Reggio’s Weblog

Los cien días del nuevo Gobierno, de José Oneto en Estrella Digital

Posted in Economía, Política by reggio on 22 julio, 2008

La economía y las previsiones pesimistas que señalan la posibilidad de una recesion en los próximos meses es la principal preocupación del Gobierno cuando acaba de cumplir sus primeros cien días de mandato, cien días que se han consumido en una discusión bizantina sobre si estábamos en una auténtica crisis económica o, por el contario, en una desaceleración intensa o acelerada.

Admitida la mayor, por parte del presidente del Gobierno y por el vicepresidente Pedro Solbes, que se ha sumado a la tesis de los economistas que hablan de la “tormenta perfecta” (“Para mí —ha reconocido Solbes—, que he vivido la crisis de 1993-1994 y algunas otras indirectamente, ésta es, posiblemente, la crisis más compleja por la cantidad de factores que están encima de la mesa”), el Gobierno no ha acertado en estos cien días con las medidas apropiadas, aun reconociendo que gran parte de esos factores de los que habla el vicepresidente son externos y sobre los que es muy difícil influir.

El Gobierno, que repetidamente, por boca de su presidente, ha anunciado que no está dispuesto a recortar gastos sociales y que tiene como principal preocupación el salario mínimo interprofesional y las pensiones mínimas (“Gobernamos para los más desfavorecidos” es la consigna oficial), ha intentado aplicar unas medidas de choque que han sido superadas por el progresivo deterioro económico y con datos que indican un menor crecimiento del previsto.

Aunque desde la Moncloa se insiste en que se ha aprobado durante este inicio de legislatura una treintena de medidas, incluso “medidas de choque”, nada indica que sean suficientes, ya que el propio Gobierno ha convocado para esta misma semana una reunión de expertos y analistas que, en torno a la Oficina Económica del Presidente, hagan un diagnóstico sobre la crisis actual, sobre las medidas tomadas y sobre los distintos escenarios que pueden presentarse en los próximos meses.

Probablemente, reconocen fuentes oficiales, se debería haber actuado con más contundencia y más rápidamente, pero la economía sigue siendo la principal prioridad del nuevo Gobierno, que, además, ha sido convocado para una reunión extraordinaria en pleno mes de agosto.

Pero posiblemente se ha tardado demasiado en convocar a los agentes sociales (sindicatos y empresarios), se ha tardado tambien demasiado en preparar la reunión en la Moncloa con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, que un día sí y otro no está ofreciendo colaboración leal para ayudar a salir de la crisis, y tambien se ha tardado demasiado en percibir que la opinión pública considera insuficientes (hasta un 74% de los ciudadanos) las medidas adoptadas.

Ni la devolución de los 400 euros del Impuesto sobre la Renta en un intento de insuflar más liquidez al mercado, ni la supresión del impuesto sobre el patrimonio, ni la congelación de los sueldos de los altos cargos, ni la habilitación de créditos hasta 40.000 millones de euros, del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las pequeñas y medianas empresas, ni el recorte en la oferta de empleo público en un 70 por ciento, ni la adaptación de la formación profesional al mercado laboral, ni el fomento de la obra pública y la rehabilitación de viviendas o la privatización de los aeropuertos gestionados por AENA han sido percibidas por la opinión pública como suficientes cuando quiebran inmobiliarias como Martinsa Fadesa o cuando el Fondo Monetario Internacional hace los peores pronósticos para la economía española, la que corre más peligro de todas las de la zona euro.

En cierto modo, por lo menos en el aspecto económico, han sido cien días en los que se ha perdido demasiado tiempo en discusiones estériles…

Mientras el Gobierno celebra sus primeros cien días intentando trasladar a la opinión pública que han sido “cien días” de intenso trabajo, y la oposición, que ya ha olvidado sus temas preferidos (ETA, Estatuto de Cataluña y “conspiración” del 11-M) se centra, sobre todo, en la falta de decisión gubernamental para hacer frente a la crisis económica, la mala noticia de todos los días ha llegado con la puntualidad de siempre. La Administración central ha cerrado el primer semestre con “números rojos”, lo que significa que en sólo seis meses de crisis, debido a la desaceleración del sector inmobiliario y al aumento de los costes empresariales por el encarecimiento del precio del crudo, se ha acabado con el superávit del Estado.

Las ayudas a las familias y las medidas para aumentar la liquidez de las empresas han supuesto una caída en los ingresos del Estado y, por primera vez en tres años, el Estado ha entrado en un déficit del 0,42% del PIB, aunque los datos de la Seguridad Social siguen en superávit. Y es la única noticia optimista de un conjunto de malos augurios que llegan por los más variados conductos.

La segunda mala noticia de la semana se producirá el jueves (veinticuatro horas después de la entrevista Zapatero-Rajoy en la Moncloa) cuando se hagan públicos los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y se reflejen los primeros datos del deterioro económico que se ha producido en los últimos días y cuyo principal símbolo es la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa.

En el balance que hace el Gobierno de forma oficial se insiste en la treintena larga de medidas tomadas para hacer frente a la “desaceleración económica” (cuando en realidad muy pocos puedan destacar ninguna que haya calado en la opinión pública salvo la polémica devolución de los 400 euros) y, por primera vez, en un presidente al que no le interesa la política internacional, se insiste en la actividad viajera de Zapatero, que durante estos cien días ha hecho tres viajes oficiales, ha estado presente en cinco cumbres internacionales y ha mantenido 27 encuentros bilaterales con otros tantos jefes de Estado o jefes de Gobierno.

La segunda legislatura se ha cerrado en vacaciones sin que haya entrado ningún proyecto o ley importante, salvo la ley de ratificación del Tratado de Lisboa que ha pasado tan inadvertido como las medidas económicas. Las otras cinco leyes que han entrado para su discusión en el Parlamento son leyes puramente técnicas que modifican las estructuras de las sociedades mercantiles, se refieren al derecho de autor o regulan la reunificación de créditos, pura burocracia de trámite si se compara con la actividad parlamentaria en la primera legislatura, que comenzó con la retirada de las tropas españolas destacadas en Iraq, siguió con la ley contra la violencia de género, que marcó, junto con la ley de matrimonios homosexuales, toda la legislatura y consagró a Zapatero en algunos países (especialmente en Italia) como un modelo a seguir.

Quizás, lo más relevante de estos tres primeros meses sea la soledad en la que se encuentra el Gobierno en el Parlamento a pesar de tener 169 diputados, cinco más que en la anterior legislatura.

Zapatero, que ha querido huir de las alianzas que tuvo que hacer en la primera legislatura, contando con Esquerra Republicana de Catalunya y con Izquierda Unida, y que tanto condicionó su mandato, especialmente en el debate territorial, tiene ahora menos capacidad de maniobra que antes.

En estos meses ha perdido varias votaciones, todas las fuerzas políticas le han obligado a comparecer en el Parlamento para debatir la situación económica y, antes de que finalice el mes, tendrá que volver a comparecer el vicepresidente económico Pedro Solbes para explicar qué medidas piensa tomar ante los malos datos económicos y las previsiones a la baja del crecimiento. Una comparecencia que el Gobierno no quería pero que no ha tendido más remedio que aceptar.

Y no será la última ocasión. El gran problema es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que tendrán que contar con el visto bueno de Convergència i Unió en unos momentos en que la coalición nacionalista catalana, que aspira a desplazar a José Montilla del tripartito de la Generalitat, ya ha anunciado su voto en contra mientras no se aparquen las peticiones del PSOE, aprobadas en el último Congreso, de regular la eutanasia, la ley del aborto y el fomento de la laicidad.

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