Reggio’s Weblog

La nueva frontera del Estado de bienestar, de Gregorio Rodríguez Cabrero en El País

Posted in Derechos, Economía, Política by reggio on 25 febrero, 2009

La ley de la dependencia, que empezó a aplicarse en otoño de 2007, constituye un cambio radical en el modelo de protección social. Pero todavía debe superar numerosos problemas institucionales, financieros y de gestión

La ley de la dependencia, aprobada a finales de 2006, representa un nuevo umbral histórico en el desarrollo de los derechos sociales y en la consolidación del Estado de bienestar en España.

Hay que destacar el gran potencial social y político que el nuevo sistema de protección social supone para las personas que padecen distintas situaciones de dependencia. Es prematuro evaluar esta ley a sólo dos años de su inicio (en realidad su aplicación se inicia en el otoño de 2007), pero parece obligado señalar algunos de sus problemas de cara a su mejor desarrollo futuro.

En primer lugar, el sistema español se incardina en el Modelo Social Europeo con el que converge en sus objetivos de cobertura universal, apoyo al cuidador informal, calidad de la atención y sostenibilidad. Con esta ley España forma parte del pequeño club de países de la UE con un derecho social garantizado en materia de dependencia.

El nuevo sistema protector en España tiene como objetivo proteger un riesgo considerado hasta hace poco como un asunto privado y casi exclusivo de las familias, pero que venían, aún vienen, desempeñando sobre todo las mujeres. El modelo creado amplía la malla protectora, sin menoscabo de la función familiar de los cuidados informales. La ley proporciona cobertura en todas las edades y a un amplio campo de discapacidades que limitan la autonomía como, por ejemplo, la enfermedad mental. En conjunto, el sistema de dependencia supone un potencial ingente en cuanto a tres aspectos complementarios entre sí: mejora de la calidad de vida, generación de empleo y refuerzo de la cohesión social.

En segundo lugar, el nuevo sistema protector afronta problemas institucionales, financieros y de gestión que deben ser valorados en su justa medida. El esfuerzo de cobertura realizado en apenas un año y medio es un éxito incuestionable si tenemos en cuenta que, a fecha 1 de enero de 2009, el número de personas con un dictamen de dependencia era de 595.754 y el de beneficiarias ascendía a 445.615 (de las que 369.408 sufren dependencia severa). El esfuerzo normativo, organizativo y financiero puesto en marcha por la Administración General del Estado, las CC AA y los ayuntamientos es notable, si bien existen diferencias entre autonomías en el ritmo de aplicación, difícilmente justificable.

Entre los problemas actuales de su aplicación caben destacar tres: a) Un cierto déficit institucional, en parte consecuencia de un sistema competencial complejo en esta materia que exige la máxima lealtad institucional de todas las comunidades autónomas en el seno de un Estado cuasi-federal asimétrico; b) una alteración parcial de las previsiones financieras y de beneficiarios del Libro Blanco de 2005 respecto a la ley debido a la extensión por ley de la población objeto de cobertura y a problemas subsanables en la aplicación del baremo de valoración; y c) finalmente, una desviación aparente, entre las previsiones de la ley y la realidad en cuanto al tipo de prestaciones. La ley establece la prioridad de los servicios y, sin embargo, en la puesta en práctica parece que la opción predominante son las prestaciones económicas, lo que en parte se explica por las preferencias legítimas de los afectados y familiares, por problemas de una oferta aún insuficiente de servicios, a pesar de su fuerte crecimiento en los últimos años y, seguramente, por problemas de depuración de la información.

Estos problemas, resultado en parte de un sistema complejo y en despegue, son superables a medio plazo, si se refuerza su dimensión institucional, financiera y prestacional con el concurso activo del Consejo Territorial, institución clave para el buen gobierno del sistema.

En el plano “institucional” es necesario reforzar el papel de la Administración General del Estado en cuanto a coordinación, particularmente la centralización y coordinación de la información para garantizar transparencia, el apoyo técnico al Consejo Territorial y el desarrollo de la alta inspección del Estado. Debería valorarse en qué medida la Seguridad Social, con competencias en la materia, debe implicarse más en un sistema que históricamente nació en su seno. Generar confianza institucional en el seno del Consejo Territorial del Estado, es crucial para el éxito del nuevo sistema en todas y cada una de las comunidades autónomas. La “voz” de los Consejos Consultivos, organizaciones sociales y de personas afectadas debe hacerse audible. Reforzar el papel institucional de los ayuntamientos es crucial en cuanto “puerta de entrada” en el sistema y responsables de los servicios sociales básicos; su proximidad hace posible una ciudadanía social cercana. Todo ello sin dejar de mencionar la necesaria coordinación del sistema sanitario y los servicios sociales. Finalmente, la acción correctora de la Administración General del Estado y del conjunto del Estado a través del Consejo Territorial, de las desigualdades territoriales, de clase y de género, debe ser un eje central en la nueva política social.

En el plano “financiero” la transparencia de información es una exigencia con el fin de conocer el esfuerzo común y de cada comunidad autónoma. Igualmente es necesario cada año estimar el coste real del sistema en base a los beneficiarios potenciales y la diversidad de prestaciones económicas y de servicios. Reforzar el nivel mínimo de financiación debe ser un objetivo central en la agenda política y la situación actual de crisis debe verse como una gran oportunidad para impulsar un gasto público que genera protección, justicia y empleo. Sumar en los próximos años un 1% del PIB al gasto actual (en torno al 0,5) es un objetivo factible para nuestro nivel de desarrollo y sus efectos en la calidad de vida y el empleo compensan ampliamente el esfuerzo adicional.

En cuanto al “nivel acordado” de financiación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas caben cambios en la forma actual (convertir los convenios anuales en plurianuales evita muchos costes políticos) pero, sobre todo, en el fondo transformando este nivel en un sistema de inversión que amplíe la escasa oferta de servicios sociales. Un mayor compromiso financiero y de coordinación efectiva de la Administración General del Estado deben ser garantías necesarias para hacer sostenible un sistema de calidad y para reforzar su legitimidad ante los ciudadanos en general y las personas afectadas en particular.

En lo referente al sistema de prestaciones y su gestión existe un extenso campo de actuaciones previstas por la ley. Así, los órganos de valoración deben reforzarse para garantizar su eficacia e igualdad en la aplicación; no hay mucho que inventar con la experiencia acumulada de la Seguridad Social. La gestión mixta de los servicios debe garantizar la calidad evitando el empleo precario; los servicios de calidad requieren empleos de calidad. La creación de empleo en este campo es una excepción positiva a la crisis actual del mercado de trabajo. El sistema sanitario debe implicarse a fondo. Resulta llamativo que las prestaciones sociosanitarias, previstas en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, apenas se estén aplicando teniendo en cuenta la estrecha relación entre dependencia y enfermedades crónicas y morbilidad.

En suma, el desarrollo de la ley de la dependencia exige esfuerzos ampliados para que efectivamente sea una ley de Estado que contribuya al desarrollo de un nuevo derecho social que mejora la vida de las personas en situación de dependencia. Ello implica garantizar el acceso universal al nuevo sistema así como la suficiencia y calidad de servicios y prestaciones; en este objetivo es preciso reforzar la acción de la Administración General del Estado en coordinación, apoyo técnico y financiero a las comunidades autónomas, alta inspección y políticas correctoras de las desigualdades territoriales, de clase y de género existentes en este ámbito. La prevención de la discapacidad es una inversión social de futuro que requiere investigación y desarrollo. Por último, no es retórico afirmar que el éxito del sistema de autonomía y dependencia supone al mismo tiempo contribuir a ampliar nuestros derechos sociales y el conjunto del Estado de bienestar.

Gregorio Rodríguez Cabrero es catedrático de Sociología en la Universidad de Alcalá.

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La conciencia laxa de los objetores, de Javier Pradera en El País

Posted in Derechos, Política, Religión by reggio on 25 febrero, 2009

La semana pasada se publicaron en su integridad las sentencias dictadas el 11 de febrero por el Pleno de la Sala III del Supremo sobre la aceptación por el Tribunal Superior de Andalucía y la desestimación por el Tribunal Superior de Asturias (en tres ocasiones) de las peticiones de objeción de conciencia contra la materia Educación para la Ciudadanía (EpC) y los Derechos Humanos, Educación Ético-Cívica y Filosofía y Ciudadanía presentadas por padres de alumnos. La lectura de esas cuatro resoluciones pone de manifiesto la dudosa buena fe y la falta de honradez intelectual de la campaña lanzada por la Conferencia Episcopal y por el PP contra la incorporación a los planes de estudio de esas asignaturas obligatorias, utilizando además a los escolares, a sus padres y a sus profesores como carne de trinchera.

Esa ofensiva forma parte de una estrategia general de la Jerarquía Eclesiástica y de la derecha conservadora para exigir al Estado aconfesional de la Constitución de 1978 que subordine la moral de toda la sociedad española a los mandamientos religiosos obedecidos sólo por una parte de la ciudadanía. Durante el franquismo, el Concordato con la Santa Sede aseguró con siete candados la servidumbre de las costumbres y de la enseñanza a la doctrina vaticana. Las zonas de autonomía conquistadas tras el restablecimiento de la democracia en los ámbitos de la libertad sexual, divorcio, control de la natalidad, interrupción voluntaria del embarazo y matrimonio homosexual han encontrado la feroz resistencia de la Conferencia Episcopal. El terreno de la educación (en los aspectos financieros y de contenidos) ha sido también escenario de batallas campales de una Iglesia católica que se resiste a perder su antiguo y rentable monopolio educativo.

Pero una sociedad democrática que descansa sobre el pluralismo necesita un espacio ético común subyacente a los idearios sectoriales de los ciudadanos. Los derechos humanos garantizados por la Constitución expresan los valores que sirven de sustrato moral al sistema político. La beligerante actitud de la jerarquía eclesiástica contra esa ética compartida, independiente de la religión y subyacente a los derechos fundamentales, está en el trasfondo de la consigna dada a los padres de familia (que corrió como reguero de pólvora) para plantear la objeción de conciencia. Las sentencias dictadas por el Supremo cierran el camino a los casos aún pendientes de juicio. La objeción de conciencia ahora rechazada invocaba los artículos 16.1 (que ampara la libertad ideológica) y 27. 3 de la Constitución (que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones). Según las sentencias, la nueva materia es ajustada a derecho: su obligatoriedad es un deber jurídico válido. La Constitución no otorga a la objeción de conciencia ante un deber jurídico la condición de derecho fundamental de alcance general; sólo la menciona a propósito del servicio militar. El reconocimiento de esa dispensa en el campo educativo es inexistente. Y los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos se hallan limitados por los derechos del Estado sobre la materia amparados por los parágrafos 2 y 5 del artículo 27 de la Constitución.

Una pléyade de periodistas y tertulianos chistosos de profesión pretenden desacreditar la disciplina mediante chuscos paralelismos con el anterior régimen. Siempre obediente a sus asesores mediáticos, Esperanza Aguirre también descalificó EpC como versión socialista de la Formación del Espíritu Nacional franquista. Los objetores asturianos consideran los contenidos de la asignatura como adoctrinamiento ideológico propio de “los regímenes fascistas o marxistas-leninistas”. Y quienes impusieron bajo el franquismo la obligatoriedad de la enseñanza de religión y defienden ahora la catequesis católica como asignatura del mismo rango que las matemáticas culpan a la nueva disciplina de tratar de imbuir en el alumnado los falsos valores del relativismo, el positivismo y la ideología de género. Sucede, sin embargo, que EpC, incorporada en 2007 a los planes de estudio, no es una herencia del franquismo -con el que convivió simbióticamente la Iglesia católica- sino una innovación pedagógica de los sistemas democráticos, patrocinada por la Recomendación de 2002 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y por la Recomendación Conjunta del Parlamento de Europa y del Consejo de la UE de 2006.

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Rajoy toca madera, de Enric Juliana en La Vanguardia

Posted in Política by reggio on 25 febrero, 2009

LA CRÓNICA

LA RECTA FINAL DE LA CAMPAÑA ELECTORAL EN GALICIA Y EL PAIS VASCO

Oxígeno para la izquierda y oxígeno para la derecha. La dimisión de Mariano Fernández Bermejo parece una cámara hiperbárica. Ha mejorado la ventilación del PSOE y ha devuelto la sonrisa al grupo dirigente del Partido Popular, que hace quince días temía lo peor: la debacle y la némesis; la severa derrota electoral y el castigo de los disidentes, hoy agazapados, mañana quizá coligados.

Vamos por partes. El PSOE ayer respiró, convencido de que vuelve a ser el partido de la virtud, tras el accidente narrativo de la cacería de Jaén. Nuevas revelaciones de la investigación del juez Baltasar Garzón sobre los pliegues de corrupción en el Partido Popular pueden volver a poner a la derecha contra las cuerdas antes de que concluya la campaña electoral vasca y gallega.

Dosis adicional de oxígeno socialista: el nombramiento de Francisco Caamaño como nuevo ministro de Justicia. Caamaño, hasta ayer pieza clave en el equipo técnico de la Moncloa, representa un nuevo estilo y suma puntos al galleguismo socialista, lo cual tiene su importancia estos días. Cuatro gallegos se van a sentar a partir de ahora en el Consejo de Ministros: Caamaño, César Antonio Molina, Elena Espinosa y Elena Salgado.

Si la izquierda (PSOE más Bloque Nacionalista Galego) no logra sumar la mayoría absoluta el próximo domingo, la derrota puede ser terrible. Sería un sonoro fracaso del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, instalado desde hace semanas en Santiago para dirigir la campaña. Y sería un duro contratiempo para el remozado Gobierno. El PSOE se quedaría sin margen para enviar al PNV a la oposición en Euskadi, en el caso de que tal cosa acabe siendo posible.

Oxígeno para el PP: el equipo de Rajoy ha conseguido abatir a un ministro socialista cuando parecía hallarse en el peor de sus momentos. “Es la primera vez en mucho tiempo que derrotamos al PSOE en campo abierto”, subrayaba ayer un estrecho colaborador del líder de la oposición. El mérito principal corresponde a la portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría.

Más oxígeno. La investigación de Garzón nunca ha sido una buena noticia para Rajoy, pero ha tenido efectos letales sobre la operación Aguirre, al convertirse la Comunidad de Madrid en el epicentro del terremoto. De no mediar un milagro del Cristo de Medinaceli (por el que hay gran devoción en Madrid), la posibilidades de que la cordada de Esperanza Aguirre pueda conquistar la jefatura del PP son hoy prácticamente nulas. El partido se halla en estado de excepción y ello fortalece al actual liderazgo, a la espera de los resultados del domingo. Hace veinte días -una eternidad en la política politizada- Rajoy parecía muerto. Hoy respira. Y, sobre todo, toca madera.

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Salir de la crisis, de Xavier Vives en La Vanguardia

Posted in Economía by reggio on 25 febrero, 2009

TRIBUNA

Cunde el desánimo porque no se ve el fin de la crisis. Los problemas de la banca internacional están lejos de estar solucionados aunque se haya evitado el colapso financiero. La restricción de crédito y la desaceleración brusca de la actividad económica plantean un panorama preocupante. En particular en España, dado el modelo de crecimiento basado en la construcción, el elevado déficit exterior y la imposibilidad de devaluar la moneda. Alarma el aumento del paro.

La salida usual de una devaluación que devolvería la competitividad perdida a los productos españoles no está entre las opciones (razonables). La teoría de que la entrada en el euro disciplinaría a la economía española y la haría competitiva ha fallado. No hemos hecho suficientemente los deberes. Entramos en el euro y aprovechamos la bonanza de los bajos tipos de interés (negativos en término reales algunos años) no tanto para invertir en capital físico, tecnológico y humano como para alimentar una expansión enorme en el sector inmobiliario.

Esta expansión ha fomentado la idea de que para crecer y ganar dinero no hacía falta esfuerzo, y esto ha permeado en la sociedad, empezando por la escuela. Ahora se espera que el Estado benefactor solucione la crisis y proteja completamente a los ciudadanos. No va a suceder por más declaraciones que se hagan. La salida de la crisis requerirá más trabajo y esfuerzo con una compensación que no crecerá en términos reales, y un cambio de modelo productivo que haga más competitivas las empresas.

Esto ha de implicar una política decidida de reformas y también un cambio cultural que ponga por delante el valor del esfuerzo. No hay varita mágica para salir de la crisis, serán años de trabajo e inversión para que aumente la productividad, poniendo otra vez en un lugar central a la industria y a los servicios avanzados porque la industria seguirá siendo fuente de aumentos importantes de productividad. Al mismo tiempo se deberá aumentar la competencia en los servicios como estímulo indispensable para impulsar su baja productividad e impulsar la calidad.

La crisis actual, como todas las crisis, supondrá una purga de excesos y una selección que hará crecer a las empresas eficientes y contraer a las ineficientes, y que reducirá el peso de los sectores sobredimensionados. Se saldrá antes de la crisis cuanto antes se transfiera capital de los sectores en declive a los de crecimiento potencial. Es por ello muy importante que no se pongan obstáculos artificiales a las necesarias reestructuraciones. Los intentos de protección de sectores no competitivos fracasarán a medio y largo plazo, y costarán mucho dinero al contribuyente.

Xavier Vives. Director del Centro Sector Público-Sector Privado de IESE.

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El raquítico plan de estímulo de Obama, de Robert J. Samuelson en El Mundo

Posted in Economía by reggio on 25 febrero, 2009

TRIBUNA: LA CRISIS ECONOMICA

El autor analiza pormenorizadamente los fallos de las medidas impulsadas por el presidente americano. Los expertos creen que no servirán para lo que más se necesita: reanimar la econonía a corto plazo

Analizado en profundidad, el programa de estímulo económico de 787.000 millones de dólares de Obama es profundamente decepcionante.Durante semanas, el presidente ha descrito la situación económica en términos catastróficos. «Esta no es una recesión cualquiera -decía en su conferencia de prensa del 9 de febrero- es la peor crisis económica desde la Gran Depresión». Teniendo en cuenta estas dramáticas advertencias, sería de esperar que el paquete de estímulo se centrara casi en exclusiva en la reanimación de la economía. No lo hace, y de ello tiene una gran parte de culpa el propio Obama.

La defensa de un estímulo colosal -del que soy partidario- consiste en evitar una espiral económica bajista devastadora. El gasto se está desplomando en todo el mundo. Durante el cuarto trimestre de 2008, la economía estadounidense se contrajo casi el 4%. En Japón, la economía se desplomó casi 13 puntos porcentuales; en Europa, las pérdidas fueron de casi el 6%. Son descensos espantosos.Si las perspectivas económicas son tan tristes como dice el presidente, no hay ningún motivo para poner obstáculos a la fuerza de choque del paquete de estímulo. Sin embargo, eso es lo que ha hecho.

Sus políticas comprometen el objetivo económico del programa.Fíjense en las cifras. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que alrededor de 200.000 millones de dólares se emplearán de 2011 en adelante, mucho más tarde de lo que sería necesario.Como aperitivo, hay 8.000 millones de dólares destinados al tren de alta velocidad. «Todo el mundo dice que son para el tren de alta velocidad entre Los Angeles y Las Vegas, no lo sé», dice Ray Scheppach, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Gobernadores. Al margen de lo que se ha hecho, el diseño y la arquitectura se prolongarán durante muchos años. No es un estímulo rápido.

También hay 20.800 millones de dólares destinados a mejorar la tecnología de información sanitaria, más historiales clínicos informatizados y similares. La mayoría de la gente está de auerdo con estos cambios, pero no los verá de inmediato. La Oficina Presupuestaria del Congreso calcula que apenas el 3% de los fondos (595 millones de dólares) se emplearán durante los ejercicios de 2009 y 2010. El máximo gasto previsto -14.200 millones de dólares- se producirá en 2014.

Los grandes proyectos llevan tiempo y se han incluido en la legislación de estímulo porque Obama y los líderes Demócratas del Congreso están utilizando este paquete de medidas para impulsar muchas prioridades políticas, cuando lo que en realidad se necesita es reanimar la economía a corto plazo. Durante su conferencia de prensa, Obama defendió (de forma inexacta) que los dos objetivos no son incompatibles. Considere, dijo, la adaptación de los edificios federales para hacerlos energéticamente más eficientes. «Estamos generando puestos de trabajo de manera inmediata», dijo. Sí, pero no muchos. El paquete de estímulo incluye 5.500 millones de dólares para la reforma de edificios federales. La Oficina Presupuestaria considera que apenas el 23% de esos fondos se gastarán en 2009 y 2010.

Y lo que es peor, el impacto económico de la legislación de estímulo es ya menor de lo que se anunció. El paquete incluye una oscura disposición fiscal: un «parche» al impuesto mínimo alternativo.Esto protege a muchos estadounidenses de clase media de las subidas de los impuestos y, sobre el papel, añade 85.000 millones de dólares en concepto de «estímulo» a 2009 y 2010. El único problema es que, como explica Len Burman, del Centro de Política Fiscal, no se trata de un estímulo añadido, puesto que el Congreso tenía previsto aprobarlo de todas formas. De hecho, lo hace todos los años. La finalidad del estímulo es minimizar la posibilidad de que los descensos en una región de la economía arrastren a los demás sectores. Y en este sentido, el próximo gran sector vulnerable serán las instancias locales y estatales.

Rebajar la carga fiscal genera masivos descubiertos presupuestarios.Desde ahora hasta finales del ejercicio fiscal 2011, éstos podrían alcanzar los 350.000 millones de dólares en total, según datos del Centro de Presupuesto y Prioridad Política (CBPP), un colectivo progresista de presión. Obligados a equilibrar sus presupuestos, los estados se enfrentan a enormes presiones para rebajar el gasto y las plazas fijas o subir los impuestos. Cualquiera de las opciones empeora la recesión y ahonda el pesimismo. En definitiva, el paquete de estímulo ofrece sólo un alivio modesto.

Utilizando fondos de la legislación de estímulo, los estados podrían compensar el 40% de sus déficits, según afirma Nicholas Johnson, del citado centro. El efecto sobre los municipios probablemente será aún menor. El Congreso habría hecho más proporcionando subvenciones federales masivas al gasto social de los estados y municipios, dejándoles decidir cómo gastar el dinero. En lugar de eso, la legislación proporciona fondos sobre todo a través de programas concretos. Hay 90.000 millones de dólares más destinados al programa médico, 12.000 millones a educación especial y 2.800 millones de dólares a diversos programas de supervisión. Washington centraliza cada vez más competencias.

Nadie conoce el impacto económico de todo esto; las estimaciones divergen.

En todo caso, la estrategia política de Obama obstaculiza el alcance que las medidas podrían haber tenido. Al utilizar la legislación de estimulo para fines políticos que no guardan relación con los problemas inmediatos, el gasto se verá retrasado y sus efectos, atenuados. Existe otra desventaja: el gasto «temporal» aumenta la probabilidad de que los programas concretos, en contraste con las subvenciones federales a programas sociales, sean más difíciles de desmantelar, empeorando las perspectivas presupuestarias a largo plazo. Es un hecho que la política y la economía no pueden deslindarse. Pero en el plan de Obama, el partidismo se ha impuesto claramente a la política económica pragmática. Y las concesiones simbólicas realizadas a algunos republicanos restaron fuerza al paquete legislativo.

Robert J. Samuelson es analista de The Washington Post.

© Mundinteractivos, S.A.

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Beber para olvidar, de Raúl del Pozo en El Mundo

Posted in Historia, Política by reggio on 25 febrero, 2009

EL RUIDO DE LA CALLE

Cuando asaltaron la Bastilla ya no era la tenebrosa prisión de la Monarquía tiránica; sólo había siete presos, cuatro estafadores, un pirado, un noble degenerado y un solo agitador. Entró la Historia con cuchillos y palas y ni siquiera estaba guardado en ese momento el Marqués de Sade. La literatura ha embellecido el asalto dándole trato de gesta. Hace 28 años dieron un golpe de Estado en España que fue grabado y retransmitido en vivo y en directo. A pesar de ello, hemos embellecido de tal modo el golpe, que yo, que estuve allí tumbado como un gusano, no lo reconozco; la ópera en realidad fue una zarzuela. De eso hablamos el otro día en el Congreso con dos protagonistas esenciales del 23-F, Francisco Laína y Sabino Fernández Campo. Nos convocó José Bono. Eramos 60 comensales. Cuánto panaché de verdura y lomo de merluza hay que tragar para llevar a casa una columna.

Tanto Sabino como Laína se pusieron aquel día de parte de la Constitución. Sabino, que según José Bono no fue un telefonista de lujo, tuvo que desenredar la madeja de traiciones. Laína, como el cabo de la remonta que le decía desde una radio de galena a Queipo en un pueblo de Andalucía «ríndete, hijo de puta, que no tienes nada que hacer», se convirtió en primer ministro del Gobierno provisional; como el cabo, les comunicó a los militares que no tenían nada que hacer. Según él, Juan Carlos I le llamó a los 10 minutos del golpe para ordenarle que el Gobierno de Subsecretarios obligara a los golpistas a claudicar. Cuando le preguntamos a Sabino sobre la trama dijo no acordarse. Confesó que le faltan piezas en el puzzle; con mucha ironía, Sabino pronunció la frase definitiva: «Después de tantas comidas de periodistas voy a terminar enterándome de lo que pasó».

El Rey con chándal y teléfono logró desativar el golpe y nosotros vamos convirtiendo una tarde vergonzosa en una epopeya. Ya les dije que me emociona la cita de Tácito que Robert Graves pone en el inicio de Yo, Claudio: «Una historia que fue sometida a toda clase de tergiversaciones, no sólo por parte de quienes entonces vivían, sino también en los tiempos posteriores, porque lo cierto es que toda transición prominente está envuelta en la duda y la oscuridad».

Yo estaba en el bar, donde suelen nacer las noticias, y creí que mataban a los diputados. Me apuntaba un cabo primera de la Guardia Civil. Uno no olvida nunca un pelotón de fusilamiento. Me arrojé de bruces a la moqueta. Y se cayeron conmigo el vaso, el hielo, la cocacola y la ginebra. Me lo dijo José Luis Gutiérrez: «Tienes la cara como de yeso».

Bebimos para olvidar; los picos se metieron 200 botellas de ginebra y whisky. Ahora lo hemos olvidado todo.

© Mundinteractivos, S.A.

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Solidaridad capitalista, de Lorenzo Cordero en La Voz de Asturias

Posted in Asturias, Economía, Política by reggio on 25 febrero, 2009

El ojo del tigre

El gobierno del Principado de Asturias está decidido a rescatar de entre los escombros de la derruida ideología capitalista el proyecto que tenía una empresa privada para construir, en un principio, tres artísticos rascacielos sobre la famosa parcela de la antigua estación del ferrocarril del Vasco, en Oviedo. Fracasado aquel primer proyecto -no se sabe si por ser excesivamente ambicioso o por haber perdido la confianza en el autor del mismo- ese espacio vacío en la ciudad constituye una mácula urbanística que desluce el conjunto artístico-residencial de la antigua urbe romano-carolingia .

En un principio, la empresa privada le había encargado a un famoso arquitecto el proyecto para construir las torres. Pero aquel plan no llegó a cristalizar. Algunos opinan que por culpa de la agobiante crisis económica mundial, que acojona al capital; otros, sospechan que se debió a la falta de confianza en el arquitecto-estrella. Sobre todo, después de la onerosa experiencia con el singular artilugio construido sobre el desaparecido campo de fútbol Carlos Tartiere, en pleno bosque urbano en el barrio de Buenavista.

Actualmente, a los arquitectos que adquieren fama mediática les sucede lo mismo que les ocurre a los autores de la cocina vanguardista: en el caso de los primeros, no siempre está muy claro que sean realmente técnicos especializados en la construcción de edificios habitables o, quizás, ingeniosos escultores de hormigón. En cuanto a los especialistas de la llamada nueva cocina , tampoco está lo suficientemente claro que sean cocineros o artistas plásticos.

Estas dudas -propias de un tiempo tan dudoso como lo es el actual- se pueden trasladar al etéreo espacio reservado para el protagonismo social de las ideologías; con lo cual -después de comprobar cómo el Gobierno (socialista) asturiano saca pecho y se lanza decidido a rescatar el proyecto fallido de una empresa privada-, no está nada claro que lo que se intenta salvar sea un proyecto de interés social o un negocio (legítimo, claro) estrictamente particular.

Tan singular plan político de salvación -ideado por el Gobierno autonómico- requiere, al parecer, que se le facilite la posibilidad de anudar todos los cabos sueltos que hay a su alrededor: Siglo XXI, Ayuntamiento de Oviedo, la Judicatura, la Banca -o sea, ¿Cajastur?- etcétera, etcétera… Creo que el objetivo principal de ese rescate también se merece la unificación de todos los hilos que ahora están cada uno por su lado. Sobre todo, para lograr que desaparezca esa molesta mácula, que desequilibra la armonía del mapa urbanístico de la histórica y heroica ciudad.

Lo más probable es que suceda tal cual está planeado. La empresa propietaria de ese activo urbano ocioso ha dado muestras de su gozosa aceptación del plan gubernamental; la Banca es probable que también participe; la Judicatura parece ser que está de acuerdo igualmente (por lo menos, el futuro palacio la redimirá de tener que recurrir a la huelga de togas caídas, como si los jueces fueran vulgares proletarios exigiendo mejores condiciones laborales…); solo hace falta que se pronuncie favorablemente, y sin solapamientos, el jefe del Estado de la ciudad de Oviedo. Este es el único cabo suelto con vocación para la independencia de sus intereses sociopolíticos; aunque es posible que acabe entrando en el nudo de la cuestión: salvar los intereses empresariales.

La sublime decisión del Ejecutivo, que preside el señor Alvarez Areces, es absolutamente lógica. Por un lado, responde a una solemne coherencia personal -la del señor presidente del Gobierno asturiano-, ampliamente demostrada a lo largo de su pública trayectoria política. Por el otro lado, coincide con las tesis que defiende el secretario general de la FSA-PSOE con respecto a las responsabilidades que tiene el Estado en asuntos económicos. Unas tesis que acaba de dejar bastante claras el secretario general de los socialistas asturianos en un extenso artículo publicado en el periódico de cabecera de la clase política autóctona; precisamente, el mismo día que en sus páginas dicho periódico daba la noticia de la audaz operación rescate.

La síntesis del pensamiento político de este destacado dirigente regional es la siguiente: Lo que esta crisis ha venido a poner de manifiesto con total crudeza es que la única garantía verdadera es la que proporciona el Estado con todo su arsenal de instrumentos. (Baile de máscaras, Javier Fernández Fernández, LNE. 22 de febrero 2009. Pag. 33).

Henos aquí, pues, ante la teoría y la praxis de un Gobierno (socialista) que se enfrenta a la temible -y terrible- depresión económica global armado con una simple honda. El Gobierno de Areces lanza su piedra (filosofal) contra la cresta de la crisis que amenaza con tragarse el bienestar del capital financiero. Sobre todo, henos ante una gratificante coincidencia política, protagonizada formidablemente por un presidente autonómico y su hipotético sucesor. Es decir: el señor Fernández y Fernández representa, en estos momentos, la continuidad de una coherencia política (probablemente, también ideológica) que es la que le garantiza siempre al capital privado la solidaridad incondicional del capital público.

A ver: ¿quién dijo que Asturias es un reducto de la izquierda marxista…?

Lorenzo Cordero. Periodista.

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¿Una solución al problema de financiación de España?, de S. McCoy en El Confidencial

Posted in Economía by reggio on 25 febrero, 2009

Lo que nació como una propuesta intelectual allá por el mes de septiembre, ha ido ganando cuerpo y adeptos con el paso del tiempo y el paulatino deterioro de las condiciones de financiación de alguno de los miembros de la Eurozona. Gente tan diversa como Wolfang Münchau o George Soros la han defendido como una de las alternativas válidas para evitar la quiebra de la ilusión comunitaria y de la moneda común en sendos artículos en Financial Times (pinche en los respectivos nombres para acceder a las piezas). El último en apuntar la viabilidad de esa iniciativa ha sido el Director General del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, que ve cómo se le multiplican los frentes. El debate está encima de la mesa, con todos sus pros y sus contras. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la creación de un instrumento de deuda común para todos los países de la Eurozona, activo financiero que podríamos llamar bono europeo.

Quizá quien ha estudiado más sistemáticamente la cuestión ha sido la SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association) cuyo documento sobre la materia, extraordinariamente bien estructurado, se ha convertido en la referencia imprescindible a la hora de analizarla. A lo largo de sus 48 páginas aborda todas las aristas que de una proposición como ésta pudieran derivarse y establece hasta seis modos distintos de estructuración posible en su nacimiento. En esencia, como impulsores de la idea, el SIFMA, y su afiliada la EPDA (European Primary Dealers Association), son firmes defensores de la misma que, a su juicio, permitiría incrementar los volúmenes de emisión, abaratar los costes de originación y obtención de fondos, aumentar la liquidez y las posibilidades de cobertura y reforzar el papel del euro como moneda de reserva al poder competir con la alternativa que es la omnipresente deuda del Tesoro norteamericano.

Pese a la pluralidad de opciones contempladas, existen una serie de lugares comunes a todas ellas, a saber: creación de una agencia políticamente independiente que pueda arbitrar las necesidades de financiación de los estados miembros sobre una doble premisa: un porcentaje fijo de participación de cada uno de ellos en el conjunto de las emisiones del ejercicio (en función de su rating o de la deuda emitida sobre PIB) y libertad en la fijación de los vencimientos; preeminencia de la deuda común sobre las nacionales respectivas una vez la primera se imponga en importe y significación; responsabilidad individual de cada país limitada al volumen sujeto a financiación a través del instrumento común. Toda una declaración de buenas intenciones que choca con la ausencia de liderazgo y cohesión europeas (frente al primer requisito), la urgencia de dinero de muchas naciones para pagar sus respectivos planes de estímulo (contra la segunda condición) y potencial deterioro colectivo derivado del impago de uno de los socios (en oposición al tercer elemento). Démosles, en cualquier caso, por comúnmente aceptados que, si no, no avanzamos.

Pues bien, a partir de ahí, serían fundamentalmente seis las alternativas que se podrían plantear de partida: una, unificación de todas las emisiones de los 15 estados miembros (1,5 billones de euros al año-rating potencial A); dos, lo mismo complementado con un fondo de garantía ante posibles contingencias administrado por la agencia creada ad hoc para este fin (lo que permitiría incrementar el rating a AAA); tres, limitar el volumen a emitir al 50% de lo necesitado por los 15 estados miembros (el resto sería deuda subordinada estatal), protegido igualmente por el fondo de garantía que acabamos de mencionar (737.000 millones de euros anuales-rating AAA); cuatro, emisión colectiva y garantizada por el fondo para 12 miembros de la Eurozona, quedando Francia, Alemania e Italia, posibles principales objetores a la medida, excluidas de la misma (566.000 millones-AAA); cinco, limitación de la ventana de financiación común a los países que disfruten de rating soberano de AAA con exclusión de Francia y Alemania; seis, unificación de las emisiones de letras del Tesoro a 6 meses de los 15 estados miembros (849.000 millones, rating  A-1+). Las opciones preferidas por los miembros de la asociación fueron, paradójicamente, la quinta y la sexta, debido a la mayor uniformidad inicial del riesgo crediticio (menos castigado en el corto plazo que en el largo) y, por ende, la menor complejidad en la concepción del bono primero y su consolidación en el mercado después.

La pregunta que inmediatamente surge es: ¿merece la pena las alforjas que habría que transportar para un viaje tan liviano? Lo dudo, por mucho que Münchau defienda su carácter preliminar y la posibilidad de su posterior ampliación hacia objetivos más ambiciosos. Toda vez que lo que está en juego es la propia conciencia europea, si de verdad se quiere apostar por la continuidad de la Unión hay que dejar a tras las medias tintas y terminar con esos complejos localistas que han condicionado su pasado pero no pueden determinar su futuro, espíritu de cambio que sólo recogen adecuadamente las garantistas alternativas dos y tres, que es la defendida por Soros, cuya pieza tiene un cierto aire visionario que aconseja su lectura pausada  (especialmente en la parte final). El debate, por tanto, debe superar la actual expansión de diferenciales, que el tiempo que tardaría en implantarse una medida como ésta no va a permitir corregir de manera inmediata, y tomar un poco de perspectiva temporal. Obviamente es un sacrificio más a pedir a la ya maltratada Alemania. Pero resulta imprescindible. Lo contrario supondrá un retroceso de décadas en esa Europa que nadie ha terminado muy bien de creerse y sobre la que empieza a pesar un interrogante cada vez menos retórico: ¿merece realmente la pena?

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La reforma imposible de los impuestos: un debate en lista de espera, de Carlos Sánchez en El Confidencial

Posted in Economía by reggio on 25 febrero, 2009

A los impuestos les ocurre lo mismo que a las reformas laborales. Son difíciles de encajar en el debate político. Cuando alguien plantea la necesidad de cambiar la normativa en aras de lograr un sistema tributario más eficiente y justo (los impuestos nunca son neutrales), hay quien piensa de manera automática en la necesidad de recortar la presión fiscal hasta exprimir al máximo (¡Estado, ríndete!) la capacidad recaudatoria de los poderes públicos.

Otros, por el contrario, creen que el deterioro de los servicios públicos tiene que ver, fundamentalmente, con la reducción de los impuestos. En particular, los tributos de carácter directo (IRPF o Sociedades). Sostienen que  sólo con unos impuestos elevados será posible atender la financiación del Estado de bienestar. Sin lugar a dudas, el gran reto que tienen ante sí las naciones más desarrolladas en las próximas décadas.

Existe, por último, un tercer grupo que se sitúa a medio camino entre unos y otros. Son los posibilistas, los que mueven en función de la oportunidad política (¿o habría que decir oportunismo?). Hacen pequeñas reformas al albur del viento que sople con más fuerza. Pero como en la mayoría de las ocasiones las corrientes reformistas que fluyen en uno u otro sentido se anulan al chocar entre sí, finalmente optan por no hacer nada. Asisten, mano sobre mano, a una caída brutal de los ingresos, pero apenas hacen reformas de calado no vaya a ser que pisen algún callo. Como se ve, es un planteamiento conservador, pero bien vestido puede parecer una actitud la mar de responsable. Unos alaban al vicepresidente de turno porque al menos no sube los impuestos, y otros lo alaban, precisamente, porque no los baja.

La coexistencia de estos tres planteamientos puede explicar mejor que ninguna otra cosa la ausencia de un debate real sobre cuál es el mejor modelo impositivo para combatir la crisis. El Gobierno parece haber optado por poner toda la carne en el asador en la necesidad de aumentar el gasto público como principal herramienta para combatir la crisis, pero no dispone de un minuto para reflexionar sobre qué modelo fiscal es el más conveniente para España propiciando una reforma fiscal consensuada.

Bajar el IRPF, subir el IVA

Afortunadamente, hay quien ha hecho ese trabajo. En las últimas semanas, se ha multiplicado el número de trabajos académicos  que proponen una reforma del sistema impositivo. Uno de los más interesantes es el que han publicado los profesores Jesús Fernández-Villaverde y Juan F. Rubio en Sociedad Abierta, un blog muy recomendable que conviene visitar.

Su propuesta fiscal consiste -dicho de una forma esquemática- en reducir en un 2% el tipo medio de los impuestos sobre las rentas del trabajo e incrementar, en paralelo, un 1% el tipo medio del IVA. La reforma se completaría con un incremento “importante” de los impuestos especiales (alcohol o hidrocarburos). Según sus cálculos, este paquete tendría un efecto expansivo de un 2% del PIB con respecto al escenario de mantener el statu quo fiscal, con un coste en términos de déficit público inferior al 0,2% del PIB.

Los argumentos que ofrecen para defender esta reforma se basan en que la bajada del impuesto sobre las rentas del trabajo, especialmente si se diseña de tal manera que favorezca a los asalariados de rentas más bajas, incrementaría los incentivos a trabajar y el consumo de las familias de manera notable. Estos dos mecanismos son la principal correa de transmisión de los efectos expansivos de la propuesta.

La bajada en los impuestos al trabajo se podría implementar por medio de reducciones de IRPF o de cotizaciones sociales, dicen los autores. Aclaran, sin embargo, que modificar las cotizaciones sociales es peligroso ya que puede generar conflictividad con los agentes sociales e incrementar el peligro a la sostenibilidad en el largo plazo del sistema de público de pensiones. Por tanto, puede ser más adecuada una rebaja del IRPF. Además, en el caso de una rebaja concentrada en los niveles de renta más bajos, esta reducción del tipo puede ser utilizada como un incentivo a los sindicatos para la moderación salarial durante el 2009.

Consideran, igualmente, que la subida del IVA ayuda a contrarrestar los efectos sobre la recaudación de la bajada de los impuestos sobre el trabajo. Y han llegado a calcular que mientras la bajada del impuesto sobre las rentas del trabajo supone una pérdida de recaudación de 0,5% del PIB, la subida del IVA compensa un 0.38%.

También en Sociedad Abierta, el profesor Juan Carlos Conesa, ha propuesto una reforma fiscal más quirúrgica, encaminada a identificar los colectivos más afectados por la crisis crediticia. En su opinión, tanto desde un punto de vista de eficiencia como desde la equidad, lo razonable sería dirigir las potenciales rebajas fiscales a los hogares con restricciones de liquidez y que se vean más afectados por la actual coyuntura económica. Dirigir las rebajas fiscales al conjunto de la población, sostiene, no sería equitativo, y muy probablemente ni tan siquiera fuera efectivo para el estímulo de la demanda en el corto plazo.

¿Qué tipo de hogares tiende a sufrir de forma más pronunciada las restricciones de liquidez? Se trata de los hogares en los extremos inferior y superior respecto a la edad (es decir, los más jóvenes y más mayores) y con niveles de renta inferiores, y los hogares con un nivel de deuda (fundamentalmente hipotecaria) considerable.

En relación a los impuestos que gravan el consumo, el profesor Conesa asume la alternativa propuesta por el economista Xavier Sala-i-Martin, que ha planteado la necesidad de una reducción temporal del IVA con el fin de estimular el gasto de las familias.

Como se ve, ideas hay. Sólo hace falta discutirlas y ponerlas en práctica. Confiar sólo en el gasto público para salir de la crisis, no parece el camino más  adecuado (y rápido).

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La escopeta nacional y europea, de Juan Francisco Martín Seco en Estrella Digital

Posted in Economía by reggio on 25 febrero, 2009

La Comisión ha abierto expediente sancionador al reino de España por déficit excesivo. Supongo que algo parecido tendrá que hacer con los otros veintiséis países de la Unión. En estas circunstancias, todos ellos se están saltando a la torera la disciplina presupuestaria. Y es que no están los tiempos para remilgos. Se trata de salvar los trastos. Por eso no hay nada más ridículo que, al tiempo que se escucha el grito de sálvese quien pueda y se desmoronan todos los principios en los que se basaba lo poco que había de Unión Europea, la Comisión continúe con sus ritos como si nada hubiese pasado. Lo mejor que puede hacer es entonar el mea culpa y autodisolverse.

La crisis nos está enseñando que de nada vale la estabilidad presupuestaria si el país está desestabilizado, y que tan peligroso o más que el endeudamiento público es el privado. Pero la inercia es grande, y los tópicos, numerosos; por ello, el Gobierno español practica la ley del péndulo. Un día afirma que hay que reactivar la economía y acuerda créditos extraordinarios para poner en funcionamiento una serie de proyectos -muchos de ellos sin estar maduros- y al día siguiente declara que hay que ser austeros y aprueba recortes presupuestarios.

El plan de restricciones presupuestarias es, como la mayoría de estos planes, un completo desastre, no sólo porque si se quiere reactivar la economía lo que menos se precisa es austeridad, sino porque lo barato termina siendo caro y los recortes se van a traducir en una mayor ineficacia de la Administración. En primer lugar, es curioso que se deje fuera de las medidas a los ministerios de nueva creación, cuya necesidad parece muy dudosa, y a las agencias, esos engendros administrativos instaurados por este Gobierno, que con el pretexto, como siempre, de flexibilizar la gestión se configuran con mecanismos de control más laxos y con la posibilidad de que el político de turno pueda contratar a quien quiera.

En segundo lugar, la medida de eliminar vacantes y de reducir la oferta de empleo público parece contraproducente en un momento en el que el objetivo primario es crear empleo. Sólo va a servir para empobrecer aún más los servicios públicos y, lo que es peor, en muchos casos para externalizarlos. Ante la escasez de empleados públicos, los distintos organismos encargarán las tareas a consultoras o empresas privadas. El precio será mayor y por tanto el gasto público y las posibilidades de control, menores, y menores las garantías para los administrados.

Las políticas que van en detrimento de la Administración suelen ser muy populares. Existen medios poderosos interesados en ello, que se esfuerzan en crear el clima adecuado, pero lo cierto es que todas esas actuaciones, al revés de lo que se cree, no suelen ir contra los funcionarios, sino contra la sociedad y los administrados. El deterioro de la justicia que los distintos gobiernos han permitido y propiciado no perjudica principalmente a los jueces, sino a los ciudadanos.

En tercer lugar, el plan afecta únicamente a la Administración central, pero ésta representa en nuestro país tan sólo una porción reducida del sector público, tanto más si se dejan fuera de consideración las pensiones y el seguro de desempleo. Uno de los graves problemas que hoy tiene España es que carece de un sector público unitario con el que actuar, en especial en tiempo de crisis. Chaves acaba de descubrirlo, cada Autonomía otorga su propia licencia de caza, y por eso con buen criterio propugna que haya una sola a nivel nacional. Y me pregunto yo qué tal si la educación, la sanidad, la justicia, las ayudas sociales, las cajas de ahorro y especialmente los impuestos vuelven a ser nacionales, ya que no pueden ser europeos, sin que se den diferencias en función de la región en la que se vive.

Por cierto, hablando de cacerías, nadie ha planteado la pregunta verdaderamente importante acerca de aquella en la que participaron el ministro de justicia y el juez superestrella. ¿Quién la pagó y por qué? El sueldo de ministro y de juez como mucho da para cazar perdices.

www.telefonica.net/web2/martin-seco

Dimisión inmune, de Antonio García-Trevijano en el Diario español de la República Constitucional

Posted in Justicia, Política by reggio on 25 febrero, 2009

La dimisión del Ministro de Justicia, Sr. Bermejo, no es por sí misma un acto de responsabilidad política ni de coherencia personal. Pues horas antes aseguraba al Parlamento que no dimitiría. La causa de su dimisión, que no viene de su conciencia, ha de ser atribuida al Jefe de Gobierno. Se trata de una destitución encubierta con la hipocresía de la dimisión. En todo caso, las consecuencias para los gobernados son las mismas: ignorancia de lo que sucede en el interior Gobierno y seguridad de que la idea de algún tipo de responsabilidad de los gobernantes es un concepto inocuo o utópico en el Estado de partidos. Cosa que no debe extrañar pues incluso la teoría liberal no ha desarrollado las ideas de Benjamín Constant, sobre la responsabilidad política inherente a toda dimisión ministerial. Que no es, como se cree, el final de un entuerto, sino el comienzo de una responsabilidad.

Para saber de lo que hablamos hay que distinguir entre los distintos tipos de cese, en un cargo gubernamental, llamados dimisión, pues no todos han de tener las mismas consecuencias. Están exentos de responsabilidad los tipos de dimisión coherente, o sea, la motivada por lealtad a la causa ideal que se aceptó con el cargo, y la ocasionada por impotencia ante la tarea asumida. En ambos casos, la responsabilidad política recae exclusivamente sobre un Presidente de Gobierno desleal a los ideales que conjuntaron el ministerio o falto de discernimiento en la elección de un incapaz. La dimisión inaudita, la que pondría la lealtad a la causa antes que la fidelidad al jefe, ni siquiera es concebible en la partitocracia. La dimisión amparada en la inmunidad de la falta o delito cometido, solo tendría algún atisbo de nobleza personal si el dimitido admitiera su culpa y solicitara el perdón de los gobernados.

La dimisión-destitución del Señor Bermejo, carente de dignidad personal, no ha sido ejemplar y no lo exime de la obligación de responder ante la sociedad, por los graves daños políticos ocasionados a la corporación judicial; y ante los Tribunales, por sospecha o indicios de connivencia con el Juez doliente de ansiedad en el proceso penal contra dirigentes del PP, así como por los daños materiales causados al patrimonio cinegético del Estado, cazando sin licencia de armas, con juez, fiscal y policía, en un coto reservado para autoridades extranjeras. Este último aspecto no es baladí. Basta recordar la importancia histórica que tuvieron crueles condenas de cazadores sorprendidos en “cotos Reales”, recordadas en la gran literatura como jalones del difícil camino de los jueces a la independencia judicial.

florilegio

“Sin responsabilidad exigible, el dimisionario dimite como persona.”

El voto de la ilusión y el compromiso, de Tasio Erkizia en Gara

Posted in Derechos, Política by reggio on 25 febrero, 2009

Una nueva campaña electoral va tocando a su fin. Campaña anodina y triste donde las haya habido. Llena de promesas, pero sin abordar los problemas de fondo. Sin alternativas a la actual crisis institucional y con remiendos ante la grave recesión económica. Los partidos se echan mutuamente los trastos, pero apenas se diferencian entre sí, sólo apuntan matices dentro de la aceptación general de la «democracia a la española» que se nos impone a los vascos y vascas.

Todos dan por válido -a excepción de EA, que en esta campaña utiliza un lenguaje que apunta hacia un cambio jurídico-político- el marco impuesto por la Constitución, estatus jurídico por el que a Euskal Herria se le condena a su progresiva asimilación en la España Una y Grande del neofranquismo. Y esa unanimidad en la campaña ha sido especialmente cuidada para apoyar fervientemente la decisión, hace tiempo adoptada por las estructuras de Estado español, de perseguir con saña cualquier actividad política encaminada a poner en tela de juicio el statu quo actual.

La actitud adoptada por la gran mayoría de los políticos ante la escandalosa ilegalización de dos listas electorales, con argumentos peregrinos e impresentables ante cualquier mente que razona, resulta preocupante e inadmisible. Preocupante, porque tanta sumisión y silencio ante las «razones de estado» que llevan a cometer semejantes irregularidades dice mucho de la falta de cultura democrática de la denominada clase política. E inadmisible porque los mismos que constantemente nos criminalizan por no condenar a ETA justifican sin ruborizarse la violación sistemática de los derechos civiles y políticos de miles de ciudadanos. ¿Cómo pueden afirmar que ellos defienden los derechos humanos de todos y todas cuando solamente critican las expresiones de violencia de una de las partes en litigio y justifican las muy numerosas expresiones de la violencia del Estado? Por ejemplo,0 los frecuentes casos de torturas, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, una escandalosa política de castigo y venganza para con los presos y presas, más de 600 candidaturas ilegalizadas, etcétera.

Durante la campaña electoral, una vez logrado el objetivo de ilegalizar la única opción rebelde y combativa, los partidos han acordado olvidarse, no hacer ninguna mención del carácter antidemocrático de estas elecciones. Pero en los días previos a la misma, justo cuando estaba en juego al menos formalmente la presencia o no de D3M y Askatasuna, los distintos estamentos han actuado como si tuvieran encomendada una función complementaria perfectamente calculada. Los policías, los jueces, la prensa y la clase política se apoyan mutuamente para hacer desaparecer a la izquierda abertzale. Así, en la noche del 23 de enero, la Policía detiene a 10 militantes y registra de madrugada y de manera violenta numerosos domicilios de personas públicas con el objetivo de criminalizar de antemano ante la opinión pública; a los pocos días los jueces ilegalizan sin aportar ningún argumento mínimamente serio, utilizando simplemente los informes policiales; al unísono, los grandes medios de comunicación lo justifican porque «todo es ETA». Y ¿cuál es la función que reservan a los políticos? Desvirtuar y quitarle importancia en unos casos y culpabilizar de todo ello a las propias víctimas por parte de otros.

El PSOE, que por boca de Rubalcaba ya había anunciado 6 meses antes que «ninguna opción electoral de la izquierda abertzale va a participar en las próximas elecciones autonómicas», nos vienen ahora con la justificación de que es una decisión de los jueces y que en ningún caso se trata de ilegalizar ideas y proyectos políticos. Han apostado por la ilegalización, pero no tienen la osadía de defenderla ante la sociedad. El PNV ha minimizado la gravedad de la ilegalización intentando utilizarla en su beneficio: «El PSOE ha ilegalizado simplemente por cálculo electoral». O con frases aún más vergonzosas, como la del Sr. Erkoreka: «el PSOE negocia con la izquierda abertzale la ilegalización». Y como colofón de los despropósitos, está la postura de Patxi Zabaleta en Radio Euskadi: «a Batasuna le apoya Garzón, el Estado y la Policía». ¿A qué obedece tanto despropósito y falsedad? ¿A quién quiere contentar el Sr. Zabaleta con tanta agresividad hacia sus ex compañeros, perseguidos y encarcelados por intentar realizar una actividad política?

El voto que más vale el 1 de marzo es precisamente aquél que los aparatos del Estado y sus acompañantes han ilegalizado. Y por muchas razones podemos defender el valor extraordinariamente útil del mismo, pero hay tres argumentos de peso -entre otros muchos claro está- que merece la pena reseñar.

En primer lugar, es una apuesta de gran valía para poder retomar nuevamente la iniciativa política desde una postura de fortaleza. A pesar de tener a más de cien dirigentes políticos encarcelados o policial y judicialmente neutralizados para poder ejercer una actividad política en mínimas condiciones de normalidad, la izquierda abertzale tiene capacidad e imaginación para volver a desbloquear la actual situación de impasse y sufrimiento. El Estado español se encuentra más o menos cómodo en estas coordenadas en las que el debate político es substituido por la represión policial, y en esas condiciones no le importa alargar el conflicto. La izquierda abertzale es la que puede volver a generar en este pueblo ilusión y confianza con nuevas iniciativas de hondo calado. Un apoyo sólido en las urnas ayuda para actuar con confianza y determinación. La afirmación de «a más represión, más iniciativa política» no es un simple eslogan, sino la dirección política que nos debe orientar en esta importante encrucijada.

En segundo lugar, es una apuesta para poder impulsar un nuevo proceso de diálogo y negociación. No nos cansaremos de repetir que el Estado español, al igual que el francés, tiene un problema con Euskal Herria y no con la izquierda abertzale ni con ETA. Es un largo contencioso que exige soluciones políticas de estado. Y los problemas políticos, en todas las partes del mundo, se solucionan solamente por medio del diálogo y la negociación, porque las respuestas policiales no hacen más que enquistar y enconar la actitud de las partes. Y en este camino del diálogo es evidente que no partimos de cero, que hay mucho camino andado. Por una parte, el método propuesto en Anoeta sigue teniendo total vigencia y, por otra parte, las bases acordadas en Loiola suponen un punto de partida interesante.

Curiosamente en esta campaña es un tema que no se ha debatido en profundidad. Aunque sea uno de los problemas que preocupe a la sociedad, los partidos parecen mirar a otro lado, como si tuvieran miedo a abordarlo. Aun así, las pocas referencias que se realizan sobre el particular siempre mencionan como elemento fundamental el diálogo entre partidos. Así, Ibarretxe desde Irlanda llama al entendimiento entre los distintos partidos políticos, y una de las promesas más repetidas de Patxi López es la de escuchar a todos ellos. ¿Tendrán la valentía que otras veces les ha faltado para abordar de una vez por todas el tema de la superación del conflicto en toda su dimensión política?

Para que un nuevo proceso de diálogo y negociación sea posible hay dos condiciones elementales. La primera, y fundamental, es que haya voluntad de respetar los derechos democráticos de nuestro pueblo. Por otra parte, algo tan básico como que participen todas las fuerzas políticas, sin exclusiones. Un proceso que conlleva superar la actual situación de ilegalización permanente de uno de los actores más determinantes y con más voluntad para lograr un escenario en el que todas las opciones puedan competir en igualdad de condiciones, incluido el movimiento independentista.

Por último, ese voto servirá para liderar un reagrupamiento de los soberanistas e independentistas. Ni Madrid ni París nos van a regalar nada a los vascos y a las vascas. En consecuencia, un proceso de diálogo tiene futuro en la medida en que se aborde desde una situación de unidad y con acuerdos políticos básicos entre las fuerzas sociales, sindicales y políticas de Euskal Herria.

Estamos lejos de lograr ese objetivo, pero va llegando el momento de ponernos manos a la obra con el objeto de aglutinar a todos los sectores que desde una posición progresista y de izquierdas apuesten resueltamente por la soberanía cultural, económica y política para la sociedad vasca. La propuesta de LAB a ELA vuelve a abrir la ventana a la esperanza. Tarea tan difícil como necesaria. Camino que exige esfuerzo y compromiso, pero imprescindible para nuestro futuro como pueblo.

En esta larga carrera en la lucha por la soberanía, el día 1 de marzo corremos una etapa importante pero en absoluto definitiva. Los miles de votos independentistas serán los que ayuden a despertar nuevamente la ilusión y la fuerza para nuevos compromisos.

Tasio Erkizia. Militante de la izquierda abertzale.

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