Reggio’s Weblog

¿Qué tiene que ver la protección de los datos con que se nos niegue el derecho a la información sobre el sueldo de los parientes de Ana Rosa?, de Juan Vega en su Blog

Posted in General by reggio on 27 noviembre, 2008

Un funcionario público de la administración autonómica asturiana apretó la tecla equivocada, y envió por tierra mar y aire un correo electrónico, en el que se difundían los salarios de los jefes de prensa y gabinete del gobierno del Principado, entre los que destacan nombres conocidos por toda la sociedad, por su parentesco con los más encumbrados personajes. Los sueldos son muy elevados, por lo general. Se trata de gente nombrada “a dedo”. En numerosas ocasiones se han divulgado, en Asturias, los sueldos de altos funcionarios “de carrera”, por ejemplo, de funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo. Eso sí, hablamos de un Ayuntamiento regido por el Partido Popular. ¿Por qué se pueden divulgar los sueldos de los altos funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo -es un ejemplo-, y en cambio los medios se dejan amedrentar por el gobierno del Principado? ¿Será una cuestión de capacidad financiera?

La legislación que hace al caso del e-mail enviado por error por este alto responsable de la administración asturiana, no es nada extraño ni raro, sino que se trata de un conjunto de disposiciones, en las que aparte de crearse la Agencia de Protección de Datos, organismo administrativo que cuenta con la potestad de imponer sanciones asombrosas en el ejercicio de su cometido, tiene como principal misión, al menos desde el punto de vista de su concreto material legal, de sus disposiciones, impedir que los ciudadanos sean agredidos en su intimidad, mediante la revelación de “la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual” de cada quien.

Sin embrgo, da la sensación de que esta ley se utiliza con otros fines. Lo que contiene el documento enviado por error a una cifra indeterminada, pero en cualquier caso muy amplia, de ciudadanos de la comunidad autónoma Principado de Asturias, no es nada relativo a la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el origen racial o la vida sexual de nadie, sino a sus retribuciones, cosa de la que nada se dice de manera concreta en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, aunque todo hace suponer que las retribuciones de los funcionarios públicos, por lo general, no son secretas.

Pero es que en este caso no hablamos de funcionarios normales, sino “eventuales” -aunque entre ellos haya alguno que tenga ese carácter añadido a su condición de funcionario de oposición-, es decir, lo que antes se denominaba “funcionarios de empleo”, lo que equivale a decir que son personas encargadas de gestionar los intereses de un determinado gobierno, de un concreto partido político, nombrados “a dedo” para cumplir con su digna misión de ejecutar las directrices del ejecutivo. En definitiva, se trata de eso que en la calle se conoce como “funcionarios políticos”.

Las reacciones de la prensa asturiana ante la divulgación de estos datos entre una significativa e influyente parte de la ciudadanía, no dejan lugar a dudas, y debe reseñarse la prudentísima reacción del diario La Nueva España, que hace notar, eso sí, que “los trabajadores del Principado estuvieron toda la tarde sin correo electrónico. La lista circuló de mano en mano y fue redistribuida en fotocopias. Se convirtió en la comidilla de la jornada e hizo que algunos empleados se sintieran agraviados. Aparte de los 63 eventuales, los departamentos de prensa y el gabinete de cada Consejería cuentan con funcionarios asignados”. Pero lo que llama poderosamente la atención de cualquiera, es la argumentación esgrimida desde El Comercio para no divulgar detalles de los contenidos de la lista: “El Gobierno regional, tras tener conocimiento del despiste, consultó con sus servicios jurídicos a fin de garantizar la confidencialidad de unos datos que considera de índole privada. El envío contenía no sólo los sueldos brutos anuales y las categorías profesionales, sino incluso los números de los documentos nacionales de identidad“.

Y aquí es donde se nos aparece con toda claridad el lamentable estado de nuestras libertades y la clamorosa emasculación de nuestro sentido crítico, pues lo cierto es que entre el amplio grupo de personas cuyos salarios han sido revelados -pues de eso se trata, y no de otra cosa- se encuentran numerosos parientes y amigos de los más conocidos personajes del poder gobernante, entre quienes destacan, con los más altos salarios, sin ir más lejos, parientes directos de los propios miembros del gobierno, de cuya contratación la sociedad asturiana no tiene ni la menor idea.

¿Es razonable que se nos oculten estos datos, apelando a una ley en la que no se dice nada que tenga que ver con lo que El Comercio dice que dice, y que ha sido elaborada y aprobada para proteger la orientación sexual, la religión y otras circunstancias íntimas? Apelar a la Ley de Protección de Datos, para ocultar la lista de funcionarios políticos del gobierno de Asturias, no es más que un burdo pretexto para negar una información a la ciudadanía, cuyo “derecho a la información” está constitucionalmente muy por encima de unos datos que, en si mismos no están protegidos. ¿Qué tiene que ver el hecho de que no se pueda divulgar el DNI de los funcionarios políticos, con que a los asturianos se nos niegue el derecho a conocer el sueldo que cobran lo parientes directos de Ana Rosa Migoya?

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