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Ética y transparencia en la gestión pública, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 17 enero, 2009

Al comienzo de la década de los noventa surgió en la sociedad inglesa la preocupación sobre si era aceptable o no el comportamiento ético de políticos y funcionarios en el ejercicio de las funciones de servicio público que tenían encomendadas. Ante tal hecho, el primer ministro inglés constituyó un comité para estudiar el problema y evacuara un informe en el plazo de seis meses. En mayo de 1995 el presidente remitió al primer ministro el Informe sobre Normas de Conducta en la Vida Pública, conocido como Informe Nolan, que era el presidente de dicho comité, siguiendo la tradición inglesa. El ámbito del informe abarca a los diputados, ministros, funcionarios, organismos públicos no departamentales ejecutivos y organismos del Servicio Nacional de Sanidad.

Los principios del Informe Nolan que deben aplicarse a los ámbitos de la vida pública son los siguientes:

Desinterés. Los que ocupan cargos públicos deberían tomar decisiones sólo con arreglo al interés público.
Integridad. Los que ocupan cargos públicos no deberían tener ninguna relación financiera u otra con terceros u organizaciones que puedan influirles en el desempeño de sus responsabilidades oficiales.
Objetividad. En la gestión de los asuntos públicos, incluidos los nombramientos públicos, de contratación pública, o la propuesta de individuos para recompensas y beneficios, los que ocupan cargos públicos deberían elegir por el mérito.
Responsabilidad. Los que ocupan cargos públicos son responsables de sus decisiones y acciones ante el público, y deben someterse al control que sea apropiado para su cargo.
Transparencia. Los que ocupan cargos públicos deberían obrar de la forma más abierta posible, en las decisiones que toman y en las acciones que realizan. Deberían justificar sus decisiones y limitar la información sólo en el caso de que esto sea lo más necesario para el interés público.
Honestidad. Los que ocupan cargos públicos tienen la obligación de declarar todos los intereses privados relacionados con sus responsabilidades públicas, y de tomar medidas para solucionar cualquier conflicto que surja, de tal forma que protejan el interés público.
Liderazgo. Los que ocupan cargos públicos deberían fomentar y apoyar estos principios con su liderazgo y su ejemplo.

Pienso que diputados, senadores, Gobierno, ministros y funcionarios deben tener un comportamiento ético y, derivado de él, transparencia absoluta en todas sus actuaciones. Comportamiento ético y transparencia son bienes públicos puros, pero con mayor razón debe serlo en el sector público, donde al faltar el filtro del mercado, debe ser sustituido por dichos principios, que son a los entes públicos lo que el mercado es a las empresas.

Estamos asistiendo a una quiebra general de los valores morales tanto en la vida política como en la privada, en el político y en el ciudadano, en el sector público y en el empresarial. Ante este comportamiento se demanda una nueva regeneración; el papa Juan Pablo II afirmó la necesidad de una radical renovación personal y social, capaz de asegurar justicia, solidaridad, honestidad y transparencia.

La situación en todas las Administraciones públicas de los tres niveles de gobierno existentes en España es la siguiente:

Descrédito de los políticos y de la función pública. Para González Pérez la corrupción ha alcanzado cotas difícilmente superables, y Alejandro Nieto ha dicho que ‘los españoles sentimos que la corrupción nos rodea, que la política y la Administración, como la economía y la sociedad, están corrompidas hasta la médula; pero vivimos desconcertados sin lograr asumir lo que está pasando’.

María Feria considera que estamos ante una corrupción que se ha calificado de sistemática, pues ‘se ha superado en parte la tradicional idea de corrupción como un acuerdo secreto entre un particular y un funcionario público que pactan una determinada contraprestación singular al margen de la ley y de sus deberes, para pasar a considerarla como un elemento más del sistema’. Otros ejemplos de descrédito en el ejercicio de la función pública los tenemos en los plenos del Congreso de los Diputados, casi medio vacíos en muchas de sus sesiones, que culminó en la sesión de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009, la principal ley económica del Estado, con gran número de diputados ausentes, y en una gestión sin transparencia, como las obras del AVE a Barcelona y a Málaga, y el caos habido en el aeropuerto de Barajas.

Falta de eficiencia y despilfarros en la ejecución de las políticas públicas. Aumento de funcionarios, de asesores, de ministerios, de direcciones generales, de creación de representaciones de las comunidades autónomas en el exterior, duplicando las del Estado, renovación de los parques de automóviles, de despachos y de mobiliario en general, etcétera, etcétera.

Falta de transparencia en las cuentas públicas y en la información económica. Respecto a las cuentas públicas, la mejora ha sido evidente tras la inclusión en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (2002) y en la Ley General Presupuestaria (2003) del principio de transparencia. Se han clarificado las relaciones entre presupuesto y contabilidad nacional para medir la capacidad/necesidad de financiación de los agentes públicos, si bien se ha introducido el mercadeo en la aprobación de los Presupuestos del Estado. En cuanto a la información económica, faltó transparencia, lo que dio lugar a un importante retraso en el reconocimiento de la crisis.

Falta de memoria económica en bastantes proyectos de leyes que impide contrastar a posteriori la calidad de las previsiones realizadas en cuanto al aumento del gasto.

Anteponer los intereses de los partidos a los de la nación. Antes de las elecciones ya advertí que la fuerte crisis que se avecinaba hacía necesario un Gobierno de coalición para realizar las reformas estructurales que la economía española necesita. Ninguno de los dos grandes partidos lo consideró necesario, y así nos va.

No se evalúan las políticas públicas, a pesar de la creación de una agencia con tal cometido, cuyos resultados podrían servir de base para que la sociedad confiara en una regeneración de la clase política.

Me parece necesario hacer algo similar a lo de Inglaterra.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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