Reggio’s Weblog

El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, ha anunciado que revisará las previsiones económicas de crecimiento para este año y para que el viene…

Hasta ahora, frente a los pronósticos de la mayoría de los servicios de estudios de los grandes bancos y de las cajas de ahorro y del propio Fondo Monetario Internacional, Solbes se había mantenido inflexible en sus pronósticos, y han sido los datos proporcionados por el Banco de España, que ha anunciado para este año un crecimiento del 2,4% (siete décimas menos que las previsiones del Gobierno) y del 2,1% para el año que viene (nueve décimas menos de las previsiones oficiales), los que han provocado esa “rectificación” que afectara a los Presupuestos Generales del Estado, al empleo y, sobre todo, a las medidas tomadas la semana pasada para una situación de “desaceleración económica” y no para una crisis como anuncian todos los expertos y organismos internacionales.

Probablemente, las medidas aprobadas en el primer Consejo de Ministros después de las elecciones respondan más a un escenario de hace cuatro o cinco meses que al marco actual por las consecuencias que está teniendo en nuestra economía la crisis internacional (especialmente en Estados Unidos) y por la ruptura del modelo de crecimiento español basado en la construcción y en el consumo.

En el mejor de los casos, el paquete de ayudas del Gobierno, con la devolución de impuestos y las once medidas adicionales, atenuará la desaceleración pero no podrá evitar la crisis que está llegando. De esto están convencidos la mayoría de los economistas, hasta el punto que el propio Solbes ha tenido que reconocer que esas medidas surtirán efecto de manera muy limitada y que espera un aumento máximo del crecimiento entre el 0,2 y el 03,%.

El Fondo Monetario Internacional, que cifra sus previsiones de crecimiento para España por debajo del 2%, ha vuelto a llamar la atención sobre el “caso español”, al advertir que nuestro país es uno de los países de le Unión Europea con más riesgos sobre su crecimiento por el paron inmobiliario y por la corrección que se está produciendo en el precio de la vivienda.

Lo más sorprendente es que las medidas gubernamentales han pasado inadvertidas para la oposición, que había anunciado su propio “plan de choque”, que, por lo visto, ha quedado aparcado por las disputas internas de cara al congreso de Valencia convocado para finales del mes de junio.

“Es un cubo de agua en un incendio”, ha sido el único análisis que ha salido de las filas populares por boca de su portavoz económico parlamentario (todavía no confirmado oficialmente) Cristóbal Montoro.

¿Dónde está ese “plan de choque” anunciado por el Partido Popular desde el inicio de la campaña electoral? ¿Quiénes lo han redactado? ¿Ha sido Miguel Arias Cañete, encargado de los temas económicos del partido; Juan Costa, el hombre de Rato que ha elaborado el programa electoral, o Manuel Pizarro, al que después de utilizarlo en la campaña lo han aparcado en su escaño sólo para apretar el botón de las votaciones en el Parlamento?

Si, efectivamente, está redactado, ¿por qué no se ha hecho público antes de que el Gobierno aprobase el suyo, que no aborda en profundidad, según todos los expertos, los males de la economía española?

El congreso del partido es importante, pero la mayoría de los votantes populares esperan una oposición responsable, con alternativas y propuestas. Sobre todo después de la rectificación de Solbes que, seguro, no será la primera, ni mucho menos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no ha querido aceptar el órdago que el pasado fin de semana le lanzó el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y, simplemente le ha pedido que aclare si realmente ella, que se considera liberal, ha sido invitada a salir del PP y abandonar el partido, cuando el mensaje de Rajoy era claro y terminante.

Esperanza Aguirre, que desde las elecciones del pasado mes de marzo ha estado jugando al ratón y al gato, preocupada exclusivamente por el papel que, en el futuro, pueda ocupar su eterno adversario, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha repetido una y otra vez que no tiene la menor intención de presentarse contra Rajoy en el Congreso de junio en Valencia, aunque ella, como “jugadora de póquer”, según se ha autodefinido, “para poder descartarme tienen que darse las cartas, y es que las cartas no se han dado”.

El problema es precisamente ése, que antes de darse las cartas, y obsesionada con el papel que en el futuro pueda ocupar Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre se ha tirado a la piscina sin comprobar previamente si tenía la suficiente agua para su aventura. O para su partida de póquer.

Animada por el COPE y por el periódico El Mundo, que durante la anterior legislatura han marcado la Agenda del Partido Popular y la de un dubitativo Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre se ha ido creciendo, convencida de que ella era la destinada a ser la primera presidenta del Gobierno de España con el Partido Popular.

Pero su gran problema, su gran fallo estratégico es que, después de admitir su adhesión incondicional a Mariano Rajoy, después de haber aceptado un programa electoral con el que, según nos hemos enterado meses más tarde, no estaba de acuerdo, es que ha querido revestir su ambición personal con un debate ideológico más propio de una Asamblea de Facultad que de un partido político que desde hace veinte años, después de su refundación, constituye todo un compendio de doctrina donde caben todos, incluso esos liberales a los que, en estos momentos, apela la presidenta de la Comunidad madrileña.

Lo que Esperanza Aguirre, que al final no se atreve a presentar batalla contra Mariano Rajoy, ha hecho es dividir al PP refugiándose en un falso liberalismo que, si se examina por sus resultados en la Comunidad madrileña, deja mucho que desear.

Mucho que desear en su comportamiento de los medios de comunicación, mucho que desear en la Sanidad publica, mucho que desear en la enseñanza y en muchas de las transferencias que tienen cedidas la Comunidad.

Esperanza Aguirre, que en su momento se puso al lado de Rajoy, que durante todos estos años nunca ha hablado de debate ideológico dentro del Partido Popular, que su única obsesión ha estado centrada en el alcalde madrileño, mucho más popular que ella en todas las encuestas, para que no entrase a formar parte de las listas en el Congreso de los Diputados, se ha equivocado en todo.

Se ha equivocado en el momento de plantear la batalla contra un Rajoy que está quemado pero que cuenta con más apoyos que ella. Se ha equivocado en el discurso disfrazando una ambición personal de ideología. Se ha equivocado en el tono y, sobre todo, se ha equivocado en el mensaje.

Tanto tiempo preparándose para esto y se equivoca en sus aliados, en el momento político, en el discurso y, sobre todo, en lo que tiene que transmitir.

Lo malo es que, teniendo posibilidades, le ha dado carta blanca a Rajoy para hacer lo que está haciendo… Una auténtica chapuza que pone en peligro el papel que tiene que desempeñar la oposición en un sistema parlamentario.

Si el concepto de Nación es discutido y discutible (dixit Zapatero) imagínense lo discutible y discutido que puede ser el término “trasvase”, una palabra que después de las elecciones generales del pasado 9 de marzo se ha puesto de actualidad y al que todos están intentando buscar todos los sinónimos posibles, para evitar el conflicto y el enfrentamiento, entre comarcas, entre Autonomías y entre los propios partidos políticos…

Hasta ahora, el responsable de Medio Ambiente de la Generalitat, Francesc Baltasar, que ha intentado buscarse todo tipo de asesores para encontrar el sinónimo exacto, se ha visto inundado (valga la expresión) de términos similares en un intento desesperado de convencer a la opinión pública de que aquí, en cuanto al reparto del agua, no habrá trasvases…

Entre los términos que han comenzado a manejarse están los de “captación de emergencia”, “modernización de regadíos, “conexión de redes”, “intercambios de derechos de agua” e, incluso, “traslados de aguas”. Todo para ocultar que, con la sequía que esta padeciendo la ciudad de Barcelona, hay que llevar agua, procedente del Ebro o, como defiende Convergència i Unió, procedente del Ródano, ya que la captación de aguas que se pretendía para el río Segre no contaba con el visto bueno de las otras comarcas catalanas.

La “guerra del agua”, como la “guerra del futuro de la energía”, que se ha ocultado cuidadosamente durante la campaña electoral tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, con el objetivo de no perder votos, ha estallado, de pronto, y ha enfrentado a Comunidades, partidos políticos y expertos, en un intento desesperado a la búsqueda de soluciones que no se habían previsto.

La Comunidad valenciana y la Región de Murcia han calificado de “humillación” la actuación del Gobierno central respecto a ellos y han convocado movilizaciones callejeras con las que no parece estar de acuerdo el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. El Gobierno de Aragón ha manifestado su oposición al acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para desviar aguas del Ebro a Barcelona y, acogiéndose al Estatuto de Autonomía, ha encargado un informe jurídico para saber si, efectivamente, esa medida es legal y va en contra de los intereses de Aragón y del propio Estatuto, mientras la nueva diputada por Valencia María Teresa Fernández de la Vega se mueve entre la indecisión y el conflicto.

El propio Gobierno de la Generalitat, que siempre se ha opuesto a los “trasvases” y que ha rechazado la propuesta de Convergència i Unió de llevar hasta Cataluña agua del Ródano en una auténtica obra faraónica, está dividido y, mientras el Partido Socialista de Cataluña apoya, ahora, los trasvases, su socio de gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya, quiere que quede claro su postura ecologista y que la obra que se va a realizar, y que cuesta l80 millones de euros, se destruya para que nadie pueda acusarles de defender los trasvases.

Mientras se siguen buscando sinónimos a los trasvases, el Partido Socialista, que nada más llegar al poder se cargó el Plan Hidrológico Nacional, muy parecido al que en su momento redactó el ministro Josep Borrel, sigue apostando por los trasvases, como lo demuestra el del Tajo-Guadiana, el del Júcar-Vinalopó y el último, aprobado a mediados del mes de febrero, entre el Guadiana y el Guadalquivir.

Probablemente, el mayor es el que, en estos momentos, se está construyendo en la Comunidad de Castilla-La Mancha y que afecta a la cuenca del Tajo, al Guadiana y que abastece a más de medio centenar de municipios aunque, oficialmente, ha sido bautizado como “tubería de la llanura manchega”.

Por lo pronto, el Partido Popular ha dado marcha atrás, ha anunciado que puede sumarse a las movilizaciones en la calle convocadas por las Autonomías de Valencia y Murcia y, sobre todo, ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno para que explique cuál es su postura sobre la política del agua y los trasvases o sus correspondientes sinónimos.

Como un elemento de confrontación más los Presidentes de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y de Murcia Ramón Luis Valcarce han anunciado la posible presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional resucitando el trasvase del Ebro previsto en el derogado Plan Hidrológico Nacional de la etapa de José María Aznar.

Por primera vez desde hace veintisiete años, febrero de 1981, un candidato a la Presidencia ha tenido que recurrir a la segunda vuelta para ser investido presidente del Gobierno.

José Luis Rodríguez Zapatero, que no ha conseguido en primera vuelta los 176 diputados necesarios para la investidura, volverá el viernes a presentarse para salir elegido, en esta ocasión por mayoría simple, según establece el artículo 99 de la Constitución española.

Zapatero, que tras un larguísimo debate administrado con generosidad en el reparto de los tiempos por el nuevo presidente del Congreso, José Bono, no ha querido hacer ningún tipo de concesión a los nacionalistas para conseguir su voto, cuando la realidad es que hubiera sido muy fácil obtener los votos de Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacionalista Gallego con sólo algún gesto de acercamiento.

Escarmentado por las concesiones que durante la legislatura tuvo que hacer a los nacionalistas, especialmente a los de Esquerra Republicana de Catalunya, y que estuvieron a punto de costarle las elecciones generales, el presidente del Gobierno en funciones ha querido dar una imagen totalmente distinta, ha hecho un discurso de investidura de rectificación en el que España, su “idea de España”, ha sido el concepto más repetido. Repetido hasta la saciedad sustituyendo el mensaje de la “España plural” por el menos polémico de la “España diversa”.

Ha pasado de defender que el concepto de nación es un concepto discutido y discutible, a solicitar para el Estado más competencia tanto en lo que se refiere al gasto público (el 50% corresponderá al Estado) como a reclamar para la Administración central los impuestos de Sociedades, en un proceso que tanto Izquierda Unida como los nacionalistas, sus antiguos aliados, han interpretado como un intento de recentralización utilizando además, según ellos, una “retórica de izquierda”, con medidas y proyectos de derechas.

Al final, la votación ha arrojado 168 votos positivos, 158 negativos y 23 abstenciones procedentes del Partido Nacionalista Vasco, Convergencia i Unió, Bloque Nacionalista Gallego y Coalición Canaria.

Es la primera vez en veintisiete años que se recurre a la segunda vuelta para la investidura de un presidente, la última fue en febrero de 1981, cuando la votación, en la investidura a segunda vuelta de Leopoldo Calvo Sotelo, fue interrumpida por el golpe de Estado que encabezaba el teniente coronel de la guardia civil Antonio Tejero Molina.

Posteriormente, Felipe González, con varias mayorías absolutas, no tuvo necesidad de una segunda oportunidad salvo en su último mandato, en el que contó con el apoyo parlamentario de Convergència i Unió.

Fue la misma situación que vivió José María Aznar en su primera victoria de 1993, cuanto contó, después de interminables negociaciones y cesiones (fue cuando confesó que hablaba catalán en la intimidad), con el apoyo de Jordi Pujol y Convergència i Unió y con el Partido Nacionalista Vasco de Xavier Arzallus, que siempre se vanaglorió de haber conseguido con Aznar mucho más que con cualquier otro presidente del Gobierno español.

Con el triunfo electoral del 2004, Zapatero, con una mayoría más escasa que la de ahora, se echó en manos de los nacionalistas, especialmente de Esquerra Republicana, se comprometió con un Estatuto, el de Cataluña, sin pactarlo con el PP, terminó políticamente con Pasqual Maragall, el ex presidente de la Generalitat catalana que apoyó su candidatura a secretario general del PSOE frente a José Bono, pactó con Artur Mas y no cumplió ese pacto, y estuvo a punto de precipitarse en el vacío en ese ejercicio que tanto le gusta de dar el triple salto mortal al borde del precipicio para, en el mismo borde, caer siempre en tierra firme. Según sus colaboradores, ese juego ya se ha terminado, aunque, conociéndole, puede recurrir a otros…

Este martes comienza la sesión de investidura del presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, que probablemente durará hasta el próximo viernes, ya que tendrá que utilizar la segunda vuelta si mañana miércoles no alcanza, como está previsto, la mayoría absoluta de 176 diputados.

Ante las críticas sobre la actuación de José Blanco, que ha negociado durante las últimas semanas un supuesto apoyo primero a la candidatura de José Bono como presidente del Congreso de los Diputados y esta semana la investidura presidencial de Zapatero, el PSOE aclara que durante esos contactos con todos los partidos políticos no han tratado de recabar apoyos sino, simplemente, sondear la estrategia que las distintas fuerzas políticas mantendrán durante la sesión de investidura y, en conjunto, durante al arranque de la nueva legislatura.

La posición del PSOE es que con 169 diputados Zapatero tiene apoyos suficientes como para llevar a cabo su programa electoral y gobernar con las manos libres sin los compromisos que tuvo en la pasada legislatura con Esquerra Republicana de Cataluña y con Izquierda Unida.

De cara a la investidura, insisten fuentes socialistas, el PSOE va a mantener, por encima de todo, la autonomía de su proyecto político, que viene avalado por el voto de once millones de españoles, y cualquier tipo de acuerdo con otras fuerzas políticas tendrá que construirse sobre la base del programa electoral con el que el PSOE se presentó en las últimas elecciones generales. Es decir, que el diálogo y el consenso es posible, pero siempre desde la autonomía política del proyecto que ha obtenido el favor mayoritario de los electores.

Ésa es, por lo menos, la extensa explicación que José Blanco ha dado al Comité Ejecutivo del PSOE, que se ha reunido bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, en el que el presidente del Gobierno ha adelantado las líneas generales del discurso de investidura que pronunciará hoy en el Congreso y que, a última hora, puede convencer a algún grupo (especialmente al Bloque Nacionalista Gallego) y cambiar de actitud, sin que eso signifique que esté asegurada la mayoría absoluta como ocurrió en la primera investidura de Zapatero en el año 2004. Por su parte, el Partido Popular, aunque espera el contenido del discurso, parece que ya tiene decidido el voto negativo y no la abstención, como defienden algunos sectores populares ya que esa abstención será una muestra de un cambio de actitud después de la derrota electoral del 9 de marzo.

Según los datos proporcionados por Zapatero a la Ejecutiva del Partido, el discurso de investidura abordará, sobre todo, la grave crisis económica que vive el país, que tiende a acentuarse, y a la que se hará frente con un “plan de choque” elaborado durante las últimas semanas por el vicepresidente económico del Gobierno Pedro Solbes.

Frente al criterio de que estamos viviendo una simple “desaceleración”, tesis defendida durante toda la campaña electoral, se alza la dura realidad de que hay algo más que una pura desaceleración económica.

Para combatir esa desaceleración, el Gobierno, además de devolver esos cuatrocientos euros que ayudarán a estimular el consumo, ha elaborado un plan que incluye la aceleración de obra pública, especialmente el abandonado plan de instalación de desaladoras, el estímulo de la inversión pública en guarderías, comisarías de policía y nuevos juzgados, la construcción de un mínimo de 150.000 viviendas de protección oficial, de las cuales más de cincuenta mil serán de alquiler, un estudiado plan de recolocación de los trabajadores en paro procedentes de la construcción y una incorporación masiva de trabajadores a un hipotético plan de reforestación que, a la vez, sirva para la lucha contra el cambio climático e incorporar una mano de obra procedente, sobre todo, de la construcción. El plan de choque incluye, igualmente, la rehabilitación de viviendas, el abaratamiento de las hipotecas, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos y el aumento del salario mínimo interprofesional para introducir más liquidez monetaria en el sistema.

El Gobierno, en caso de que Rodríguez Zapatero sea investido presidente entre el 8 y el 9 del mes de abril, tiene previsto hacer frente a la grave crisis económica con “medidas de choque” que serían aprobadas en el primer Consejo de Ministros del nuevo gabinete que se reuniría el viernes día 11.

El Gobierno, que hasta hace unas semanas ha venido sosteniendo que estamos solamente ante una desaceleración coyuntural, y no ante un cambio de ciclo económico, parece haber cambiado de criterio ante los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre el hundimiento del sector inmobiliario, sobre las crisis de las hipotecas, sobre los efectos que está causando, en la cuenta de resultados de los Bancos y las Cajas de Ahorro, el hundimiento de la construcción, y sobre la señal de alarma que acaba de dar el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, anunciando que “da miedo la parte del balance de algunas entidades soportada por el ladrillo”.

Durante la campaña electoral, el Partido Socialista ha venido manteniendo la tesis de que la desaceleración duraría poco, que el crecimiento, aunque corregido a la baja, no sería menor del tres por ciento y que el país está en condiciones de hacer frente a lo que se nos viene encima, estimulando la construcción de vivienda social y, sobre todo, potenciando la obra pública.

Confiando, además, en que hay un suficiente superávit para hacer frente a esta etapa de “vacas flacas”, un superávit superior al 2% del PIB.

Todos los que no han coincidido con las tesis gubernamentales han sido acusados de “antipatriotas”, cuando, en realidad, la crisis es importada aunque aquí se ha unido al hundimiento inmobiliario que habían anunciado que sería suave pero que ha sido mucho más rápido del que se esperaba.

“La economía, y en concreto su dependencia de un sector de la construcción en rápido deterioro, se ha convertido —señala el periódico Financial Times, la Biblia de la prensa económica británica— en el mayor desafío con el que se enfrenta el Gobierno de Rodríguez Zapatero.”

“Se espera —añade el periódico— que los datos sobre los próximos meses confirmen una ralentización mayor, y algunos economistas prevén un crecimiento del PIB para este año de un 2%… Es, aproximadamente, la mitad de la tasa del 2006, cuando se aprobaba la construcción de 800.000 nuevas viviendas, más que en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Según el INE, las ventas de las viviendas de segunda mano y de apartamentos sufrió en enero su mayor caída, mas del 35%, hasta, más o menos, 32.400 unidades. Las ventas de viviendas nuevas en enero descendieron casi un 15%, hasta 29.400, comparado con casi el 120% hacia finales del pasado año.”

Por su parte, The Independent, bajo el escandaloso título de “El mercado español sufre un cataclismo”, destaca que “el antes próspero mercado inmobiliario español está en caída libre y los datos disponibles han frustrado las esperanzas de un ‘suave aterrizaje’ en este sector que ha sido el motor de la economía española”.

“La noticia —añade el periódico— asustará a millones de españoles —y a cientos de miles de británicos y demás europeos del Norte— que se lanzaron a pedir hipotecas sobre viviendas porque pensaban que era una inversión sólida. Varias empresas importantes de la construcción han quebrado en los últimos meses, con las ventas paralizadas, y no han podido devolver los grandes préstamos que habían pedido a los Bancos.”

Probablemente, la situación es mucho más grave de lo que, hace meses, comenzó a detectar la gran prensa económica europea, que criticaba a Zapatero por su falta de iniciativa ante la grave situación, en la que entraba un país excesivamente dependiente del petróleo, con una economía basada en el ladrillo y en el consumo, con escasa competitividad y con reformas estructurales pendientes desde hace muchos años. Aunque los pronósticos del Financial Times han producido gran malestar en el Gobierno, la situación parece mucho más pesimista de lo que ha venido anunciando a lo largo de estos últimos meses.

Con un discurso a los parlamentarios socialistas, en el que las palabras mas repetidas han sido las de “diálogo”, “entendimiento” y “consenso”, el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha inaugurado, de hecho, su segunda legislatura aunque, realmente, el Parlamento se abra hasta el próximo martes día 1 de abril y la investidura presidencial, por la que ha empezado a trabajar el secretario de organización del partido José Blanco, no se realizará antes de la primera semana del mes de abril.

Un Zapatero en estado puro que ha reflexionado sobre la democracia, sobre la necesidad de pactos, sobre el entendimiento entre todos para el buen funcionamiento institucional de la democracia, sobre los grandes objetivos de la legislatura que empieza y hasta sobre su preocupación por el tercer mundo al que este año se dedicará el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB), ha animado a sus parlamentarios a luchar por nuevos retos como la sostenibilidad, el cambio climático, la igualdad entre hombres y mujeres en todos los campos, en contra de cualquier tipo de discriminación, la ayuda a los más desfavorecidos y la progresiva extensión de derechos en una España en la que todas las autonomías se sientan cómodas.

Ha insistido mucho en la necesidad de acuerdos para mantener y extender los valores de la libertad y la democracia y para acorralar y arrinconar a los violentos, para luchar todos hasta conseguir el final absoluto del terrorismo “que sobra radicalmente en un sistema democrático y que tanto nos ha hecho sufrir”.

Entre esos grandes objetivos que parecen inspirados por su filósofo de cabecera Philip Petit, el padre de eso que se ha llamado “republicanismo cívico” y que constituye el punto de referencia político e intelectual del Presidente del Gobierno, Zapatero no ha hecho la menor referencia a sus diputados a las “medidas de choque” que hay que tomar por el progresivo deterioro de la economía nacional y, sobre todo de la economía familiar.

Cuando todos los informes económicos ya han anunciado que hay que calcular a la baja las cifras del crecimiento fijadas por el Gobierno por encima del tres por ciento (creceremos este año entre el 2,2 y el 2,7); cuando el sector inmobiliario se derrumba y está en caída libre (¿Cuántas inmobiliarias quebrarán en las próximas semanas?); cuando la crisis financiera procedente de Estados Unidos ha empujado el euribor hasta el 4,58%, la mayor alza desde el año 2005 (¿qué ocurrirá con las hipotecas subprime españolas?); cuando la confianza de los consumidores cae y cae (en Estados Unidos ese índice está ya bajo mínimos); cuando todavía no se sabe qué efecto va a tener aquí la crisis financiera norteamericana en nuestros Bancos y, sobre todo, en nuestras Cajas de Ahorro (¿que datos tenía Zaplana que decía que por responsabilidad no podía hacer públicos?); cuando la inflación no parece estar controlada y sigue muy por encima de los países de la zona euro y, sobre todo, cuando el paro amenaza con alcanzar cifras records, no se comprende que el Presidente guarde silencio.

Los grandes principios son importantes, los grandes objetivos para la estabilidad Institucional son fundamentales, pero, a la ciudadanía lo que le importa, en estos momentos, es saber que medidas se van a tomar para hacer frente al “tsunami” económico que se nos viene encima, que va a pasar con su hipoteca, que va a pasar con su casa que se ha desvalorizado un 27 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado y, sobre todo, que va a pasar con su empleo, y con su economía familiar.

No se lo que el filósofo irlandés Philip Petit dice sobre estos problemas de la vida cotidiana pero, probablemente a los nuevos parlamentarios socialistas les hubiera gustado que el Presidente les adelantase algo…

Veinticuatro horas después de las elecciones del 9 de marzo ha comenzado a generarse un movimiento en contra del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, por parte de los que más le han apoyado a la vista de los resultados electorales del domingo, con los que Rajoy ha logrado salvar los muebles pero no la inquietud interna de los militantes del PP, que no están dispuestos a esperar otros cuatro años con la misma dirección, con los mismos planteamientos, con el mismo discurso y con la misma estrategia.

Rajoy, que ha conseguido aumentar en cinco el número de escaños en el Congreso de los diputados, que ha ganado cinco puntos en porcentaje de votos (del 37,71% al 40,12%) y que ha sumado cerca de seiscientos mil votos a los que tenía hace cuatro años, se encuentra sometido a una auténtica ofensiva política dentro de su propio partido, hasta el punto que al día siguiente de los resultados definitivos no ha querido asistir a la reunión del Comité de Dirección del PP, que ha examinado los datos electorales y se ha reservado para hoy, tras la cumbre de la Junta directiva Nacional, para dar la cara en una rueda de prensa que no quiso dar el mismo día de la derrota ni veinticuatro horas después.

Por primera vez Ángel Acebes, secretario general del partido, ha hablado de “centrismo”, término del que ha huido durante cuatro años de legislatura, y ha afirmado que el PP representa la “centralidad de España”, lo que le lleva a la conclusión de que los votos del PP proceden de “ese incremento de la moderación y del centro”, palabras realmente novedosas e insólitas en el lenguaje y en el comportamiento de uno de los dirigentes populares que más ha contribuido a la derrota de Rajoy…

Sumido en una profunda decepción (se pudo comprobar la misma noche electoral en el balcón de Génova animado sólo por su esposa, Elvira Fernández), Rajoy no ha querido asistir esta mañana al Comité de Dirección, se ha encerrado en su casa reflexionando sobre su futuro inmediato y ha comprobado que los mismos que le apoyaban hasta hace veinticuatro horas (¿por qué no salió al balcón la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre?) han iniciado una auténtica rebelión interna a la búsqueda de sucesor.

Rajoy está viviendo su particular drama personal, sabiendo que ya han empezado los movimientos internos del partido para substituirle, para buscar una alternativa creíble capaz de ganar las generales del 2012.

Los mismos que le han llevado a la derrota, los mismos medios periodísticos que han condicionado su mandato imponiéndole una radicalidad que nunca ha ido con su carácter, los mismos que le han tenido atado de pies y manos invocando la unidad del partido, han iniciado todo un movimiento estratégico para la convocatoria de un Congreso que elija a una nueva dirección y a un nuevo candidato para dentro de cuatro años.

Lo que parece claro es que Rajoy no aguanta, que se ha dejado vencer por los poderes internos del propio partido, que ha estado más pendiente de lo que pensaba el ex presidente Aznar que de la necesidad de un equipo propio, y que, cercado por un círculo mediático que ha jugado con él aplicando la técnica de la ducha fría, ducha caliente, ha sido incapaz de imponerse y de ser él mismo, sin asesores, sin consultores de ocasión y sin magos de la imagen, que sólo han conseguido que cambie de vestimenta, de gafas y de peinado.

Rajoy está viviendo, en estos momentos, un auténtico drama personal que sólo comprende su esposa Elvira Fernández, probablemente la única que, en estos momentos, le es fiel y que entiende su estado de ánimo.

El resto del partido ha iniciado una auténtica revolución interna pidiendo la convocatoria del Congreso que debió celebrarse antes de las elecciones o, por el contrario, la convocatoria de un congreso extraordinario a la búsqueda de un sucesor.

A estas alturas probablemente se arrepentirá de no haber dimitido cuando quiso, después de las elecciones de marzo de hace cuatro años. Ha tragado tanto, ha consentido tanto, ha tenido que pasar por tanto, que probablemente en su fuero interno piense que ha perdido cuatro años de su vida. Cuatro años en los que no ha hecho lo que ha querido sino lo que han querido. Cuatro años en los que, intentando la unidad del partido, ha tenido que tragar con carros y carretas. Mi impresión es que va a intentar resistir, que va a nombrar un nuevo secretario general (probablemente Pío García Escudero) y va a sustituir a Eduardo Zaplana, actual portavoz parlamentario, por Soraya Sáenz de Santamaría. Con eso pretende instaurar el “marianismo”, pero puede ser el principio de toda una “revuelta popular”.

Tiene el mismo ánimo y mismo ímpetu que cuando era presidente de la Generalitat, aunque reconoce que está jubilado y que no quiere que sus palabras, sus manifestaciones, sus pronunciamientos afecten a Convergència i Unió, el partido que él fundó.

Habla con el mismo sentido común que cuando se convirtió en hombre imprescindible para la estabilidad del país. Jordi Pujol, que acaba de sacar a la calle su primer libro de memorias con el título Historia de una Convicción, editadas por Destino, reapareció ayer en Madrid en Antena 3 televisión en el Programa Espejo Público.

Yo, que le he hecho varias entrevistas, que le he tratado profesionalmente en Madrid y Barcelona, hacía casi diez años que no le veía y lo encontré, durante la conversación que mantuvimos en la sala de invitados de la cadena de televisión, igual de rápido en el análisis, igual de apasionado por la política, reflexivo como siempre pero con un sentido de la distancia y de los personajes políticos que le da mucho más valor a sus pronunciamientos.

Dice que ha vivido estos últimos cuatro años con preocupación, él que viene de la cultura de la Transición, de la cultura del pacto, y añade, sin que quiera obligar a su partido a nada, que no es partidario de ningún pacto estable ni con el Partido Popular (casi imposible) ni con el Partido Socialista.

Con el Partido Popular por su posición en esta legislatura en contra de Cataluña, por sus insultos, por su comportamiento político, por impulsar auténticas campañas de desprestigio contra Cataluña durante el debate sobre el Estatuto. Simplemente, añade “por dignidad”.

Con el Partido Socialista porque no es de fiar, porque dice que Zapatero les ha engañado. “Zapatero o es un ligero o engaña, o ambas cosas a la vez… Hizo promesas que no debió hacer nunca porque no las podía cumplir”.

Se lamenta del actual conflicto entre la Iglesia y el Estado y asegura que todo lo que está pasando le hace revivir episodios del 36.

Pero eso sí, no tiene inconveniente en repartir culpas. Culpa al Partido Socialista de un laicismo muy desesperado y a veces ofensivo y culpa también a ese sector del Episcopado que se ha radicalizado y que ha terminado imponiendo un criterio político muy concreto en vísperas electorales. Alineado con el abad de Montserrat, Josep Maria Soler, rechaza el manifiesto de la Conferencia Episcopal como católico y desde unas profundas convicciones religiosas ya que la Iglesia no puede tener ningún tipo de monopolio.

Se lamenta de los ataques furibundos que durante estos años han recibido los catalanes, la antipatía profunda que se ha creado contra ellos e incluso el menosprecio con el que han sido tratados… Y todo eso lo resume en una frase que viene repitiendo desde que presentó su libro de memorias: “Los catalanes no nos hemos gustado y no hemos gustado”.

Se muestra pesimista sobre la situación política, y lo que más le duele es que Cataluña haya sido utilizada como munición política por los dos partidos con los que, según él, no se puede firmar un pacto de estabilidad.

Para él, y reconoce todo lo que se ha avanzado política y económicamente en estos últimos treinta años de democracia, la estabilidad es quizás el elemento más importante de todo ese periodo… Los tres pilares sobre los que se basa la convivencia nacional, insiste, son precisamente la estabilidad, la gobernabilidad y la continuidad.

Los malos datos del índice ISM del sector servicios, que, en el fondo, mide la confianza que los productores tienen en la economía norteamericana y que ha entrado en “alerta roja”, y los malos datos del empleo que se hicieron públicos ayer en España han hecho que la Bolsa española haya registrado un nuevo martes negro con el hundimiento del Ibex en un 5,19 por ciento, en lo que es la segunda mayor caída del año.

La Bolsa española, que ha recibido con desconfianza los últimos datos del paro (132.378 en enero), el mayor en los últimos veinticuatro años, y que no ha podido digerir lo que es el hundimiento en la confianza del consumidor, según las ultimas encuestas, ha reaccionado con una de las mayores bajadas del año después de conocerse las cotizaciones de Wall Street, que siguen a la baja ante lo que cada vez se parece más a una recesión que a un simple estancamiento.

Loa últimos datos del paro, provocado por la crisis económica y en España por los problemas que está atravesando el sector inmobiliario, suponen el mayor ascenso que se conoce en este mes desde hace diez años según se contabilice en términos homogéneos y que, según otros cálculos, estaríamos en la peor situación desde hace, nada más y nada menos, que veinticuatro años.

El propio ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que ha venido anunciando que la subida del paro se iría moderando en los próximos meses, no ha tenido más remedio que reconocer que los datos son malos como resultado de la desaceleración económica a la que se ha venido a unir la crisis inmobiliaria. La paralización en la venta de pisos hasta el punto de que la mayoría de las inmobiliarias se están enfrentado con problemas que no tenían previsto, ha repercutido directamente en el mercado laboral.

Aunque el ministro Caldera ha señalado que el aumento del paro se ha debido a la crisis por la que está atravesando el sector inmobiliario, la realidad es que los datos de enero indican que el paro crece en todos los sectores de la economía.

Enero, que suele ser el mes que, finalizada la campaña de Navidad, aumenta el número de parados en el sector servicios, ha doblado el número de desempleados respecto al año 2007.

Por eso, el Partido Popular, que apenas ha presentado proposiciones de ley a lo largo de la legislatura relacionadas con el tema económico (era cuando la economía estaba creciendo muy por encima de la zona euro, se estaba creando empleo y los datos del superávit publico estaban situados en cifras históricas), se ha agarrado al tema económico como el principal leit motiv de la campaña electoral.

Mientras el Partido Socialista intenta por todos los medios explotar la pastoral de los obispos de la Permanente del Episcopado, que le ha proporcionado un auténtico balón de oxígeno, el Partido Popular y Mariano Rajoy, que, hasta ahora, no han hecho ningún tipo de comentario sobre lo que es el “gran error” de los obispos, intentan centrarse en el tema económico y en los efectos que la crisis está teniendo en la economía familiar y en la reacción negativa de la Bolsa.

Los datos del paro, malos sin duda según ha tenido que reconocer el propio ministro de Trabajo, Jesús Caldera, han servido de argumento al PP para insistir en que el gran debate de la campaña electoral será precisamente la economía.

Mariano Rajoy está repitiendo estos días de campaña un mensaje pedagógico que llega con eficacia al ciudadano: cada día en España, según los datos de los últimos meses, 4.400 personas se quedan sin trabajo.

Es verdad que el Partido Popular dejó el índice de paro en el 11% cuando abandono el poder y que el Partido Socialista, a pesar de los malos datos de los últimos meses, lo ha dejado situado en el 8,5%. Pero, al final, lo que cruenta es lo último que se ha hecho, no lo que se ha venido haciendo en toda una legislatura. Y ése es el mensaje que con eficacia están lanzando el Partido Popular y su líder, Mariano Rajoy.

Aunque los obispos, preocupados por las reacciones que ha producido el documento de la Comisión Permanente del Episcopado, sieguen sosteniendo que ellos no se han pronunciado por una opción política concreta, la mayoría de los grandes periódicos internacionales interpretan que la Iglesia católica española ha entrado de lleno en campaña contra el PSOE, apoyando que se vote al Partido Popular.

Desde el italiano La Stampa (“Los obispos contra Zapatero. Españoles no le votéis”) hasta The New York Times (“la iglesia irrumpe en la campaña electoral española”) pasando por Corriere de la Sera (“España ante las urnas. Los obispos: no votéis a Zapatero”, llamamiento de la Conferencia Episcopal a una “opción responsable”), por el francés La Croix (“Los obispos reprochan a Zapatero sus negociaciones con ETA”) o el portugués Jornal de Noticias (“Los obispos católicos entran en campaña contra el PSOE”), el efecto mediático del documento episcopal “orientando el voto” y en contra de la posición de Zapatero ha sido interpretado como una pérdida de la neutralidad de la Iglesia y en contra del criterio establecido en importantes sectores de la ciudadanía que practica el catolicismo que pasa por “la defensa del Estado laico contra las intromisiones de la Iglesia, dentro del respeto a la religión católica pero en el mismo plano que las demás. En esta clave los socialistas han modernizado la sociedad española” (Il Sole 24 Ore).

El documento episcopal, que sigue ocupando el mayor y principal interés informativo y, sobre todo, que está sirviendo de argumentario para los mítines del Partido Socialista y de su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado oxigeno al PSOE, ante el silencio de Rajoy y del Partido Popular, que se están dando cuenta de que los obispos no le han hecho precisamente un favor sino todo lo contrario.

Ha sido tan notable el error de los obispos, que si mañana se celebrasen las elecciones generales, los ciudadanos estarían más interesados en votar o vetar lo que han dicho los obispos en ese doble lenguaje en el que cabe todo pero que es perfectamente coherente con una posición política concreta.

Ante esta situación e intentando interpretar ese doble lenguaje, el cardenal primado de Toledo, y probablemente el obispo que mayor amistad tiene con el Papa desde que fue su mano derecha en la Congregación de Defensa de la Fe, ha aclarado que los obispos no quieren hacer “partidismo” y ha dado un paso más al advertir a los católicos “Dios aprueba nuestras actuaciones”, refiriéndose al polémico documento que, a medio plazo y si siguen las reacciones, dividirá a la jerarquía y a la Iglesia española.

Por lo pronto, el arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, que no participó en la redacción del documento, se ha alejado de la posición oficial al declarar que “hay que estar unidos para buscar el bien, la paz y la concordia entre todos”.

En ese mismo sentido se ha manifestado el abad de Montserrat, Josep Maria Soler, que ha insistido en un mensaje fundamental: “Hay que respetar —ha dicho— la autonomía de los políticos. En nuestra sociedad plural, los miembros de la Iglesia no podemos pretender ningún monopolio. Hemos de trabajar por la paz con todos los medios éticamente legítimos. Y lo hemos de hacer a través del diálogo y la misericordia, y no desde la confrontación”.

El terremoto mediático que ha producido el documento episcopal ha obligado a políticos catalanes y vascos a posicionarse. Y mientras el líder de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, socialcristiano y católico prácticamente, ha pedido a la Iglesia catalana que hable “sin tapujos”, dirigentes del Partido Nacionalista Vasco han comenzado a movilizarse para que los obispos vascos, especialmente el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Blázquez, y monseñor Uriarte, que hizo de mediador en las negociaciones con ETA, con la autorización y el visto bueno del Vaticano, se pronuncien claramente sobre esos diez mandamientos redactados por la Permanente del Episcopado.

Manuel Pizarro, número dos de Rajoy en la lista por Madrid, no se lo podía creer. Hacía poco que en una de sus muchas declaraciones de estos días había afirmado con contundencia que el dinero estaba mejor en los bolsillos de los ciudadanos que en las arcas del Estado. Y Zapatero, ante la oferta de rebajas fiscales del Partido Popular, especialmente para los mileuristas, los que ganan menos de l6.000 euros al año, le tomó la palabra.

Si gana, anunciaba, cada contribuyente recibirá un cheque de cuatrocientos euros, ya que reducir impuestos, según él, también es de izquierda, y esos cinco mil millones que costará la última promesa electoral (habrá otras muchas, seguro) saldrá de los impuestos que han pagado trece millones y medio de ciudadanos.

Para tomar esa medida Zapatero ha tenido a dos maestros: el propio Pizarro, que sigue sin podérselo creer, y el “amigo americano” del presidente del Gobierno, George Bush, que ante la paralización de la economía USA y ante la anunciada recesión económica ha decidido que a cada ciudadano se le devuelva seiscientos euros (100.000 millones en total) con el objetivo puesto en que ese dinero vaya a los mercados para animar el consumo y tirar de la economía, aunque, ante las malas expectativas, lo más probable es que se destine al ahorro familiar y no al gasto.

El Superofertón de Zapatero tiene coherencia económica, aunque tal como se ha anunciado parezca una simple “compra de votos”, ya que, según él, ni la situación económica está tan deteriorada como en Estados Unidos y en todo caso esa medida indicaría que estamos peor de lo que, con excesivo optimismo, vienen pregonando el vicepresidente Solbes y el Gobierno.

Por otra parte, al ser igualitaria para todos los contribuyentes se olvida el principio fundamental de que quien más gana más paga, y en este caso los más perjudicados son precisamente los que ni siquiera ganan lo suficiente como para hacer la declaración de la renta.

La oferta electoral de Zapatero, realizada en plena Conferencia política que aprobaba el último fin de semana el programa electoral socialista, ha obscurecido otros compromisos asumidos por el PSOE y ha sido recibida por la oposición como un intento de comprar el voto de los indecisos.

“Decisión caciquil”, “grave error”, “desvergüenza”, “inmoralidad”. Con estos calificativos ha recibido la oposición y parte de los medios informativos ese Superofertón en plena cuesta de enero realizado por Zapatero cuando parecía que ya había terminado la fecha de las rebajas.

Primero fue el cheque bebé, anunciado en pleno debate sobre el estado de la nación (1.200 millones), después vino la deducción de los alquileres por vivienda (700 millones de euros), ahora, el Superofertón (5.000 millones, casi una cuarta parte de todo el superávit público, que es verdad que es el más abultado de los últimos treinta años.

La precampaña electoral se ha convertido en una auténtica subasta mientras el ciudadano contempla sorprendido cómo aumentan las apuestas. Rajoy ha aumentado en doscientos mil impuestos de trabajo la oferta realizada por Zapatero de dos millones de nuevos empleos. Zapatero ha prometido aumentar las pensiones mínimas en mayor proporción que Rajoy y Rajoy ha prometido más guarderías que Zapatero. El líder del PP anunció que con él la economía crecerá por encima del 3 por ciento, mientras Zapatero también promete que seguiremos creciendo muy por encima de la zona euro y, además, creando empleo.

Promesas especiales para los jubilados, para los pensionistas que viven solos, para los que los cónyuges dependen de ellos, para las madres que den a luz, para dependientes, para mayores y pequeñitos… Ha llegado el Superofertón.