Reggio’s Weblog

La ingravidez de la ley, de Francisco J. Laporta en El País

Posted in Derechos, Justicia by reggio on 2 marzo, 2009

Ya se empieza a mirar con incredulidad esa suerte de voluntarismo que exhiben las autoridades ante cualquier atropello de que se tiene noticia, sea un acto de terror, un episodio de corrupción urbanística, un desastre de tráfico o un caso de malos tratos a la mujer. Para todas las calamidades tienen la misma respuesta: sobre los responsables -repiten una y otra vez- caerá todo “el peso de la ley”. Lo que sucede es que de unos años a esta parte la ley está perdiendo peso sin que los principales interesados en mantenerla en forma parezcan preocupados por ello. Y al paso que va terminará por pesar tan poco que pueda ser considerada una entidad ingrávida.

Cuando uno es gobernante y esgrime todo el peso de la ley no está expresando sentimientos. Eso vale para el universo simbólico del poder, pero si no va acompañado de una panoplia eficaz de medios, acaba en un puro brindis al sol. Una cosa es anunciar leyes, amenazar con ellas, proyectarlas y publicarlas en la Gaceta, y otra muy distinta aplicarlas. Hace ya muchos siglos que resuena la voz sabia de Sófocles: no des órdenes que no puedas hacer cumplir. Pues bien, parecemos estar asistiendo a un incremento de prescripciones legales y admoniciones públicas que tienen algo de baladronadas jurídicas, porque no van a poder hacerse cumplir. El problema es serio, porque el cumplimiento espontáneo de la ley, que es producto de la deferencia ciudadana hacia su letra, está empezando a debilitarse a la vista de tanta frustración. Las promesas que se hacen en el mundo simbólico de la publicidad jurídica resultan fallidas en la vida cotidiana de la aplicación de la ley. Y la gente está empezando a desconfiar.

Lo más paradójico de semejante situación es que ha sido producida por la incuria de quienes tienen necesidad de la ley para llevar adelante sus programas. En efecto, todos los partidos políticos, cualquiera que sea su esfera de acción (estatal o regional), aspiran a ganar el favor de los electores con el objetivo de transformar su programa y sus ideas en normas jurídicas, en leyes. Y la paradoja es que al condescender con el estado lamentable en que se encuentra la legislación como herramienta de gobierno, están castrando sus propias posibilidades de actuar. La alternancia en el gobierno no ha servido en este punto para nada. Siempre se detecta la misma incoherencia moral: cuando se está en la oposición se demandan medidas sobre el proceder legislativo que nunca se aprueban cuando se está en el Gobierno. Todos los grupos parlamentarios exigen con gesto severo cosas que no hacen cuando gobiernan. En las Cortes Generales se prefieren las escenas de desacuerdos y broncas, cuanto más sonadas mejor, porque con ellas

se excita la sinrazón del ciudadano, que es lo que la política-espectáculo persigue. Nadie se ocupa de mejorar la elaboración de las leyes ni de hacer más efectiva su aplicación porque eso no hace ruido, lleva tiempo y demanda raciocinio. El resultado es que el poder de legislar reside en dos Cámaras que carecen de los indispensables medios y resortes técnicos para hacer las cosas bien. Sí, en España se legisla rematadamente mal. Tras más de 15 años ocupándome de la ley y su impacto social creo poder afirmar que se está tornando poco a poco una herramienta normativa testimonial e inútil. Y lo que pueda pasar cuando, ante el anuncio de una nueva ley, la gente empiece a encogerse de hombros, es algo cuya gravedad es difícil de exagerar.

Tomemos, si no, como ejemplo un característico paquete de leyes del Gobierno actual: las relativas a la violencia de género, la persecución de conductores imprudentes, la ayuda a la dependencia, o la erradicación del tabaquismo. Son políticas generalmente aceptadas, aprobadas además con amplios consensos. Si se hicieran realidad en la vida cotidiana, supondrían un importante avance en las condiciones de vida de los españoles. Pero no acaban de hacerse realidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ha habido que formularlas como leyes, y las leyes son en España un vehículo torpe y lento de afectar la realidad. Sus deficiencias técnicas y las enormes carencias de los órganos que han de aplicarlas hacen de ellas mandatos normativos que operan muchas veces en el vacío.

En el proceso de elaboración de las leyes aparecen siempre demagogias, presiones, ideas encontradas, intereses en conflicto, problemas de encaje en el ordenamiento, condicionamientos formales y materiales, y muchos otros inconvenientes. Pero por eso mismo es preciso reconducir en algún momento ese proceso hacia alguna institución solvente que ponga orden en el proyecto y trate de salvar las dificultades. Nosotros, lamento decirlo, carecemos de esa institución. Porque las Cortes Generales no se ocupan de tales cosas. Y por eso aparecen en la Gaceta esos engendros deformes que ha dado en alumbrar nuestro proceso legislativo. Leyes puramente simbólicas, contradictorias muchas veces, imposibles de aplicar otras, carentes de apoyo económico con frecuencia, meros deseos tantas otras, y así hasta decir basta. No exagero. Juristas de todas las convicciones están ya hartos de denunciarlo. Y tampoco atañe a este o aquel Gobierno. Todos ellos parecen pugnar por caer más y más en las politiquerías cotidianas en lugar de cultivar la altura de miras necesaria para acometer una política seria sobre los instrumentos fundamentales de la gobernación.

Y luego viene la segunda parte. Una vez que la ley está en la pacienzuda Gaceta hay que aplicarla. Y aquí simulamos habernos caído súbitamente del guindo. De pronto ha hecho eclosión en la prensa lo que todo el mundo sabía pero nadie quería saber: el lamentable estado de nuestra justicia como organización institucional. Miles de causas sin ejecutar por aquí, descoordinaciones elementales por allí, ignorancia de los más elementales criterios de organización institucional, dilaciones de años en cualquier procedimiento, ineficacia palmaria de las leyes aprobadas, episodios de sectarismo judicial, escandalosas anécdotas sobre pérdida de causas, rebelión de los cuerpos judiciales, sobrecarga insoportable de jueces y funcionarios, y una interminable lista de averías y goteras (metafóricas y reales).

Desde que se aprobó la Constitución con sus exigentes parámetros jurídicos hemos estado practicando la falacia del nirvana: pensar al legislador y al Gobierno como actores importantes pero corruptibles, dispuestos a traspasar límites, a ceder a tentaciones. A su lado, por fortuna, estaba la judicatura, a la que se encomendaba toda garantía, todo control jurídico, toda vigilancia de los valores constitucionales. Nadie estaba ya al arbitrio de ningún poder porque allí estaban los jueces. Entre unos poderes viciosos y unos jueces puros, capaces, trabajando sin límites de tiempo e información, y adornados con todas las virtudes del gran jurisconsulto, ¿quién iba a dudar? Pero resulta que eso era el nirvana; la realidad es otra que nadie, ni siquiera su famoso órgano de gobierno, ha abordado con seriedad. No es que nos salga súbitamente al paso ahora; ya estaba ahí hace demasiados años (hace ¡ocho! nada menos la llamé aquí La cuestión de Estado (EL PAÍS, 21/2/2001). Y revela su cruda verdad: una justicia administrada por juzgadores desbordados, sin apoyo económico, sometidos -sí- al imperio de la ley, pero de una ley muchas veces endeble, hueca, sin peso, ingrávida. Sin duda, un problema de Estado, pero ¿dónde están los estadistas?

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

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La rigidez constitucional y otras perversiones, de Francisco J. Laporta en El País

Posted in Derechos, Política by reggio on 18 diciembre, 2008

A juzgar por lo que hemos visto y oído estos días, la posibilidad de que nuestra Constitución sea reformada en algunos puntos que lo necesitan va a ser muy remota.

Se va cumpliendo así ineluctablemente el pronóstico que algunos llevamos haciendo desde hace años de que la rigidez que la caracteriza empieza a ser la propia de los cadáveres. La vida social y política irá fluyendo por debajo mientras ella permanece quieta y fosilizada en un discurso que tiene sin duda muchos ingredientes duraderos y valiosos, pero que está lleno también, como no podía ser de otro modo, de previsiones anticuadas y de ramas muertas.

Convendrá reflexionar un poco sobre ello antes de que sea demasiado tarde. El momento constituyente español ha sido considerado siempre como un ejemplo de altura de miras e interés general, pero no podemos olvidar que también habitaron en él preferencias oscuras y apuestas de facción. No debemos abandonarnos a esa idea común de que los constituyentes se encuentran iluminados por una luz superior.

Jon Elster, uno de los más agudos pensadores contemporáneos, empezó por suponer que la rigidez constitucional era una estrategia tan astuta como la del ingenioso Ulises, que se ató al mástil de su nave para no dejarse emborrachar por el canto de las sirenas. Al final, sin embargo, tuvo que aceptar la evidencia: los actores del proceso constituyente no son tan sobrios y desinteresados; también están dominados por pasiones oscuras y prejuicios ideológicos. Por eso, el momento constituyente es visto por ellos como una oportunidad para blindar con la rigidez del texto constitucional las conveniencias propias. Eso fue exactamente lo que ocurrió en España cuando se planteó la disciplina de la reforma de la Constitución. Verlo desde su lado oscuro puede suministrar provechosas enseñanzas.

El consenso constitucional como decisión basada en la unanimidad o en una mayoría muy dominante puede construirse desde dos puntos de vista. El primero, el más recordado entre nosotros, lo mira como un ejercicio de generosidad y renuncia en la búsqueda de principios de convivencia que puedan ser aceptados por todos. De esto hubo, en efecto, bastante en nuestra elaboración constitucional.

El segundo, que también fue muy real en aquel momento, ve el consenso como fruto de una cruda negociación en la que una minoría impide el acuerdo hasta que sus intereses no se ven reflejados en la decisión. Este segundo fue el caso con la reforma constitucional. Durante todo el proceso, los representantes de Alianza Popular, erre que erre, dieron en la manía de la “unidad” de la patria. Quisieron incluso que fuera un principio inmodificable. Y como viene sucediendo cuando se trata de alcanzar decisiones por mayorías cualificadas, obraron como minoría de boicot. Es ésta una segunda perversión sobre la que conviene advertir.

Se piensa cándidamente que cuando los textos legales contemplan decisiones graves para las que exigen mayorías amplias, están forzando a los actores a comportarse desinteresadamente y ascender a un estadio superior de altruismo y

reflexión. Pues bien, ése no es el caso. Lo que hacen las llamadas “supermayorías” es conferir a las minorías una patente para acudir con las manos libres al mercado de los despojos, y pocos se resisten a eso. No hay más que ver la práctica del Partido Popular en los nombramientos de los órganos constitucionales para saber que las mayorías cualificadas desembocan con frecuencia en un obsceno reparto de tajadas.

El artículo 168 de nuestra Constitución acabó precisamente transformándose en eso. Bajo un procedimiento de insensata rigidez, Alianza Popular blindó sus viejas fobias contra el “separatismo”, y ya que se abría el portillo de lo inamovible, la Unión de Centro Democrático solidificó a la Corona, y el Partido Socialista, los derechos y garantías fundamentales. Ése es el artículo 168, y su resultado el que ahora tenemos ante nosotros.

Lo que no se puede tocar tampoco se puede adaptar ni mejorar. Y esto reza tanto para la Corona como para los derechos fundamentales. Todo ello se va a quedar ahí tal cual, fosilizado, como muerto.

Con la carga añadida, además, de que el Consejo de Estado ha dado en la peregrina teoría de que cuando se traten de reformar al mismo tiempo ésas y otras cosas, el procedimiento no se puede desdoblar, y todo va por el cauce imposible. La Constitución va a empezar a parecerse a esos nobles edificios históricos que tienen tal grado de protección legal que es casi imposible poner mano en ellos y acaban en ruinas.

Por eso hablamos a veces de rigidez de cadáver, pues para que la Constitución fosilizada logre cobrar vida es necesario que se obre un triple milagro: que un partido ganador provoque unas elecciones sólo para ello, que las minorías de boicot no se produzcan y, por si esto fuera poco, que el pueblo no se deje impresionar por demagogos y farsantes y se comporte en el preceptivo referéndum como un sujeto sabio y razonable. Desengañémonos, tan sutil y complejo prodigio no se va a producir, y la prueba de ello es que son los monárquicos mismos los que no quieren un referéndum ni por asomo y alguna minoría, como la del Partido Popular, ha tomado como una suerte de rehén a la infanta Leonor y sus derechos, y no va a permitir reforma alguna, ni de las duras ni de las blandas, hasta que no consiga lo que pretende, presumiblemente un frenazo autonómico.

Pero el efecto más perverso de todo ello es que cuando la Constitución misma no abre paso a una agencia sólida de reformas, es decir, cuando desactiva la posibilidad de que un poder constituyente haga las obras de mejora, otros órganos constitucionales tienden a realizar el trabajo por procedimientos informales.

En nuestro caso, ésa ha sido la tarea del Tribunal Constitucional. Muchos han escrito, en efecto, que el tribunal tenía la alta misión de ir construyendo con su jurisprudencia la Constitución misma: el Estado de las Autonomías, la evolución de los derechos ciudadanos, las competencias de unos y de otros, y tantas otras cosas. Y en cierta medida eso ha sido así. Lo que no está tan claro es que sea lo más deseable. Porque al hacerlo, cada sentencia del tribunal se puede ver también como un acto de ese poder constituyente informal, y, claro, acaba por suceder con él lo que antes mencionaba del momento constituyente y lo que todos los días estamos viendo ya.

Todas aquellas intenciones oscuras y prejuicios de facción se ciernen ahora sobre él para poder conseguir a través suyo la constitucionalización de sus deseos e intereses.

Contra lo que pueda parecer, el mercadeo de magistrados y la negociación de sus asientos no son incidentes casuales de un momento político desafortunado y mediocre, sino un efecto previsible de los mecanismos mismos que dispone la Constitución.

La extrema inflexibilidad del texto constitucional unida a las consecuencias no queridas de las mayorías cualificadas pueden dar con el tribunal en el suelo. Un ave de mal agüero pensaría que sus días están contados. No, por supuesto, porque vaya a desaparecer. Lo más probable es que sus sentencias acaben por ser materia de controversias y dudas, se empiece a sospechar de los fundamentos reales de sus fallos, y pierda con ello esa mínima auctoritas que un órgano de tal naturaleza necesita.

No sé si es tiempo de que aprendamos de nuestros propios errores, y dudo de que haya modo de encontrarles solución. Lo que parece claro es que con el deterioro del Tribunal Constitucional y la imposibilidad de la reforma todo el edificio empieza a estar en el aire.

Los obcecados defensores de la Constitución, los de entonces y los de ahora, pueden haberse comportado como esos padres demasiado protectores que transforman a sus hijos en flores de invernadero incapaces de resistir el contacto con la realidad. Esperemos que no, y convoquemos a quienes también lo esperan para buscar el remedio.

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

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El reino de la impunidad, de Francisco J. Laporta en El País

Posted in Derechos, Economía, Justicia by reggio on 12 noviembre, 2008

En la economía de mercado hay desastres: hipotecas basura, artimañas financieras, quiebras, despidos, pobreza… Pero nadie los ha causado, se han producido solos. Es el único espacio ajeno a la responsabilidad

Creo que hay que ponerse a dar forma y tono a esa voz inarticulada y latente que ha surgido aquí y allá en estas últimas semanas preguntándose irritada dónde están los responsables económicos del gran desaguisado que estamos viviendo. Se trata de una catástrofe financiera pero, como las demás catástrofes, va a producir padecimiento, privaciones, ansiedad y miseria. La gente va a sufrir, y lo que ese rumor difuso busca medio a tientas es saber a quiénes puede serle exigida la responsabilidad de todo ello. No me parece que sea una demanda insensata.

Sin embargo, no es fácil de contestar, porque la economía parece operar como una suerte de orden objetivo e ineluctable de cuyos resultados nadie se hace cargo. Incluso hay un modo de hablar que presenta las situaciones económicas como producto de procesos objetivos sin agentes que los produzcan. No sé si tal visión será plausible desde el punto de vista de la ciencia social; de lo que estoy seguro es de que no es inocente desde la óptica jurídica o moral. Friedrich Hayek, el viejo santón del mercadismo, afirmaba que si no hay acción humana de la que pueda decirse que ha causado un estado de cosas no puede lisa y llanamente hablarse de injusticia. Y así le parecían a él muchas de las realidades causadas por la actividad económica del mercado. Como eran efecto de la conjunción de innumerables acciones anónimas e irrelevantes, las consecuencias de esa economía no podían ser calificadas de justas o injustas, estaban al margen de la crítica jurídica o moral. Es ésta, en efecto, una convicción que se ha incorporado inconscientemente a nuestros discursos económicos cotidianos.

En la economía de mercado suceden cosas pero nadie es responsable. Es el reino de la impunidad. Esto, por cierto, contrasta con algunas otras de nuestras actitudes cotidianas, presididas muchas veces por una obsesiva, a veces incluso obscena, búsqueda de la responsabilidad. Sea un fallo del sistema judicial, un accidente aéreo, un problema sanitario, un atropello social, un remoto crimen histórico o un episodio de corrupción, allá se van todos los sabuesos, expertos en chismes, jueces de portada (o aspirantes), testigos oficiosos y oficiantes, periodistas de investigación y público en general a descubrir y despellejar al causante. Y pobre de aquel que por azar haya pasado por allí. Puede dar por descontado que le van a dejar en cueros, cualquiera que haya sido su parte en el suceso. El reino de la vida económica, por el contrario, parece impenetrable al juicio de responsabilidad. Hay crisis, recesión, pobreza, paro, lo que sea, pero nadie los ha producido. Se han producido solos.

Seguramente es razonable pensar que ciertos resultados económicos son efecto de multitud de pequeñas acciones de gentes que no los pretenden; se trata de consecuencias de acciones colectivas que nadie está en condiciones de imputar individualmente. El mercado libre de un bien, la vivienda de alquiler por ejemplo, establece unos precios que son la conjunción de múltiples acciones individuales de oferta y demanda, y no podemos señalar a nadie como responsable de la subida o bajada de esos precios. Ésa es la razón que se aduce para declarar la general irresponsabilidad por las consecuencias económicas del curso del mercado. Mucho me temo que en estos días se pretende lo mismo con respecto al desastre económico que vivimos.

Muchos analistas económicos, sin embargo, no han dudado en demandar ahora un incremento de la regulación del sector financiero. De pronto, se han topado con la realidad desnuda de un mercado sin trabas y parecen medrosos, aunque antes nos hayan venido restregando los principios un día sí y otro también. El mercado es el mercado -nos decían- y cuando uno entra en él lo hace a su riesgo. Si se pierde, será muy de lamentar, pero ésas son las reglas. No hay andaderas paternales, ni intervenciones que distorsionen la limpia competencia, ni funestas injerencias extraeconómicas. Hasta los Gobiernos -sobre todo los Gobiernos- han de ser reducidos a la impotencia económica: recaudar impuestos es algo casi siempre inconveniente; bajarlos o suprimirlos es la panacea económica universal. Nada de inmiscuirse en la política monetaria; para eso están los organismos reguladores técnicos e independientes. Las decisiones de estos organismos, que no respondían ni responden ante nadie, obtendrán su calidad y pureza de criterios científicos, objetivos, anteriores a toda veleidad política. Y no mencionemos la deuda: debería estar prohibida constitucionalmente, el déficit cero es el estado de beatitud.

Esto era la teoría, la realidad parece otra. En la realidad las cosas funcionan según el tipo de agente que actúa en el mercado. Si somos usted o yo las reglas son inflexibles, y nos hundimos o nos salvamos solos. Y por lo que respecta a la responsabilidad, si se da el caso de que somos actores económicos individuales, modestos, con un cargo sin brillo en alguna pequeña sociedad anónima, hemos de tener cuidado con lo que le hacemos a los demás, a la sociedad o a los socios porque enseguida nos empapelan. Deberemos mantenernos siempre alerta para no dañar a nadie por culpa o negligencia, enterarnos bien de todo lo que pasa en nuestra pequeña sociedad y estar prestos a responder. Pero si uno es consejero de una gran entidad financiera las cosas cambian misteriosamente. Mimado con retribuciones de escándalo, parece destinado a reunirse de vez en cuando en la última planta sin enterarse de lo que pasa debajo. Si las cuentas van bien hoy, nada que objetar. Pero si se tuercen súbitamente mañana, tampoco pasa nada. En el peor de los casos se irá usted a casa con un buen pellizco. Ni siquiera cabe pensar que sociedades así puedan desaparecer por los efectos del mercado. Hay demasiada gente cuyos trabajos y ahorros penden de ellas. Y, claro, en seguida se abjura de la antigua fe y de las virtudes de la competencia y se recurre al Gobierno para salvarlas de la quema. De lo que hayan hecho sus responsables no se habla. El villano ha sido el mercado.

Seguramente por eso, quien más quien menos se está preguntando hoy si es que todo esto es de verdad una catástrofe anónima, si es que no ha habido nadie, ningún sujeto real, que haya dado en conceder hipotecas inverosímiles (que sus obligados, sujetos con ingresos inciertos, no iban a poder pagar porque el mercado ha dictaminado también que las más altas cotas de competitividad se alcanzan con los contratos basura); si es que no ha habido nadie, ningún sujeto real, que haya hecho maniobras financieras para incluir semejantes títulos en paquetes de camuflaje para ser ofrecidos como inversión; si es que en los consejos de administración no ha habido nadie, ningún sujeto real, que ni se haya enterado de eso; si es que no ha habido nadie, ningún sujeto real, que haya otorgado a semejante producto una calificación financiera de excelencia; si es que no ha habido nadie, ningún sujeto real, que se haya lanzado a invertir tontamente en tales productos; si es que no ha habido nadie, ningún sujeto real, que haya envenenado la información a los demás agentes financieros desencadenando una desconfianza cerval en el sistema; si es que en los organismos reguladores no ha habido nadie, ningún sujeto real, que no advirtiera el peligro.

Muchos, en efecto, se están preguntando atónitos si eso ha sido la resultante fría de un mecanismo anónimo e irresponsable, o si, por el contrario, ha sido la consecuencia de actos de ambición, negligencia e irresponsabilidad en cadena, de personas de carne y hueso a las que debe buscarse pacientemente y pedirles cuentas civiles y penales. Y no desean saberlo porque añoren la resurrección de la planificación y el dirigismo económico, sino precisamente porque valoran las instituciones de la economía de mercado como un hito de la civilización, y no quieren verlas en manos de enredadores, truchimanes ni logreros, por muy enfundados que estén en trajes impecables.

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

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