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Informar a los ciudadanos, de Enric R. Bartlett en La Vanguardia

Posted in Derechos, Justicia, Laboral by reggio on 4 febrero, 2009

DEBATE: Jueces y huelga

La ley orgánica del Poder Judicial de 1985 reconocía expresamente el derecho de huelga al personal al servicio de la administración de justicia autorizado a sindicarse. Nada decía de jueces y magistrados, a los que sindicarse no les está permitido. Estos funcionarios son un medio personal al servicio de un poder, el judicial, que se constituye para garantizar un ejercicio independiente de la función judicial, no el poder mismo. Por tanto, ninguna norma vigente les prohíbe ir a la huelga.

Esta forma de acción colectiva nació como una realidad delictiva frente al orden impuesto en la sociedad industrial. Era el instrumento de reequilibrio de fuerzas entre obreros desvalidos y poderosos propietarios.

Fue la forma de oponerse a los parlamentos burgueses que, invocando la libertad contractual, ignoraban a los trabajadores. La evolución social la reconoció como derecho, incluso la insertó en las constituciones.

Los cambios en la organización de la producción: subcontratación, comercio internacional, etcétera, la hicieron cada vez menos útil para la mayor parte de los trabajadores. Hoy, en algunos países, es un privilegio de los agentes del sector público, cuyo ventajoso estatuto profesional se justifica, precisamente, en el principio de continuidad del servicio público. Si quienes la utilizan gozan de inamovilidad en el puesto de trabajo, caso de los jueces, las costuras de esta institución se someten a una tensión difícil de resistir.

Ante el estado manifiestamente mejorable de la justicia en España, los jueces tienen el deber de informar a la ciudadanía si el poder ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial no toman las medidas oportunas. La mayoría de sus reivindicaciones son muy razonables. No lo serán más por suspender juicios.

Actuar sobre la información que reciben los ciudadanos es una forma de actualizar los derechos de acción colectiva de los trabajadores que puede suplir con ventaja la huelga, tal como se propone en La huelga hoy en el derecho social comparado (Antonio Marzal y otros, Barcelona 2005), tras reseguir lúcidamente la evolución de la institución.

No sería bueno convertir un imperativo del Estado de derecho, un buen funcionamiento de la justicia, que a todos nos incumbe, en un pulso, a costa de los ciudadanos, entre jueces y el CGPJ o ambos y el Gobierno.

ENRIC R. BARTLETT CASTELLÀ, profesor de derecho público, facultad de Derecho de Esade (URL).

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