Reggio’s Weblog

A cada uno lo suyo, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Posted in Política by reggio on 25 octubre, 2007

Sigue la campaña para desprestigiar al Tribunal Constitucional con un objetivo evidente: coaccionar a los magistrados e intentar deslegitimar la institución en vistas al contenido de la pendiente sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Las líneas de ataque son dos: primera, tratarlo como un órgano jurisdiccional que actúa sólo por razones políticas; segunda, cuestionar su legitimidad para enjuiciar un Estatuto que ha sido ratificado por referéndum. Vamos a comentarlas.Un Tribunal Constitucional politizado no quiere decir que sus magistrados carezcan de ideología política sino que sus resoluciones obedecen a razones de oportunidad y conveniencia, es decir, a razones políticas, en lugar de ser fruto de la interpretación jurídica. Cualquier magistrado que mantuviera una línea de conducta semejante cometería un delito de prevaricación y, por tanto, acusaciones no probadas de este tipo pueden constituir delitos de calumnias o injurias si atacan gravemente el honor de dichos magistrados. En efecto, la campaña de dar por supuesta la posición final de los magistrados en la resolución de la sentencia antes dicha puede ser constitutiva de delito. El silencio de la Fiscalía ante estos ataques comienza a resultar incomprensible.

Además, desde el punto de vista exclusivamente informativo, muchas de estas informaciones son manifiestamente falsas. Hace poco el TC ha aprobado la abstención de su presidenta (y de su vicepresidente) en el proceso de inconstitucionalidad sobre la reciente reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Una abstención, en su sentido procesal, significa que un determinado juez o magistrado pide al órgano competente no formar parte del órgano que debe juzgar un determinado asunto debido a que, dada su implicación en dicho asunto, ello podría dañar la imparcialidad del órgano juzgador. Así como la recusación es formulada por las partes en conflicto, la abstención es pedida por el mismo interesado.

Pues bien, el pleno del Tribunal, al acceder a la petición de su presidenta (y de su vicepresidente) ha considerado que su abstención era correcta. La prensa, por su parte, lo ha destacado con informaciones muy distintas: “La presidenta ha sido despojada de su cargo”, la presidenta ha sido “destituida” para que no pueda participar en la sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Afirmaciones ambas tan tendenciosas como falsas. Lo cierto es, primero, que la presidenta ha seguido siendo presidenta y nunca lo ha dejado de ser, y, segundo, que se ha excluido únicamente en el procedimiento sobre la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, no en el del Estatut de Catalunya. La confusión, sin embargo, ya se ha sembrado y la finalidad de desprestigiar al Tribunal se está así consiguiendo.

Más grave todavía es el cuestionamiento de la legitimidad del TC para enjuiciar el Estatut por el simple hecho de que ha sido aprobado en referéndum y, peor todavía, por tratarse de una ley eminentemente política. Sostener tal cosa es hoy moneda corriente, al olvidar que nuestro sistema es una democracia constitucional: todas las normas están subordinadas a la Constitución y quien debe garantizar esta supremacía es el Tribunal Constitucional. Pues bien, algo tan obvio y tan fundamental, algo que está dicho explícitamente en la Constitución y en las leyes, es puesto en cuestión por políticos, por comentaristas de prensa y por algún profesor que si leyera eso mismo en el examen de uno de sus alumnos debería suspenderlo. Una posición, por otra parte, que tiene más de una similitud con la deslegitimación de la Constitución alemana que condujo a Hitler al poder. Mucho Carl Schmitt está aflorando en nuestro país por razones de partidismo político.

Ahora bien, a esta preocupante situación ha contribuido también, con sus actos, el mismo Tribunal Constitucional. Especialmente por la lentitud con la que está actuando. Si la justicia tardía es injusticia, este tribunal parece ser partidario de la injusticia. Desde el exterior se le intenta politizar, de eso no hay duda, pero es inexplicable que para resolver incidencias procesales cuya tramitación no debería durar más de un par de horas, tarde el Tribunal varias semanas.

Un Tribunal Constitucional serio debe saber que su papel en el sistema jurídico y político de un país es decisivo. En muchos casos – en Estados Unidos, en Alemania, también en España-, las decisiones judiciales de estos tribunales han tenido trascendencia histórica. Nuestro Tribunal está compuesto por doce CASAS magistrados, tiene un excelente servicio de letrados y doctrina acumulada suficiente como para haber dictado hace varios meses la sentencia en un asunto tan importante como es la constitucionalidad del Estatut de Catalunya. Todo retraso consolida situaciones con difícil vuelta atrás y cada vez la sentencia tendrá más dificultades de aplicación.

El Tribunal Constitucional, por primera vez en 28 años, está demostrando que no está a la altura de las circunstancias históricas. O miedo al veredicto de la sentencia o pereza en su estudio y debate, señores magistrados. No hay otras explicaciones razonables a la tardanza con la que ustedes están actuando. Tienen razón en quejarse por el trato que reciben de los políticos y de la prensa. Pero – a cada uno lo suyo- también ustedes contribuyen, con su inactividad, a esta lamentable situación.

F. DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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Lucha por la sucesión en Izquierda Unida, de Lorenzo Contreras en Estrella Digital

Posted in Política by reggio on 25 octubre, 2007

La “otra izquierda”, quizá la única verdadera, con todos sus defectos, frente a la izquierda probablemente falsa que represente el zapaterismo sectario, va a elegir a finales de este mes, en votación por correo de su militancia, el candidato de la coalición a la presidencia del Gobierno para el 2008. Hablamos de Izquierda Unida (IU), que actualmente se debate en una pugna sorda entre el actual coordinador de la coalición, Gaspar Llamazares, y el núcleo duro del PCE, que es en realidad el que verdaderamente representa lo que queda del viejo Partido Comunista de España.Es la primera vez en sus veintiún años de existencia como organización que IU celebra unas elecciones primarias, en consulta no vinculante, pero cuyo resultado la actual dirección se compromete a respetar. En este conglomerado, el PCE equivale al sector crítico de IU. Los censos no están revisados y Llamazares teme que el PCE los “engorde”.

A Llamazares le ha salido una competidora en esta batalla postal, sin urnas. Se llama Marga Sanz, es valenciana, nacida en 1951, licenciada en Ciencias Económicas, profesora en el Instituto De Tavernes Blanques y catedrática de Administración de Empresas. Su vinculación ideológica netamente comunista, ya que ostenta la Secretaría General del Partido Comunista del País Valenciá y es miembro del Comité Federal y de la Comisión Ejecutiva del PCE.

En la presentación de su candidatura, Marga Sanz dice que la credibilidad de IU se ha visto dañada con actuaciones del grupo parlamentario a espaldas de la organización. Estima incomprensible el apoyo del grupo a la Ley de Educación, a la Ley de Defensa Nacional y a la pretendida “estabilidad presupuestaria”. Desconfía del resultado final de la Ley de la Memoria Histórica y critica la “subalternidad” de IU respecto a la estrategia política del Gobierno Zapatero.

En línea con su intención programática, Marga Sanz cree que el crecimiento económico del que tanto se alardea se ha financiado hipotecando los salarios futuros de millones de personas y explotando la necesidad básica de una vivienda. Denuncia que se privaticen los servicios públicos y que los adelantos técnicos se utilicen para deslocalizar, reestructurar y precarizar la producción, elevando así la indefensión de los trabajadores. Entiende, en este sentido, que vamos hacia una sociedad cada vez más clasista, desestructurada e insolidaria.

La candidata formula una apuesta radical por la república federal y aboga por la reforma de la actual Constitución en un sentido progresista y participativo. Y como medidas urgentes propone la reforma de la Justicia mediante el control democrático sobre jueces y fiscales; la supresión de los privilegios de la Iglesia católica, empezando por la enseñanza de la religión en el sistema educativo público; el sometimiento del ejército al control de la representación popular; la reforma electoral a favor de un sistema proporcional real…

Piensa Marga Sanz que la izquierda o es anticapitalista o no lo es, y que o es feminista o tampoco es izquierda. Respecto a política exterior, aspira a que Europa se convierta en un contrapeso a las políticas imperialistas de EEUU.

Finalmente, en su presentación, la candidata a la presidencia del Gobierno en las primarias de IU manifiesta que “estamos decididos a recuperar y aumentar la influencia que hemos tenido no hace tanto tiempo”.

Cualquiera diría, a la vista de estos clásicos maximalismos, que Llamazares conservará sin novedad la coordinación de IU. Según su adversaria, la candidatura que ella representa ha reunido avales de las tres candidaturas que se presentaron en la última Asamblea Federal de IU, mientras que Llamazares sólo cuenta con parte de su lista del 2004.

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