El peor regreso en una década, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
Ahora dicen que es una milonga, que no hay “síndrome postvacacional”. Yo creo que sí lo hay y que cursa con malestar general, cierta ansiedad, migrañas digestivas e insomnio. Y creo más: que este año este estrés subsiguiente a las vacaciones va a ser más agudo y desasosegante. Sencillamente porque hace más de una década que el regreso del descanso estival no coincidía con una situación socioeconómica y política tan deteriorada y a la que no se le observan síntomas de mejoría. Además, la gente vuelve con el regusto amargo de una tragedia —la de MD-82 de Spanair— que quizá pudo evitarse; con un repunte extraño y trágico de los asesinatos llamados machistas que han llevado a la tumba a más de media docena de mujeres y con una situación internacional —mal interiorizada en España— que nos retrotrae a la guerra fría (Rusia invade Georgia y regresa el fantasma de la URSS) en un momento en el que Estados Unidos se encuentra ensimismado en las proclamaciones de los candidatos a las presidenciales del inmediato mes de noviembre.
Ese conjunto de circunstancias no es sin embargo lo peor en la percepción general después de este largo y abrupto verano: lo peor es que muchos trabajadores se van a incorporar a su puesto de trabajo sin saber si un expediente de regulación de empleo (ERE), un plan de bajas incentivadas o, simplemente, un cierre patronal les van a llevar a las colas del Inem antes de las Navidades. Porque España lidera la pérdida de empleo. Para el año que viene se prevé que en nuestro país estén cobrando el paro nada menos que tres millones y medio de desempleados, lo que implicaría estar en el 14% de inactivos. De momento ya estamos tres puntos por encima de la media europea en desempleo (11% aquí frente al 7,5% de media en el espacio de la UE) y lideramos el paro en todos los segmentos: el general, el juvenil, el femenino y el masculino. Somos, con el Reino Unido, el “enfermo de Europa”. Los datos que adelantan el trastazo que se ha dado el comercio y el recorte de beneficio de los Bancos, componen una coyuntura recesiva que se ensañará en la pérdida de empleo dada la rigidez de nuestras estructuras socio-laborales para flexibilizar la situación. Británicos y norteamericanos improvisan medidas para que los empleos se mantengan: se congelan los salarios, se implementan planes de productividad, se revisan horarios y se moderan los beneficios. De ahí que, pese a que la crisis azota en todas las latitudes, en España la plaga del paro sea la peor lacra. Y ya no hay redes que amortigüen el golpe como antaño: la familia ha dejado de ser el “colchón” que fue en las crisis de los ochenta y noventa y ahora en España tenemos millón y medio de inmigrantes que, sin trabajo, representarán un problema añadido: inseguridad y presión sobre los servicios públicos —prestaciones de desempleo, sanidad, subsidios no contributivos—.
Mientras tanto, y como bien ha manifestado Mariano Rajoy (entrevista ayer domingo en El País), este Gobierno parece que está “agotado” después de sólo cuatro meses de trayectoria. El líder del PP ofrece algunas recetas interesantes de orden fiscal (bajar el tipo del impuesto de sociedades para la pequeña y mediana empresa), aumentar las deducciones en el IRPF a las familias hipotecadas y reducir drásticamente el gasto público. Mientras, Rodríguez Zapatero hace todo lo contrario y se ha pegado un tiro en el pie despilfarrando 6.000 millones de euros con la extravagante devolución de los 400 euros a cada contribuyente. Por si fuera poco, acomete septiembre sin acuerdo en torno a la financiación autonómica y sin la garantía de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El acuerdo sobre justicia, que aún no está cerrado con el PP, y otro, de mínimos sobre terrorismo, son ahora insuficientes cuando la brecha está en cómo se maneja la crisis económica.
O sea, que sí, que éste es el peor regreso vacacional de la última década, el más triste, el de expectativas más grises, el más deprimente y deprimido. Y con la cuesta por delante —larga y empinada— de un septiembre en el que habrá que abonar los gastos de la tarjeta de crédito, pagar las matrículas de los colegios, surtir a los niños de libros de textos, hacer arreglos en la casa, comprar en los grandes almacenes para reponer existencias… todo en tiempos de escasez y augurios negativos. ¿Quién dijo que no hay estrés postvacacional? Vaya lince.
Ya no es crisis, es recesión, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
El Gobierno puede cometer un nuevo error si, como hiciera cuando negó reiteradamente la crisis, insiste ahora en que España no está en recesión. La caída en picado de la inversión y de la producción industrial, en combinación con una deuda externa que es de las más abultadas del mundo, retraen el consumo, destruyen empleo y crean las condiciones recesivas en las que están inmersos ya otros países. El mínimo crecimiento del PIB en el segundo trimestre (sólo un 0,1%) y el respiro que el descenso del precio del crudo ha dado el mes de julio a la inflación (baja del 5,3% al 4,9%), no son datos suficientes para eludir el diagnóstico más duro y contundente sobre nuestra economía.
La opinión pública se ha sentido engañada cuando el Gobierno aventó cualquier atisbo de crisis, sustituyendo un concepto bien inteligible por expresiones eufemísticas y alternativas como las de “frenazo”, “desaceleración” y similares. Pugnar ahora por evitar el reconocimiento de que estamos al borde de crecimientos negativos y con una deuda exterior que no sabemos cómo ni cuándo vamos a poder pagar, sería reiterar el error anterior. Mucho más cuando el Ejecutivo debe resolver con estos deteriorados mimbres dos cuestiones fundamentales: la financiación autonómica cuya propuesta gubernamental Solbes acaba de explicar en el Congreso con más pitos que palmas, y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Si el gabinete de Zapatero no resuelve bien estos dos compromisos, su deterioro político podría avanzar en progresión geométrica.
En esa línea de malos augurios, pasando del campo de la previsión política a la económica, la Bolsa sigue dándole vueltas a los 11.400-11.500 puntos cuando llegó a estar en más de 14.000. Esto supone que el patrimonio del ahorrador nacional ha perdido este año del orden del 20-25% de su valor aunque la rentabilidad por dividendo se mantenga por el momento. Más aún: los indicadores del turismo en julio-agosto son malos, y si también la industria de sol y playa queda tocada, es que tenemos un panorama abrumador porque el conjunto del sistema está tocado: venta de pisos, venta de vehículos, consumo doméstico, servicios turísticos, producción industrial, deuda exterior…
Siendo cierto que el pesimismo no crea un puesto de trabajo, como dice Rodríguez Zapatero, también lo es que el optimismo tampoco lo hace. Así que lo mejor es el realismo del que debe partir el doble mensaje de a) reformas estructurales, fiscales y laborales de las que salga un nuevo modelo económico y b) llamamiento a la más estricta austeridad en las cuentas públicas y particulares.
Además, la economía hay que contextualizarla en el momento internacional. En este orden de cosas, la nueva “guerra fría”, primero en el Cáucaso y ahora también en el Báltico, en un enfrentamiento sordo pero durísimo entre EE. UU., la UE y algunos países de la antigua URSS y la Rusia sovietizada de Vladimir Putin, vuelca un factor de incertidumbre sobre el momento presente porque aquella zona del mundo es energéticamente estratégica. El aumento progresivo de la tensión, puede golpear sobre los precios del crudo y elevarlos abruptamente, abriendo un frente adicional a las economías occidentales.
Por fin, los Estados Unidos entra en un período de ensimismamiento con el proceso electoral de nuevo presidente que culminará el cuatro de Noviembre –tomará posesión en Enero de 2009—no siendo indiferente quién resulte ganador. Obama ilusiona pero inquieta; MacCain, no ilusiona pero tranquiliza.
En definitiva, un panorama negativamente abierto en el que hay que caminar con realismo lo que aconseja hacer un buen diagnóstico: hemos pasado de la crisis a la recesión, tanto por causas internas como externas y el pronóstico lleva a alertar de que lo peor no ha llegado y que la travesía del desierto será larga y acaso no culmine, como machaconamente se repite, en 2010 sino más adelante. Y la verdad, no sabemos si tenemos Gobierno para aguantar más allá de entre doce y veinte meses a la vista de sus propias incapacidades y la volatilidad de sus pactos con otras fuerzas políticas.
La viva imagen de la impotencia, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
El arreón de imagen del Gobierno, interrumpiendo las vacaciones presidenciales en plena canícula, ha logrado, quizá, contrarrestar al “gabinete de crisis” montado por el PP, pero no ha conseguido el efecto que los agentes sociales deseaban: una fuerte dosis de confianza en que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero será capaz de hacer revertir, al menos en parte, la pésima coyuntura económica. Es verdad que la presencia gubernamental simultánea a la publicación de datos muy negativos (IPC por encima del 5% y crecimiento del PIB de sólo 0,1% en el segundo trimestre), ha amortiguado el golpe estadístico. Es verdad también que el desplome de las economías alemana, francesa y japonesa ha acompañado a la española. Pero, aún así, el Gabinete de Zapatero está estigmatizado politicamente: su negativa a reconocer en su momento la existencia de una crisis económica que nos remite a los peores episodios de los años ochenta y noventa, ha inoculado la desconfianza social hacia el discurso gubernamental. El resultado es que el Ejecutivo es contemplado como la viva imagen de la impotencia ante una marea de datos que componen un escenario preocupante de la economía nacional e internacional.
El Gobierno, además, ha agudizado esta sensación de incapacidad al diferir las medidas ayer aprobadas en el Consejo -siendo la más importante el estudio de la trasposición de la directiva de servicios de la UE al ordenamiento interno nacional- nada menos que ¡a dos años vista!, cuando lo que requiere la coyuntura es una panoplia de medidas de choque que hagan reaccionar los sensores de la confianza financiera y empresarial. Como el presidente, por si fuera poco, sigue haciendo equilibrios discursivos, ha sido incapaz de explicar que las medidas liberalizadoras que se quiere implantar -muchas de la cuales requieren, como la de servicios, cambiar decenas de normas y conciernen competencialmente a las autonomías- buscan lograr un cambio sustancial de nuestro modelo de crecimiento para evitar dependencias excesivas de sectores concretos -sea la construcción, el turismo o cualquier otro- y permitir que el propio mercado vaya buscando progresivamente sus equilibrios y adaptaciones. La falta de convicción que transmite el Gobierno y que se torna en desconfianza ciudadana en su competencia y capacidad tiene que ver igualmente con las contradicciones que implica mantener un disursos socialdemócrata puro con el que proclama la liberalización y, por lo tanto, la activación de los mecanismos del mercado. Se adentra el Gobierno en el terreno de la incoherencia: sí hay una manera de gestionar la crisis desde una concepción liberal-conservadora y sí la hay desde otra, opuesta, de carácter socialista. Rodríguez Zapatero no se ha decantado y permanece en un equilibrio inestable que es percibido así por los agentes sociales que son los que crean -con los medios de comunicación- el ambiente psicológico en el que se desenvuelve la crisis. Rodríguez Zapatero tampoco ha desvelado cómo va a afrontar dos crisis que están concatenadas: la de la financiación autonómica y la generada por el desacuerdo en torno a los Presupuestos Generale del Estado. Y, así, sumando todo, y admitiendo que el Gobierno no se ha dejado mecer por “ferragosto”, no queda más remedio que subrayar que su solvencia en la gestión de la crisis no ha mejorado un ápice.
Siguen ofreciendo una preocupante sensación de impotencia.
La crisis y la guerra revientan agosto, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
Las vacaciones se han acabado. La guerra de Osetia del Sur en la que contienden Rusia y Georgia sobre uno de los espacios más estratégicos del mundo (la ruta del petroleo y del gas) acentúa los perfiles de la crisis energética cuando parecía que los precios de referencia del crudo comenzaban a bajar. Ahora, volverán a subir porque la desestabilización del espacio caucásico introduce una variable más a las muchas que determinan el actual estado de inquietud general. Hasta la extrema politización de los Juegos Olímpicos de Pekín, que han servido para dar carta de naturaleza a un nuevo mundo bipolar (EE. UU. y China), dejando atrás el periódo histórico de USA como la “hiperpotencia”, concurre a que este agosto se haya convertido en un tiempo de turbulencias que desconoce las vacaciones y el sesteo de los mercados.
El mundo atraviesa por un grave y profundo proceso de transformación tanto económico como político en el que se ha puesto en cuestión desde la jerarquía de las potencias dominantes hasta el sistema financiero mundial. Todo lo que estaba sosteniendo el modelo político y económico de Occidente está sometido a revisión. Y de fondo, los americanos introducen una incógnita más: la posibilidad de que un afroamericano, el carismático e inexperto Barack Obama, alcance la presidencia de los EE. UU. en noviembre, lo que constituiría todo un vuelco en la convenciones políticas y sociales del gran país americano.
En este contexto mundial, España aparece como uno de los farolillos rojos. El Gobierno lo sabe y se ha precipitado a intentar determinados gestos que procuren transmitir cierta confianza. El próximo jueves, el Instituto Nacional de Estadística va a hacer público el dato de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) correspondiente al segundo trimestre del año. El dato se preve desastroso y el Ejecutivo -que ya lo conoce- se ha adelantado: el miércoles Zapatero se reunirá con la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para evaluar el impacto de las medidas adoptadas (?) y el jueves se celebrará un Consejo de Ministros de carácter extraordinario en el que el Gobierno adoptará decisiones complementarias. Ambas reuniones, con la reincorporación a la Moncloa del Presidente, pretenden contrarrestar el efecto negativo de un dato -el del PIB de abril, mayo y junio- que nos pone en los umbrales de la recesión.
Por otra parte, el conflicto catalán crece. El Estatuto de autonomía de Cataluña que preveía que para el 9 de agosto de 2008 su Titulo VI (financiación) estaría ya operativo, ha entrado en barrena propiciando una seria crisis de entendimiento entre el PSC y el PSOE y el Gobierno. Más allá de la voluntad política del Ejecutivo, lo que ocurre es que el Estado carece de recursos para afrontar las exigencias estatutarias catalanas que, aunque de partida eran excesivas, ahora, con la merma de recaudación de tasas, impuestos y tributos, son sencillamente inviables.
En esta situación afrontar la elaboración y aprobación de los Presupuetos Generales del Estado se antoja una misión extremadamente difícil para el Gobierno que tiene dentro de su grupo parlamentario a veinticinco diputados catalanes pero de fuerte obediencia autonómica. Porque -y eso se está comprobando hasta en el Partido Popular- las políticas de los partidos en las comunidades autónomas comienzan a regirse más por criterios de interés territorial que por los de carácter ideológico o global. Y si esa tendencia se materializa -como parece sucede en Cataluña- la morfología de nuestro sistema político estaría en avanzado estado de mutación en un sentido claramente confederalizante. Estas transformaciones se aceleran, precisamente, en las situaciones de crisis como la actual.
Lo que está ocurriendo este mes de agosto, ya en plena canícula, es tan grave que dejar de subrayarlo, aunque con ello se altere el pulso de una sociedad que se niega a enfrentarse a la realidad de su situación, implicaría una omisión culpable. Por eso el Gobierno -es la primera vez que actúa con cierta rapidez en los últimos meses- rompe agosto y vuelve a Madrid porque el pesimismo ha dejado ya de ser antipatrótico.
Rouco, un hombre de poder en Moncloa, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
La entrevista del cardenal de Madrid con el presidente del Gobierno, hoy en la Moncloa, tiene un valor simbólico especial. Porque acaece cuando desde el PSOE y el Gobierno se prometen medidas de corte laicista, y normativas que incidirán en la actual despenalización del aborto —para facilitarlo— y en lo que se denomina eutanasia, estando las espadas en alto respecto de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que una parte de la jerarquía eclesiástica —y Rouco Varela desde luego— quiere evitar mediante la objeción de conciencia de los padres. Y por supuesto, media entre ambos interlocutores la COPE, o mejor dicho, Federico Jiménez y sus conmilitones que depredan la radio de los obispos, al parecer, con el beneplácito de muchos de ellos, y específicamente con el visto bueno del presidente de la Conferencia Episcopal, que parece ser uno de sus más decididos valedores.
En alguna ocasión ya he escrito que a Rodríguez Zapatero le va bien la COPE actual porque deteriora la imagen y la credibilidad de la Iglesia en España e introduce serias contradicciones en la derecha política. ¿Por qué habría Rodríguez Zapatero de reclamar al cardenal que evite al injuriador y difamador —según recientes sentencias que le han condenado tanto por injuria como por difamación— cuando presta servicios tan caros al PSOE y propio Gobierno? Si el presidente hubiera querido, Jiménez y su entorno no estarían en la radio de los obispos, cuyos dineros —los de la Iglesia— recauda el Estado que, además, la subvenciona para que alcance la suficiencia financiera que no logra conseguir con las aportaciones —menguantes— de los católicos. Con el tiempo se verá que los mejores servicios que ha prestado Jiménez habrán sido a la izquierda y no a la Iglesia y, mucho menos, a la derecha democrática española.
Pero también el cardenal de Madrid es beneficiario de los despropósitos de Jiménez: la desmesura del radiofonista le confiere al prelado un estatuto de poder social y político que sin el turolense no tendría. Por el despacho arzobispal de la calle San Justo de Madrid pasan líderes políticos, empresarios y profesionales interesando del señor cardenal que Jiménez deje de zaherirles, atacarles e insultarles. Y el teléfono del cardenal registra llamadas petitorias: desde S. M. el Rey, que recrimina a don Antonio María Rouco Varela que desde la emisora de los obispos se reclame su abdicación y se zahiera al Príncipe de Asturias y su esposa, hasta de Rajoy, que reclama un poco de moderación y respeto. El arzobispo de Madrid siempre responde de la misma manera: “haré lo que pueda”; “ese asunto es responsabilidad del Consejo de la COPE” y “rezaré para que se convierta (Jiménez)”. Esto que relato no es una fabulación: me consta y, en alguna ocasión, de manera personal y directa.
Rodríguez Zapatero y Rouco Varela saben perfectamente que esta situación está ya agonizando y que Jiménez ha dado de sí cuanto podía. El radiofonista será arrojado a la cuneta cuando su utilidad para unos y para otros —él siempre ha sido un conseguidor de logros apetecidos por ajenos que han utilizado su visceralidad y obcecación— sea puramente marginal. Comienza a serlo y muy pronto Jiménez será el objeto de transacción para sentar un modelo de relación entre la jerarquía y el Gobierno acorde con los aires de esta nueva legislatura, una vez que el PP se ha apeado del 11-M y la extravagancia y el Gobierno, con la crisis a cuestas, haya cesado, de momento, de perpetrar desaguisados, dividir a la sociedad española y cargarse los valores que cohesionaban la convivencia nacional.
Pero aún queda tiempo para que el esquema de relación Iglesia-Estado se normalice, entre otras razones porque Rouco Varela quiere vender cara la cabeza de Jiménez. El cardenal de Madrid es un canonista especializado en las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el siglo XVI (fue su tesis doctoral elaborada en Múnich) y sostiene —ahí están todos sus escritos al respecto— unos criterios según los cuales la Iglesia debe disponer de un estatuto de poder real en la sociedad y en el entramado político. Rouco Varela es un cardenal que se niega a aceptar la reformulación necesaria de la forma de estar de la Iglesia en la sociedad contemporánea. Y para resistir emplea desde un Jiménez en la COPE —en detrimento del ideario de la cadena, hasta el punto de consentir el insulto de “masón” espetado por locutor al Nuncio de S.S. el Papa en España o la agresión institucional a la Corona o el menosprecio al cardenal de Barcelona— hasta el “ejército” de los “kikos” (los neocatecumenales), que son los que le movilizan la archidiócesis cuando lo considera oportuno, todo ello en detrimento de cualificados profesionales católicos en el ámbito de la radio o de institutos religiosos como la Compañía de Jesús o el Opus Dei, instancias de las que recela por su autonomía e independencia de criterio.
Rouco Varela, además, es un hombre ambicioso porque, aunque condicionado por achaques de salud, dio un sibilina batalla para descabalgar de la presidencia de la Conferencia Episcopal al pastoral y moderado titular de la diócesis de Bilbao —Ricardo Blázquez— y encaramarse de nuevo él en el sillón de mando que consiguió por un voto de diferencia después de proponer a dos nuevos obispos —uno de ellos su actual auxiliar, Martínez Camino— que fueron los que le dieron la victoria sobre el prelado de la capital de Vizcaya. Así es el arzobispo-cardenal de Madrid: un hombre de poder y para el poder. Y esas sus características explican la postración de la Iglesia en España, que refleja en una revista —Alfa y Omega, distribuida cada jueves con ABC— en la que sonroja contemplar el “culto” a la personalidad que se rinde al prelado gallego como si la jerarquía se quintaesenciase en su persona y en su criterio. Y Cañizares, primado de España y arzobispo-cardenal de Toledo, otrora aliado de Rouco, se ha dado perfecta cuenta de todo esto que relato sin ápice alguno de especulación.
Pues bien: con este hombre de la Iglesia, con su poder y con su capacidad política e intelectual, habrá de vérselas hoy el presidente del Gobierno, que sabe muy bien con quién está jugando la partida. Mientras tanto, Rajoy, al fondo, permitiendo —por acción y por omisión— que el prelado en cierta medida le suplante.
La crisis y el dominó, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
Resulta patético que, tal y como están las cosas en España, el presidente del Gobierno y el del PP pugnen por introducir en el orden del día de su entrevista del día 23, aquel sólo la reforma de la Justicia y la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y éste, además, la crisis económica. Cuando la opinión pública está consternada por la insolvencia de Martinsa-Fadesa, la mayor inmobiliaria española, con una deuda de más de 5.000 millones de euros, en un sector que acumula una global de más de 30.000, y por la caída en picado de la Bolsa, el estancamiento de la actividad y el crecimiento acelerado del desempleo, Rodríguez Zapatero no tiene otra alternativa decente que afrontar con el líder de la oposición un auténtico programa de reformas estructurales —la laboral y la fiscal, entre otras— para dar cara a esta coyuntura que nos retrotrae a los peores momentos socio-económicos de los últimos treinta años.
Los acontecimientos están rebasando los pronósticos más pesimistas. No es que estemos en crisis; es que nos estamos adentrando en una auténtica recesión que alcanzará su mayor virulencia en septiembre, cuando, a la vuelta de vacaciones, la disipación del espejismo veraniego muestre los destrozos de la estanflación en la que ya estamos instalados. Comenzará entonces el “efecto dominó” que ha provocado —no le quedaba otro remedio— Martinsa-Fadesa y serán otras inmobiliarias y empresas de distintos sectores las que, ante la falta de liquidez por la congelación de transacciones, instarán judicialmente concursos voluntarios que, a su vez, golpearán a las entidades de crédito obligadas a nuevas provisiones y a absorber las irreversibles pérdidas que todo procedimiento concursal conlleva. Cajas de Ahorros y Bancos están seriamente comprometidos en la colosal deuda de las inmobiliarias, lo que habrá de llevarles a “economías de guerra”: restricción del crédito, regulaciones de empleo y movimientos sectoriales de fortalecimiento mediante fusiones y operaciones corporativas diversas. Todo el sistema financiero español, a golpe de la corneta del concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa, va a entrar en resonancia que no cesará hasta que el ajuste sea completo. Duro trayecto en el que irá cayendo una ficha tras otra, quedando en pie sólo aquellas que, como en la selección natural de las especies, demuestre mayor resistencia, capacidad y previsión.
¿Mientras tanto? El horizonte apenas ofrece, en el medio plazo, la tríada tópica de “sangre, sudor y lágrimas”. ¿Sólo? Por responsabilidad, el sufrimiento social —más paro, menos consumo, menor calidad de vida— debería estar acompañado de un intenso programa de acciones legislativas impulsadas al alimón por Gobierno y oposición tanto en el orden laboral como en el fiscal, con el rechazo explícito a cualquier petición exorbitante de financiación de comunidades autónomas cuya negociación, siguiendo el inteligente consejo de Felipe González, habría que aplazar, más aún después de que se haya consumado la torpeza política de permitir la publicación de las balanzas fiscales, que, como ayer se vio, sólo sirven para agudizar los sentimientos de agravio entre comunidades y lesionar moralmente el principio de solidaridad interterritorial que la Constitución impone.
La inflación —que en julio puede superar el 5,5%— se comporta, además, como una suerte de metástasis que disminuye el valor de los salarios y —más grave todavía— horada el ahorro de las familias, con lo cual la percepción generalizada de postración económica se contagia al conjunto social que incurre en el pesimismo y la desesperanza. Sentimientos más acendrados aún cuando se generaliza la impresión de que el Gobierno —véanse las encuestas— no tiene capacidad para dar respuesta eficaz a la situación.
Los que pasamos, aunque sea ligeramente, los cincuenta años, tenemos muy frescos los recuerdos de las crisis de los ochenta y de los noventa y, situando la actual en su contexto y aquellas en el suyo, la de ahora no es, desde luego, de menor entidad que aquellas. La diferencia consiste en que entonces el Estado disponía de unos márgenes de maniobra que en la actualidad se han estrechado, con lo cual, el desafío para el Gobierno es hoy día superior al que debieron afrontar los de antaño. Y ahí patinamos porque a todo este enorme problema se superpone otro psicológico: la desconfianza en los gestores públicos socialista que se encuentran ante un auténtico dilema de formulación tan sencilla como la de asumir su responsabilidad o declinar, de ser realistas y pragmáticos, o eufemísticos y frívolos, la de ser veraces o fantasiosos. El socialismo de Zapatero está, en definitiva, ante ser o no ser. Ésa es la cuestión.
De Pajín a Rouco, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
El XXXVII Congreso del PSOE ha sido meramente gestual, pero no por ello tan intrascendente como suponían algunos escasamente perspicaces editoriales de la prensa de ayer domingo. Porque los gestos encierran intenciones, indican tendencias y anticipan propósitos. Rodríguez Zapatero ha consumado dos de alto valor político: promocionar a la Secretaría de Organización del partido a Leire Pajín, una joven dirigente —treinta y un años—, y declarar al cardenal Rouco Varela una progresiva pero implacable hostilidad laicista. Son dos gestos paralelos que encierran una gran coherencia interna. Porque Leire Pajín sintetiza en su trayectoria y discurso —además de generacionalmente— todo aquello que el presidente de la Conferencia Episcopal Española combate.
Vayamos por partes.
El nombramiento de la socialista alicantina —aunque nacida en el País Vasco— delata un intuitivo sentido de anticipación —evitar el anquilosamiento en el “aparato” de la organización— y remite un mensaje de progresismo a las bases del partido que reclamaban un giro a la izquierda con medidas —aborto, eutanasia— que han quedado sólo esbozadas. La incrustación de Pajín en la cúpula socialista y el nombramiento previo de Bibiana Aído al frente del Ministerio de Igualdad —la andaluza desfiló el sábado por Alcalá y Gran Vía abriendo la marcha del orgullo gay, dedicado este año a la “visibilidad lésbica”— viene a ser como un acta notarial en la que el reelegido secretario general del PSOE se compromete a seguir con el zapaterismo, resumido en su afirmación congresual según la cual “os prometo que no voy a cambiar”.
La, para muchos, excentricidad de situar a mujeres —curiosamente no a hombres— muy jóvenes y de ideas y convicciones rotundas al frente de graves y grandes responsabilidades (Chacón, Aído, Pajín) forma parte del código genético de un socialismo cuya ideología no consiste en cultivar anteriores categorías dogmáticas ya anacrónicas, sino en el desarrollo de políticas que procuren hondas transformaciones en los hábitos sociales. Rodríguez Zapatero y quienes le asesoran se comportan a contrapelo de la historia española: provocando una revolución de la ética-moral colectivas para situarse en una vanguardia de hábitos y costumbres que conviertan a la tradicional España en la avanzada Escandinavia de los años sesenta y setenta. La crisis económica —o mejor, su marginalidad en el discurso congresual— no dejaría de constituir una coyuntura superable y siempre subordinada a ese designio de transformación social que se persigue.
En esa trayectoria para que a España no la conozca “ni la madre que le parió”, según célebre expresión del prácticamente desaparecido Alfonso Guerra, la derecha política no es mayor obstáculo. En el PP no hay un cálculo estratégico de lo que está procurando lograr el PSOE y, andando el tiempo, es muy posible que los populares entiendan desde la laicidad fenómenos que hasta ahora han contemplado desde la confesionalidad.
Rodríguez Zapatero ha detectado —segundo y decisivo gesto congresual— que una parte del poder de la derecha social sigue en manos de un sector de la jerarquía católica comandada por el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela que, a su vez, es consciente de ese protagonismo y, siendo como es eclesiástico que, por formación y por vocación, no disocia lo suficiente el poder pastoral del temporal, está dispuesto a comportarse como viene haciéndolo: como el líder —opaco, pero líder— de un espectro ferozmente ambicioso de los sectores más extremos —poco importa a estos efectos que sean católicos o no, que no lo son— del antisocialismo en España. A Rodríguez Zapatero le interesa que su adversario sea Rouco y a Rouco le interesa que el presidente le tome por tal. Y así, el prelado ya se ha encargado de fustigar desde cuantas tribunas dispone tanto la “ambigüedad” de este PP como el lobuno “secularismo agresivo” (sic) del PSOE.
Porque aquí hay un hecho cierto: el presidente del Gobierno y el de los obispos se miden de poder a poder, y a ambos les conviene que los términos de la pelea sean éstos y no otros. Y a los dos sirve en ese propósito la radio episcopal y su energumenismo. Los damnificados de esta interesada relación hostil son el PP y Mariano Rajoy. Por eso, Rodríguez Zapatero pone a Pajín —apoyada en la ponencia meliflua de Ramón Jaúregui— a retirar crucifijos, estudiar leyes de plazos para el aborto e indagar en las posibilidades de implantar la eutanasia, y Rouco Varela, guste o no a Roma, le contesta desde “su” radio. Entre el uno y el otro, tratan así de asfixiar la incipiente centralidad del PP que, de prosperar, restaría votos al presidente (del Gobierno) y poder al presidente (de los obispos). Lo dicho: Pajín y Rouco, resumen un sibilino XXXVII Congreso del PSOE.
El PSOE quiere ser de izquierdas, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
Comienza este fin de semana un Congreso Federal —el número trigésimo séptimo de su historia— que para el PSOE no es de trámite. No se va a discutir el liderazgo de Rodríguez Zapatero, ni se van a alterar decisiones de la legislatura anterior que ya se han consolidado. No habrá grandes sorpresas. Se va a producir, sin embargo, un interesante debate interno que tratará de interpretar qué signos de identidad y qué políticas debe adoptar y desarrollar un socialismo bien instalado en una izquierda que renquea en casi toda Europa.
Los socialistas españoles agotaron en la legislatura pasada lo que en Francia e Italia se denominó el zapaterismo, que consistía en la acometida de medidas audaces de distinto signo pero todas ellas desafiantes. Desde la salida precipitada de las tropas españolas de Iraq —lo que nos granjeó el distanciamiento estadounidense y el aplauso del progresismo continental—, el Gobierno del PSOE creó escuela con la llamada “extensión de los derechos” (homosexuales, dependientes), con la radicalización de las políticas de igualdad de género (discriminación positiva de las mujeres hasta en el ámbito penal) y con la resucitación de la causa derrotada en la Guerra Civil de 1936-39 (memoria histórica). Todo ello sazonado con una confrontación casi permanente con la jerarquía eclesiástica a la que, si bien el Ejecutivo arregló la financiación, también retó en los ámbitos de la enseñanza (Educación para la Ciudadanía) y de la familia (regulación del divorcio sin alegación de causa).
Agotado ese arsenal que sesgaba al PSOE claramente en posiciones de auténtico activismo de izquierda —con la recuperación de un discurso supuestamente ingenuo hacia los nacionalismos en la mejor línea dialéctica de los bien pensantes republicanos de 1932—, las bases del PSOE, con una crisis económica en absoluto “opinable”, quieren que el socialismo español reivindique su izquierdismo tanto más cuanto el movimiento de centralidad del PP le resta margen de maniobra. A tenor de las enmiendas presentadas, las bases del PSOE quieren una significación del partido abiertamente laica —lo que procuraría problemas al Gobierno con la Santa Sede—, desearían pasar de una ley de indicaciones a otra de plazos en la regulación del aborto, están por la “normalización” de la eutanasia, pretenden imposiciones fiscales a los sueldos millonarios, el no alineamiento del Ejecutivo en las políticas europeas de inmigración inspiradas por Francia y Alemania y, por fin, aguantar el socavón económico sin ceder a las recetas propias de coyunturas como la actual: restricción del gasto social y recortes de subsidios y ayudas directas y prestaciones no contributivas.
Ocurre que ser de izquierdas en la Europa del euro y de la crisis no sólo no es fácil. Puede llegar a ser literalmente extravagante y, además, electoralmente muy perjudicial. La acentuación de los rasgos ideológicos de los partidos en un tiempo histórico de convergencias y similitudes crea cierta desazón e incomodidad porque convulsiona a la sociedad, la polariza y la enfrenta. La gente normal, si algo ha apreciado de este arranque de la legislatura, es que las maneras de hacer política, antes abruptas, se perciben más sutiles. Y se confundiría la dirección del PSOE cediendo al izquierdismo que buena parte de sus bases pretende. Sencillamente, porque los elementos ideológicos y su agudización no son ahora el reto ni de la izquierda ni de la derecha. El desafío es otro. Desde luego, económico y, por tanto, gestor, concepto que remite a la eficacia en el manejo de las necesidades públicas. Y es, también, democrático en el sentido de que hoy por hoy, con el fenómeno del terrorismo global y la respuesta defensiva necesaria, las sociedades basadas en la convivencia con garantía plena de determinadas libertades han quedado desequilibradas. Afrontar la crisis económica —que se va hacia la estanflación, lo cual es letal para el Gobierno— y reequilibrar con sensatez la ecuación libertad-seguridad, manejando con buen criterio las tensiones territoriales, debería ser el temario de la asamblea socialista.
En definitiva: la cuestión consiste en saber si el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el socialismo que él encabeza —tan diferente del de Felipe González— resulta, no sólo una opción blanda del gusto de las mayorías sociales españolas que temen la contundencia de la derecha política, sino que, además, es capaz de lidiar con lo que en los últimos años se denomina gobernanza, no con políticas cosméticas sino de soluciones. La estética izquierdista que muchos pretenden en el PSOE es ahora en España y en Europa tan inoportuna como la lírica: no están los tiempos ni para la una ni para la otra.
La despedida de Aznar, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
El envite más difícil no le vino a Mariano Rajoy por donde podía suponerse –el sector crítico que acumuló hasta un 16% de votos en blanco- sino por la incomprensible actitud de José María Aznar que, con un lenguaje gestual despectivo, un comportamiento grosero -retraso a la llegada, saludo gélido y ausencia durante la alocución central del candidato- y un discurso impertinente, se convirtió en el más desabrido de sus contradictores, hasta tal punto que la derrota de éstos -Aguirre, Mayor Oreja, Costa, Elorriaga… –se transformó en su propia derrota. El “más disciplinado de los militantes”, tal y como él se autocalificó, ofreció todo un recital de disidencia, de displicencia y de prepotencia. Rajoy no ha necesitado “matar al padre” -asesinar al aznarismo-, porque el mismísimo Aznar se encargó de suicidarse ante los más de tres mil compromisarios que no podían entender cómo el hombre que puso a Rajoy en el timón de la nave, le obsequiaba ahora con un vapuleo, inmediatamente después de aterrizar en un jet privado y tras meses de exhibición con la beauty y la plutocracia -de Murdoch a Briatore- y cuando ya su autoridad moral respecto del PP y de sus bases ha quedado demediada.
Al tiempo que un Aznar desgreñado y con torpe aliño indumentario leía su discurso en la Feria de Muestras de Valencia, con el dedo advertidor enhiesto, Rajoy estaba ganando el Congreso. La confirmación del fracaso de Aznar y de la victoria de Rajoy se comprobó cuando al término de la disertación admonitoria del ex presidente, los críticos a Rajoy batían palmas hasta la extenuación mientras en la bancada marianista de aznaristas ilustres –Barberá, Camps, Arenas, Cospedal, Valcárcel…–cundía la perplejidad. Ahí se acabó Aznar y, sospecho, se ha acabado para mucho tiempo. Porque, al margen de sus palabras, le faltó el patriotismo de partido que requería su conversión definitiva en un símbolo de integración y de apaciguamiento. Aznar, sin precisión de hacerlo, se alineó como jamás debe hacerlo un hombre que asume la presidencia de honor de un partido al que llevo, sí, a la victoria, pero, también, a la derrota. Y perdió. Lo hizo no sólo porque ganó Rajoy (84% de los votos), sino porque muy pocos comprendieron el por qué de su comportamiento limosneando un “apoyo responsable” al candidato que hubiese merecido, al menos, un trato mínimamente deferente.
El XVI Congreso del PP en Valencia no ha sido “a la búlgara”. Ha sido un congreso de verdad en el que cada palo ha aguantado su vela, el aznarismo se ha hecho el hara-kiri y el aguirrismo se ha enterado lo que da de sí –o de no—la lideresa. Ella, que ha ejercicio y ejerce el poder con manifiesta inclemencia, se ha visto compelida a autocalificarse de “verso suelto” (¡) y a lamentarse de que los críticos no han sido integrados por Rajoy en beneficio de los del “botafumeiro”. La realidad es muy simple: la dirección entrante ha ofrecido a Esperanza Aguirre la misma terapia que ella viene aplicando en Madrid desde hace ya demasiados años. Mientras la presidenta madrileña no daba crédito a las proporciones de su derrota –porque, además, Aguirre ha sentido la desafección del grueso de la organización–, Alberto Ruiz-Gallardón tomaba altura, se situaba en el Comité de Dirección del partido y, al tiempo que Rajoy expulsaba de la cúpula a Ignacio González, mano derecha –y mano larga—de Aguirre, incorporaba a Manuel Cobo –íntimo colaborador del alcalde de Madrid y hombre de acendrada fidelidad—al parnaso de los treinta y cinco. Sale de Valencia un PP diferente, más preparado, más sólido, más profesional, más joven pero también, un PP en el que se ha quedado enquistado un núcleo resistente que espera a la nueva dirección a la vuelta de la cada esquina electoral. Los votos en blanco que cosechó la candidatura de Rajoy –el 16%—no hubiesen sido suficientes para presentar una candidatura alternativa, pero, en connivencia con los medios de comunicación enfangados en una operación de control vicario del partido, pueden sustentar una plataforma disidente de cierta consistencia. La actual dirección del PP carece, sin embargo, de apoyos mediáticos decididos, luego de que –antes de las elecciones—Esperanza Aguirre se encargase de una sistemática –y muy “liberal”- limpieza de profesionales que en los micrófonos, páginas y pantallas se resistieron a la adhesión inquebrantable que exigía la lideresa.
Esa es ahora –la mediática—la gran debilidad del nuevo equipo de Rajoy cuyo reto –y Esteban González Pons es una garantía de eficiencia en este sentido—consiste en profesionalizar sus relaciones con los medios y, frente a la actitud nasty de los ultraliberales, desarrollar todo el potencial friendly –amigable—de las nuevas caras de la organización. La centralidad política –más allá de medidas políticas—consiste en generar empatía social que requiere de menos admoniciones y más persuasiones. Eficacia gestora, coherencia entre lo que se proclama y lo que se decide y sintonía con los ciudadanos, son los elementos de la ecuación para triunfar.
Y algo más: asumir que “han muerto las políticas viejas y las concepciones ideológicas cerradas”, según cita textual de las declaraciones que a este articulista hizo en la entrevista publicada en ABC el 2 de abril de 2000, José María Aznar López. Eran, sí, otros tiempos, aquellos en los que el PNV y CiU –por primera vez en la historia de la democracia—votaron la investidura del presidente del PP sin que nadie en su organización rechazase esos apoyos.
El saqueo de la democracia, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
Acaba de publicarse un magnífico ensayo —otro más— de Irene Lozano bajo el título El saqueo de la imaginación. Dice la autora —ganadora en el 2005 del premio Espasa de ensayo con su Lenguas en guerra— que “la identidad de una civilización o una cultura la forman sus valores. Éstos se construyen a través de las palabras y se codifican en relatos, mediante los cuales esa cultura obtiene una imagen de sí misma que actúa de paradigma moral. Modificar el léxico equivale a alterar esos valores profundos”. A tenor de esta lúcida reflexión, el léxico, el lenguaje que está utilizándose en los partidos políticos —la mayoría en crisis— altera determinados valores como, por ejemplo, los de la veracidad y el de la decencia.
Merece particular reproche el carácter personalista, ininteligible en términos ideológicos, de la crisis del Partido Popular, uno de cuyos más eximios intérpretes, Juan Costa, la ha calificado como “crisis de ilusión”. La mostrenca afirmación de este joven político remite a la inconsistencia de su hostilidad a Mariano Rajoy, que hasta hace un cuarto de hora resultaba ser su padrino político. Si toda la crisis del PP es de “ilusión” y él es el que la denuncia, motivos existen para caer en la más absoluta de las desolaciones. A las que también llevan —a las desolaciones, en este caso por su hipocresía— la filtrada intervención del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que incurre en un saqueo —otro— a la buena fe común por partida doble: por su conocimiento público cuando el auditorio era interno, y por su contenido, que establece una distancia sideral entre lo que afirma y lo que el interviniente —et alii— practican.
Muchos dirigentes populares —por motivos diferentes aunque con el denominador común de una ambición desmedida o una aspiración frustrada— están alterando con un abstruso lenguaje y metalenguaje la realidad de las cosas. En alguna ocasión he hablado de la “otra conspiración” —subsiguiente a la inventada sobre el 11-M— que se cierne sobre la actual dirección nacional del PP. Al saqueo de la honradez política —porque aquel que quiera disputar el puesto a Rajoy debe hacerlo a cara descubierta, ofreciéndose como candidato conforme a los Estatutos del partido o reclamando la prestación de avales a la propia dirección de la organización— se añade el saqueo de los conceptos para crear un climax político y social asfixiante que logre por presión casi coactiva lo que no se alcanza en limpia pelea democrática.
No sólo en el PP cuaja una crisis desvertebrada de ideas y conceptos y sostenida en la distorsión del lenguaje. Las que se están produciendo en el PNV o en Izquierda Unida transitan por la misma senda. Entre Urkullu —con un discurso tranquilizador por legalista e institucional— e Ibarretxe —desafiante y mesiánico— se abre una fisura en el nacionalismo que a la hora de enfrentarse al ser o no ser de su imaginario independentista siente un desestabilizador temblor de piernas. La crisis del PNV se embosca en un saqueo más de los conceptos que son expoliados de su auténtico significado. Lo que quiere el lehendakari es la secesión; lo que teme una buena parte de su partido es que ese intento —tan vano como irresponsable— les lleve a la derrota electoral, y por eso camuflan el propósito con eufemismos (“el derecho a decidir”, “la decisión de los vascos”). El juego de palabras no debe confundir sobre la hondura del desafecto interno en el nacionalismo, al igual que ocurre con el pomposo lenguaje izquierdista de Llamazares, que pretende nada menos que una “refundación” de su declinante organización que, el hasta ahora coordinador general, ha logrado llevar al despeñadero.
Otras formaciones —es el caso de Convergència i Unió— están sumidas también en crisis de identidad —que es una crisis de valores— que esconden en la sofisticación de una palabrería tombolera. Todos intentan engañar al personal saqueando, insisto, la veracidad y la decencia. No resulta extraño, pues, que al Gobierno, al que la economía se le desploma con guarismos todos negativos —euribor, inflación, desempleo, actividad industrial, índice de confianza, merma de recaudación, reducción drástica del superávit—, le baste sumarse también al saqueo de los conceptos y, mediante la resucitación del optimismo antropológico del presidente, la crisis se transmute en desaceleración, la inflación en ajuste de los precios, el derrumbe inmobiliario en enfriamiento del sector y la restricción del consumo en mera prudencia de los ciudadanos.
Ante este engaño perpetrado a través del lenguaje —lean, por favor, a Irene Lozano— se están saqueando, expoliando, maltratando, los valores de la democracia que se sustentan en la denominación por su nombre —mediante la palabra definitoria— de las realidades malas y buenas que nos aquejan. Hasta la jerarquía católica —de ello se puede escribir largo y tendido estos días— ha encontrado en el eufemismo el mejor escondite a sus clamorosas irresponsabilidades. Hay, sí, un saqueo (un saqueo moral) del sistema democrático.
El Gobierno y la crisis dramática en los medios, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
Por más que trate de evitar mostrarse pesimista —ésa es la táctica del presidente Zapatero—, España ha entrado en una crisis económica profunda y larga. Todos los sectores están tocados y, aunque exista un extraño pudor en subrayarlo, el de los medios de comunicación, lo está de manera dramática. El descenso de los ingresos publicitarios en periódicos y televisiones —han aguantado mejor la radio e internet— oscilan entre el 20 y el 35 por ciento en el primer trimestre. Los resultados de los grandes grupos durante los tres primeros meses del 2008 son elocuentes: Vocento ha entrado en pérdidas; Antena 3 ha reducido sus beneficios casi un 30 por ciento; Prisa se sostiene, al igual que Telecinco, pero todos sin excepción registran cotizaciones a la baja en su valor y Unidad Editorial, editora de El Mundo, gana aquí lo que su matriz pierde en Italia.
La crisis del consumo está golpeando fuerte y duro sobre los media y en algunas sedes se comienza a columbrar sobre si el Gobierno puede o no “echar una mano” al sector lo mismo que va a hacer con otros mediante esas treinta medidas que anunció el presidente en la clausura de los actos del aniversario del Círculo de Economía en Barcelona.
La petición más perentoria es que las dos cadenas públicas de TV y las autonómicas dejen de emitir progresivamente publicidad (se llevan el 18% del pastel publicitario de un total de 3.300 millones de euros). Lo ha pedido UTECA —que agrupa a las comerciales— de manera formal. Las TV privadas han reclamado también al Gobierno que se mantenga firme en el expediente de infracción que ya está abierto en Bruselas y que acusa a las emisoras españolas de infringir la directiva “TV sin fronteras” que limita a 12 minutos por hora la emisión de publicidad. La UE aduce que las españolas emiten hasta 17 (TV española ha reducido, sin embargo, de 12 a 11 minutos el espacio para la publicidad), y la comisaria europea para la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, Viviane Reding, ha lanzado un ultimátum y amenaza directamente con ir al Tribunal de Justicia.
Por otra parte, los medios están pidiendo sotto voce que las Administraciones Públicas no dejen de comportarse como grandes anunciantes. Ahora lo son y los editores reclaman que los ministerios publiciten sus logros y proyectos; que el Ejecutivo venda en spots e inserciones sus planes en infraestructuras, las inauguraciones e induzca a los contratistas y subcontratistas —en general a los adjudicatarios de obras y servicios públicos— a evitar que el mercado publicitario se desplome. El carácter de “motor” publicitario de las Administraciones —que además financian patrocinios e iniciativas editoriales concretas— es un elemento dinamizador contrastado.
Los medios y sus editores, por si fuera poco, contemplan el avance imparable del nuevo soporte de la comunicación que está en internet. El informe anual del BBVA (Internet en España) demuestra que aumenta en todos los ámbitos aunque no sea aún mayoritario. En tres años, sin embargo, los hogares con conexión a la Red han pasado del 31 al 41 por ciento. En el 2005, el 75 por ciento de los usuarios de internet prefería leer los periódicos en papel; ahora ese porcentaje ha descendido al 63 por ciento. Ciertamente, son los jóvenes los usuarios preferentes de la Red: el perfil medio del internauta está entre 25 y 34 años, hombre, con estudios universitarios, bachillerato o formación profesional y trabajador. Es decir: el internauta es, precisamente, el candidato perfecto para ser captado como lector de periódicos. Sin embargo, es posible que no llegue a serlo nunca. Por varias razones: por la gratuidad del acceso a la información; por la interactividad que proporciona la Red; por la velocidad de actualización de las informaciones; por la amplia oferta de opciones informativas; por las múltiples posibilidades de internet (ocio, servicios, correo electrónico, información, redes sociales…) y por el carácter integral del computador, a través del cual se puede ya ver la televisión —véase la experiencia de la web de TV española— y escuchar la radio. Y en el horizonte, la fragmentación que va a propiciar la digitalización de las televisiones.
Todas estas circunstancias conducen al sector mediático tradicional a un esfuerzo de adaptación para el que no está preparado todavía. El problema es económico y de cultura empresarial; pero que el Gobierno no se engañe: lo mismo que los pescadores se manifiestan ante el Ministerio de Elena Espinosa, el titular de Industria puede encontrarse con una concentración de operarios de rotativas en cualquier momento. Porque el viejo mantra de que la “gente no lee” es falso. La Federación de Gremios de Editores de España, con motivo de la Feria del Libro de Madrid, acaba de publicar un estudio que demuestra que en nuestro país el hábito de lectura, aunque bajo, es estimable (lee un 43%) y, sobre todo, igual que ocurre con internet, dispone de capacidad de desarrollo en los próximos años.
Por último: el papel es una materia prima cara y de producción limitada, lo que introduce una variable de limitación que no aparece con las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Y demasiados lectores tradicionales —observando a los jóvenes— hacen suya la reflexión de Edmund Wilson, recordada recientemente por el catedrático Julio Ortega, según la cual “la vejez comienza cuando uno siente que el New York Times del domingo pesa demasiado”.
En los análisis sobre la crisis, el Gobierno, a partir de ahora, ya no podrá obviar la referencia al sector de los medios de comunicación como uno de los más postrados y afectados por la crisis económica, porque si lo hace va a empezar a generarse, junto al problema económico, otro político muy serio.
Un Kosovo para España, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital
Hay nacionalistas vascos incrustados en la clase dirigente política y social del País Vasco que fabulan con la posibilidad de que Euskadi pueda convertirse en una suerte de nuevo Kosovo. El proyecto de ley aprobado campanudamente por el Gobierno tripartito vasco, ayer en una sesión extraordinaria, responde a esa ensoñación independentista que es profundamente perversa desde el punto de vista ético y político.
Lo es éticamente porque la primera pregunta que en un futuro e improbable referéndum se plantea -inseparable de la segunda- resulta una denigración a la moral colectiva de la sociedad vasca. Interrogarla sobre si “está de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta su voluntad inequívoca de poner fin a la misma de una vez y para siempre” es, literalmente, una indecencia. Porque las equivalencias en el lenguaje son las siguientes: “fin dialogado” se corresponde con “negociación política”, y “voluntad inequívoca de dejar las armas” remite a una mera declaración de intenciones y no a una exigencia imperativa y perentoria. Esta pregunta tiene un doble objetivo: a) eludir una condena a la banda terrorista que permita al Partido Comunista de las Tierras Vascas apoyar el proyecto de ley, y b) legitimar a ETA haciéndola titular de un derecho a “un final dialogado”, es decir, no policial ni judicial, sino político e impune.
La segunda pregunta del fantasmal referéndum que pretende Ibarretxe es igualmente perversa porque interroga al ciudadano acerca de si “está de acuerdo en que los partidos políticos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice 2010″. La redacción de esta cuestión está repleta de trampas que son, sucesivamente, las siguientes: a) se vincula a la primera pregunta de tal manera que la legitimación de ETA es el presupuesto de un acuerdo democrático; b) al no establecer “exclusiones” en esa negociación se está incluyendo a la izquierda proetarra, entorno colaborador e ilegalizado en buena medida de la banda criminal; c) el denominado “derecho a decidir” es una entelequia, o un eufemismo, que embosca la auténtica cuestión que se somete al ciudadano, que es la secesión, y d) el referéndum de ratificación de ese acuerdo -como el que se pretende celebrar el 26 de octubre próximo- escapa a las competencias de quién lo propone -el Gobierno vasco y el Parlamento autonómico-, porque sólo el Estado puede convocarlo.
Esta perversión ética del montaje secesionista -porque se juega con la violencia como una baza ventajista y se miente a los ciudadanos- lo es también política porque el propósito de esta iniciativa no es otro que quebrar el concepto de la soberanía, que es el poder decisorio colectivo último que reside en el conjunto del pueblo español del que emanan todas las facultades del Estado. La soberanía no puede ejercerse parcialmente por una comunidad -nacionalidad o región-, porque si tal sucediese se entraría en un proceso de disolución doble: del propio Estado y de su basamento histórico y cultural que es la nación española “única e indivisible” también por mandato constitucional. La perversión política aquí -descontada ya la ética- es que la división es regresiva respecto de la unidad y que la arrogación de prerrogativas y competencias por un Gobierno autonómico es abiertamente subversiva y desleal, calificaciones de naturaleza constitucional que podrían -y acaso deberían- llevar a la suspensión de la autonomía vasca en tanto en cuanto su Gobierno no recondujese a los márgenes de sus facultades sus decisiones de iniciativa legislativa.
En el mundo occidental se habla -lo hacen los politólogos- de entidades subestatales que no requieren del ejercicio de la autodeterminación para el desarrollo de su plena identidad y realización colectiva. Es el caso de las nacionalidades en España; del sistema de articulación de la región de Quebec con Canadá; del conjunto de poderes que el Reino Unido ha devuelto a Escocia y del modelo regional italiano. Los demás sistemas son federales o confederales. El nuestro es unitario y autonómico que compatibiliza -de manera ambigua pero original- la unidad y la pluralidad pero manteniendo incólume la soberanía -que es la quilla del barco del Estado, según metáfora ya clásica de Bodino- y garantiza la ciudadanía, es decir, el conjunto de derechos, libertades, deberes y obligaciones de los españoles bajo el principio de igualdad.
Pues bien: todo este patrimonio jurídico, político, histórico, cultural y económico -además de moral- es el que subvierte el proyecto de ley del Gobierno vasco que se ampara en la coartada del “fin dialogado” de la violencia terrorista. Se trata de la invención de un Kosovo-Euskadi en una Serbia-España. Se trata de un plan diabólico que se creyó extirpado cuando se rechazó el llamado “Plan Ibarretxe” que aprobó el Parlamento vasco el 30 de diciembre del 2004. Se ve que aquella cirugía no fue terapéuticamente decisiva. Ahora habrá que volver a introducir el bisturí, extraer la “hoja de ruta” del aventado presidente del Gobierno vasco y situar en el lugar que corresponde -en la ilegalidad subversiva- a un nacionalismo vasco que, una vez más en su trayectoria histórica, se ha comportado con deslealtad constitucional y estatutaria y, a fin de cuentas, se ha situado del lado de los intereses de los que vienen asesinando por ese Kosovo-Euskadi sabiniano desde hace ya cuatro largas y sangrientas décadas. Es el momento del no más terminante y rotundo.
