Reggio’s Weblog

La cuestión universitaria, de Gregorio Peces-Barba Martínez en El País

Posted in Ciencia, Educación, Política by reggio on 14 febrero, 2009

De nuevo aparecen problemas en la Universidad. Son muy distintos de los del siglo XX. Ahora no hay juramento de respeto a los dogmas de la religión católica y el acatamiento de la legalidad tiene como referencia central a la Constitución de 1978. No hay expulsión de catedráticos por sus ideas y el miedo al mono del que hablaba con humor Julio Caro Baroja ya no está presente en aquel rechazo al darwinismo.

Hoy los problemas están en la comprensión o incomprensión ante el proceso de Bolonia para la creación de un espacio universitario europeo, para aumentar nuestra competitividad con las universidades americanas y modernizar las técnicas de estudio e impulsar el aprendizaje, como una forma más activa de participación de los estudiantes en su enseñanza.

A mi juicio, no hay ningún motivo real para favorecer a un movimiento crítico que va de la suspicacia al rechazo total del sistema. Esas tesis de que se privatiza la Universidad y de que se entrega atada de pies y manos a las empresas no son ciertas. Aun así calan en algunos sectores del alumnado y favorecen posiciones radicales de grupos antisistema. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué estas reacciones no ocurren tan seriamente en otras partes de Europa sometidas al mismo proceso?

Aunque pertenezco a una generación ya amortizada para la política activa, esa marginación no afecta de momento a mis capacidades intelectuales ni a la larga experiencia en materia universitaria. Así, desde el margen y desde un gran cariño por la institución universitaria, por sus valores insustituibles para el desarrollo de la docencia y de la investigación superior en España, me permito estas reflexiones sobre la Universidad y sobre su futuro necesario.

Creo que ha existido culpa in eligendo y culpa in vigilando, y que los escenarios universitarios han sido manchados por intereses ajenos. La limpieza de los ámbitos en que actúa nuestra alma mater es un presupuesto imprescindible para recuperar la normalidad. Finalmente, creo que Bolonia como proceso de modernización y de excelencia de nuestras universidades, no ha sido bien explicado. Incluso diría que ha habido poco interés en explicarlo.

Cuando hablo de culpa in eligendo quiero decir sobre todo que se ha ocultado el perfil de la Universidad, a la hora de adscribirla a un ministerio y que ese oscurecimiento es el punto de partida de todos los males, de las incomprensiones de los malentendidos, y de los orígenes de la opacidad y de la falta de transparencia.

Creo que separar la enseñanza primaria y secundaria de la universitaria y situar a esta última en un Ministerio de Cienciae Innovación induce a confusión al ignorar a la Universidad en la denominación del ministerio. Si a eso añadimos que la ministra no procede del campo universitario y que la Secretaría de Estado de Investigación está ocupada por un ilustre miembro que ha presidido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hay que reconocer que la Universidad no queda bien parada. Sólo dos excelentes nombramientos para la Secretaría de Estado de Universidades y para la Dirección General equilibran el diagnóstico inicial.

Como la responsabilidad última del tema universitario corresponde a la ministra, señora Garmendia, ésta tendrá que dedicarse directamente mucho más al tema universitario, a explicar Bolonia y a deshacer todos los malentendidos y las mentiras sobre el significado del nuevo planteamiento. De su esfuerzo y de su acierto, que tendrá un apoyo adecuado en la Secretaría de Estado y en la Dirección General, dependerán en gran parte los resultados. En todo caso, es necesario completar el ingente esfuerzo de los rectores, y de la CRUE presidida por el profesor Ángel Gabilondo, hasta ahora quienes llevan la carga principal del nuevo rumbo de las universidades.

Otro elemento complementario para la solución del problema es un diálogo sincero y claro con los estudiantes y con sus representantes. Ellos serán los principales beneficiados por la mejora que sin duda vendrá de una buena aplicación de Bolonia. En mi etapa de rector siempre he confiado en su buena fe y en su sentido de la responsabilidad, y mi experiencia es que nunca han fallado en su compromiso y en su defensa de la Universidad pública.

En este nivel se interfieren los ejecutores políticos de la actividad universitaria, las comunidades autónomas, que en algunos casos, como los de Madrid y Valencia, favorecen descaradamente a las universidades privadas, y se desentienden del cuidado -por supuesto, incluido el económico- de las universidades públicas. Trabajan para el rey de Prusia, es la conocida expresión francesa, y además lo hacen con gusto.

Hay además que distinguir a los estudiantes, que tienen intereses respetables, que en lo posible hay que atender y, en su caso, apoyar, de otras personas infiltradas en el movimiento, que tienen intereses ajenos a los universitarios para crear el desorden y descalificar al sistema.

Son los propios estudiantes los que deben tener interés en distinguir el grano de la paja y excluir de sus debates a gentes que se benefician de los descontentos y de las protestas con otros fines más generales, descalificadores del sistema parlamentario representativo que nos dimos en 1978 al aprobar la Constitución. Sobre todo, deben rechazar tajantemente una forma de actuar que esas personas traen a la Universidad, la de la violencia, el insulto, la descalificación y la ocupación de edificios, desde una recuperación de la dialéctica del odio, incompatible con la cultura universitaria.

Por otra parte, la pureza del espíritu de nuestra institución no se pierde en el contacto y la colaboración con las empresas. La experiencia práctica, el empleo y el contacto con la vida potencian la formación y la abren al mundo real, aunque la Universidad es mucho más que eso, es espíritu, civismo, educación para la ciudadanía, moralidad individual y colectiva, cultura desinteresada y saber por el saber. De la combinación de la técnica y de la práctica, de la sabiduría y de la experiencia, del amor a la verdad y del pragmatismo proceden los buenos universitarios, formados por buenos profesores, docentes e investigadores al mismo tiempo. Y todo eso exige inversión económica que el Estado debe asumir e impulsar, completando en su caso la reticencia, la falta de interés o la ignorancia de la política de las comunidades autónomas que no creen en las universidades públicas. La ciudadanía debe tomar nota de esas carencias allí donde existan y castigar con su voto a aquellos Gobiernos autónomos que presenten esos malos perfiles.

En el fondo, el amor y el respeto por la Universidad y la firme convicción de que es la conciencia ética de la vida deben fortalecer nuestra voluntad y esclarecer nuestra inteligencia para dar sentido al apoyo a la Universidad pública, uno de los estamentos más válidos y sólidos para construir la igualdad y la solidaridad en las sociedades libres y para enseñar a pensar. ¡Sapare Aude! debe ser nuestra preocupación principal, “siempre todavía”.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

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Versión laica del ‘non possumus’, de Gregorio Peces-Barba Martínez en El País

Posted in Política, Religión by reggio on 15 agosto, 2008

Con la solemne afirmación del rechazo total formulada en latín non possumus, (no podemos), la Iglesia católica ha expresado en muchas ocasiones su distancia y su rechazo de situaciones civiles radicalmente innegociables. Es el no de Clemente VII a Enrique VIII para divorciarse de Catalina de Aragón, el de Pío IX que se opuso a devolver a un niño judío a su familia en el terrible caso Mortara, o todos los non possumus del siglo XIX frente a la modernidad.

Esta tajante negativa ante situaciones sociales y humanas supone desde el punto de vista de la Iglesia la existencia de unos espacios exentos, de unas zonas inmunes, de unos cotos vedados reservados a su decisión, donde el poder soberano no puede entrar ni resolver. Para la Iglesia es el límite de la democracia que choca con su ética de la verdad. Es también intelectualmente el límite para el siglo de las luces y de su idea del hombre centro del mundo y centrado en el mundo.

La Iglesia reclama un derecho de veto frente al contrato social, a los acuerdos de las mayorías, y la idea de soberanía popular. Son los signos más evidentes del carácter antimoderno de la Iglesia católica que quisiera para sí lo que está institucionalizado en países como Irán, donde un poder religioso está por encima del poder de un presidente de la República elegido por sufragio. ¡Quién iba a decir a la Iglesia de Lepanto que envidiaría con el paso del tiempo a las estructuras jurídicas de sus enemigos ancestrales!

No sólo el Vaticano ni el Papa, también la Iglesia institucional española ha repetido en innumerables ocasiones que es depositaria de verdades que están por encima de las coyunturales mayorías y de la soberanía popular. También algún arzobispo ha recordado no hace mucho a un congreso de laicos que no son de este mundo, resucitando la vieja idea de san Agustín de las dos ciudades, la de los justos y la de los pecadores.

Desde esas coordenadas intelectuales antimodernas que desconfían del impulso social y político desde la idea un hombre un voto, se puede afirmar la difícil coexistencia y la más difícil lealtad de la Iglesia con la democracia, que no actúa desde la ética de la verdad sino desde la difícil ética que se mueve entre la dialéctica de dudar y decidir.

Por eso está justificado desde el lado de la democracia, en la cultura jurídica y política moderna, poner límites a la soberbia pretensión de la Iglesia de tener la última palabra en el ámbito público y señalar las incompatibilidades radicales de su visión premoderna del mundo y de la vida, desde un non possumus laico y secularizado frente a los abusos eclesiásticos. También frente a esa laicidad “descafeinada” que pretende la convivencia del pluralismo y de la neutralidad del Estado con privilegios y con una situación de diferencia con las demás religiones, en base a una “realidad social” mayoritaria, de su función nacional y de su influencia sobre la cohesión de España.

El principio de la Paz de Augsburgo -cuis regio euis relegius- como forma transitoria para que el poder político, en cada caso, decida sobre la religión de su pueblo, hasta la proclamación de la paz religiosa y de la tolerancia del Tratado de Westfalia se transformaría hoy para estos eclesiásticos resistentes en cuius religio ius et regio.

Frente a toda esa cultura institucional católica que niega la modernidad, es necesario ese non possumus, para señalar lo que desde la cultura democrática no se puede aceptar de las posturas de la Iglesia.

Son todos aquellos comportamientos que llevan a la conclusión de la incompatibilidad de la Iglesia con la democracia, pese a la solemne declaración de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, hoy abandonada en la práctica.

No podemos olvidar las bases de nuestra convivencia, la tolerancia, la libertad, la igualdad, el respeto a la conciencia individual, el pacto social, el constitucionalismo, la separación de poderes o los derechos humanos rechazados reiteradamente por la doctrina de la Iglesia en el siglo XIX y también después, casi hasta nuestros días. La Iglesia católica se siente incómoda en un escenario que contempla desde su verdad y desde una idea del bien incompatible con cualquier punto de vista que no lo acepte.

Ante ese panorama no podemos asumir la idea de que la Iglesia es el puntal ético para fundamentar a “estas sociedades desmoralizadas y desorientadas”, ni que es poseedora de un patrimonio de verdades últimas sobre el ser humano que condicionan la democracia.

No podemos tampoco aceptar el rechazo de la laicidad que es la esencia de la democracia moderna, con igual trato a todos los ciudadanos. No podemos facilitar la presencia de símbolos religiosos que discriminen a las demás religiones, ni tampoco equiparar a las autoridades eclesiásticas con las civiles ni podemos escenificar alianzas excluyentes y discriminatorias en la necesaria cooperación con las iglesias, ni basar el orden público en la moralidad de una sola religión ni aceptar un vínculo sustancial previo de una concepción del bien que limite la soberanía del Estado.

Tampoco podemos aceptar que problemas éticos sean decididos por la Iglesia, sin perjuicio de regular en su caso la objeción de conciencia y siempre respetando su libertad de expresión, en temas como el matrimonio, las relaciones familiares, la investigación científica, sobre la forma de acabar las vidas indignas y de imposible recuperación.

No podemos aceptar límites a la libertad y al pluralismo desde una verdad que se esgrime dogmáticamente, ni acusaciones de relativismo a una realidad que tiene sólidas raíces históricas desde la recuperación de la luz por los seres humanos en la Ilustración, fuente última de la autodeterminación individual y de la democracia.

No podemos aceptar la tesis de la esencia católica de la identidad nacional ni confundir ciudadanos con creyentes. Es el rechazo de los reduccionismos simplificadores de la identidad como hecho histórico incontrovertible, de la historia de Europa con el cristianismo y del cristianismo con la Iglesia católica. No podemos tampoco aceptar su acrítica inocencia histórica con la que afronta sus errores, sus desviaciones o sus graves ataques a la dignidad humana, ni tampoco la consideración como inferiores de todos sus interlocutores en los planos moral y racional, incluyendo a las máximas autoridades civiles representantes de la soberanía popular.

Finalmente, no podemos aceptar la postura de la Iglesia respecto a la democracia ni que nunca la haya reconocido como el único régimen legítimo, ni la consideración del relativismo como un mal puesto que es expresión de la libertad de conciencia y del respeto a la autodeterminación, expresión de la dignidad humana. ¡Non possumus! No podemos si queremos ser dignos de respeto.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.