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La universidad hace sus planes, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Educación, Política by reggio on 18 diciembre, 2008

Las universidades españolas están actualmente reformando sus planes de estudio. ¿Es legítimo y conveniente que cada universidad pública apruebe sus propios planes?

A primera vista puede parecer adecuado en unas universidades dotadas de autonomía y con una forma de gobierno democrática. Sin embargo, si reflexionamos un poco sobre el significado teórico de estos grandes principios, el de autonomía y el de democracia, aplicados a la universidad, resulta dudoso. Y estas dudas se desvanecen del todo cuando contemplamos en concreto cómo se están llevando a cabo estas reformas: no, no es legítimo ni conveniente que cada universidad, en realidad cada facultad, apruebe sus planes de estudio. Esta respuesta se fundamenta tanto en la teoría como en la práctica, cuando menos en lo que afecta a los estudios de derecho.

Muchos de los disparates que se están cometiendo en la enseñanza superior provienen de la confusión entre la autonomía universitaria y la democracia en la universidad, dos términos que suelen interpretarse francamente mal. En efecto, en su nombre se justifican medidas y actitudes que, en realidad, los pervierten y degeneran.

La autonomía universitaria no es política, sino funcional. En España gozan de autonomía política determinados entes públicos: municipios, provincias y comunidades autónomas. Cada uno de estos entes es autónomo con peculiaridades distintas, pero con un nexo común: tienen como finalidad garantizar, dentro de sus competencias, los intereses generales. Sus órganos de dirección han sido, en correspondencia con esta finalidad, elegidos por todos los ciudadanos. También el Estado -el Estado central, para entendernos- goza de estas características: garantiza intereses generales y sus órganos han sido legitimados mediante elecciones democráticas.

Pero la autonomía universitaria -la de las universidades públicas, no de las privadas- es funcional, es decir, en lugar de defender intereses generales tiene una finalidad limitada: defender la libertad académica, es decir, la libertad de enseñanza y de investigación. Por tanto, la universidad es autónoma “en función” de que debe limitarse a garantizar la libertad académica, todo lo que afecte a la universidad. En las otras facetas de su actividad, la universidad está, o debería estar, sometida a los poderes públicos competentes -Estado y comunidades autónomas- por dos razones: primera, porque la sociedad está interesada en tener buenos especialistas y profesionales en los distintos saberes; y, segunda, porque el coste económico de los centros universitarios está financiado en un ochenta por ciento por estos poderes públicos.

Por tanto, si bien las decisiones de estos poderes públicos no puede vincular a la universidad en aquello que afecta al ámbito de la libertad académica -ahí las decisiones están en manos de las autoridades universitarias, en virtud de su autonomía-, por las razones dichas deben ser vinculantes en todo lo demás. Sin embargo, esta autonomía ha sido tan malentendida que, en cierta manera, se tiende a considerar que todo lo que afecta a la universidad debe ser decidido por las autoridades académicas. Ello es un error de concepto: como hemos argumentado, los poderes de las autoridades universitarias sólo son legítimos en cuanto garantizan la libertad académica, no en aquello que afecta a otros fines.

Estos otros fines, que son fines públicos, deben estar determinados por las autoridades políticas, por el Estado o por las comunidades autónomas, cuyo cometido es defender los intereses generales y para ello están legitimados democráticamente. En otro caso, algo que es de naturaleza pública, que está fuera del ámbito de la libertad académica, estaría gobernado por los representantes de unos intereses particulares, los intereses de los profesores -también, en una parte mucho menor, de los estudiantes y del personal administrativo-, que, lógicamente, no atenderían a los fines públicos, sino a sus propios fines, puramente corporativos. Comparémoslo con el ejército: lleva a cabo la defensa de la nación, pero no es autónomo para decidir la política de defensa ni el ministro del ramo es elegido por los militares.

Así pues, la autonomía universitaria está en función de la libertad académica y sus órganos propios -democráticamente elegidos- sólo deben limitarse a garantizar esta libertad. La decisión sobre la idoneidad de un plan de estudios, por razones obvias, escapa a esta libertad académica y afecta de lleno al interés de toda la sociedad: cuál es el grado de formación que deben tener los especialistas de las distintas profesiones. Por tanto, los poderes públicos competentes deben decidir, por lo menos, el núcleo sustancial del plan de estudios de cada grado, mucho más allá de los mínimos parámetros formales y de su control a posteriori que se da en la actualidad.

Además, como decíamos al principio, la manera como se está llevando a cabo la reforma de estos planes de estudio confirma la teoría. Anteayer lo describía así, en El Mundo, el profesor Sosa Wagner: “La única brújula (que guía la reforma) son los intereses individuales de los profesores. Se suprimen asignaturas, se aumentan o se reducen horas lectivas en cambalaches de pasillos y en trueques de favores o en intercambio de venganzas”. Este es el panorama. Las autoridades políticas dejando hacer, las académicas defendiendo a su corporación y la sociedad indefensa ante tales desatinos.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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Una respuesta

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  1. La universidad a debate said, on 18 diciembre, 2008 at 9:28 pm

    […] La universidad hace sus planes, de Francesc de Carreras en La Vanguardia   […]


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