Reggio’s Weblog

La crisis y el crédito, de Braulio Medel Cámara en El Mundo

Posted in Economía, Política by reggio on 2 febrero, 2009

TRIBUNA: ECONOMIA

El autor es partidario de la intervención pública cuando la financiación que ofrece el mercado es insuficiente. Considera que la implicación y el apoyo del Estado es conveniente para mejorar la concesión de créditos.

En el actual panorama de crisis económica, española y mundial, por la que atravesamos, cobran un protagonismo especial, como no podía ser de otra forma, los análisis sobre la situación del sistema financiero y las medidas a impulsar vinculadas al mismo.No es el propósito de estas líneas centrarse en la consideración de la influencia determinante del funcionamiento de los bancos en el origen y desencadenamiento de la presente crisis internacional.Tampoco lo es el adentrarse en la prospección del diseño del nuevo orden financiero tal como debería quedar configurado, a medio plazo, una vez superada la etapa de recesión.

Su intención, por el contrario, es comentar el papel del sector financiero español, y la utilidad de las medidas arbitradas para el mismo, durante la actual fase de la depresión. Para valorar estas cuestiones es necesario partir de unos términos generales que nos sirvan como marco de referencia para nuestros juicios, aspecto éste que, en mi opinión, no queda siempre suficientemente claro en el debate. En efecto, creo que son dos los objetivos que se están reclamando al sistema financiero español, en coincidencia con los planteados en otros países, aunque con las peculiaridades propias de cada nación. Esos dos objetivos son: la estabilidad y solvencia del sistema y de las entidades que lo conforman; y una mayor concesión de financiación crediticia por parte del mismo.

Tres observaciones previas conviene formular sobre estos dos objetivos. Una, el primero de ellos constituye una exigencia permanente e inmanente al propio sistema financiero, sin la cual no puede funcionar. El segundo, en cambio, que el conjunto de entidades bancarias dé más o menos créditos de los que el libre funcionamiento del mercado determine, es algo relativamente inusual que sólo puede corresponder con momentos excepcionales como los presentes, y que en todo caso exige algún tipo de intervención pública.

En segundo lugar, se trata de dos ámbitos no sólo distintos conceptualmente, sino que tampoco tienen por qué ir unidos en la práctica. Esto es, con frecuencia se tiende a pensar que con conseguir un sistema financiero más estable y solvente (mediante mayores inyecciones de liquidez o capital, por ejemplo), de ahí ha de seguirse automáticamente un aumento del crédito global otorgado a la economía. Cierto es que lo primero es una condición necesaria para lo segundo, pero en modo alguno suficiente.

Tercero, de una forma más o menos explícita, esos dos objetivos se han presentado no de manera simultánea, sino secuencial, en el tiempo. Así, tras el verano del pasado año, la preocupación básica era la estabilidad y solvencia bancaria (dicho en términos más coloquiales, que el sistema «no se cayera»). Varios meses más tarde, hoy, la reclamación esencial es que se conceda mayor financiación a la economía. Y de modo a veces poco objetivo, y otras desafortunado, se cuestionan las medidas aprobadas hasta ahora, y se requiere a los bancos que «devuelvan» a la sociedad las «ayudas» recibidas, por sintetizar en estos términos el reflejo de esa parte de la opinión pública.

Lo que nos conduce al examen y valoración de tales medidas. En primer lugar, las mismas, lejos de haber resultado de escasa utilidad, como muchos afirman, han sido muy eficaces en lograr el primero de los dos grandes objetivos apuntados: contribuir a la estabilidad y solvencia del sistema crediticio.

Segundo, y de cara al propósito de estimular una mayor canalización de préstamos, ya hemos advertido que se trata de disposiciones necesarias aunque no suficientes para ello. No obstante, han contribuido a que no haya sido mayor la desaceleración en la evolución crediticia y, en especial, al amplio esfuerzo de refinanciación empresarial que está sosteniendo el conjunto de las entidades financieras españolas. Además, es muy pronto para juzgar su plena efectividad, ya que algunas se han aplicado hasta ahora sólo parcialmente, otras aún no han podido alcanzar todos sus efectos, y aún las hay que todavía no han entrado en vigor. En fin, y a diferencia de la mayoría de países occidentales, los instrumentos aplicados no han supuesto, hasta la fecha, ningún coste para el contribuyente español.

Primera conclusión, pues, las medidas desplegadas han sido eficaces, sobre todo, para la estabilidad y solvencia del sistema financiero y, también, para que éste no debilitara más el ritmo de aprobación de créditos. Pero, y ésta sería una segunda conclusión, si se quiere que la financiación recibida por empresas y familias se separe de la que bajo estas condiciones se otorgaría, los medios más eficaces y menos costosos no deben pasar necesariamente por más de lo mismo, sino que se requieren otros mecanismos complementarios más adecuados a ese otro tipo de objetivos.

Así, si la sociedad entiende que la financiación proporcionada por el mero funcionamiento del mercado es insuficiente, hay que desarrollar otro tipo de intervenciones públicas que corrijan esa situación. La apreciación social de ese fallo del mercado puede achacarse a una incorrecta aversión al riesgo por parte de la banca (para lo que habrá que estimular una predisposición más favorable a la asunción de riesgos) y/o a la existencia de una importante externalidad positiva para el conjunto de la sociedad de aumentar la financiación privada a la economía (que debe llevar aparejada la asunción de un determinado gasto público para compensar los costes de tal actuación). ¿De qué tenor habrían de ser estas medidas complementarias más idóneas al fin perseguido? Esto se presta a un amplio debate, como el que está teniendo lugar a escala internacional, dependiendo en buena parte de las peculiaridades de cada país. Pero para estas líneas sobre la realidad del sistema financiero español basten tres consideraciones generales.

En primer lugar, como ya se ha señalado, no se trataría de replicar o reproducir, en mayor extensión o intensidad, el grueso de las medidas ya aprobadas, o variantes de las mismas (como, por ejemplo, la compra de activos tóxicos), dirigidas a conferir mayor liquidez o, incluso, mayor solvencia genérica a las instituciones bancarias.De otro lado, serían más efectivas y directas aquellas líneas de intervención que impliquen una asunción pública, total o compartida, del crédito y/o el riesgo, o que condicionen otro tipo de apoyos a la evolución en la concesión de créditos por las entidades.

Muy parcialmente se han adoptado ya algunas medidas en este sentido en determinados programas financieros del ICO (moratoria hipotecaria, pymes) y en un tramo de las subastas de liquidez. En fin, y en tercer término, animaría obviamente la financiación el desarrollo de programas de inversiones públicas, o avaladas públicamente, rentables y autofinanciables (vivienda, infraestructuras de peaje, etcétera) y que en las circunstancias presentes, ofrecen mejores condiciones de garantía. Sobre estas bases se podrían explorar, pues, esas nuevas líneas de actuación.

Braulio Medel Cámara es catedrático de Hacienda Pública.

© Mundinteractivos, S.A.

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