaban esos planteamientos por confusos, ilusorios o irrealizables: maragalladas. Pues bien, a su sucesor José Montilla se le entiende todo; lejos de abstracciones teóricas o arrebatos épicos, lo que el actual presidente denuncia y exige remediar es que -por ejemplo- en 2005 la finaciación per cápita de un ciudadano de Cataluña fue inferior en 422 euros a la de un ciudadano de Extremadura. Sin embargo, la claridad del mensaje no lo ha hecho más simpático al otro lado del Ebro; tal vez al contrario: la apelación directa al dinero ha activado todas las alarmas y desatado todos los prejuicios.

El artículo que el presidente Montilla publicó en estas mismas páginas el pasado sábado, por otra parte, contenía una interesante advertencia: la de que, si los catalanes no consiguen una fórmula de financiación más equitativa, ello podría alimentar “fenómenos como la Liga Norte italiana”. En este país, donde el discurso de la corrección mediática ha dibujado al partido de Umberto Bossi como una simple cuadrilla de fascistas y xenófobos, votados por una masa de energúmenos vociferantes, reconforta que un dirigente de izquierdas admita la existencia, detrás del triunfo electoral liguista, de problemas reales y agravios objetivos. La izquierda italiana está empezando a moverse en la misma dirección y ha puesto ya sobre la mesa el proyecto de un Partito Democratico del Nord…

Hace casi un siglo, durante las primeras grandes campañas del catalanismo político en pro de la autonomía, alguien lanzó desde Madrid una maldad ingeniosa: “Cataluña, dijo, “es la única metrópoli que quiere independizarse de sus colonias”. Era una ocurrencia doblemente falsa, pues ni había voluntad de secesión, ni Cataluña tenía a España colonizada. Pero conectaba con un hecho cierto: durante 100 años, los máximos inhibidores del sentimiento independentista catalán han sido el bienestar social y el progreso económico. ¿Está dispuesto el actual Gobierno central a asumir la responsabilidad histórica de haber volado esos diques?

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Paisaje antes de la batalla, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 2 mayo, 2008

Tras las elecciones generales del pasado 9 de marzo, y con la apretada agenda congresual de los próximos junio y julio ya en el horizonte, el panorama político catalán se presenta, de aquí a final de curso, sencillamente apasionante. Si aparcamos por hoy los enredos internos del Partido Popular en Cataluña -tiempo habrá de analizarlos como se merecen-, los grandes hitos y las grandes incógnitas del trimestre que ahora comienza se llaman, por este orden, Esquerra, Convergència y PSC.

El 25º congreso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es, desde luego, el más difícil de pronosticar, y ello por dos razones. Porque el ADN del septuagenario partido incluye el gen de la imprevisibilidad y porque, con cuatro fracciones en liza que pueden aliarse bajo combinaciones distintas, cualquier augurio resulta muy arriesgado. De todos modos, es posible que prevalezcan en la asamblea republicana las fuerzas del establishment, quienes saborean las mieles del poder institucional y no están dispuestos a escupirlas para volver al arduo testimonialismo. Que ERC quiera fortalecer su identidad en el seno del Gobierno tripartito, que no considere esta alianza la única posible y explore acercamientos a Convergència, es de una prudencia táctica elemental, pero no tiene por qué impedir el triunfo del pragmatismo.

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) afronta su 15º congreso con la construcción de la “casa gran del catalanisme” todavía en la fase de movimiento de tierras, aunque confortada por las discordias hídricas de sus adversarios y por la sensación general de fragilidad que envuelve al Ejecutivo de José Montilla. Tras una década sufriendo el síndrome de la emulación con respecto de Esquerra -a ver cuál de los dos partidos exhibía más músculo patriótico- parece resurgir entre los convergentes el anhelo de centralidad: la conciencia de que un partido catalanista catch all -ésa fue la exitosa fórmula de Jordi Pujol- no puede prescindir de aquellos sectores moderados, más proclives a la gestión que a la lírica, a los cuales se etiquetó durante lustros como roquistas y cuya representación actual suele atribuirse al alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. Por consiguiente, y sin que quepa esperar ni un giro copernicano ni ninguna clase de purga, es razonable prever que el círculo de poder orgánico y de orientación estratégica en torno a Artur Mas (el pinyol) se amplíe por acumulación, incorpore sensibilidades más diversas y sea capaz de combinar el nacionalismo de los grandes ideales con el de las cosas concretas.

Cerrará la serie, poco antes de la pausa vacacional, el 11º congreso del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Cuando una organización política preside y gobierna mayoritariamente la Generalitat, participa del Ejecutivo estatal, controla los grandes ayuntamientos del país y tres de las cuatro diputaciones provinciales, y además acaba de cosechar unos resultados electorales como los del 9-M, resulta casi imposible que se sustraiga a la euforia y la autocomplacencia. Sin embargo, tal como subrayaba el otro día en privado un ilustre veterano de la casa, el PSC tiene también ante sí un montón de desafíos tácticos de primera magnitud. El debate público de estas semanas a propósito del grupo parlamentario propio en el Congreso es sólo un indicio de problemas más profundos: en 2008, el reto de los socialistas catalanes ya no es quitarse de encima el viejo estigma de sucursalismo, sino gestionar la contradicción creciente entre sus intereses y los del fraternal binomio Moncloa-Ferraz.

Todo lo escrito hasta aquí, no obstante, parte de una hipótesis incierta y problemática: que lleguemos al mes de agosto sin sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006. Si, por el contrario, el alto organismo resuelve antes de las vacaciones, y si lo hace en el sentido que el perfil ideológico de sus magistrados hace temer a muchos, entonces la política catalana podría verse sacudida por un verdadero tsunami.

No me tomen por agorero, pero supongamos que el tribunal anula por inconstitucionales la referencia del preámbulo a Cataluña como nación y algunos aspectos sustantivos del articulado (el deber de conocer el catalán, la bilateralidad…) o los interpreta decididamente a la baja. No hace falta una bola de cristal para prever los efectos que una sentencia de este tipo tendría sobre el debate interno de Esquerra Republicana: no sólo iba a multiplicar el predicamento de quienes, como Joan Carretero, ven en la anulación del Estatuto el mejor trampolín hacia la independencia; serían las propias fracciones de Carod y Puigcercós las que, presionadas por la militancia, abanderarían el discurso de la radicalización y la ruptura.

¿Y en el seno de Convergència? Es obvio que, en ese eventual escenario, las tesis de moderación, pragmatismo y pactismo de los herederos de Miquel Roca serían desarboladas y barridas por los planteamientos más soberanistas. CDC se vería lanzada otra vez a una surenchère patriótica con ERC por cuál de las dos siglas capitalizaba más el desaire, el bofetón del Estado a nuestra dignidad colectiva, o se vería empujada a confluir con los republicanos en una táctica de frente nacionalista. En cuanto al PSC, tampoco su suerte tendría nada de envidiable, con el presidente Montilla emparedado entre el choque frontal con el PSOE o la ruptura irreparable del tripartito, entre la crisis orgánica y el naufragio político.

Por supuesto, estoy muy a favor de la independencia de los tribunales, lo cual no significa que crea siempre en ella. Pero, al mismo tiempo, ¿no es una obligación primordial de los responsables públicos -incluidos los magistrados- sopesar y calibrar bien las consecuencias de sus decisiones?

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Un gozo efímero, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 11 abril, 2008

A la luz de los resultados que las elecciones generales del pasado 9 de marzo tuvieron en Cataluña, despuntó entre algunos opinadores y más todavía entre ciertos actores políticos un conato de debate sobre a quién cabía atribuir el mérito de la espectacular victoria socialista, sobre de quién eran los votos que formalmente recogió Carme Chacón. Unos -incluso con despacho en la madrileña calle de Ferraz- sostuvieron que el grueso de esos sufragios eran de Rodríguez Zapatero y, por ende, del PSOE porque, argumentaban, cuando el PSC se presenta a las autonómicas sin el tirón de ZP, obtiene aproximadamente la mitad. Otros -más bien radicados en la barcelonesa calle de Nicaragua- replicaron que, si el PSC no gobernase desde hace cuatro años y medio en Cataluña, el escrutinio del 9-M no le habría sido tan propicio y, por tanto, la victoria global del PSOE se habría visto amenazada.

¿Discusión bizantina? No lo creo aunque, a mi juicio, debería plantearse de otro modo. Teniendo en cuenta la creciente homogeneidad sociológica, mediática y económica de España, ¿cuál es el factor X que permite al PSC-PSOE sacarle al PP en Cataluña una ventaja de 29 puntos porcentuales y 17 escaños, mientras en Madrid o en la Comunidad Valenciana -por ejemplo- la derecha gana cómodamente por 10 puntos o más de diferencia? Si, según ha subrayado recientemente ese perspicaz científico social que es José Bono, la guía telefónica de Madrid y la de Lleida -y la de Toledo, supongo- ofrecen grandes semejanzas en cuanto a los apellidos, ¿por qué en Lleida el PP considera un éxito sacar el 15% de los votos y en Toledo arrasa con el 51%? Si fuese sólo por la competencia de CiU, el PSOE debería bendecir cada día la existencia de ese nacionalismo catalán que priva a su rival de cientos de miles de votos.

Pero no se trata principalmente de esto. Para comprobarlo, fijémonos en determinadas zonas de la Cataluña metropolitana donde el voto nacionalista (a Convergència y a Esquerra) alcanza poco más del 10% y resulta casi testimonial. La cuestión que planteo es: ¿por qué en esos lugares (en Cornellà, en L’Hospitalet, en Santa Coloma de Gramenet…) el PP se mueve entre el 17% y el 19% de los sufragios, y en sus equivalentes madrileños (Móstoles, Torrejón, Alcorcón, Coslada, Rivas, Parla…) consigue 20 puntos más en el peor de los casos, superando con frecuencia el 45% del apoyo electoral? Si los habitantes de unos y otros municipios hablan muy mayoritariamente la misma lengua, ven las mismas cadenas de televisión y comparten idéntico entusiasmo cuando gana la selección española de fútbol, ¿cómo se explica que voten tan distinto?

No me parece aventurado suponer que la clave de dicho fenómeno, el factor X en virtud del cual en Cataluña el PP resulta electoralmente indigerible para sectores socioculturales que en otras zonas urbanas del Estado lo votan sin ningún problema, tiene que ver con alguna clase de sentimiento de catalanidad territorial que se considera maltratado por las huestes de Aznar y de Rajoy. Una catalanidad no nacionalista, con poca carga lingüística, pero lo bastante politizada para revolverse ante la demagogia que los populares han practicado a cuenta del Estatuto, o para rechazar el cuento interminable de la persecución contra el castellano, o para encontrar grotesco que Javier Arenas conmine al presidente Chaves a no consentir que salga de la desaladora andaluza de Carboneras ni una gota de agua para Cataluña… Una catalanidad -si me permiten el neologismo- decididamente montillesca, que el PSC ha cultivado con mimo y con acierto durante décadas.

Sin embargo, no es así como interpretan la cúpula del PSOE y el Gobierno central el 9-M catalán y sus consecuencias políticas. Más bien se intuye la lectura contraria: si el PSC obtuvo 1,6 millones largos de votos, fue gracias al palmito político de José Luis Rodríguez Zapatero, y los subsiguientes 25 diputados sólo han venido a compensar parcialmente el desgaste electoral que infligieron al PSOE en muchas zonas de España la reiterada alianza del PSC con Esquerra Republicana, la tramitación de un nuevo Estatuto catalán, los accidentados avatares del primer tripartito, etcétera. Digámoslo de otra manera: cuando el PSC se sentía gozoso acreedor de la gratitud del PSOE y de su secretario general por haber contribuido con 25 escaños a revalidarlos en el poder, empieza a descubrir que desde Ferraz y La Moncloa lo consideran más bien deudor, incluso un deudor ingrato y molesto.

Ha sido flagrante, por ejemplo, la deslealtad del Gobierno amigo para con la Generalitat ante la crisis hídrica. Frente al riesgo de que el trasvase temporal Segre-Llobregat deviniera en manos del PP una especie de Estatuto bis capaz de sublevar contra el PSOE a todo el litoral mediterráneo desde Castellón hasta Almería, la Administración socialista estatal ha preferido desairar al Ejecutivo catalán, vetar la captación de agua del Segre y no ofrecer alternativa alguna, más allá de vagas expresiones de buena voluntad. Al mismo tiempo, en el debate de investidura de esta semana, aquella “España plural” del primer ZP ha sido reemplazada por una “España unida y diversa” de resonancias semánticas franquistas y de claro relente neocentralizador. Da miedo pensar en la próxima negociación de las cláusulas financieras del Estatut, en este clima y bajo la sombra de la crisis económica…

Corto y claro: Rodríguez Zapatero le hizo la cama política a Pasqual Maragall en cuanto lo percibió como un estorbo. ¿Tratará de hacer lo mismo con José Montilla? ¿Se dejaría éste? ¿Cómo reaccionaría el aparato del PSC ante un conflicto de lealtades? ¿Y sus 25 diputados?

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Agua: reflexiones incorrectas, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Economía, Política by reggio on 4 abril, 2008

Tal vez sea ya el momento de reconocerlo sin ambages: contra el PP se vivía mejor. Dado que, además, en esa época llovía con cierta regularidad, la conjunción de ambas circunstancias -un Gobierno tan antipático como prepotente y una pluviometría normal- propició el éxito en Cataluña de un discurso que abordaba la problemática del agua con grandes dosis de radicalidad y de fundamentalismo, desde una explosiva mezcla entre la cultura del no y la imprevisión más temeraria.

Había que oponerse, por descontado, al Plan Hidrológico Nacional (PHN) de Aznar, y particularmente al trasvase del Ebro, que sólo pretendía alimentar los desenfrenos urbanístico-especulativos (las Terras Míticas, las Marinas d’Or y similares) en el Levante hegemonizado por el PP. Pero, no contento con eso, el discurso al que aludo execró, convirtió en crimen de lesa sostenibilidad cualquier trasvase, cualquier obra hidráulica de envergadura, cualquier transporte de agua a media o larga distancia, como si cada valle, cada cuenca fluvial, fuese una taifa independiente. En esta última línea, se sacralizó el concepto de territorio (“el territorio rechaza…”, “… no puede hacerse sin el consenso del territorio…”), otorgando a una comarca o a un grupo de comarcas derecho de veto sobre políticas de alcance nacional o estatal. Se erigió a determinadas plataformas cívicas más o menos asamblearias en representantes genuinas de la ciudadanía, en pie de igualdad o incluso por encima de las instituciones democráticas. Se cultivó el sentimiento antibarcelonés latente en muchas zonas del país, propagando la imagen de una metrópoli vampírica, derrochadora insaciable de los recursos del resto de Cataluña. Y se hizo mucha, muchísima demagogia a cuenta de los efectos apocalípticos que tendría detraer del Ebro o de cualquier otro río siquiera una gota, cualesquiera que fuesen su caudal, las necesidades que atender y las circunstancias climatológicas del momento.

Tales mensajes, inicialmente de alcance local, fueron amplificados, legitimados e incorporados a la agenda política catalana por unas izquierdas entonces en la oposición (Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa), que hallaron en la defensa del statu quo hídrico un excelente banderín de enganche frente al PP, pero sobre todo un factor de asedio y erosión contra el declinante Gobierno de Convergència i Unió. Incluso, para cortarle a éste cualquier vía de escape, el futuro tripartito coincidió con el Partido Popular en el rechazo de la hipótesis del Ródano. Todos los trasvases eran malos por definición, y no había más que hablar.

En apenas cuatro o cinco años, sin embargo, las circunstancias han cambiado mucho. En Madrid ya no gobierna el PP, sino un PSOE que derogó el PHN casi tan deprisa como retiró a las tropas de Irak y que, dando por perdidas Valencia y Murcia, contempla la política del agua con el ánimo de preservar sus feudos en Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las izquierdas catalanas, por su parte, rigen la Generalitat y, en consecuencia, tienen la imperiosa obligación de asegurar el suministro de agua a la conurbación barcelonesa, por responsabilidad y porque lo contrario sería su suicidio electoral. Y Cataluña padece la, según los expertos, peor sequía en seis décadas.

Así las cosas, que diversos miembros del Gobierno catalán hayan empleado toda clase de eufemismos semánticos para evitar, al referirse a las medidas de urgencia que planean, la palabra maldita, trasvase, no es lo más grave. Tampoco lo es que el consejero de Medio Ambiente, el ecosocialista Francesc Baltasar, envolviese de torpezas y ocultaciones su idea de conectar provisionalmente el cauce del Segre con la cuenca del Llobregat. Ya resulta más preocupante la alegría con que al fin se anunció ese proyecto de captación sin el previo acuerdo del Ejecutivo central -bajo cuya jurisdicción se halla la Confederación Hidrográfica del Ebro- y sin tomar en cuenta lo que dice al respecto el nuevo Estatuto de Aragón.

Con todo, lo peor del actual escenario no son los deslices gubernamentales, ni las contorsiones de quienes intentan preservar su virginidad ecologista frente a los embates de la realidad. Lo peor son las reacciones sociales y territoriales ante la crisis hídrica, unas reacciones que constituyen la feraz cosecha de aquello que se sembró hasta 2004. “Política vol dir pedagogia”, sentenció el socialista Rafael Campalans en 1933. Pero sus herederos ideológicos creyeron que contra el PP y contra CiU, y tratándose del agua, política significaba agitación, demagogia, hurgar en supuestos agravios localistas y negar la gravedad del problema. Ahora, desde el poder, les está tocando probar su propia medicina.

De este modo, hemos visto reaparecer al inefable Manolo Tomàs, portavoz de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, para excomulgar y amenazar al Gobierno de Montilla por “trasvasista”, y hemos oído a payeses, regantes y otras fuerzas vivas o corporaciones de Girona, Tarragona y Lleida denunciar cualquier hipótesis de cesión hídrica hacia Barcelona como un expolio, como un “robo” de su agua. Y es lógico: una vez demostrado que el cóctel de movilizaciones, cálculos electorales y estridencias verbales paró lo del Ebro, ¿quién va a ser tan tonto de dejarse arrebatar siquiera un metro cúbico del líquido elemento?

Mientras tanto, ningún paladín de la “nueva cultura del agua” ha impugnado aún que -según recordaba el editorial de este diario el pasado lunes- el sector agropecuario catalán consuma el 73% del agua para producir el 2% del PIB. Ninguno, tampoco, ha objetado todavía el proyecto, avalado por el Gobierno socialista aragonés, de levantar un vergel de ocio y juego en medio de los Monegros. Será que la “nueva cultura del agua” va por barrios…

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Josep Benet: tres imágenes, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 28 marzo, 2008

Acaba de dejarnos Josep Benet i Morell, y es tiempo de necrologías, de semblanzas periodísticas y de homenajes bien merecidos al historiador, al político, al correoso adversario de la dictadura franquista, al patriota. Las líneas que siguen no pretenden adscribirse a ninguno de esos nobles géneros. Quieren ser sólo una evocación urgente de la figura de Benet y de su trayectoria pública a través de tres imágenes, de tres escuetas instantáneas.

La primera foto de este tríptico virtual fue tomada en agosto de 1957, se conserva en el Arxiu Històric de Barcelona y ha sido publicada unas pocas veces. Domina la escena un guardia civil en uniforme estival de campaña, con grandes cartucheras al cinto y el naranjero en bandolera. Detrás, el principal acusado del consejo de guerra al que corresponde la imagen, el dirigente comunista Joan Comorera, conversa con su abogado, Antonio Solís, ambos seguidos de cerca por otro abogado, un joven y ya filiforme Josep Benet, que habla con su defendida, la esposa de Comorera, Rosa Santacana.

Es cierto que tanto Comorera como Benet habían nacido en Cervera de la Segarra y eran incluso parientes cercanos. Pero no cabe olvidar que, por aquellas fechas, quien había sido el primer secretario general del PSUC era un réprobo, un maldito, un apestado para la poderosa clandestinidad de la hoz y el martillo. Además de expulsarlo, el Partido por antonomasia había saludado su detención como la de “un traidor al movimiento obrero, un agente al servicio del enemigo”, y hasta los presos comunistas de la barcelonesa cárcel Modelo le hicieron el más absoluto vacío. En tales circunstancias, asumir la defensa jurídica del matrimonio Comorera no resultaba cómodo ni siquiera desde una perspectiva antifranquista. Pero Josep Benet la ejerció, lo hizo con gran brillantez y logró la absolución de su patrocinada. Durante las dos décadas siguientes, su toga se movilizaría a favor de Maurici Serrahima y de Jordi Carbonell, de Joan Sales y de Montserrat Avilés, de Lluís Maria Xirinacs y de los primeros impulsores de Comisiones Obreras…

La segunda imagen no es una fotografía, sino un dibujo, un espléndido diseño de Enric Satué que reproducía el marco noucentista del emblema de la Generalitat de Cataluña pero, dentro del óvalo, reemplazaba las cuatro barras por el afilado perfil del rostro de Josep Benet. Acompañado de lemas como Benet, el President de tots o Benet, tu Presidente, ése fue el motivo gráfico central de la campaña del PSUC para las elecciones catalanas de marzo de 1980. Después de haber encarnado como nadie el espíritu unitario de la Assemblea de Catalunya, de haber trasladado ese espíritu al Senado en 1977 e incluso, con mayores dificultades, en 1979, Josep Benet -que no fue nunca comunista- aceptó ser el candidato del partido de los comunistas catalanes a la presidencia de la Generalitat en el momento auroral de la autonomía recuperada.

Ello le valió, desde luego, numerosas incomprensiones, y el epíteto despectivo de “submarino del PSUC”. Las arrostró sin inmutarse en aras de un doble y ambicioso compromesso storico: la reconciliación definitiva -llevaba persiguiéndola desde 1947- entre la tradición católico-catalanista, montserratina, de la que él mismo procedía, y la izquierda de matriz marxista; y, al mismo tiempo, la integración política, la fusión en un solo pueblo de los catalanes de origen y los inmigrantes llegados a lo largo del franquismo, aquellos a cuyas vanguardias más activas representaban por entonces el PSUC y Comisiones Obreras. Benet no alcanzó a presidir Cataluña, pero agotó sus cuatro años de mandato y, en 1982, se atrevió a lo que nadie más osaría en dos décadas: a presentarle una moción de censura al presidente Jordi Pujol. Él, a quien algunos espíritus sectarios iban a tachar, años después, de paniaguado y hasta esbirro de Pujol…

La tercera y última pieza de esta mínima galería de imágenes es una foto firmada por Josep Losada y publicada en el diario Avui el 21 de julio de 1995. Aparecen en ella, de derecha a izquierda, cuatro personas: Jorge Trías Sagnier, Josep Benet, José María Aznar y Alejo Vidal-Quadras, captados a la entrada de un restaurante barcelonés en el que se disponían a almorzar el día anterior. En aquellos momentos, el líder del Partido Popular y de la oposición al Gobierno de Felipe González estaba cubriendo las últimas etapas de su larga marcha hacia La Moncloa y, respecto de Cataluña, combinaba la política del palo con la de la zanahoria. Por una parte, llevaba dos años consintiendo a Vidal-Quadras hurgar en la convivencia lingüística y abominar del nacionalismo en los términos más belicosos. Por otra, trataba -con resultados muy mediocres- de tranquilizar y hasta de seducir a ciertas élites catalanas ante la hipótesis de la llegada del PP al poder. En ese contexto, Trías Sagnier, amigo de Benet desde los días de la transición, pidió al entonces director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya una cita pública con Aznar que dulcificase la imagen de éste en el Principado.

Benet, hombre de diálogo, accedió, pero no dejó pasar la ocasión de deplorar, ante el líder de la derecha española, los reflejos anticatalanes de ésta, la guerra lingüística inducida desde ciertas cabeceras madrileñas ni las “posiciones preocupantes para Cataluña” que, a su juicio, sostenía el PP. Cortesía obliga, Aznar encajó las críticas y hasta aceptó la oferta de Benet de asesorarle en algunas materias sensibles de orden histórico e identitario. No parece, sin embargo, que esos consejos fueran nunca solicitados ni atendidos. De hecho, en el funeral de anteanoche en el monasterio de Sant Pere de les Puel·les, ni siquiera compareció ningún representante del PP.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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El abrazo del oso, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Política by reggio on 14 marzo, 2008

Que determinada fuerza política coseche unos malos resultados electorales puede deberse a motivos muy distintos: al desgaste sufrido en el ejercicio del poder o a la falta de credibilidad como alternativa de gobierno, al planteamiento erróneo de la campaña electoral o a la equivocada configuración de la candidatura, a un incidente desestabilizador de última hora o a la eficaz competencia de los rivales… Cuando el descalabro es de gran envergadura, señal de que han concurrido a provocarlo causas múltiples, tanto errores de planteamiento como de discurso y hasta tal vez contrariedades fortuitas. Si el batacazo alcanza las brutales dimensiones del que sufrió Esquerra Republicana (ERC) el pasado domingo, entonces lo que ha fracasado es la estrategia global del partido.

Según es público y notorio, desde el otoño de 2003 esa estrategia ha consistido en potenciar el eje político izquierda-derecha en detrimento del eje Cataluña-España, haciendo posible con ello el acceso al gobierno de la Generalitat de una mayoría configurada, junto a Esquerra, por el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa-Verds (ICV). Al apostar por el tripartito de Maragall primero, y después por el de Montilla, ERC lo justificaba con una doble y legítima ambición a medio plazo: de un lado, y desde dentro del mismo Ejecutivo, arrebatar al PSC la bandera de la izquierda -del “socialismo”, ha escrito el dirigente republicano Xavier Vendrell (Disculpin les molèsties, págs. 165-170)-, atrayendo a su electorado tradicional, incluso al castellanohablante y más sentimentalmente español, hacia un independentismo del bienestar, despojado de cargas identitarias. Por otra parte, y con los resortes del poder en la mano, reducir el espacio social de Convergència i Unió (CiU), hacerle el sorpasso electoral y, a la postre, sustituirla en el rol de fuerza hegemónica del nacionalismo.

Si en marzo de 2004 esos dos objetivos -más el segundo que el primero- pudieron parecer plausibles, pues ERC quedó a apenas dos escaños de CiU, si el fracaso del PSC en las catalanas de 2006 permitió prolongar el ensueño, las municipales de mayo de 2007 ya dieron un serio aviso sobre la dificultad de la empresa. Las generales de 2008 han evidenciado su hundimiento, y ponen patas arriba toda la estrategia de Esquerra a lo largo del último quinquenio.

Lejos de morder ni siquiera un bocado en los tradicionales pastos metropolitanos del socialismo, ha sido el voto de 2004 a Esquerra el ahora fagocitado por el PSC en Badalona, Sabadell, Terrassa, Mataró, L’Hospitalet, El Prat, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà -“convertir a José Montilla en nuestro presidente es la clave de bóveda para que personas no nacionalistas devengan independentistas”, aseguraba el citado Vendrell el año pasado (ibidem, pág. 204)-. Pero el abrazo del oso socialista a su partner republicano también ha sido asfixiante en poblaciones como Berga, Calaf, La Garriga, Igualada, Manresa o Vic. Lo cual, combinado con la abstención específica de muchísimos simpatizantes de ERC -basta ver el caso de Barcelona, donde el partido pierde 80.000 electores sin que ninguna otra sigla gane ni uno solo- ha dado lugar a la espectacular mengua de casi 350.000 votantes, un 54,5% de todos los habidos cuatro años atrás. Así las cosas, y aunque CiU no obtenga de ello ganancias significativas, vuelve a situarse con un volumen de apoyo tres veces superior al de su rival independentista, haciendo inverosímil cualquier hipótesis de sorpasso.

En lo que a Esquerra se refiere, el escrutinio del 9 de marzo indica varias cosas muy importantes. Una, que disputarle al PSC-PSOE el marchamo del progresismo y de la izquierda clásicos es ilusorio: para decirlo con dos metáforas, Joan Manuel Serrat preferirá siempre a Zapatero, y el Baix Llobregat está todavía enganchado a Felipe. Otra evidencia es que cientos de miles de personas, en el entorno social y electoral de ERC, discrepan con la fórmula del segundo tripartito. Los menos, porque habrían preferido un gobierno nacionalista con Convergència; los más, porque creen que Esquerra se ha dejado abducir por el presidente Montilla, que ha difuminado su perfil y no hace más que engordar el gigantesco poder institucional del PSC a cambio de bien pocas contrapartidas. Ni siquiera ha conseguido una cosa tan justa y transversal como la devolución completa de los papeles de Salamanca. ¿Por qué -se preguntan muchos nacionalistas de los que el domingo permanecieron en casa- ERC no planteó hace tiempo a La Moncloa que, o esos documentos regresaban ya según prevé la propia ley española 21/2005, o el Gobierno de la Generalitat saltaba por los aires?

Llegados a este punto, el problema mayor de los dirigentes de Esquerra es que ninguno de ellos defendió jamás, a lo largo de estos cinco años, una estrategia distinta de la que acaba de desmoronarse; ninguno propugnó seriamente otra política de alianzas ni en 2003 ni en 2006, ninguno discutió -por lo menos, no en público- que, a lomos de tripartitos, galopasen directos hacia la hegemonía. El rápido movimiento de Joan Puigcercós al salir del Gobierno y regresar al partido, pues, no supone que el ya exconsejero pueda vanagloriarse de haber anticipado el peligro, ni conlleva rectificación alguna. Es sólo una jugada táctica del secretario general para reforzar su control sobre la organización, ganar libertad de maniobra y preparar mejor la batalla final frente a Carod Rovira. Pero los retos que plantea la débâcle electoral del 9 de marzo están ahí, sin obtener respuesta. Aplazarla hasta el mes de junio no va a resultar nada fácil. Esconder la cabeza bajo el ala y mantener el statu quo hasta el otoño de 2010, eso ya sería completamente imposible.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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Destellos balcánicos, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Posted in Internacional, Política by reggio on 7 marzo, 2008

Podríamos comenzar con un acertijo: en medio de la áspera campaña electoral que hoy finaliza, ¿cuál ha sido el único asunto acerca del cual Partido Popular y PSOE se han mostrado completamente de acuerdo? ¿Qué extraño tema ha hecho coincidir en sus opiniones a los ex presidentes Felipe González (“se ha sembrado una semilla terrible…”) y José María Aznar (“es un error que tendrá graves consecuencias…”), dos figuras políticas que sobre cualquier otra materia discrepan de raíz y hasta se profesan una notoria antipatía personal? ¿Qué cuestión ha alterado, durante las últimas semanas, la geometría gobierno-oposición tanto en el pleno del Parlamento catalán como en el del Ayuntamiento de Barcelona, ha empujado al PSC a votar lo mismo que el PP y a Iniciativa a alinearse con Convergència, siendo así que no se trataba de un asunto de competencia ni municipal ni autonómica?

La respuesta correcta, el factor desencadenante de tan curiosos emparejamientos es, como ya habrán adivinado, la independencia de Kosovo. O, para ser más exactos, el rechazo de los dos grandes partidos estatalistas españoles, el Gobierno y la oposición juntos, a esa independencia. No sólo el de ellos, sino el de buena parte de la opinión publicada, con especial virulencia desde el campo de la izquierda más dogmática; gentes de esas que velan por evitar los estigmas colectivos, que ponen el grito en el cielo ante cualquier expresión generalizadora del tipo “los musulmanes son…” o “los subsaharianos se dedican a…”, han sugerido tranquilamente que, con casi dos tercios de la población en el paro, los kosovares configuran un pueblo de mafiosos, narcotraficantes y contrabandistas.

La base doctrinal que tanto el ministro Moratinos como el presidenciable Rajoy han invocado para situar a España, con respecto al último divorcio balcánico, en la misma posición que mantienen el ruso Vladimir Putin, el chino Hu Jintao, el boliviano Evo Morales o el cubano Fidel Castro -¡vaya póquer de demócratas!-, es que la independencia de Kosovo carece de legalidad por tratarse de un acto unilateral, realizado sin la aquiescencia de Serbia ni el aval de Naciones Unidas. Sucede, sin embargo, que gran parte de los Estados nacidos a lo largo de los dos últimos siglos lo han hecho de modo unilateral, y casi siempre por la fuerza. Unilateralmente proclamaron su independencia las repúblicas hispanoamericanas entre 1810 y 1825, y Madrid tardó décadas en reconocer su pérdida. Unilateralmente y con las armas en la mano se independizó Bélgica del reino de los Países Bajos en 1830. Unilateralmente se declararon independientes Finlandia en diciembre de 1917, Estonia y Letonia en febrero de 1918, Lituania y Polonia en noviembre de ese mismo año; la Rusia bolchevique necesitó varios años y diversas derrotas militares antes de avenirse a protocolizar en acuerdos diplomáticos esas amputaciones territoriales de su imperio.

Pero no hace falta remontarse tan atrás en el tiempo ni tan lejos en la geografía. Dentro del espacio ex yugoslavo, Eslovenia y Croacia proclamaron su independencia a finales de junio de 1991, obviamente contra la voluntad de Belgrado y sin intervención alguna de la ONU. Pues bien, apenas en marzo de 1992 la flamante República de Croacia era reconocida por el Reino de España poco antes de ser aceptada como miembro de las Naciones Unidas. Ello a pesar de que, en ese momento, un tercio del territorio croata estaba controlado por las milicias serbias, y aun cuando los combates intermitentes contra esas milicias por el dominio de las Krajinas se prolongaron cuatro años más, hasta el verano de 1995. Para la normalización diplomática entre Serbia y Croacia hubo que esperar a marzo de 1996.

Esa Croacia independiente, tan denostada hace tres lustros por los mismos que ahora abominan del Kosovo libre, constituye hoy “una democracia que funciona, con instituciones estables que garantizan el Estado de derecho”, según la describió la Comisión Europea en 2004. No es un país perfecto, tiene rémoras económicas, heridas de guerra sin cicatrizar y reformas pendientes, pero ocupa desde el pasado enero uno de los puestos no permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se halla en el umbral de la OTAN y será, en un par de años, el miembro número 28 de la Unión Europea, todo ello con el resuelto apoyo español.

Los que, en España, rechazan la independencia kosovar con el argumento de que ese territorio era una provincia autónoma y no una república federada de la Yugoslavia titista, olvidan que la mayoría albanokosovar reivindicó el estatus republicano desde los años sesenta, que para tenerlo reunía condiciones demográficas e identitarias superiores a las de montenegrinos o macedonios, y que sólo la cerrada oposición serbia impidió satisfacer tal demanda, aunque la autonomía provincial fuese incrementada en 1969 y de nuevo en 1974. A quienes dudan de la viabilidad de Kosovo como Estado soberano habría que preguntarles por la viabilidad de tantos Estados en África u Oceanía (desde Somalia hasta Timor Leste, desde Zimbabue hasta Liberia) cuya independencia, sin embargo, nadie cuestiona ni propone embargar.

Esperemos que, una vez pasadas las elecciones del domingo y tras un plazo prudencial para no perder la cara, la política balcánica de España vuelva al consenso central de la Unión Europea. El precio que se pagará por ello será que la bandera rojigualda deje de lucir en las calles de Belgrado, de Banja Luka o de Mitrovica, enarbolada por la derecha ultranacionalista serbia. Pero, en esta vida, no se puede tener todo.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

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