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La despolitización de las cajas, de Ignacio del Río en El Mundo

Posted in Economía, Política by reggio on 19 enero, 2009

BATALLA EN CAJA MADRID: Análisis

El autor tacha de «disparate» e incoherente con el PP la petición de Rajoy de que las entidades dependan del Banco de España

Mariano Rajoy ha saltado a la arena del debate de Caja Madrid proponiendo que las cajas pasen a depender del Banco de España, como remedio frente a su politización. Es incomprensible cómo el líder de la oposición puede presentar una propuesta que ignora que al Banco de España le compete promover el buen funcionamiento, la estabilidad del sistema financiero, supervisar la solvencia, y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades, que ejerce a través del servicio de inspección.

Basta consultar la web del Banco de España sin necesidad de acudir a su Ley de Autonomía para evitar cualquier digresión. El control del cumplimiento de la normativa financiera es único para todo el Estado a través del Banco de España, que actúa como Banco Central Nacional.

La propuesta, que sólo puede ser calificada de disparate (sólo faltaba que el Banco de España designase el consejo de administración de las cajas, algo incompatible con el Sistema Europeo de Bancos Centrales que proclama su autonomía e independencia), padece, además, de incongruencia jurídica e incoherencia política con la doctrina del PP, un partido que se supone que defiende la libertad de mercado. La solución de Rajoy tiene un aroma próximo a la estatalización del sistema financiero, algo que tiene como mejor ejemplo la Cuba de Fidel.

El debate sobre la naturaleza jurídica de las Cajas está resuelto por las leyes y por la doctrina del Tribunal Constitucional.Las Cajas son fundaciones privadas y actúan en régimen de Derecho privado con arreglo a su legislación específica, que es la básica del Estado, y la legislación de desarrollo, que compete a las CCAA. Otra cuestión es la identificación de los derechos de propiedad, su titulización y su negociabilidad en los mercados. Es decir, la posibilidad de transmitir los títulos de propiedad, como sucede con los bancos, cuyas acciones cotizan en las Bolsas, lo que exigiría una modificación de la legislación del Estado.

Por ello, el debate no está en la privatización de las Cajas.Ya son entidades de Derecho privado. No están sometidas a las normas de contratación pública, ni tampoco sus directivos a la legislación de las incompatibilidades de Altos Cargos, ya que no lo son, ni a la de los funcionarios públicos, porque tampoco lo son.

Hay que recordar que la Ley 1/1985, de Recursos Propios, Coeficientes de Inversión y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, puso en marcha el mecanismo de la deuda subordinada que se presentó como un instrumento para capitalizar las cajas, retribuir ese capital a modo de dividendo y permitir la negociabilidad de los títulos representativos. Pero lo cierto es que este tímido intento no tuvo desarrollo y nunca se les otorgó derechos políticos.

Rajoy no ha propuesto un cambio en la naturaleza jurídica de las cajas que las permita identificar, valorar y negociar en el mercado, sino lisa y llanamente que las comunidades y, en particular la de Madrid, pierdan su competencia legislativa sobre las cajas designando un beneficiario imposible que es el Banco de España. Si al menos le hubiera atribuido la competencia plena al Estado y también, por qué no, en Sanidad, Justicia y Educación, habría presentado un discurso coherente con el que le piden muchos votantes, que contemplan cómo el Estado es jibarizado en beneficio de las autonomías.

Poco protestó el líder de la oposición por el hecho de que en una caja valenciana se sentase un ex presidente de la Generalidad, en una navarra un presidente en activo, en una catalana, un vicepresidente del Gobierno de España, o se organizase una tangana en Andalucía con una caja de la Iglesia o en la fusión de dos cajas provinciales.

En Madrid no hay más que dos problemas muy concretos: que un presidente quiere continuar en su cargo después de 12 años, que es el límite que establece la Ley del Estado; y que se reduce, menos que en otras comunidades, la representación de consejeros designados por los ayuntamientos, aumentando la presencia de sectores de la sociedad en línea con la Ley aprobada por el Gobierno del PP en 2003 e impulsada por Rato. El escenario está aderezado por actitudes de travestismo político con motivos probablemente inconfesables.

Ambas cuestiones no se deben confundir con los debates sobre la privatización y la politización, que tienen una deriva propia.Hay que recordar la participación de Caja Madrid en el Parque Warner o en la financiación de alguna infraestructura promovida por Gallardón con un resultado poco exitoso. Si se quiere elevar el zoom y plantear un proceso profundo de reforma no hay más que definir el capital de las cajas, identificar los derechos de propiedad y someterlas al mercado. Entonces sí es el momento de unificar la competencia legislativa de todas las entidades.Una propuesta que, con valentía, hay que sostener no sólo en Madrid sino en las comunidades gobernadas por nacionalistas.Hacer y decir otra cosa, como Rajoy, no es sino arrear un bajonazo en términos políticos y, además, a tu propio partido.

Ignacio del Río es registrador de la propiedad y fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid.

© Mundinteractivos, S.A.

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