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Cuánto durará la crisis, de José Barea en Cinco Días

Posted in Economía by reggio on 30 agosto, 2008

España se encuentra hoy en una situación económica tan difícil como la que recibió Fuentes Quintana cuando el 4 de julio de 1977 fue nombrado vicepresidente económico. En ambas crisis hubo un comportamiento análogo de los Gobiernos. La crisis que se inició en 1973 con el primer choque petrolífero, oculto por el Gobierno hasta el nombramiento de Fuentes, que con la valentía que le caracterizaba apareció en televisión para exponer a todos los ciudadanos la crítica situación en que nos encontrábamos. La actual crisis sólo ha sido reconocida como tal por el Gobierno en el corriente mes ¿es que realmente ha estallado de golpe o es que por razones electorales la ocultó y ha seguido encubriéndola hasta fecha muy reciente?

El ocultamiento de la crisis ha dado lugar a que el Gobierno no adoptara las medidas oportunas, cuyo retraso ha dado lugar a que la crisis se haya agravado, profundizando en sus efectos; las que ha tomado no eran las adecuadas para resolver el problema estructural: la baja productividad, que da lugar a un fuerte déficit en la balanza comercial, y esto no se corrige con parches sino con reformas estructurales. En la economía moderna la posibilidad de incrementar la productividad depende del capital humano y tecnológico, de la reforma del mercado de trabajo y de la liberalización de los mercados de bienes y servicios.

Pasamos a analizar separadamente las medidas estructurales cuyos efectos se sentirían en dos años, de las que tendrían repercusión a medio plazo (cinco años). Entre las primeras se encuentran la reforma del mercado de trabajo, la liberalización de los mercados de bienes y de servicios y la reforma del gasto público, y en la segunda las reformas de la educación, de la investigación y de la innovación y del capital riqueza y del productivo.

El mercado de trabajo tiene tres problemas: su alta temporalidad, una de las más elevadas de la UE, que tanto perjudica la productividad de las empresas, el alto coste del despido, que en época de crisis les lleva a la quiebra, como sucedió en 1991-94 en el que desaparecieron miles y miles de empresas, y la estructura de la negociación colectiva, que ha sido la gran ausente en las reformas del mercado de trabajo en España. No es aceptable, desde el punto de vista de la eficiencia, que la negociación se efectúe a nivel de cúpula, y que lo acordado sea el nivel mínimo a partir del cual se negocia el convenio de empresa. Por ello, los convenios colectivos deberían negociarse a nivel de empresa en función de la productividad y no en función de la inflación resultante, entrando en la espiral inflación, salarios, inflación; el BCE ha sugerido al Gobierno que elimine las cláusulas de revisión salarial ligada a la subida de la inflación. Por las declaraciones del presidente del Gobierno la reforma laboral se ha dejado a la negociación de los agentes sociales. Pienso que en una cuestión tan fundamental para la salida de la crisis, el Gobierno no ha cumplido con su obligación de la defensa del interés general. Nada se va a avanzar en este campo.

La liberalización de los mercados de bienes y servicios es otro problema que, después de nuestro ingreso en la Unión Monetaria y la etapa de privatización de una gran parte de las empresas públicas, está en retroceso a consecuencia de las trabas que se han ido estableciendo, principalmente por las comunidades autónomas, que ha dado lugar con sus decisiones a la creación de 17 mercados regionales, cuando pertenecemos a un mercado sin fronteras: el Mercado Único. La libertad de horarios en el comercio establecida por la Comunidad de Madrid es una medida muy acertada, estableciendo una mayor competencia que tendrá efectos sobre el control de la inflación. El sector de la energía eléctrica está liberalizado, pero con precios fijados por el Gobierno, y esto sucede en una gran parte de los servicios públicos.

En cuanto a la estabilidad presupuestaria desaparecerá en 2008, tanto por la caída de la actividad económica como por las medidas del Gobierno. Se prevé un déficit del Estado de 11.000 millones de euros que rebasa el superávit previsto para el conjunto de las Administraciones Públicas. El techo de gasto no financiero del Presupuesto del Estado aprobado por el Congreso para 2009 supone un crecimiento del 5%, en dicho año tendremos recesión que se iniciará en el segundo semestre del corriente año y por tanto el aumento tendría que ser cero para recobrar la estabilidad presupuestaria, como ha declarado la Comisión Europea.

Por tanto es totalmente imposible que en dicho año entren en vigor nuevas leyes de financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pues el déficit público puede alcanzar un importe fuera de todo control. Sin embargo es necesario efectuar una fuerte reestructuración del gasto para el Presupuesto de 2009 para asignar recursos a los factores productivos que incrementen la productividad, sin que en ningún caso se entre en déficit y se pierda la estabilidad presupuestaria.

Pasamos a analizar las reformas estructurales cuyos efectos sobre la productividad serán a medio plazo. La educación es uno de los principales instrumentos para incrementar la productividad. De los informes de la OCDE resulta que la eficiencia de los procesos productivos es de muy caja calidad ya que los alumnos son incapaces de transformar información en conocimiento y éste en innovación, que constituyen la base para el crecimiento. Suecia hace quince años, a consecuencia de la grave crisis económica que padeció a comienzos de los noventa, comenzó la reforma cuyo eje fundamental ha sido la ruptura de los monopolios estatales sobre la producción de los servicios del bienestar. El sector empresarial e instituciones sin fines de lucro participan en la producción del servicio de educación, con libertad de elección de los ciudadanos; la financiación seguirá siendo pública. La libertad de elección se garantiza a través de los bonos de educación, pudiendo el interesado elegir entre centro público o privado. La educación ha mejorado y su coste se ha reducido.

La cuantía que España dedica a los gasto de I+D+i en porcentaje del PIB es la mitad de la que dedican los países de la Unión Europea, la cual a su vez es un tercio más baja que la de Estados Unidos. Dentro del sector público la organización del proceso de I+D+i es caótico, disperso, carente de coordinación y sin control de resultados. La Universidad y las empresas han vivido un divorcio en el proceso tecnológico, sin aprovechar las investigaciones de las primeras en innovaciones, quizás por la preferencia empresarial por la innovación de productos y no de procesos productivos.

Las infraestructuras públicas tienen un efecto positivo sobre el crecimiento de la economía, ya que la elasticidad del producto con respecto a las mismas es de 0,2 en tanto que la elasticidad de los activos englobados en las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) es de 0,37.

Los expertos de la nueva geografía recomiendan disminuir más bien los costes de transacción de los intercambios de ideas, es decir, en favorecer la convergencia tecnológica entre regiones, a través de programas públicos de telecomunicaciones, internet y formación de capital humano. En España sin embargo las prioridades en la asignación de recursos presupuestarios han ido por las infraestructuras.

Después de lo que llevamos expuesto, podemos sacar la siguiente conclusión: si el Gobierno actúa inmediatamente sobre los factores que hemos enumerado con influencia en la productividad, cambiando su marco de regulación o con una reforma del gasto público asignando mayores recursos presupuestarios, según el factor de que se trate, podríamos empezar a salir de la crisis (o recesión) en un plazo de tres años. En caso contrario nos puede suceder como a Japón, que estuvo diez años sin crecimiento.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM.

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