Reggio’s Weblog

Enredo batasuno, de Kepa Aulestia en La Vanguardia

Posted in Derechos, Justicia, Libertades, Política by reggio on 27 enero, 2009

La promulgación de la ley de Partidos, las sucesivas sentencias del Supremo y del Constitucional ilegalizando diversas marcas de la izquierda abertzale y la anulación de candidaturas electorales consideradas continuación de Batasuna vienen suscitando el desacuerdo, por principio o por oportunidad, del nacionalismo. Aunque también han generado una cierta desazón en amplios sectores de opinión respecto a la corrección democrática de tales resoluciones. Desacuerdos y desazón que afloran estos días a cuenta del consabido enredo por el que la izquierda abertzale da la sensación de querer participar en los próximos comicios autonómicos mientras hace lo posible para que sus plataformas electorales incurran en los ilícitos fijados judicialmente.

Quienes oponiéndose a la violencia discrepan rotundamente de la ley de Partidos deberían enfrentarse abiertamente a esta pregunta: ¿sería más democrático un sistema que permitiera la actividad de una opción que da cobertura al terrorismo de ETA? Dicho de otra manera ¿era más democrático el sistema antes de la promulgación de la mencionada ley?

Lejos de responder de frente a esta cuestión tienden por lo general a escurrir el bulto mediante cuatro ardides. En primer lugar fijan un principio inmutable, el del derecho universal a la participación política, obviando las connotaciones liberticidas que pueda tener esta en el caso de la izquierda abertzale. Para ello, y en segundo lugar, eluden pronunciarse expresamente sobre si a su parecer la izquierda abertzale da cobertura a ETA. Y cuando reconocen este hecho, incluso llegando a denunciar públicamente el sometimiento de la izquierda abertzale a ETA, lo disocian completamente del derecho a la participación política que a su entender ampararía a las siglas ilegalizadas a pesar de la cobertura que presten al terrorismo. En tercer lugar, optan por derivar la discusión hacia el terreno de la oportunidad, defendiendo la infundada hipótesis de que la participación institucional de la izquierda abertzale favorecerá el desarme de ETA, mientras que si es proscrita se fortalecerá la posición de los activistas más duros. Esta última consideración no es exclusiva de las formaciones nacionalistas. Estuvo presente también en la incomprensible selección que la Fiscalía General y la Abogacía del Estado hicieron con las candidaturas de ANV a las últimas elecciones locales y forales, impugnando unas y aceptando otras sobre la base de supuestos criterios jurídicos; argumentos que en realidad servían de subterfugio para tender una mano, no las dos, a la izquierda abertzale. Por último, y dado que están en contra de la ley de Partidos, nunca emplazan a la izquierda abertzale a cumplir con los requisitos de dicha norma legal o a evitar los supuestos en los que se han basado las sentencias de ilegalización y de anulación de las listas electorales. De manera que al eludir este emplazamiento acaban transfiriendo al Estado de derecho toda la responsabilidad respecto a la exclusión de la izquierda abertzale de la liza electoral.

Igual que ocurre con ETA, la deriva de la izquierda abertzale obedece a dos factores predominantes: la fuerza de su propia inercia y el equilibrio que en el momento de cada decisión se da en su seno. La izquierda abertzale no se somete a la ley de Partidos porque está impedida para condenar el terrorismo. Y lo está sobre todo porque la condena del último atentado cometido por la banda adquiriría una dimensión retroactiva sobre toda la trayectoria del terrorismo etarra. Si la izquierda abertzale opta por realizar un apreciable esfuerzo de promoción de una plataforma como D3M condenada de antemano a ser impugnada, y si a continuación piensa instrumentalizar una sigla inerte previamente registrada como partido es porque el enredo político y judicial al que da lugar su juego le permite amortiguar sus propias contradicciones. A estas alturas resulta evidente que ETA se ha acomodado en la perspectiva de una izquierda abertzale fuera de la ley, lo cual en ningún caso debería llevar a la conclusión de que una izquierda abertzale legal descolocaría a la banda terrorista. Pero más allá de este debate de oportunidad resulta imprescindible que quienes aparentemente abogan por la derogación de la ley de Partidos en sus cláusulas de ilegalización digan, sin guarecerse tras una fingida ingenuidad, si considerarían más democrático un sistema que contase con la representación institucional de la izquierda abertzale mientras esta continúe prestando cobertura a ETA. Dicho de otro modo, que precisen si a su entender la cobertura del terrorismo es una cuestión de orden político sobre la que no deberían versar ni las leyes ni las sentencias judiciales.

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